DERECHO DEL TRABAJO Y CRISIS ECONOMICA. CURSO DE POSGRADO EN DERECHO "OSCAR ERMIDA URIARTE"

La UCLM prepara para enero de 2013 la XIII edición de los Cursos de Postgrado en Derecho para alumnos latinoamericanos. A partir de la edición anterior, el curso de derecho del trabajo se dedica a la memoria de nuestro amigo, profesor y maestro, Oscar Ermida Uriarte, prematuramente desaparecido en junio de 2011. En la fotografía, se recoge la sesión solemne de recuerdo celebrada en el curso anterior.

Este es el cronograma, que puede sufrir ligeros cambios en razón de acoplamiento de horarios. El tema elegido es, claro está, la crisis económica y el derecho delt rabajo, y se estructura en tres grandes bloques, sobre los derechos sociales y laborales, un examen detenido de los contenidos del derecho al trabajo y, en fin, la enunciaicón de las prestaciones sociales más importantes en orden a definir el modelo social europeo como propio del Estado social. El coordinador del curso es Joaquín Pérez Rey,  el inspirador del mismo, Antonio Baylos.

Universidad de Castilla-La Mancha                          CURSO 130.

  Cursos de Postgrado en Derecho               

TURNO MAÑANA

DIA

HORA

DOCENTE

MATERIA A  IMPARTIR

PRIMERA SEMANA

Lunes 7		Entrega de materiales y credenciales
Martes 8	09.30-13:00	PRESENTACIÓN (VIDEO) DERECHO DEL TRABAJO Y CRISIS ECONÓMICA EN EUROPA MERIDIONAL. LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD EN ESPAÑA E ITALIA	Antonio Baylos (UCLM) Joaquín  Pérez Rey (UCLM) Antonio Loffredo (Universidad de Siena)
	13:30	Inauguración XIII Edición
Miércoles9	09:30-11.45	LOS DERECHOS SOCIALES Y SUS ENEMIGOS : UNA RECONSTRUCCIÓN GARANTISTA	Gerardo Pisarello (Universidad de Basrcelona)
	Descanso
	12:15-14:30	LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES: INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	Laura Mora Cabello de Alba (UCLM)
Jueves 10	09:30-11:45	DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS SOCIALES EN EUROPA: LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA	Berta Valdés de la Vega (UCLM) Rosario Gallardo Moya (UCLM)
	Descanso
	12:15-14:30	CONFERENCIA: “¿ HAY UNA POLÍTICA ALTERNATIVA A LA AUSTERIDAD EN EUROPA?. LA VISIÓN DE LA IZQUIERDA PLURAL”.	Joan Coscubiela. Diputado en el Congreso de los Diputados  ICV-EUIA
Viernes11	09:30-11:30	INSTRUMENTOS PRIVADOS DE VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA GLOBALIZACIÓN: LOS ACUERDOS MARCO GLOBALES	Amparo Merino. UCLM
	Descanso	Fotografía de grupo XIII Promoción
	12:30-14:30	LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE Y LA RSE COMO INSTRUMENTO DE ACCIÓN SINDICAL	José Carlos González Lorente Secretario Federal de Responsabilidad Social COMFIA-CCOO

                                                                                                         

