viernes, 13 de junio de 2025

JOSE ENRIQUE SERRANO, PROFESOR UNIVERSITARIO


El martes 10 de junio fallecía, a causa de un tumor cerebral, Jose Enrique Serrano Martínez, “un servidor público ejemplar y hombre de diálogo", como señaló la Presidenta del Congreso al pedir un minuto de silencio en su honor, que fue jefe de gabinete de dos presidentes de gobierno, de Felipe González primero y de Jose Luis Rodríguez Zapatero después. Su carácter de “hombre de Estado” ha sido valorado en toda la prensa y en los diversos recuerdos que sobre su figura han tenido destacados dirigentes socialistas y de otras fuerzas políticas que tuvieron trato directo con él. Esta entrada sin embargo se quiere centrar en otro aspecto de su biografía que las noticias al uso no han podido resaltar, y es su condición de profesor universitario especialista en derecho del trabajo y de la seguridad social, y tiene una fuerte componente autobiográfica al coincidir con él durante toda esta primera etapa.

Si la memoria no me falla, cursé la asignatura de Derecho del trabajo en la Facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid en el año académico 1973-1974 cuyo titular era Manuel Alonso Olea. En aquella época era frecuente que acompañaran a los catedráticos los profesores ayudantes, y asi por las mañanas – la clase comenzaba a las 8,30  - junto con el titular de la asignatura venían a clase y se sentaban en la mesa Maria Emilia Casas, Jose Enrique Serrano y Joaquin Aparicio. Eran los PNNs – profesores no numerarios – cuya clara orientación antifranquista la conocíamos todos y a los que Alonso Olea les dejaba en alguna ocasión dar la clase en su lugar.  Desde ese año por tanto conozco a Jose Enrique Serrano (de ahora en adelante JES) y daría comienzo a una relación de amistad con mis tres profesores, afianzada al acceder yo en el curso 1975-1976 a una beca de formación de profesorado e ingresar en el Departamento de Derecho del Trabajo en la cátedra “rival” cuyo titular era Gaspar Bayón Chacón. Eran tiempos de lucha democrática en la que el movimiento estudiantil y el movimiento de los PNNs adquirieron un protagonismo evidente en el combate contra la dictadura, recrudecido tras la muerte del dictador en 1975. En el quinto piso de la Facultad, donde se encontraba el Departamento, coincidíamos todos los profesores con dedicación exclusiva y trabajábamos y debatíamos juntos tanto sobre la universidad y nuestra peculiar forma de estar en ella como sobre la política y la necesidad de crear las condiciones para una democracia social(ista) que pudiera establecerse en nuestro país tras la ruptura con la institucionalidad franquista.

JES era un investigador excepcional en derecho del trabajo. En aquella época la pesadilla de todos nosotros era la de empezar/acabar la tesis doctoral que supuestamente nos permitiría optar a una plaza “en propiedad”, dado que nuestros contratos administrativos de uno o dos años de duración tenían que ser continuamente renovados, en un proceso de precariedad estimulada institucionalmente. JES quería hacer la tesis sobre un tema teórico excepcionalmente importante, el interés de empresa, pero en aquellos momentos además (o con independencia de) la escritura de ese  primer trabajo de investigación que se suponía era la tesis doctoral, todos los iuslaboralistas publicábamos comentarios jurisprudenciales, escribíamos artículos y capítulos de libros y dábamos conferencias con independencia del tema sobre el que en principio deberíamos desarrollar la tesis. Discutíamos cada texto que íbamos a publicar, y valorábamos su funcionalidad en términos políticos. La crítica colectiva servía para enfocar mejor la versión definitiva. No creíamos en el talento individual ni nos preocupaba el impacto de lo que escribíamos cada uno de nosotros basado en el prestigio de las revistas o editoriales, por lo demás siempre las mismas en las que se podía hacer pública nuestra contribución.

JES tenía un protagonismo relevante en la asamblea de PNNs de la Facultad de Derecho y además daba clase en un colegio universitario en Segovia. Los PNNS manteníamos la reivindicación del contrato laboral como forma de inserción en las estructuras universitarias, rechazábamos la relación de servicio de la función pública. Queríamos ser definidos como trabajadores, dado que esa era nuestra percepción de la actividad que llevábamos a cabo: trabajadores de la enseñanza. Ligados por un contrato administrativo de carácter temporal a la UCM, sin embargo entendíamos que esta relación contractual debía ser sustituida por la relación laboral común en los colegios universitarios. JES dedicó un luminoso trabajo en el primer número de la Revista Española de Derecho del trabajo que Alonso Olea había creado en la editorial Civitas (1980) a intentar demostrar este tema criticando la deriva jurisprudencial que negaba la laboralidad de este personal. Una propuesta que le llevó asimismo a hacer huelga por los derechos laborales de este profesorado en el Colegio de Segovia y que culminó con su despido – y de Joaquin Aparicio como su sustituto – por participar en esta acción colectiva.

Los temas sobre los que JES escribía – aunque fura de encargo – tenían inmediatamente una enjundia teórica relevante. Asi sucedió con la dimisión del trabajador, en las lecciones que el Departamento organizaba comentando la Ley de Relaciones Laborales (1977), o con el abordaje de la titularidad y el ejercicio del derecho de huelga a partir del sujeto sindical en el libro que presentamos colectivamente a un premio del Centro de Estudios Constitucionales sobre la primerísima jurisprudencia constitucional (1983), pero ante todo el tema que eligió para las lecciones en honor a Bayón y Del Peso (1980) sobre el convenio colectivo de franja en el ordenamiento español, que fue un referente fundamental en cualquier estudio sobre esta unidad de contratación en adelante.

Como profesor universitario tenía una inmensa curiosidad por estudiar y aprender también de otras experiencias comparadas. Para toda nuestra generación, el iuslaboralismo italiano y en general el laboratorio de ideas que se estaba desplegando en Italia era terriblemente atractivo. Con él realicé un viaje para mí iniciático a Italia en septiembre de 1978 en el que compartimos experiencias y emociones varias, en un contexto en el que el debate ideológico italiano en la izquierda era muy cruento y en donde nuestra aproximación que podríamos llamar “movimentista” se confrontaba con la perspectiva radical de autonomía obrera y la emergencia de una situación insurreccional fallida y combatida institucionalmente de forma en muchas ocasiones brutal. Estuvimos en Perugia – una ciudad a la que JES volvería más veces y con la que tendría siempre un ligamen fundamental también a través de Luisella su profesora de italiano – y una mayor estancia en Roma, en la casa de familia de un diputado del PDUP, Giorgio Bonomi a cuyo través tuvimos relación con  Valentino Parlato y la gente de Il Manifesto. Recuerdo el retorno a Madrid en coche – creo que era un Ford fiesta azul – en el que pasamos la noche antes de atravesar la frontera de España. Nuestro aspecto debía ser tan sospechoso que el guardia civil nos obligó a abrir el portaequipajes del coche en donde su asombro fue mayor al comprobar que en él viajaba la colección entera de la revista Politica del Diritto que el funcionario interpretó como un solo libro repetido doscientas veces hasta que conseguimos sacarle de su error.

La gestión universitaria le ocupó a JES un largo espacio de tiempo. Fue vicesecretario de la Facultad con el primer decanato democrático de Aguilar Navarro (1977) vicedecano con Horacio Oliva y secretario general de la UCM con el rectorado progresista dirigido por Francisco Bustelo (1981). Organizó encuentros fundamentales que perseguían la construcción de una etapa universitaria constituyente, en donde se desplegó un debate en profundidad sobre la universidad que requería el sistema democrático. En esos momentos tan terribles la Facultad sufrió un ataque armado por parte de grupos fascistas frente al cual JES mantuvo una arriesgada actitud de enfrentamiento y con el golpe militar del 23 de febrero de 1981, estuvo con muchos de nosotros en la Asamblea de Facultad del día siguiente defendiendo la democracia frente a un nutrido grupo de lo que hoy se llaman ultraderechistas en aquel momento golpistas franquistas. La policía encontraría una lista de siete profesores – todos no numerarios - de la facultad que deberíamos ser localizados y previsiblemente “anulados” si el golpe triunfaba. Uno de ellos era, naturalmente, JES.

Es hoy complicado reproducir lo que en aquellos momentos implicaba estar en la Facultad de Derecho, donde JES invertía todas las horas del día y de la tarde, en un compromiso permanente con un proyecto universitario de servicio público exigente y participativo, con una influencia muy apreciable del movimiento de profesores no numerarios en la gestión y en la contratación de profesorado, y con una intervención activa del estudiantado tanto a través de las asambleas como mediante su participación en las muy coloridas Juntas de Facultad. Tantos amigos y amigas se deben acordar de aquellos momentos en los que la idea del servicio público y de la enseñanza como trabajo colectivo era compartida por esos sectores que nosotros considerábamos la punta de lanza de nuestra actuación, PNNs y estudiantes. Miguel Mora, Emilio Octavio de Toledo, María de la Válgoma, Fernando Sequeira, Javier Álvarez, Fernando Amérigo, pero también Juan Terradillos, Carmen Galán, Anabela Silva, Enrique Olivas, Lola Cid.

