FRONTERAS DE CLASE. UN DEBATE SOBRE INMIGRACIÓN Y TRABAJO

 

El libro de Lea Ypi, publicado por la editorial Feltrinelli en su colección "Ideas" es un texto breve que plantea cuestiones interesantes sobre uno de los debates que actualmente más caracteriza el debate político europeo e internacional: el rechazo a la inmigración por parte de los países ricos. Criminales y delincuentes, tambien terroristas, en el discurso de Trump, elementos nocivos para la democracia que amenazan con romper la comunidad nacional para Starmer en el Reino Unido, carga insoportable para la Unión Europea, que sin embargo supo acoger con prontitud a los refugiados e inmigrantes de la invasión y guerra de Ucrania. La autora, Lea Ypi, es albanesa de origen, graduada en Roma y ahora enseña filosofía política en Londres (LSE) y en Berlín. Su libro más conocido, traducido al español es “Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia” que contiene su biografía desde la caída del régimen comunista de Albania[1].

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[1] Ver la crítica en The Guardian a la aparición del libro en el 2021: https://www.theguardian.com/books/2021/oct/28/free-by-lea-ypi-review-a-memoir-of-life-amid-the-collapse-of-communism . Hay traducción también al francés y al italiano.

 

I

Lo interesante del libro que ahora se recensiona es la reivindicación de la perspectiva de clase en el análisis que frente a la inmigración ofrecen tanto la derecha o la ultraderecha como las fuerzas políticas progresistas. Para la autora, la fractura real no pasa por la condición de nativos o de extranjeros, sino entre quienes tienen derechos y recursos y quienes son sistemáticamente privados de ellos. Se señala que en las sociedades aparentemente más democráticas, la ciudadanía asume las condiciones de una mercancía, se compra, se hereda y se concede. No es accesible a todos. La izquierda por su parte está perdida en narraciones identitarias y en discursos sobre la cultura nacional, lo que le hace no comprender lo que históricamente constituye su tarea fundamental: organizar la solidaridad de clase.

El libro publicado por Feltrinelli recoge tres textos de la autora, los dos primeros datan de 2018 y el último de 2022. Se abre con “Once tesis sobre la ciudadanía en el Estado capitalista, donde resume esta visión de clase de manera esquemática y eficaz, sigue luego el que en su versión original se denominaba “Fronteras de clase”, y aquí es rebautizado como “Clase social, migración e integración” y el último de los textos es el más reciente y extenso, “Inmigración, solidaridad y clase social”, que se traduce como “La izquierda entre solidaridad cívica y conciencia de clase”.

Como en un tiempo pasado, cuando la ciudadanía dependía de la propiedad y del dinero, hoy también sucede lo mismo en un mundo global en el que quienes tiene capacidad de invertir o una alta cualificación laboral pueden acceder sin problemas a la condición e ciudadano de un país rico. La explotación del trabajo es alimentada por una concepción étnico-cultural de la ciudadanía, mientras que a los trabajadores inmigrantes se les niega la participación política.

Las políticas actuales de ciudadanía refuerzan el carácter de clase del Estado a la vez que la marginación estructural de los grupos sociales vulnerables. De una ciudadanía potencialmente abierta a todos, hemos pasado a la época de una ciudadanía restrictiva, para unos pocos, una mercancía que se vende, se intercambia y hace que la idea de la democracia sea una promesa vacía. Por lo tanto para la autora el renacimiento de la política democrática exige no imponer restricciones a la inmigración, evitando la degeneración del ideal universal de la ciudadanía convirtiéndolo en un instrumento de opresión de las minorías.

II

No sigue esa orientación el curso de los tiempos. El breaking point o el punto de ruptura del Brexit lo supuso el rechazo a la circulación de personas y la llegada de inmigrantes aprovechando la porosidad de la frontera europea. Se decía “hay que retomar el control de nuestras fronteras”, una consigna que lamentablemente hoy ha recuperado K. Starmer, primer ministro laborista, en sus declaraciones del 15 de mayo de 2025. Recuperar el control de las fronteras “para que no seamos una isla de extraños”, un concepto que se opone a “un país en el que caminemos juntos hacia adelante” y en donde “integrarse y aceptar los valores de nuestra sociedad es imprescindible”.

