UN NUEVO BLOG DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

En muchas ocasiones se ha hecho referencia en este blog a una red selecta de blogs que analizan de manera continuada la actualidad legislativa y jurisprudencial sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, además de comentar aspectos generales o particulares que afectan a las relaciones laborales y muy especialmente a la dinámica sindical. De todos ellos, sobresale sin duda el blog de Eduardo Rojo, (http://www.eduardorojotorrecilla.es/p/acerca-del-blog.html) que mantiene una vigilancia exhaustiva sobre la jurisprudencia laboral tanto de casación como de suplicación con análisis oportunos y críticos, además de mantenernos informados de muchos otros asuntos colaterales de interés y de proporcionarnos documentos importantes a través de su presencia en Facebook. Otro repositorio jurisprudencial que sigue la estela del blog de Eduardo Rojo es el de Ignacio Beltrán de Heredia, que con el título de Una mirada crítica a las relaciones laborales (http://ignasibeltran.com/) hace un seguimiento jurisprudencial agrupado por temas que pone a disposición de la red también a través de eficaces tweets. El resto de los blogs laboralistas no sostienen esta continuada atención a la producción cotidiana – normativa y jurisprudencial – del derecho del trabajo, tanto por su puesta al día más escanciada como por su temática, en la que gana espacio la dimensión académica y el comentario general, aunque siempre prestando atención al dato normativo y al momento interpretativo, más aun en el tiempo actual de crisis, excepcionalidad social y reformulación a la baja del modelo democrático de relaciones laborales.

Esta red de blogs laboralistas se desenvuelve en paralelo a la producción científica en las revistas especializadas, que en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social son ya numerosas, sobresaliendo, en términos de impacto, la Revista de Derecho Social ( http://editorialbomarzo.es/revista-derecho-social/que-es-la-rds/) , que edita Bomarzo, Temas Laborales, editada por al Junta de Andalucía y el CARL, que puede consultarse on line (https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias) , Derecho de las Relaciones Laborales, de Francis Lefebvre, heredera de Relaciones Laborales del grupo editorial La Ley (http://www.efl.es/catalogo/revista-relaciones-laborales/revista-derecho-de-las-relaciones-laborales) Trabajo y Derecho, que sustituyó a aquella y que se publica por el grupo Kluwer (https://tienda.smarteca.es/p/651/trabajo-y-derecho) , la Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, que fusiona en la clásica REDT las revistas Aranzadi Social e Información Laboral, y que edita el grupo Thomson Reuters, (https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/pdp/revistas.html?pid=1441) , Trabajo y Seguridad Social, la revista del CEF que cuenta con una distribución gratuita de sus números ( https://www.ceflegal.com/revista-trabajo-seguridad-social.htm), Documentación Laboral, que se ha convertido en la revista de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y que es publicada por la editorial Cinca (http://www.edicionescinca.com/revista.php  la Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,  publicada sólo en versión digital  por Iustel  ( http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=12) y, últimamente, la Revista de Derecho de Seguridad Social que edita Laborum (http://laborum.es/revsegsoc/) , la Revista de Derecho Social Latinoamérica  que en formato digital edita Bomarzo (http://editorialbomarzo.es/rds-latinoamerica/que-es-la-rds-latinoamerica/)   o la también digital Lex Social de la Universidad Pablo de Olavide ( https://www1.upo.es/lexsocial/directorio/) . Tres de ellas, -  Revista de Derecho Social, Temas Laborales y Derecho de las Relaciones Laborales – pertenecen a la International Association of Labour Law Journals, que agrupa a un club de revistas de derecho del trabajo de ámbito mundial, donde predominan las revistas europeas sobre esta materia.

Hay otras revistas que no alcanzan mayor difusión y que están ligadas a un despacho laboral o a un grupo de investigación académico, y, naturalmente, otras más que se sitúan en el área de Relaciones Laborales y que por tanto no sólo abordan problemáticas jurídicas, sino económicas y sociológicas. De entre ellas posiblemente la más relevante sea Cuadernos de Relaciones Laborales, editada por la Universidad Complutense, que acaba de obtener el sello de calidad Scopus y que se puede consultar en línea (https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA ), así como otras revistas ligadas a las Escuelas de Relaciones Laborales, como la que edita la de la Universidad del Pais Vasco, Lan Harremanak / Relaciones Laborales, también en la red (http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak ), o la recién transformada en una revista iberoamericana de relaciones laborales, Trabajo, editada en versión digital por la Universidad de Huelva ( http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/2298) .

Además de esta perspectiva de análisis en donde predomina la versión teórica y académica, una serie de magistrados de lo social elaboran periódicamente unos “prontuarios” o recopilación de jurisprudencia sin comentarios, que se distribuye por listas de correos más o menos extensas, entre lo que destaca la entrega mensual de una Revista de la Sección Social de Jueces para la Democracia que era asimismo distribuida por lista de correos a través de su coordinador, el magistrado del TSJ de Catalunya Miquel Falguera. 

En este panorama, de extraordinaria vitalidad respecto de una materia, la laboral, que está en el centro de la actualidad económica, política y social, y que por tanto integra una parte importante de la reflexión sobre las nuevas formas de producción del derecho en la globalización, pero asimismo denota una efervescencia importante en el análisis del ordenamiento jurídico nacional, no es de extrañar por tanto que surjan nuevas plataformas que se dispongan en ese espacio simbiótico entre los medios de información especializados, la zona del ciberespacio dedicada a estos asuntos, y su triangulación mediante su recepción y difusión en las redes sociales.

En este sentido, acaba de inaugurarse un nuevo blog, fruto de la sección social de Jueces para la Democracia que dirige y administra Miquel Falguera. Se trata en síntesis de incorporar los contenidos de la Revista distribuida mensualmente, con la anticipación que permite las entradas del blog. Éste, que ha sido ya saludado efusivamente por la bitácora decana de la blogosfera de Parapanda, Metiendo Bulla, pude consultarse en esta dirección:

http://jpdsocial.blogspot.com.es/  

En la columna de la derecha, en un apartado que señala “síguenos” se puede clicar para recibir las novedades de la página antes que se publique mensualmente la revista., que se estructura en las secciones de “artículos y comentarios”, que incluye la totalidad de las intervenciones efectuadas en la blogosfera laboralista, además de los textos en pdf de aquellas revistas digitales o que permiten la descarga de los artículos de manera gratuita; la de “legislación” con todas las novedades legislativas e incluso con cuadros comparativos que muestran la evolución y las diferencias normativas, la de jurisprudencia, con indicación de los Tribunales de las que proviene, con especial atención al Tribunal de Justicia de la UE y al Tribunal constitucional, pro asimismo con un importante acopio de decisiones del Tribunal Supremo y de los superiores de justicia, “Convenios Colectvos” con una utilísima lista de convenios publicados en el BOE, y, finalmente, una referencia a Jornadas y Congresos y a “Actividades” de interés.

Como es previsible, el administrador del nuevo blog tiene la intención de que también se publiquen en el blog colaboraciones de personas asociadas, así como de cualquier otra persona amiga. La idea es la agitar el debate iuslaboralista en unos momentos de gran incertidumbre; por lo que hace una llamada a la colaboración de abogados, jueces y profesores en esta futura ventana de opinión.

