En tiempos de informes de instituciones internacionales extermas a las generadas en el ordenamiento jurídico y político interno, se da gran repercusión a los que provienen de organismos financieros, económicos o políticos que promueven la reforma "estructural" del sistema de derechos vigente en España sobre la base de una siempre necesaria modificación a la baja de los derechos sociales y una ampliación de la desigualdad entre amplios sectores de la pobleación en función de los niveles de renta. Pero hay otros informes internacionales, que critican y exigen elc ambio de una buena parte de las normas que están procediendo a construir el edificio jurídico que sostiene la desigualdad y la exclusión social como base de la recuperación del capital. Los párrafos que aquí se transcriben corresponden a las observaciones que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales realizó al informe del gobierno español sobre el grado de cumplimiento del PIDESC. El informe tiene fecha de mayo de 2012 y mantiene recomendaciones para el gobierno español que no han sido recogidas en ningún medio de comunicación, que se sepa, hasta el momento. Sin embargo, son muchas y muy extenso el campo de la preocupación de las Naciones Unidas por el amplio incumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos económicos Sociales y Culturales (PIDESC) por parte del Estado español. A cuyo gobierno, por cierto, cualquier requerimiento internacional que se dirija a exigir la garantía de derechos y el fortalecimiento del estado social y democrárico, le parece impertinente y lo tiene por no puesto. A fuer del desprecio a la democracia, el gobierno español no atiende sus compromisos internacionales en el ámbito de declaración y econocimiento de derechos sociales.Sin embargo, las Naciones Unidas solicitan que se de la mayor difusión a este informe. Allí va en sus principlaes conclusiones.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales examinó el quinto informe periódico de España sobre la aplicación
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(E/C.12/ESP/5) en sus sesiones 12.ª a 14.ª, celebradas los días 7 y 8 de mayo
de 2012 (E/C.12/2012/SR.12 a 14), y aprobó, en su 28.ª sesión, el 18 de mayo de
2012 (E/C.12/2012/SR.28), las observaciones finales que figuran a continuación.
Principales motivos de
preocupación y recomendaciones
6. Al
Comité le preocupa que, a excepción del derecho a la educación que está
incluido dentro de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución,
los derechos económicos, sociales y culturales solamente son considerados por
el Estado parte como principios rectores de la política social y económica, de
la legislación y de la práctica judicial. Al Comité también le preocupa que las
disposiciones del Pacto hayan sido invocadas y aplicadas pocas veces ante los
tribunales del Estado parte.
El Comité insta al Estado parte a que, en
virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de
los derechos humanos, adopte las medidas legislativas pertinentes para
garantizar a los derechos económicos, sociales y culturales un nivel de
protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos.
Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas adecuadas
para asegurar la plena justiciabilidad y aplicabilidad de todas las
disposiciones del Pacto por los tribunales nacionales.(...)
8. El
Comité expresa su preocupación por la reducción de los niveles de protección
efectiva de los derechos consagrados en el Pacto que ha resultado de las
medidas de austeridad adoptadas por el Estado parte, perjudicando de forma
desproporcionada al disfrute de sus derechos por las personas y los grupos
desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños,
las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las
personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo (art.
2, párr. 1).
El Comité recomienda al
Estado parte que garantice que todas las medidas de austeridad adoptadas
identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del Pacto, y
que tome todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en
cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos
desfavorecidos y marginados. En este contexto, el Comité recomienda al
Estado parte que recopile información estadística desagregada, con el objeto
de identificar a las personas y grupos afectados y aumentar la eficacia de
sus esfuerzos para la protección de sus derechos económicos, sociales y
culturales. El Comité también señala a la atención del
Estado parte su carta abierta sobre los derechos económicos, sociales y
culturales en el contexto de la crisis económica y financiera, con fecha 16 de mayo de 2012. (....)
11. Preocupa
al Comité que, pese a las medidas adoptadas por el Estado parte, los
inmigrantes y los gitanos sigan siendo objeto de discriminación en el disfrute
de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en lo que
respecta al empleo, la vivienda, la salud y la educación. También preocupa al
Comité la persistencia de actitudes hostiles e intolerantes hacia estos
colectivos, inclusive por parte de los agentes de la fuerza pública (art. 2,
párr. 2).
