XXIV ENCUENTRO EN MONTEVIDEO DE EX BECARIOS DE BOLONIA, TURIN Y CASTILLA LA MANCHA

Se está celebrando en Montevideo, en la Salón de Actos de la Presidencia de la República, el Encuentro de Ex-Becarios del curso de expertos latinoamericanos en relaciones laborales que inició hace 24 años y que se ha ido desarrollando en la sede de la Universidad de Bolonia primero, luego en la de Turin de la OIT y por fin en Toledo en la UCLM. Más de cien personas de ocho países latinoamericanos están compartiendo por dos días un trabajo conjunto sobre el tema que unifica el encuentro, dedicado a la Formación Profesional y Relaciones Laborales. El Encuentro ha sido declarado de interés por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República, y ha sido coordinado por Sandra Goldflus (en la foto de abajo) con Héctor Babace. 

El encuentro se basa en la elaboración de una serie de informes nacionales sobre el tema seleccionado, que posteriormente se discuten en común para intentar una declaración común sobre el mismo. En esta ocasión, se han confrontado las experiencias argentina, brasileña, colombiana, chilena, peruana y uruguaya. Al evento acuden también profesores de la UCLM y de la Universidad de Bolonia, que intervienen en el plenario. En este día lo han hecho Laura Mora, sobre el derecho a la formación profesional en tiempos de cambio radical del trabajo, y Antonio Baylos sobre el poder contractual de los sindicatos en materia de formación y trabajo, sobre la base de la experiencia española. Mañana intervendrán Joaquin Aparicio (UCLM) y Andrea Lassandari (Universidad de Bolonia), sobre la política de empleo,  con referencia específica a la formación.

El acto de clausura contará con la alocución de Carlos Tomada, ministro de trabajo argentino y ex-becario, y Pedro Guglielmetti, como verdadera alma mater de este curso. 

Al inicio del Encuentro, Zita Tinoco, abogada colombiana y ex-becaria, ha leido un saludo de Umberto Romagnoli, inspirador con Guglielmetti de estos encuentros. Su texto, muy indicativo del estado de ánimo de los juristas del trabajo europeos que han construido doctrinalmente el derecho laboral democrático de los estados sociales desde finales de los años sesenta del pasado siglo, se incorpora a continuación

        Queridas amigas, queridos amigos,

        Como algunos de los presentes saben, acaricié por largo tiempo la idea de participar en este encuentro, también porque es rico en significados. Viceversa, dado que no soy vivaz como Pedro, la única forma de participación que me puedo consentir es ésta de escribir un breve mensaje, que ha traducido la colega Daniela Marzi.

        Para empezar, siento el deber de confesar la sensación que experimenté durante mi último paseo latino-americano: en Lima y Arequipa; apenas hace poco más de un lustro. Fue entonces que me di cuenta de qué tener el pasaje de retorno en el bolsillo no me procuraba en absoluto la sensación de tener una especie de garantía que volvería a un territorio donde el derecho del trabajo es un elemento constitutivo de todo el sistema jurídico y que yo podría seguir creyendo en la universalidad de los valores propios de la concepción de este derecho que había asimilado estudiando su desarrollo durante toda la vida.

        Diverso, en cambio, era mi estado emotivo la primera vez que, por invitación vuestra, vine a América Latina. No es que me engañara al pensar que había efectuado un viaje más a través del tiempo que en el espacio. Pero me equivocaba al considerar que había dado un salto hacia atrás de quien sabe cuántas décadas. La verdad es que un injustificado sentido de superioridad en el límite con la arrogancia me impedía entender que estaba desembarcando en el futuro próximo de la propia Europa.

        Si he decidido hacer esta pequeña confesión, es para decir que los laboralistas –a los cuales la globalización de la economía y de los mercados impone deponer todo prejuicio- deben contradecir a los geógrafos: nuestros continentes se han acercado.

        De hecho, en el cuarto de siglo (y algo más) que nos separa desde el primer encuentro de becarios de Bolonia que se desarrolló precisamente aquí, en Montevideo, ha cambiado la idea del derecho del trabajo incluso en los países en los que nació casi cien años antes. La idea es la que de la experiencia latino-americana no ha salido jamás y que yo pensaba que no entraría jamás en la experiencia europea. Desde este punto de vista, por tanto, no se hace retórica vacía afirmando que el encuentro de hoy cierra una fase histórica y se sitúa en el interior de una transición densa de incógnitas.

        Por lo demás, perdida la seña de identidad y la unidad espacio-temporal que tenía antes, tampoco el trabajo es como en un principio: de ser mayúsculo y tendencialmente homogéneo, se ha vuelto minúsculo y heterogéneo. En efecto, la legislación lo ha re-mercantilizado y todos lo declinan al plural. En suma, lo que ha cambiado es el estatuto epistemológico de toda una disciplina jurídica. En Europa, el evento está haciendo tambalear a muchos, no sólo entre los laboralistas.

       Ahora la percepción ya es universalmente compartida: después de haber suscitado las más grandes expectativas, el derecho del trabajo del siglo XX no las ha satisfecho sino en parte y nosotros –si bien turbados por la ruptura del paradigma cultural del que la ley italiana que introdujo el estatuto de los trabajadores fue la expresión más acabada- tenemos la obligación (moral  más aún que profesional) de elaborar uno nuevo. ¿Cómo? Recuperando retrasos y arrinconando nostalgias. Incluso si esto no es sencillo.

Son dos los modos de comportarse ante el desmoronarse del éxito del derecho del trabajo del siglo XX. Se puede llorar sobre él; pero así se permanece clavado en el punto en el que estamos. O bien, se puede reflexionar sobre la etimología de la palabra que se usa en una circunstancia como ésta. La palabra justa es “desencanto”. Una palabra engañosa. Como lo son los oxímoron. La palabra de hecho dice que el “encanto” ya no existe, pero al mismo tiempo sugiere que puede volver. Por esto, el desencanto ha sido definido como “una forma aguerrida de esperanza”. Pero para realizarla, en el caso nuestro podría ser necesario también volver a poner en discusión, junto a la función del derecho del trabajo, el rol del laboralista que, cansado de custodiar a un derecho que está desapareciendo, tenga intenciones de romper el aislamiento de la autorreferencialidad en la que ha caído. Ello no significa que el laboralista deba correr detrás de los hechos, diría  Franz Kafka, “como un patinador principiante que, además, se ejercita donde está prohibido”. También porque los hechos son objeto de una vergonzosa manipulación. Y tal es precisamente la acusación principal dirigida con mayor frecuencia al derecho del trabajo del siglo XX por quienes teorizan la congénita hostilidad del derecho al trabajo del que hablan las modernas constituciones.

Pero esto es una locura; como lo es criticar al semáforo porque los accidentes de tránsito no disminuyan. En realidad, sólo a los personajes interesados en la industria de la chatarra puede venirles a la mente sugerir la abolición de este instrumento de regulación del tráfico con el pretexto de que todavía son muchos los conductores de vehículos que pasan en rojo. Los laboralistas saben lo qué está sucediendo en Europa después de la demolición del derecho del trabajo: mientras el desempleo no ha disminuido, ha aumentado la desregulación del poco trabajo que hay.

Es decir, que repensar el derecho del trabajo es un acto debido, pero ello no equivale a teorizar la subalternidad del mismo respecto del pensamiento dominante.

CRISIS DE REPRESENTACION Y ALTERNATIVAS SINDICALES

Es patente que en Europa nos hallamos inmersos en un cambio de modelo generado bajo el impulso de las élites financieras que han diseñado un instrumento de disciplinamiento político y social formidable en torno a la llamada gobernanza económica y que está imponiendo un esquema neoautoritario en las relaciones laborales y más allá, en la propia noción de democracia.

