SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS PERMISOS POR NACIMIENTO Y CUIDADO. HABLAN FRANCISCO TRILLO Y ELENA CARDEZO

 

Acaba el mes de agosto y recobramos el temario y el ritmo habitual correspondiente a la vuelta al trabajo y al comienzo del curso académico. Como se dio cuenta en este blog, (https://baylos.blogspot.com/2025/08/vacaciones-sobrevaloradas.html)  se publicó en el BOE de 30 de julio el RDL 9/2025, que reforma el Estatuto de los trabajadores, el Estatuto de Empleo Público y la Ley General de Seguridad Social,  para dar cumplimiento a la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, que no se había traspuesto completamente en nuestro país. Esta norma ha sido a su vez cuestionada por algunas interpretaciones de la misma frente a las que Francisco Trillo y Elena Cardezo en rigurosa exclusiva para este blog, efectúan una pormenorizada explicación. Sin duda con este texto está garantizada una atenta lectura de la norma y de su indudable importancia.

 

AVANZANDO EN LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: PERMISOS POR NACIMIENTO Y CUIDADO A PARTIR DEL RD-LEY 9/2025

 

Francisco Trillo y Elena Cardezo

 

Tras un tortuoso proceso de negociación, en un panorama de prórroga presupuestaria y con un requerimiento de la Comisión Europea, finalmente, el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado y se completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 de conciliación, ha introducido en el ordenamiento jurídico español un panorama ampliado de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. Pretendemos con este breve escrito poner de relieve la importancia del cambio normativo, así como las razones de la técnica finalmente escogida para trasponer del todo la citada directiva.

El dato más relevante es que se amplían tres semanas por progenitor los permisos de nacimiento y cuidado desde las 16 a las 19 semanas, y a las 32 semanas en caso de familias monoparentales. Dos de esas semanas, 4 en caso de familias monoparentales, se pueden disfrutar hasta que el niño o la niña cumpla 8 años y además dan acogida a los nacimientos producidos desde agosto de 2024, fecha en la que España tenía la obligación de incorporar totalmente a su ordenamiento la Directiva. Esta ampliación se justifica, según la exposición de motivos, en aplicación de la denominada “cláusula pasarela” del artículo 20.6 de la Directiva, que permite computar como permiso parental retribuido cualquier período de ausencia laboral por razones familiares que conlleve remuneración.

El Real Decreto-ley amplía los permisos parentales a través del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores que regula el permiso por nacimiento y “cuidado” que, como se sabe, da lugar a una prestación, perfectamente ensayada en nuestro sistema de Seguridad Social. Esta opción normativa parece responder, al menos, a cuatro motivos:

A)      Una razón protectora, porque en el marco del artículo 48 ET se reconoce una prestación que suple el salario total que deja de percibir la persona trabajadora y deja de abonar la empresa, asumiendo así el Estado el coste de la suspensión del contrato, sin trasladárselo a las empresas, mediante la técnica del permiso retribuido. Con ello, se da debido acomodo a la pérdida salarial que comportaría poner entre paréntesis el contrato de trabajo por estos motivos a la vez que se refuerza el carácter social del Estado español en una materia tan sensible para la sociedad como es la de la conciliación de la vida familiar y laboral. En septiembre de 2024, el CIS publicó el primer estudio sobre Fecundidad, Familia e Infancia (https://www.cis.es/documents/d/cis/es3475mar-pdf) en el que se puso de manifiesto que la conciliación, el dinero y el precio de la vivienda continúan siendo los principales obstáculos que la población tiene para concretar el deseo de formar una familia. Siete de cada diez encuestados aseguraban que tienen pocos hijos por falta de medios económicos y casi la mitad no los tiene "por problemas de conciliación" entre la vida familiar y laboral. La imposibilidad de encajar un proyecto familiar con la carrera profesional es uno de los principales motivos de que los nacimientos hayan caído un 25% en la última década (nacieron 322.000 niños en 2024 frente a los 426.000 de 2013) y de que la población infantil en España represente solo el 14% del total frente al 19% de los mayores de 65 años. La ampliación del permiso por nacimiento y cuidado supone un avance más en el objetivo de hacer converger el proyecto vital y contractual-laboral de las personas trabajadoras.  

