LA CONTABILIDAD INTERNA DEL PARTIDO POPULAR

El titular del blog, ante las noticias que le llegan de España, acude ante la tumba de Machiavello para conjurar desasosiegos y encauzar su indignación. Luego reflexiona lo que sigue a continuación.

Estos señores y estas señoras decían que derrochábamos todo lo que generosamente nos habían dado, que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Nuestro salario era demasiado elevado, los servicios públicos demasiado costosos, Decían que el gasto público era excesivo y han reducido severamente los salarios a todos los funcionarios públicos, a las trabajadoras y trabajadores, reduplicando Estado y Comunidades Autónomas en esa carrera de degradación del valor del trabajo público. Decían que los liberados sindicales eran parásitos sociales porque su crédito horario se pagaba con cargo a los presupuestos generales del estado. Han favorecido el despido, han abaratado su precio, han disciplinado a los colectivos que se resistían a su dominio en los medios de comunicación.  Han restringido la libertad para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, han denigrado a los sindicatos, han emprendido una ofensiva anticolectiva.  Han reducido las ayudas asistenciales, y han privado de domicilio a quienes perdían la casa, han hecho desaparecer la protección por dependencia mientras cuarteaban la escuela, y disolvían la organización de la salud pública. Estos señores y estas señoras han conseguido en un año desde que ganaron las elecciones en noviembre de 2011, aumentar la desigualdad, pulverizar la seguridad, incrementar el sufrimiento en el Estado español. 

Ahora sabemos que mientras hablaban en público y se reían en privado de sus medidas de reforma, mientras blasonaban de serios y austeros gestores, y organizaban empresas y consorcios para sustituir los servicios públicos, percibían generosos sobresueldos con cargo a las aportaciones públicas de los Presupuestos, recibían generosas donaciones de empresarios y constructores,  una renta personal  que se mantenía fuera de cualquier mirada externa. Pero hemos mirado, y hemos visto. La fuerza visual de esos cuadernos contables, la escritura minuciosa y el recuento exhaustivo del debe y el haber, muestra sin ningún pudor la realidad cotidiana de un grupo político dirigente de un Partido que nos gobierna ya sin legitimidad alguna, porque a partir de hoy no puede presentarse ante los ciudadanos y ciudadanas sin que todas y todos no recordemos esa caligrafía apretada del tesorero – y millonario emprendedor – Bárcenas. Ahora sabemos por qué se procesó y se condenó a Garzón expulsándole con saña innoble de la magistratura, y conocemos el mecanismo de silencio que se ha querido imponer a la investigación judicial. Pero ésta se ha emprendido, y no ha hecho más que empezar. Saldrán peores cosas, evidencias más terribles de esta clase dirigente y de su desprecio por la ciudadanía y por la democracia. Esa señora en nombre de  todos estos señores  y señoras pueden negar lo evidente y amenazar con tantas acciones judiciales como se les venga en gana. Nadie les cree hoy, y la mentira  acompaña sus voces por mucho que se repita cien y cien veces más una historia increíble de negaciones falsas. 

Disolver las cámaras y convocar elecciones es la única salida democrática. Lo ha pedido la izquierda plural. La militancia del PSOE y una gran parte de su electorado está también por esa línea. Seguro que también sectores dirigentes en su interior. Pero todo va al ralentí  y hasta se amenaza al PSOE con que el PP puede poner en marcha “el ventilador”. Recomendamos nosotros que se ponga el aspirador en ese momento para recoger los trozos de la porquería dispersa. Pero  no dejemos que crezca la antipolítica ni demos espacio a soluciones autoritarias y antidemocráticas, como el gobierno técnico sostenido por el centro – derecha e izquierda – que ejecute las reglas y pautas de la intervención del BCE y de la Comisión de la economía española. Estamos en un momento crucial y hay que seguir insistiendo en la movilización social y política que abra un camino democrático en medio de este paisaje desolado en el que nos movemos.