SEGUNDA SEMANA

Lunes 14	09:30-11:45	DERECHO AL TRABAJO. CONTENIDO Y GARANTÍAS	Joaquín Pérez Rey UCLM
	Descanso
	12:15-14:30	CONTENIDO INDIVIDUAL DE DERECHO AL TRABAJO: PROTECCIÓN FRENTE AL DESPIDO Y MECANISMOS DE INSERCIÓN LABORAL	Joaquín Pérez Rey UCLM
Martes 15	09:30-11:45	LA REGULACIÓN DE LAS CRISIS DE EMPLEO EN LO CONCRETO. INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN ESPAÑA, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL EMPLEO PÚBLICO	Francisco J. Trillo UCLM
	Descanso
	12:15-14:30	LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES Y MERCADOS PROTEGIDOS EN EUROPA. LA PROBLEMÁTICA DE LA INMIGRACIÓN	Nunzia Castelli. UCLM
Miercoles16	09:30-11:45	INTERMEDIACIÓN E INTERPOSICIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO. TRABAJO TEMPORAL EN ITALIA Y EN ESPAÑA	Carmen Galizia. Universidad de Salerno (Italia)
	Descanso
	12:15-14:30	EL TRABAJO A DISTANCIA O TELE TRABAJO COMO FORMA DE EMPLEO Y SU PROBLEMÁTICA	Rosario Gallardo UCLM
Jueves 17	09:30-11:45	¿DE QUÉ TRABAJO HABLAMOS CUANDO DECIMOS EMPLEO? TRABAJO MÁS ALLÁ DEL TRABAJO	Laura Mora Cabello de Alba. UCLM
	Descanso
	12:15-14:30	TRABAJO AUTÓNOMO Y EMPLEO	José Luis Prado Laguna. UCLM
Viernes 18	09:30-11:45	EL TRABAJO COOPERATIVO COMO INSTRUMENTO DE EMPLEO. PERSPECTIVAS Y DIVERGENCIAS.	José Antonio Prieto. UCLM
	Descanso
	12:45-14:30	EL CONTENIDO DEL DERECHO AL TRABAJO EN LA DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA (CONFERENCIA)	María Emilia Casas Baamonde. Universidad Complutense de Madrid. Ex Presidenta del Tribunal Constitucional

                                                                                                          TERCERA SEMANA

Lunes 21	09:30-11:45	¿QUÉ FUE DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD EN EUROPA?	Joaquín Aparicio UCLM
	Descanso
	12:15-14:30	LA CRISIS Y LOS EFECTOS SOBRE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD	María Luz Rodríguez. UCLM
Martes 22	09:30-11:45	SALUD, SERVICIOS SOCIALES Y PENSIONES ASISTENCIALES ANTE LA CRISIS ECONÓMICA	Juana Mª Serrano UCLM
	Descanso
	12:15-14:30	FORMACIÓN Y EMPLEO EN EL MARCO DEL ESTADO SOCIAL	Natividad Mendoza UCLM
Miercoles23	09:30-11:45	CRISIS Y PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. LAS GRANDES LÍNEAS EN EUROPA	Elena Desdentado. UCLM
	Descanso
	12:15-14:30	EDAD, ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y CRISIS ECONÓMICA. LA PERSPECTIVA EUROPEA	Marta Olmo. UCLM
Jueves 24	Clausura XIII Edición

CONTRA LA UTILIZACIÓN DEL INDULTO COMO IMPUNIDAD DE LA REPRESIÓN POLICIAL

Más de 180 jueces y magistrados han firmado un manifiesto contra la utilización por el gobierno del indulto como forma de impunidad de los policías que torturan y emplean malos tratos en las detenciones. El Ministro de Justicia, que por un lado se enfrenta a un amplio movimiento de crítica y de resistencia por parte de los agentes de la justicia - jueces, secretarios y abogados  - frente a la monetarización acentuada del acceso a los tribunales, ahora es deslegitimado mediante este documento en su versión de amparador de la tortura y los malos tratos de indignos servidores del estado al proceder a indultar a los mismos policías condenados dos veces. El texto, en el que es patente la huella de Perfecto Andrés Ibañez, es contundente y merece la pena divulgarlo.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de delitos de tortura tras declarar probado que habían realizado unos hechos gravísimos. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos. Las penas impuestas, como en cualquier supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en febrero de este año indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras el ejercicio del indulto por el Gobierno. El Gobierno ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de multa.

Entendemos, y así queremos manifestarlo públicamente, que la actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía. Es un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial. Por último, y sin embargo más importante, supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio.