Es cierto que este modelo neoautoritario funciona sobre unas líneas de tendencia previas, de forma tal que aunque sea un modelo originado por la crisis, pone al descubierto otras crisis anteriores. Ante todo una profunda crisis de representación política derivada de la indiferencia del proyecto político y la confluencia hacia el llamado “centro” que tiene especial relevancia respecto al papel que debe desempeñar el trabajo en las sociedades democráticas del nuevo siglo. Esa degradación del rol democrático y cohesivo del trabajo en el proyecto político democrático ha desembocado en los terribles acontecimientos del 2010-2012 en España en donde la ciudadanía social, la consideración del trabajo como categoría de referencia para una mayoría de ciudadanos y ciudadanas, no ha sido representada por las mayorías de centro izquierda o de derecha que han gobernado España desde aquella fecha. Una ciudadanía invisible, oculta y en todo caso negada por sus representantes políticos que han gobernado para los grupos económicos y financieros en abierta colisión con los intereses de la gente común, de las personas que trabajan. Eso explica en efecto la irrupción de nuevos sujetos políticos, el cuestionamiento del bipartidismo y la reivindicación de un desbordamiento democrático de las estructuras clásicas de representación política.

Hay también, por supuesto, una crisis de representación sindical. No sólo por los embates que el sindicato ha sufrido y algunos errores importantes en su práctica social que han repercutido negativamente en su imagen pública, sino fundamentalmente por la pérdida de hegemonía en el discurso de la solidaridad que es el elemento fundante del sindicalismo, la destrucción de la idea del trabajo como espacio de derechos y su sustitución por la de empleo determinado directamente en función de su coste y, en fin, por la reducción de influencia en el debate político general y el detrimento de la capacidad de intimidación derivada de múltiples factores, entre los cuales seguramente son relevantes la alta tasa de precarización y segmentación del trabajo y la destrucción de empleo como forma de disciplinamiento del interés colectivo sindical.

Pero crisis no significa extinción ni degradación irreversible, entre otras cosas porque como le gusta repetir a Umberto Romagnoli, la historia avanza a partir de microdiscontinuidades. Junto al panorama descrito, es evidente que hemos asistido a un muy intenso ciclo de luchas  con un período clave entre el 2011 y el 2013 que han ido alimentando un proyecto político alternativo, y que corre en paralelo con la presencia de espacios colectivos de negociación y conflicto, especialmente a nivel de lugares de trabajo, muy extensos y poblados sindicalmente. El conjunto de estos elementos ha generado una dinámica de erosión de la gobernanza económica y su traslación al estado español muy clara, que abarca desde la movilización y la narrativa del discurso político alternativo hasta la consecución de importantes decisiones judiciales que alteran muchos de los objetivos de la reforma laboral. El sindicato forma parte – por historia y presencia – de este proyecto potente de una nueva sociedad, y tiene programa para ese futuro – especialmente en el futuro inmediato – y presencia en los lugares de la producción y en la sociedad en su conjunto.

En la dimensión estrictamente sindical, hay elementos que esta figura social debería reforzar. En primer lugar la construcción multiescalar del sindicato, es decir, delinearse simultáneamente tanto en el estado – nación como en el nivel supranacional, especialmente europeo. Ello implica actuar contracorriente de la renacionalización de las políticas sindicales frente a la diferente forma de recibir la aplicación de las políticas de austeridad, en oposición a una actuación centralizada y compacta de la gobernanza europea.  Se trata de nuclear, desde el nivel estatal, un esfuerzo colectivo y solidario en el nivel europeo que recupere los rasgos centrales del modelo social europeo. Una forma de concebir la Unión Europea como un espacio de libertad no sólo de mercado, sino de derechos, recordando el elemento central que anima textos como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que el crecimiento económico no es sinónimo de restricción de derechos.  Un propósito que incida decisivamente en un proyecto de democratización de Europa  través de compromisos horizontales para el desarrollo y la cohesión social que garantice un mínimo de condiciones de existencia en especial para la población de los estados más pobres, desde el sur al este de Europa. Es algo tan reiterado como actualmente negado, el fortalecimiento y desarrollo del federalismo político europeo, que implica la creación de un sistema fiscal, la instauración de un control parlamentario real de las decisiones del ejecutivo de la Unión, compromiso de ampliación del gasto, y  un amplio plan de inversiones sociales como el que precisamente ha reivindicado, sin ningún éxito, la propia Confederación Europa de Sindicatos, como la petición de crear una renta mínima europea, también desatendida con la única excepción del Comité Económico y Social Europeo.

Este es un problema político de primer orden, no sólo sindical, puesto que se ha debilitado hasta prácticamente desaparecer la soberanía de los estados que permitía la realización de políticas de nivelación social, especialmente en los países sobre endeudados de la periferia europea, de manera que la prohibición de cualquier negociación sobre la deuda – como en el caso griego –  bloquea la financiación del desarrollo del país y sustituye la soberanía política democrática por un autoritarismo cada vez más violento. Es preciso por el contrario trabajar contra ese flujo autoritario que se percibe “de fuera hacia dentro” y crear las condiciones de una soberanía compartida sobre la base de solidaridades directas  posiblemente de ámbito sub-regional entre gobiernos, sindicatos y fuerzas sociales al margen de los procesos comandados por la globalización financiera, fuera de los patrones marcados por el conglomerado financiero-político que diseña la gobernanza económica europea.

Junto a ello, el sindicato tiene que volver a explorar los lugares en los que está y aquellos en los que debería situarse para obtener una mejor posición en la defensa de los intereses de las personas que trabajan. Es una labor difícil porque requiere un cierto desdoblamiento entre la presencia y la posibilidad, y estos distanciamientos implican muchas veces una crítica a la inacción o a la omisión que puede resultar muy injusta en momentos como los actuales de reducción de efectivos sindicales y de acoso directo a la acción sindical. Pero la reflexión sobre lo que hoy consista el lugar de trabajo y la organización de éste es imprescindible para trazar los nuevos confines que delimiten el espacio sindical como base de sus capacidades de acción. En ese sentido es importante abrir de forma amplia la organización sindical a las diferentes identidades que pueblan hoy el trabajo y que se expresan en una larga graduación de desigualdades. La voz de los representados, no sólo de los afiliados, como forma de comprender mejor el lugar desde el que el sindicato debe actuar en la defensa de éstos. Y, naturalmente, proceder a un nuevo examen de la relación entre el conflicto y la negociación que permita encontrar las claves para la reformulación de la fuerza y la presión colectiva que definen la capacidad de intimidación del sindicato a la hora de avanzar en sus reivindicaciones, una mirada sobre el conflicto y su propia configuración interna – entre las trabajadoras y trabajadores – y externa – respecto de sus interlocutores y antagonistas- como un eje importante de la recuperación sindical.

El sindicato tiene un proyecto de transformación y de regulación social. Un proyecto que enlaza con la concepción de la globalización de los derechos y la construcción de espacios de emancipación más amplios en todo el mundo, y que plantea una revigorización del espacio estatal-nacional desde la revisión del Estado Social y del trabajo que constituye figuras representativas con amplio poder contractual. Se apoya en un modelo de democracia expansiva,  abogando por un nuevo contrato social que articule una nueva forma de concertación política y estratégica en la que el trabajo constituya el centro de la sociedad. Al margen de sus precisas articulaciones técnicas, que podrán ser discutidas, el programa sindical explica la realidad en la que vivimos y da sentido a la necesidad de transformaciones sociales intensas como única forma de evitar la violencia autoritaria que mantiene la explotación en el trabajo y amplía la desigualdad. Se requiere un intenso trabajo cultural para recuperar esta “proyectualidad” del sindicato más allá de las aplicaciones pragmáticas que se realizan en la cotidianeidad de sus prácticas. Pero en esa recuperación estriba una de las claves de la subsistencia de esta figura social y su idoneidad para cambiar las condiciones de existencia de la mayoría de las personas que trabajan.

