LA CUMBRE MUNDIAL DE #MAKEAMAZONPAY EN MANCHESTER

 

Los días 27 y 28 de octubre, coincidiendo por cierto con el Congreso organizado por la Fundación 1 de mayo sobre la extrema derecha en Valencia al que se refería la última entrada del blog, se ha celebrado en Manchester un congreso mundial convocado por UNI Global, la federación sindical mundial para el sector servicios, que reúne sindicatos nacionales y regionales en todo el mundo y cuenta con sindicatos afiliados en 150 países que representan a 20 millones de trabajadores. La Cumbre mundial se convocaba como una iniciativa del movimiento sindical en torno a la construcción de una red de representantes de las personas que trabajan para la poderosa empresa transnacional Amazon que ha desarrollado desde 2020, en plena pandemia, la marca #makeAmazonpay como una campaña de acción colectiva a nivel global.

Como subrayan sus impulsores, Amazon es una de las corporaciones más poderosas de la historia. Está rehaciendo el modo en que funciona la economía en el siglo XXI, exprimiendo hasta la última gota que pueda en todo momento.

Pero el modelo de negocio de Amazon:

Explota a los trabajadores: mientras triplica sus ganancias en el tercer trimestre de 2023, Amazon somete a los trabajadores del almacén y a los conductores a un entorno de alta presión que les destroza físicamente y, en última instancia, los obliga a renunciar.

Exprime a la ciudadanía: aunque recibe enormes subsidios y subvenciones de los distintos estados en los que localiza a sus sedes, la principal división de Amazon en el Reino Unido no pagó el impuesto de sociedades por segundo año consecutivo.

Exprime al planeta: si bien Amazon celebró una caída del 0,4% en las emisiones totales en 2022, la empresa aún necesitaría hasta el año 2378 para alcanzar su objetivo declarado de cero emisiones netas para 2040.

Por ello, a partir de 2020, la campaña Make Amazon Pay reúne a más de 80 organizaciones que trabajan por la justicia laboral, fiscal, climática, de datos y racial, y a más de 400 parlamentarios y decenas de miles de simpatizantes de todo el mundo. Desde 2020, hemos organizado cuatro días globales de acción, cada vez haciendo crecer nuestro movimiento planetario para evitar que Amazon exprima a los trabajadores, las comunidades y el planeta.

En este sentido, la campaña tiene dos objetivos muy claros. De una parte, organiza todos los años una acción transversal que pretende afectar a la actividad de la empresa a lo largo del globo. En este caso, durante el llamado Black Friday, el 24 de noviembre de 2023, quiere plantear “el mayor desafío a los abusos de Amazon en su historia: Somos trabajadores y ciudadanos divididos por la geografía y nuestro papel en la economía global, pero unidos en nuestro compromiso de hacer que Amazon pague salarios justos, sus impuestos y su impacto en el planeta”.

Pero el otro elemento que sostiene esta acción es la de conseguir la participación de una serie de personalidades influyentes en la actividad política que formen parte de esta campaña como una forma de reivindicar una plataforma de acción que incorpore a la lucha sindical en Amazon un pensamiento político alterglobalizador, en el sentido de caminar hacia “otro mundo posible” en donde la codicia corporativa no se reproduzca sobre la explotación laboral, la injusticia fiscal y la degradación de la sostenibilidad ambiental del planeta.

En estos días de octubre, este segundo aspecto de la campaña se ha plasmado en la convocatoria por primera vez en la Campaña, de esta Cumbre mundial que se ha celebrado en Manchester en un lugar especialmente simbólico, el Instituto de Mecánica de Manchester, Reino Unido, el edificio donde el movimiento laboral del Reino Unido encontró expresión política en la formación del Congreso de Sindicatos ( TUC) en 1868. La sede de esta Cumbre quería ofrecer un apoyo directo a los trabajadores de Amazon de Gran Bretaña, pero se inscribe en un proceso largo en el que las representaciones sindicales de los trabajadores de esta gigantesca corporación, han ido desarrollando estrategias eficaces para mejorar los derechos de los trabajadores.  Una cuestión que también tiene que ver con las reformas en el marco institucional que regula aspectos esenciales para el trabajo de esta empresa transnacional, como la propia convocatoria reconoce. “Sobre la base de recientes victorias progresistas, como la legislación de protección de los trabajadores de almacenes en los Estados Unidos, el impuesto a Amazon de Barcelona y la Ley de Jinetes de España, la Cumbre desarrollará soluciones políticas a nivel municipal, nacional e internacional para el abuso de Amazon: derechos de los trabajadores, impuestos, medio ambiente, monopolio. – así como estrategias para convertir el poder popular en cambios legislativos y regulatorios progresistas para hacer que Amazon pague”.

Eso explica la trascendencia que en esta Cumbre se da a las personalidades – delegados – que asisten a la misma. Entre ellos, personas muy conocidas como Bernie Sanders, senador en Estados Unidos, junto a congresistas por Minessota y de Nueva York y Andrea Orlando, diputado y ex Ministro de Trabajo de Italia, junto con una amplia nómina de diputados de los parlamentos de Francia, Holanda, Bélgica, Irlanda, Reino Unido, e Italia en Europa, además de otros diputados de Brasil o de India. A este conjunto de personas se unen una buena representación de sindicalistas – globales y nacionales – y otro buen número de exponentes de organizaciones no gubernamentales (ver la nómina completa en https://makeamazonpay.com/summit/)

La participación española ha sido muy relevante. No solo han asistido dos diputadas de SUMAR, Tesh Sidi y Verónica Martínez Barbero, sino también la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Esta intervino en remoto e incidió en lo que a su juicio constituía el elemento más valioso de la reunión, “reforzar las alianzas internacionales entre progresistas, pensar y actuar con perspectiva global para ofrecer nuevas certezas y derechos”, porque este hecho en laza con una constante en su discurso sobre “la necesidad de construir una internacional democrática que ponga los intereses de las personas trabajadoras por encima de los intereses de aquellos que siempre han gozado de privilegios en nuestros países”. Se trataría así, de ir construyendo una “internacional democrática”, que en definitiva tendría que ser “antes que nada, una internacional laborista. Una internacional, esto es, con el sindicalismo como motor de cambio y los derechos laborales en el centro”.

Esta constatación de la importancia de la coordinación de la acción sindical en el espacio global fue de nuevo reiterada por la Vicepresidente de Gobierno y líder de SUMAR: “Hemos visto nuevas formas de organización, innovadoras vías para reivindicar nuevos y viejos derechos laborales, como vuestra campaña en el Black Friday. El movimiento sindical, en todas sus formas, es hoy más necesario que nunca. Hoy, el sindicalismo, ecologismo y feminismo nos demuestran que las luchas por el trabajo decente, la igualdad de género y un planeta habitable son una y la misma lucha (…) Hoy vivimos, como en tantos otros momentos históricos, un conflicto por quién paga los costes de la inflación, un conflicto entre beneficios y salarios, entre la avaricia de unos pocos y la posibilidad de una vida digna para la mayoría social. No es exclusivo de Amazon. Va mucho más allá. Por eso es tan importante alzar la voz y pedir cosas que, aunque poco comunes, son de sentido común: que las grandes empresas respeten los derechos humanos; que tengan un impacto positivo en las comunidades en las que se asientan; que paguen lo que deben; que contribuyan más y mejor al principal desafío que tenemos hoy como humanidad, la emergencia climática”.

Sin perjuicio de reivindicar la escala nacional – estatal en la construcción y fortalecimiento de derechos, la intervención de Yolanda Díaz insistía en el objetivo implícito en la Cumbre convocada por UNI Global. “Ahora, debemos estirar la imaginación y pensar en nuevas fórmulas para financiar una planificación ecológica que sea realmente democrática y justa, a la que Amazon, y tantas otras corporaciones, contribuyan de verdad. Pensemos, por ejemplo, en la tasa climática a las grandes fortunas que proponen Chancel y Piketty; en el gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil del que hablaba, ni más ni menos, el Secretario General de Naciones Unidas; o, por qué no, en una tasa global a la riqueza que puede tomar muy diversas formas. Sigamos pensando en nuevas alternativas, desarrollándolas. Sigamos trabajando juntos y juntas, movimientos sociales, sindicatos, fuerzas políticas y, sí, también Gobiernos, para empujar en la dirección correcta”.

Aprovechar por tanto la organización del espacio colectivo del interés de las personas que trabajan dentro y alrededor de la gran corporación transnacional a la que la pandemia de 2020 consolidó como una de las grandes empresas globales, como uno de los territorios donde se puede intentar formar una opinión común y una coordinación de esfuerzos que oriente hacia posiciones de tutela de derechos e introducción de procedimientos de negociación y de participación en la práctica de una de las mayores corporaciones mundiales, a la vez que se edifica un edificio entero de representación y de acción sindical  en esta dimensión global. A su través, y cumulativamente a la estrategia concreta del sindicalismo en la empresa, contribuir a la creación de un nuevo espacio de discusión y de la correlativa agregación de consensos sobre las reformas fundamentales en este aspecto en la escala global en donde la estrategia sindical, la acción política y el ideario de grupos, coaliciones y partidos, tiene que desempeñar un papel ampliamente relevante y dirigente.