La capacidad de ordenar el aparato legislativo en materia laboral que iba segregando el cambio normativo a partir de la Constitución habría de ser asimismo una de sus preocupaciones más insistentes. La editorial Civitas le confió realizar un compendio legislativo sobre la regulación del trabajo, y, en colaboración con Marcial Sequeira y otros profesores primero, enseguida en solitario ambos, configuraron la Legislación Social Básica, un clásico en este estilo de códigos legales que llegó a tener 35 ediciones. En un más difícil todavía se atrevió con una Legislación sobre clases pasivas del Estado que nos dedicaría a Joaquin Aparicio y a mí. Más tarde, legaría toda la importante biblioteca de su padre, Serrano Guirado, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCLM, en Ciudad Real, en lo que entendimos que era un regalo para sus dos amigos catedráticos de Derecho del Trabajo en esa universidad.

A partir de 1987 inició lo que podríamos llamar su carrera política, en donde seguramente su experiencia de gestión universitaria le precedía como un dato positivo. Y ese es el tramo de su vida por el que más se le conoce, especialmente como jefe de gabinete de dos presidentes de gobierno socialistas en dos etapas diferentes, con el interregno asimismo de serlo del secretario general del PSOE, además de diputado en el Congreso en varias legislaturas. Era un hombre sólido y convencido de la necesidad de encontrar soluciones eficaces ante cualquier tipo de problema planteado e intervino en muchos acontecimientos siempre de manera discreta, sin dejar traza pública. Tenía un convencimiento profundo de que el Estado era un espacio de construcción del interés general al que debían cooperar las fuerzas políticas que representaran mayoritariamente las tendencias opuestas progresistas y conservadoras.

Tras la llegada de Aznar a la presidencia del gobierno, JES, que solo tenía como fuente de ingresos el salario de profesor asociado, exploró un terreno insólito, el de productor cinematográfico. No suele tampoco hablarse de esta aventura que no culminó exitosamente, pese a que el resultado fuera una muy digna La Luz prodigiosa de Miguel Hermoso, protagonizada por Nino Manfredi que a JES le encantaba recordar en uno de sus films favoritos, C’eravamo tanto amati, de Ettore Scola.

Pero ante todo JES ha sido siempre el amigo de aquellos tiempos de la universidad, a los que siempre ha mantenido una suerte de fidelidad y de lealtad. Con Maria Emilia Casas en tantos momentos y con Joaquin Aparicio y conmigo siempre mantuvo una relación de cariño y de complicidad. Sus cumpleaños veraniegos – el 25 de julio habría cumplido 76 años – durante mucho tiempo eran siempre un espacio amable de encuentros, y la celebración de su 60 aniversario resultó una enorme fiesta en la que pudo unir las diferentes etapas de su trayectoria vital. Hace diez años sim embargo, la enfermedad pulmonar que padeció le restringió mucho su capacidad de movimiento y de relación, pero siempre había tiempo para mensajes o, especialmente con Joaquin Aparicio, llamadas telefónicas para ponernos al día.

Con él desaparece una persona compacta, culta y amable, de una gran elegancia que simultaneaba con la sencillez en el trato humano, un tipo de político posiblemente en vías de desaparición ante el rumbo que ha adoptado nuestro espacio público en el que la prudencia y el respeto personal parecen haberse perdido definitivamente. Pero ante todo para quienes le conocimos y le quisimos, desaparece un buen amigo, una mejor persona. Que la tierra le sea leve.

 

 

 

 

 

 

 

miércoles, 11 de junio de 2025

LOS RESULTADOS DEL REFERENDUM EN ITALIA

 


El resultado de los cinco referéndums en Italia impulsados por la CGIL no ha conseguido su objetivo al no alcanzar el quórum requerido por la norma: el 50% + uno de las personas censadas para votar, lo que suponía haber logrado que votaran al menos 25 millones de personas. No ha sido así. Han ejercido su derecho electoral en torno a 14 millones de personas, un 30,5% de la población, un 29,8% si se tiene en cuenta el voto de los italianos e italianas del exterior. Es interesante analizar en detalle los resultados para posteriormente efectuar algunas consideraciones sobre este tema.

La primera variable analizada ha sido la territorial. Han votado más personas en el centro y en el norte de Italia, y ha habido más abstención en las regiones del sur y en las dos islas, Cerdeña y Sicilia. Casi han llegado al 40% Toscana y Emilia Romagna (39 y 38,5% respectivamente), seguidas de Liguria y Piamonte (35%), Marche, Umbria y Lazio (entre el 32 y el 31%). Sin  embargo, ha habido un pico abstencionista en el Trentino – Alto Adige (22,7 %) y una participación por debajo de la media nacional en Valle de Aosta (29%), el Veneto (26,2%) Friuli-Venezia- Giulia  y Molise (27%) . En general el sur, salvo la región de Basilicata (31%) se ha movido entre el 29,8% de Campania o Abruzzo, el 28% de la Puglia, al 23,7% de Calabria. En las islas, mientras que en Cerdeña se obtenía el 27,3%, en Sicilia se detenía en el 23%.

Por lo demás, el voto en las grandes ciudades ha sido mayor que en las pequeñas, pero salvo en alguna en la que se celebraba la segunda vuelta de las elecciones municipales, en ninguna se ha superado el umbral del 50% aunque se ha estado cerca (por ejemplo, en Bolonia, se ha llegado al 47,67%, en Turín el 42%). En cuanto a las franjas de edad, han votado fundamentalmente los menores de 40 años y los mayores de 60, las cohortes de personas entre 40 y 60  han sido las más abstencionistas. Y por género, las mujeres han votado más que los hombres (7% más).

La segunda variable es la distribución del voto en torno a las cinco preguntas planteadas a la ciudadanía. Es interesante observar que apenas hay variaciones en las cuatro primeras relativas al trabajo sobre la derogación de la Job Act y la fijación de topes indemnizatorios más altos en los despidos de las pequeñas empresas, los contratos temporales y la responsabilidad de las empresas principales en el caso de las subcontratas (un resumen de estas propuestas refrendarias se publicó en esta entrada del blog https://baylos.blogspot.com/2025/04/los-referendums-de-junio-en-italia.html) que han obtenido un consenso formidable, casi rayano en el 90% de las respuestas positivas con escasas diferencias entre ellas, aunque la que más síes ha obtenido ha sido la que implicaba reponer en el ordenamiento jurídico italiano la readmisión forzosa ante el despido ilegítimo.

Sin embargo, no ha sucedido asi con la quinta cuestión, que implicaba la reducción del tiempo de residencia a cinco años para obtener la nacionalidad italiana. Ahí el porcentaje de negativas a la pregunta ha alcanzado el 35% frente a un poco más del 65% que lo aprobaba. Las razones que se dan desde el posicionamiento político del Movimiento 5 Estrellas, que ha dado libertad de voto a sus militantes sobre esta cuestión, aunque Conte ha dado a entender claramente que él votaba por el sí, pero resulta interesante comprobar que la mayor parte de los votos favorables a reducir el tiempo de residencia para inmigrantes se han dado precisamente en barrios y zonas de alta presencia de inmigrantes, por lo que la repulsa a este tema se localiza más bien en las zonas residenciales urbanas en donde posiblemente las alarmas lanzadas por los grandes medios de comunicación y sostenidos por el gobierno que asocian inmigración y delincuencia han podido tener su influencia.

Lo que si es evidente es que el referéndum ha tenido desde el comienzo la hostilidad no solo de las organizaciones empresariales y de los agentes financieros – lo que en definitiva parecería coherente con el sesgo laboral y garantista de esta iniciativa – sino del gobierno en pleno y de las fuerzas políticas de derecha y ultraderecha que lo sostiene, además de la de otros grupos políticos denominados de centro – Calenda y claro está, el propio Renzi – que han optado no por batirse sobre el rechazo a estas preguntas y por consiguiente por integrar en el debate público las razones que avalarían el “no”, sino que, posiblemente conscientes de que el resultado de esta consulta les sería adverso, han optado por silenciarla en los medios de comunicación – en donde prácticamente no han existido debates ni siquiera noticas sobre el desarrollo de las campañas del sindicato por movilizar a la ciudadanía al voto, explicando su contenido – y por recomendar explícitamente a la población que no acudiera a votar.

Expresar explícitamente la desafección frente a la participación de la ciudadanía en la participación democrática directa a través de la emanación del voto personal y directo sobre la conveniencia de derogar leyes que resultan contrarias al interés colectivo tal como se expresa a partir de los resultados de la consulta, es evidentemente una opción política que atenta contra la cultura democrática y que pretende a la postre desinstalar el componente de la acción ciudadana de control de la actuación legislativa y sustituirla por un aislamiento de los individuos de su capacidad de intervenir directamente en la determinación de los intereses colectivos de los grupos en los que éstos se integran. Supone además avalar el desinterés cada vez más amplio de importantes sectores de la población que se desvinculan del mecanismo electoral y no participan en las convocatorias para la provisión de cargos electivos en el Estado, la Región o los ayuntamientos, demostrando una crisis fuerte del instrumento de representación.

