Mientras parece
que se ha estabilizado al menos provisionalmente la estrategia de la tensión en
torno a la amnistía con la formación del nuevo gobierno tras la obtención del
voto positivo de la mayoría de la cámara en la investidura, surge ahora el
interrogante sobre las líneas que van a priorizarse en lo que queda de año, además
del elemento crucial de delimitar los Presupuestos Generales del Estado. Desde
la izquierda social representada por los sindicatos y desde la izquierda
política en torno a SUMAR, se ha señalado la necesidad de desarrollar la
vertiente de reforma social en estos primeros momentos, rebajando el foco
puesto sobre la problemática de la estructuración territorial del Estado. En
esa línea se inserta la convocatoria a las partes sociales para la negociación
del Salario Mínimo Interprofesional que tendrá lugar el próximo jueves.
Sin embargo, el Secretario de
estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, sorprendía
a la opinión pública con una comparecencia en la que anunciaba que “en las próximas
semanas” el gobierno iba a aprobar la reforma del sistema asistencial de
desempleo, “con la intención de incentivar su reinserción en el mercado laboral
en la búsqueda del objetivo del pleno empleo que se ha marcado el Ejecutivo
para esta legislatura”, y entre las propuestas que indicaba resaltó la “potenciación”
del compromiso de actividad de los parados y la cancelación de la prestación a
quienes rechacen una oferta de empleo, explicando que se trataba de una de las
condiciones que exigía Bruselas para poder desembolsar una cantidad importante
de los fondos prometidos. La idea que parece subyacer a esta intervención es la
de que al aumentar la “suficiencia” del subsidio asistencial y distinguir por
tanto a estos colectivos de aquellos que reciben el Ingreso Mínimo Vital, es conveniente
restringir cualquier posibilidad de rechazo de la oferta de trabajo que se
define como adecuada en cada momento concreto.
Esta cuestión vuelve a poner
sobre el tapete el viejo debate que ya en el 2002 se hizo con la reforma del
sistema que hizo el gobierno de Aznar y que provocó la convocatoria de
una huelga general, pero en este contexto actual, más de veinte años después y
tras la reforma de la Ley de Empleo en este mismo año, lo que indica es el
retorno a la disparidad de propuestas en el seno del gobierno, con planteamientos
cercanos a la ortodoxia liberal y el recorte del gasto público por parte del área de Economía que pretenden
imponerse sobre las propuestas que ha realizado el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, pero también la afirmación de una concepción dirigista de las
reformas legales que se anuncian sin prever su discusión en el marco del
diálogo social, pese a que este es el cuadro de referencia al que se tiene que
orientar la acción legislativa más aun en un contexto de equilibrios parlamentarios
complicados en los que el acuerdo tripartito puede allanar el compromiso parlamentario
final.
Hay que tener en cuenta que la
reforma del nivel asistencial de desempleo es una de las prioridades que citó
expresamente Yolanda Díaz en su toma de posesión, y el programa de
gobierno PSOE /SUMAR recogía el compromiso de simplificar y mejorar el nivel
asistencial de desempleo para facilitar y compatibilizar el subsidio con un
trabajo, dotarlo de prestaciones suficientes y reforzar los incentivos al
empleo. La reforma se remonta al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), en su Componente 23, que recoge el compromiso de “la mejora
del sistema de la protección por desempleo, en particular de los desempleados
de larga duración, y los colectivos más vulnerables”, y durante la pasada
legislatura, el Ministerio de Trabajo anunció la reformulación del sistema de
protección por desempleo en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de
desempleo, simplificando su estructura y facilitando los criterios de acceso
para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura.