Además, esta opción legislativa, la del art. 48 ET, trasladada al erario público el coste de las medidas de conciliación sin elevar el coste para las empresas. De hecho, la medida introducida por la norma supone un gasto para el Estado de 1.500 millones de euros en su implantación y 1.000 millones al año posteriormente. ¿Se imaginan las y los lectores qué estarían ahora diciendo los empresarios de este país si se les hubieran incrementado tres semanas de golpe los permisos de sus trabajadores?

Una razón organizativa y práctica, ya que el recurso al artículo 48 ET permite el reconocimiento de la prestación asociada a la suspensión del contrato de forma inmediata, sin necesidad de costosas adaptaciones informáticas ni incertidumbres; de hecho, el INSS ya ha divulgado los enlaces de solicitud (https://prestaciones.seg-social.es/servicio/prestacion-nacimiento-adopcion-cuidado-menor.html). Los experimentos en materia de políticas públicas mejor dejarlos para la esfera teórica porque, de otro modo, la experiencia demuestra que los acaba pagando la ciudadanía.

Una razón de economía legislativa, ya que se responde a las exigencias de la Directiva, estableciendo una fórmula de disfrute del todo flexible simplemente elevando la edad del menor de los 12 meses hasta los 8 años.

Finalmente, un motivo importante de ámbito subjetivo, una vez que la  vía del 48 ET permite extender los derechos de conciliación a las y los trabajadores autónomos, que no quedarían protegidos por motivos evidentes a través de la técnica de los permisos retribuidos.

Al operar por el artículo 48 ET, el 48 bis no requiere ninguna modificación. Se podrían haber remunerado las dos nuevas semanas “flexibles” del 48 con cargo al 48 bis, pero se ha decidido expresamente no hacerlo para ampliar todo lo posible los derechos de conciliación de las personas trabajadoras, de modo que a las tres semanas retribuidas que incorpora novedosamente el Real Decreto-ley se le suman las 8 no retribuidas del 48 bis.

Esta solución, a nuestro juicio la más oportuna y protectora por todas las razones expuestas, satisface plenamente las exigencias de la Directiva. Nótese que tras el Real Decreto-ley, las personas trabajadoras cuentan con 19 semanas remuneradas de permiso por nacimiento y cuidados, 5 semanas por encima de lo exigido por la UE, en el caso de las madres, y ¡17 en el supuesto de los padres! Se trata de una sensible mejora de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral que supera incluso las exigencias de la propia Directiva, ya que se introduce sin merma salarial, con una retribución del 100% y de forma igualitaria para los dos progenitores, duplicándose en el caso de familias monoparentales, realidades normativas tampoco urgidas por la trasposición de la Directiva europea.

Por lo demás, la acumulación del permiso por lactancia permite alcanzar 22 semanas remuneradas de permisos, derecho cuyo origen, se ha de recordar, se sitúa en la acción legislativa del gobierno de coalición a través del RDL 2/2024.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 9/2025 extiende este nuevo modelo al empleo público mediante la modificación del artículo 49 del EBEP, integrando la transposición de los artículos 4 y 5 de la Directiva (UE) 2019/1158 en el ámbito de la función pública. Se reconoce un permiso retribuido de diecinueve semanas y un permiso parental no retribuido de ocho semanas, de modo que el nuevo régimen estatutario satisface de forma completa y coherente las exigencias europeas.

En definitiva, con este conjunto de medidas, España alcanza e incluso supera el umbral de ocho semanas retribuidas exigido por el Derecho de la Unión Europea. El nuevo modelo de permisos por nacimiento y cuidados mejora las recomendaciones internacionales, alineándose con la Recomendación núm. 191 de la OIT, que, si se recuerda, aconseja un mínimo de dieciocho semanas para el permiso de maternidad.