En esta ocasión el gobierno italiano y las fuerzas políticas de la derecha y ultraderecha han atacado directamente el mecanismo de participación directa que la Constitución italiana prevé a través de referéndum derogatorio. Autoridades del Estado como el presidente del senado La Russa recomendó la abstención y la presidenta del Consejo de Ministros – que quiere que se le siga denominado en masculino, presidente – Meloni, afirmó que iría al colegio electoral pero no votaría. El mensaje era claro, “ir al mar”, despreocuparse de un debate político fundamental que resituaba la cuestión del trabajo en el centro del espacio público, porque ese tipo de problemas no interesan al común de los individuos que deben aprovechar el día de descanso semanal para su propio ocio o su negocio, no para intervenir sobre las decisiones que afectan a la generalidad de las personas que trabajan. Y a partir de ahí la respuesta política no se ha hecho esperar: hay que subir el número de firmas necesarias para solicitar un referéndum, no puede el Estado organizar estas consultas a capricho de organizaciones o de partidos que quieren retar al gobierno legítimamente constituido con mayorías parlamentarias estables, etc. sin que desde luego se piense en poder rebajar el quórum exigido del 50% que ya en algunas elecciones como las últimas europeas, no se alcanza.

El resultado ha sido por tanto la derrota de esta propuesta participativa que protagonizaba el sindicato. Una derrota de la que se enaltece el gobierno y los partidos que lo sostienen, que cuentan como voto de confianza el número de quienes no han votado. Y una derrota que sirve para que los adversarios de los dirigentes de las fuerzas políticas que apoyaron este referéndum exijan responsabilidades y cambio de política. En especial en el seno del Partido Democrático, donde se cuestiona el giro a la izquierda que ha llevado a cabo Schlein, dado que el Job Act fue precisamente una ley impulsada por el PD cuando el presidente del gobierno y del partido era Renzi, pero también en 5 Estrellas, donde el “frentismo” (relativo) de Conte es criticado por muchos de la vieja guardia (Beppe Grillo, el fundador histórico y luego garante del movimiento recomendó hacer una “parrillada” en juego de palabras con su apellido, en vez de ir a votar). Pero sobre todo representa una derrota para la CGIL, que es quien ha llevado la carga y la responsabilidad de organizar e impulsar el referéndum y la movilización posterior para conseguir su victoria. Y la figura de Landini como secretario general aparece por tanto en el centro de un posible ajuste de cuentas interno.

Pero, aun partiendo del fracaso del objetivo – que por otra parte era muy exigente, puesto que obtener el 50% se veía por los convocantes muy complicado, tanto por el enorme número de votos que habría que conseguir como por la fecha en la que se convocaba el referéndum, separado de otros procesos electorales como forma de evitar afluencia a las urnas convergente – lo cierto es que han votado más de 14 millones de personas, de las cuales 12 millones y medio – más de los que obtuvo la coalición de gobierno en las elecciones de septiembre de 2022 – lo han hecho afirmativamente a las propuestas de la CGIL. Un numero nada despreciable de consensos sindicales que desde luego desborda el círculo de afiliados al sindicato, y que se ha logrado fundamentalmente a base de una intensa movilización de asambleas en las fábricas, concentraciones  y encuentros, sin que como se ha dicho se pudiera contar con el apoyo de los medios de comunicación. Ha sido realmente el músculo del sindicato y su capacidad de atracción de relevantes  exponentes de las fuerzas políticas, lo que ha generado un importante efecto de compromiso popular ante una situación de malestar social muy extendida. No se trataba de un voto político para acabar con el gobierno, pese a que esta ha sido la interpretación que desde el poder se ha dado, sino como una forma de corrección y desautorización de normas  nacidas de una ideología neoliberal que deberían ser eliminadas, y que la actual correlación de fuerzas parlamentarias lo impedía. A la sensación de hallarse frente a una verdadera comunidad social comprometida con el cambio se refieren algunos partidos como la Alianza Verde y de Izquierdas entendiendo que esos doce millones y medio de personas posibilitan la construcción de una masa popular con la que comenzar a discutir sobre un futuro democrático que tenga en su centro la regulación del trabajo en clave emancipatoria y garantista.

El papel que ha desempeñado el sindicato en la conducción del referéndum debe ser también oportunamente revalorizado. Ha demostrado ser un sujeto en plenitud de acción, con presencia en un espacio público propio, generado a partir de la acción colectiva, con incidencia plena en una ciudadanía cualificada por su posición subalterna a través de la prestación de trabajo asalariado como forma de vida. Es el representante general del trabajo asalariado, desde las situaciones de precariedad hasta quienes están retirados del mercado percibiendo una pensión, garantizando a todas y todos la defensa y la garantía de sus derechos. Se discutió mucho en los órganos de dirección de la CGIL sobre si era conveniente asumir directamente esta posición tan activa en el plano de la participación democrática directa, es decir si era conveniente la reivindicación tan directa del sindicato como sujeto político. Pese a que no ha logrado su objetivo final, es evidente que la presencia real del sindicato como sujeto social que actúa en el espacio público y que lidera un programa de reformas decisivas en materia de trabajo debe valorarse como un paso adelante, y sin duda los efectos beneficiosos de su movilización se verán reflejados también en el plano político electoral del futuro.

 

 

 

 

 

 

 

 


martes, 3 de junio de 2025

ALGUNOS DATOS SOBRE OCUPACIÓN Y DESEMPLEO EN ESPAÑA: MAYO 2025. DIAGNÓSTICO Y OBSERVACIÓN

 


Son datos bien conocidos, pero sin embargo no bien informados. El significado de estas cifras queda perdido entre tantas narraciones sobre lo que para tantos medios de comunicación  - periódicos, emisoras de radio y televisiones - empotrados en el poder económico y subsidiarios de la derecha gobernante especialmente en el ecosistema mediático madrileño no es sino una nota discordante en una narrativa en la que el espacio de la política se puebla de todos los elementos de abyección y corrupción imaginables protagonizados por eximios representantes de un gobierno al que se presiona también en la calle el próximo 8 de junio.

Y sin embargo no es un mero hecho discordante, sino que afecta realmente a los fundamentos de la sociedad y de la democracia, puesto que el sistema constitucional español – aunque para muchos comentaristas de cierto renombre en la derecha la Constitución se reduce a su artículo 5, sobre la capitalidad del estado en la villa de Madrid – está basado en ser un estado social y de derecho, comprometido en la lucha contra la desigualdad económica, social y cultural, en la que proporcionar trabajo digno para todas y todos sus ciudadanos conforma su razón de ser. El trabajo es la base que permite ejercer a la ciudadanía una buena parte de sus derechos básicos, garantizando la seguridad de su existencia.

Acostumbrados sin embargo a la marea de cifras, y sin olvidar que son muchos los supuestos expertos que practican el negacionismo macroeconómico si los datos no se corresponden con sus predicciones, los últimos disponibles sobre la evolución del empleo en el mes de mayo de 2025, conocidos ahora a inicios de junio, permiten emitir un diagnóstico y alguna observación de futuro.

Primero reiterar los datos, que provienen de la página oficial del SEPE

El número de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha reducido en 57.835 personas respecto al mes anterior (-2,30%). El paro registrado se ha situado, de esta manera, en 2.454.883 y rebaja la barrera de los dos millones y medio por primera vez desde julio de 2008. Este hecho es el que ha marcado los titulares de varios periódicos. La rebaja de la cantidad de personas desempleadas que se tenía en junio de 2008, en los albores del crack de aquel año que dio lugar a la crisis financiera del 2010 y a las políticas de austeridad en el ciclo 2010-2013.

Yendo al detalle, por sectores económicos, el paro desciende en todos los sectores económicos en el mes de mayo. De esta manera se reduce en Servicios en 42.930 personas (-2,36%), en Construcción en 5.562 personas (-2,99%), en Industria en 4.574 personas (-2,35%) y en Agricultura en 2.259 (-2,77%). También el colectivo Sin Empleo Anterior registra 2.510 personas en paro menos (-1,07%). Y por sexo y edad, el desempleo femenino se redujo en mayo en 29.066 mujeres (-1,92%) y el total de desempleadas se queda en 1.486.421, su cota más baja desde octubre de 2008. El masculino rebaja la barrera del millón de desempleados y se sitúa en 968.462 al descender en 28.769 personas (-2,88%) en relación al mes de abril. Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de mayo en 6.426 personas (-3,62%) respecto al mes anterior. El total es 171.003, la cifra más baja de la serie histórica en este colectivo. Por otra parte, las comunidades autónomas donde más desciende el paro son Andalucía, Madrid y Cataluña, por ese orden.

Por otra parte, el número total de nuevos contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 1.328.983. De ellos, 552.697 contratos de trabajo tienen carácter indefinido. Representan el 41,59% de todos los contratos en la nueva tónica de estabilidad en el empleo. Hay que tener en cuenta que el récord de personas trabajando se da en un contexto de reducción inédita de la temporalidad, subida de los salarios mínimos y de la retribución media de asalariados, mejora de la productividad por hora trabajada, así como de los saldos exteriores de la economía española.

Finalmente, en cuanto al desempleo, las personas beneficiarias existentes a final del mes fueron 1.515.513, y por tanto la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de abril de 2025 ha sido del 74,06%. Son 20 puntos porcentuales más que hace una década. La inversión total de abril de 2025 ascendió a 1.944,5 millones de euros. Eso implica la existencia de un gasto social que tiene que ser sostenido no solo con las contribuciones sociales sino mediante impuestos. Una protección del trabajo que proviene justamente del reconocimiento de ese derecho al trabajo que efectúa el art. 35 CE y reitera el art. 41 CE mediante el compromiso de regular las situaciones de necesidad y específicamente el desempleo como objeto del sistema de seguridad social.