Este es el reto, la campaña mencionada un paso adelante en la buena dirección.

 

 

HABLANDO DE LAS EXTREMAS DERECHAS

 

Este fin de semana, los días 27 y 28 de octubre, se ha celebrado en Valencia, organizado por la Fundación 1 de mayo de CCOO, el congreso Sociedad, Derechos y Extrema Derecha: la sombra del capitalismo en el siglo XIX, que quería analizar el ideario y los mitos de la extrema derecha, con especial atención a la posición que frente a este tipo de ideología y de práctica política tiene el sindicalismo de clase. En la realización del Congreso han colaborado los tres diarios digitales de referencia, Público – y la Fundación Espacio Público – Infolibre y Eldiario.es. En el congreso se presentaba el libro, coordinado por Steven Forti, y publicado por La Catarata en coedición con la Fundación 1 de mayo, Mitos y cuentos de la extrema derecha, e intervinieron además una larga serie de expertos analizando las diversas facetas del pensamiento ultraderechista sobre diferentes aspectos de la vida económica y social.  Se presentó también un manifiesto de más de 60 intelectuales contra la extrema derecha, cuyo texto leyó Luis García Montero, y se contó asimismo con la participación de sindicalistas de Italia, Francia y Brasil que explicaron sus experiencias frente a la extrema derecha.

El libro editado por Forti, que es un especialista en la crítica a este pensamiento, recoge una serie de intervenciones que pretenden señalar las múltiples facetas del pensamiento ultraderechista, con especial atención, como no podía ser menos, al fenómeno de Vox en nuestro país. Entre ellos hay algunos especialmente sugerentes, como los relativos a “la batalla del campo” o “la conquista del mundo rural”, que conciben a Vox como un partido agrarista, pero en general predominan los temas más llamativos como la inmigración, la batalla cultural sobre la historia y el lenguaje, su postura antiecologista y la llamada Agenda 2030. Sin embargo, como señala el editor en el primer capítulo, permite un análisis más completo del asunto la “macrocategoría declinada en plural” de las “extremas derechas 2.0”, en la que podríamos incluir en el espectro europeo a todas las formaciones políticas que forman parte de los grupos parlamentarios Identidad y Democracia y Conservadores y Reformistas Europeos, a los que se añadiría algún verso suelto como Fidescz, el partido húngaro expulsado del Partido Popular Europeo. Se trata de formaciones que “superan los obstáculos conceptuales del fascismo y del populismo” (p.22) y que reúnen dos elementos cruciales: el dominio de las nuevas tecnologías – internet, redes sociales, Inteligencia Artificial, machine learning – que han sabido utilizar antes y mejor que los demás “para aumentar la desconfianza en las instituciones , los expertos y la democracia, y erosionar la idea de que existe una verdad y una realidad compartida” (p.23). Y, unido a lo anterior, la creación y el manejo de una red transnacional muy fluida de relaciones directas y bien subvencionadas con significativos laboratorios de ideas en América del Norte y en Europa.

Las extremas derechas mantienen las mismas referencias ideológicas en todas partes. Marcado nacionalismo y nativismo identitario, defensa de la recuperación de la soberanía nacional perdida, coherentemente antiglobalismo y crítica al multilateralismo, euroescepticismo, defensores de las políticas de ley y orden, islamofobia, xenofobia y condena de la inmigración considerada como invasión y ruptura del marco de vida nacional, y toma de distancia formal de las experiencias históricas del fascismo europeo. A lo que se une la importancia que asignan a las guerras culturales frente a un universo de sentido supuestamente hegemonizado por la izquierda (pp. 23-24). Pero frente a este bagaje común, hay otras diferencias no desdeñables en tres ámbitos: la economía – y el trabajo – los valores sociales y la geopolítica. En el primer punto, las opciones se centran en la asunción plena de las coordenadas neoliberales o por el contrario, reivindicar una lógica de protección individual de las personas trabajadoras desde la posición relevante y de autoridad del Estado, denunciando el abandono del que han sido objeto por los gobiernos de centro izquierda y centro derecha y señalando la inmigración como un elemento que pone en peligro el bienestar de los nacionales que viven de su trabajo. En el segundo punto, la asunción de valores tradicionales – dios, patria, familia – y una marcada hostilidad hacia el feminismo, pueden confrontarse con otras formaciones en las que se asuma como parte del ideario libertades básicas como la contracepción o el aborto. En el plano geopolítico, en fin, aunque la mayoría de estos grupos profesan un atlantismo entusiasta y cierran filas en torno a la OTAN como conglomerado político y militar al servicio de los Estados Unidos y el “mundo libre”, hay también partidos que se sitúan claramente en el lado de la defensa de la Federación Rusa como sucede claramente en el supuesto de Viktor Orban en Hungría, pero también con Salvini en Italia, incluso tras la invasión de Ucrania y la reacción europea frente a la misma.

El caso de Vox en España no parece que se despegue mucho de estas líneas generales compartidas con las extremas derechas europeas. Su hostilidad al feminismo va en paralelo a la reivindicación de los valores tradicionales de la familia, y su atlantismo es inquebrantable. Solo parece haber dudas, en el último período de su evolución, respecto de su programa e ideario económico. Vox aparece oscilando entre “dos almas”: la del Partido Popular del que proviene y un llamado “neofalangismo” que al menos en ciertas declaraciones parece desprenderse una corrección de la ruta claramente neoliberal extrema que había protagonizado en los debates en el Congreso de diputados y en su propio programa electoral del 2019.

Este es el tema que abordan Adoración Guamán y Joaquín Pérez Rey en el capítulo del libro titulado “Vox contra el trabajo. Una aproximación a la propuesta (anti)laboral de la extrema derecha en España” (pp. 124 ss). El inicio de su texto incorpora el programa del sindicato Solidaridad – una referencia a lo que supone la lucha contra el comunismo de su homónimo polaco más que al contenido real de esta palabra en castellano – que está cuajado de invectivas contra los “sindicatos corruptos”, los liberados sindicales, la prohibición de subvenciones públicas a los sindicatos, quienes “no podrán cobrar de los ERE y de los ERTE”, junto con la “prioridad” de los españoles sobre los extranjeros en el empleo, acabar con la inmigración ilegal y promover la “adaptación cultural” del inmigrante. En definitiva, un programa de acción en el que resaltan como líneas fundamentales un pensamiento profundamente hostil a las organizaciones de clase que, con buen criterio, los autores retrotraen al universo cultural del franquismo, caracterizado fundamentalmente por ese odio intenso al fenómeno organizativo de las y los trabajadores en sindicatos de clase que implicó la continua represión de sus manifestaciones durante los cuarenta años de dictadura. En la propuesta de la extrema derecha la virulencia del lenguaje se une a la injuria y al desprecio por los activistas sindicales – los denominados “comegambas” que incluso dan nombre a una página web – en una “ofensiva antisindical” (p. 126) que afecta a todas las facetas de la acción de estas organizaciones. A ello se une – también con fuerte anclaje en la cultura del franquismo – el tono profundamente patriarcal y antifeminista del discurso.

Sin embargo, es más preocupante la audiencia electoral que encuentra la extrema derecha en formaciones sindicales presentes en las fuerzas de orden público que esta extravagante y plenamente residual asociación sindical de implantación residual en las empresas. La importancia de JUSAPOL, y su audiencia mayoritaria en el Consejo de la Policía a través de JUPOL, solo reducida en este año a raíz de investigaciones sobre su contabilidad, y en el de la Guardia Civil a través de JUCIL, plantea la cuestión de la fuerte instalación de la extrema derecha en los aparatos policiales de estado, en donde llevan a cabo una fuerte labor de contestación pública de las decisiones del Gobierno de coalición progresista. Es importante recordar que estos sindicatos reivindican los medios de acción colectivos de que disponen en una estrategia de conflicto que ha llevado a protagonizar espectaculares acciones frente al Congreso de Diputados y a aparecer como un grupo de extrema agresividad frente a los poderes públicos, amenazando con entender como actos antisindicales cualquier injerencia, advertencia o apertura de expediente por su actividad. Es decir, en estos casos se reivindica con fuerza la libertad sindical como plataforma de contestación política frente al gobierno. Un tema que excede desde luego a la problemática estrictamente sindical, pero que resulta muy preocupante en términos democráticos.

El examen del programa electoral de Vox para las elecciones del 23 de julio de este año, además de las vaguedades evidentes del mismo, se basa en “una política de protección a los trabajadores españoles”, proponiendo subir el SMI pero a la vez “reducir drásticamente” las cargas sobre las empresas que perjudican la generación de empleo. Un elemento importante de este programa era la derogación de la reforma laboral que llevó a cabo el RDL 32/2021 sobre la base del diálogo social tripartito, que deberá sustituirse por una reforma que escuche “a los verdaderos agentes sociales”, en una retórica comunicativa que desde luego carece de referencias reales. Además de ello, el programa sigue insistiendo en el mantra de la cancelación de las subvenciones a los sindicatos y reducción de los liberados sindicales como piezas habituales de la programación de la ultraderecha. Con el añadido reciente del contencioso sobre la eliminación del SERCLA en Castilla y León, cuyas vicisitudes no han terminado todavía. A ello se añade la obcecación contra la Agenda 2030 y lo que se denomina “fanatismo climático”. A la crítica de esta propuesta antilaboral, Guamán y Pérez Rey añaden la necesidad de que la respuesta democrática a la misma no sólo se lleve a cabo en el plano de lo político, sino también en el espacio de lo social, y que en especial los sindicatos deben actuar de manera decidida posicionándose públicamente contra la misma, lo que de alguna manera anticipaba ya la temática del Congreso de Valencia.