El argumento más utilizado desde la derecha y ultraderecha sobre el que pivota ese “controlar las fronteras” – y que también es aplicable a la política europea de restricción del derecho de asilo y de controlar los flujos migratorios impidiendo el acceso a la Unión Europea con el concurso imprescindible de los países ribereños del Mediterráneo, desde Turquía y Libia a Marruecos y Mauritania – es lo que Ypi llama la “preocupación distributiva”. Es decir, los inmigrantes compiten con los nativos por el trabajo, la vivienda, el acceso a la sanidad y a la educación. De esta manera hay que regular el flujo de entrada para mantener los niveles y estándares de protección de los servicios públicos del Estado de Bienestar. Se trata de argumentos falaces, desmontados por los estudios empíricos, que obvian la específica dimensión e clase de estas preocupaciones. Las críticas a la libertad de movimiento solo atienden a los inmigrantes pertenecientes a particulares clases o grupos sociales, no a los altamente cualificados. El discurso distributivo quiere presentar la competencia entre nativos pobres de la clase trabajadora e inmigrantes pobres.

En los estudios empíricos efectuados los inmigrantes son un recurso para el Estado, no una carga. Allegan contribuciones a la Seguridad Social e impuestos a Hacienda, colman carencias de los puestos de trabajo, compensan la caída de la tasa de fertilidad en los países ricos y contribuyen al desarrollo del capital humano de las sociedades que los acogen. La regularización de inmigrantes que se efectuó en España en el 2005, donde más de 600.000 inmigrantes pudieron regularizar su posición, como la que se pretende llevar a cabo ahora para los inmigrantes presentes en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025, se basan en este tipo de argumentos beneficiosos para los ingresos del Estado y la cobertura de puestos de trabajo no queridos por los trabajadores nativos.

Despejado este tema, subsiste el de las preocupaciones culturales, la “isla de extraños”. Se prevé un “pseudo contrato” entre nativos y nuevos miembros que llegan a la comunidad sobre la aceptación de una cultura política compartida (tests lingüísticos, puntos de referencia culturales, etc.). Una propuesta de construcción de lealtades comunes que sin embargo son frecuentemente objeto de conflicto entre los propios nativos (por ejemplo, aceptar como símbolo de pertenencia común la existencia de un crucifijo en las aulas, que una perspectiva laica rechaza). Lo que este enfoque persigue es que el conflicto político de base se reconduzca a un conflicto de identidades de manera que otras formas de desacuerdo político de silencien o sean desatendidas.

Estos mecanismos de comprobación de la competencia cívica evocan la época en la que eran utilizados para limitar el derecho de voto a determinadas categorías de personas que residían en el territorio nacional, impidiendo el carácter universal del sufragio. Habría que derogarlos para los residentes de larga duración como obstáculos a la plena ciudadanía.

III

El dilema de los progresistas es la parte más extensa del texto porque aborda el conjunto de los argumentos que sobre la inmigración sostiene el pragmatismo de la izquierda, reformulando los conflictos distributivos y culturales que esgrimen de manera agresiva – y exitosa electoralmente – los planteamientos conservadores, dando por descontado que la inmigración no es objetivamente un obstáculo para el desarrollo del Estado de Bienestar, aunque puede hacer vacilar la posición de los ciudadanos vulnerables que dependen de los subsidios sociales para mantener una vida con una cierta dignidad. Pero el problema más intenso se plantea desde un punto de vista cultural porque las migraciones en gran escala llevan consigo divisiones culturales que pueden desestabilizar la democracia en los países que los acogen, porque la solidaridad, entendida como un sentimiento de recíproco reconocimiento adquirido mediante la participación democrática puede ser degradada por la diversidad cultural amenazada por la adhesión a normas políticas y culturales alternativas, potencialmente iliberales, que los inmigrantes llevan consigo.