Una última reflexión nos gustaría hacer para terminar. No cabe ninguna duda de que el RDL 9/2025 conlleva una mejora muy sustancial de los derechos de conciliación. Tras su aprobación, los niños y las niñas de nuestro país podrán disfrutar de sus progenitores durante seis semanas más y, en el caso de familias monoparentales, dieciséis semanas. Un avance sin precedentes.

Sin embargo, esta mejora evidente de los derechos contrasta con algunos juicios que los juristas teóricos han vertido sobre la norma y que parten de no entender la técnica utilizada (el art. 48 y no el art. 48.bis). Más allá de señalar que, como resulta obvio, la Directiva no impone ninguna técnica particular para su incorporación al ordenamiento nacional, es llamativa esta suerte de presunción de superioridad del saber teórico sobre la acción legislativa.

Mirar al legislador por encima del hombro muchas veces ocasiona un cierto infantilismo en los análisis que parecen creer que la acción normativa, en cualquiera de sus niveles, puede desarrollarse en una especie de sand box, en el que no existen condicionantes presupuestarios, políticos o burocráticos. Esperemos que estas líneas contribuyan a esclarecer el porqué del RDL 9/2025 y de sus opciones normativas.

 

CANTO POR EUROPA, DE PAOLO RUMIZ (LECTURAS DE VERANO IV)

 

La lectura es siempre compartida y los libros no solo se leen, se comentan, se utilizan como elementos de los argumentos que utilizamos en nuestros debates, forman parte de nuestro saber y entender cotidiano. En estas lecturas de verano, Joaquín Aparicio nos envía desde su lugar de vacaciones al pie de la sierra de Gredos – amenazada en estos días pasados por un grave incendio – un comentario sobre un libro que le ha gustado mucho, Canto por Europa, de Paolo Rumiz, escritor y periodista italiano, natural de Trieste, muy conocido por sus libros de viaje. La obra la ha traducido Alida Ares, y está editada por Lapislátzuli editorial, Barcelona, 2023. Una muy buena recomendación para la amble audiencia del blog en estos últimos momentos del descanso anual de las vacaciones.

 

¿Qué ha sido del sueño de una Europa como un espacio en el que floreciesen la igualdad, la fraternidad, la libertad en el respeto y protección de los derechos humanos?  Un espacio en el que todos sus habitantes pudieran disfrutar de los bienes que con su trabajo han contribuido a producir y que, en un mundo turbulento, podría ser un faro que iluminase todo el orbe. La evolución de la azarosa integración europea desde finales del siglo XX  y sobre todo en el presente XXI, ha llevado a que se olviden de los valores esenciales fundacionales, entre ellos la paz. La vergonzosa negociación en Escocia entre la representación de la Comisión Europea con el dictadorzuelo fascistoide que hoy ocupa el cargo de presidente de los Estados Unidos ha sido una cruda representación del hundimiento de aquellos valores. “Humillados y ofendidos”, se ha dicho.

 Pero la resignación, la indiferencia y el abandono de la lucha por tales valores no puede ser el camino a seguir, es necesario avivar la llama de la esperanza como hace Paolo Rumiz en su libro Canto por Europa, en donde nos dice “ si el sueño se extingue -nuestro European dream- ¿a qué aferrarse? ¿cómo volver a encontrar la dignidad de ser hijos de una tierra, que tras haberse infringido a sí misma y a sus colonias más de cien millones de muertos en un siglo, ha sabido dar vida al mayor proyecto de paz de la humanidad? ¿Cómo impedir que nuestros pueblos la conviertan, como ya es habitual, en un cómodo chivo expiatorio y que desmantelen desde dentro esta última isla feliz sin defenderla de las olas de violencia, esclavitud y dictaduras que azotan sus fronteras? ¿Cómo protegerla del regreso de los nacionalismos que corroen el edificio de la Unión como termitas? Pobre Europa, extrema trinchera de los derechos, las reglas y las garantías, actualmente tan desconcertada y genuflexa.”