Hay también un aspecto de esta estrategia antilaboral de Vox que merecería un análisis detallado, y es el de la utilización, durante toda la pasada legislatura, del recurso de inconstitucionalidad de las leyes como una pieza central de su estrategia política. Mediante la interposición del recurso, la extrema derecha pretendía devaluar y dificultar la acción legislativa del gobierno y de la mayoría parlamentaria, pero fundamentalmente perseguía la erosión de la legitimidad constitucional de ésta, prolongando así su tesis de la ilegitimidad del gobierno que buscaba ser confirmada posteriormente por el TC. En esta estrategia han sido pioneros gracias a sus 50 diputados, y han coincidido con el Partido Popular en varios momentos, pero manteniendo su autonomía y su enfoque propio.

La actividad de Vox a la hora de plantear recursos de inconstitucionalidad ha sido enorme. Salvo error u omisión, se pueden contar a partir del 2021 hasta la actualidad 14 recursos que han dado lugar a sendas sentencias del Tribunal Constitucional, las primeras de ellas de extrema importancia que fueron falladas afirmativamente. Todo el andamiaje del estado de alarma fue puesto en entredicho por la ultraderecha como un acto político autoritario que impedía el ejercicio de las libertades de los ciudadanos – fundamentalmente la libertad de circulación  – o la función representativa de los diputados y senadores ( Ver la muy importante STC 148/2021, pero asimismo la STC 183/2021, y las STC 168/2021, con fallo favorable,  y STC 116/2023, contrario) pretensión que obtuvo el amparo del Tribunal Constitucional y por consiguiente privó parcialmente de legitimidad constitucional a las decisiones del gobierno sobre el estado de alarma y a la votación parlamentaria que las sostuvo. Posteriormente Vox también cuestionaría, ya sin éxito, las reglas sobre promesa o juramento de la Constitución por los diputados (STC 125/2023), o la regulación del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones (STC 128/2023).

Junto a estas iniciativas que buscan definir la ilegitimidad de la acción de las mayorías que sostienen el gobierno por vulnerar el orden constitucional, hay otros recursos cuyo objetivo es eliminar derechos sociales reconocidos por las normas en el lapso 2020-2023. Así, contra el uso del bable en el parlamento asturiano (STC 75/2021), o contra la limitación de la explotación agrícola como medida de protección del Mar Menor (STC 112/2021), frente al reconocimiento de víctimas del terrorismo de extrema derecha en Navarra (STC 108/2021, un recurso que se presenta compartido con el PP), contra la reforma de la norma civil sobre la discapacidad (STC 106/2022), cuestionando la suspensión por el juez, en las circunstancias de la pandemia, de la orden de lanzamiento de la vivienda habitual (STC 15/2023), objetando la ley de muerte digna (STC 19/2023), o las reformas sobre la educación efectuadas durante el estado de alarma (STC 34/2023), o, finalmente, refutando el uso incorrecto del Decreto Ley 26/2021 sobre el impuesto de incremento de valor de terrenos urbanos (STC 35/2023).

Ahora bien, quedan todavía por fallar por el Tribunal Constitucional algunos recursos de Vox que buscan fundamentalmente impedir la efectividad de normas laborales muy importantes. Hemos sabido por la nota de prensa del TC del 27 de octubre (https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2023_089/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2089-2023.pdf), que el pleno del mismo ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad contra la norma que limitaba la temporalidad en el empleo público. Pero quedan algunas normas legales relevantes impugnadas por este partido. La primera, la modificación del ET para declarar la laboralidad de los repartidores de mercancías al servicio de plataformas digitales, en un movimiento que pretendía negar la urgencia en la regulación de este tema tras su debate y acuerdo en el marco del diálogo social tripartito. La segunda, de mayor calado, la reforma del ordenamiento laboral llevada a cabo por el RDL 32/2021, cuya inconstitucionalidad supondría la eliminación de dicha norma del ordenamiento jurídico. En esta operación de derrumbe de las normas que reconocen derechos laborales, Vox está siempre acompañado del Partido Popular. Y por el momento esta tentativa no ha sido recogida por el TC. En lo que se refiere al Decreto Ley rider, se ha hecho público en esta misma semana que el Pleno del Tribunal ha desestimado el recurso promovido por el Partido Popular, por lo que es previsible que el de Vox corra el mismo destino. Pero queda abierto ante el TC el contencioso sobre la reforma laboral, en donde concurren dos recursos por parte del Partido Popular y otro de Vox para declarar la inconstitucionalidad de la norma de urgencia y del procedimiento de votación en la convalidación del mismo.

La relevancia del resultado electoral del 23 de julio no solo debe medirse por la imposibilidad de que el tándem PP-Vox pudiera tener los suficientes apoyos para formar gobierno, sino también porque la ciudadanía ha privado a la ultraderecha de la posibilidad de utilizar el recurso de inconstitucionalidad, un elemento siempre importante de inestabilidad y cuestionamiento ante la opinión pública de las medidas del gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene. Pero la ultraderecha está hoy en el gobierno de varias Comunidades Autónomas y principales ciudades de nuestro país. Tiene un poderoso aparato mediático a su servicio, y goza de una fuerte audiencia en los aparatos policiales y en una parte del poder judicial. La amenaza que esta permanencia augura para el sistema democrático y las organizaciones sociales es muy actual y está activa. Analizar sus raíces, su funcionamiento y sus medios de acción en el contexto político actual y elaborar alternativas críticas que anulen su influencia y su proyección mediática y cultural es una tarea comprometida pero imprescindible. El Congreso de Valencia y el libro colectivo que se ha comentado en esta entrada van así por el buen camino.

UN PROGRAMA SOLO ES UN PROGRAMA, ES DECIR, ALGO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO UN PROYECTO.

 

Ayer se conoció el texto de los dos centenares de medidas que se contienen en el acuerdo programático entre PSOE y SUMAR como base de un futuro gobierno de coalición. Sin perjuicio de que resulten interesantes otras medidas comprendidas en ese texto, a continuación nos vamos a centrar en las que se reputan como estrictamente laborales y que fueron elencadas en la anterior entrada de este blog. Según la RAE, un programa es “una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto”. Ese proyecto es el del cambio normativo que avance en derechos y consolide los existentes.Describirlo es el objeto de este comentario.

Antes que nada, conviene resaltar el contexto en el que se ha producido el acuerdo. Se trata de un programa común que han convenido el PSOE, que es el partido político que ha obtenido 7,8 millones de votos y 121 diputados en las elecciones del 23 de julio pasado, y SUMAR, la coalición electoral que a su vez obtuvo un poco más de tres millones de votos y 31 diputados, y que mediante el mismo se comprometen a gobernar en coalición, prolongando así la experiencia que llevaron a cabo entre PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones de noviembre del 2019, que había sido la primera vez que se rompía la regla del gobierno monocolor – aunque sostenido por otros partidos si no tenía mayoría absoluta – en nuestra práctica democrática desde 1978. Pero para ello se necesita aún que en el pleno de investidura el resto de partidos nacionalistas e independentistas – ERC, Junts, EH-Bildu, PNV y BNG – sumen a través de sus representantes en el Parlamento, el 1,6 millón largo de votos que ha cosechado en las elecciones de julio para que se pueda reproducir la coalición de gobierno[1].

Lo que cabe resaltar de este asunto es que el acuerdo programático viene a implicar un escenario de actuación que da una idea de cuales es el proyecto de cambios y de medidas a adoptar en estos cuatro próximos años de la legislatura sobre el que ha habido un consenso partidario entre las dos figuras políticas que quieren llevar adelante la acción de gobierno, pero también sitúa el campo de juego sobre el que se deben mover las propuestas de acuerdo de legislatura al que deben estar convocados los partidos que formaran la mayoría que debe sostener al ejecutivo de coalición. La cuestión se planteaba complicada, y precisamente en el plano de lo laboral y de lo social, puesto que en este bloque de apoyo tienen que entrar necesariamente dos partidos clásicamente escorados hacia la defensa de los agentes económicos empresariales y los intereses de las grandes corporaciones. De esta manera, el equilibrio de ese programa entre los compromisos de avance y desarrollo de los derechos de las personas trabajadoras y de la ciudadanía social y la reticencia posible de los partidos conservadores nacionalistas e independentistas, era a priori complicado. Y sin embargo, el resultado preserva claramente la impronta de los avances en materia de derechos que había supuesto posiblemente el elemento mejor apreciado por la ciudadanía en el voto a SUMAR manifestado el 23 J de este año.