El Comité recomienda al Estado parte que incremente las medidas
adoptadas para erradicar la discriminación que sufre la población inmigrante y
los gitanos, así como para sancionar todo tipo de práctica discriminatoria. El
Comité recomienda al Estado parte que adopte el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación. En esta perspectiva, el Comité señala a la atención del
Estado parte su Observación general N.º 20 (2009), relativa a la no
discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (art. 2, párr.
2 del Pacto).
12. El
Comité está preocupado, particularmente en el contexto de la crisis económica y
financiera, por el continuo incremento de las tasas de desempleo y del
desempleo de larga duración que afectan negativamente a un porcentaje elevado de
la población del Estado parte, especialmente los jóvenes, los inmigrantes, los
gitanos y las personas con discapacidad, agravando la situación de
vulnerabilidad en la cual se encuentran (art. 2, párr. 2, y art. 6).
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce sus programas
y adopte estrategias eficientes con miras a reducir las tasas de desempleo y
cumplir progresivamente con el pleno disfrute del derecho al trabajo. El Comité
recomienda al Estado parte que evite
cualquier retroceso en el ámbito del empleo, incluyendo en materia de
protección de los derechos laborales de los trabajadores. El
Comité también requiere al Estado parte entregar en su próximo informe
periódico estadísticas anuales en cuadros sobre la situación general del
empleo, desagregadas por sexo, edad, nacionalidad y discapacidad. Asimismo, el Comité recomienda que la
formación profesional de calidad siga siendo prioritaria, especialmente en los
casos de desempleo de larga duración, tomando en cuenta las necesidades de las
personas y grupos desfavorecidos
y marginados. A este respecto,
el Comité señala a la atención del Estado parte su
Observación general N.º 18 (2005), sobre el derecho al trabajo (art. 6 del
Pacto).
13. Preocupa
al Comité que la persistencia de ciertos estereotipos sobre las funciones de
género sigan impidiendo que las mujeres disfruten, en igualdad de condiciones con
respecto a los hombres, del derecho al trabajo. El Comité sigue preocupado por
la menor representación de las mujeres en los cargos decisorios, tanto en el
sector público como en el privado. Le preocupa, asimismo, que, pese a los
esfuerzos desarrollados en la materia, la diferencia de remuneración entre
hombres y mujeres siga siendo considerable, en contra del principio de salario
igual por trabajo de igual valor que figura en la legislación del Estado parte
y en el Pacto (arts. 3, 6, 9 y 10).
El Comité recomienda al Estado parte que
redoble sus esfuerzos para combatir los estereotipos de género en la familia y
en la sociedad, inclusive promoviendo la igual representación de hombres y
mujeres en los cargos decisorios de los sectores público y privado. También
insta al Estado parte a vigilar el cumplimiento, por los actores privados, de
la legislación sobre la igualdad de trato, la no discriminación y el principio
de salario igual por trabajo de igual valor. Paralelamente, el Comité pide al
Estado parte que promueva una mayor participación de los hombres en las labores
de atención y en el suministro de servicios de atención para niños, personas
con discapacidad, personas mayores y enfermos.
14. Al
Comité le preocupan los casos de las personas que siguen retenidas en los
centros de internamiento para los extranjeros pendientes de expulsión en
condiciones de hacinamiento, sin acceso a la información y a servicios
adecuados de asistencia social, médica o legal, pese a la adopción de la nueva
normativa de estos centros introducida desde febrero de 1999 (art. 2, párr. 2).
El Comité insta al Estado parte a dar pleno efecto a la nueva normativa
para mejorar las condiciones de vida en los centros de retención para los
extranjeros pendientes de expulsión, especialmente en términos de su acceso a
servicios adecuados de asistencia sanitaria, social, legal y médica.
15. El
Comité está preocupado por la persistencia de altos niveles de violencia
doméstica y otras formas de violencia de género, a pesar de los esfuerzos del
Estado parte para prevenirla, así como por los recortes presupuestarios que han
afectado a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas en algunas
comunidades autónomas (art. 10).
