PROYECTOS CLAROS PARA EUROPA ¿RETORNO A LA AUSTERIDAD 2.0?

 

“Creo que una parte de la izquierda, al criticar a la Unión Europea —básicamente en clave de soberanía nacional— ha favorecido en cierta medida el ascenso de los discursos nacionalistas duros, y no ha sido capaz de desarrollar un proyecto europeo común que combatiera el colonialismo interno de la propia UE. Ciertamente, para muchas cuestiones vitales hacen falta normas supranacionales que se contrapongan al poder de los grandes capitales, y para esto hace falta construir un poder público fuerte. La construcción de un marco regulativo supranacional es esencial para hacer frente a muchos de los grandes problemas que afectan a la humanidad, desde la crisis ecológica global o la protección de los derechos humanos a una fiscalidad justa. Basar la política de izquierdas en la soberanía nacional abre demasiadas posibilidades a los nacionalismos reaccionarios. Por ello, una política europea de izquierdas debería centrarse en proponer reformas y cambios que permitan superar los graves defectos actuales. Y, con ellos, hacer frente a los planes de reconducción autoritaria de la derecha”.

(Albert Recio Andreu, “Sin Tregua”, Mientras Tanto n. 229, diciembre 2023)

A la cita de Albert Recio que abre esta entrada hay que añadir la relativa indiferencia que la opinión pública española mantiene respecto de las cuestiones que afectan al desarrollo de la Unión Europea, lo que se manifiesta de manera evidente en la baja participación que registran las elecciones europeas, que por lo demás se perciben en clave estrictamente nacional, como lamentablemente parece que va a suceder en la crucial convocatoria de junio de 2024, en la que el Partido Popular y Vox intentarán utilizar como plebiscito contra la política del gobierno de coalición, y las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE como una confirmación de los apoyos con que cuentan tanto SUMAR como la fracción disidente de esta coalición.

Y sin embargo, estamos en un momento muy decisivo para el futuro de la Unión Europea, en la medida en que se está discutiendo actualmente la reforma de las reglas de la gobernanza económica bajo la presión continua de Alemania y el llamado grupo de los frugales que planean retornar a la ortodoxia ordoliberal que caracteriza las reglas de contención de la deuda y el déficit como base de la política económica de los países que componen la Unión. El elemento que caracteriza esta posición es la primacía de la política monetaria sobre la política fiscal, ligado a la pérdida de la soberanía monetaria en el marco del euro y la independencia y separación del Banco Central de las indicaciones de los gobiernos y en general de la determinación democrática de sus políticas por el Parlamento europeo. El vínculo del equilibrio presupuestario que se incorporó en el art. 135 de nuestra Constitución se tradujo en su momento en una restricción insoportable del gasto social que la suspensión de estas reglas a raíz de la irrupción del Covid han permitido la compra masiva de deuda pública y la adopción de un amplio programa de inversiones y de subvenciones en torno a los planes nacionales de recuperación y resiliencia tutelados por el programa Next Generation.

El debate sobre las nuevas reglas que sustituyeran a las que avalaron la etapa de la austeridad tras la crisis del euro ha sido muy intenso, aunque lamentablemente no ha sido capaz de plantearse como un elemento central en la discusión política española. En la Revista de Derecho Social  102 (2023), Jorge Uxó trazó de manera muy clara los términos de esta polémica en el sentido de necesariamente evitar que a partir de 2024 los gobiernos europeos se vieran forzados a aplicar una segunda ronda de austeridad y se provocara una nueva recesión económica, lo que se ha querido evitar permitiendo un proceso de ajuste más dilatado y sustituyendo las reglas uniformes aplicables a todos los países de manera homogénea por un marco que posibilite diferentes situaciones nacionales, aunque bajo la presión de Alemania, se quieran introducir límites cuantitativos – la obligación de reducir 0,5 puntos al año el endeudamiento o 1 punto si la deuda supera el 90% PIB, como en el caso español – que reduce sustancialmente las posibilidades de flexibilidad para los gobiernos nacionales. El tema central ahora es el espacio que se deja para poner en marcha el incremento de la inversión pública como elemento imprescindible para poder llevar a cabo la transición digital y la sostenibilidad ambiental y social a la que la Comisión se ha comprometido, un componente del gasto público del que únicamente no se cuestiona el incremento del gasto militar para la ayuda a Ucrania.