El blog de Jpd –Social, que justamente identificamos con su ciclópeo sostenedor, es por tanto una buena noticia. Sistematiza y proporciona un acceso fácil y trabajado a las principales fuentes de producción del derecho del trabajo y de la Seguridad Social y facilita por tanto una labor de preparación y de crítica del conjunto normativo existente. Es un instrumento auxiliar tanto para la práctica profesional como el estudio académico y para la definición precisa del momento interpretativo, suministrando razonamientos y formas de solventar en su forma más aguda, las contradicciones y las dificultades de un sistema jurídico que, como el laboral, se está deformando y reconfigurando por las últimas tendencias reformistas de las llamadas políticas de austeridad.

TRABAJO, RETROCESOS SOCIALES Y ALTERNATIVAS. UN TEXTO DE MARIA JOSE FARIÑAS

En el coloquio celebrado en la UNIA en Sevilla el viernes pasado organizado asimismo por la UPO y el Instituto Joaquín Herrera Flores, al que se ha referido la entrada inmediatamente anterior de este blog, se produjeron una serie de intervenciones sobre el tema general que había sido planteado por el coordinador del evento y presidente de DECLATRA, Wilson Ramos Filho, Xixo. Como se anunciaba en el citado post, presentamos hoy el texto que la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Maria José Fariñas Dulce, utilizó como base para su intervención en este evento, dándole además la bienvenida a las páginas de este blog agradeciéndole su disponibilidad y su deferencia para esta bitácora anclada en la mítica ciudad de Parapanda.

TRABAJO, RETROCESOS SOCIALES Y ALTERNATIVAS

María José Fariñas Dulce

Tenemos la certeza de que desde comienzos del siglo XXI estamos perdiendo muchos de los elementos éticos y estéticos conquistados durante los dos siglos anteriores. La lógica del beneficio sin límite está destruyendo las bases de la solidaridad social y del orden moral que lo sustentaba.

Se está introduciendo un cambio fundacional en el constitucionalismo social consagrado tras la Constitución de Weimar de 1918. Los derechos sociales están transitando desde su inicial reconocimiento constitucional, pasando por una situación de debilidad estructural, hasta su cuestionamiento teórico actual. No son derechos, se dice desde las teorías neoliberales, son “distorsiones del mercado”.

La mistificación del mercado ha conducido a justificar las desigualdades socioeconómicas como algo natural e inevitable, trasladando la culpa de las mismas a los individuos. La narrativa oficial está instalando en la opinión pública la idea de “que si es usted pobre, es culpa suya”. Esto es algo que se expone claramente en la última película de Ken Loach, Yo, Daniel Blake.

Pero, tras esto, se oculta la realidad de que durante las últimas tres décadas, los ciudadanos hemos ido perdiendo derechos sociales, se han privatizados servicios públicos esenciales, se han precarizado las condiciones laborales y se han disminuido las rentas del trabajo en favor de las del capital. El Estado ha hecho dejación de su función de emancipación social y va abandonando a los ciudadanos a “su suerte”.

Pero el trasfondo de todo esto está en la progresiva desconstitucionalización del trabajo y en la pérdida de su carácter político. La creación del Estado Moderno como estado liberal (“estado de propietarios libres” según lo teorizó John Locke) se basó en el mito fundacional de la propiedad privada como derecho natural. Esto permitió elevar a categoría política la defensa de la propiedad privada y de la libertad contractual. Tras las revoluciones obreras y sindicales del siglo XIX, se llega a un pacto tácito entre capital y trabajo o entre economía y sociedad. Este pacto implicó la incorporación del trabajo en las Constituciones, como derecho y su reconocimiento como categoría política. Se convierte así el trabajo y los derechos a él asociados en el eje central de estructuración de las sociedades modernas y, sobre todo, en el principal vínculo de la integración social. Los que no tenían el poder, la única manera que tenían de integrarse en la sociedad era a través de su trabajo y de los derechos a él asociados, así como los demás derechos d emancipación social (educación, sanidad, pensiones públicas..). No en vano, los DDHH nacen como límites al poder político, con los derechos e libertad, y al poder económico, con los derechos sociales.

A lo que estamos asistiendo ahora, tras la irrupción del neoliberalismo económico (con sus desregulaciones jurídicas, privatizaciones, externalizaciones laborales, automatización del trabajo etc...) es a la pérdida del trabajo como motor de estructuración de nuestras sociedades. El proceso de desindustrialización, junto con las diferentes oleadas de externalización laboral, y el tránsito del capitalismo productivo al capitalismo financiero, han roto el equilibrio societario entre capital y trabajo en favor de aquél. El capitalismo ha triunfado.

Además, se ha instalado en el imaginario social –y esto es un triunfo también del capitalismo global- la idea de que cualquier acción colectiva consciente, cuyo objetivo sea imponer cierto control social, es equivalente a totalitarismo. Ha ganado la visión liberal de que es mejor construir un mecanismo (el mercado) y dejarlo operar ciegamente, aunque nos lleve a la catástrofe ecológica y mantenga la explotación del hombre por el hombre, y a la pérdida de derechos. Por eso es tan difícil actualmente articular movilizaciones sociales de resistencia. La sociedad se ha escindido, las clases trabajadoras están fragmentadas y los conflictos socioeconómicos se han culturizado o etnificado, haciendo que los trabajadores se enfrenten entre sí por el color de la piel o la religión trasmitida, y en la competencia por recursos públicos. Frente a lo colectivo, se ha impuesto el “individualismo de la desposesión”, del que no tiene nada, del desclasado, del empobrecido. Abocado a la lógica del “sálvese quien pueda y yo el primero”.

Alternativas:

1.- Creo que es necesario recuperar esa dimensión colectiva de los proyectos emancipadores del siglo pasado. No se trata simplemente, de una vuelta a las experiencias revolucionarias pasadas: la historia no tiene vuelta atrás. Pero sí de ser capaces de construir nuevos activismos colectivos de resistencia frente al neoliberalismo global, que no pasen por los repliegues identitarios, ni por los fundamentalismos neoconservadores y proteccionistas.

Lo cierto es, que es urgente construir políticamente nuevas utopías emancipadoras, capaces de generar esperanzas de fututo para una ciudadanía frustrada, temerosa y desesperada. Por ello, creo que el reto de la izquierda en el siglo XXI está en tomar conciencia de un cierto estado de depresión colectiva frente a la euforia capitalista neoliberal del consumo y de la producción destructiva de desigualdades. Y, sobre todo, no dejar que las nuevas derechas, los fundamentalismos religiosos y los populismos autoritarios conservadores coopten este espacio y se apropien, como parece que lo están haciendo, del discurso.

La desigualdad socioeconómica está produciendo ya no sólo conflictividad social, sino conflictos políticos, y está minando las bases igualitarias de la democracia.

2.- En segundo lugar, la izquierda debe dar una batalla política y transnacional por la re-reegulación de los mercados. Establecer nuevos mecanismos de control y de límites al poder.

3.- La izquierda debería ser capaz de pilotar de nuevo la agenda social a nivel transnacional, algo que por ahora parece que está en manos de los populismos de derechas y los autoritarismos fundamentalistas.

DEMOCRACIA, CAPITALISMO Y DERECHO DEL TRABAJO

Ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación el Seminario Internacional celebrado en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y el Instituto Joaquín Herrera Flores, dirigido por Carol Proner y Francisco Infante, en el que la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff dio una conferencia inaugural sobre El asalto a la democracia en Brasil y Latinoamérica, presentada por Pilar del Río, la presidenta de la Fundación Jose Saramago.

