SE AVECINA UN CAMBIO LEGISLATIVO EN MATERIA LABORAL. EL LARGO Y SINUOSO CAMINO DE LAS REFORMAS

 

Todos hablan de ello. Los medios de comunicación nos advierten que estamos en el “tiempo de descuento” para que antes de final del año se ponga fin al proceso de negociación que se ha ido desarrollando entre el sindicalismo confederal, las asociaciones empresariales y el gobierno. Un proceso que comenzó en marzo de este año y que ha tenido varios sobresaltos y turbulencias, especialmente a partir del intento de resituar, a mitad del proceso de negociación, el epicentro de la interlocución en la Vicepresidencia primera, desplazando el eje de la negociación hacia economía desde el área de trabajo. Un momento crítico que obligó a poner en marcha los mecanismos de puesta en común del acuerdo de gobierno de coalición y que se saldó con la incorporación a la mesa de negociación de representantes de los ministerios de inclusión y seguridad social y de economía y hacienda, pero sin que se alterase el ritmo de la negociación ni, de manera muy importante, los contenidos debatidos hasta el momento.

Lo que podríamos llamar “tiempo de espera” es también una realidad entre los agentes sociales que se dedican al análisis y a la aplicación del derecho, los llamados operadores jurídicos y los glosadores de las normas, que saben que les espera un texto legal que previsiblemente abordará una larga serie de cuestiones que modificarán normas anteriores y plantearán nuevas hipótesis interpretativas sobre las que, de nuevo, gravitará la orientación personal y profesional marcada por la posición de cada crítico o usuario de estas reglas, esperando que la primera aproximación que se pueda efectuar a este nuevo marco regulativo encarrile y guíe las respuestas de la jurisprudencia, en una suerte de reescritura del texto legal que lo complemente, desarrollándolo o restringiendo su alcance.

Es muy llamativo, y se debe resaltar, que una página especialmente dedicada al análisis y comentario de temas relacionados con la regulación del trabajo en nuestro país, como es NET21, sostenida por más de cuarenta profesores y profesoras universitarios, haya publicado en los últimos días, más o menos cada semana, entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre, una serie de intervenciones sobre los temas que se suponen que van a constituir el núcleo de la reforma en ciernes, intervenciones que en vez de ser firmadas por algún autor en concreto, como venía siendo la costumbre de las entradas que se hacían públicas, se han efectuado en esta ocasión bajo el amparo de la firma colectiva del Directorio de la página web Nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI (NET21), es decir, Jaime Cabeza, Francisca Ferrando, Amparo Merino, Rafael Gómez Gordillo y Francisco Trillo. Con esta firma colectiva, seguramente los autores han querido marcar la postura común ante las coordenadas por las que a su juicio deberían ser encarriladas las reformas por abordar, planteando a su vez la problemática actual en la que estos puntos o temas se hallan inmersos.

NET21.org ha delimitado así, de momento, tres grandes temas: en primer lugar, el relativo a la pérdida de vigencia del contenido ultra activo del convenio colectivo, es decir, la reconocida propuesta de acabar con la reforma laboral del 2012 en lo relativo a la limitación a un año de la prórroga de la vigencia del convenio colectivo una vez extinguido este, previa denuncia del mismo, una regla que debe ser sustituida por su contraria. (La ultra actividad del convenio colectivo) El segundo punto es el que se refiere a la suspensión del contrato en situaciones de dificultades de la empresa, derivadas de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o de fuerza mayor a través de los ERTEs, que si bien había sufrido una regulación insuficiente, la crisis derivada del COVID la ha situado en el plano de unas medidas que han resultado imprescindibles para el mantenimiento del empleo y de evitación de despidos colectivos. Esta figura requiere por tanto su adaptación al derecho de la reorganización productiva, insertada en un esquema de reacción frente a las crisis de empresa que sin embargo está orientado en dirección opuesta hacia el ajuste de empleo logrado mediante la extinción de los contratos de trabajo. Por ello la entrada firmada por el Directorio de NET21 califica este tema como “una apuesta de largo alcance” (ERTEs y reforma laboral). La última cuestión planteada en el contexto de esta reforma en ciernes es la de la reforma del mecanismo de subcontratación tanto en lo relativo a la nefasta conexión entre la contrata y la forma temporal de obra o servicio determinado, como en lo referente a la desestructuración que en determinados sectores ha producido la acción conjunta de las empresas multiservicios y la norma que preserva la prioridad aplicativa del convenio de empresa, aspectos que han de modificarse con la intención de dar un significativo paso adelante en la reducción de las situaciones de precariedad en el ámbito de las contratas. Y ello junto con otros aspectos de indudable interés que se enuncian en este texto como un catálogo de cuestiones pendientes (Subcontratación y precariedad).

