El libro de Lea Ypi, publicado por la editorial Feltrinelli en su colección "Ideas" es un texto breve que plantea cuestiones interesantes sobre uno de los debates que actualmente más caracteriza el debate político europeo e internacional: el rechazo a la inmigración por parte de los países ricos. Criminales y delincuentes, tambien terroristas, en el discurso de Trump, elementos nocivos para la democracia que amenazan con romper la comunidad nacional para Starmer en el Reino Unido, carga insoportable para la Unión Europea, que sin embargo supo acoger con prontitud a los refugiados e inmigrantes de la invasión y guerra de Ucrania. La autora, Lea Ypi, es albanesa de origen, graduada
en Roma y ahora enseña filosofía política en Londres (LSE) y en Berlín. Su
libro más conocido, traducido al español es “Libre. El desafío de crecer en el fin de la
historia” que contiene su biografía desde la caída del régimen comunista de
Albania.
I
Lo interesante del libro que ahora
se recensiona es la reivindicación de la perspectiva de clase en el análisis
que frente a la inmigración ofrecen tanto la derecha o la ultraderecha como las
fuerzas políticas progresistas. Para la autora, la fractura real no pasa por la
condición de nativos o de extranjeros, sino entre quienes tienen derechos y
recursos y quienes son sistemáticamente privados de ellos. Se señala que en las
sociedades aparentemente más democráticas, la ciudadanía asume las condiciones
de una mercancía, se compra, se hereda y se concede. No es accesible a todos.
La izquierda por su parte está perdida en narraciones identitarias y en
discursos sobre la cultura nacional, lo que le hace no comprender lo que
históricamente constituye su tarea fundamental: organizar la solidaridad de
clase.
El libro publicado por Feltrinelli
recoge tres textos de la autora, los dos primeros datan de 2018 y el último de
2022. Se abre con “Once tesis sobre la ciudadanía en el Estado capitalista,
donde resume esta visión de clase de manera esquemática y eficaz, sigue luego
el que en su versión original se denominaba “Fronteras de clase”, y aquí es
rebautizado como “Clase social, migración e integración” y el último de los
textos es el más reciente y extenso, “Inmigración, solidaridad y clase social”,
que se traduce como “La izquierda entre solidaridad cívica y conciencia de
clase”.
Como en un tiempo pasado, cuando
la ciudadanía dependía de la propiedad y del dinero, hoy también sucede lo
mismo en un mundo global en el que quienes tiene capacidad de invertir o una
alta cualificación laboral pueden acceder sin problemas a la condición e
ciudadano de un país rico. La explotación del trabajo es alimentada por una
concepción étnico-cultural de la ciudadanía, mientras que a los trabajadores inmigrantes
se les niega la participación política.
Las políticas actuales de
ciudadanía refuerzan el carácter de clase del Estado a la vez que la
marginación estructural de los grupos sociales vulnerables. De una ciudadanía
potencialmente abierta a todos, hemos pasado a la época de una ciudadanía
restrictiva, para unos pocos, una mercancía que se vende, se intercambia y hace
que la idea de la democracia sea una promesa vacía. Por lo tanto para la autora
el renacimiento de la política democrática exige no imponer restricciones a la
inmigración, evitando la degeneración del ideal universal de la ciudadanía convirtiéndolo
en un instrumento de opresión de las minorías.
II
No sigue esa orientación el curso
de los tiempos. El breaking point o el punto de ruptura del Brexit lo
supuso el rechazo a la circulación de personas y la llegada de inmigrantes
aprovechando la porosidad de la frontera europea. Se decía “hay que retomar el control
de nuestras fronteras”, una consigna que lamentablemente hoy ha recuperado K.
Starmer, primer ministro laborista, en sus declaraciones del 15 de mayo de
2025. Recuperar el control de las fronteras “para que no seamos una isla de extraños”,
un concepto que se opone a “un país en el que caminemos juntos hacia adelante”
y en donde “integrarse y aceptar los valores de nuestra sociedad es
imprescindible”.