Los derechos fundamentales y las garantías procesales no son frenos a la actuación policial. Por el contrario, son el fundamento de su actuación. Y proteger los derechos de la ciudadanía es la finalidad fundamental de todas las Policías en un Estado Democrático. Así lo entienden la inmensa mayoría de las personas que conforman los diversos cuerpos policiales. Indultar a quienes vistiendo un uniforme policial han realizado hechos tan rechazables es menospreciar a todos los miles de agentes que día a día luchan precisamente contra cualquier acto que vulnere derechos fundamentales. Reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial.

El Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los Estados Constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano que representa la soberanía popular: el Parlamento. Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan acreditados sus presupuestos. Los principios de legalidad e igualdad así lo exigen. En casos excepcionales, la estricta aplicación judicial de las leyes penales puede producir resultados injustos. El indulto es un mecanismo que permite dar solución a tales supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado debe ser competente para su otorgamiento, y a través de qué procedimiento, pero lo que no es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su finalidad correctora de tales resultados. El indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche.

No existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido. Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana. Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional.

La tortura es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. Esta dignidad es el fundamento de un orden constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la Justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento.

Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. Este signo distintivo del Estado Constitucional marca la diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores del Poder están exentos del cumplimiento de las normas. La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores.

29 de Noviembre de 2012

Son muchas las firmas. Aquí se deja constancia de algunas, por afinidad de materia: Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrado TSJ Catalunya, Juan Gabriel Álvarez Rodríguez, Magistrado Juzgado de lo Social 3 de Palma de Mallorca, Jesús Ignacio Rodríguez Alcázar, Magistrado Juzgado de lo Social 1 de Granada, Xavier González de Rivera i Serra, Magistrado Juzgado de lo Social 3 Barcelona,  Amador García Ros, Magistrado TSJ Catalunya, Juan Miguel Torres Andrés, Magistrado TSJ Madrid, Daniel Martínez Fons, Magistrado Juzgado Social Tortosa; José Enrique Medina Castillo, Magistrado Juzgado Social 2 Málaga; María del Mar Mirón Hernández, Magistrada Juzgado Social 2 Barcelona; Lidia Castell Valldosera, Magistrada TSJ Catalunya; Mercè Saura Sucar, Magistrada Juzgado Social 25 Barcelona, Aránzazu Fernández Rodríguez, Magistrada Juzgado Social 4, Luisa Molina Villalba, Juzgado Social 1 Barcelona, María Luisa Pericas Salazar, Magistrada Juzgado de lo Social 2 San Sebastián-Donostia, Antoni Oliver Reus, Magistrado TSJ Balears, Faustino Rodríguez García, Magistrado Juzgado Social 12 Barcelona, Garbiñe Biurrun Mancisidor, Magistrada TSJ País Vasco, Jesús Rentero Jover, Magistrado TSJ Castilla-La Mancha, Joan Agustí Maragall, Magistrado Juzgado Social 33 Barcelona, Jaime Yanini Baeza, Magistrado Juez de lo Social 2 Valencia, Dalila Dopazo Blanco, Magistrada Juzgado de lo Social 3 Lugo. Es evidente que habría muchos más magistrados y magistradas de lo social que podrían haber firmado, pero debe tratarse de un problema de distribución del manifiesto.

 

Y además, Perfecto Andrés Ibáñez, Magistrado Tribunal Supremo, Montserrat Comas d'Argemir Cendra, Magistrada Audiencia Provincial Barcelona, Luis Carlos Nieto García, Magistrado Juzgado Menores Ávila, Elisa Veiga, Magistrada jubilada, Jose Maria Mena, Fiscal jubilado, Antonio Doñate Martín, Magistrado jubilado, Carlos López Keller, Magistrado jubilado, Ignacio Alfredo Picatoste Sueiras, Magistrado Audiencia Provincial A Coruña, Ramón Sáez Valcarcel, Magistrado Audiencia Nacional,