DERECHO DEL TRABAJO E IGUALDAD. POR UNA REFORMA DEL MODELO DE RELACIONES LABORALES

Se ha celebrado en Madrid, los días 21,22 y 23 de octubre, el II Congreso de Trabajo, Economía y Sociedad organizado por la Fundación 1 de Mayo. Del Congreso no se ha sabido nada en los medios de comunicación, ocupados todos ellos en el ditirambo al presidente de gobierno, encumbrado en las ondas a través de su exaltación en el Congreso del Partido Popular Europeo – el que ha encumbrado asimismo los planteamientos claramente xenófobos y fascistas del presidente húngaro – y luego con la epifanía de las cifras del paro, según las cuales España camina hacia el pleno empleo al haber descendido del fatídico listón de cinco millones de parados. Pero al margen de estas desdichas típicas de los períodos electorales – y no digamos nada de lo que nos espera a partir del 1 de diciembre – el Congreso ha sido un espacio de debate y de reflexión muy interesante, desde la conferencia inaugural de James Galbraith hasta su cierre por el director de la oficina de la OIT en España, Joaquin Nieto. En la web se encontrará el programa del congreso.Web Fundacion 1 de mayo

Uno de los eventos más interesantes del Congreso consiste en el debate a través de una serie de ejes temáticos, sobre propuestas y líneas de acción en las políticas del sindicato. El Congreso estaba dedicado al análisis de la lucha contra la desigualdad, entendida esta la consecuencia más relevante del periodo de austeridad que henos padecido. Este debate se articulaba en torno a cinco talleres, de los cuales el último de estos estaba dedicado a la relación entre el derecho del trabajo y la igualdad, abierto a la necesaria reforma del modelo de relaciones laborales. A continuación se incluye una síntesis de este espacio de debate.

El derecho del trabajo se declara igualitario desde su origen. Ese es su razón de ser. Una igualdad que atraviesa como proyecto de transformación social unas relaciones de producción marcadas por la desigualdad económica, social y cultural y que se manifiesta en una profunda asimetría de poder. La temática por tanto de la igualdad es central para el derecho del trabajo y para el sindicato como un sujeto principal de esta regulación, como verdadero poder socia normativo.

El tema de la igualdad hoy en día se despliega en toda una serie de materias de especial interés para el derecho del trabajo. En primer lugar, a través del prisma de la no discriminación, que es el modo predominante de enfocar la desigualdad en términos jurídicos. En gran medida la problemática de género se localiza en este espacio, aunque posiblemente sea un terreno reductivo que no de margen a otros contenidos de la política de igualdad de género. Pero la igualdad tiene que ver asimismo con la crítica situación en la que se encuentra la ciudadanía de este país como consecuencia de la aplicación de las llamadas políticas de austeridad y las reformas de estructura que las han acompañado.

Es bien conocido que estas reformas han generado un incremento muy importante de la desigualdad en términos económicos y sociales, particularmente grave en términos salariales, de estabilidad en el empleo y de pobreza. Las reformas producidas en el ordenamiento jurídico laboral han favorecido plenamente estas tendencias. Más allá de la crítica a esta regulación, es por tanto el momento de sugerir otro tipo de encuadramiento normativo a las relaciones laborales, otro modelo de relaciones laborales que abandone el paradigma liberal autoritario que ha caracterizado la acción del gobierno y del parlamento hasta el momento.

El objetivo del encuentro en el taller 5 del II Congreso Trabajo, Economía y Sociedad de la Fundación 1 de mayo sintonizaba directamente con las consideraciones que Javier Doz había efectuado al comienzo del mismo. De un lado acabar con el ocultamiento y el doble pensar orwelliano que está especialmente presente en los comentarios oficiales a la reforma laboral y que por tanto parece haberse adueñado del lenguaje de los juristas empotrados en el sistema económico-político que defiende y legitima un modelo neo-autoritario de relaciones laborales. De otro trabajar en el campo de las alternativas, empleando las herramientas del derecho como instrumentos que puedan contribuir a un proyecto de transformación social.

Había además una circunstancia que hacía peculiar el encuentro en este espacio de debate. Y es el que una buena parte de las comunicaciones provenían de un trabajo previo que se había desarrollado a partir de un seminario en la Fundación 1 de mayo hace cinco meses (mayo 2015) al calor de los primeros proyectos de re-regulación de las relaciones laborales, y que había comprometido a una treintena de mujeres y hombres dedicados al derecho del trabajo desde el ámbito universitario, que a través de una serie de grupos abordaron una iniciativa de regulación concreta de las relaciones laborales. De alguna manera este colectivo de juristas del trabajo quería (queríamos) trascender la posición que tradicionalmente se asigna a este colectivo, de interpretar, corregir o reescribir un texto ajeno que proviene de otras instancias de poder, normalmente el gobierno o una fuerza política. Era un experimento para hacer visible la presencia de los juristas del trabajo y el discurso neolaboralista democrático que éstos sostienen, respecto de propuestas de regulación concretas.

Este trabajo previo se reflejó en la presentación de comunicaciones colectivas de alguno de los grupos de trabajo que habían culminado su discusión interna, a lo que se sumaron otras comunicaciones individuales que focalizaron su atención sobre el problema de la igualdad de género. Las contribuciones de Sarai Rodriguez  (Universidad de La Laguna) y de Maravillas Espín (Universidad Autónoma de Madrid), se centraron  en la repercusión de los parámetros de la desigualdad en materia de género sobre el sistema  de pensiones, cuestión muy importante y mal resuelta en la legislación del “equilibrio financiero” actual, así como la definición de la presente crisis como crisis de género en donde las desigualdades se incrementan y generan además un enorme déficit de protección social.  El examen de la “brecha de género”  desde el prisma de la técnica jurídica que asegure la igualdad material en el sistema de Seguridad Social lleva consigo el examen de las ficciones de la cotización y toda una serie de deficiencias derivadas de la “neutralidad” de las reglas previstas. La crisis afecta de manera diferente a mujeres y hombres y la crisis de los derechos sociales impulsada por los “poderes salvajes” ajenos a los procesos democráticos ha provocado la neutralización de las “normas motor” de la igualdad existentes, y en ese proceso de deconstrucción la reforma laboral ha tenido un peso específico.

El segundo tema aborda la desigualdad como un producto concreto de las políticas de austeridad y de manera específica en relación con la regulación de las relaciones laborales. El tono general de las comunicaciones en este aspecto era más propositivo que descriptivo de la situación en la que nos encontramos, de manera que se asomaban hacia las formas futuras de regular las relaciones laborales y de empleo que sobre las consecuencias negativas de la regulación actual. En ellas además se sostenía una propuesta intervencionista a través de la ley, sin que por tanto se concibiera el esquema de reformas como una propuesta de negociación en el diálogo social, tal como sin embargo ha aparecido en la reciente visión del PSOE, que difiere aspectos importantes de su programa de reforma “del mercado de trabajo” a la consecución de un acuerdo entre los interlocutores sociales.

Ricardo Morón (Universidad Autónoma de Madrid) y Marta Olmo (Universidad de Castilla La Mancha), discurrieron por el “terreno estratégico” de la entrada y salida de la relación laboral, es decir, formas de ingreso y despido, considerados vasos comunicantes, prolongando su propuesta a la intermediación en el empleo y a las consecuencias que sobre este punto provocan las metamorfosis de las figuras de la empresa. Francisco Trillo (UCLM), por su parte, presentó una propuesta de reorientación de las políticas públicas en relación con el derecho al empleo a través de lo que se viene a llamar “trabajos garantizados”, y reflexionó asimismo sobre el tema de la flexibilidad interna. A partir de la crítica del intercambio perverso entre condiciones de trabajo y empleo, que es explícito en el tema del despido, proyectó esa relación al tema de la flexibilidad interna del que se derivaba una nueva configuración de estos institutos de modificación de condiciones de trabajo sobre la base de la contractualidad de la relación laboral.

