PREGUNTAS ELECTORALES (I). ¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL PARTIDO POPULAR Y VOX VOTEN EN EL PARLAMENTO EUROPEO CONTRA EL REGLAMENTO QUE PROHIBE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FABRICADOS CON TRABAJO FORZOSO?

 

Como bien sabe la amble audiencia de este blog, tras los resultados obtenidos en las elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo, el presidente del gobierno ha disuelto las cámaras y ha convocado elecciones para el 23 de julio. Esta convocatoria electoral ha sugerido la conveniencia de ir desgranando en esta sede una serie de preguntas que pueden tener una respuesta expresada en términos de ejercicio del derecho ciudadano reconocido en el art. 23 de nuestra Constitución, es decir el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Se trata de preguntas de muy diverso signo, pero que pretenden arrojar alguna luz sobre los idearios y las conductas de las formaciones políticas que concurren a este proceso electoral, fuera del “marco del discurso” que los medios de comunicación y los creadores de opinión pública consideran prioritarios y que rebotan con fuerza, a favor y en contra, en las redes sociales y se configuran como el horizonte de sentido del debate político.

El primer tema que se trae a esta serie de preguntas electorales es el relativo a la prohibición del trabajo forzoso, vulgarmente conocida como esclavitud, que se encabalga en muchas ocasiones con el trabajo infantil también realizado en condiciones de obligatoriedad. Ha supuesto durante mucho tiempo una realidad consentida en la era de los imperios, como una forma normalizada en las colonias. El propio convenio 29 de la OIT que lo abolía, en 1930, contenía una larga serie de excepciones para los protectorados y las colonias de los países industrializados, y hubo de esperar a 1957 para que el convenio 105 de esta organización aboliera las “prácticas análogas a la esclavitud”, como la servidumbre por deudas y la servidumbre de la gleba en todos los países. La Declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo elevó la prohibición del trabajo forzoso a un derecho universal, que debía ser aplicado por cualquiera de las naciones que conforman la OIT aunque no hubieran ratificado los dos Convenios fundamentales que lo regulan, y en el 2014 se añadió un protocolo sobre el trabajo forzoso y las nuevas formas de esclavitud que relanzó la perspectiva abolicionista no sólo a nivel internacional, sino mediante su recepción en leyes nacionales de gran alcance e importancia como la Modern Slavery Act del Reino Unido del 2015, que incluía la esclavitud o trabajo forzoso, el tráfico de personas y la explotación como conductas diferenciadas o, cinco años antes, la muy comentada California Transparency in Supply Chains que se centraba en la condena de la esclavitud moderna y la trata de personas en las cadenas de suministro.

En la Unión Europea, la actitud ante el trabajo forzoso ha sido la que se resume como “tolerancia cero” y supone, como no podría ser de otra manera, la asunción de los postulados universales de la OIT de abolición del trabajo forzoso. El trabajo forzoso es una forma de explotación laboral sancionable en virtud de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y la Directiva establece la responsabilidad de las personas jurídicas, junto con sanciones administrativas y penales, por las formas de explotación a las que se refiere dicha Directiva, cuando hayan sido cometidas en su beneficio por cualquier persona que ocupe un cargo de responsabilidad en el seno de la persona jurídica o cuando la infracción haya sido posible debido a la falta de supervisión o control.

Esta disposición se acompaña de otras medidas legislativas. Fundamentalmente con la propuesta de Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad, introduciendo el debate de la responsabilidad de las empresas matriz sobre la violación de derechos humanos a lo largo de la cadena de valor. Pero también se ha insistido en la importancia de crear un cortocircuito entre la producción de mercancías, bienes o servicios, generados a partir del trabajo forzoso o trabajo infantil forzoso y su realización en el mercado, sobre la base de la libertad de circulación de mercancías.