LOS EFECTOS MACROECONÓMICOS DE LA REFORMA LABORAL DE 2012: TODO VA A PEOR

La reforma de las normas sobre el trabajo continúa. Y los efectos nocivos de la misma se pueden comprobar y medir en cifras, un lenguaje que le es grato al poder hasta que desmiente sus decisiones. A ello se dedica la presente entrada.

Se ha publicado el sábado en el BOE el  Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas. En su exposición de motivos el gobierno legislador recuerda el objetivo declarado por las normas de reforma, y que no es otro que poner en práctica  una serie de reformas estructurales entre las que cobran especial relieve las referentes al ámbito laboral, cuyo objeto primordial es impulsar el empleo y conseguir, en particular, que los desempleados tengan la oportunidad de conseguir un puesto de trabajo.

Aunque el primer Decreto-Ley del año – como lo denomina con fina ironía Eduardo Rojo en su imprescindible bitácora – acepta por vez primera “la herencia recibida” y alude como precedentes a todas las normas en materia laboral promulgadas desde 2008, lo cierto es que el salto cualitativo que impuso la llegada del gobierno del PP a la regulación del trabajo ha sido señalado por todos los expertos y los agentes sociales por la especial virulencia en la desregulación normativa y en la flexibilización de las relaciones laborales, la hostilidad hacia la dimensión colectiva y sindical de las mismas, y la conformación de la empresa como un espacio autodirigido y controlado por la unilateralidad del empresario sin control público ni colectivo.

Esta sumaria descripción se ha visto confirmada en la práctica y se puede seguir sus trazas a través de los conflictos sociales y el recurso a los tribunales, junto con importantes impugnaciones de los fundamentos de estas medidas, tanto en el plano internacional, como violación palpable de los compromisos internacionales ante la OIT, como en el plano constitucional interno, mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En el plano económico, que se quería contraponer al de los derechos, siguiendo la lógica neoliberal según la cual los derechos de los trabajadores son disfuncionales al crecimiento económico,  las consecuencias han sido igualmente catastróficas. A tan sólo un año de la promulgación del RDL 3/2012, dos economistas del grupo Novecento, J. Rodriguez y B. Medialdea, han resumido así lo que denominan justamente “una espiral contractiva infernal”:

1)  El número de trabajadores afectados por ERE autorizados se ha incrementado entre marzo y octubre hasta los 313.011 (205.097 en el mismo período de 2011 ó 179.412 en 2010). Los ERE extintivos (despidos) han alcanzado en 2012 el nivel máximo desde el inicio de la crisis (50.753 trabajadores afectados). Los ERE suspensivos o temporales y de reducción de jornada también se han disparado (crecieron más de un 60% entre marzo y octubre de 2012 respecto al mismo período de 2011), y tienen elevada probabilidad de transformarse en extintivos a partir de 2014, al estar bonificados para los empresarios hasta diciembre de 2013.

2)  Los ocupados se redujeron en los tres primeros trimestres de 2012 en 487.000 personas (cayeron un 4,6% anual en el tercer trimestre de 2012 frente al 2,1% de 2011), 342.000 personas en el sector privado y de 144.000 en el  público. El paro aumentó hasta 6,157 millones en noviembre de 2012 (un 26,6% de tasa de paro); el incremento del número de parados desde la reforma es de 670.000.

3)  El ratio entre la caída del empleo y la caída del PIB se ha elevado respecto a otras recesiones: en 2009 (hasta ahora el año de mayor recesión de la crisis), por cada punto de caída del PIB el empleo se redujo  1,8 puntos, mientras que en 2012 la destrucción de empleo era justamente el doble: 3,6 puntos. Este último dato echa por tierra el argumento de los defensores de la reforma laboral como mecanismo para reducir la volatilidad y la caída del empleo en las recesiones.

4)  La reforma laboral ha empujado los salarios a la baja: en 2012 el coste laboral por trabajador disminuyó en términos reales un 3,5% anual.