En el aspecto de los derechos colectivos y sindicales, se debatieron propuestas originales y polémicas. Albert Pastor (Universidad Autónoma de Barcelona) se encargó de presentar un esquema de reforma de los órganos de representación en la empresa  que desplazaba el lugar de elección del centro de trabajo a la empresa, en donde se hacía bajar a 20 trabajadores la obligación de crear un órgano de representación de los trabajadores, en consideración a la norma comunitaria, previendo luego una circunscripción provincial para el resto de los trabajadores que creara la versión 2.0 del delegado territorial que se prevé en algunos convenios colectivos.

Respecto de la negociación colectiva, Amparo Merino (UCLM) defendió una propuesta también colectiva en la que se retomaban elementos clave del sistema convencional español que implicaba la desaparición de la regla de la preferencia aplicativa del convenio de empresa, pero que a su vez incorporaba elementos polémicos en torno a la estructura de la negociación colectiva y el papel del Acuerdo Marco en el contexto de un debate sobre el modelo centralizador de la negociación y su “despegue” de la proximidad con colectivos de necesidades específicas. La reposición de la institución de la prórroga automática de los convenios colectivos también aparecía complementada con la previsión de mecanismos de arbitraje en los supuestos de largos períodos de ultra actividad sin reanimación de la negociación colectiva.

Otras comunicaciones no fueron defendidas por no estar presentes sus autores. Sucedió con un trabajo sobre el permiso de paternidad, y con dos aportaciones sobre la situación brasileña que enviaron los magistrados de trabajo de aquel país Candy F. Thomé  y Rodrigo G. Schwarz. Una se enfocaba sobre la perspectiva de género, contenía una aportación específica sobre la participación de mujeres en las organizaciones sindicales brasileñas, la segunda cuestionaba los parámetros centrales sobre los que se asa el sistema de representación sindical brasileño.

La Fundación 1 de Mayo pretende proceder a la publicación digital de todas las comunicaciones presentadas, con una suerte de introducción a cargo de los coordinadores de los respectivos talleres donde éstas se presentaron. En cuanto al resultado de la puesta en común y de la discusión, es muy positivo. Se trata ciertamente de un trabajo en proceso que permanece abierto, puesto que hay otros aspectos, como la reflexión sobre la propia noción de trabajo sometido a regulación, o sobre la relación entre trabajo y seguridad social, que esperan todavía su plasmación en un documento de trabajo. Hay sin embargo el compromiso de elaborar un documento ya completo a partir de un nuevo encuentro de los juristas del trabajo en la Fundación 1 de mayo que pueda articularse ante de las elecciones, en una suerte de complicidad activa con los planteamientos y propuestas del sindicato.

PRIVATIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS Y LA VUELTA ATRÁS

La importancia del servicio público como justificación de la acción administrativa de un lado y de la propia esencia del Estado, de otro, constituía un elemento clásico en la dogmática del derecho público en la crisis del estado liberal que se produce en el período de entreguerras en Europa. 

Tanto en Alemania como en Francia – y en esta con especial importancia a partir de la figura de Léon Duguit – el servicio público era la clave de bóveda que justificaba la existencia de un Estado que se mostraba de esta forma como la forma política que recogía en sí el interés general de todos los ciudadanos, con independencia de su posición económica, social o cultural. Esta tendencia se ve luego fortalecida tras la Segunda Guerra Mundial, mediante la extensión de las actividades del Estado al área de la economía y la creación, en las democracias europeas que han afrontado y vencido al nazi-fascismo, de un amplio espacio desmercantilizado de necesidades sociales, en especial la sanidad y la educación, pero también la asistencia social o las instituciones del welfare. En algunas experiencias como la británica de finales de la década de los 40 y todos los años 50, la posición clave en la erogación de los servicios públicos lo constituyeron las comunidades locales, los ayuntamientos, considerados órganos públicos de proximidad a la ciudadanía.

El desarrollo por tanto de un fuerte aparato público de intervención no sólo en la organización de la sociedad y de sus necesidades más importantes en orden a la garantía de una existencia digna, sino en general en el conjunto de la economía y de la distribución de la riqueza, ha marcado el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX en los diferentes países europeos. Es este también el caso de las Constituciones cronológicamente posteriores pero que coinciden en definirse como el resultado de una transición de las dictaduras del sur de Europa que resistieron a la caída del nazi fascismo por mor de la guerra fría a un sistema democrático, como es el caso de Portugal y España, y también Grecia tras la caída del régimen de los coroneles.

En el caso de la Constitución española, su definición como Estado social se relaciona directamente con la disposición de un amplio aparato público de prestación de servicios tanto a cargo de los distintos organismos que componen las Administraciones Públicas – señaladamente en los casos de la Sanidad pública y de la Seguridad Social – como a través de otras formas de intervención pública que revisten forma de empresa mercantil o de fundación. El art. 128 CE subordina la riqueza del país “en sus distintas formas y fuera cual fuere su titularidad” al interés general, y reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, estableciendo además que la ley puede reservar determinados servicios o recursos y acordar la intervención de empresas “cuando así lo exija el interés general”. A su vez el art. 131 CE reconoce la potestad del Estado para planificar la actividad económica general “para atender a las necesidades colectivas”. Todo un programa por tanto de actividad pública como organizador social.

Es importante recordar estos puntos de partida, que en el caso español tienen un anclaje evidente en la Constitución española porque actualmente tales preceptos parecen haber perdido cualquier virtualidad. En efecto, a partir de los años 80, coincidiendo con el despegue de lo que se ha venido a llamar “modernización” de la sociedad española, y de manera mucho más acentuada en la década de los 90, se ha procedido a un impulso potente de tendencias contrarias a la organización de las necesidades sociales a través de la técnica del servicio público. Coincidiendo con un fuerte proceso de cambio en las formas organizativas de empresa en las relaciones laborales, se ha ido construyendo un fuerte tejido de privatización y externalización de servicios públicos en una buena parte de las entidades públicas. La estrategia de la privatización de los servicios públicos ha constituido de hecho la seña de identidad de la actuación municipal en prácticamente todas las grandes ciudades españolas, más acentuada en aquellos gobiernos locales que han estado en manos de los partidos políticos conservadores, como el PP a nivel nacional, o CiU a nivel autonómico.

La externalización y privatización ha sido además el catalizador de amplios y cada vez más extensos episodios de corrupción. A través de las contratas no sólo se consigue la fidelización de una empresa previamente seleccionada como “amiga”, sino que en muchos casos la propiedad de la misma está participada por miembros afectos al partido político que otorga la concesión, o para conseguir ésta es precisa un cierto “engrasamiento” de los miembros  clave de la corporación o, lo que deviene ya una práctica sistemática para algún partido como el PP, de este mecanismo se obtiene la financiación directa del grupo político que se traduce en sobresueldos a sus dirigentes. El 3% del precio de las licitaciones – cifra que ha sido popularizada para el caso catalán de CiU – los “sobres” derivados de las concesiones de autopistas y obras públicas, las exenciones tributarias y las cesiones de terreno para abaratar la construcción de obras, la creación de sociedades intermedias y tantos innumerables ejemplos que encontramos esparcidos por las noticias de la prensa, son los fenómenos que acompañan necesariamente a esta tendencia a la privatización. La corrupción se resguarda además tras de una impresionante ingeniería financiera y jurídica que complica y hace difícil la persecución de estas actividades criminales. Hay algunos ejemplos sonados, como el caso de la privatización de la funeraria de Madrid y la compraventa de acciones de forma fraudulenta que quedó probado en la sentencia que lo enjuició, pero que lamentablemente dejó impune el delito al haber prescrito los hechos.