Por otra parte, el número de afiliados medios a la Seguridad Social se situó en 21.784.375 cotizantes, nuevo máximo histórico, aunque el sistema logró rebasar por primera vez los 21,8 millones entre el 19 y el 29 de mayo. Y otro máximo histórico se logra con los 10.328.015 mujeres afiliadas a la Seguridad Social.

A continuación el diagnóstico:

Este panorama de crecimiento del empleo y reducción en paralelo del paro es fruto de una actividad política que ha apostado por la estabilidad y la permanencia en el empleo, generando instrumentos de ajuste temporal frente a las crisis, y propiciando un cambio normativo de enorme importancia mediante el RDL 32/2021 de reforma laboral, incidiendo sobre la contratación temporal en los términos ya conocidos, logrando reducir la tasa de temporalidad en el sector privado a niveles europeos y simultáneamente fortaleciendo la capacidad de crear empleo indefinido en las contrataciones que se efectúan cada mes, sin el efecto de sustitución y de rotación de la mano de obra que caracterizaba la estructura de nuestro “mercado de trabajo”.

Este marco institucional y su despliegue efectivo a lo largo de tres años y medio es, sin duda alguna, una conquista muy importante para la mejora de las condiciones de la gente trabajadora, y es importante no darla por descontado ni asignarle una condición secundaria en el análisis – y en la narración – político. Su empuje nació fundamentalmente de la parte tricolor del gobierno de coalición – rojo, morado y verde – y tomó cuerpo en el Ministerio de Trabajo y Economía Social en torno a la figura de Yolanda Díaz.

Reivindicar estos datos hoy como la consecuencia directa de ese proceso de cambio normativo implica reivindicar una conquista real y práctica del movimiento obrero, más allá de los horizontes que legítimamente tienen las fuerzas de la izquierda y los sindicatos de reducir los márgenes de la explotación en el trabajo y que se proyectan sobre el futuro no tan inmediato. Es importante en efecto entender que el proceso de reformas no se detiene en aquel momento – como sin embargo parece decir el empresariado español – que por el contrario se trata de una primera fase que requiere nuevas fronteras, como la reducción del tiempo de trabajo ahora, la reforma del despido posteriormente. Y anualmente, desde luego, la renovación del salario mínimo. Pero sin necesidad de mantener “ojo en camino y ojo en lo porvenir” para evitar al final extraviar la mirada como en la canción de Silvio Rodriguez, hay que empujar hacia el futuro siendo consciente de que ese impulso se apoya fundamentalmente en lo logrado a través de la estabilidad y crecimiento del trabajo en todos los sectores y territorios.

La estabilidad en el empleo y la disminución del desempleo es un caudal de éxitos que se debe ligar a una política expansiva de reconocimiento y ampliación de derechos, frente a las recetas neoliberales  - e iliberales - que caminan en una dirección plenamente opuesta. Es además un elemento cargado de positividad que permite su exhibición también fuera de nuestras fronteras, como una experiencia normativa victoriosa que puede ser alegada como ejemplo para otras iniciativas políticas convergentes. El Congreso Internacional celebrado en Madrid en noviembre de 2024 para dar salida a una Carta Global de Derechos laborales se inscribía en estas coordenadas de aprovechamiento internacional de un recorrido reformista que había dado resultados muy favorables.

Y finalmente la observación.

En la jerarquía de valores en las que se mueve la acción política reformista, suele producirse un cierto efecto péndulo, de manera que agotada o satisfecha una primera reivindicación, se pasa a otras diferentes para seguir alimentando la imagen del reformismo como una actividad ininterrumpida de cambio permanente sobre todas las dimensiones de lo social, posiblemente manteniendo incólume los fundamentos de lo económico basados en el dominio de la empresa y el mercado. En gran medida este movimiento traslativo suele querer centrarse en el espacio de la ciudadanía y de la universalidad de los derechos sin considerar la posición social o el nivel de renta del sujeto, lo que atrae la discusión política y propicia el debate entre las diversas aproximaciones al proyecto reformista. Esta discusión es interesante y las propuestas convenientes, pero la base material de una política de crecimiento de derechos sigue siendo la capacidad de la economía nacional de proporcionar empleo seguro y de calidad cada vez a más miembros de las personas que residen y quieren desempeñar un trabajo en nuestro país. Por tanto, revalorizar ese hecho, por más que el origen del cambio normativo no tenga la actualidad que exige la narrativa del momento, es sin embargo algo fundamental para reapropiarse políticamente de un hecho social decisivo para cualquier intento de cambiar las cosas a mejor, de mejorar la vida de la gente.

 

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sábado, 31 de mayo de 2025

EL PULSO DE LA PATRONAL CONTRA LA REDUCCIÓN DE JORNADA

 


Vivimos tiempos oscuros. El irresistible ascenso de los Arturos Ui que ocupan cargos de enorme responsabilidad y que se comportan como personajes violentos que desprecian las convenciones civilizatorias más básicas llena las primeras páginas de los periódicos y los titulares de los diarios televisivos. El comportamiento genocida y criminal de Israel en Gaza, la construcción final de un estado colonial en el que se impone el apartheid y el exterminio del pueblo palestino como nueva encarnación de Amalec, el pueblo nómada que representa el mal, la oscuridad y la oposición a Yahvé – “borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo, no lo olvides” -, no solo es ampliamente aceptado por la mayoría del pueblo israelita, sino que es plenamente respaldado por la gran potencia mundial estadounidense y goza de la complicidad activa de importantes gobiernos europeos, aunque las ultimas masacres de niños, escuelas y hospitales y la privación de alimentos a la población haya hecho vacilar a algunos de estos Estados. En muchos, la ciudadanía ha tomado las calles, antes y ahora recientemente. El último, Italia, donde se prepara una gran manifestación el 7 de junio en Roma convocada por las tres grandes formaciones políticas de la oposición, Partido Democrático, Movimiento 5 Estrellas y Alianza Verde e Izquierda (AVS) para protestar contra esta masacre y ser solidarios con el sufrimiento terrible del pueblo palestino. Sigue la guerra en Ucrania sin visos de alto el fuego y la zarabanda de los aranceles norteamericanos y la desinstalación de la circulación libre de mercancías en el mercado global sigue su curso errático.

¿Y en España? Dicen que preguntado Andreotti por la política española contestó “Manca finezza”. Y era en 1977, figurémonos lo que opinaría hoy en día. La rudeza y la grosería de los políticos del PP y de Vox compiten entre si a ver quien alza el listón más alto en descalificaciones, injurias e imputaciones de delitos. Los medios de comunicación afines – la gran parte de ellos concentrados en el ecosistema madrileño – rebosan de filtraciones e historias que se encabalgan entre ellas y cuya comprensión es cada día más inescrutable salvo para iniciados. La última por el momento convocatoria de manifestación antigubernamental obliga a elegir entre mafia y democracia, siendo la mafia y el “padrino” el presidente del gobierno, que nada en “los bajos fondos” como señala el siempre activo ex presidente Aznar. El debate político – lo que los medios asocian con este espacio de discusión – se puebla de gritos y de ruido ambiente, entre acusaciones de corrupción, filtraciones clandestinas, regurgitación de improperios y el uso continuo en todas direcciones de la palabra cloaca. En ese escenario, los temas centrales que realmente importan, la posibilidad de introducir medidas que cambien la vida de la gente y en especial de las personas trabajadoras, se desdibujan o sencillamente desaparecen, engullidos por el torbellino de la escatología del fin de los tiempos que pregonan las derechas y aventan los medios de comunicación y los creadores de opinión anexos.

Esto es lo que sucede con la reducción de la jornada laboral. Debe recordarse que tras once meses de negociación tripartita, y luego del rechazo al acuerdo de las asambleas de CEOE y CEPYME en noviembre de 2024, se logró llegar a un pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, que sin embargo chocó con el área de economía del gobierno que se oponía a este proyecto normativo asumiendo la posición contraria de la patronal española. La vicepresidente segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, logró imponer su posición y el proyecto, tras lograr el voto favorable del Consejo Económico y Social, aprobó finalmente a primeros de mayo, el proyecto de ley que se ha enviado al Congreso para su tramitación.

El asociacionismo empresarial ha convertido este tema en la piedra de toque de su poder real en la toma de decisiones del gobierno en materia laboral. Viene a señalar que sin su firma o consenso, ninguna norma importante laboral o social puede salir adelante. Y especialmente las normas laborales que provienen del Ministerio de Trabajo, que tiene una agenda real de cambio político en las relaciones de trabajo. En esta coyuntura la CEOE quiere exhibir su músculo y poder, imponiendo su negativa categórica a la posibilidad de que se reduzca la jornada semanal de trabajo por ley, exigiendo que esta reducción se vaya haciendo, en su caso, a través de la negociación colectiva. Lo ha dicho la cúpula empresarial, lo han repetido dirigentes territoriales, tanto catalanes como vascos, que se suponen influyentes en los partidos nacionalistas e independentistas de ambas comunidades, y lo han reiterado las patronales de sector más afectadas, como la hostelería, los agrarios, las grandes superficies.