Diálogo Social

En efecto, el programa de gobierno en materia laboral, se estructura en torno a varios ejes. El más relevante, porque supone tanto la constatación de un método de producción de normas como la opción por una forma de gobierno concertado en materia laboral, el compromiso conforme al cual “las medidas laborales contenidas en este acuerdo” se llevarán a cabo en el marco del diálogo social. Es una toma de postura por la concertación social tripartita en línea con la resolución del parlamento europeo sobre la forma apropiada en la que se debe llevar a cabo la recepción en cada país miembro de las medidas e iniciativas en política social de la Unión Europea, y continúa la relevante trayectoria política del diálogo social tanto en el marco de los sucesivos estados de alarma como en la etapa de la recuperación y de las sucesivas crisis que ha llevado a cabo el gobierno de coalición entre nosotros.

Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Compromisos.

A partir de aquí, hay tres grandes ámbitos privilegiados en el Acuerdo. Uno es el referente a la reordenación con carácter general del marco institucional en materia de relaciones de trabajo. Es un compromiso que se arrastra desde el 2019, que no ha podido llevarse a cabo ante las situaciones de urgencia y de excepcionalidad que impuso la pandemia y las sucesivas crisis económicas posteriores, y que se cifra actualmente en la culminación de un “Estatuto del Trabajo del siglo XXI”. El contenido del mismo está abierto, en razón de su propia generalidad, pero el texto del acuerdo indica algunas cosas muy precisas. La primera, que debe incluir una especie de carta de derechos que suponga una “red básica” tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para los trabajadores autónomos y los cooperativistas, previsiblemente en la línea de algunos documentos que se han ido produciendo en otros países, en lo que se ha venido en llamar el “cartismo social”. Además, de manera más vaga, este Estatuto del trabajo deberá garantizar mecanismos seguros de participación y desarrollo tanto de la transición digital como de la transición ambiental, en lo que se puede conectar con el concepto de sostenibilidad social.

Pero asimismo el programa establece tres elementos que deben necesariamente incorporarse a este Estatuto, introduciendo cambios en la regulación actual de algunos institutos laborales. El primero, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y el “descuelgue” salarial, es decir, los procedimientos previstos en el art. 41 ET a los que también se remite el art. 82.3 ET. Se trata de una reivindicación sindical que se remonta ni más ni menos que al acuerdo nunca ejecutado de CCOO y UGT con la Ministra de Trabajo en la Navidad del 2018 como una de las “más lesivas” reglas provenientes de la reforma laboral del 2012 que debía haberse cambiado y que la reforma laboral del RDL 32/2021 dejó de lado. La existencia de representaciones “ad hoc” no sindicalizadas, la laxitud de las causas y la unilateralidad en la toma de decisiones sin que la fase de consultas en el plano colectivo pueda determinar su resultado, y la coherencia con algunas normas de la reforma del 2021, como la prohibición de abordar rebajas salariales en la creación de nuevas unidades de negociación a nivel de empresa en razón de la prioridad aplicativa de las mismas del art. 84 ET en su nueva redacción.

El segundo elemento de cambio expreso es el relativo a la regulación del despido. El programa menciona el debate que está pendiente en el Comité Europeo de Derechos Sociales en función de las reclamaciones colectivas de UGT y CCOO sobre el carácter tasado de la indemnización de despido como contrario al art. 24 de la Carta Social Europea por no garantizar suficientemente esta indemnización la vertiente disuasoria del acto ilícito del despido, pero además se refiere al “reforzamiento de la causalidad del despido” en lo que sin duda se incluye una nueva respuesta al despido sin causa. Un tema de nuevo que se arrastra desde las propuestas sindicales sobre la necesidad de cambiar las reglas de los despidos fijados en la reforma del 2012.

El tercer tema tiene que ver con la ampliación de los derechos de información de los sindicatos que negocian los convenios sectoriales sobre la condición de los agentes económicos del sector, un compromiso que se debe leer en paralelo al más concreto que se hace al apoyar expresamente la “aplicación” del V AENC mediante la “puesta a disposición” de los sujetos negociadores, de la información que se dispone sobre productividad y beneficios empresariales que obra en el Observatorio de los Márgenes de Beneficios de las Empresas, un proyecto conjunto impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Banco de España y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuya utilización debe ser muy relevante en estos procesos de negociación colectiva.

Salarios

Con este apoyo explícito a los compromisos del AENC firmado por los agentes sociales se abre otro de los grandes ejes que recorre el programa laboral del gobierno, el tema salarial. La negociación colectiva por tanto es el método central para fijar los salarios de las personas que trabajan, y en ese sentido se anuncia un gran “pacto de rentas” que de estabilidad a los precios para mantener el poder adquisitivo de los salarios,  pero lo mas relevante es el compromiso de seguir incrementando el Salario Mínimo “a lo largo de toda la legislatura” con la finalidad de seguir manteniendo la paridad de esta cifra con el 60% del salario medio tal como se comprometió el gobierno de coalición en el anterior programa, forzando el aumento de esta cantidad.

Jornada máxima. Tiempo de trabajo

La reducción de la jornada máxima es el tema estrella que se ha exhibido como la seña de identidad de ese programa de avance en derechos laborales. Aunque posiblemente en su comunicación al público el tema no ha sido presentado de manera correcta, lo cierto es que el programa establece de forma taxativa el compromiso de reducir la jornada máxima legal sin reducción salarial a 38,5 horas semanales en el 2024 para llegar a 37,5 horas en el 2025, a partir de donde se deberá continuar un proceso de diálogo entre los interlocutores sociales en el que la reducción del tiempo de trabajo ordinario sea el objeto del intercambio de propuestas por sectores. La modificación del art. 34.1 ET exigirá sin duda un desarrollo completo de la ordenación del tiempo de trabajo, la forma en la que la disposición de éste se produce en el ámbito de la empresa y de los sectores de actividad, la relación entre tiempo de trabajo y contrato – de la que tanto se ha hablado con ocasión de la ley griega sobre jornada[2] – y de la flexibilidad contratada de sus modificaciones, pero evidentemente es un paso adelante importante que coloca el tema de la reducción del tiempo de trabajo en el centro del debate sobre los derechos de las personas que trabajan. En esa línea, se sitúa también el compromiso de llevar a cabo una ley “de usos del tiempo”, aunque en este caso parece que lo más relevante no sería la referencia al trabajo sino a la capacidad de la persona de disponer de su tiempo de vida, fundamentalmente en relación con los derechos de corresponsabilidad familiar.

El tema del tiempo se prolonga en otros compromisos, como el de la flexibilidad horaria y el “impulso” a las jornadas híbridas en donde el trabajo a distancia se complemente con el trabajo presencial, y el reforzamiento del control del tiempo de trabajo efectivo mediante los “instrumentos de registro horario” en donde la introducción de la digitalización puede ser funcional para lograr su eficacia.

Empleo. Estatuto del becario. Jubilación parcial, desempleo asistencial y RETA

Sobre la base de poder manejar un instrumento legal nuevo y eficiente, como es la Ley 3/2023 de Empleo, el programa se centra en la necesidad de profundizar las políticas activas de empleo juvenil, pero también para las personas desempleadas de larga duración, en un horizonte integrado de empleo, emprendimiento o formación. Un empleo con derechos, en donde tanto los contratos formativos como el principio de estabilidad reforzado en el RDL 32/2021 se proyecte también sobre otras áreas, como sucede con las llamadas “becas”. El Estatuto del becario, que no pudo ser aprobado en la pasada legislatura, vuelve a situarse entre los compromisos activos para ésta.

Además, se compromete el gobierno a proceder a una nueva regulación de dos aspectos importantes en materia de empleo. De un lado, la jubilación parcial y el contrato de relevo, con una referencia implícita a la  edad de jubilación parcial en trabajos femeninos manufactureros, y de otro, un cambio en la concepción y el alcance del nivel asistencial de desempleo, con “prestaciones suficientes” en esta situación.

Siempre en este apartado, el compromiso de mejorar la protección y las prestaciones de los trabajadores por cuenta propia se condensan en una medida en concreto, la de aplicar una tarifa plana de cotización en los períodos en los que se produzca una caída de sus ingresos por debajo del SMI, “sin pérdida de derechos de protección social”.

Salud Laboral

Sin perjuicio de entender que el tema de la reducción de jornada tiene también una repercusión directa sobre la salud  de las personas trabajadoras, el programa aborda este tema de manera independiente estableciendo tres campos de acción, bajo la rúbrica general de “actualizar” la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Esto implica la introducción como riesgos específicos – y por tanto la necesidad de adoptar las medidas de prevención frente a estos – de los derivados de la introducción de las tecnologías digitales y de la robotización, pero también de los riesgos psicosociales. Un segundo aspecto fundamental al respecto es la actualización del catálogo de las enfermedades profesionales y del procedimiento de notificación del accidente de trabajo. Y el último punto es el de incorporar la perspectiva de impacto de género en la materia preventiva.

Participación en la empresa, participación institucional, reglas sobre representatividad

La exigencia de desarrollar plenamente el art. 129.2 CE ha sido una reivindicación sindical y de grupos sociales influyentes, como la plataforma por la Democracia Económica, y el programa la recoge, aunque de forma muy genérica, remitiendo la forma de esta participación a la “mayor eficacia” de ésta en las diversas empresas concernidas. De manera paralela, el acuerdo de gobierno declara que impulsará una ley de participación institucional de sindicatos y asociaciones empresariales en las Administraciones Públicas, de alguna manera una concreción del art. 6.3. a) de la LOLS. Asimismo, siempre en esta arquitectura normativa, se establece el compromiso de aprobar una Ley de impulso a la economía social, donde por cierto se habían hecho importantes avances desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la anterior legislatura.