Los primeros que han reaccionado al
escuchar esta noticia han sido CCOO y UGT, quienes cuestionan con fuerza la pretendida
“potenciación” del compromiso de actividad. “Para UGT y CCOO queda fuera de
toda duda que, ante un empleo digno, que se ajuste a la normativa laboral,
ninguna persona optaría por malvivir con 480 euros mensuales (como máximo) y
rechazaría este empleo. El mayor problema es la suficiencia de las
prestaciones, los vacíos de cobertura, personas sin prestación, especialmente
en personas en paro de larga y muy larga duración, y la necesidad de mejorar
los resultados de las políticas activas de empleo a las que dedicamos una
importante cantidad de recursos, y los niveles de intermediación de los
servicios públicos de empleo son bajos y el éxito de las políticas activas, muy
mejorable. Ya existe una disminución progresiva de las prestaciones por
desempleo, tras los primeros 6 meses de la prestación contributiva, el resto de
esta prestación se reduce y posteriormente se accede a los subsidios por una
cuantía de 480 euros, o menor si procede de un contrato a tiempo parcial”. Hay
que tener en cuenta además que este es un objetivo sindical de largo tiempo. La
existencia de vacíos de cobertura en la protección por desempleo, llevó a
presentar a CCOO y UGT una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 710.000
firmas, para la puesta en marcha de una Prestación de Ingresos Mínimos con el
objetivo de establecer un nuevo ámbito de protección que venga a cubrir las
lagunas de desatención que actualmente presenta el sistema de protección social
tradicional.
Por ello, los sindicatos han
exigido la inmediata convocatoria de la mesa de diálogo social, en la que
quieren plantear los problemas reales que el sistema de protección de desempleo
tiene. Es necesaria una revisión en profundidad de este entramado de
prestaciones asistenciales con distintos requisitos, como edad, tiempo
cotizado, cargas familiares, rentas propias, rentas familiares, períodos de
espera, búsqueda activa de empleo, compromiso de actividad…que dificultan el
acceso y la gestión de las mismas. Se trata por tanto de determinar unas
prestaciones que protejan a más personas y en mejores condiciones. Es necesario simplificar el amplio abanico de
subsidios asistenciales existentes, facilitar los criterios de acceso para
llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura, junto con el refuerzo de las
plantillas del SEPE, incluido el número de orientadores y su capacidad de
intermediación en el mercado de trabajo para conseguir mejorar la adecuación de
la formación y capacitación para el empleo de las personas en paro y mejorar
las tasas de incorporación al empleo y en el menor plazo posible. La revisión
que necesariamente haya de acometerse en cada uno de los ámbitos de protección,
tiene que distinguir los propios de la protección por desempleo de aquellos que
tienen una finalidad claramente vinculada a una garantía de renta mínima, con
componentes relevantes de asistencia social como el Ingreso Mínimo Vital.
Finalmente, Joaquin Pérez Rey,
secretario de estado de Trabajo, ha reaccionado también en una entrevista
radiofónica, señalando que los subsidios por desempleo son la última red de
protección para quienes no encuentran trabajo, y que frente a las propuestas de
recortes, la propuesta del Ministerio es la de llegar a más personas y mejorar
las prestaciones. Una toma de posición avalada expresamente por la Ministra y Vicepresidenta Yolanda Díaz en un tuit que recoge estas declaraciones.
Estamos por tanto de nuevo ante una
nueva manifestación de la disparidad de concepciones que en el seno del
Gobierno se dan entre el área de Economía y el de Trabajo, que se expresa en
una política de ajuste que enfrenta a los sindicatos con el gobierno y coloca
en una posición muy incómoda al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se
ve obligado a situarse contra la “época de los recortes” y defender el avance
en “derechos y protección”, pero sin poder lógicamente exteriorizar en público
su disgusto ante el abordaje del tema efectuado por economía. Una mala práctica
que desliga a las fuerzas sociales que han apoyado un impulso político a la
ampliación de derechos laborales y de protección social y que no entenderían la
asunción por el gobierno progresista de los elementos caracterizadores del
ajuste del gasto público y los recortes de prestaciones sociales. Una melodía
ya escuchada demasiadas veces y que no debería ser recuperada en estos momentos
en los que la legitimación social del nuevo gobierno resulta imprescindible
para confrontar la embestida de las derechas extremas también en este punto.
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