El argumento más utilizado desde
la derecha y ultraderecha sobre el que pivota ese “controlar las fronteras” – y
que también es aplicable a la política europea de restricción del derecho de
asilo y de controlar los flujos migratorios impidiendo el acceso a la Unión
Europea con el concurso imprescindible de los países ribereños del Mediterráneo,
desde Turquía y Libia a Marruecos y Mauritania – es lo que Ypi llama la “preocupación
distributiva”. Es decir, los inmigrantes compiten con los nativos por el
trabajo, la vivienda, el acceso a la sanidad y a la educación. De esta manera
hay que regular el flujo de entrada para mantener los niveles y estándares de
protección de los servicios públicos del Estado de Bienestar. Se trata de
argumentos falaces, desmontados por los estudios empíricos, que obvian la
específica dimensión e clase de estas preocupaciones. Las críticas a la
libertad de movimiento solo atienden a los inmigrantes pertenecientes a
particulares clases o grupos sociales, no a los altamente cualificados. El discurso
distributivo quiere presentar la competencia entre nativos pobres de la clase
trabajadora e inmigrantes pobres.
En los estudios empíricos efectuados
los inmigrantes son un recurso para el Estado, no una carga. Allegan
contribuciones a la Seguridad Social e impuestos a Hacienda, colman carencias
de los puestos de trabajo, compensan la caída de la tasa de fertilidad en los países
ricos y contribuyen al desarrollo del capital humano de las sociedades que los
acogen. La regularización de inmigrantes que se efectuó en España en el 2005,
donde más de 600.000 inmigrantes pudieron regularizar su posición, como la que
se pretende llevar a cabo ahora para los inmigrantes presentes en nuestro país antes
del 31 de diciembre de 2025, se basan en este tipo de argumentos beneficiosos
para los ingresos del Estado y la cobertura de puestos de trabajo no queridos
por los trabajadores nativos.
Despejado este tema, subsiste el
de las preocupaciones culturales, la “isla de extraños”. Se prevé un “pseudo contrato”
entre nativos y nuevos miembros que llegan a la comunidad sobre la aceptación
de una cultura política compartida (tests lingüísticos, puntos de
referencia culturales, etc.). Una propuesta de construcción de lealtades
comunes que sin embargo son frecuentemente objeto de conflicto entre los
propios nativos (por ejemplo, aceptar como símbolo de pertenencia común la
existencia de un crucifijo en las aulas, que una perspectiva laica rechaza). Lo
que este enfoque persigue es que el conflicto político de base se reconduzca a
un conflicto de identidades de manera que otras formas de desacuerdo político
de silencien o sean desatendidas.
Estos mecanismos de comprobación
de la competencia cívica evocan la época en la que eran utilizados para limitar
el derecho de voto a determinadas categorías de personas que residían en el
territorio nacional, impidiendo el carácter universal del sufragio. Habría que
derogarlos para los residentes de larga duración como obstáculos a la plena
ciudadanía.
III
El dilema de los progresistas es
la parte más extensa del texto porque aborda el conjunto de los argumentos que
sobre la inmigración sostiene el pragmatismo de la izquierda, reformulando los
conflictos distributivos y culturales que esgrimen de manera agresiva – y exitosa
electoralmente – los planteamientos conservadores, dando por descontado que la
inmigración no es objetivamente un obstáculo para el desarrollo del Estado de
Bienestar, aunque puede hacer vacilar la posición de los ciudadanos vulnerables
que dependen de los subsidios sociales para mantener una vida con una cierta
dignidad. Pero el problema más intenso se plantea desde un punto de vista cultural
porque las migraciones en gran escala llevan consigo divisiones culturales que
pueden desestabilizar la democracia en los países que los acogen, porque la
solidaridad, entendida como un sentimiento de recíproco reconocimiento
adquirido mediante la participación democrática puede ser degradada por la
diversidad cultural amenazada por la adhesión a normas políticas y culturales
alternativas, potencialmente iliberales, que los inmigrantes llevan consigo.