Es indudable que el abanico de temas sobre el que el directorio de NET21.org llama la atención son puntos importantes a los que la reforma laboral en ciernes debe da respuesta. De alguna manera, la hoja de ruta que supone la muy comentada Componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia, los incluye en un contexto en el que el cambio del marco regulador de los contratos temporales es el elemento central y decisivo. Pero también es cierto que la expectación que se ha creado en torno a este proceso de negociación, con la dificultad evidente de encontrar un punto que satisfaga los intereses de sindicatos y asociaciones empresariales, en el marco de los compromisos políticos asumidos en el programa del gobierno de coalición, va a hacer que su desenlace resulte en cualquier caso extremadamente polémico.

En efecto, bien desde el punto de vista del resultado del diálogo social, sea con acuerdo tripartito o bipartito, bien desde el más complejo del contenido del texto que haya culminado este proceso de negociación, la crítica desde múltiples puntos de vista, está asegurada. En el plano político, porque la oposición de derecha y ultraderecha está plenamente interesada en que este proceso de reformas fracase, tanto porque supone un cambio legislativo que desmonta algunos elementos de la reforma del 2012, que el Partido Popular sigue presentando como el gran logro que ha permitido la recuperación económica, como porque en el programa electoral de Vox la desregulación laboral y la previsión de medidas alienadas en la órbita neoliberal chocan con la tendencia reformista en juego. Por otra parte, la existencia de un acuerdo social asegura legitimidad política al cambio normativo que viene de esta manera “cubierto” por el aval sindical y, en su caso, empresarial, tanto frente a la Unión Europea como también en clave interna frente al catastrofismo económico de las derechas españolas. También, aunque con menor incidencia, es posible quela conclusión de esta fase importante de la reforma laboral plantee problemas en el interior de las fuerzas políticas que forman el gobierno de coalición, en razón de quien piense que se debería haber encontrado un punto más equilibrado en el resultado, y quien por el contrario entienda que no se ha avanzado lo que sería deseable.

Un juego de equilibrios en el que sin duda los medios de comunicación insistirán, y no necesariamente defendiendo las posiciones que se supondrían acordes con su orientación ideológica, de forma que los medios más conservadores posiblemente hagan suya la tesis de la insuficiencia de la reforma o la defraudación de expectativas. Porque en efecto, las expectativas de transformación del marco normativo laboral que ha suscitado este largo proceso de negociación pueden también ayudar a que se pierda de vista el carácter procesual de la evolución de los cambios normativos que comienzan realmente en febrero del 2020, con la derogación del despido por absentismo, y ha seguido a lo largo de toda la legislación de excepción, con hitos fundamentales como la laboralización de los trabajadores de plataformas de entrega de mercancías, la regulación del trabajo a distancia, la transparencia retributiva y los planes de igualdad, y otras actuaciones no menos importantes como la ratificación de instrumentos internacionales muy significativos, la nueva configuración de la política de empleo y el plan de acción de la Inspección de Trabajo, entre otras cuestiones.

Un camino largo y sinuoso – the long and winding road – que va paulatinamente redireccionando el sentido del cambio legislativo en materia laboral en una trayectoria bien diferente de la que han guiado las últimas reformas laborales de nuestro país. Aguardemos sus resultados antes de que acabe el año. Estaremos atentos.