El Comité alienta al Estado parte a seguir evaluando los efectos
de la aplicación de los diversos planes y medidas en contra de la violencia
doméstica y otras formas de violencia de género, en especial en contra de la
mujer, asegurando la continuidad de los esfuerzos, y garantizando que las
medidas restrictivas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis
económica y financiera no perjudiquen a la protección de las víctimas ni sus
derechos. El Comité también recomienda que el Estado parte profundice sus
medidas y se asegure de que todas las estrategias de prevención y atención en
la materia lleguen a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad en razón
de su entorno social, drogodependencia, enfermedad, o de cualquier otra
condición desventajosa.
16. El
Comité constata con preocupación que, según los datos a su alcance, el 21,8% de
la población vive aún por debajo del umbral de la pobreza y que en el contexto
de la crisis económica y financiera, se ha incrementado considerablemente el
índice de personas en riesgo de pobreza (arts. 9 y 11).
El Comité recomienda vigorosamente al Estado parte que adopte e
implemente un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza. El
Comité recomienda que en él se incluyan medidas específicas y estrategias para
mitigar los efectos adversos resultantes de la actual crisis económica y
financiera, y que preste particular atención a las personas y grupos
desfavorecidos y marginados. A este respecto, el Comité remite al Estado parte
a su declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (2001).
17. Al
Comité le preocupa que, en circunstancias en que uno de cada cuatro menores de
edad vive actualmente por debajo del umbral de pobreza, las prestaciones económicas
a las familias hayan sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como
en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción
de un hijo (arts. 10 y 11).
El Comité recomienda al Estado parte que revise las reformas adoptadas
en el contexto de la actual crisis económica y financiera para garantizar que
todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de
protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos
casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos,
sociales y culturales.
18. Al
Comité le preocupa que el salario mínimo interprofesional (SMI) haya sido
congelado desde el año 2011 a un valor que no permite un nivel de vida digno
(art. 7).
El Comité recomienda al Estado parte garantizar que el SMI
permita a todos los trabajadores y a sus familias gozar de condiciones de
existencia dignas y que se ajuste periódicamente al costo de la vida, de
conformidad con el artículo 7 del Pacto y con los estándares del Comité Europeo
de Derechos Sociales.
19. El
Comité está preocupado por las modificaciones introducidas por el Real
Decreto-ley 16/2012, del 20 de abril de 2012, en particular a la Ley de
Extranjería de 2009, que recortan los derechos de acceso de los inmigrantes en
situación irregular a los servicios públicos de salud (art. 12).
El
Comité recomienda al Estado parte asegurar que, de conformidad con la
Observación general N.º 14 (2000) del Comité sobre el derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud (art. 12 del Pacto) y con el principio de
universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten
el acceso de las personas que residen en el Estado parte a los servicios de
salud, cualquiera sea su situación legal. También recomienda que el Estado
parte evalúe el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso de las
personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud.
20. El
Comité constata con preocupación que los niveles de pensión sean, en muchos
casos, inferiores al nivel de subsistencia mínimo, lo que pone a sus
beneficiarios en riesgo de pobreza. Al Comité le preocupa de forma particular
la situación de las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas (arts.
9, 10, 11 y 12).
El Comité recomienda al Estado parte que revise la cuantía de
las pensiones contributivas y no contributivas, para garantizar un nivel de
vida adecuado a todos sus beneficiarios, inclusive en tiempos de crisis económica
y financiera.
21. Al Comité le preocupa profundamente la
situación de los individuos y de las familias que se encuentran abrumados por
los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración,
situación que ha ocasionado que muchos hayan sido desalojados de sus viviendas
y que otros estén en alto riesgo de perderla. Al Comité también le preocupa que
el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo de 2012 deje a
discrecionalidad de las entidades bancarias la admisión de la dación en pago
(art. 12).
El Comité recomienda al
Estado parte que impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la
vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad
de las entidades bancarias. Igualmente se recomienda al Estado parte que
incentive a individuos y familias a considerar arrendar propiedades como forma alternativa
de acceder a la vivienda. En este sentido, el Comité también recomienda que el
Estado parte trabaje en coordinación con las comunidades autónomas para invertir
más recursos en el aumento de la oferta de vivienda social que permita cubrir
la demanda, de conformidad con la Observación general N.º 4 (1991) sobre el
derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1 del Pacto).