Ese importante arranque se insertaba en una reflexión colectiva sobre el capitalismo neoliberal y su relación la democracia, en torno a la cual se articulaban varias mesas colectivas. La primera quería responder a la pregunta sobre si los derechos siguen siendo garantía de la democracia, a la que intentaron contestar desde perspectivas diferentes José Eduardo Cardozo, ex ministro de justicia de Brasil, Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Baltasar Garzón, Ex magistrado de la Audiencia Nacional, Gerardo Pisarello , titular de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona y Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y Juan Carlos Monedero, profesor titular de ciencia política de la UCM, bajo la moderación de Maria José Fariñas, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Tras este arranque bien impresionante, al dia siguiente se desplegaron otros interrogantes respondidos – o más bien problematizados – en otros agrupamientos de opiniones. Se analizaron así los condicionamientos supranacionales de la democracia en relación con el globalismo neoliberal, y, en el otro lado, las estrategias del nuevo orden internacional para aprisionar la democracia. La última mesa del día examinaba la relación entre neoliberalismo y democracia desde el trabajo. En ella intervinieron, moderados por Wilson Ramos Filho, Xixo, director del Instituto DECLATRA dos visiones del tema desde la economía, llevadas a cabo por Juan Torres, catedrático de economía de la Universidad de Sevilla, y Lina Gálvez, catedrática de Historia económica en la UPO, desde el derecho del trabajo, por Antonio Baylos, de la Universidad de Castilla La Mancha y Sayonara Grillo Coutinho da Silva, profesora de la Universidad Nacional de Rio de Janeiro y Magistrada Desembargadora del Tribunal Regional de Trabajo de Rio de Janeiro, en Brasil.

Este seminario ha tenido una continuación al día siguiente en otro seminario en la sede de la Cartuja de la UNIA en torno a una ponencia de Antonio Baylos sobre la construcción, a partir de la gobernanza económica y las políticas de austeridad, de un sistema de excepcionalidad social que desemboca en un modelo neoutoritario de relaciones laborales. A partir de ahí, se ha desarrollado un coloquio entre profesores y abogados brasileños y españoles sobre la regulación del trabajo, la función del derecho laboral, sus retrocesos y las alternativas a estos procesos sociales e ideológicos. En ese  intercambio de opiniones y de visiones sobre la relación entre democracia, trabajo y capitalismo neoliberal, dirigido por Wilson Ramos Filho, Xixo, que insistió en el cuestionamiento del derecho laboral como instrumento emancipador, resaltando por el contrario su función legitimadora del capitalismo, han intervenido, entre otras personas,  Jandira Feghali, diputada del Partido Comunista do Brasil por Rio de Janeiro, que reivindicó la preservación de un pacto social que garantice derechos sociales como inicio de una reformulación del Estado democrático que debe confrontarse con el neoautoritarismo liberal y su imagen de estado fuerte anti social, además de interrogarse sobre la antinomia vieja/ nueva izquierda, revalorizando los aspectos culturales descuidados en muchos supuestos por la estrategia de las izquierdas,  mientras que Marcial Sánchez Mosquera, profesor de la UPO, intervino desde una visión crítica de los paradigmas económicos que acompañan a las visiones neoliberales del mundo. Esther Carrizosa, profesora de derecho del trabajo en la UPO, insistió en los fallos evidentes del sistema de protección social en esta coyuntura en la que la desigualdad empuja hacia la pobreza y la exclusión, Pastora Filiigrana, abogada y  activista del SAT, que revalorizó el esfuerzo de imaginar las alternativas a una situación negativa que no se han expresado como propuesta sino como pura resistencia, sobre la base de un sindicalismo social que abarque la representación de la existencia social en su totalidad, y que permita la organización de la rotación y la precariedad laborales, manteniendo la creatividad de las nuevas formas de lucha pese al incremento de la represión. Fernanda Giorgi,  de la ejecutiva nacional dela CUT y abogada laboralista, reflexionó sobre la fragilidad de la identidad de clase, Maria José Fariñas, catedrática de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, cuya intervención sobre la evolución del constitucionalismo social  y el valor político del trabajo se ofrecerá en este blog en una entrega posterior y Sayonara Grillo Coutinho da Silva contextualizó la importancia del populismo conservador como un elemento funcional a la euforia neoliberal en la producción de desigualdades, viejas y nuevas, lo que en la experiencia brasileña reciente es muy evidente, deteniéndose en el tema, muy poco abordado por los expertos en Brasil, sobre la protección laboral de las trabajadoras domésticas en donde se pone en juego la desigualdad de raza y de género, y en fin, Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hizo la intervención ultima de esta interesante ronda de aproximaciones al tema extremadamente rica y sugerente poniendo el énfasis sobre la problemática de la construcción social de la realidad a partir de los medios de comunicación empotrados en el poder económico y la invisibilidad de los hechos que confrontan el proyecto concreto de dominación.

El seminario en fin ha supuesto un importante acto de intercambio de opiniones y análisis sobre un tema crucial en el desarrollo de las relaciones entre el Estado y la Sociedad en la nueva etapa de la globalización financiera que estamos atravesando, y ha producido unos materiales muy interesantes que darán lugar a finales de mayo a un libro colectivo que recoja los textos de los intervinientes en el mismo. Algunos de ellos, como se ha dicho, tendrán acogida en este blog en los próximos días, mientras que ahora simplemente se da noticia sobre este seminario tan atractivo como bien acogido por sus participantes.

ATOCHA, CUARENTA AÑOS

Se cumplen 40 años. Aunque nunca ha pasado inadvertido el aniversario de la matanza de Atocha, en esta ocasión se multiplican los artículos en prensa, los homenajes. Es necesario recordar, no olvidar, honrar la memoria de los Abogados de Atocha, como se denomina la Fundación que, creada por el sindicato de CCOO, se dedica a mantener vivo el recuerdo de aquellos hombres y mujeres. Que nadie olvide lo que fueron, lo que soñaron, su imborrable testimonio de dignidad, como ha escrito en un emocionado tweet Gerardo Pisarello.

Tuve la suerte de entablar amistad con Lola González Ruiz, a través de Joaquín Aparicio, y me une una buena relación de camaradería y de cariño con Alejandro Ruiz Huerta que se ha convertido en el último superviviente de la matanza. En ellos pienso siempre que se recuerdan estos terribles siete días de enero de 1977, un tiempo de furia y de temor, pero también de esperanza y de sueños de un cambio material e importante de las condiciones de existencia social de este país, de la lucha por la democracia para salir de esa larga noche de piedra que constituyó el franquismo. Formé parte, con otros amigos – Nieves San Vicente, Joaquín Aparicio, Enrique Lillo, Mamen Cañedo – del Patronato de la Fundación, y durante un tiempo compartí deliberaciones en el jurado del premio “Abogados de Atocha” que otorgaba cada año la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a una personalidad relevante que había sobresalido en la defensa de los derechos humanos y laborales. Hasta que tras las elecciones de mayo del 2011, la llegada al gobierno regional del Partido Popular supuso la cancelación del premio “por motivos presupuestarios”. Ha sido CCOO de Castilla La Mancha la que ha recuperado ese premio como homenaje unilateral a los abogados del PCE y de CCOO que fueron asesinados aquel 24 de enero de 1977 a los que la derecha política de esa región había negado su reconocimiento.