Siendo ambos compromisos importantes, pendientes eso sí de la forma en la que se articulen, es especialmente llamativo el de establecer reglas especiales sobre la representatividad de las asociaciones empresariales, con mención específica de las pequeñas empresas, donde en la práctica hay una cierta competencia de organizaciones empresariales que se confrontan con CEPYME, lo que puede significar un elemento nuevo que genere fricciones con el statu quo establecido en este sector.

Compromisos internacionales

El período anterior del gobierno de coalición se ha caracterizado por una extensa incorporación al ordenamiento interno de instrumentos internacionales, desde la ratificación de la Carta Social Europea y los procedimientos de reclamación colectiva, a la asunción de importantes Convenios de la OIT, en especial los Convenios 189 y 190. El programa insiste en este compromiso, y menciona expresamente dos Convenio sobre Seguridad y salud en la construcción, 1988 (num.167), y el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184), que requerirán previsiblemente ciertos ajustes normativos en nuestro sistema legal.

Una mirada final de conjunto

Un recorrido por este programa da cuenta de la intensidad y extensión de sus objetivos, que sintonizan con la exigencia de avanzar y desarrollar el patrimonio colectivo de los derechos laborales y sociales de la ciudadanía. Naturalmente muchos de sus párrafos y compromisos tienen que ser desarrollados y con estas propuestas concretas deberemos entablar el diálogo y la discusión. Pero es evidente el esfuerzo que se ha efectuado por parte de los negociadores por llegar a un texto que refleje esa tensión hacia el mantenimiento de un cambio social en una dirección favorable a la ampliación de derechos laborales y la consolidación de los que ya se han obtenido en la etapa inmediatamente anterior. Es un programa de gobierno frente al cual ya se han empezado a calibrar las reacciones, críticas desde la representación del empresariado, favorables desde las opiniones del sindicalismo confederal. Viene ahora la discusión política entre el resto de partidos que deben establecer un acuerdo de investidura.

Pero al margen del resultado que este nuevo intercambio político pueda ofrecer, conviene no perder de vista el carácter del documento. Es solo un programa de gobierno, no un proyecto de ley ni un documento doctrinario. Un programa, es decir “una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto”. Y el proyecto de reforma social en línea con el art. 9.2 de nuestra Constitución parece claro y reafirmado en este texto. Nada más y nada menos en un momento histórico en el que la amenaza del autoritarismo político, la reinstalación de las políticas neoliberales y la violencia de la desigualdad sustancial rodea nuestra área geopolítica y se reaviva con un panorama internacional donde la pulsión de muerte y destrucción no conoce freno alguno.

 

 

 

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[1] Conviene recordar que la suma de votos de los partidos de derecha y de extrema derecha en esas elecciones superan por poco los 11 millones de votos – 11,16 millones - frente a los 12,48 millones del conjunto de los partidos y coaliciones que votaron contra la investidura del presidente del PP el 27 de septiembre de este año.

[2] Sobre el que se puede acudir al texto, aparecido en este blog, de Francisco Trillo, https://baylos.blogspot.com/2023/09/una-reflexion-sobre-el-tiempo-de.html, más desarrollado por el mismo autor en NET21, https://www.net21.org/derecho-a-la-limitacion-efectiva-de-la-jornada-de-trabajo/

EL PROGRAMA LABORAL DEL GOBIERNO DE COALICIÓN

 

Esta mañana se ha firmado el acuerdo entre PSOE y SUMAR que da vida al programa del gobiernod e coalición para esta legislatura. A expensas de lograr los votos necesarios en la investidura, el acuerdo en si resulta un paso muy importante en la continuidad de un proceso de reformas iniciado hace más de tres años y que se quiere continuar. Aunque es objeto de transcripción en una serie de medios de comunicación, este blog presenta ahora a su audiencia en su literalidad, la parte del mismo referida a las relaciones laborales, cuyos compromisos se engloban bajo el título “más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios”. Tiempo habrá de comentar sus contenidos, ahora tan solo su descripción.

• El diálogo social seguirá siendo una herramienta fundamental en el ámbito laboral, abriendo a la participación de las organizaciones empresariales y sindicales los procesos de toma de decisión sobre las materias que conforman el modelo de relaciones laborales de nuestro país. En este sentido, las medidas laborales contenidas en este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social.

• Apoyaremos la aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para que los salarios ganen poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas, utilizando la información del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB), poniendo a disposición de las mesas negociadoras de los diferentes sectores información detallada.

● Culminaremos un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que articule una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales, desde los autónomos hasta los cooperativistas, y un desarrollo del trabajo por cuenta ajena que incorpore expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y la transición verde, a través de fórmulas de negociación colectiva que garanticen la sostenibilidad. El Estatuto también incorporará, entre otros, los siguientes contenidos imprescindibles:

 - Reforzaremos las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues. Revisaremos las causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados, dando prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas adoptadas.

- Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral.

 - Mejoraremos la información económica a disposición de los negociadores de los convenios colectivos de ámbito supra-empresarial, para posibilitar un reparto más equilibrado de la renta y de las ganancias de productividad.

● Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.

● Impulsaremos la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países de nuestro entorno.

● El SMI seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio.

● Aprobaremos una Ley de usos del tiempo que, en consenso con todos los agentes de la sociedad, permita avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres fomentando el bienestar de las personas, la eficiencia del tejido empresarial y asociativo..

● Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes, continuaremos impulsando las políticas activas de empleo para las personas jóvenes, dotándoles de una protección adecuada a través del Plan de Choque contra el desempleo juvenil, incluyendo los mecanismos de formación en alternancia con el empleo a través de contratos laborales.

● Aprobaremos el estatuto del becario.

● Se llevará a cabo un plan de choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años. Se desplegarán los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024, que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación.

● Simplificaremos y mejoraremos el nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso, la compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los incentivos al empleo.

● Se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades (en muchos casos, fuertemente feminizadas) a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.

● Consolidaremos y evaluaremos las mejoras en protección social y prestaciones de los autónomos. Extenderemos la posibilidad de aplicarse la cuota reducida (tarifa plana) en la cotización a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de su actividad en los que se produzcan una caída en sus ingresos, cuando declaren por estimación directa, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, sin pérdida de derechos de protección social.

● En línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas.

● Se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las PYMES en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos.

● Impulsaremos una ley de participación institucional que regule la presencia de los interlocutores sociales en los diversos órganos de las Administraciones Públicas.

● Aprobaremos una Ley integral de impulso a la economía social, relativa a la modificación de la Ley de cooperativas, la Ley de empresas de inserción y la Ley de la economía social.

● Impulsaremos que las empresas ofrezcan jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, con horarios más adaptables y flexibles.

● Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas.

● Garantizaremos que la digitalización esté al servicio de las personas haciendo uso de la inteligencia artificial y de la tecnología algorítmica para el control efectivo del tiempo de trabajo, llevando las tecnologías digitales al ámbito de la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

● Actualizaremos la legislación de prevención de riesgos laborales. Para ello se actualizará el catálogo de enfermedades profesionales, así como el procedimiento de notificación del accidente de trabajo. Además, se evaluará con especial atención la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así como la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo. Asimismo, se incorporará la perspectiva de impacto de género en la prevención de riesgos laborales.

● España seguirá cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia laboral, entre otros, los Convenios 167 y 184 de la OIT.

“SIN OJOS EN GAZA” DE A.HUXLEY . TARSO GENRO HABLA SOBRE LA MASACRE EN PALESTINA

 

Sin duda la amable audiencia de este blog ha leido decenas de opiniones sobre lo que está sucediendo en Palestina. Cada día se suceden manifestaciones muy importantes en muchas ciudades del globo exigiendo el alto el fuego, reivindicando la paz y el cese de las masacres sobre la población civil en Palestina y en especial en la franja de Gaza. Tarso Genro, habitual colaborador de nuestro blog, ha escrito en el diario digital Sul21 un texto lúcido y demoledor sobre este tema, que ha denominado Huxley “Sem olhos em Gaza”, onde Sansão perdeu os olhos”. Contiene un análisis lúcido y plenamente compartido de la situación actual e incorpora un mensaje grave y bien fundado sobre lo terrible y peligrosos del momento histórico en el que nos hallamos. Esta es la traducción del mismo en exclusiva para lectores y lectoras de este blog, que podrán juzgar por si mismos la intensidad y la claridad del juicio que nos muestra.

“Sin ojos en Gaza” o donde Sansón perdió sus ojos

Tarso Genro https://sul21.com.br/opiniao/2023/10/huxley-sem-olhos-em-gaza-onde-sansao-perdeu-os-olhos-por-tarso-genro/

He leído decenas de artículos y he seguido los debates y las informaciones sobre Gaza con interés político, moral e histórico: con los ojos puestos en Gaza. No voy a entrar en el debate de fondo en este texto, porque no es un "debate de fondo" sobre la cuestión que podría llevarnos a un alto el fuego, a la ayuda humanitaria, a poner fin a los asesinatos de niños inocentes y a la desaparición de familias enteras en Gaza bajo los bombardeos de Netanyahu.  Hablo directamente del primer ministro porque representa no lo que es el Estado de Israel, sino lo que -por ejemplo- fue Bolsonaro aquí en Brasil, Pinochet en Chile y podría ser Milei en Argentina, cuya coalición de gobierno incluye al grupo responsable del asesinato de Isaac Rabin el 4 de noviembre de 1955, fecha que marca un brutal punto de inflexión en la política israelí en relación con la disputa por los territorios ocupados.