5)  La caída del empleo y de los salarios ha reducido la renta disponible de los trabajadores, que disminuyó un 5,0% en términos reales en 2012, la caída más elevada desde el inicio de la crisis.

(El artículo está disponible en el blog del Colectivo Novecento http://colectivonovecento.org/2013/01/29/a-un-ano-de-la-ultima-reforma-laboral-cronica-de-un-desastre-anunciado/, y se publica en el periódico Diagonal en la edición impresa de 24/1 – 6/2)

Todo va a peor. La reforma laboral está llevando a cabo una política de tierra quemada sobre el trabajo y sus derechos políticos y sociales. Mediante un auténtico desmantelamiento de la estructura ocupacional de nuestro país, destruye la seguridad relativa que el prototipo normativo del contrato por tiempo indefinido imponía en nuestro sistema legal, lesiona gravemente la profesionalidad del trabajo asalariado y la cualificación del mismo, que no encuentra concreción en una realidad empresarial de salarios mínimos insertos en una organización del trabajo despótica, y pretende borrar la memoria social que el trabajo había generado en las relaciones comunitarias, familiares, personales. Ante este auténtico cataclismo al que el gobierno parece no poder reaccionar, demasiado ocupados una parte de sus estructuras en el saqueo del servicio público de la sanidad y en desmontar el de la enseñanza pública media y superior, hay que cobrar conciencia que esta situación no puede continuar. Y que los gobernantes que se erigen como tales carecen de cualquier legitimidad para el desempeño de sus funciones.

No en todas partes de Europa se está aplicando de la misma manera las políticas de austeridad, ni es la economía española de la misma enjundia que la de otras naciones europeas. Es importante afianzar y proseguir un proceso deconstituyente de esta situación. Para ello hay que explorar los medios que fortalezcan una conflictividad permanente que a la vez sea productiva.  Trabajemos sobre ello.

EL DIA DE LA MEMORIA CONTRA EL HORROR NAZI-FASCISTA

El 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó Auschwitz. Sólo encontró a 7,000 prisioneros, la mayor parte agonizantes o enfermos. Se calcula que un millón cien mil judíos fueron asesinados en Auschwitz; sin embargo, no fueron las únicas víctimas: más de 70,000 polacos, 21,000 gitanos y cerca de 15,000 prisioneros de guerra soviéticos murieron en este siniestro campo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 60/7  en el 2005 decide designar el 27 de enero -- aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis – como el Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, e insta a los Estados Miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. Aunado a lo anterior, la Resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la conmemoración del Holocausto dispuso la creación de un programa de difusión sobre el tema “El Holocausto y las Naciones Unidas”, junto con medidas tendientes a movilizar a la sociedad civil en cuanto al recuerdo y la educación sobre el Holocausto, con el fin de evitar que ocurran actos genocidas en el futuro.

El Programa ha colaborado en forma estrecha con los sobrevivientes del Holocausto para garantizar que la sociedad escuche y tome en cuenta sus historias a manera de advertencia en cuanto a las consecuencias del antisemitismo y otras formas de discriminación.

El programa, además, tiene como misión combatir la negación del Holocausto, según lo establecido en la Resolución 61/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En todas sus actividades (y, en particular, aquellas dirigidas a estudiantes de todo el mundo), el Programa sobre el Holocausto establece conexiones esenciales entre las causas subyacentes del genocidio, las lecciones que podemos aprender del Holocausto y el fomento de los derechos humanos y los valores democráticos en el mundo de hoy.

En Italia, el 27 de enero tiene una coloración especial al dedicarse a la memoria contra la barbarie nazi-fascista, y por tanto no sólo frente a las víctimas de la Shoah y de las leyes raciales mussolinianas, sino que se inserta en un discurso antifascista que relaciona antisemitismo y racismo con dictadura y fascismo y que reivindica la resistencia doble frente al nazismo invasor y frente al fascismo que perseguía las ideologías igualitarias, progresistas y democráticas, en especial a los comunistas y socialistas.