El objetivo de la patronal es la aprobación de una enmienda a la totalidad del proyecto, lo que implicaría la derrota política del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos que avalan el acuerdo de diciembre de 2024. Son conscientes de que la reivindicación de la reducción de jornada es un elemento querido por el 75% de la población, pero este hecho demoscópico no les interesa, puesto que no sufren las posibles consecuencias negativas que de su fracaso se pudieran derivar en un plano, el electoral y partidista, en el que ellos no se juegan nada. La apuesta es por consiguiente la de unir los votos de Junts, el partido independentista catalán, a los de la derecha y la ultraderecha, que están decididamente comprometidos en este objetivo de impedir cualquier norma de progreso en materia de relaciones laborales y de protección social.

El espacio en disputa es ahora el de las aritméticas parlamentarias, y el primer obstáculo más relevante será por tanto la propia subsistencia del proyecto de ley, cuya aceptación no está por el momento garantizada, ante las continuas declaraciones de Junts indicando que presentarán una enmienda a la totalidad de ese texto. Lo que es especialmente interesante para el observador externo es que la CEOE, que ha logrado imponer a su candidata en la CEPYME frente a su antiguo presidente, escorado hacia la ultraderecha con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aseverado en un comunicado hecho público hace dos días que quieren “alzar de nuevo la voz en contra de la aprobación del proyecto de Ley para la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, por los graves perjuicios que va a ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo”, además de “en la vida de los ciudadanos en forma de peor oferta de bienes y servicios o de un aumento de sus precios”, por lo que hacen “un llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas españolas”.

La ofensiva patronal, con tintes dramáticos y análisis económicos sesgados y errados, como se puede fácilmente demostrar no solo de la memoria económica que acompaña al proyecto de ley (https://expinterweb.mites.gob.es/participa/listado/download/b91c2951-eb6a-4e1c-a533-8db927e15fd3)  , sino mediante la atención al observatorio de márgenes empresariales y en general a cualquier estudio sobre el exorbitante incremento de los beneficios empresariales tras la pandemia y en la actualidad. La oposición radical a la norma tiene que ver con su proyecto de dominio y posiblemente la necesidad de castigar la deriva progresista del poder público que es capaz de llegar a acuerdos con los sindicatos sin estar condicionados por la capacidad de veto de la CEOE.

El campo del conflicto se despliega por tanto en dos fases. Una primera, de carácter radical, en la que se tiene que lograr que el proyecto de ley sea admitido a trámite. Este es el momento actual, y sobre el que el movimiento SUMAR quiere volcar su capacidad de movilización los días 14 y 15 de junio, con presencia en las calles, lista de firmas, etc. Pero además de la movilización política y ciudadana, sería importante asimismo una movilización sindical, dado que CCOO y UGT son partes firmantes del acuerdo que ahora se encuentra en grave peligro de ser rechazado por la mayoría del Congreso, más allá de las convenientes declaraciones públicas de los dirigentes sindicales en favor del mismo. Es cierto sin embargo que para cualquiera que conozca el funcionamiento de los sindicatos, es inevitable que en vísperas de la celebración de un Congreso, cualquier movilización sindical sea prácticamente imposible, y el 13 Congreso confederal de CCOO tendrá lugar del 19 al 21 de junio en Madrid. Por tanto, la tramitación del proyecto coincide con el Yom Kipur de este sindicato, lo que debilita su capacidad de respuesta y allana por consiguiente las posibilidades de éxito del gran empresariado español en su presión sobre los terminales políticos de sus grupos económicos.

Si, como pretende el Ministerio de Trabajo y sería plenamente razonable, se supera la primera fase, entonces se entra en la negociación de los contenidos (y de las contraprestaciones) para que la reducción de jornada siga adelante. En este segundo nivel hay más actores en juego. Y ya se manejan algunas tendencias, fundamentalmente en cuanto a compensaciones económicas para las pequeñas empresas, pero seguramente donde se centrarán las reivindicaciones patronales será en obtener una mayor facilidad en la ordenación unilateral de la jornada anual, el reconocimiento de bolsas de horas complementarias o la posposición de la entrada en vigor de la limitación legal a cambio de algunas orientaciones favorables a la misma asumidas en la negociación colectiva. También se habla de incorporar algún elemento que controle el absentismo laboral, una persistente reivindicación patronal que en los últimos tiempos ha vuelto a ganar actualidad. Y hay algunas propuestas que se han alineado con los intereses empresariales pensando en esta fase de enmiendas. Sin ir más lejos, la propia Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en su Congreso de Valencia celebrado los días 29 y 30 de mayo de 2025 ha propuesto la disponibilidad de la limitación legal de jornada máxima por la autonomía colectiva o por contrato individual como una fórmula alternativa a la imperatividad propuesta en la ley.

Pero todavía la partida está por jugar. Y el pulso entre el asociacionismo empresarial y la alianza entre el poder público y los sindicatos más representativos se mantiene y se acentúa conforme se acerca el día en el que el Congreso deberá tramitar el proyecto de ley de reducción de jornada. Sin embargo, la información pública que se ofrece a la ciudadanía sigue extraviada entre el ruido ensordecedor de acusaciones mutuas, amenazas, improperios y supuestas exclusivas a partir de conversaciones filtradas o infiltradas que impide que la gente común cobre conciencia que mientras tanto se debaten cuestiones que son verdaderamente importantes para su existencia cotidiana. Ojalá se pueda despejar esta atmósfera asfixiante y comencemos a discutir sobre la verdadera política, la que cambia la vida de las personas y de los colectivos en los que éstas cobran sentido como sujetos dueños de su propia acción.

 

 


viernes, 30 de mayo de 2025

SE AVECINA LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS

 


Al finalizar la legislatura anterior en el Parlamento europeo, estaban muy avanzadas las negociaciones para modificar la Directiva sobre Comités de Empresa Europeos. En este blog se dio cuenta del acuerdo alcanzado, con la participación importante de la diputada Maria Eugenia Rodriguez Palop en este asunto. (https://baylos.blogspot.com/2024/04/la-reforma-de-la-directiva-sobre.html), Tras las elecciones de junio de 2024 y la nueva composición del Parlamento y de la Comisión, había fundadas dudas sobre la subsistencia de esta iniciativa, y de hecho las posiciones de las tres partes concernida estaban muy alejadas. Sin embargo, como informa  EWC Academy, hay buenas perspectivas para que finalmente se apruebe un texto ante el acuerdo definitivo del trílogo. A continuación se publica la traducción de la nota que esta institución ha publicado en su boletín nº 2 de 2025 (EWC Academy ewc@workscouncil.eu)

Tras una larga reunión celebrada por la noche, el acuerdo definitivo se alcanzó en las primeras horas del 21 de mayo de 2025 (en la foto, el reloj del fondo marca exactamente la 1:40). Las negociaciones tripartitas con representantes del Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea comenzaron el 6 de febrero de 2025, con posiciones muy distantes (véase el  rapport dans EWC-News 1/2025 ). El acuerdo provisional sobre el texto de la nueva Directiva sobre los CEE supone un éxito para el Parlamento Europeo y los sindicatos. Según las estimaciones de los participantes en las negociaciones, han conseguido que se acepten el 80 % de sus reivindicaciones.

 La Comisión Europea ya había presentado el proyecto de ley para la revisión de la Directiva sobre los CEE en enero de 2024 (véase rapport dans EWC-News 1/2024). Todos los puntos importantes que contenía se han incluido en la versión final, en algunos casos con pequeñas modificaciones de redacción. Las nuevas regulaciones más importantes son las siguientes:

     En el futuro, habrá dos reuniones plenarias al año, presenciales. La reunión solo podrá ser híbrida o por videoconferencia si el Comité de Emprea Europeo da su consentimiento explícito (derecho de veto).

    Sigue sin haber un plazo para la aplicación de los procedimientos de consulta, a diferencia del comité de empresa nacional en Francia (véaserapport dans EWC-News 1/2014) .

    Los expertos del Comité de Emprea Europeo pueden ahora participar en todas las reuniones con la dirección y ya no pueden ser excluidos. Esto afecta especialmente a las empresas estadounidenses.

 En el futuro, los costes de los procedimientos judiciales siempre correrán a cargo de la empresa, lo que forma parte integrante de cualquier sistema de comité de empresa. En algunos países aún no se ha aclarado esta cuestión. Además, todos los países de la UE deben comunicar a la Comisión Europea las vías de recurso previstas en la legislación nacional sobre los Comités de Empresa Europeos. Esto debería evitar en el futuro problemas como los que se han producido en Irlanda (véase rapport dans EWC-News 2/2022).

    En el futuro, todos los costes razonables de los expertos, incluidos los expertos jurídicos, deberán ser sufragados por la dirección central. Se suprime la limitación a un solo experto.

    Todos los acuerdos «voluntarios», celebrados por primera vez antes de septiembre de 1996, deben ajustarse a la nueva Directiva sobre los Comités Empresa Europeos. Para ello, el plazo de negociación es de dos años. Si estas negociaciones fracasan, ya no existe la amenaza de disolución del Comité, sino se aplican inmediatamente las disposiciones subsidiarias (Comité de Empresa Europeo  «por fuerza de ley»).

    La clasificación de la información como «confidencial» estará ahora sujeta a criterios objetivos y a una fecha límite en la que finalizará la confidencialidad.

    Si no se respeta la cuota de género del 40 % de los puestos en el Comité de Empresa Europeo, deberá justificarse ante el personal.