Un reconocimiento por parte de las autoridades públicas que ha tardado y ha sido difícil. Ningún presidente de gobierno – ni González ni Aznar – tuvieron a bien recibir al Patronato de la Fundación Abogados de Atocha hasta que lo hiciera Jose Luis Rodriguez Zapatero en el 2007, con un discurso fuertemente autocrítico respecto a la insensibilidad del poder público respecto de la memoria de este hecho terrible, relacionándolo con las iniciativas, sostenidas desde la izquierda, para la recuperación de la memoria histórica que, sin embargo y como se sabe, fue incapaz de superar las tremendas resistencias al despliegue de sus efectos.

Este es un dato importante para retener, porque la matanza de Atocha fue obra de un grupo de pistoleros fascistas, sin duda comandados y ordenados por fuerzas económicas y políticas muy importantes que los tribunales – un aparato judicial que había sido conformado por el franquismo como legitimador de sus políticas represivas y que se hallaba intacto en su composición antidemocrática – impidieron investigar. Se definiría hoy como un acto terrorista, pero la derecha de este país representada por el Partido Popular, sitúa este hecho en el mismo espacio que las violaciones continuas de derechos ciudadanos – detenciones, malos tratos, torturas y muertes – provocadas por las fuerzas de seguridad del franquismo, y por tanto cancelado de la memoria histórica, como el resto de las violaciones de derechos y sufrimiento de las personas que originó la dictadura. Por eso recordar la matanza de Atocha es “remover viejas heridas”, y su homenaje, como mantuvo el alcalde del pueblo que vio nacer a Angel Rodríguez Leal, el administrativo del despacho que fue asesinado junto a sus camaradas abogados, no puede tener lugar “para no herir sensibilidades”. La incomodidad del Partido Popular frente a unas muertes que no son “las suyas”, negando implícitamente que la lucha por la democracia y el sacrificio de aquellas personas integren el patrimonio de las referencias históricas ineludibles para cualquier partido que quiera definirse como democrático, y que forme parte del consenso ciudadano que dio origen a la Constitución de 1978.

Y Atocha cuarenta años después ha sido, asimismo, un dato importante para un debate en curso que se prolonga desde hace un tiempo y que se adentra en un cierto revisionismo de la posición del PCE y de CCOO en la transición. A favor y en contra, sin demasiados matices, como resultan hoy en día los debates políticos, transcritos en titulares de periódicos o en caracteres de un tweet. La izquierda domesticada, la Santa Transición, la rendición del PCE, son afirmaciones que tienen que ser contextualizadas y discutidas con más rigor, de manera que cada una de las imágenes que se ofrecen – ineludible, claudicante, victoriosa – se pueda problematizar y comprender en su complejidad.  En esa discusión el asesinato de los abogados del PCE y CCOO se inscriben en un proceso en el que la conquista de la democracia y las libertades son el resultado ineludible que no admite dudas. Porque es indudable que el esquema de la transición diseñado por una amplia gama de sujetos “reformistas” que incluían a sectores socialdemócratas y liberales muy hostiles a una ruptura democrática como la que se había producido en Portugal en 1974, discurría por parámetros excluyentes del PCE y de CCOO, cuya presencia política fue obtenida a partir de la lucha y de la movilización, y que marcó de forma muy importante el catálogo de derechos sociales incorporado a la Constitución, junto con la amnistía política y laboral y la plena implantación de las libertades civiles y políticas que implicaba que los ciudadanos no fueran reprimidos por su ejercicio. Un ejercicio que fue plenamente utilizado por cierto, en un período de ebullición cultural y social extremadamente rico que fue en cierta medida abortado por el golpe militar de 1981, y reconducido a los moldes de la “modernización” que el PSOE pondrá en práctica a partir de su mayoría absoluta obtenida en octubre de 1982, un proceso político que no coincide – y en cierto modo se opone – al de la democratización que impulsó el movimiento obrero y la lucha de los comunistas entre los cuales los abogados de Atocha constituyen un símbolo concluyente.

Atocha por tanto cuarenta años después es un momento importante en la consolidación de una memoria histórica que, como sucede en España, es siempre incómoda. Implica la refutación de un discurso que sitúa la transición como un proceso hegemonizado por la derecha y el franquismo, porque demuestra el carácter criminal y autoritario de un régimen que quería perpetuarse y la capacidad de la movilización social para situar el centro de sus reivindicaciones en la consecución de las libertades democráticas y en la reconciliación nacional, como bien simboliza El abrazo, el maravilloso cuadro de Juan Genovés que simboliza la imagen y el homenaje que lo sostiene de Abogados de Atocha. La decepción democrática es un acto muy posterior a aquel período en el que se produce el asesinato de estos luchadores por la libertad. Cualquiera que recuerde el clima político y cultural entre 1977 y 1981 podrá constatar la euforia por la democracia y los derechos, el amplio debate sobre el sentido de la democracia y su alcance, los proyectos tan diversos sobre el modelo de sociedad y de relaciones laborales que se debía poner en marcha, la discusión abierta y el áspero contraste sobre la división sindical, el marco autonómico, el papel de los jueces, la elaboración teórica y la creación de una opinión pública libre. Nadie tendrá – espero – ninguna objeción a esta sensación que atraviesa los años y se hace presente aún hoy.

Entender de qué se trata, por tanto, cuando hablamos de la matanza de Atocha y por qué hoy 40 años después es importante elaborar reflexiones sobre este hecho tan doloroso. No sólo, como correctamente mantiene la Fundación Abogados de Atocha, tomando el verso de Éluard, porque “si el eco de su voz se debilita, perecemos”, sino porque el asesinato de nuestros camaradas es un símbolo del sufrimiento y del dolor que una gran parte de la sociedad española hubo de pasar para obtener el goce de los derechos democráticos que permite entender cómo el sueño de la libertad se materializó, gracias precisamente a esos sacrificios, en un marco real de preservación de derechos ciudadanos. Que puede ser sin embargo restringido y limitado, como está sucediendo en nuestro país con especial incidencia a partir de la crisis. La insatisfacción ante una democracia de baja intensidad no debe proyectarse hacia atrás, descargando en el pasado la impotencia de la izquierda de hoy para cambiar el mundo revocando el estado de cosas existentes.

¿QUIEN SABE LO QUE ES LA RED MMT, MODERN MONETARY THEORY, Y SU DEFENSA DEL PLENO EMPLEO?

En demasiadas ocasiones la desconexión entre los economistas y los juristas es clamorosa, y en concreto con los juristas del trabajo, que consideran que ideológica y culturalmente se ha configurado una relación de subordinación del derecho del trabajo al pensamiento económico, entendiendo éste como sinónimo de la economía neoliberal. Hay espacios sin embargo de confluencia entre economistas críticos, a menudo acallados académica y mediáticamente, y los juristas del trabajo, que se han puesto de manifiesto fundamentalmente con las últimas reformas laborales, en donde la crítica de las políticas de austeridad han sido convergentes entre ambos sectores. Pero en general puede decirse que se sigue manteniendo una cierta desconexión entre las iniciativas de ambos grupos profesionales e intelectuales.

Un ejemplo reciente de ello es la celebración en Madrid, el próximo 25 de enero, de un interesante seminario de análisis y de debate que organiza la Red MMT en colaboración con la Rete MMT italiana, de la que nos ha advertido, muy oportunamente, Carlo Clericetti. La finalidad perseguida es la de reunir a partidos del campo del progreso del sur de europa en torno al principio de pleno empleo. El pleno empleo es posible, obviamente sólo fuera de las políticas de austeridad. Por eso el encuentro del próximo miércoles en Madrid se llamará “Desempleo 0%”.