 El Canto por Europa es una poética narración de un viaje por el Mediterráneo, sobre todo por los mares Egeo y Jónico, en la pequeña y antigua nave británica, Moya, con una llamativa vela roja, capitaneada por un griego y con otros tres tripulantes a bordo: el cocinero turco de madre alemana, el contramaestre francés hijo de un askenazi y el narrador del que solo sabemos su origen dálmata. Es difícil sustraerse al recuerdo de la Odisea y al capitán Petros no buscarle similitudes con Ulises. En el puerto de Tiro acogieron a una joven prófuga de la guerra de Siria llamada Evropa que había sufrido toda clase de penalidades y a la que ocultan a los ojos de las autoridades con las que se cruzan.

 Las peripecias del viaje enfrentan a los navegantes con algunas de las crudas y miserables realidades que arruinan el sueño europeo y el capitán Petros no podía entender como las gentes europeas habían dado la espalda a ese sueño y a un mundo tan diverso que él amaba. “Entre montaña, océano y estepa, no conocía otras tierras capaces de juntar abedul, higuera y pita, catedrales y refugios alpinos, archipiélagos y ríos vagantes, sinagogas y faros y alminares…” En las distintas etapas del viaje se enfrentan a la peste del turismo masivo que roe el alma de los pueblos y que tiene una brutal expresión en los enormes cruceros que vomitan cientos de personas en pequeñas islas o ciudades, aunque algunos de sus habitantes traten de defenderse ante la invasión de estos nuevos bárbaros. Precisamente en Miconos un anciano ciego (cómo no recordar a Tiresias) que resistía el pandemonio de la isla le dijo a la joven prófuga, ansiosa de llegar a occidente, que quitara la ‘v’ dura de su nombre para rebautizarse “Europa”. “Advierte, le dijo, la dulzura renovada de esas tres sílabas…Si digo Europa veo lo que eres, aunque yo sea ciego, hija mía. Veo una madre fértil de vida, veo la luna tras el archipiélago, veo el principio de una estirpe nueva”… “¡Europa!”, el nombre estalló entre nosotros, redobló el tambor de los corazones, resonó como el cuerno de un carnero”.

 Vieron la fea cara de la Unión en el maltrato dado a las personas que tratan de pasar sus fronteras. Vieron el Mediterráneo como una enorme fosa común y advirtieron a la joven de la dureza que le esperaba cuando llegase a esa tierra en la que aspiraba a vivir, pero ella era una inspiración. “Ahora entiendo, amigos, dijo Petros a sus compañeros. Esta tierra es la ilusión de quien no la posee, de quien atraviesa el mar con fatiga. Es el sueño de quien es rechazado, no de quien sacio la habita hace siglos”.

 Europa, un pequeño extremo de la gran masa continental asiática, se ha formado en la diversidad, en la riqueza de la inmigración y la emigración. En este momento en que muchos de los habitantes de los pueblos europeos andan sumidos en la incertidumbre, el desconcierto y en el individualismo egoísta que abre la puerta a un nuevo fascismo, Paolo Rumiz recurre al mito y en el epílogo escribe “¿Cómo, si no es con el mito, me dije, se puede reavivar la esperanza en una tierra que tras haber abatido muros, hoy se blinda con infames alambradas?”.  Europa, la joven una vez raptada por Zeus en forma de toro, preña de sentido a una nueva Europa que se alza frente al machismo militarista que llega allende el océano.