Hay que tener en cuenta que España no es el único país con parámetros fiscales lejos de los límites de déficit (3 % del PIB) y deuda (60 %). Hay algunos países que cuentan con superávit y ratios de deuda en el entorno del 20 % del PIB (Eslovaquia, Letonia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo), pero otros por el contrario ofrecen un panorama más inquietante. Italia es la realidad más preocupante junto a Grecia, que ha sido capaz de reducir su déficit tras más de una década de ajustes y rescates (2010-2022), pero cuya deuda sigue por encima del 170 %. A continuación, aparecen España, Francia y Bélgica; con Portugal en una posición similar a la española en deuda, pero rozando ya el equilibrio presupuestario. Estas posiciones límite son las que explican el alineamiento en la UE de los diferentes países con la reforma que reivindican de la gobernanza económica. A finales de noviembre, aún sin acuerdo en el ECOFIN, los puntos en los que se centra el desacuerdo han sido resumidos por Santiago Lago Peñas en las garantías sobre el proceso de reducción de la deuda y las exenciones a aplicar a algunas inversiones. Alemania sigue defendiendo, como se ha señalado, una reducción anual mínima de la ratio de deuda de un punto porcentual, la limitación del déficit y la inclusión de todas las inversiones en los cálculos; mientras que Francia quiere centrarse en la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, e Italia aboga por las exenciones para el gasto en defensa y las inversiones financiadas por créditos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR). Por su parte, el sindicalismo europeo se posiciona en torno a la defensa de que las inversiones del gasto social no se computen en el mecanismo general de restricción de la deuda.

Es evidente que en este aspecto, resulta imprescindible que la UE-27 asuma un rol activo en la financiación de las elevadas inversiones necesarias, como lo ha hecho respaldada por los Fondos Next Generation. Pero a la vez, es decisivo que se considere parte integrante fundamental del mecanismo de la gobernanza económica europea el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que forma parte ya del marco de coordinación de las políticas programadas durante el semestre europeo. En esa línea se ha incorporado el que se llamó “mecanismo de desequilibrios sociales”  y hoy “marco de convergencia social” (MCS, SCF por sus siglas en inglés), a instancias de los ministerios de trabajo español y belga, que busca establecer un escrutinio permanente de la situación social y de empleo en cada país teniendo en cuenta el grado de avance hacia los objetivos 2030 marcados en el Pilar Social. Este año es el primero en el que se incluye en el Informe Conjunto sobre el Empleo, de manera que de forma general se presenta un resumen de las tendencias clave sociales y de empleo en toda la UE, incluyendo los resultados horizontales que se desprenden del análisis realizado en base a los principios del marco de convergencia. De este análisis se concluye que, en general, se ha avanzado hacia la convergencia en los ámbitos de empleo y desempleo en 2022, si bien destaca riesgos potenciales en formación que podrían dar lugar a retos de empleo y desigualdad. Y en el informe por países en atención a los objetivos del MCS que identifica los retos a que se enfrenta cada Estado en materia social y de empleo y darles respuesta, de manera que se pueda avanzar hacia la convergencia social ascendente en la UE, se concluye que existen siete países que presentan riesgos potenciales a la convergencia social ascendente, que son: Bulgaria, España, Estonia, Hungría, Italia, Lituania y Rumanía.

Hay que tener en cuenta que en nuestro país, según este informe, y a pesar de la sólida recuperación del empleo - la tasa de empleo aumentó hasta el 69,5% en 2022, superando el nivel anterior a la crisis (2019) del 68% - ésta sigue estando muy por debajo de la media de la UE del 74,6%. Hay también problemas en el abandono temprano de la educación y de la formación, pero fundamentalmente España experimenta retos en relación con la protección y la inclusión sociales. La tasa global de riesgo de pobreza o exclusión social se considera que es "débil pero mejora", aunque los niveles siguen siendo relativamente altos, del 26%. Además, la proporción de niños en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 32,2% en 2022 (7,5 puntos porcentuales por encima de la media de la UE en 2022) y se ha mantenido en una "situación crítica" durante los últimos tres años