22. Al
Comité le preocupa que se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas
garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente,
y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación (art.
12).
El Comité recomienda que el Estado parte implemente un marco
legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados a seguir antes
de que se proceda a un desalojo, tomando en cuenta las disposiciones de la
Observación general N.º 7 (1997) del Comité sobre el
derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1 del Pacto): los desalojos
forzosos, las recomendaciones del Relator Especial sobre una vivienda adecuada
y los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento
generados por el desarrollo (A/HRC/4/18, anexo I).
23. Al
Comité le preocupa que todavía no se haya adoptado una definición oficial de
“persona sin hogar”, como base para la recolección de datos desagregados sobre
el número de personas sin vivienda, para
poder evaluar la evolución del fenómeno
y adoptar medidas adecuadas en la materia (art. 12).
El
Comité recomienda que el Estado parte establezca una definición oficial de
“persona sin hogar” de conformidad con las recomendaciones del Relator Especial
sobre una vivienda adecuada y las directrices de la Conferencia europea de consenso
sobre las personas sin hogar (European
Consensus Conference on Homelessness) celebrada en Bruselas en 2010.
Recomienda también que el Estado parte recopile datos desagregados sobre el
número de personas sin vivienda y el impacto de la crisis económica y
financiera para ellas, con el fin de formular e implementar medidas de
rehabilitación efectivas.
24. El
Comité constata con preocupación las dificultades encontradas por las mujeres,
en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con
la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de 2010. Al Comité le preocupa también
que, en la mayor parte de las comunidades autónomas, los impedimentos
burocráticos y temporales obligan a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas
(arts. 12, 10).
El
Comité recomienda al Estado parte que garantice la plena aplicación de la Ley
Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 en todo el territorio nacional. En este
contexto, el Comité recomienda que el Estado parte adopte un procedimiento básico
común a todas las comunidades autónomas para garantizar un acceso equitativo a
la interrupción voluntaria del embarazo; para asegurar que el ejercicio de la
objeción de conciencia por parte de médicos y de otros miembros del personal
sanitario no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a
un embarazo; y para prestar una atención especial a la situación de las
adolescentes y mujeres migrantes.(...)
28. El
Comité está preocupado por las medidas regresivas adoptadas por el Estado parte
que incrementan las tasas universitarias, poniendo en riesgo el acceso de las
personas y grupos desfavorecidos y marginados a la educación universitaria
(art. 13).
El Comité recomienda al Estado parte que revise las medidas
regresivas que han sido adoptadas en materia de las tasas universitarias teniendo
en cuenta el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 del Pacto, y que
garantice que todos tengan iguales posibilidades de acceso a los estudios
superiores en función de sus capacidades.
29. Al
Comité le preocupa que, en el contexto de la crisis económica y financiera, los
recortes presupuestarios pongan en peligro la protección y la promoción de la
capacidad creativa e investigativa del Estado parte, así como las oportunidades
de acceso efectivo de todas las personas y comunidades a participar en la vida
cultural (art. 15).
El Comité recomienda al Estado parte reforzar todas las medidas
en curso y adoptar cualesquiera que fuese necesaria para garantizar los más
amplios niveles de realización de los derechos culturales consagrados en el
artículo 15 del Pacto.
30. El Comité alienta al Estado parte a
considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares.
31. El Comité pide al Estado parte que dé
amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos los niveles de
la sociedad, en particular entre los agentes estatales, los jueces y las
organizaciones de la sociedad civil y que, en el próximo informe periódico, dé
cuenta al Comité sobre las medidas adoptadas para aplicarlas. También alienta
al Estado parte a que haga participar a las instituciones nacionales de
derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y los demás miembros de
la sociedad civil en el debate nacional previo a la presentación de su próximo
informe periódico.
32. El Comité pide al Estado parte que
presente, a más tardar el 18 de mayo de 2017, su sexto informe periódico,
preparado con arreglo a las directrices sobre los documentos específicos que
deben presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del
Pacto (E/C.12/2008/2).