Frente a ello los argumentos progresistas reposan sobre la solidaridad multicultural y una noción de ciudadanía supranacional. Se basan en un ideal de cooperación enraizado en la fusión tradicional de territorio, soberanía y población, un nacionalismo cívico que se funda en una doble idea de soberanía popular y educación cívica. La solidaridad multicultural se basa en la idea que una comunidad política diversificada debe tender no a la asimilación de los grupos culturales diversos, sino a acoger las reivindicaciones que les consientan perseguir estilos de vida diferentes, defender normas culturales y lingüísticas que les distingan e integrarse con modalidades que no sean impuestas por la mayoría social dominante, como en los casos emblemáticos de Canadá y Reino Unido. La solidaridad supranacional implica que, en un mundo global, los modelos de cooperación regional o transnacional pueden coordinar mejor sus iniciativas si se configuran superando las fronteras nacionales, y aquí el modelo lo proporcionaría la ciudadanía europea desde el Tratado de Lisboa del 2007. En el primer caso, el reto es transformar el Estado-nación en un proyecto de nación multicultural y en lograr que los diversos grupos culturales participen en ello, lo que a su vez abre la discusión sobre los límites de la tolerancia respecto de los hábitos asociados a grupos religiosos o culturales diversos, o el equilibrio entre la influencia de la familia y la escuela sobre la educación de los hijos de los inmigrantes; en definitiva un debate amplio sobre como las diversas formas de identidad multicultural puedan coexistir con los compromisos universales de igualdad y libertad. Respecto del modelo supranacional, la ciudadanía parece como una fórmula alternativa al significado de la identidad política encarnada en el reconocimiento lingüístico y cultural encarnado en el estado nacional westfaliano.

En realidad el ideal de cooperación social es poco sensible a la desviación de riqueza, de poder y de recursos discursivos del capital cultural que caracterizan las relaciones de poder entre ciudadanos del propio estado y entre estados diferentes. Un cierto idealismo sostiene la solidaridad social que exigiría una justicia social como resultado de la cooperación entre ciudadanos libres e iguales en el Estado liberal - democrático que garantiza el respeto irrestricto de derechos humanos en función de la persona de cada uno, pero que ignora las radicales asimetrías en la distribución de la propiedad, las jerarquías de poder y las formas de exclusión que conducen a un reconocimiento puramente formal de iguales derechos y deberes.

Una narrativa más sensible a partir de las condiciones de opresión de trabajadores nativos e inmigrantes demostraría que la solidaridad no se funda sobre una particular ética de pertenencia social, sino sobre un esfuerzo políticamente coordinado de creación de recursos políticos para superar una condición compartida de opresión.

La comunidad política debe entenderse como un lugar de conflicto entre grupos sometidos a diversas relaciones de poder que resultan de su posición en el seno de las estructuras económicas, políticas y jurídicas que componen el mundo globalizado. Producto de estructuraciones de clase que adoptan la forma de las condiciones materiales del desarrollo histórico, de la evolución de las asimetrías en la concentración de la propiedad y de la influencia de factores políticos, jurídicos e ideológicos que regulan la relación de poder en un mercado global interdependiente siempre dominado por los mecanismos de expansión y concentración del capital. Es decir, la inmigración no es un problema por sí; lo es en el contexto de un proceso global de producción y distribución de bienes y de recursos forjado por la circulación de capital y de las relaciones jurídicas y políticas nacionales y globales que consienten su reproducción.

El problema de la pertenencia política identitaria mina la organización de clase. Como señalaba ya una carta poco conocida de Marx a S. Meyer y A, Vogt sobre los “campos hostiles de la clase trabajadora” que enfrentaba a obreros ingleses y emigrantes irlandeses, los trabajadores nativos se identifican con el propio Estado, blasonan su nacionalidad como identidad propia que rechaza la llegada del “extraño”, ocultando asi la circunstancia común de explotación por la élite dominante[1]. Frente a lo que tradicionalmente ha constituido la clave del pensamiento socialista, apartarse del planteamiento tradicional iluminista para el que los únicos agentes colectivos eran las naciones y los Estados, el aspecto identitario refuerza hoy al Estado y su carácter de clase. La división nativo/extranjero respecto del trabajo cosifica las identidades basadas sobre la pertenencia cultural y política y erosiona la lucha conjunta de las clases sociales vulnerables, impidiendo recomponer un interés compartido. Sobre esta aproximación se debería intentar por consiguiente construir discursos alternativos y proyectos contrahegemónicos que se ofrezcan a la opinión pública como instrumentos diferentes que examinen los retos por afrontar en este asunto.