Aunque se logra con ello una mayor visibilidad política de las desigualdades, desequilibrios o áreas críticas de protección social en determinados países como los citados, la eficacia de este mecanismo es muy limitada puesto que no da lugar a una recomendación específica de convergencia social que vinculara a los países concernidos, sino que sirve tan solo de “base analítica” de un “enfoque dinámico” que tenga en cuenta la evaluación de los indicadores sociales en un período de dos años. Además se están poniendo de manifiesto las dificultades para el desarrollo de la segunda fase del mecanismo, que consistía inicialmente en la publicación a principios de 2024 de los informes país con un mayor análisis cualitativo y cuantitativo (incluyendo el avance hacia los objetivos 2030 del Pilar Social), de los países afectados por los desequilibrios y que se está intentando dilatar, como mínimo, hasta después de las elecciones europeas de junio de 2024. Sin embargo, debería considerarse atentamente como una línea de desarrollo de los objetivos transversales de la Unión declarados en el art. ) TFUE – la cláusula social horizontal – con apoyo en el Pilar Social Europeo para dotar a este mecanismo de una mayor eficacia en la determinación de las políticas económicas y sociales de los estados miembros.

La situación actual es por tanto muy delicada. Los sindicatos europeos, agrupados en torno a la CES, han convocado para el martes 12 de diciembre una euromanifestación en Bruselas bajo el marchamo de “No a la austeridad 2.0” y por un nuevo contrato social. La CES recuerda que “todos necesitamos acceso a atención médica de calidad, educación y una red de seguridad de decencia que nos ayude en momentos de necesidad. En Bruselas se están llevando a cabo negociaciones que podrían socavar precisamente las cosas que permiten que nuestras sociedades florezcan. No podemos permitir que tenga éxito el intento de devolver a Europa a estrictas normas de austeridad”. Para el sindicalismo europeo son necesarias inversiones públicas en educación, atención sanitaria, salarios que se mantengan al día y en un futuro sostenible. “Ahora, mientras el continente enfrenta una crisis del costo de vida impulsada por ganancias récord, los trabajadores no deberían ser quienes paguen el precio. La respuesta solidaria de la Unión Europea a la pandemia de Covid-19 demostró lo que es posible. Liberar financiación para mantener seguros los empleos y los ingresos de la gente era crucial. Necesitamos más de lo mismo, no volver a las recetas fallidas del pasado”. Es el sujeto colectivo que más rápidamente se ha hecho cargo de la preocupante situación en la que nos coloca la posición política e ideológica de quienes entienden que las políticas públicas empleadas para combatir la crisis causada por la pandemia deben considerarse un paréntesis, y que por tanto ahora recobra validez el enfoque neoliberal utilizado como forma de gobierno macroeconómico a partir de la crisis financiera del 2010.

Estos indicios son preocupantes no sólo porque el modelo neoliberal europeo ha causado enorme dolor y sufrimiento a amplias masas de la población de diferentes países europeos, sino porque su validez en términos económicos es enormemente discutida y su caducidad en términos ideológicos resulta evidente. Insistir en este vector puede además alentar soluciones políticas calificables como populistas de derechas o simplemente neofascistas, que ofrecen diversas versiones del post-neoliberalismo críticas con el modelo supranacional europeo pero que coinciden en la conformación de un fuerte poder estatal autoritario con especial hostilidad antisindical, antifeminista y xenófobo, como por cierto ha asomado ya en las últimas elecciones europeas de hace cinco años.

Atravesamos por tanto un momento trascendental, que condicionará sin duda las políticas sociales que se quieren poner en marcha desde el gobierno de coalición. Los sindicatos europeos y sus centros de decisión nacionales son los primeros en movilizarse para presionar desde fuera en que las reglas fiscales de la UE incorporen necesariamente su dimensión social. Sin perjuicio de seguir muy de cerca el resultado de esta negociación política, es evidente que la encrucijada en la que nos encontramos debe orientar el sentido de la participación y del voto en las elecciones europeas de junio de 2024. Europa y el marco institucional que la regula no es algo que nos podamos permitir el lujo de considerar ajeno a las preocupaciones inmediatas de un pensamiento emancipador e igualitario, de un modelo neolaborista que intente profundizar la democracia en la economía y en la sociedad. Seguiremos atentamente la evolución de estos temas en sucesivas entradas del blog.