 Aspectos negativos

 El Parlamento Europeo y los sindicatos no han conseguido que medidas como los despidos colectivos puedan ser suspendidas temporalmente por los tribunales en caso de incumplimiento de la legislación sobre los Comités de Empresa Europeos. Del mismo modo, las multas no se han armonizado con el Reglamento General de Protección de Datos. Por el contrario, cada país de la UE debe fijar por sí mismo el importe de las multas, lo que puede dar lugar a una carrera a la baja y a conflictos judiciales. Otro aspecto negativo es el largo período de aplicación de tres años antes de que las nuevas normas entren plenamente en vigor.

 Próximos pasos

 El resultado de las negociaciones tripartitas aún debe ser adoptado formalmente. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo votará el 5 de junio de 2025, y el pleno probablemente lo hará el 19 de junio de 2025. El Consejo de Ministros ha incluido la nueva Directiva CEE en el orden del día de su reunión de los días 19 y 20 de junio de 2025. No se requiere unanimidad, por lo que no es necesario que todos los países de la UE den su aprobación. Si se cumple este calendario, la nueva Directiva CEE podría entrar en vigor en julio o agosto de 2025.

Tiempo habrá de ver en detalle el tipo de modificaciones de un texto que ha demostrado su relevancia en el gobierno de las relaciones laborales de las empresas transnacionales de dimensión comunitaria y que ha influido directamente en la experiencia de los llamados Acuerdos Marco Globales entre las federaciones sindicales globales y las empresas transnacionales y las cadenas de valor. En el lado negativo sin embargo, se encuentra el proceso de revisión que el llamado paquete ómnibus está intentando llevar a cabo de las dos directivas importantes sobre diligencia debida e información no financiera de las empresas transnacionales. Este tema, y la atención al contenido de la renovación de Plan de Acción del Pilar Social Europeo, pospuesto al último trimestre de este año 2025, son aspectos negativos que deberemos seguir muy de cerca en esta bitácora.

 


jueves, 29 de mayo de 2025

FRONTERAS DE CLASE. UN DEBATE SOBRE INMIGRACIÓN Y TRABAJO

 


El libro de Lea Ypi, publicado por la editorial Feltrinelli en su colección "Ideas" es un texto breve que plantea cuestiones interesantes sobre uno de los debates que actualmente más caracteriza el debate político europeo e internacional: el rechazo a la inmigración por parte de los países ricos. Criminales y delincuentes, tambien terroristas, en el discurso de Trump, elementos nocivos para la democracia que amenazan con romper la comunidad nacional para Starmer en el Reino Unido, carga insoportable para la Unión Europea, que sin embargo supo acoger con prontitud a los refugiados e inmigrantes de la invasión y guerra de Ucrania. La autora, Lea Ypi, es albanesa de origen, graduada en Roma y ahora enseña filosofía política en Londres (LSE) y en Berlín. Su libro más conocido, traducido al español es “Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia” que contiene su biografía desde la caída del régimen comunista de Albania[1].



[1] Ver la crítica en The Guardian a la aparición del libro en el 2021: https://www.theguardian.com/books/2021/oct/28/free-by-lea-ypi-review-a-memoir-of-life-amid-the-collapse-of-communism . Hay traducción también al francés y al italiano.

 

I

Lo interesante del libro que ahora se recensiona es la reivindicación de la perspectiva de clase en el análisis que frente a la inmigración ofrecen tanto la derecha o la ultraderecha como las fuerzas políticas progresistas. Para la autora, la fractura real no pasa por la condición de nativos o de extranjeros, sino entre quienes tienen derechos y recursos y quienes son sistemáticamente privados de ellos. Se señala que en las sociedades aparentemente más democráticas, la ciudadanía asume las condiciones de una mercancía, se compra, se hereda y se concede. No es accesible a todos. La izquierda por su parte está perdida en narraciones identitarias y en discursos sobre la cultura nacional, lo que le hace no comprender lo que históricamente constituye su tarea fundamental: organizar la solidaridad de clase.

El libro publicado por Feltrinelli recoge tres textos de la autora, los dos primeros datan de 2018 y el último de 2022. Se abre con “Once tesis sobre la ciudadanía en el Estado capitalista, donde resume esta visión de clase de manera esquemática y eficaz, sigue luego el que en su versión original se denominaba “Fronteras de clase”, y aquí es rebautizado como “Clase social, migración e integración” y el último de los textos es el más reciente y extenso, “Inmigración, solidaridad y clase social”, que se traduce como “La izquierda entre solidaridad cívica y conciencia de clase”.

Como en un tiempo pasado, cuando la ciudadanía dependía de la propiedad y del dinero, hoy también sucede lo mismo en un mundo global en el que quienes tiene capacidad de invertir o una alta cualificación laboral pueden acceder sin problemas a la condición e ciudadano de un país rico. La explotación del trabajo es alimentada por una concepción étnico-cultural de la ciudadanía, mientras que a los trabajadores inmigrantes se les niega la participación política.

Las políticas actuales de ciudadanía refuerzan el carácter de clase del Estado a la vez que la marginación estructural de los grupos sociales vulnerables. De una ciudadanía potencialmente abierta a todos, hemos pasado a la época de una ciudadanía restrictiva, para unos pocos, una mercancía que se vende, se intercambia y hace que la idea de la democracia sea una promesa vacía. Por lo tanto para la autora el renacimiento de la política democrática exige no imponer restricciones a la inmigración, evitando la degeneración del ideal universal de la ciudadanía convirtiéndolo en un instrumento de opresión de las minorías.

II

No sigue esa orientación el curso de los tiempos. El breaking point o el punto de ruptura del Brexit lo supuso el rechazo a la circulación de personas y la llegada de inmigrantes aprovechando la porosidad de la frontera europea. Se decía “hay que retomar el control de nuestras fronteras”, una consigna que lamentablemente hoy ha recuperado K. Starmer, primer ministro laborista, en sus declaraciones del 15 de mayo de 2025. Recuperar el control de las fronteras “para que no seamos una isla de extraños”, un concepto que se opone a “un país en el que caminemos juntos hacia adelante” y en donde “integrarse y aceptar los valores de nuestra sociedad es imprescindible”.

El argumento más utilizado desde la derecha y ultraderecha sobre el que pivota ese “controlar las fronteras” – y que también es aplicable a la política europea de restricción del derecho de asilo y de controlar los flujos migratorios impidiendo el acceso a la Unión Europea con el concurso imprescindible de los países ribereños del Mediterráneo, desde Turquía y Libia a Marruecos y Mauritania – es lo que Ypi llama la “preocupación distributiva”. Es decir, los inmigrantes compiten con los nativos por el trabajo, la vivienda, el acceso a la sanidad y a la educación. De esta manera hay que regular el flujo de entrada para mantener los niveles y estándares de protección de los servicios públicos del Estado de Bienestar. Se trata de argumentos falaces, desmontados por los estudios empíricos, que obvian la específica dimensión e clase de estas preocupaciones. Las críticas a la libertad de movimiento solo atienden a los inmigrantes pertenecientes a particulares clases o grupos sociales, no a los altamente cualificados. El discurso distributivo quiere presentar la competencia entre nativos pobres de la clase trabajadora e inmigrantes pobres.

En los estudios empíricos efectuados los inmigrantes son un recurso para el Estado, no una carga. Allegan contribuciones a la Seguridad Social e impuestos a Hacienda, colman carencias de los puestos de trabajo, compensan la caída de la tasa de fertilidad en los países ricos y contribuyen al desarrollo del capital humano de las sociedades que los acogen. La regularización de inmigrantes que se efectuó en España en el 2005, donde más de 600.000 inmigrantes pudieron regularizar su posición, como la que se pretende llevar a cabo ahora para los inmigrantes presentes en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025, se basan en este tipo de argumentos beneficiosos para los ingresos del Estado y la cobertura de puestos de trabajo no queridos por los trabajadores nativos.

Despejado este tema, subsiste el de las preocupaciones culturales, la “isla de extraños”. Se prevé un “pseudo contrato” entre nativos y nuevos miembros que llegan a la comunidad sobre la aceptación de una cultura política compartida (tests lingüísticos, puntos de referencia culturales, etc.). Una propuesta de construcción de lealtades comunes que sin embargo son frecuentemente objeto de conflicto entre los propios nativos (por ejemplo, aceptar como símbolo de pertenencia común la existencia de un crucifijo en las aulas, que una perspectiva laica rechaza). Lo que este enfoque persigue es que el conflicto político de base se reconduzca a un conflicto de identidades de manera que otras formas de desacuerdo político de silencien o sean desatendidas.

Estos mecanismos de comprobación de la competencia cívica evocan la época en la que eran utilizados para limitar el derecho de voto a determinadas categorías de personas que residían en el territorio nacional, impidiendo el carácter universal del sufragio. Habría que derogarlos para los residentes de larga duración como obstáculos a la plena ciudadanía.