Se trata de una iniciativa que emprenden tanto la red italiana como la española de la Modern Monetary Theory, que ha tenido una fuerte relevancia en la elaboración del programa económico de Bernie Sanders como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América. En el blog de Stuart Medina http://chartalismo.blogspot.com.es/2017/01/lanzamiento-de-red-mmt.html     se encuentran los principios básicos de la MMT:

“Hacia el desempleo cero. No entendemos que se tolere la mayor ineficiencia de nuestras sociedades, el despilfarro de nuestros activos más preciados: las personas.

Aumentar el aprovisionamiento social. Las personas desempleadas que pueden y quieren trabajar deben movilizarse para proporcionar bienes y servicios que la sociedad necesita y que se dejan sin cubrir.

Erradicar la precariedad laboral. No podemos permitir que se mantenga un ejército de reserva de desempleados para disciplinar a la fuerza de trabajo en sus demandas de unos derechos y condiciones laborales dignas.

Equidad e integración. El empleo no es solo una actividad para adquirir una renta monetaria, sino un mecanismo de desarrollo personal y de sociabilidad, de integración y lucha contra la discriminación de género, raza y etnia.

Reducir la incertidumbre personal. Los efectos perniciosos sobre la salud psicológica provocados por el estrés, la ansiedad y la depresión podrían minorarse eliminando la inseguridad relativa al empleo; además de facultar a los individuos a dejar pasar menos oportunidades para iniciar proyectos de todo tipo por miedo a perder su principal fuente de ingresos.

Transformar la inversión. La inversión es el elemento crucial que da forma a nuestras sociedades. El sector privado se mueve por el deseo de acumulación de beneficios, siendo las expectativas de obtenerlos el motor que les lleva a tomar las decisiones sobre en qué sectores invertir. El sector público no se ve limitado a los mismos condicionantes, pudiendo ejecutar inversiones transformadoras que no se guían por el mero objetivo del lucro o rentabilidad.

Equilibrio entre el sector público y el sector privado. Frente a la opulencia privada, es urgente un desarrollo parejo de los servicios públicos que redunde en un bienestar compartido por todos los ciudadanos.

Descentralizar y fortalecer la democracia. Si bien existe un componente jerárquico en cuanto a la financiación, el diseño de los Programas de Trabajo Garantizado desde abajo garantizaría un uso correcto de los activos disponibles en función de las necesidades y objetivos particulares de cada región o municipio.

Incluir la esfera reproductiva. Hacer visibles estos activos mediante una remuneración no sujeta a motivos de mercado no supondría su mercantilización, sino la socialización del trabajo de cuidados.

Cómo y para qué crecer. Es importante no fijarse metas cuantitativas y abordar en qué sectores crecer socializando al inversión y qué consumos desincentivar vía impositiva. Ligar la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental como objetivos simultáneos de política económica es esencial para invertir el impacto que dejamos sobre el planeta sin fallar en el intento”.

Es evidente que son planteamientos muy interesantes en la búsqueda de alternativas a las políticas de austeridad de la nueva gobernanza económica europea, aunque sus repercusiones concretas sean discutibles. El acto del 25 de enero, a las 18,30 en la Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid, intervendrán una serie de parlamentarios italianos y españoles que se sitúan en el espectro de la izquierda junto a economistas alternativos. En el caso español, el espectro político convocado es el de Podemos e Izquierda Unida, en el caso italiano, la Sinistra Italiana. Así, intervendrán Alfredo D’Attorre (Diputado de Sinistra Italiana), Manuel Monereo (diputado de Podemos), Eduardo Garzón (Economista Università Complutense di Madrid), Nacho Alvarez (Economista y miembro de la Dirección de Podemos) Juan Laborda (catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Estudios Bursátiles), entre otros invitados, que discutirán sobre un tema central en esta propuesta, los Planes de Trabajo transitorio como solución al desempleo en Europa del Sur.

Junto a ellos, la economista norteamericana Pavlina Tcherneva, exponente de la escuela economica Modern Monetary Theory y consejero económico de Bernie Sanders, que explicará los fundamentos y el funcionamiento de los Planes de Trabajo transitorio. Antes de la conferencia, PavlinaTcherneva se reunirá con algunos diputados del Congreso español, y el 27 estará en Italia, donde tendrá una sesión pública en el Senado.

Red MMT España y la italiana Rete MMT  expondrán el documento que pide el fin de las políticas de austeridad europeas y la necesidad de un compromiso legislativo, en Italia y en España, en favor del pleno empleo. Se trata en definitiva de una iniciativa que pretende construir en Europa un frente preparado y cohesionado contra las políticas de austeridad, que delimite en el Sur de la misma, un proyecto alternativo para otra Europa, convergiendo así implícitamente con otros empeños y agregaciones sociales y políticas que convergen en la misma dirección. Difundir esta iniciativa  y darla a conocer en el ámbito de los lectores y seguidores de este blog, resulta funcional a sus objetivos.
 

El sitio de la Red MMT, en español, es http://www.redmmt.es/

TRUMP Y MEXICO

La asunción de la presidencia de  los EEUU por Donald Trump va a suponer un revulsivo importante en el interior del país en términos de libertades y de derechos sociales, aunque las repercusiones de su mandato en materia de política exterior son aún más inquietantes. Un contencioso abierto desde la campaña electoral, que alimenta la xenofobia y el racismo junto al sectarismo social, es la relación con México. Las protestas en aquel país frente a los planes de vecino del norte han procedido sobre todo de la sociedad civil, puesto que las reacciones de los poderes públicos han sido muy contenidas e incluso melifluas. A continuación se inserta un comunicado de Oscar Alzaga y Raúl Jiménez, de la ejecutiva de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) de México, en la que se hace una reflexión muy correcta sobre la relación entre ambos estados en el período que se abre.

Trump, una amenaza para México y para el mundo

                                                                         Raúl Jiménez y Oscar Alzaga*

El muro de la frontera, la deportación masiva de mexicanos y el orden económico mundial arbitrario que busca imponer el nuevo presidente de Estados Unidos (EEUU), representan una agresión a la humanidad, una amenaza a los derechos humanos universales y al desarrollo de las naciones. Porque viola: el Principio de no agresión de la Carta de San Francisco, ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos, OEA, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todos formas de Discriminación Racial y los Principios rectores del CELAC y de la política exterior de la Carta Magna de México, 

Trump ha dado sobradas muestras de un racismo extremo y enfermo, amenaza a México con el muro y su cobro, con reducir la economía nacional a su arbitraria decisión. Pero el muro de la frontera no solo agrede a México, porque es regresivo para el desarrollo mundial: será un muro entre el Primer Mundo y el Tercer Mundo, de inmediato entre EEUU-Latinoamérica. Divide al mundo entre ricos y pobres.

A México le impide su derecho de autodeterminación y no intervención extranjera en asuntos internos, amenaza con imponer el pago del muro, violenta la soberanía nacional y popular, rompe la igualdad jurídica y la cooperación internacional entre las naciones, pone en riesgo el diálogo pacífico entre ambos países. 

   

Además impone a la económica internacional los privilegios para EEUU, a costa del mundo. No se trata de un país árabe u oriental, sino del más poderoso económica y militarmente del mundo, con predominio en la ONU, OTAN, FMI, BM, etc. A la vista de todos resurge el imperialismo más rapaz y agresivo de la era global, abusivo, racista y amenaza la paz y la seguridad mundial.