IV

El centro del debate que quiere plantear este pequeño libro de Lea Ypi es la recuperación de la noción de clase y la existencia por tanto del trabajo como eje de la ciudadanía, alejada de la perspectiva identitaria cultural, una vez que el “problema distributivo” ha sido resuelto en términos opuestos a los que señalan los argumentos de la derecha y la ultraderecha por cierto tan en boga en nuestro país. No aborda tampoco un enfoque basado en la prevalencia de los derechos humanos o en la universalidad del tratamiento a la persona humana como base de una regulación abierta a los flujos migratorios. En definitiva, lo que da la ciudadanía es el acceso al trabajo, su desempeño en concreto, la realización del derecho al trabajo que promete nuestra Constitución como condición inseparable de ser  “español”, es decir, de los ciudadanos de este Estado- nación. La realización material del trabajo debe permitir a quien lo presta el acceso pleno a los derechos individuales y colectivos que nacen de esta actividad. No es suficiente por tanto la fórmula del art. 36 LOEX según la cual la carencia de la autorización de residencia y trabajo, “no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle”. El inmigrante “irregular” tiene derecho de libre sindicación y derecho de huelga y la falta de autorización ya no anula su contrato de trabajo lo que le permite desplegar sus efectos, pero “no podrá obtener prestaciones por desempleo” ni tampoco afiliarse ni darse de alta en el Sistema de Seguridad Social.

Sin embargo, el trabajo crea las condiciones para adquirir derechos y estos tienen que ser compartidos por aquellos que efectivamente realicen esta actividad, con independencia de la nacionalidad que ostenten. Por ello el trabajo tiene que ser la base y la condición de acceso en primer lugar a todos los derechos laborales y de protección social conectados con el desempeño del mismo, con independencia del hecho administrativo del que se deduzca un empleo “autorizado”. Es un objetivo político importante también desde el punto de vista de la disuasión a los empresarios para emplear irregularmente fuerza de trabajo inmigrante, sin perjuicio de la infracción administrativa a la que este hecho pueda dar lugar.

Y es un objetivo importante que no soslaya el problema cultural pero no considera que se deba “aislar” políticamente este problema del general y común de la explotación laboral a que se somete a inmigrantes y otros grupos vulnerables de personas trabajadoras nativas, y que por tanto coloca al inmigrante en idéntica condición del trabajador nacional en las dificultades para ejercitar el derecho a la vivienda, a la sanidad o a la educación.

El trabajo así es la antesala de la ciudadanía, la condición previa que se debe acompañar de la noción intermedia de la residencia como forma complementaria. La atribución en exclusiva a los ciudadanos españoles del derecho al trabajo (aunque a los ciudadanos europeos se les facilite el acceso al trabajo o a otra actividad económica con relativa facilidad y por tanto sea completamente diferente el tratamiento de estas personas respecto de los “extracomunitarios”) debe entenderse perfectamente conciliable con la atención prioritaria al trabajo como distribuidor de derechos ciudadanos. Y la residencia a su vez permitirá acortar los tiempos para adquirir la plena nacionalidad y por tanto los derechos políticos, como prevé actualmente la demanda de referéndum en Italia para rebajar de diez a cinco años de residencia el logro de la nacionalidad italiana.

Reconstruir un discurso en torno a las “fronteras de clase” que trascienda el que se fija en las fronteras nacionales, es en estos momentos una prioridad para el pensamiento progresista y en particular para el sindicalismo.

CONFINI DI CLASSE. DISUGUAGLIANZE, MIGRAZIONE E CITTADINANZA NELLO STATO CAPITALISTA.

Lea Ypi. Feltrinelli editore. Milán, 2025. 75 pp. 10,00€

  

[1] “La oposición entre trabajadores extranjeros y trabajadores internos y la legitimación del estado sobre la que esta se funda – dice Marx – es el secreto de la impotencia de la clase trabajadora pese a que este organizada”, una división que es alimentada artificialmente por cierto por todos los medios a disposición de la clase dominante  (“desde la prensa hasta el púlpito y la sátira”). Es importante comprender que la exclusión de los inmigrantes de los puestos de trabajo es consentida por la exclusión de los inmigrantes de las fronteras y por los consiguientes poderes discrecionales conferidos al Estado. La gestión e la migración por parte de los estados capitalistas y la división introducida entre trabajadores nativos y extranjeros es a fin de cuentas, “el secreto con el que la clase capitalista mantiene su propio poder”.