Todos los periódicos se nutren por tanto de intervenciones que recogen la memoria antifascista y denuncian el racismo y la persecución política. En la RAI, televisión pública, cada hora se destinan diez minutos a presentar testimonios de supervivientes de la barbarie nazi-fascista. Antifascismo que reitera el gobierno y la Presidencia de la República, con amplios actos de homenaje en todo el país. En especial este año se ha inaugurado un monumento especial a la memoria en Milán, en el andén 21 de la Estación de tren de donde partían los trenes de deportados a los campos de la muerte.

Por eso las declaraciones que se han conocido del antiguo presidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, se deben interpretar como una forma de apropiación neo-conservadora de este momento reivindicativo de la memoria como forma de construir nuestra propia visión de la realidad democrática, sin negacionismo ni indiferencia ante el racismo y el fascismo. Berlusconi critica las leyes raciales de Mussolini, pero sin embargo insiste en que el régimen fascista “hizo muchas cosas buenas”, negando así la relación fortísima que existe entre antifascismo, resistencia obrera y popular y denuncia del racismo y del antisemitismo que llevó a la aniquilación y el exterminio de un tercio del pueblo judío en la Europa dominada por las potencias del Eje.

Para España y sus medios de comunicación dominados por los grandes poderes económicos, este discurso berlusconiano es plenamente aceptable, porque cortocircuita la relación entre el antifranquismo y la lucha por la libertad y la democracia en España y el carácter criminal de masa del régimen, de una parte, y la la memoria mundial contra el genocidio y el exterminio llevado a cabo por la barbarie nazi-fascista, de otra. De esta manera el franquismo queda exonerado de su pasado histórico y su identificación con los sistemas criminales que gobernaron una buena parte de Europa hasta 1945. La debilidad de la Ley de la Memoria Histórica de 2007, la inaplicación real de buena parte de sus preceptos ante la inacción de las administraciones públicas afectadas y la resistencia del Tribunal Supremo en sus diversas salas a anular los juicios y las condenas de los tribunales franquistas, ha logrado una cierta inmunización del régimen criminal y cleptocrático del dictador en el presente sistema democrático. La situación actual, con la llegada de elementos claramente filo-franquistas al poder, refuerza este sin sentido. Lo que no impide que en los medios de comunicación se recojan y se presenten las palabras de Berlusconi como una excentricidad más del viejo bufón italiano, evitando conscientemente mencionar que dice lo mismo que el discurso oficial negacionista mantiene en España.

LOS DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES

En un mundo global, no solo circula el dinero y su representación en términos de valor financiero. El trabajo fluye y se desplaza por todo el planeta, buscando obtener medios de vida y recursos a través del trabajo que no pueden obtener en sus países de origen. La circulación de las personas que inmigran a otros países es frecuentemente obstaculizada por los Estados de llegada. Y la presencia de los inmigrantes en un territorio determinado es sinónimo entonces de privación de derechos y de discriminación. A continuación, se da cuenta de un interesante libro que aborda estos problemas desde una perspectiva jurídico-política.

En la actualidad, es frecuente abordar el tema de la inmigración en términos de política de empleo y de control público del fenómeno migratorio. La crisis económica, social y de empleo que se está padeciendo con especial virulencia en los países periféricos europeos y en el caso de  España en particular, revaloriza esta forma de aproximarse al tema de los trabajadores inmigrantes. Por no hablar de la deriva xenófoba y proteccionista ante el fenómeno de la desocupación masiva. 