No es sólo un problema de los mexicanos y centroamericanos. Ya Alemania, Francia y China protestaron las descabelladas pretensiones de Trump, de imponer su jefatura al mundo: ordenó a las empresas europeas que salgan de México. Impone la irracional fuerza por encima de los tratados internacionales y las leyes universales.

La política de Trump viola los derechos humanos de la ONU y OEA, lo mismo que los derechos internacionales del desarrollo y del derecho público, ya que agrede el libre comercio internacional y más contra las naciones en desarrollo. Consecuentemente, debemos acudir a los organismos internacionales y llamar a todas las naciones a frenar las agresiones, antes de que la amenaza se vuelva incontrolable.

Las agresiones y los conflictos ya iniciaron, antes de tomar el cargo Trump, ¿Debemos esperar para actuar? México debe convocar a las naciones latinoamericanas a defender los derechos humanos y el derecho del desarrollo sin trabas ni amenazas de nadie. Con el apoyo latinoamericano, luego convocar a un foro mundial, con ese propósito. A la vez, llamar al pueblo de EEUU a frenar al irracional Trump. Todo en el marco del derecho.

Muro para seres humanos, no para las drogas, armas y narcos.

El muro es exclusivo para indocumentados, trata a los migrantes como delincuentes, cuando no lo son ni ilegales, así lo señala la ONU y los organismos de derechos humanos, ya que por razones económicas emigran. Antes fueron expulsados de su país de origen, por la falta de empleo y por los bajos salarios: son víctimas de aquí y de allá.

Pero EEUU demanda esa mano de obra para su economía en tres áreas, al menos: en el campo, la construcción y la limpieza de edificios, industrias y calles. EEUU no le hace ningún favor a los migrantes, ellos van a desquitar su salario y sus derechos, con trabajo honesto.

En cambio, el narcotráfico pasa de ida y vuelta, con tolerancia oficial. Porque EEUU es el mayor consumidor de droga del mundo: ¿Qué país produce y vende las armas a los narcos? ¿Quién financia la droga y el consumo en EEUU? Para eso no hay muro y ni es ilegal el tráfico. En México la droga solo ha dejado muertos, desaparecidos, inseguridad y violencia creciente. Para la droga no hay muros ni opinión de Trump.

El TLC de 1994 abrió las fronteras para el capital y las mercancías, no para los ciudadanos, igual ocurre con el Pacto Transpacífico.  En el marco del derecho internacional del desarrollo y del público se deben denunciar las violaciones de Trump en la ONU y OEA; y en el marco de los derechos humanos denunciar las violaciones en los tribunales respectivos. Es evidente que Trump abusa del poder económico y militar de EEUU, para imponerse al mundo, sobre todo a países de economías dependientes y débiles, como la de México.

¿El gobierno tiene el apoyo ciudadano para defender al país ante el poder de Trump? ¿Cuenta con el apoyo internacional?

Sabemos que no existe la unidad nacional, cuando la ciudadanía está inconforme con la política económica y social oficial. El gasolinazo es solo la última expresión de una política injusta que lleva 4 años y 30 más de gobiernos neoliberales. ¿Qué beneficios han traído al pueblo las reformas del gobierno actual? Ninguna, al contrario: solo han enriquecido más a la oligarquía y al capital extranjero y reducido los salarios, los contratos colectivos, el empleo y crece la emigración.

Ante la creciente inconformidad popular, el gobierno no cambia su política económica, solo hace promesas. No asume una política de austeridad y racionalidad que beneficie a las mayorías y al desarrollo del país. No frena los excesos de la oligarquía, gobernantes, tres poderes y partidos. Y de todos ellos no erradica la corrupción.

El gobierno no debe acudir a leyes que militaricen a la nación, sacar a los militares a las calles, lo que una y otra vez fracasó. Legalizar lo ilegal. Militarizar el país es reconocer el fracaso de la democracia y la convivencia pacífica: amenaza las elecciones. Cuando lo que requiere el país es de confianza, paz y cambios para una economía social. México tiene alternativas nacionales e internacionales que impulsar, tiene historia de grandes enseñanzas y patria con dignidad.

*Presidente y Coordinador de la ANAD.

COMUNISMOS

2017 es el año del centenario de la revolución de octubre. Serán múltiples los homenajes que este evento – los diez días que conmovieron al mundo – sugerirá en todo el globo. En Roma, del 18 al 22 de enero, se realiza uno de ellos, posiblemente el primero del año en extensión y calidad, del que a continuación se da una breve noticia.

El congreso que se celebra en Roma se denomina Comunismos 17, quiere plantear un interrogante fundamental, la relación de la noción de comunismo con la revolución rusa, que ha recorrido una buena parte de los análisis del movimiento obrero y que a partir del derrumbe de la Unión Soviética posiblemente ya no se plantea más, sustituido por el discurso proveniente del pensamiento dominante que lo coloca en el estante de los grandes horrores del siglo XX. En Europa – y no sólo -  sin embargo, es difícil borrar la relación que se entabla entre comunismo y antifascismo, y la importancia de los partidos comunistas en la conquista de las libertades democráticas. El razonable juicio de Berlinguer según el cual la tensión creativa y propulsora de Octubre del 17 se agotó, pero sin él la historia de la humanidad no habría avanzado, se recuerda solo a medias.

El concepto se declina felizmente en plural, y eso resulta imprescindible como precaución antidogmática. También se desplaza hacia un plano de la discusión teórica y política, más que hacia el espacio de los proyectos políticos concretos. Pero la indeterminación del término es una constante del mismo. Aunque cada vez más es una palabra no pronunciable, que ni siquiera enorgullece la memoria personal de sus militantes, da nombre a partidos políticos muy diversos, y, de especial interés para quienes se sitúan en el ámbito cultural de sus reflexiones, es el subtítulo de un periódico emblemático en Italia – y no sólo – Il Manifesto, que se presenta como Quoridiano comunista que hoy paradójicamente es la traza más visible de la acción política, ideológica y cultural del mayor partido comunista del occidente, el PCI. Éste periódico, naturalmente, es protagonista de la conferencia de Roma, y ha editado un encarte con entrevistas y análisis sobre el tema introducido de manera brillante por Luciana Castellina.

Es ésta autora la que afirma que si quisiéramos indicar un sentido apropiado y actual a la palabra comunismo, el más correcto debería ser el que usó el propio Marx: “El movimiento real que abole el estado de cosas presentes”. Es por tanto importante la experiencia histórica que han compartido millones de personas en el intento de salir del sistema capitalista y de sus miserias, la que ha gobernado, para bien y para mal, grandes países del mundo, el fenómeno que quizá más que ningún otro ha marcado el siglo pasado: un gran proceso revolucionario, luego degenerado y derrotado. Un tema sobre el que realmente conviene discutir y reflexionar sin imágenes previas o, mejor, cuestionando todas las que hay elaboradas y en circulación.

