Los
incendios en este agosto extremadamente seco castigado por una ola de calor muy
continuada, ha llevado al primer plano de la opinión pública tanto la
controversia sobre la actuación de los poderes públicos, dada la competencia
autonómica de este tema junto con la necesidad del concurso de las fuerzas del
Estado en especial a través de la UME, como los elementos que rodean el tema d
ela preservación de la naturaleza y la prevención de los incendios. En todos
estos debates, en los que las cantidades presupuestadas para el mantenimiento
del servicio público son muy relevantes, no se suele mencionar la cuestión
fundamental de quienes son las personas cuya actividad laboral posibilita la
prevención y la extinción de incendios. Este es el objeto de esta entrada del
blog.
En efecto, Jesús Camacho, ex
dirigente de CCOO de Castilla La Mancha y buen amigo, ha escrito para el periódico
digital Mi Ciudad Real ( https://www.miciudadreal.es/2025/08/17/incendios-forestales-de-jornaleros-del-monte-a-trabajadores-con-derechos/)
un artículo que tiene una clara intención didáctica y que explica, desde la
perspectiva sindical, un elemento fundamental de este tema tan debatido de los
incendios forestales. Este es el texto que ahora se reproduce con sumo gusto
por parte del titular del blog.
INCENDIOS FORESTALES. DE ”JORNALEROS DEL MONTE” A
TRABAJADORES CON DERECHOS
Jesús Camacho Segura
El largo y cálido verano incendia
montes y bosques, este año con especial virulencia y efectos más desastrosos.
Las consecuencias son terribles: vidas humanas, vida animal, bienes y viviendas
en zonas rurales y una inmensa masa
forestal arrasada por el fuego; el color vegetal ha sido sustituido por el
negruzco paisaje desolador, miles y miles de hectáreas calcinadas. Y, aunque
cueste admitirlo, siempre se puede hacer más, es posible, necesario e
imprescindible hacer mucho más.
En Castilla La Mancha, mi
sindicato –CCOO- decidió, hace años, intervenir para cambiar un estado de cosas
en el ámbito de las condiciones laborales y profesionales de los equipos de
prevención y extinción. Fue un proceso largo para cambiar las cosas, para
afrontar un nuevo tiempo con una visión diferente de la protección
medioambiental y de los profesionales que lo hacen posible. Se combinó, para
ello, la movilización con la negociación institucional. Había que generar un
notable cambio en el concepto y en la gestión que las Administraciones tenían
de las “cuadrillas” de extinción y del tiempo de trabajo disponible para
mantener activ, a la lucha contra los incendios forestales y los periodos de
trabajos preventivos.
No fue tarea fácil, había
resistencias para romper esa inercia paralizante que mira más al coste
económico que al beneficio global. También para acabar con el “compadreo” de
alcaldes que sólo pensaban en dar ocupación durante tres meses a una cuadrilla
de su pueblo, lo que hacía más difícil que se abordara un proceso para salir de
ese atrasado concepto de “salario social en el ámbito rural”. El objetivo
sindical era combatir ese pensamiento, que se asemejaba más a lo asistencial
que a lo profesional, logrando una profunda transformación que, decididamente,
se estableciera un tiempo de trabajo sostenible, un empleo más estable, mejoras
retributivas, homologación de todo el operativo, convenio colectivo propio,
régimen general de la seguridad social y otras actuaciones encaminadas a una
mayor profesionalización. Así, se pasó de los tres meses de trabajo y un mes
complementario de prevención acordado en febrero de 2001, a seis meses de
trabajo firmado en mayo de 2003 con el entonces Vicepresidente Barreda y el Director
General del Medio Natural –Alberto Saiz-. Se iba dejando atrás el pago de
salarios con el convenio del campo y la consideración de “jornaleros de
temporada” – contratados por diversas empresas adjudicatarias- de los esforzados miembros de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales.
El siguiente hito de mayor profundidad, en el
proceso reivindicativo, comenzaba en la reunión de diciembre de 2004 con los
interlocutores del Gobierno Regional (Secretaria General Técnica y Director General del Medio Natural), a los
que se expuso la necesidad de acelerar el cambio de modelo sustentado en tres
aspectos fundamentales: a) Nueva regulación laboral para un nuevo tiempo en la
gestión ambiental, b) Empleador único Regional
c) Cambio sustancial en las condiciones profesionales, formativas y medios
técnicos. Una reclamación que les causó asombro y reticencias porque la
consideraban demasiado ambiciosa, máxime cuando se desgranó el conjunto de
medidas de esos tres puntos básicos.
Por fortuna, la reflexión de la
Consejería de Medio Ambiente, a la que se había comunicado, a su vez, la
necesidad de avanzar en la creación de una empresa pública de gestión ambiental
(hoy GEACAM) en reunión de marzo de 2005, y la comprensión y convencimiento del
Presidente Barreda, investido en 2004, permitió un diálogo más ágil. En ese
contexto se dieron pasos que hoy,
analizados con serenidad, fueron hitos históricos en el compromiso para el
desarrollo de la prevención y extensión de incendios forestales en Castilla La
Mancha. El acuerdo de 9 de junio de 2005
llevó a la consecución de ocho meses de trabajo consecutivos, la adquisición de
fijos discontinuos, la creación del plus de antigüedad, la jornada semanal de
35 horas y el compromiso de optar por un único empleador regional. No obstante,
quedaron algunas demandas pendientes para sucesivas conversaciones.