Paradójicamente, la privatización de los servicios públicos se presenta como una fórmula de éxito y de eficiencia. Lo que demasiadas veces se ve precedido de una actuación consciente por parte de quienes detentan el poder público de permanente bloqueo del funcionamiento de los servicios públicos reduciendo sus plantillas y no procediendo a invertir en su desarrollo. De esta manera, se presenta el servicio público como sinónimo de ineficiencia y de burocratización – de manera semejante a como se ha abordado en la opinión pública el tema de los monopolios de ciertos servicios, como telefónica o energía – para contraponer a ello una gestión eficaz y responsable, pegada a las necesidades reales de consumo de los usuarios del mismo, y en donde por tanto el paradigma fundamental del mercado permite explicar la superioridad de la gestión privada sobre la pública. A ello se une, siempre en este discurso, el menor coste del servicio privatizado, especialmente en la medida en que los trabajadores y trabajadoras que se harán cargo del mismo tendrán menor salario que los empleados públicos y, faltos de estabilidad, serán más “flexibles” y por tanto más productivos.

Este cliché – que pese a su evidente inexactitud, había sido machaconamente reiterado por los dirigentes políticos y los más importantes medios de opinión – ha sido especialmente afectado por las medidas derivadas de la crisis económica que se desata en occidente a partir de 2008 y que en el caso español tiene un momento decisivo a partir de la reunión del Ecofin de mayo del 2010. Hoy,  más de cinco años después de mayo del 2010, que marcó el inicio de la aplicación de las políticas de austeridad en España, es conocido que los gobiernos de este país han resultado discípulos aventajados de la Troika y sus indicaciones. El proceso se ha desarrollado tanto bajo un gobierno socialista (2010-2011) como, con mayor énfasis y convencimiento, por el gobierno del PP de 2011 a 2015.

Esta actuación se ha llevado a cabo a través de tres líneas de acción. La primera, sobre las garantías de empleo y en particular el despido, reduciendo su costo y obstaculizando el control judicial sobre su adecuación a la causalidad exigida constitucionalmente, a la vez que se desarrollaban formas contractuales de empleo esencialmente precario y de bajos salarios. La segunda, se dirigía a alterar el sistema convencional de negociación colectiva mediante una intervención incisiva de la normativa legal que reorientara éste. La tercera, se concentraba sobre el recorte del gasto social y del empleo público. Esta es la que interesa más a este asunto.

De una parte, porque estas políticas desembocaron en la reforma del art. 135 CE mediante un pacto bipartisan PSOE – entonces en el gobierno – y PP que impidió a la ciudadanía aprobarlo o rechazarlo, mediante el cual se introducía el rígido principio de estabilidad presupuestaria y la prohibición del déficit. De otra parte, las instrucciones de las instituciones financieras y la Comisión insistieron en la privatización de aquellas empresas públicas más lucrativas y beneficiosas para el Estado.

El hecho combinado del recorte del déficit y el impulso a las privatizaciones de un lado, junto con el recorte salarial y de plantillas del empleo público, de otro, ha desembocado en una alarmante situación de deterioro de los servicios a la ciudadanía, y ha sacado a la luz una parte de la enorme corrupción criminal que sustenta los procesos de privatización y externalización en beneficio de unos pocos.

Las resistencias populares y ciudadanas a estas tendencias  se han expresado en movilizaciones muy fuertes y reiteradas, en un ciclo de luchas que arranca del 2010 y se prolonga durante cuatro años más. Las “mareas ciudadanas” han inundado las ciudades españolas, y especialmente Madrid con sus reivindicaciones decisivas en materia de sanidad o de educación. Y han obtenido éxitos jurídicos, como la decisión judicial que prohíbe la privatización de seis hospitales en Madrid. Pero lo más relevante ha sido, ya en este mismo año, la configuración en muchas grandes ciudades, de candidaturas de unidad ciudadana que han logrado el triunfo en las elecciones municipales de mayo del 2015 en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Ferrol, Santiago, Cádiz.

Los nuevos gobiernos municipales han encarado como una primera prioridad abordar el problema de los servicios que presta el Ayuntamiento. Y se han planteado rescatar para el servicio público una buena parte de los mismos. En muchas ocasiones esta reversión no es posible, puesto que la anterior administración se cuidó de dar concesiones de largo plazo (ocho, diez años) a las empresas “amigas” para que no pudiesen verse incomodadas por un cambio político democrático. La indemnización por la ruptura de estas concesiones la hacen imposible. Por otro lado, el dogal del déficit funciona de manera dual. Por un lado impide cualquier negociación reseñable en materia de salarios de los empleados públicos o de mejora de las condiciones de trabajo, pero en puridad empujaría hacia la recuperación de muchos servicios externalizados porque la privatización es más cara y cuesta más a los ayuntamientos.

En otros supuestos sin embargo, los Ayuntamientos pretenden remunicipalizar servicios que gestionan privadamente bienes comunes o servicios de interés general. En estos casos se plantea un problema adicional, y es el relativo a las normas que han desarrollado, en el dominio de la ley de contratos del estado, estos procesos, en una dirección claramente opuesta a las tendencias que marca nuestra Constitución. Según las normas administrativas, en síntesis, son todo facilidades para privatizar y externalizar servicios públicos, pero una vez hecho esto, la reversión de esta situación es prácticamente imposible. Urge por consiguiente una reforma de las normas de contratación del estado.

Por último, los procesos de remunicipalización pueden generar problemas desde la perspectiva de la estabilidad de las trabajadoras de las contratas y subcontratas y sus derechos laborales, problemas que están relacionados asimismo con la peculiar construcción jurisprudencial española, que ha saltado a la norma, sobre los contratados laborales al servicio de la Administración Pública, que se encuadran en una extraña figura del “indefinido no fijo” y que en consecuencia ve amenazada su estabilidad casi de la misma manera que un interino. La organización de procesos ordenados de concursos públicos donde se valore la experiencia profesional anterior de quienes en él participen, la creación de empresas municipalizadas en lugar de estructuras administrativas orgánicas y otros temas son ahora materia de debate en este proceso de volver a dar valor a lo público como sustrato de los bienes comunes y de los servicios a la ciudadanía.

EL PSOE YA NO DEROGARÁ LA REFORMA LABORAL (HABLA JUAN LÓPEZ GANDÍA)

Las sorprendentes declaraciones del Secretario General del PSOE dando marcha atrás a lo que había sido un elemento central en su discurso sobre el cambio político han provocado, lógicamente, una cierta conmoción en los sectores que habían contemplado esta propuesta de derogación de la reforma laboral como un elemento positivo que anunciaba la confluencia de las fuerzas democráticas en torno a un eje de reforma clave en el diseño político que pusiera fin al ominoso cuatrienio del Partido Popular. Sobre el tema ha habido declaraciones sindicales - como las del secretario de acción sindical de CCOO, Ramón Górriz - que denotan el error profundo de esta decisión del PSOE en la correcta percepción sindical de las cosas. En el blog hermano Metiendo Bulla , se ha cuestionado esta decisión no sólo en si misma, sino como síntoma de la reformulación continua de un programa que pueda ir deslizándose hasta hacer irrelevante la diferencia política entre derecha e izquierda ( ver El PSOE se desdice de la reforma laboral). También en el área de los juristas del trabajo críticos, la noticia ha sido acogida con enorme decepción. Uno de sus exponentes más conocidos, Juan López Gandía, catedrático de Derecho del Trabajo en la Politécnica de Valencia, ha realizado en su muro de Facebook un comentario que reproducimos aquí en rigurosa primicia. 