En un tiempo en el que se ha analizado de forma muy amplia y exhaustiva la incapacidad del capitalismo de garantizar las condiciones mínimas de supervivencia para millones de seres humanos, y por tanto el mensaje marxista de transformar no el título de propiedad, sino el conjunto de las relaciones sociales, los valores individuales y colectivos, una verdadera refundación de toda la sociedad, hace muy actual este tipo de horizonte de reflexión alternativa, que naturalmente va asociado al diseño de un sujeto colectivo capaz de cambiar el estado de cosas vigentes y a la capacidad de la política de representar coherentemente este proyecto. El dramático empobrecimiento de la democracia que los últimos acontecimientos de la crisis en Europa y en general en el mundo desarrollado, debe permitir el repensamiento de un largo proceso social que conquiste la sociedad antes que al Estado. Son cuestiones hoy de una extraordinaria actualidad, y en nuestro país creo que los debates políticos en la izquierda – y en concreto el proceso de Vista Alegre II en torno a los confines de Podemos – están girando en torno a ellas. En las preocupaciones más acuciantes, la actual fragmentación social, determinada por las nuevas formas de trabajo y la diversificación cultural inducida por los procesos de individualización y de mercantilización de la existencia que éstas han inducido, influye de manera muy decisiva en el debate de fondo.

Pensar sobre los comunismos como alternativa a TINA (There in no alternative), entre la alegoría del sastre de Ulm y la heterogeneidad de los puntos de vista sobre cómo transformar de raiz el presente "estado de cosas". La conferencia de Roma lo pretende hacer a través del examen de temas transversales, fundamentalmente la globalización y la crisis de representación, en una relación multiescalar entre lo global y local, en el contexto de formas de gobernanza mundial. Intervendrán personas y personalidades tan relevantes como Mario Tronti, Slavoj Zizek, Franco Berardi “Bifo”, Antonio Negri, Paolo Virno, Terry Eagleton, Callre Fontaine, Jacques Rancière, Etienne Balibar, Giacomo Marramao, Sandro Mezzadra, Maria Luisa Boccia, Luciana Castellina entre otros muy interesantes.

Los materiales preparatorios de este encuentro internacional se pueden consultar en la página www.comunism17.it o en la página Facebook www.facebook.com/C17Rome . Hay además una exposición en la Galeria Nacional de Arte Moderna y contemporánea de Roma, del 14 al 22 de enero, que se puede consultar en operativa.info 

SOBRE EL DOCUMENTO FIDE: (II) PROPUESTAS ESPECÍFICAS

El Documento FIDE, que coordina Maria Emilia Casas  y del que ayer se analizó el contexto y el escenario general en el que se mueve, contiene asimismo una serie propuestas concretas sobre contratación temporal, flexibilidad interna, despidos, negociación colectiva y representación colectiva en la empresa. En la entrada de hoy se examina de manera más detallada estas propuestas.

Sobre la contratación temporal

El documento es más audaz en sus propuestas sobre contratación temporal porque posiblemente se trata de un tema en el que los efectos del nuevo cambio de paradigma son más desoladores. La precariedad laboral y de vida, la rotación permanente entre el empleo precario y el desempleo, la vulnerabilidad de categorías precisas de trabajadoras y trabajadores, su asociación con el tiempo parcial no voluntario y todo ello con un marco de incumplimiento continuo de la normativa laboral sobre el mismo. La crítica a la dualidad del mercado laboral se hace además desde una reivindicación muy fuerte del contrato por tiempo indefinido, junto con una alusión desaprobatoria de la figura à la page del llamado contrato único.  En este apartado es importante tanto la crítica que se hace al uso desmesurado e inconveniente de la contratación temporal por las Administraciones Públicas, en el marco además de las estrategias privatizadoras, y las que se efectúan respecto de la relación entre temporalidad y contratas y subcontratas, junto con otras medidas llamativas como la supresión de las bonificaciones, el establecimiento de indemnizaciones disuasorias para la contratación laboral irregular, o la delimitación de las fronteras entre falsos autónomos, becarios y contratos de trabajo temporales.

En el Informe FIDE se pone de manifiesto asimismo la importancia de la Directiva que traspone el Acuerdo Marco sobre trabajo temporal, y posiblemente haya una referencia indirecta a las últimas directivas sobre contratación pública y la necesidad por tanto de que estas integren nuestro ordenamiento jurídico. En concreto se hace una expresa referencia a las “sentencias españolas” en esta materia del Tribunal de Justicia. Sobre este punto se está debatiendo en una Comisión tripartita creada por el gobierno que no parece sin embargo que por el momento esté llegando a unas conclusiones seguras ante las diferentes visiones confrontadas de parte sindical y gubernamental, lo que también podrá dar la medida de las probabilidades que una iniciativa como la que impulsa este informe puede tener consigo.

Flexibilidad interna

En este aspecto el Informe juega a fondo la teoría de los vasos comunicantes según la cual la cultura empresarial prefiere los ajustes externos por despido mientras que no utiliza como primera medida el recurso a la flexibilidad interna, y por tanto potenciar estas medidas harán descender los despidos. Es una perspectiva compartida por los sindicatos que llevaron a efecto en los Acuerdos de  diálogo social que firmaron con la patronal la víspera de la reforma del 2012, con la intención, luego defraudada, de que el consenso empresarial mitigaría el impulso gubernamental de favorecimiento y  abaratamiento del despido. Lo que se concluye ahora no es que haya que ampliar los mecanismos legales existentes para la flexibilidad interna, sino que éstos se contractualicen plenamente, reduciendo por tanto el campo de actuación unilateral del empleador, y que se establezcan mecanismos – también a través del control jurisdiccional – que garanticen la prioridad de la flexibilidad adaptativa antes que la propuesta de despido como forma de ajuste empresarial.

La propuesta del documento FIDE hace también mucho hincapié en que esta flexibilidad sea bidireccional, es decir que no solo sea la adaptabilidad a las circunstancias de la empresa el elemento calificador de ésta, sino que también estos procesos – periodos de consulta y negociación – sean llevados a cabo en los supuestos en los que se pretenden conciliar responsabilidades familiares y laborales, o derechos derivados de la educación y formación, en especial a la formación profesional.

La contractualización implica fundamentalmente para los redactores del informe – como veremos más adelante- una sustentación en representaciones sindicales fuertes y permanentes o estables, para lo que entienden que se tiene que suprimir las discutidas representaciones ad hoc creadas por la norma reformadora. Nada sin embargo se avanza sobre el rol que en esa flexibilidad interna puede tener la regulación del tiempo de trabajo y su reducción, ni la puesta en cuestión de los mecanismos de organización del trabajo con relevancia en materia de empleo y su calidad, que son temas sobre los que se entiende que los interlocutores sociales deben debatir en el marco de esa bidireccionalidad afirmada.

Sobre el despido: cambios en el despido individual

El texto del informe trata con prudencia el tema del despido colectivo de carácter económico, que es uno de los elementos medulares de la reforma del 2012, y por tanto de las indicaciones europeas sobre las “reformas de estructura” que se requerían. En ese aspecto sin embargo, el informe recuerda la necesidad de adaptar nuestro derecho a las decisiones recientes del TJ sobre los umbrales numéricos, el número de trabajadores empleados y las extinciones computables, asi como la conveniencia de incorporar los elementos garantistas que la jurisprudencia ordinaria ha ido efectuando en esta materia. No obstante, la recuperación de la autorización administrativa previa se excluye de forma categórica, al entenderse que “no constituye una alternativa” al sistema del control judicial de los despidos colectivos, y ello pese a que el TJ ha sentenciado que  “la Directiva no se opone, en principio, a un régimen nacional que confiere a una autoridad pública la facultad de impedir despidos colectivos mediante una resolución motivada adoptada después de examinar el expediente y analizar criterios de fondo predeterminados, salvo que dicho régimen prive a la Directiva de su efecto útil. La Directiva podría resultar privada de efecto útil, en particular, si, atendiendo a los criterios aplicados por la autoridad nacional, quedase excluida en la práctica toda posibilidad efectiva de que el empresario realizase tales despidos colectivos”, como señala la nota de prensa a la Sentencia de 21 de diciembre 2016, en el asunto C- 201/2015    (http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160143es.pdf) .El papel de la Administración laboral debe ser sin embargo más activo, cooperando en la efectividad de los derechos de información y de consulta. A lo largo del período de consulta, por otra parte, se procura la “legitimación prioritaria” de las representaciones sindicales frente a los órganos de representación electivos y unitarios.