La lucha por la reanudación de las negociaciones y el cese del fuego sobre Gaza -como nuevo momento provisional de un drama histórico que no tiene solución a corto plazo, ni siquiera a medio plazo- es el deber moral de la izquierda, para detener la matanza, neutralizar las acciones terroristas de Hamás, prestigiar a la Autoridad Palestina, ayudar al pueblo de Israel a sustituir a su gobierno fascista, que pretende transformar el Estado de Israel en un Estado de Defensa Total, basado en un estatuto colonial imperial, que emana del Estado norteamericano como Policía Mundial. La política de legitimación de los dos Estados es el programa máximo y mínimo, en esta coyuntura, para intentar un nuevo período de paz en la región.

"Sin ojos en Gaza" es una novela de Aldous Huxley, que se publicó por primera vez en 1936. El título del libro procede de una frase de John Milton en su poema "Sansón el Antagonista", en el que el poeta relata un suceso bíblico en el que Sansón -preso de los filisteos y con los ojos quemados- es llevado a Gaza, donde es sometido a esclavitud para trabajar moliendo grano en un molino local. "La mente es su propio lugar" -decía Milton- "y por sí misma puede hacer del infierno un cielo, del cielo un infierno", un pensamiento que pudo haber tenido Sansón, ya ciego en Gaza, cuando tramaba su venganza contra los filisteos.

Sansón, ciego y esclavizado, utiliza su fuerza animal para proporcionar alimento a los nuevos dueños de su cuerpo.  Beavis es el personaje central de la novela de Huxley que, a través de su gradual desilusión con la alta sociedad que tantos privilegios le ha ofrecido, busca un sentido a la vida, reflexiones que ha hecho conmocionado por el suicidio de un amigo especial, cuyas respuestas creía encontrar en el descubrimiento del pacifismo y el misticismo. Hoy, el pobre Beavis y la pobre Gaza tienen los ojos enterrados en toneladas de cemento y los ojos y los alvéolos de su gente están resecos por el polvo mortal de las bombas de fósforo incandescente. Este es el mundo real de Gaza, que la desilusión de Beavis no pudo reparar y que las metáforas de Huxley trasladan a una vida cotidiana de guerra y muerte.

La evaluación de los "riesgos" de una guerra en el actual periodo de comunión informativa manipulada, sobre todos los temas que conciernen a las reacciones del mercado, ha desarrollado cálculos probabilísticos más aproximados de lo que "podría ocurrir", para los más ricos y los "más pobres", cuando estalle la guerra. ¿Por qué? - Porque la civilización "de los mercados -léase del mercado financiero mundial- para la acumulación de dinero ficticio, sin trabajo material inmediato, dispone de medios y técnicas para predecir el futuro próximo con mayor exactitud que en las guerras de la sociedad industrial: ¡basta que se declare una guerra para que aumente inmediatamente el valor de las acciones de las fábricas de armamento y la reinvención permanente de las tecnologías para la muerte! Esta predicción es infalible e impulsa el mundo financiero, el tráfico de armas, las empresas mercenarias, las acciones petroleras y la financiación bancaria.

En las guerras clásicas del siglo pasado, se añadieron una serie de factores a menudo incontrolables e imprevisibles, como el volumen de pérdidas humanas con el despliegue más lento de las tropas en función del terreno y del clima (sustituido hoy por drones como vanguardias tácticas de asalto), con inmensos daños materiales y humanos. Las fronteras se filtraban -lentamente- por átomos, no por "bits"; la comunicación analógica era lenta y vulnerable entre mandos y tropas, y el desplazamiento espacial en el aire era más lento y menos preciso que hoy; los tiempos cortos de los ciclos históricos rápidos ya han naturalizado la Guerra de Ucrania y la están enviando a los archivos, donde reposará un tiempo, como un bronce reservado para ser fundido en otro conflicto, para uso geopolítico de las grandes potencias militares.

Las barbaridades de la guerra en aquel periodo anterior eran más "espontáneas" y marginales a la planificación táctica de los Grandes Estados, pero en las guerras actuales son más inmediatas, planificadas, insensibles y brutales, amparadas incluso por las noticias manipuladoras de los medios de comunicación tradicionales. Las guerras de hoy interfieren directamente en los cálculos inmediatos de las grandes potencias industriales y tecnológicas, que siempre disponen de su "keynesianismo" militar para -desde el Estado- hacer pedidos al sector privado para impulsar su economía armamentística a través de la guerra. Recordemos los "bombarderos limpios" de la Guerra del Golfo y la "cueva de armas químicas y biológicas" en la Guerra de Irak. Es todo esto lo que estimula los bombardeos genocidas de Gaza, decididos por el gobierno israelí -no por el pueblo israelí-; y lo que estimula también el terrorismo de Hamás contra la población civil israelí, decidido por sus dirigentes con base fuera de Gaza -no por el pueblo palestino-.

Honestamente, no sé si esto es posible, dada la naturaleza radical del conflicto y la matanza en curso, pero sí sé que si esta no es la salida, las matanzas en Gaza sólo serán un momento tenue en una guerra sin fin en el siglo XXI, en la que la hidra del fascismo levantará su cabeza más temible para marcar este siglo como un nuevo Siglo de las Tinieblas. Y el modelo del sistema global de capital financiero que controla el mundo -el Sansón de muchos sueños y ningún ojo- encontrará su momento más paradisíaco de descanso en la industria de armamento y tecnología bélica. Para el enriquecimiento de los más ricos y la "solución final" para los más pobres.

CUESTIONES Y CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL SALARIO MINIMO

 

En los últimos tiempos, ha cobrado actualidad de nuevo el tema del salario mínimo. Sin duda la publicación de la Directiva europea sobre salarios mínimos apropiados ha originado un debate en varios países sobre la dinámica que esta norma inaugura entre la negociación colectiva y la fijación de una “tarifa salarial mínima” por la norma estatal. Pero en nuestro país ha habido también otros aspectos de esta cuestión sobre los que se han emitido opiniones contrastadas de interés. De todo ello se intenta dar cuenta en esta entrada.

En Italia, como ejemplo paradigmático de un gobierno regido por la extrema derecha, el debate se centra en intentar evitar que se incorpore a la legislación la posibilidad de fijar un salario mínimo, como ha sucedido en Alemania.

Salario mínimo y lucha contra la pobreza salarial

La idea fundamental que recorre el pensamiento de la derecha extrema italiana en este tema es el de desligar la noción del salario mínimo de su utilidad para luchar contra el “trabajo pobre” o la pobreza laboral que se da fundamentalmente en los sectores más precarios de las personas que trabajan con una rotación extrema o a tiempo reducido y a los que la renta procedente del trabajo prestado no les alcanza para llevar una existencia digna. Este conjunto de personas no resulta amparado por los convenios colectivos ni tampoco se insertan en el ámbito de representación del sindicalismo confederal italiano. Hay una constatación empírica de que el salario mínimo es, frente a lo que mantiene el gobierno italiano, un elemento decisivo en la lucha contra la pobreza, y como tal se ha defendido recientemente en un amplio proyecto europeo  - Working, yet poor, WPT - que ha dirigido Luca Ratti, de la universidad de Luxemburgo y en el que ha participado activamente el profesor de la UCLM Antonio García-Muñoz. (Una panorámica de los objetivos de este Proyecto de investigación, puede verse aquí https://cordis.europa.eu/article/id/444100-holistic-approach-needed-to-tackle-in-work-poverty/es)

Frente a esta posición, la CGIL y ahora también el PD impulsan una iniciativa en la que se pretende conjuntamente la instauración de un salario mínimo ligado a la negociación colectiva y la elaboración de una ley de representación sindical, iniciativas que sin embargo han sido rechazadas por la mayoría parlamentaria actual. Frente a ello, y en el contexto de una movilización muy sostenida contra los presupuestos, el movimiento sindical – o al menos la dupla CGIL-UIL – está iniciando un amplio proceso de movilización que puede conducir a una huelga general.

Subir el salario mínimo como propuesta de gobierno

En España, se vuelve a hablar de la subida del salario mínimo como una condición para el acuerdo de gobierno de progreso que se negocia en paralelo a la obtención de una mayoría de investidura y que ha abierto el terreno de disputa sobre la posibilidad de la amnistía que ha monopolizado el debate político y mediático hasta el presente, que está siendo utilizado por la derecha extrema del PP para sostener su discurso destituyente y deslegitimador de la opción democrática de obtener una mayoría parlamentaria suficiente, como ha sucedido hoy mismo en el debate en el senado con intervenciones muy preocupantes como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La negociación entre SUMAR y el PSOE del llamado “carril social” se centran en una serie de reivindicaciones, entre las cuales la más publicitada ha sido la de implantar las 37,5 horas semanales por decreto y rebajarlas de manera progresiva, y mediante diálogo con los agentes sociales, hasta alcanzar las 32 horas semanales al final de la legislatura, pero también en ese paquete se incluye la mejora de la indemnización por despido, la subida del salario mínimo interprofesional y la puesta en marcha de una ley de cuidados.