III

El dilema de los progresistas es la parte más extensa del texto porque aborda el conjunto de los argumentos que sobre la inmigración sostiene el pragmatismo de la izquierda, reformulando los conflictos distributivos y culturales que esgrimen de manera agresiva – y exitosa electoralmente – los planteamientos conservadores, dando por descontado que la inmigración no es objetivamente un obstáculo para el desarrollo del Estado de Bienestar, aunque puede hacer vacilar la posición de los ciudadanos vulnerables que dependen de los subsidios sociales para mantener una vida con una cierta dignidad. Pero el problema más intenso se plantea desde un punto de vista cultural porque las migraciones en gran escala llevan consigo divisiones culturales que pueden desestabilizar la democracia en los países que los acogen, porque la solidaridad, entendida como un sentimiento de recíproco reconocimiento adquirido mediante la participación democrática puede ser degradada por la diversidad cultural amenazada por la adhesión a normas políticas y culturales alternativas, potencialmente iliberales, que los inmigrantes llevan consigo.

Frente a ello los argumentos progresistas reposan sobre la solidaridad multicultural y una noción de ciudadanía supranacional. Se basan en un ideal de cooperación enraizado en la fusión tradicional de territorio, soberanía y población, un nacionalismo cívico que se funda en una doble idea de soberanía popular y educación cívica. La solidaridad multicultural se basa en la idea que una comunidad política diversificada debe tender no a la asimilación de los grupos culturales diversos, sino a acoger las reivindicaciones que les consientan perseguir estilos de vida diferentes, defender normas culturales y lingüísticas que les distingan e integrarse con modalidades que no sean impuestas por la mayoría social dominante, como en los casos emblemáticos de Canadá y Reino Unido. La solidaridad supranacional implica que, en un mundo global, los modelos de cooperación regional o transnacional pueden coordinar mejor sus iniciativas si se configuran superando las fronteras nacionales, y aquí el modelo lo proporcionaría la ciudadanía europea desde el Tratado de Lisboa del 2007. En el primer caso, el reto es transformar el Estado-nación en un proyecto de nación multicultural y en lograr que los diversos grupos culturales participen en ello, lo que a su vez abre la discusión sobre los límites de la tolerancia respecto de los hábitos asociados a grupos religiosos o culturales diversos, o el equilibrio entre la influencia de la familia y la escuela sobre la educación de los hijos de los inmigrantes; en definitiva un debate amplio sobre como las diversas formas de identidad multicultural puedan coexistir con los compromisos universales de igualdad y libertad. Respecto del modelo supranacional, la ciudadanía parece como una fórmula alternativa al significado de la identidad política encarnada en el reconocimiento lingüístico y cultural encarnado en el estado nacional westfaliano.

En realidad el ideal de cooperación social es poco sensible a la desviación de riqueza, de poder y de recursos discursivos del capital cultural que caracterizan las relaciones de poder entre ciudadanos del propio estado y entre estados diferentes. Un cierto idealismo sostiene la solidaridad social que exigiría una justicia social como resultado de la cooperación entre ciudadanos libres e iguales en el Estado liberal - democrático que garantiza el respeto irrestricto de derechos humanos en función de la persona de cada uno, pero que ignora las radicales asimetrías en la distribución de la propiedad, las jerarquías de poder y las formas de exclusión que conducen a un reconocimiento puramente formal de iguales derechos y deberes.

Una narrativa más sensible a partir de las condiciones de opresión de trabajadores nativos e inmigrantes demostraría que la solidaridad no se funda sobre una particular ética de pertenencia social, sino sobre un esfuerzo políticamente coordinado de creación de recursos políticos para superar una condición compartida de opresión.

La comunidad política debe entenderse como un lugar de conflicto entre grupos sometidos a diversas relaciones de poder que resultan de su posición en el seno de las estructuras económicas, políticas y jurídicas que componen el mundo globalizado. Producto de estructuraciones de clase que adoptan la forma de las condiciones materiales del desarrollo histórico, de la evolución de las asimetrías en la concentración de la propiedad y de la influencia de factores políticos, jurídicos e ideológicos que regulan la relación de poder en un mercado global interdependiente siempre dominado por los mecanismos de expansión y concentración del capital. Es decir, la inmigración no es un problema por sí; lo es en el contexto de un proceso global de producción y distribución de bienes y de recursos forjado por la circulación de capital y de las relaciones jurídicas y políticas nacionales y globales que consienten su reproducción.

El problema de la pertenencia política identitaria mina la organización de clase. Como señalaba ya una carta poco conocida de Marx a S. Meyer y A, Vogt sobre los “campos hostiles de la clase trabajadora” que enfrentaba a obreros ingleses y emigrantes irlandeses, los trabajadores nativos se identifican con el propio Estado, blasonan su nacionalidad como identidad propia que rechaza la llegada del “extraño”, ocultando asi la circunstancia común de explotación por la élite dominante[1]. Frente a lo que tradicionalmente ha constituido la clave del pensamiento socialista, apartarse del planteamiento tradicional iluminista para el que los únicos agentes colectivos eran las naciones y los Estados, el aspecto identitario refuerza hoy al Estado y su carácter de clase. La división nativo/extranjero respecto del trabajo cosifica las identidades basadas sobre la pertenencia cultural y política y erosiona la lucha conjunta de las clases sociales vulnerables, impidiendo recomponer un interés compartido. Sobre esta aproximación se debería intentar por consiguiente construir discursos alternativos y proyectos contrahegemónicos que se ofrezcan a la opinión pública como instrumentos diferentes que examinen los retos por afrontar en este asunto.

IV

El centro del debate que quiere plantear este pequeño libro de Lea Ypi es la recuperación de la noción de clase y la existencia por tanto del trabajo como eje de la ciudadanía, alejada de la perspectiva identitaria cultural, una vez que el “problema distributivo” ha sido resuelto en términos opuestos a los que señalan los argumentos de la derecha y la ultraderecha por cierto tan en boga en nuestro país. No aborda tampoco un enfoque basado en la prevalencia de los derechos humanos o en la universalidad del tratamiento a la persona humana como base de una regulación abierta a los flujos migratorios. En definitiva, lo que da la ciudadanía es el acceso al trabajo, su desempeño en concreto, la realización del derecho al trabajo que promete nuestra Constitución como condición inseparable de ser  “español”, es decir, de los ciudadanos de este Estado- nación. La realización material del trabajo debe permitir a quien lo presta el acceso pleno a los derechos individuales y colectivos que nacen de esta actividad. No es suficiente por tanto la fórmula del art. 36 LOEX según la cual la carencia de la autorización de residencia y trabajo, “no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle”. El inmigrante “irregular” tiene derecho de libre sindicación y derecho de huelga y la falta de autorización ya no anula su contrato de trabajo lo que le permite desplegar sus efectos, pero “no podrá obtener prestaciones por desempleo” ni tampoco afiliarse ni darse de alta en el Sistema de Seguridad Social.

Sin embargo, el trabajo crea las condiciones para adquirir derechos y estos tienen que ser compartidos por aquellos que efectivamente realicen esta actividad, con independencia de la nacionalidad que ostenten. Por ello el trabajo tiene que ser la base y la condición de acceso en primer lugar a todos los derechos laborales y de protección social conectados con el desempeño del mismo, con independencia del hecho administrativo del que se deduzca un empleo “autorizado”. Es un objetivo político importante también desde el punto de vista de la disuasión a los empresarios para emplear irregularmente fuerza de trabajo inmigrante, sin perjuicio de la infracción administrativa a la que este hecho pueda dar lugar.

Y es un objetivo importante que no soslaya el problema cultural pero no considera que se deba “aislar” políticamente este problema del general y común de la explotación laboral a que se somete a inmigrantes y otros grupos vulnerables de personas trabajadoras nativas, y que por tanto coloca al inmigrante en idéntica condición del trabajador nacional en las dificultades para ejercitar el derecho a la vivienda, a la sanidad o a la educación.

El trabajo así es la antesala de la ciudadanía, la condición previa que se debe acompañar de la noción intermedia de la residencia como forma complementaria. La atribución en exclusiva a los ciudadanos españoles del derecho al trabajo (aunque a los ciudadanos europeos se les facilite el acceso al trabajo o a otra actividad económica con relativa facilidad y por tanto sea completamente diferente el tratamiento de estas personas respecto de los “extracomunitarios”) debe entenderse perfectamente conciliable con la atención prioritaria al trabajo como distribuidor de derechos ciudadanos. Y la residencia a su vez permitirá acortar los tiempos para adquirir la plena nacionalidad y por tanto los derechos políticos, como prevé actualmente la demanda de referéndum en Italia para rebajar de diez a cinco años de residencia el logro de la nacionalidad italiana.

Reconstruir un discurso en torno a las “fronteras de clase” que trascienda el que se fija en las fronteras nacionales, es en estos momentos una prioridad para el pensamiento progresista y en particular para el sindicalismo.

CONFINI DI CLASSE. DISUGUAGLIANZE, MIGRAZIONE E CITTADINANZA NELLO STATO CAPITALISTA.