EL ESPEJISMO DE LA REFORMA LABORAL QUE PROPONE EL PSOE

JUAN LÓPEZ GANDÍA – Universidad Politécnica de Valencia

Creo que en el fondo el PSOE ya ha pactado con los poderes económicos a cambio de corregir la flexibilidad de entrada, la precariedad mediante contratos temporales, mantener la flexibilidad de salida. Y para eso le pasa la patata caliente a los interlocutores sociales sabiendo que la patronal no va a dar marcha atrás, y así quedan muy bien. La culpa entonces será de los interlocutores sociales. Se hace así un uso perverso de la concertación social. También el PSOE adopta la letanía y el raca raca repetido por la patronal de que los costes de despido en España son muy altos, lo que es falso.

Pero la lucha contra la precariedad no se debe limitar solo a la de entrada. Si no hay verdadera y real estabilidad en el empleo,los derechos laborales son papel mojado con cuatro millones de parados. El despido sin causa, además de reforzar aun más el poder unillateral y arbitrario del empresario, acaba siendo la primera opción empresarial para ajustar la situación económica de la empresa, en lugar de buscar otras soluciones para mejorar la productividad y la competitividad. No es una muestra de eficiencia.Y genera muchos gastos en prestaciones de desempleo, que luego se recortan para hacer frente al mismo. El despido, la bajada de salarios, el aumento de hecho del tiempo de trabajo, con control o sin él, pagado o no, aun con contratos indefinidos, la modificación forzada de condiciones de trabajo y de los contratos,son algunas de sus consecuencias.

Las reformas laborales en España, además, parece que deben ser siempre irreversibles. El acuerdo de los interlocutores sociales de bajar la indemnización a 33 días en su momento era algo temporal y para un solo contrato pero ahí se ha quedado y se ha generalizado a todos los contratos. Y queda ya petrificada para el futuro, como una losa.

Ni siquiera plantea el PSOE ahora volver a la reforma laboral de Zapatero, que en plena crisis económica, al menos, frenó mucha destrucción de empleo. La del PP se ha hecho al servicio de faclitar el despido objetivo y abaratar el despido improcedente como arma de poder, de ajuste salarial y de empleo, al servicio de la devaluación interna, más allá de la flexibilidad interna, de la amenza de la ultractividad y el descuelgue salarial como males menores. Más eficaces cuanto más fácil y barato fuera despedir. Y para ello ha cambiado el modelo de relaciones laborales en la empresa en una visión institucional que reinterpreta la Constitución, la libertad de empresa, devaluando los derechos laborales, individuales y colectivos.Ya sabemos cuáles han sido sus consecuencias: el despido de muchos trabajadores con contratos indefinidos y a jornada completa y su sustitución en el mejor de los casos por contratación precaria posterior, temporal o a tiempo parcial o las dos cosas a la vez.

No veo claro, en esta propuesta de reforma laboral incompleta que propone el PSOE ahora, qué modelo laboral defiende, cómo deben ser las relaciones laborales en la empresa y si acepta el sometimiento de los derechos de los trabajadores al bien supremo del interés de la empresa definido unilateralmente por el poder del empresario, la vuelta a un modelo feudal o qué. El poder de despedir y su bajo coste es uno de los más eficaces para tener sometidos a los trabajadores y forzar la precariedad y el empeoramiento de las condiciones de trabajo "de facto". Todos lo sabemos.

Desde mi punto de vista hay que ir a una visión más global de la precariedad, si de verdad se quiere luchar contra ella, para que la reforma que se propone sea verdaderamente eficaz, para acabar con la cultura clásica en España de la temporalidad y la moderna de la precariedad.Dice el documento que a los trabajadores sin empleo les da igual si la indemnización es de 20, 33 o 45 días. Pero a los que todavía lo conservan no. Volvemos, por tanto, de nuevo a la excusa o pretexto de que lo importante es crear empleo, aun precario, cuando éste se crea precisamente en sustitución del de calidad a causa de la mayor facilidad y menores costes para despedir y del enorme ejército de reserva de parados que presionan a la baja y provocan miedo y terror a perder el empleo en los que lo tienen.De otra parte las indemnizaciones por despido no deben verse solo en términos de política de empleo, en especial cuando el despido es improcedente, un acto de violencia empresarial como dicen Antonio Baylos y Joaquín Perez. En un mercado de trabajo como el español el despido acarrea más daños,de todo tipo, que solo en parte se indemnizan, y de manera tasada. La indemnización no los compensa del todo, aunque, dadas las dificultades para encontrar nuevo empleo y de calidad, supone un pequeño refugio económico. De ahí la importancia de su cuantía.

Es cierto que las indemnizaciones por despido se distancian mucho de las de los contratos temporales de 12 días por año, pero sólo si el despido es improcedente. Si es procedente, por causas objetivas, la distancia es solo de ocho días por año, que antes de las reformas del PP se abonaba a la empresa por el FOGASA, en empresas de menos de 25 trabajadores, la mayoría.Pero las empresas siguen contratando temporalmente en un 90 % de los contratos que se hacen y los defensores del contrato único (antes los de UPYD, ahora también los de Ciudadanos) siguen dale que dale con este argumento.Si se acepta esta nueva figura, que supone que todos tendrían contratos indefinidos (salvo algunos temporales) e indemnizaciones escalonadas por terminación cuando la empresa lo decidiera sin más, con despido libre, habríamos acabado formalmente con la temporalidad sustituida probablemente por contratación indefinida en cadena,pero habríamos extendido a todos la precariedad y la inseguridad.

LA REVISTA DE DERECHO SOCIAL EN SU NÚMERO 71 (2015)

Acaba de distribuirse a sus suscriptores el último número de la Revista de Derecho Social, que corresponde al tercer trimestre del año. La Editorial Bomarzo, que la edita, está en un proceso de cambio de formato con una mayor presencia en las redes, de manera que publica en su página (http://editorialbomarzo.es/) los editoriales de la Revista.

El editorial del presente número  versa sobre el papel que están desempeñando los jueces en la aplicación de la reforma laboral, la hostilidad que frente a su actuación despliegan el poder público y el poder económico, como contraste frente a la estrategia de docilidad y de adoctrinamiento que se ha consolidado en el Tribunal Constitucional y en el CGPJ. El editorial puede leerse íntegro aquí : http://editorialbomarzo.es/los-jueces-las-reformas-y-los-derechos-ciudadanos-editorial-revista-de-derecho-social-numero-71/

El número se divide en las clásicas secciones de Estudios, comentarios de jurisprudencia, negociación colectiva y debate, junto con una última sección de libros. En el índice que se aporta a continuación, se puede comprobar que se abordan temas de enorme actualidad como la obsesión de las políticas de austeridad dictadas por la Troika sobre el abaratamiento y carencia de control del despido, en esta ocasión a través de un espléndido artículo de Umberto Romagnoli que tiene como base la experiencia italiana, o el problema siempre actual de la ultra-actividad de los convenios colectivos y la doctrina judicial que la sostiene interpretando la nueva norma laboral. Junto a ello, se incluyen interesantes estudios sobre la negociación colectiva en las empresas multiservicios, los límites que impone el derecho a la intimidad y el control de datos ante “delatores, detectives privados y medios tecnológicos”, o el cada vez más decaído sistema de protección a la dependencia.

En las otras secciones, hay temas también muy importantes, desde la jurisprudencia comunitaria sobre contratación y licitación pública, derecho de libre competencia y posibilidad de imponer en los pliegos de condiciones un salario mínimo, hasta los temas fundamentales de la congelación de la revalorización de pensiones y su convalidación constitucional – frente a la decisión de la Corte Constitucional italiana – o la política de congelación de plantillas y de anulación de la negociación colectiva en el empleo público, aprovechando de nuevo una sentencia de la Corte Constitucional italiana que la juzga no conforme al marco constitucional. Un comentario extremadamente importante es el que hace Enrique Lillo al asunto de Coca-Cola y la emblemática Sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulos los despidos efectuados.  En la sección de debate, se incluyen las intervenciones en la presentación de un libro homenaje a Maria Emilia Casas que analiza la jurisprudencia del Tribunal constitucional hasta 2010, es decir, previa a la que luego este órgano ha efectuado en sintonía con las políticas del gobierno de excepcionalidad social y política.