Críticas por no haber incrementado lo suficiente el SMI

De esta manera, si se consigue la formación de gobierno, la subida del salario mínimo, que se debe efectuar en el marco del diálogo social, se remitirá como se ha hecho hasta el momento, al parecer de una comisión técnica de asesoramiento que tiene en cuenta el contexto de crecimiento económico y de empleo que se prevé y la incidencia sobre el mismo del aumento del SMI. Alejado por el momento el reproche típico que se hacía, desde posiciones monetaristas, de que el incremento del SMI implicaría disminución del empleo – lo que se ha demostrado falso en todos los sucesivos aumentos del SMI que se han efectuado desde 2019 – ahora la contestación de este incremento viene desde posiciones que entienden que ha sido muy limitado. Ese es el argumento que ha utilizado la CIG, como sindicato más representativo a nivel de Comunidad Autónoma,  para presentar una reclamación colectiva ante el CEDS, cuestionando que el SMI español no haya alcanzado el porcentaje del 60% del salario medio y por tanto qe el Gobierno ha incumplido la obligación de mantener una “remuneración justa” en función del art. 4 de la Carta Social Europea, una pretensión cuya argumentación sintética se puede seguir en el “brief” que para la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social hizo Xose Manuel Carril, profesor de la Universidad de A Coruña, en junio de este año (https://www.aedtss.com/en-1000-palabras-el-incumplimiento-espanol-en-materia-salarial-de-la-carta-social-europea-nihil-novum-sub-sole/) . Pero asimismo Podemos, en el inicio de un denominado “proceso de reflexión” sobre su acción política y su inserción en la coalición de partidos de SUMAR, ha condicionado su apoyo a un gobierno de coalición a que se incluya en el programa la subida del SMI a 1.500 euros, es decir un aumento de 420 euros que viene a suponer un 38% de incremento, sin que de las informaciones que da la prensa esté suficientemente explicado si el incremento se debe concebir para el final de la legislatura o si se trata de un aumento para el año 2024.

Salarios mínimos en convenio colectivo y salario mínimo nacional

La subida del salario mínimo tiene una repercusión directa sobre los últimos niveles salariales en algunos convenios provinciales de sector que resultan así subsumidos en la cantidad del SMI. Es decir, el salario-base del convenio es sustituido automáticamente por la cantidad que cifra el mínimo legal. El problema se plantea en la negociación del siguiente convenio, que en algunos sectores es especialmente complicada pese a la firma del V AENC ante la negativa de algunas patronales, especialmente las agrarias, representadas por la postura beligerante de ASAJA. Los sindicatos denuncian que se están pagando salarios por debajo de los salarios mínimos, lo que naturalmente es objeto de una denuncia a la Inspección de Trabajo, pero los empresarios contestan añadiendo a esa cantidad la derivada de algunos pluses y complementos salariales que superan la cifra mínima.

Eso significa en la práctica una congelación salarial para las personas trabajadoras de estos sectores, que además no ven renovados los convenios, pero no parece que la correlación de fuerzas permita que los sindicatos desencadenen medidas de presión más allá de algunas concentraciones en la calle para forzar la conclusión de convenios colectivos que incorporen ese incremento salarial además del que se ha pactado en un 4% para el año 2023 en el V AENC publicado en el BOE en mayo del 2023. La inexistencia práctica de la huelga de solidaridad entre la cultura sindical española impide que los sectores mas fuertes y con mejores convenios inicien una acción de solidaridad con estas otras ramas desprotegidas para lograr que la patronal se siente a la mesa de negociación y llegue a un acuerdo colectivo satisfactorio. Pero quizá no estaría mal que se explorara esta técnica muy común en otras culturas sindicales.

¿Salarios mínimos regionales?

También el término de comparación – el 60& del salario medio – como nivel mínimo al que se debe ajustar el salario en término de justicia, se ha utilizado en estos últimos días para resucitar la idea de un salario mínimo regional, es decir, la posibilidad de que en una región o comunidad autónoma determinada se estableciera un salario mínimo superior al que se establece en el nivel estatal, como una forma de obtener una cifra que se pudiera equiparar al 60% del salario medio del territorio. El tema está fundamentalmente pensado para Madrid o para Barcelona, por entender que el poder adquisitivo de las personas trabajadoras que viven en grandes ciudades no tiene nada que ver con el de otros núcleos urbanos o regionales. En concreto se decía que en Madrid, el salario medio se cifraba en 29.512,58 euros en 2021, de modo que, para cumplir con el término homologado por las decisiones del CEDS y al que se ha referido el Gobierno en su proceso de fijación del salario mínimo en un 60 % del salario mínimo, éste en Madrid debería ubicarse en 17.707 euros para cumplir con el 60 % estipulado en vez de las 15.120 anuales que prevé la norma estatal.

Sin embargo, esta pretensión ha sido rechazado por la dirección confederal de los sindicatos. No sólo por entender, como defiende también la CEOE, que la “unidad de mercado” nacional es un término de referencia fundamental desde el principio de igualdad para entender satisfecho el mandato del art. 35 CE de fijar “una remuneración suficiente para los trabajadores y sus familias”, sino porque justamente el instrumento adecuado para esta diferenciación salarial por territorios en atención a la diversidad de condiciones económicas y sociales en las mismas es, precisamente, la negociación colectiva. Es justamente la negociación colectiva sobre la que debe pivotar la capacidad de los sindicatos para combatir la desigualdad salarial que se produce en la región o territorio de que se trate y de hecho los convenios de ámbito provincial o autonómico de sector son los que encarnan esa idea del salario mínimo convencional acotado por el ámbito territorial de aplicación del mismo. Además, la segmentación del SMI es, para Unai Sordo, secretario general de CCOO, es un “error”, en la medida en que desresponsabiliza al sindicato en su función decisiva de establecer un mapa de negociación y articulación de convenios colectivos que procure un nivel salarial adecuado a través precisamente del contenido salarial pactado en estos.

El elemento fundamental por tanto es la negociación colectiva, lo que no impediría en principio un acuerdo interprofesional de los regulados en el art. 83 ET en el que a nivel de Comunidad Autónoma, se pactara un suelo mínimo de contratación en los sucesivos convenios colectivos que fuera superior al SMI, de manera semejante a cómo el IV ANEC fijó un salario mínimo de convenio de 14.000 € a alcanzar en la negociación colectiva de los tres años de vigencia del Acuerdo. Pero siempre a través por tanto de la acción colectiva y sindical, y no mediante la intervención del poder público y la determinación heterónoma del mínimo salarial por Comunidad Autónoma en función del diferente coste de la vida en algunos territorios del Estado español.

Estas son por consiguiente algunas de las cuestiones más recientes sobre el tema de la fijación de mínimos salariales como pisos vinculantes para la negociación colectiva y la interrelación entre ambas categorías. Un tema siempre frecuentado y decisivo que es más relevante ante la persistencia de amplios márgenes de devaluación salarial desde la terrible política de austeridad del ciclo 2012-2015 en nuestro país.

EL CURSO DE POSTGRADO DE ENERO 2024 EN TOLEDO. PROGRAMA PROVISIONAL

 

Del 8 al 24 de enero del 2024 se llevará a cabo el Curso de Postgrado en Derecho del Trabajo que dedicamos a Oscar Ermida Uriarte, nuestro amigo y maestro fallecido en el 2011. En esta entrada se da cuenta de esta nueva edición - la primera que se realzia tras la interrupción de la actividad a causa del Covid - que coordinamos Francisco Trillo y Antonio Baylos. Aunque el programa es aún provisional, es conveniente dejar constancia de su preparación y de los ponentes que pretendemos que lo desarrollen. Este es el proyecto emprendido, aunque  se insiste en que puede variar tanto en personas como en temas, de cuyas modificaciones se dará cumplida cuenta en este blog:

CURSO DE POSTGRADO EN DERECHO UCLM “OSCAR ERMIDA URIARTE” (AREA DE DERECHO DEL TRABAJO) TOLEDO ENERO 2024

DERECHOS HUMANOS LABORALES, EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DILIGENCIA DEBIDA

Director: Antonio Baylos

Coordinador: Francisco Trillo.

La globalización cambió el mundo tal como se concebía a finales del siglo XX. La expansión de los mercados, la influencia decisiva del capital financiero en la determinación de las políticas nacionales y de regiones enteras del globo, el unilateralismo geoestratégico mundial y el incremento pavoroso de las desigualdades sociales se vieron confrontadas con una vigorosa reacción alterglobalista que recuperaba la universalidad de derechos en el espacio internacional y global como estrategia de resistencia y como proyecto de regulación colectivo. La gran crisis financiera del año 2008 y sus secuelas en Estados Unidos y en la Unión Europea como crisis de la moneda y posteriormente de la deuda soberana, que culminó en la creación de un mecanismo de estabilidad financiera y las políticas llamadas de austeridad, acentuaron la desigualdad social y degradaron los derechos sociales y laborales en los países afectados, entre ellos en España. Tras una breve y lenta recuperación económica acompañada de la generalización del empleo precario, la devaluación salarial y el incremento de la disparidad de las situaciones sociales y de la población excluida, la irrupción de la pandemia trastornó plenamente este horizonte de sentido y alteró las reglas de respuesta ante la crisis económica, social y sanitaria más importante y global que hayamos padecido en esta era. La construcción de un escudo social y la recuperación de derechos laborales y sociales ha sido una tendencia sostenida por la Unión Europea, que suspendió el mecanismo de estabilidad, y una realidad presente de manera especial en algunos ordenamientos nacionales como el español, mantenido incluso en la etapa de policrisis que ha seguido a la recuperación tras la pandemia, crisis energética y de suministros debido a la guerra de Ucrania, crisis en la conducción geoestratégica global y crisis financiera residual aún activa.