Lea Ypi. Feltrinelli editore. Milán, 2025. 75 pp. 10,00€

  

[1] “La oposición entre trabajadores extranjeros y trabajadores internos y la legitimación del estado sobre la que esta se funda – dice Marx – es el secreto de la impotencia de la clase trabajadora pese a que este organizada”, una división que es alimentada artificialmente por cierto por todos los medios a disposición de la clase dominante  (“desde la prensa hasta el púlpito y la sátira”). Es importante comprender que la exclusión de los inmigrantes de los puestos de trabajo es consentida por la exclusión de los inmigrantes de las fronteras y por los consiguientes poderes discrecionales conferidos al Estado. La gestión e la migración por parte de los estados capitalistas y la división introducida entre trabajadores nativos y extranjeros es a fin de cuentas, “el secreto con el que la clase capitalista mantiene su propio poder”.


sábado, 24 de mayo de 2025

PARA PRESERVAR LA DEMOCRACIA EN CHILE, ES PRECISO UN CAMBIO EN LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. HABLA LUIS VILLAZÓN


 

Vivimos tiempos en los que somos conscientes de la necesidad de profundizar la democracia ante los embates cada vez más acusados que este sistema político está sufriendo en el mundo en esta etapa de transición. El neoliberalismo que triunfó de manera completa durante cuarenta años como ideología global, tuvo en Chile a partir del criminal golpe de estado de 1973 su primer y más preclaro exponente en la dictadura de Pinochet. El gran estallido social de 2019 no logró trasladar a la Constitución un esquema de desarrollo democrático en el que el trabajo y su representación colectiva desempeñara un rol dominante. Ahora se vuelve a abrir en Chile la posibilidad de discutir sobre el futuro inmediato del país. Es el momento por tanto de reflexionar sobre los proyectos de regulación del espacio social y de la relación salarial. Eso es lo que efectúa Luis Villazón León, amigo desde hace mucho tiempo y frecuentador de este blog desde antiguo, reconocido iuslaboralista que asesora a la Dirección del trabajo en Chile. Se traslada a este blog su opinión sobre las reformas que son necesarias para profundizar en Chile la democracia, lo que evidentemente exige de una vez por todas desterrar el diseño de las relaciones de trabajo que estableció el malhadado Plan Laboral de 1979. Este es el contenido de su contribución, que ha publicado en el semanario El Siglo (https://elsiglo.cl/un-cambio-en-las-actuales-relaciones-colectivas-de-trabajo-profundiza-la-democracia/) y que por su evidente interés se presenta a continuación.

(En la foto, Villazón y el titular del blog en Santiago de Chile comentando la candidatura de Jeanette Jara y otras cuestiones de actualidad con sus derivados)

Un cambio en las relaciones colectivas de trabajo, profundiza la democracia.
Luis Villazón León

Abogado, Master en Políticas del Trabajo y RR.LL

El modelo chileno de relaciones laborales constituye una de las expresiones más radicales del neoliberalismo en el derecho del trabajo global. La forma en que se ha estructurado históricamente la acción colectiva de los trabajadores en Chile no solo responde a una evolución institucional determinada por factores socioeconómicos, sino que es el resultado de un diseño deliberado, profundamente ideológico, que transformó al trabajo en una fuerza aislada, fragmentada y políticamente neutralizada.

Este diseño se consolidó en el Plan Laboral de 1979, impulsado por el entonces ministro del Trabajo José Piñera, en el contexto de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Con una visión abiertamente inspirada en los postulados del neoliberalismo más ortodoxo, dicho plan redefinió las reglas del juego en materia laboral, desplazando el conflicto social fuera del espacio institucional, restringiendo el ejercicio de la huelga y confinando la negociación colectiva y la organización sindical al espacio de la empresa individual. Esta fue, sin duda, una operación jurídica de ingeniería institucional que buscó desarticular el poder político del trabajo y domesticar su potencial transformador y que tuvo su gran expresión durante el gobierno de Salvador Allende.

Hoy, más de cuarenta años después, gran parte de ese andamiaje sigue vigente. Pese a los esfuerzos de reforma impulsados desde la transición democrática en adelante, los cambios introducidos han sido parciales, marginales o han quedado atrapados en los marcos estructurales del modelo original. Esta persistencia ha tenido efectos devastadores no solo en las condiciones materiales del trabajo, sino en la cultura democrática del país.

Uno de los elementos más visibles de esta situación es la fragmentación sindical. En Chile existen actualmente más de 14.000 organizaciones sindicales, pero cerca del 70% de ellas cuenta con menos de 50 afiliados y con una mediana en el sector privado de 43 socios, es decir el 50% de los sindicatos en Chile tiene 43 y menos trabajadores y trabajadoras en sus sindicatos. Es decir, la mayoría de los sindicatos carece de masa crítica para sostener procesos de negociación o representación efectiva. Esta fragmentación no es solamente orgánica (expresada en el número, tamaño y dispersión de los sindicatos), sino también estratégica y de proyecto común: las organizaciones sindicales no solo están aisladas entre sí, sino que muchas veces carecen de objetivos colectivos transversales, articulaciones sectoriales o plataformas políticas que las proyecten más allá del conflicto inmediato.

Esta desarticulación responde directamente al marco legal impuesto por el Plan Laboral, que restringe la titularidad sindical a la empresa y prohíbe, en la práctica, la negociación por rama o sector económico. Como resultado, la cobertura de la negociación colectiva en Chile no supera el 10% de los trabajadores, una cifra muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Y aún más preocupante es que casi la totalidad de esos procesos se desarrollan al interior de la empresa, sin posibilidad de establecer condiciones mínimas generales que sirvan como pisos comunes para sectores enteros.

La debilidad estructural del sindicalismo chileno se traduce, así, en una incapacidad de disputar poder en el plano económico, pero también en una dificultad de incidir políticamente en las grandes decisiones del país. El mundo del trabajo ha sido excluido sistemáticamente del debate sobre el modelo de desarrollo, sobre la distribución de la riqueza, sobre las orientaciones productivas y sociales del Estado. En efecto, lo que se ha producido en Chile es un proceso profundo de despolitización del trabajo: los trabajadores han sido convertidos en sujetos meramente contractuales, aislados unos de otros, sin canales institucionales robustos para construir identidad, conciencia o acción colectiva.

Este fenómeno ha tenido consecuencias culturales profundas. La pérdida de la identidad de clase, el debilitamiento de la solidaridad obrera y la ausencia de estructuras comunes de deliberación y representación han fragmentado no solo a los sindicatos, sino al propio sujeto social del trabajo. Ya no se trata solo de un déficit organizativo, sino de una crisis de proyecto histórico. El trabajo, en Chile, ha dejado de ser un espacio desde donde se proyectan alternativas políticas, ideológicas y sociales; se lo ha reducido a un hecho técnico, productivo, administrado, subordinado a las lógicas del mercado.

Frente a este diagnóstico, la urgencia de un cambio estructural en las relaciones colectivas de trabajo no puede ser soslayada. En primer lugar, es necesario avanzar hacia un modelo de negociación colectiva de carácter sectorial o multinivel, que permita construir pisos de derechos comunes para todos los trabajadores de una misma actividad económica, independientemente del empleador particular. Esta modalidad, ampliamente adoptada en Europa continental —como en los casos de España, Italia, Alemania o los países nórdicos—, no solo fortalece el poder sindical, sino que promueve la equidad, evita la competencia laboral a la baja y permite establecer pactos sociales estables entre capital y trabajo.

En segundo lugar, se requiere garantizar una titularidad sindical fuerte y clara, que permita a los sindicatos representar efectivamente a los trabajadores sin trabas formales, administrativas ni represalias. En Chile, los actos antisindicales siguen siendo una práctica extendida, muchas veces tolerada o invisibilizada por la debilidad de los mecanismos de fiscalización y sanción.

En tercer lugar, es indispensable reconstruir el derecho a huelga como un instrumento legítimo de presión y de equilibrio de poder, y no como una anomalía tolerada bajo condiciones restrictivas. La huelga no puede ser concebida como una excepción reglada del contrato individual de trabajo, sino como una manifestación fundamental del conflicto social y del ejercicio democrático del disenso. Tal como ha señalado la OIT, el derecho de huelga es inseparable del principio de libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva efectiva.

Pero más allá de las reformas jurídicas puntuales, se trata de repolitizar el mundo del trabajo. Reconocer que las relaciones laborales no son meramente contractuales, sino sociales y políticas. Que el trabajo no es solo una transacción económica, sino un espacio de reproducción de poder, desigualdad y, por tanto, de resistencia y transformación. Y que los sindicatos —lejos de ser obstáculos para la eficiencia— son garantes fundamentales de la democracia, la justicia social y la cohesión colectiva.

El caso chileno demuestra, en forma paradigmática, cómo el derecho puede ser utilizado no solo para garantizar derechos, sino también para neutralizar sujetos. La arquitectura institucional del trabajo ha sido, en Chile, una herramienta de exclusión y de dominación. Por ello, transformarla implica también transformar el tipo de democracia que queremos construir. Una democracia que no se agota en el voto, sino que se extiende al lugar donde se produce la riqueza, donde se gestiona la vida cotidiana y donde se experimenta la desigualdad en su forma más tangible: el trabajo.

En ese sentido, el derecho del trabajo no puede reducirse a una técnica neutral. Debe ser asumido, como bien ha sostenido Antonio Baylos y otros juristas críticos, como un campo de lucha, de producción normativa y simbólica desde donde se disputan los sentidos de justicia, ciudadanía y dignidad. Chile se enfrenta hoy a la posibilidad —y a la responsabilidad— de reconstruir su institucionalidad laboral sobre nuevas bases: democráticas, participativas y solidarias. No hacerlo, es perpetuar un modelo que ha hecho del trabajo un lugar de subordinación sin voz. Cambiarlo, en cambio, es recuperar la palabra del trabajo como voz colectiva y transformadora.