En materia de despido individual, sin embargo, se proponen medidas más transformadoras, partiendo de la necesidad de desincentivar el uso inadecuado del despido individual como forma de ajuste de empleo, lo que conduce a plantear el encarecimiento del mismo mediante el aumento de la indemnización en dos supuestos concretos, los de inexistencia de causa y los de falta de su acreditación. Junto a ello, se recomienda reconsiderar y ampliar el régimen de la nulidad del despido más allá de los discriminatorios y vulneradores de derechos fundamentales, lo que posiblemente lleve a plantear una nulidad por fraude de ley o por abuso de derecho, recuperando una figura jurisprudencial antigua, y la extensión de la técnica del derecho de opción entre la readmisión y la indemnización para supuestos de especial gravedad y no sólo limitado al supuesto del acosos hoy vigente.

Negociación colectiva y derechos  de participación en la empresa: un cambio que debe meditarse

En materia de negociación colectiva se aprecia en el informe un mayor peso de la conservación de lo existente, cambiando eso si los elementos más negativos impuestos en el 2012 al sistema legal de negociación, pero considerando posiblemente este tema asimismo especialmente sensible para el conglomerado financiero político de la gobernanza europea, dado que éste era el objetivo central de las cartas que en el 2011 el presidente del BCE destinó a los presidentes de gobierno de Italia y España tras el pacto del Euro. La sensación que se desprende de esta parte del informe es que los participantes en el debate no han querido ir más allá de lo que supuso la reforma del 2011 como un ejemplo de regulación “al límite” entre las exigencias de descentralización negocial y el reconocimiento de la negociación derogatoria en la empresa y la preservación del principio de autonomía colectiva.

Este no obstante es afirmado de manera muy taxativa al comienzo de este apartado del informe, lo que resulta muy estimulante, aunque posteriormente se abren varias posibilidades de reducir la fuerza vinculante del convenio, siempre eso si condicionadas a su aceptación por los sujetos firmantes del acuerdo, como en el caso de la preferencia aplicativa del convenio, los mecanismos de adaptación negociada a las necesidades reales de las empresas, la caducidad de la ultra actividad, si bien afirmando que la negociación en la empresa necesita de representaciones sindicales fuertes y estables, porque además de este modo se asegura la coherencia entre los niveles superiores de negociación y la empresa. También se propone, de manera correcta, la desaparición del papel arbitral de la CCNCC, y el desplazamiento del ámbito de solución a los procedimientos autónomos creados por la propia negociación colectiva.  

En el último punto, a propósito de la representación en la empresa, se incorpora un planteamiento muy neto de reordenación del sistema de representación colectiva hasta ahora vigente que va más allá del contexto de las reformas laborales en el que se había movido el documento. En efecto, la propuesta es la de reformular las funciones que desempeñan los órganos electivos unitarios en la empresa que, aunque continúan marcando la audiencia electoral que determina la representatividad sindical, deben limitarse al ejercicio de sus facultades de información y consulta, reservando para los sindicatos – representativos o no – los derechos de huelga, negociación colectiva y conflicto. Es un cambio muy radical que va más allá de lo que en otros apartados del informe se ha presentado como “prioridad representativa”, que parecía más atendible, y puede redundar en una reducción del alcance y la intensidad de la capacidad representativa de los propios sindicatos, que actualmente se articula de manera muy intensa en las pequeñas empresas a partir de los órganos de representación electivos. La alusión que hace el documento a la acción sindical en el Empleo Público puede ser utilizada en un sentido argumentativo contrario, puesto que la función que desempeñan las Juntas de Personal es extremadamente reducido, y eso repercute en la cada vez menos influyente presencia del sindicalismo en los lugares de trabajo de los empleados públicos, mientras que es más fuerte en el personal laboral al servicio de las administraciones públicas o donde hay dualidad de personal, laboral y funcionario.

El informe parece por tanto validar la opinión del Tribunal Constitucional de hace tiempo según la cual los comités de empresa y delegados de personal no desempeñan funciones sindicales que pudieran ser integradas en el contenido de la libertad sindical y la llevan a sus últimas consecuencias, privando a esos órganos de representación colectiva que han desarrollado unas prácticas muy netas en el conflicto y en la negociación, especialmente en los casos de crisis de empresa, de los cometidos fundamentales de tutela de los derechos de los trabajadores. Un salto tan importante – que sin embargo encontraría defensores muy convencidos de su conveniencia en el espacio sindical no sólo de UGT sino de CCOO, pese a ser los sindicatos más determinantes en la composición de los comités de empresa – debería ser meditado un poco más por las implicaciones que lleva acarreadas y que podrían ser a medio plazo debilitadoras del propio movimiento sindical.

De menor trascendencia, pero indudablemente valiosas son las aportaciones sobre el cambio en las unidades electorales superando y transformado el concepto básico en la legislación laboral del centro de trabajo y, la conveniencia de que el sistema legal de la representación unitaria se considere como un mínimo disponible por la negociación  colectiva.

También el informe entiende llegado el momento de regular la financiación de los sindicatos y de las asociaciones empresariales, posiblemente mediante una ley de participación institucional como sugiere Eduardo Rojo en su comentario, aunque también es seguro que este tipo de propuesta choca frontalmente con la política de recortes que se ha ido llevando a cabo por las Administraciones central y autonómica con especial incidencia en la obstaculización y entorpecimiento de las estructuras sindicales, que no parece haberse reducido sustancialmente en nuestros días.

Final

El documento FIDE, como se ha pretendido resaltar a lo largo de esta breve intervención, ofrece propuestas muy sugerentes y aprovechables, que desde luego entran de lleno en lo que se podría llamar el campo del progreso en materia laboral, sin perjuicio de comprender que se trata de un documento de consenso – como el marco laboral que se pretende – y por consiguiente juega en un espacio de convergencias no coincidente con el planteamiento que pueden y deben mantener los diferentes sujetos sociales involucrados.

Su presentación pública y su difusión es importante porque interpela a toda una serie de interlocutores – políticos y sociales – a abrir una nueva etapa que permita superar un momento muy negativo para el sistema democrático en su conjunto en el intento de buscar un marco estable que redirija la regulación laboral hacia esquemas más equilibrados y que recupere una cierta autonomía técnica y jurídica despegándose un tanto de las fórmulas repetidas por el discurso oficial dominante sobre la competitividad, la flexibilidad y el empleo.

La alta improbabilidad de que el sentido final de este trabajo sea recogido en el ámbito del gobierno o del partido que le sostiene, donde el espacio cultural de la sospecha y del prejuicio es mayoritario, no quita importancia a este esfuerzo colectivo que se ha organizado en torno a la Fundación FIDE y a la coordinación de la profesora Casas Baamonde.