La revista contiene por tanto temas de enorme interés. Ahora se pueden comprar, siempre en la página web, los artículos que se deseen por separado. Pero sin duda es mucho más inteligente suscribirse a la misma. Sólo por 100 euros. Es un consejo de este blog amigo.

Revista de Derecho Social número 71 ESTUDIOS El irresistible ascenso de la licencia para despedir. Umberto Romagnoli. La ultraactividad del convenio en el nuevo sistema de negociación colectiva: hacia la pérdida de las señas de identidad del Derecho del Trabajo. Borja Suárez Corujo. Las cláusulas de delimitación funcional inclusivas de las empresas multiservicios en convenios sectoriales. Amparo Esteve Segarra. La vulneración del derecho a la intimidad por delatadores, detectives privados y medios tecnológicos. Daniel Toscani Giménez. El reformado sistema de dependencia. Juan Antonio Maldonado Molina. La construcción judicial del despido tácito. Raquel Poquet Catalá. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA COMUNITARIA La introducción del salario mínimo en la contratación pública: análisis jurisprudencial del TJUE y del TJSPV. Eider Larrazabal Astigarraga. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL La suspensión de la revalorización de las pensiones (comentario a la stc 49/2015 de 5 de marzo). Juan López Gandía. TRIBUNAL SUPREMO Sobre el ere de Coca Cola. Causalidad del despido, defensa del puesto de trabajo y defensa del derecho fundamental de huelga. Enrique Lillo Pérez. NEGOCIACIÓN COLECTIVA Políticas de austeridad y negociación colectiva en el Sector Público. Algunas reflexiones en torno a la experiencia italiana. Francisco Trillo Párraga. DEBATE La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el periodo 1999-2010.

DESIGUALDAD ES EL OTRO NOMBRE DE LA AUSTERIDAD

Los medios de comunicación están dando cuenta en estos días de un hecho notorio: la desigualdad ha aumentado de forma exponencial con el comienzo de la crisis en el 2008. Lo ha hecho en todo el mundo, afirma un informe del Credit Suisse, porque los cálculos resultantes son estremecedores: la mitad de la riqueza del mundo está en manos del 1% de su población. Para el informe de esta institución financiera, el tema es muy preocupante porque eso supone la progresiva debilitación de las “clases medias” que son las que proporcionaban solidez a un esquema social y económico de capitalismo desarrollado. Sólo en China parece – siempre según el informe citado – que la clase media crece. Tanto que comienza a emparejarse en importancia con el caso norteamericano. (La noticia puede leerse aquí, The Guardian. Inequality report)

En Europa, los informes vuelan. Y la desigualdad es creciente, siempre más acusada en aquellos países en los que las políticas de austeridad propiciadas por la gobernanza europea han sido sistemática y profundamente aplicadas. El informe de la OCDE de antes del verano ofrecía un panorama desolador para España desde el punto de vista de la exacerbación de las desigualdades sociales, el aumento de la brecha salarial y el incremento de la pobreza junto con la permanencia de una situación de paro severo. Para calibrar este dato hay que tener en cuenta, que aunque entre 1995 y 2007 se procediera a una época de crecimiento económico-la etapa  de la burbuja financiera y la especulación inmobiliaria en España –  pese a ello la distribución de la renta mostró  una dinámica tendencialmente desigual muy profunda. Con la crisis, a nivel global, se abren dos etapas muy marcadas. En los primeros años de la misma, 2008-2009, los sistemas de protección social de los Estados funcionaron bastante bien, y no hubo un marcado incremento de la desigualdad. Pero el escenario cambió a partir del Pacto del Euro y la política de austeridad llevada a cabo en la zona euro como aplicación del mecanismo de estabilidad. Las rentas del trabajo perdieron peso en el reparto del valor del producto social en una medida desconocida en la experiencia reciente, lo que implica el capital se apropia de una porción mayor del producto social. Además,  entre los propios trabajadores se está ensanchando el abismo entre los que más ganan (directivos o “trabajadores capitalistas”) y las retribuciones medias del resto de los trabajadores, donde la devaluación salarial es cada vez más intensa. (La desigualdad crece FUHEM) Obvio es añadir que estos altos directivos y las propias empresas cada vez pagan menos impuestos, como se puede comprobar de la recaudación del impuesto de sociedades.

En un reciente informe presentado a la prensa por Carlos Bravo, CCOO ha denunciado que los presidentes del IBEX ganan 158 veces más que sus empleados, y el  sueldo de los responsables de esas empresas aumenta hasta un 80%, mientras que el de los empleados se redujo un 1,5% durante el 2014. La noticia puede consultarse aquí: (Los directivos IBEX gana 158 veces mas que sus empleados).  Es ya una tendencia reiterada en este país, en donde la aplicación de la reforma laboral ha generado una fuerte caída de los salarios y la paralización de la negociación colectiva junto con un verdadero ataque en toda regla a la estabilidad en el empleo. Desde que comenzó la crisis más de cinco millones de trabajadores con contrato indefinido han sido despedidos, cada vez por menos dinero, cada vez más baratos. El análisis de los economistas sensibles ante este tema  - como el que puede (y debe) leerse en el semanal AHORA Una rectificacion en el mercado de trabajo -   ofrece una valoración extremadamente negativa de estos hechos, pero son mensajes que no llegan a los grandes medios y si lo hacen funcionan como “visiones” de parte, una especie de profecías de Casandra que al poder económico y político no agradan y se ocultan o se contraprograman con las excelencias del crecimiento económico y del empleo. Se crece al 3%, y la devaluación salarial sigue produciéndose, pero eso no importa a la hora de cantar las excelencias de la gestión del gobierno.

Es evidente que las políticas de austeridad impulsadas en España por el gobierno del PP y antecedidas por el último y preagónico gobierno PSOE, han propiciado un escenario muy claro respecto de cuáles son las prioridades y los objetivos de esta política. Tras la socialización del riesgo bancario que el sistema financiero español había imprudentemente abordado y que fue generosamente financiado por el endeudamiento público en el que ahora nos ahogamos, las políticas de ajuste generadas a partir del 2012 han mantenido un cuadro de desempleo de masa, desregulación fuerte de las relaciones laborales a favor del poder unilateral empresarial, aumento exponencial de las desigualdades sociales e incremento de la pobreza sin protección social, y el enriquecimiento continuo de la élite empresarial y financiera. Es razonable entonces que el esfuerzo de estos grupos de poder económico por mantener a toda costa esta situación de privilegio sea extremadamente fuerte. Y que no estén en condiciones de querer pactar o llegar a un acuerdo de redistribución global menos favorable. Están plenamente seguros de que se encontrarán bien representados políticamente en las elecciones del 20 de diciembre próximos. Y su apuesta es segura porque juegan en muchos números.

Frente a la certeza y confortabilidad de las clases (cada vez más) dominantes, las personas que trabajan, los ciudadanos desiguales en sus variadas categorías, empujados (cada vez más) a la subordinación y a la impotencia, sufren una severa crisis de representación. Representación política, porque no encuentran un sujeto político que interprete sus necesidades y presente propuestas seguras de transformación, y representación en el trabajo, puesto que el sindicato aparece demasiadas veces como un horizonte lejano frente a la realidad de la precariedad y la explotación (cada vez más) habitual, y porque se percibe como un profeta desarmado, sin capacidad de intimidación sobre el poder económico y político.