El terrible y doloroso incendio
de Guadalajara en julio de 2005, aceleró los cambios pendientes y, el 26 de
Septiembre, el Presidente Barreda se
compromete de nuevo, con los Secretarios Generales de CCOO y UGT, para ampliar
la campaña a nueve meses de trabajo e iniciar la creación de la Empresa Pública
de Gestión Ambiental. Lo que para algunos era una quimera de CCOO –la creación
de la empresa pública- se abría camino de forma explícita y pública. El
anteproyecto de Ley de GEACAM se debate y aprueba en las Cortes Regionales en
marzo de 2006 y el 24 de junio se publica en el BOE la ley 1/2006 de 23 de
marzo de la creación de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La
Mancha. Finalmente en mayo de 2008 se firma el acuerdo para una nueva etapa: 12
meses de trabajo, integración del operativo en Geacam, primer Convenio
Colectivo en la Empresa Pública, y otras acciones y actuaciones relevantes
sobre el Plan Infocam y la segunda actividad por razones de edad.
En Enero de 2012, los compañeros
de CCOO de Castilla León nos llamaron a una jornada sindical del personal de
extinción de incendios forestales en su Comunidad Autónoma. Necesitaban conocer el tránsito, las conversaciones
y elementos que nos llevaron en Castilla La Mancha a conseguir lo que, para
ellos, era un objetivo para salir de unas precarias condiciones de trabajo,
aunque se encontraban con la nula correspondencia del gobierno para abordar un
proceso de cambios en su Comunidad Autónoma. Querían empaparse de la
experiencia de nuestro largo proceso reivindicativo y de la capacidad de
movilización y de interlocución que nos llevó a conseguirlo. Es decir, buscaban
una hoja de ruta para llegar a una meta similar para el colectivo de su zona; aunque parecía que les iba a requerir un
esfuerzo extraordinario con un gobierno regional que consideraba poco los
planteamientos sindicales. Pruebas hemos ido conociendo del talante de esos
gobernantes, más dolorosas oírlas en
estas infernales semanas.
En aquella jornada también les
expusimos un peligro. La etapa de la presidenta Cospedal que, en diciembre de
2011, llegó con la segunda fase de recortes a GEACAM. Recortes y despidos en la
Empresa Pública que contó con la oposición de CCOO para que evitar la maniobra
del ERE que recortaba derechos y
retrocedía en la garantía de estabilidad
del empleo durante todo el año, el operativo pasaba a la condición de “fijos
discontinuos” de 9 meses de actividad. Afortunadamente, con el retorno del
gobierno del PSOE a la Comunidad Autónoma,
una nueva intervención sindical logró que, en enero de 2016, volvieran
los 12 meses de trabajo –acuerdo firmado por CCOO y UGT con el Consejero de
Agricultura-.
Actualmente, con la experiencia
adquirida, con la actuación permanente de los representantes sindicales, se
mantienen vivas las reivindicaciones y reclamaciones. Aunque, ahora, no es
entendible que de 122 días de período mínimo de extinción, se haya pasado
a considerar sólo 90 días mínimo; aunque
se tengan 12 meses de trabajo. Una decisión del gobierno de Page reprochable y
nada razonada, por lo que sería deseable que
la Consejería y la dirección de GEACAM volvieran a la fórmula anterior.
De igual manera, el colectivo no puede recibir la pasividad de la gerencia de
la empresa ante la negociación del nuevo convenio colectivo, que ha concluido
su vigencia en diciembre de 2024. Por ello, se insiste en que las unidades
tengan las dotaciones mínimas para ser operativas, se soluciones con urgencia
todas las carencias detectadas y que nunca falten personal y medios.
Ahora, los incendios forestales toman una especial presencia en debates, tertulias y declaraciones públicas de gobernantes. En ocasiones, demasiadas, para lanzarse acusaciones cruzadas del “y tú más”. Los sindicatos sabemos del nivel competencial de cada Comunidad Autónoma para atender esta responsabilidad; por lo tanto no valen trampas, ni buscar refugio en la escasez presupuestaria o en la falta de ayudas. El problema de los incendios forestales es de una magnitud y trascendencia que supera cualquier localismo infantil, por lo que los sindicatos de clase reclaman sentido de estado, reprobando actuaciones negacionistas sobre el cambio climático y la insuficiente asignación presupuestaria. Hablamos de la vida, del futuro, de la protección del medio natural, del retorno a las zonas rurales, de la seguridad de sus habitantes, y de las condiciones profesionales de colectivos de prevención y extinción. En ello está el sindicato, manteniendo el pulso con sus reivindicaciones, defendiendo un modelo eficaz y suficiente para un reto social y medioambiental con futuro. No es cuestión de voluntarismo y “postureo”, es una razón de estado que reclama compromisos legislativos, acuerdos con los representantes sindicales, revisión de procedimientos y un fuerte incremento de inversiones. Todos los gobiernos tienen responsabilidad. Todas las Comunidades Autónomas tienen competencias.
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