En el discurso de la Unión de 2021, la presidenta Von der Leyen afirmaba que “hacer negocios en el mundo es bueno y necesario, pero no puede hacerse a costa de la dignidad y la libertad individuales. Unos 25 millones de personas en el mundo viven bajo la amenaza del trabajo forzoso. Propondremos la prohibición de la venta de estos productos. Los derechos humanos no están en venta, a ningún precio” y sobre esta base se elaboró la Propuesta de Reglamento por el que se prohíben en el mercado de la Unión los productos realizados con trabajo forzoso (COM(2022) 453). El Reglamento parte de varios hechos notorios: Se calcula que alrededor de 27,6 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso en 2021. Los grupos vulnerables y marginados de una sociedad son especialmente susceptibles de ser presionados para que realicen trabajos forzosos.  Todos los Estados miembros de la UE han ratificado los convenios fundamentales de la OIT sobre el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y la política comercial de la Unión apoya la lucha contra el trabajo forzoso en las relaciones comerciales tanto unilaterales como bilaterales, en los tratados de libre comercio.

Ahora bien, para completar el marco legislativo y de actuación de la Unión en materia de trabajo forzoso, debe prohibirse la introducción y la comercialización en el mercado de la Unión de productos realizados con trabajo forzoso o la exportación de productos fabricados en el mercado nacional o importados que hayan sido realizados con trabajo forzoso, y debe garantizarse que dichos productos se retiren del mercado de la Unión. En la actualidad no existe legislación de la Unión que faculte a las autoridades de los Estados miembros para retener, incautar u ordenar la retirada de un producto directamente basándose en la constatación de que se ha realizado, en su totalidad o en parte, con trabajo forzoso. Pero para que la prohibición sea eficaz, debe aplicarse a los productos para los que se haya utilizado trabajo forzoso en cualquier fase de su producción, fabricación, cosecha o extracción, lo que incluye las operaciones de elaboración o de transformación relacionadas con los productos. Además, debe aplicarse a todos los productos, de cualquier tipo, incluidos sus componentes, y debe aplicarse a los productos independientemente del sector, del origen, de que sean nacionales o importados, o de que se introduzcan o se comercialicen en el mercado de la Unión o se exporten. Este es el objetivo de la norma europea.

El Reglamento prescribe en esa línea una amplia serie de instrucciones que tienden a recabar una información sobre los “operadores económicos” sobre los que quepa la sospecha de que están comercializando estos productos sobre los que se ha introducido trabajo obligatorio o esclavo, y que se basan por tanto en la actuación diligente e las autoridades públicas sobre esta cuestión. Además se  prevé la creación de una base de datos de zonas y productos que presenten riesgo de trabajo forzoso (incluido el trabajo forzoso infantil), a fin de facilitar la labor de las empresas en la detección y el abordaje del impacto que tienen en el trabajo forzoso y los esfuerzos de las autoridades competentes por garantizar el cumplimiento del Reglamento, y un control de las importaciones y exportaciones de estos bienes y servicios.

Este es el texto contra el que han votado en el parlamento europeo el Partido Popular y Vox. ¿Cuáles han sido los motivos de estas formaciones políticas? ¿Son contrarias q una legislación europea que retenga, incaute o prohíba la exportación e importación de mercancías obtenidas mediante trabajo esclavo? ¿Puede deducirse , como afirma Juan Torres que lo han hecho porque entienden que “poner coto a la explotación laboral y al trabajo infantil constituye una traba para el desarrollo y la competitividad empresariales”? ¿Puede suceder que estimen contraproducente para los “operadores económicos” y el libre comercio las atribuciones que el Reglamento asigna a las autoridades públicas, impidiendo el libre juego de exportaciones e importaciones? Todo son conjeturas que deberían aclarar los portavoces de dichas formaciones, en sus comparecencias públicas ante los medios. Pero lo realmente relevante es que no lo sabremos nunca, es decir que la opinión pública no será jamás informada de la causa de esa decisión de ambos grupos políticos.

En efecto, este tema no se considera digno de análisis en este torbellino de noticias acelerado por la convocatoria electoral. Ningún medio de comunicación organizará un debate sobre este tema de la comercialización de mercancías fabricadas con trabajo forzoso e infantil al que poder invitar a representantes del Partido Popular y de Vox a explicar las razones de su voto en contra. La opinión pública que debería tener elementos de juicio para valorar esta oposición a una medida que quiere cooperar a la erradicación de la moderna esclavitud, no recibirá esa información. Porque debatir sobre la ilicitud de obtener un beneficio del trabajo esclavo no es un tema que interesa a la ciudadanía a juicio de los grandes formadores de opinión.

Por eso la pregunta que abre esta entrada del blog quedará sin respuesta. Y no integrará el discurso político sobre el que se edifica, individual y colectivamente, la decisión electoral.