domingo, 13 de marzo de 2022

DOCE AÑOS DESPUÉS SIGUEN EN CASTILLA LA MANCHA LOS RECORTES SALARIALES PARA RESIDENTES SANITARIOS EN FORMACIÓN

 


Hay algunos datos extraídos de la realidad que resultan muy llamativos. Han transcurrido más de diez años de las restricciones enormes del gasto público que se adoptaron como efecto de la gran crisis financiera conocida como la Gran Recesión y que tomaron el nombre de las políticas de austeridad. Un recorte de salarios y una reducción de personal que se ensañaron sobre los servicios públicos, en especial sobre sanidad y educación, no sólo a nivel del Estado sino en todas las Comunidades Autónomas. En la de Castilla La Mancha, la presidencia de Maria Dolores de Cospedal resultó especialmente agresiva contra este sector. Los universitarios recordamos todavía los despidos del profesorado asociado – que el gobierno definía como “no renovación” de contratos – la supresión de las becas de formación universitaria, y la espantosa reducción del presupuesto de investigación en más de un 60%. Datos para no olvidar que se han ido prolongando en el tiempo – la tasa de reposición, la dificultad de encontrar un acuerdo para salvar la orgánica de la UCLM – después de la derrota del PP en las siguientes elecciones autonómicas y que aun lastran de manera muy grave la recuperación de la UCLM, uno de los objetivos a abatir por parte de la acción política del Partido Popular como enseñanza pública de calidad.

La irrupción de la crisis sanitaria derivada del Covid19 y sus terribles consecuencias parecía haber generado un cambio de paradigma, dada la conciencia colectiva y generalizada de que sin la existencia de servicios públicos fundamentales, en especial los socio sanitarios, los efectos de la pandemia habrían sido devastadores. Toda la población se volcó en sostener moralmente y reconocer el esfuerzo del personal sanitario y de los servicios sociales. Lo que se debería haber acompañado de un reconocimiento profesional que reaccionara contra una situación de precariedad laboral y bajos salarios. Sabemos que este segundo elemento no se ha seguido en Comunidades autónomas que prescindieron del personal médico y que mantuvieron bajos salarios. Este es un hecho que ensombrece la gestión política de cualquier institución democrática, pero que ha sido amparado por la invisibilidad con la que frecuentemente se rodea a las condiciones concretas de prestación del trabajo en la narrativa sobre la acción de los poderes públicos o más en general en el relato sobre lo que importa en la acción política y lo que se decide en las elecciones que permiten la formación de mayorías de gobierno en las Comunidades Autónomas.

Viene a cuento lo anterior de una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que resuelve un conflicto colectivo en el sentido de ordenar al SESCAM – el servicio de salud de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha - abonar íntegras las pagas extras a los Residentes Sanitarios en Formación. Se está refiriendo por tanto a personas que se insertan en el sistema de Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud que se desarrolla, de forma oficial y reglada, por el sistema de residencia, de modo que el especialista en formación va adquiriendo las competencias profesionales propias de su especialidad en centros y unidades docentes acreditadas, por tanto una pieza fundamental de la asistencia sanitaria de nuestro país.

Pues bien, hasta la actualidad, el Gobierno de CLM había venido manteniendo en las sucesivas leyes de presupuestos de la región el recorte que se aplicó a las pagas extraordinarias de junio y diciembre del Personal Sanitario Residente en Formación a partir del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, es decir, continuaba aplicando los recortes salariales que provenían de la situación de crisis financiera del 2010, como si esta no hubiera ya hace tiempo desaparecido y sobre todo, como si el giro que la legislación laboral y social ha impuesto a la política social durante el estado de alarma y la situación de excepción del Covid19 no exigiera un cambio radical de perspectiva, especialmente respecto del sector de sanidad.

De manera personal, varias personas residentes de la región comenzaron hace un par de años a acudir a los juzgados de lo Social para reclamar sus pagas extras íntegras. Ante la proliferación de demandas individuales, la JCCM optó por interponer en el TSJ-CLM un Conflicto Colectivo de interpretación de la norma, a fin de atajar las diversas interpretaciones que pudieran hacer los distintos juzgados de primera instancia. En el conflicto colectivo interpuesto por el SESCAM se citó como demandados a los comités de empresa de todas las Gerencias de Atención Integrada y a los sindicatos representativos (CESM, CSIF, SATSE, SIMAP-CLM, UGT, USAE, USICAM, USO y CCOO, solicitando que se convalidara el recorte salarial impuesto en las leyes de presupuestos.

Pero este objetivo ha sido rechazado, con toda razón, por el Tribunal Superior de Justicia. Éste ha recordado al gobierno de Castilla La Mancha que los recortes impuestos por el Real Decreto-ley 8/2010, “al ser normas restrictivas de derechos, han de aplicarse en sus estrictos términos, siendo lo importante a los efectos de su aplicación que las circunstancias que justificaron la legislación de urgencia concurran en el momento de ser aplicadas, sin que sea asumible una pretendida congelación de la situación que lo motivó.” Para insistir en que “en este caso han transcurrido más de diez años desde que ese RDL fue dictado y no concurren en este momento las razones que hicieron necesaria la adopción de las medidas de reducción que se contemplan en el mismo”.

Por otra parte, es el Real Decreto 1146/2006 el que regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y las retribuciones que deben percibir los residentes, de manera que “es cuestión de Derecho laboral sustantivo, forma parte de la legislación laboral de competencia exclusiva del Estado”, por lo que la JCCM no puede, como ha venido haciendo, modificar esa norma a través de sus propias leyes presupuestarias.

La sentencia, una vez adquiera firmeza, supondrá para más de 1.200 residentes en formación que hay ahora en los centros sanitarios de la región una notoria mejora de sus retribuciones. El sindicato de CCOO pone como ejemplo que  una mensualidad ordinaria de un Facultativo Residente de 2º año, está constituida por Sueldo Base (1.203,56 euros) + Complemento Formación (59,42 euros), total 1.262,98 euros. Esa cuantía es lo que debe cobrar también en las extras de junio y diciembre. Sin embargo, el SESCAM solo le está pagando 808,49 euros.

La sentencia del TSJ puede ser recurrida en casación, y previsiblemente esta será la opción del gobierno de la Junta de Comunidades. Cabría sin embargo preguntarse por la legitimidad política de esta decisión. ¿Es oportuno desde un planteamiento progresista en este momento de fortalecimiento de nuestros sistemas de salud y educativos, empeñarse en reducir el salario del personal sanitario en formación? La respuesta no está en el viento, sino en la adopción de una decisión coherente con una perspectiva de defensa y apoyo a la asistencia sanitaria y a la dignidad del trabajo de sus profesionales.

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario