La
campaña electoral que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid acapara
una buena parte de la atención de todo el país, se ha convertido, por las especiales
características de la misma, en una contienda a la que los medios de
comunicación públicos y privados están prestando un seguimiento exorbitante, entre
los cuales algunos además con una toma de partido muy evidente a favor de la fórmula
de gobierno del Partido Popular con el apoyo de la extrema derecha de Vox. En
el terreno de las organizaciones sociales, la importancia de las elecciones autonómicas
ha sido considerada asimismo un hecho de la suficiente relevancia como para
manifestar públicamente una opinión al respecto. Este ha sido el caso del Manifiesto
Unitario del Mundo del Trabajo de la Comunidad de Madrid por el voto a la
izquierda que han hecho público los sindicatos CCOO y UGT de esta Comunidad.
El manifiesto afirma que “necesitamos,
y lograremos con nuestra movilización y voto, un Gobierno decente, progresista
y feminista que proteja a las trabajadoras y trabajadores, que cree puestos de
trabajo, que defienda el empleo estable con salarios dignos y con derechos; que
desarrolle políticas sociales y refuerce los servicios públicos como derecho de
la ciudadanía; que apueste por un modelo productivo que recupere peso
industrial, que luche por la transformación social del cuidado basada en la
corresponsabilidad social y en la justa valoración económica y social,
cualifique el sector turístico y el de los servicios, apueste por la
investigación y el desarrollo así como la sostenibilidad ecológica. Que
reequilibre y cohesione social y territorialmente la región y apueste por la
igualdad. Y que, para lograrlo, aproveche el impulso de reconstrucción después
de la pandemia”. Entienden ambos sindicatos que “la clase trabajadora, ahora
con el voto, vuelve a ser esencial para el cambio, como lo está siendo en la
pandemia y como lo fue en la conquista de las libertades democráticas”, por lo
que solicita redoblar todos los esfuerzos personales de hombres y mujeres que
tengan derecho al voto en la CAM, para acudir a las urnas el día 4 de mayo a
votar a la izquierda.
Se trata de una toma de posición
que por otra parte es tradicional en las declaraciones sindicales en unidad de
acción antes de cada proceso electoral, de manera que CCOO y UGT llaman siempre
a la participación ciudadana en el voto, como derecho conquistado en el proceso
de lucha contra la dictadura franquista que hoy integra un elemento central de
la arquitectura constitucional democrática en torno al pluralismo político, orientando
el voto de sus afiliados y de sus zonas de influencia hacia los partidos
políticos que se reclaman de la izquierda política y social. En el caso actual,
la confrontación con un programa de gobierno decididamente neoliberal de Díaz
Ayuso, con las incrustaciones autoritarias, clasistas, xenófobas y antifeministas
de Monasterio, refuerzan la urgencia de un posicionamiento democrático
de los sindicatos, sujetos colectivos que organizan el pluralismo social y que,
con los partidos políticos, forman parte de las instituciones fundamentales del
sistema constitucional español.
Esta singular posición jurídica
del sindicalismo más representativo, que lleva aparejado el respeto a sus
facultades de acción colectiva, entre las que se encuentra la libre expresión
de opiniones en el ámbito de sus intereses económicos y sociales, que irradia a
todas las organizaciones que componen su estructura, no parece sin embargo que
sea compartida por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, a juzgar por un comunicado hecho público de su reunión del 28 de
abril, en el que manifiesta su “enérgica repulsa” a un comunicado de la sección
sindical de CCOO difundido por el correo corporativo de la institución.
La Comisión Permanente es el
órgano real de gobierno del CGPJ, el que gestiona desde la cúpula los asuntos
relevantes y decisivos, que llegan ya “predispuestos” a su abordaje en el
Pleno. La forman 7 vocales, 4 representantes del turno judicial y tres del de
juristas de reconocido prestigio. Presididos por Carlos Lesmes, forman
parte de la Permanente por parte judicial, Rafael Mozo Muelas, Juan Martínez
Moya, Juan Manuel Fernández Martínez y José Antonio Ballestero Pascual, a los que
se unen por el otro turno Álvaro Cuesta Martínez, Nuria Díaz Abad y Pilar
Sepúlveda García de la Torre. La composición política de esta Comisión se
entiende que son tres progresistas y cuatro conservadores, a la que se une el presidente
del CGPJ, que salvo excepciones refuerza esta última corriente. Sin embargo, en
la “dación de cuenta” que el secretario general del Consejo ha hecho del
comunicado de la sección sindical de CCOO, la respuesta ha sido unánime, sin fisuras.
La repulsa más enérgica.
El supuesto que ha motivado la
aprobación de este acuerdo de la Permanente ha sido la distribución, a través
del correo corporativo interno de la institución, de un comunicado en el que se
contenían nada menos que las siguientes afirmaciones (tal como aparecen
recogidas y entrecomilladas en el texto): "En las elecciones del próximo día
4 de mayo están en juego cuestiones trascendentales como, por ejemplo, los
servicios públicos, los derechos y libertades básicos para los trabajadores y
trabajadoras, el fomento del empleo, la defensa de una transición ecológica y
energética… Para ello es vital la mayor movilización y nuestro voto a opciones
progresistas de izquierda, feministas, defensoras de lo público y que incluyan
en sus programas la defensa y ampliación de los derechos individuales y colectivos."
Una opinión que suscita el rechazo del órgano “con especial fuerza” ante “el
contenido del mensaje, ajeno no sólo a las normas de referencia, sino también
al deber de neutralidad de los poderes públicos establecido por la
Constitución, que el Consejo General del Poder Judicial, como órgano
constitucional, debe observar en todo momento y especialmente en periodo
electoral”.
La Comisión Permanente del CGPJ
confunde su posición con respecto a los sindicatos que representan a los
trabajadores y empleados públicos de la institución – frente a los cuales el
CGPJ funciona como la empleadora de los mismos – e ignora el contenido de los
derechos de información, avalados por una amplia jurisprudencia constitucional,
que forman parte de la libertad sindical. La sección sindical de CC.OO. no es
un órgano del Estado ni tiene que preservar la neutralidad “en todo momento y
especialmente en período electoral”. La organización sindical en la empresa tiene
todo el derecho a manifestar su opinión y a trasladar a la afiliación y al
resto de los empleados del CGPJ su toma de posición frente al proceso electoral
en curso, haciendo partícipes a éstos de las directrices que las estructuras
territoriales de la Comunidad Autónoma habían hecho públicas.
Pero además, la sección sindical
tiene el derecho a utilizar el correo electrónico en la cuenta que de manera ordinaria
le sirve para comunicarse con todos los trabajadores y trabajadoras del CGPJ, y
a trasladar a este colectivo las informaciones que juzguen relevantes o
importantes para la acción sindical. Para el Tribunal Constitucional, la
libertad de información constituye un “elemento esencial del derecho
fundamental a la libertad sindical”, porque “el flujo de información entre el
sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el
ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la
democracia y del pluralismo sindicales”. Hay una larga serie de estudios sobre
este tema que posiblemente habrían ayudado a la Comisión Permanente a no
adoptar una postura contraria a las libertades democráticas. Yo recomendaría la
monografía que recientemente ha publicado la profesora Gratiela Moraru sobre el particular
( “Los derechos de comunicación de los representantes de los trabajadores:
nuevas dimensiones a la luz de las TIC”, Editorial Bomarzo, 2020), que contiene
una amplia descripción del contenido de este derecho de comunicación, que
permite que la voz del sujeto que representa el sindicato en los lugares de
trabajo se comunique, en una dinámica de interlocución, con los individuos que
componen la plantilla de la empresa o del ente administrativo, usando claro
está, los medios de transmisión de comunicaciones que emplea la empresa con los
empleados a su servicio.
Ha dicho Joan Coscubiela, comentando
esta noticia, que no sabe si es peor si que el CGPJ en su condición de
empresario pretenda limitar la libertad sindical de la sección sindical o que
en su condición de juristas los miembros de la Permanente desconozcan la
jurisprudencia sobre el particular. Y tiene mucha razón. Pero lo que aparece debajo de esta “enérgica
repulsa” es un posicionamiento ideológico claro. Una forma de expresar que
dentro de la institución que dominan con mano firme – y ya con más de dos años
de prórroga sobre su mandato original – los magistrados y juristas dirigidos
por Lesmes, nadie puede hacer oír una voz discordante o simplemente
diversa de la que expresa el ente de gobierno en materia social y política. Un
ente que puede combatir y cuestionar las decisiones del Gobierno, de cuya
constitucionalidad dudan explícitamente, y que mantiene una firme defensa corporativa
de jueces y magistrados ante cualquier crítica política que siempre juzgan un
ataque a la independencia judicial, pero que no resiste que un sindicato tome
partido por los servicios públicos, el fomento del empleo, las políticas feministas
o el desarrollo de los derechos y libertades ciudadanas.
Confundir la subjetividad
sindical con la institucionalidad del Consejo para anular su autonomía, intentar
enmudecer la voz de los trabajadores organizados colectivamente, denostar cualquier
posicionamiento progresista. ¿De verdad entiende el Consejo General del Poder Judicial
que cumple y hace cumplir la constitución democrática para sus empleados? No
respondan ahora, háganlo después de la publicidad. De Diaz Ayuso, naturalmente.