Frente a ello los argumentos
progresistas reposan sobre la solidaridad multicultural y una noción de ciudadanía
supranacional. Se basan en un ideal de cooperación enraizado en la fusión tradicional
de territorio, soberanía y población, un nacionalismo cívico que se funda en
una doble idea de soberanía popular y educación cívica. La solidaridad multicultural
se basa en la idea que una comunidad política diversificada debe tender no a la
asimilación de los grupos culturales diversos, sino a acoger las reivindicaciones
que les consientan perseguir estilos de vida diferentes, defender normas
culturales y lingüísticas que les distingan e integrarse con modalidades que no
sean impuestas por la mayoría social dominante, como en los casos emblemáticos de
Canadá y Reino Unido. La solidaridad supranacional implica que, en un mundo
global, los modelos de cooperación regional o transnacional pueden coordinar mejor
sus iniciativas si se configuran superando las fronteras nacionales, y aquí el
modelo lo proporcionaría la ciudadanía europea desde el Tratado de Lisboa del
2007. En el primer caso, el reto es transformar el Estado-nación en un proyecto
de nación multicultural y en lograr que los diversos grupos culturales
participen en ello, lo que a su vez abre la discusión sobre los límites de la
tolerancia respecto de los hábitos asociados a grupos religiosos o culturales
diversos, o el equilibrio entre la influencia de la familia y la escuela sobre
la educación de los hijos de los inmigrantes; en definitiva un debate amplio
sobre como las diversas formas de identidad multicultural puedan coexistir con
los compromisos universales de igualdad y libertad. Respecto del modelo
supranacional, la ciudadanía parece como una fórmula alternativa al significado
de la identidad política encarnada en el reconocimiento lingüístico y cultural
encarnado en el estado nacional westfaliano.
En realidad el ideal de
cooperación social es poco sensible a la desviación de riqueza, de poder y de
recursos discursivos del capital cultural que caracterizan las relaciones de poder
entre ciudadanos del propio estado y entre estados diferentes. Un cierto
idealismo sostiene la solidaridad social que exigiría una justicia social como
resultado de la cooperación entre ciudadanos libres e iguales en el Estado
liberal - democrático que garantiza el respeto irrestricto de derechos humanos
en función de la persona de cada uno, pero que ignora las radicales asimetrías
en la distribución de la propiedad, las jerarquías de poder y las formas de
exclusión que conducen a un reconocimiento puramente formal de iguales derechos
y deberes.
Una narrativa más sensible a
partir de las condiciones de opresión de trabajadores nativos e inmigrantes demostraría
que la solidaridad no se funda sobre una particular ética de pertenencia
social, sino sobre un esfuerzo políticamente coordinado de creación de recursos
políticos para superar una condición compartida de opresión.
La comunidad política debe
entenderse como un lugar de conflicto entre grupos sometidos a diversas
relaciones de poder que resultan de su posición en el seno de las estructuras
económicas, políticas y jurídicas que componen el mundo globalizado. Producto
de estructuraciones de clase que adoptan la forma de las condiciones materiales
del desarrollo histórico, de la evolución de las asimetrías en la concentración
de la propiedad y de la influencia de factores políticos, jurídicos e
ideológicos que regulan la relación de poder en un mercado global
interdependiente siempre dominado por los mecanismos de expansión y
concentración del capital. Es decir, la inmigración no es un problema por sí;
lo es en el contexto de un proceso global de producción y distribución de
bienes y de recursos forjado por la circulación de capital y de las relaciones
jurídicas y políticas nacionales y globales que consienten su reproducción.
El problema de la pertenencia
política identitaria mina la organización de clase. Como señalaba ya una carta
poco conocida de Marx a S. Meyer y A, Vogt sobre los “campos hostiles de la
clase trabajadora” que enfrentaba a obreros ingleses y emigrantes irlandeses,
los trabajadores nativos se identifican con el propio Estado, blasonan su
nacionalidad como identidad propia que rechaza la llegada del “extraño”,
ocultando asi la circunstancia común de explotación por la élite dominante.
Frente a lo que tradicionalmente ha constituido la clave del pensamiento
socialista, apartarse del planteamiento tradicional iluminista para el que los únicos
agentes colectivos eran las naciones y los Estados, el aspecto identitario
refuerza hoy al Estado y su carácter de clase. La división nativo/extranjero
respecto del trabajo cosifica las identidades basadas sobre la pertenencia
cultural y política y erosiona la lucha conjunta de las clases sociales
vulnerables, impidiendo recomponer un interés compartido. Sobre esta aproximación
se debería intentar por consiguiente construir discursos alternativos y
proyectos contrahegemónicos que se ofrezcan a la opinión pública como
instrumentos diferentes que examinen los retos por afrontar en este asunto.