En este escenario, el Curso se propone retomar el hilo conductor central de una perspectiva alternativa de la globalización que permita construir una visión universalista de los derechos laborales entendidos como derechos humanos y analizar en detalle la relación entre éstos y su realización práctica en los ordenamientos positivos nacionales y en la Unión Europea. Los principios y derechos fundamentales fijados en 1998 por la OIT y posteriormente revisados en el 2022, además de los flujos migratorios y las políticas sociales y de empleo serán examinados de manera completa en su vertiente multiescalar. En ese contexto global, se prioriza el análisis del sujeto más característico de la globalización, la empresa transnacional, a partir de las técnicas que se han ido planteando para fijar la exigencia de responsabilidad por sus acciones, especialmente en lo relativo a la preservación de los derechos humanos laborales. De esta manera se examinará tanto la llamada responsabilidad social de las empresas, las manifestaciones de la autonomía colectiva en el espacio global a través de los Acuerdos Marco Globales, y se dedicará especial atención a la tendencia más reciente de la imposición en los ordenamientos nacionales – y en la propuesta europea – de un deber de diligencia a las empresas transnacionales en la preservación de los derechos humanos, del que se destacarán tanto sus perfiles internacionales y laborales como, de manera muy señalada, sus repercusiones en el derecho penal.

PROGRAMA

I. ORDEN GLOBAL Y DERECHOS HUMANOS LABORALES.

1.           El reconocimiento de los derechos laborales y sociales en el nivel multiescalar: constitucional, supranacional, internacional.

2.           La universalización de los derechos contenidos en las normas fundamentales: declaraciones universales de derechos y órdenes jurisdiccionales de garantía. Los Convenios de la OIT como normas mínimas internacionales.

3.           Examen especial de algunos derechos humanos laborales: Trabajo forzoso y la nueva esclavitud, trabajo infantil, igualdad de trato. Inmigración, flujos laborales y derechos humanos.

4.           El derecho a la salud y a un ambiente seguro en el trabajo. Derecho al salario suficiente y salarios mínimos. La pobreza laboral y el empleo precario.

5.           La vertiente colectiva de los derechos humanos laborales: libertad sindical, negociación colectiva, huelga. Democracia y representación de las personas trabajadoras en la empresa y su dimensión supranacional en las Empresas Transnacionales.

II. DERECHOS LABORALES, EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DILIGENCIA DEBIDA

6.           Libre Comercio y tutela de derechos humanos laborales

7.           Empresas Transnacionales y espacio global. La problemática de la llamada “responsabilidad social de las empresas”. ETNs y autonomía colectiva en el espacio global: los Acuerdos marco globales.

8.           La responsabilidad de las ETNs ante la vulneración de derechos humanos. La propuesta del Tratado vinculante. La obligación de diligencia y las experiencias comparadas de diligencia debida. Las propuestas europeas.

9.           La tutela laboral y penal de la obligación de diligencia. Especial atención a la legislación española y europea. Trabajo forzoso, trata de personas y explotación laboral

CRONOGRAMA Y DESARROLLO DEL PROGRAMA

El Curso se desarrollará del 8 al 24 de enero de 2024 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, el Convento de San Pedro Mártir. Los días hábiles de clase van del 9 al 23 de este mes, puesto que el primer día se celebra una conferencia inaugural y en el último se produce la entrega de diplomas.

Aunque de forma provisional, porque todavía no han confirmado su presencia, el curso prevé la participación de importantes exponentes tanto españoles como latinoamericanos para abordar algunos de los temas previstos.

Así, pretendemos que inaugure el curso Joaquin Pérez Rey. Profesor Titular UCLM y Secretario de Estado de Empleo del ministerio de Trabajo y Economía Social, con una conferencia sobre Reforma laboral española y derechos humanos, y en el comienzo del curso querríamos arrancar con una visión teórica que situara el tema en el ámbito de los respectivos ordenamientos jurídicos. Para ello expondría la Teoría de los derechos humanos laborales. Una visión desde el ordenamiento argentino, César Arese. Profesor de DT en la Universidad Nacional de Córdoba y Juez de Cámara de Trabajo, Argentina, y Autor del libro “Derechos Humanos Laborales”, Rubinzal- Cuizoni Editores, Buenos Aires, 2ª ed. 2022; para, a continuación, Carlos H. Preciado Domenech, Magistrado del TSJ de Catalunya, explique la Teoría General de los derechos fundamentales en el contrato de trabajo, en relación con su libro  “Teoría General de los derechos fundamentales en el contrato de trabajo”, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor,  2018.

Contaremos además con Roberto Pompa, Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y Juez del Trabajo. Vicepresidente Asociación Latinoamericana de Jueces del trabajo, para hablar de La doctrina judicial de la Corte Interamericana de Justicia en derechos humanos laborales, Christian Courtis, profesor Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires. Funcionario de la Oficina del Alto Comisionado NN.UU. para los DD.HH., para explicar : los nstrumentos y mecanismos para garantizar los derechos humanos: La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con especial atención a la problemática de género y derechos de las mujeres, y Enrique Larios. Presidente del Colegio de profesores de la UNAM (México), nos expondrá El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, de cuya comisión forma parte. Finalmente, Carmen Salcedo, profesora titular en la Universidad de Valencia y miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales, nos contará los aspectos esenciales de la aplicación de la Carta Social Europea.

Un nutrido grupo de docentes de varias universidades españolas participarán también en este Curso, abordando aspectos importantes de su contenido. Entre ellos, Sebastián Martin. Profesor Titular Historia del derecho. Universidad de Sevilla; Miguel Angel Garrido. Profesor Asociado DTSS Universidad Complutense. Abogado Laboralista; Rafael Gómez Gordillo, Profesor Titular Universidad Pablo de Olavide (Sevilla); Margarita Barañano, Profesora Titular Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, y Adoración Guamán, Catedrática de la Universidad de Valencia.

El núcleo central del profesorado lo componen las personas que prestamos nuestros servicios en el área de Derecho del trabajo de la UCLM, además del director y coordinador de las Jornadas, Antonio Baylos y Francisco Trillo, se sitúan el profesor emérito Joaquin Aparicio, las catedráticas Amparo Merino y Maria Luz Rodriguez, la profesora titular Laura Mora y el profesor García-Muñoz, junto al catedrático de Derecho Penal  de esta universidad, Adán Nieto.

Se abordarán así el control de convencionalidad como fórmula de garantía de los derechos humanos laborales y se analizará el derecho a la salud y a un ambiente seguro en el trabajo y el derecho a un salario suficiente, salario mínimo y pobreza laboral, unto con el tratamiento del trabajo forzoso, la nueva esclavitud y el trabajo infantil, o los muy importantes aspectos dela libertad Sindical como derecho humano individual y colectivo, y la representación en la empresa como derecho y dimensión supranacional  mediante la expresión de los comités de empresa europeos, para finalizar con la exposición del tema del Estado Social y garantía de derechos humanos laborales.

Finalmente, el tema de las Empresas Transnacionales se aborda a través de diferentes enfoques. Comenzando con la problemática de la Responsabilidad Social de las Empresas Transnacionales, el origen y la evolución del concepto, pasando por el examen del Libre Comercio en relación con la garantía de los derechos humanos laborales, hasta recalar en el análisis de las Empresas Transnacionales y la autonomía colectiva en el espacio global: los Acuerdos Marco Globales,  y laa responsabilidad de las Empresas Transnacionales ante la vulneración de derechos humanos a través de la obligación de diligencia en el proyecto de Tratado vinculante y en las experiencias comparadas y europeas, con especial atención al tratamiento penal de la debida diligencia. Una mesa redonda con participación de los sindicatos insiste en la importancia de los sujetos colectivos construidos en el nivel de lo global para poder edificar la respuesta sindical y la coordinación de redes sindicales en la exigencia de responsabilidad de las empresas transnacionales ante la violación de derechos humanos en los espacios en los que estas se localizan.

Se entregará Título de Especialista en la materia cursada, propio de la UCLM, a todos aquellos matriculados que asistan con regularidad a las actividades académicas (mínimo del 85% del horario docente, según se acredite a través del oportuno control de asistencia) y superen un cuestionario tipo test a la finalización del curso. En este Título constará la carga académica total del curso.

Los precios previstos son los siguientes:

-1.300 euros período ordinario: solicitudes recibidas hasta el 17 de noviembre de 2023.

-1.500 euros período extraordinario: solicitudes recibidas desde el 18 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 202

Para las instrucciones de matriculación y de alojamiento , el correo electrónico es postgrado.derecho@uclm.es y la página web es www.postgradoenderechotoledo.es