Es cierto que  el trabajo se mide globalmente en términos de empleo. Es ésta una categoría que hace referencia a la cantidad de personas – y a la cualidad de las mismas -  que se incorporan al mercado de trabajo o que, intentándolo, no lo consiguen. Se trata de fenómenos colectivos de inserción y de regulación de la fuerza de trabajo global, que normalmente se sitúan en el área de la decisión pública. Son las llamadas políticas de empleo, orientadas en nuestra área cultural y política hacia el pleno empleo. En ese sentido, el extranjero que quiere trabajar en otro país quiere ser trabajador en él, pero antes ser considerado tal, será contemplado normativamente como integrante de un flujo de mano de obra que pretende una determinada inserción en el mercado de trabajo definido estatal – nacionalmente, resultando que este ámbito de regulación pertenece a los poderes públicos en virtud de sus políticas de empleo. Puesto que el derecho al trabajo se garantiza dentro de cada Estado, y en los términos peculiares del mismo, a los ciudadanos del mismo, la condición de inmigrante se equipara a la de extranjero y se inserta en una regulación del “mercado de trabajo” que restringe y administra los flujos de inmigración.  Los imperativos de las políticas públicas de empleo nacionales son además reforzados por la integración europea y sus exigencias de control de la inmigración en su territorio.  En Europa, por tanto,  el eje central del problema no pasa por la condición de extranjero en un mercado unificado mercantil y monetariamente, sino por la configuración de la libertad de movimiento de los trabajadores en un espacio definido no en términos políticos sino con referencia a un mercado regionalmente integrado a nivel supranacional. El resultado en términos normativos son bien conocidos, y en gran parte han sido asumidos por la ambivalente Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, que reforma la LOEX.

Pero como señala el prologuista del libro, Jose Luis Monereo, “el lector tiene ante sí un nuevo trabajo de investigación sobre la inmigración”, que se sitúa en la perspectiva de los derechos y garantías de los trabajadores inmigrantes, “la ley del más débil” en la bien conocida expresión de Ferrajoli.  Por tanto es un trabajo que va a considerar el objeto de su investigación como un  proceso de construcción de espacios de libertad y de respeto a la titularidad y el goce de unos derechos que se reconocen a las personas que trabajan  en un país diferente de aquel en el que han nacido y vivido. El autor, Luis Ángel Triguero, de la Universidad de Granada, ya había ensayado este enfoque en un buen trabajo anterior – El estatuto jurídico-laboral del trabajador extranjero inmigrante (Bomarzo, 2008)- pero aquí encuentra una sistematización más elevada. El elemento central de partida es la consideración de los derechos sociales como el contenido de una ciudadanía que encuentra expresión efectiva en la noción comprensiva del Estado social y la política social, sobre el que incide fuertemente todo un proceso de positivización de tales derechos realizados a nivel internacional y europeo. 

El reto de la obra es por consiguiente insertar este correcto punto de partida en el proceso histórico de construcción de un estatuto jurídico – social protector de los trabajadores inmigrantes extranjeros en el supuesto español y verificar el grado de realidad o de eficacia que ha ido adquiriendo el mismo a la luz de una consideración global de los derechos sociales definidos internacionalmente. De esta manera, el análisis del “proceso de institucionalización de la política de inmigración” acaba destilando unos principios de la política inmigratoria (pp. 173 ss) que converge en un modelo de integración social. Y estos modelos de políticas públicas tienen que respetar a su vez el modelo jurídico-constitucional de reconocimiento de derechos sociales fundamentales y de garantías jurisdiccionales de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a cuya exposición se dedica el capítulo III de la obra (pp. 203 ss.). Unas conclusiones muy precisas recuerdan el origen académico de este libro, pero no son repetitivas sobre lo analizado, sino funcionales a la lectura, con propuestas críticas y meditadas. Anotemos tan sólo la última. Para el autor, justamente, la crisis económica que precipita un crecimiento negativo o estancado, requiere un cambio de modelo de gestión de la inmigración económico-laboral, que debe evolucionar hacia una política de gestión social de la presencia de inmigrantes en la sociedad, no como hasta ahora limitada únicamente a la regulación de la llegada o salida de estas personas. Para ello, la vigencia de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores inmigrantes constituye un elemento decisivo de integración social y de vitalidad democrática.

LOS DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES.

Luis Ángel Triguero Martínez. Editorial Comares. Granada, 2012, 426 pp.