IV
El centro del debate que quiere
plantear este pequeño libro de Lea Ypi es la recuperación de la noción de clase
y la existencia por tanto del trabajo como eje de la ciudadanía, alejada de la
perspectiva identitaria cultural, una vez que el “problema distributivo” ha
sido resuelto en términos opuestos a los que señalan los argumentos de la
derecha y la ultraderecha por cierto tan en boga en nuestro país. No aborda tampoco
un enfoque basado en la prevalencia de los derechos humanos o en la
universalidad del tratamiento a la persona humana como base de una regulación
abierta a los flujos migratorios. En definitiva, lo que da la ciudadanía es el
acceso al trabajo, su desempeño en concreto, la realización del derecho al
trabajo que promete nuestra Constitución como condición inseparable de ser “español”, es decir, de los ciudadanos de este
Estado- nación. La realización material del trabajo debe permitir a quien lo
presta el acceso pleno a los derechos individuales y colectivos que nacen de
esta actividad. No es suficiente por tanto la fórmula del art. 36 LOEX según la
cual la carencia de la autorización de residencia y trabajo, “no invalidará el
contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será
obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos
contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores
u otras que pudieran corresponderle”. El inmigrante “irregular” tiene derecho
de libre sindicación y derecho de huelga y la falta de autorización ya no anula
su contrato de trabajo lo que le permite desplegar sus efectos, pero “no podrá obtener
prestaciones por desempleo” ni tampoco afiliarse ni darse de alta en el Sistema
de Seguridad Social.
Sin embargo, el trabajo crea las
condiciones para adquirir derechos y estos tienen que ser compartidos por
aquellos que efectivamente realicen esta actividad, con independencia de la
nacionalidad que ostenten. Por ello el trabajo tiene que ser la base y la condición
de acceso en primer lugar a todos los derechos laborales y de protección social
conectados con el desempeño del mismo, con independencia del hecho
administrativo del que se deduzca un empleo “autorizado”. Es un objetivo político
importante también desde el punto de vista de la disuasión a los empresarios
para emplear irregularmente fuerza de trabajo inmigrante, sin perjuicio de la
infracción administrativa a la que este hecho pueda dar lugar.
Y es un objetivo importante que
no soslaya el problema cultural pero no considera que se deba “aislar”
políticamente este problema del general y común de la explotación laboral a que
se somete a inmigrantes y otros grupos vulnerables de personas trabajadoras nativas,
y que por tanto coloca al inmigrante en idéntica condición del trabajador
nacional en las dificultades para ejercitar el derecho a la vivienda, a la
sanidad o a la educación.
El trabajo así es la antesala de
la ciudadanía, la condición previa que se debe acompañar de la noción
intermedia de la residencia como forma complementaria. La atribución en
exclusiva a los ciudadanos españoles del derecho al trabajo (aunque a los
ciudadanos europeos se les facilite el acceso al trabajo o a otra actividad
económica con relativa facilidad y por tanto sea completamente diferente el
tratamiento de estas personas respecto de los “extracomunitarios”) debe entenderse
perfectamente conciliable con la atención prioritaria al trabajo como
distribuidor de derechos ciudadanos. Y la residencia a su vez permitirá acortar
los tiempos para adquirir la plena nacionalidad y por tanto los derechos
políticos, como prevé actualmente la demanda de referéndum en Italia para
rebajar de diez a cinco años de residencia el logro de la nacionalidad
italiana.
Reconstruir un discurso en torno
a las “fronteras de clase” que trascienda el que se fija en las fronteras nacionales,
es en estos momentos una prioridad para el pensamiento progresista y en
particular para el sindicalismo.
CONFINI DI
CLASSE. DISUGUAGLIANZE, MIGRAZIONE E CITTADINANZA NELLO STATO CAPITALISTA.
Lea Ypi. Feltrinelli editore. Milán, 2025. 75 pp. 10,00€