Hay sin embargo tendencias en acto y líneas de desarrollo que apuntan a una recuperación de la representación política que vigorice la democracia real desbordando los elementos autoritarios (cada vez más) presentes en los sistemas parlamentarios actuales, y en el sindicato se dan muestras de recuperación de la capacidad de respuesta y de propuesta frente a la situación de explotación y desigualdad extrema. En ello estamos, y aunque el momento histórico está muy marcado por las citas electorales, hay que pensar también más allá y continuar trabajando teórica y prácticamente estos dilemas. Como el viejo topo que escarba.

NOTICIAS GLOBALES Y UN SEMINARIO EN MADRID

Son muchas las informaciones que llegan para las que no hay casi nunca tiempo de comentar. Son informaciones valiosas, porque hablan sobre temas a los que los grandes medios de comunicación no tienen ningún interés en atender. Por eso mismo se deberían rescatar, aunque sea efímeramente. Un ejemplo clamoroso de este “apagón informativo” es el del Congreso de la CES celebrado en Paris hace una semana. Sobre esto ha hablado, con la lucidez que le caracteriza, el blog hermano Metiendo Bulla (http://lopezbulla.blogspot.com.es/2015/10/el-congreso-de-la-ces-y-su-apagon.html) . A continuación se ofrecen otras noticas globales de menor impacto pero en la esperanza de que pudieran resultar de interés para los lectores del blog.

Un mundo global en el que avanza ”la codicia corporativa” de la mano de los gobiernos que crean las condiciones institucionales para que ésta no tenga límites. Esa es la conclusión que ha elaborado la Confederación Sindical Internacional (CSI) respecto de la firma del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), cuya firma por el senado norteamericano se ha celebrado en todos los medios informativos del globo. El Tratado, del que todavía no se conoce el texto – esta carencia de publicidad es la característica de los instrumentos internacionales comerciales y de inversión – contiene protecciones muy fuertes para los inversores – y para las patentes farmacéuticas – que pueden demandar a los gobiernos en el caso de que no respeten escrupulosamente esos compromisos de inversión. La vigencia de los derechos laborales como condición del libre intercambio mercantil o de nación favorecida se deriva a la intervención intergubernamental, de manera que sea el gobierno USA el que reclame y exija a los otros gobiernos de los países del Pacífico en caso de violaciones flagrantes de los principios y derechos fundamentales de la OIT. Nada que pueda ser fiable, no sólo porque, como explica la CSI, los Estados Unidos han minimizado las críticas hacia Malasia que figuraban en su informe sobre la Trata de personas y el trabajo forzoso, en una actitud que casi todo el mundo consideró como una táctica para hacer avanzar el acuerdo TPP: http://www.ituc-csi.org/la-trata-de-personas-en-malasia?lang=es ., sino porque los  planes de observancia de las normas del trabajo en relación con el TPP para Brunei, Malasia y Vietnam no entrarán en vigor de forma inmediata, sino cinco años más tarde. Además, el mecanismo de observancia de normas laborales es el mismo que se puso en práctica en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, donde las violaciones graves en Honduras  en Guatemala llevan cinco años sin ser remediadas.

La idea es la de fijar como línea fundamental de la regulación global el concepto de  “competitividad" por encima de los objetivos de política pública tales como la creación de empleo, la protección medioambiental y humana y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en la adjudicación de los contratos públicos. Naturalmente que eso está acompañado de la reducción del espacio de servicios no mercantilizados, y la consideración de “actividad económica” a una larga serie de servicios públicos y de interés general.

Como se ha tenido ocasión de ver en una Jornada reciente celebrada el 8 de octubre del 2015 en Albacete sobre la remunicipalización de los servicios públicos - ,Efectos laborales de la remunicipalización  - el cuadro normativo está dispuesto a favorecer la externalización y privatización de los servicios públicos, su ingreso en el mercado y en la lógica de la gestión de los mismos mediante un beneficio. Pero no es un camino de ida y vuelta. Son enormes y en ocasiones insuperables los obstáculos para la reversión o la simple recuperación de la gestión pública del servicio, y se necesitan cambios legislativos de importancia tanto para preservar la eficiencia en la prestación de servicio por parte de los entes públicos – en el seminario se focalizó en los ayuntamientos, por razones obvias – y asimismo para garantizar la estabilidad en el empleo y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que en esas vicisitudes pueden ser lesionados de forma irremediable.

En cualquier caso, la remercantilización de las necesidades sociales y la entrada en el campo del mercado de sectores importantes como la educación o la  sanidad, cuando no casi la totalidad de la Administración Pública ,es  un síntoma de cómo se tiende a regular el espacio global, que no sólo se está planteando en la relación entre el mundo desarrollado y el que se halla en vías de desarrollo, sino también en el marco de las relaciones entre USA y la Unión Europea, como sucede con el TTP, frente al cual por cierto la iniciativa legislativa popular europea ha conseguido por el momento más de tres millones de adhesiones.  La lucha contra esta re-regulación de lo global sobre la base de exasperar el poder del dinero y la violencia de las grandes empresas transnacionales, tiene que ser conocido  combatido en una lógica multiescalar, donde es muy importante la que se puede a nivel de cada Estado, puesto que son los gobiernos nacionales los que actúan como sujetos de los Tratados, los ocultan al debate público y los hacen pasar vulnerando los mecanismos democráticos que comprometen la soberanía popular.

Sobre este tema, el de la responsabilidad de los gobiernos europeos en la puesta en práctica de los programas de austeridad, se va a desarrollar en Madrid, el próximo sábado 17 de octubre, una conferencia promovida por unas  organizaciones europeas de abogados - •European Lawyers for Workers (ELW-Network), www.elw-network.eu, •Association Européenne des Juristes pour la Démocratie et les Droits de l’Homme, association enregistrée (EJDH), www.eldh.eu y •Left-Wing Lawyers Forum – Democratic Lawyers Network of Spain (Foro de abogados/as de Izquierdas (FAI-RAD) – coordinados por Michael Schubert  y Thomas Schmidt, y que lleva por sugestivo título “Bajo la presión de la Troika: las repercusiones sobre el derecho colectivo del trabajo en el sur de Europa y en Irlanda”. La Conferencia abordará temas tan importantes como la repercusión de la gobernanza económica europea sobre los derechos colectivos de los trabajadores (derechos sindicales, negociación colectiva, libertades de reunión, manifestación, piquetes de huelga), y la relación entre los derechos individuales y colectivos. Se analizarán las tendencias al desmantelamiento de los derechos colectivos y a la criminalización de los movimientos sociales y sindicatos. Por último, la vertiente internacional y supranacional será asimismo especialmente considerada, así como las repercusiones de los acuerdos comerciales y financieros que están en discusión, en especial el TTIP. ( Ver la noticia en http://editorialbomarzo.es/bajo-la-presion-de-la-troika-las-repercusiones-sobre-el-derecho-colectivo-del-trabajo-en-el-sur-de-europa-y-en-irlanda/ )

Entre los ponentes en esta conferencia se encuentran Aristea Koukiadaki (Reino Unido), Antonio Baylos (España), Antonio Loffredo (Italia), Jose. J. Abrantes (Portugal), Apostolis Kapsalis (Grecia) y Esther Lynch (Irlanda), que intervendrán en la sesión de la mañana.

En la sesión de la tarde se examinarán otros países con la participación de Jean Luc Wabant (Francia), John Hendy Q.C. (Reino Unido), Leila Lahaissani (Bélgica), Detlef Hensche (Alemania) y Anne Alfredson (Suecia).

La conferencia cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo y recibirá un saludo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, además de los parlamentarios del Grupo de IUE, Marina Albiol  y Javier Couso, y se desarrollará de  09h30 – 18h00, en CentroCentro, Plaza de Cibeles No. 1, 28014 Madrid, sede del Ayuntamiento de Madrid. El presente enlace permite todavía registrarse en la misma. http://elw-network.eu/event/. Se dará oportunamente cuenta en este blog del evento. Ahora sólo se anticipa su realización.