 Joaquín Aparicio Tovar

 

LOS ÍNTIMOS DE MARTA SANZ (LECTURAS DE VERANO III)

 

Leer literatura en el verano es en muchos casos un homenaje a la amistad de quienes nos recomendaron obras y autorías como prolongación de su afecto. En estas vacaciones, he podido leer La llamada de Leila Guerrero por intercesión de Gratiela Moraru, que tiene un club informal de lectura en el que circulan transversalmente una buena colección de novelas y novelistas. Y he descubierto gracias a Ramón Sáez una maravillosa novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir , publicada en 1964 y que nunca vi inscrita entre las obras que se recuerdan del llamado “realismo mágico”. La lectura del verano para quienes nos consideramos lectores aficionados a este hábito, permite luego intercambios de opiniones, incorporación de sus relatos a las narraciones cotidianas, y desde luego nuevas propuestas de futuras lecturas.  Pero junto a estos libros que se desprenden de los consejos que acompañan a la acción de compartir los afectos, están aquellos que uno escoge sin necesidad de indicación previa, es decir, los libros y los autores que en un tiempo se llamaban de cabecera una expresión que la IA de Google traduce con arreglo a este significado: “a menudo, es un autor al que se le tiene un gran aprecio o que se utiliza frecuentemente como fuente principal de información”. En mi caso, esta autora es Marta Sanz. En este blog somos todos muy de Marta Sanz.

La pude conocer personalmente con ocasión de un curso de formación a magistrados organizado por el CGPJ y dirigido por Ramón Sáez, en el que insertó el visionado de la película Up in the air que debíamos presentar al alimón Marta Sanz y yo mismo a los jueces y juezas en formación (académica, se entiende). Así que debió ser en torno al 2010, con el inicio de los despidos colectivos en bloque y la adopción de las políticas de austeridad que culminarían en la reforma laboral del 2012. Ella leyó un texto maravilloso sobre la peripecia del despido y de sus ejecutores, que siempre quise rescatar para el blog, sin éxito. Creo que acababa de publicar su Lección de anatomía y esta tremenda y apasionante forma de autobiografiarse hizo que a partir de entonces incorporara cual imperativo categórico comprar sus obras como ávido lector de sus textos.

Aunque no siempre he seguido este compromiso moral, si he leído así muchas obras de Marta Sanz tras su apabullante y gozosa Lección de anatomía. Me revolvió por completo Clavícula, su rabia y su ironía, ese espléndido humor negro del que hace siempre gala, pero antes leí Daniela Astor y la Caja Negra, y me sobrecogió  Pequeñas mujeres rojas, que pude leer en plena pandemia y que con mi amiga Maria José Alonso coincidimos en que era una de las mejores novelas que habíamos leído en los últimos años. Pero también he apreciado ese experimento en que consiste Parte de mí, la distopía angustiosa de Persianas metálicas bajan de golpe, el manifiesto de Monstruas y centauras. Pero ya ven que hay otros muchos títulos pendientes, que iré agotando progresivamente.

A ello va a cooperar sin duda la lectura de su última obra, Los íntimos (Memoria del pan y las rosas), [Anagrama, Barcelona, 2024] en la que aborda, a partir de una serie de textos conectados de manera transversal por el trabajo como escritora, las obras producidas y las personas que rodean el espacio público y privado de su actuación profesional, toda su trayectoria personal hasta el 2023.

Marta Sanz confiesa en esta obra que es una excelente escritora de fajas de libros, de mensajes sofisticados y concretos para describir y valorar las obras que se ofrecen al tráfico mercantil. En la contraportada de Los íntimos introduce algunos de los elementos que podrían utilizarse para explicar su contenido: unas memorias, un diario, un libro de viajes, un ensayo sobre la literatura y el mundillo literario, una crónica de la literatura española entre los siglos XX y XXI, una novela social, una carta de suicidio o más bien un exorcismo. Todo a la vez y en todas sus partes podría ser. Pero realmente lo que creo que la novela significa – y eso es particularmente apropiado para el contenido de este blog – es la consideración de la escritura como un trabajo que debe ser remunerado porque es el medio de vida del que depende la persona que lo experimenta. Un trabajo “del que resulta muy feo hablar porque no se considera un trabajo”. Pero lo es. Y Marta Sanz, coherentemente, está muy interesada en la literatura que habla del trabajo, y el libro lo aborda así, es un ejemplo – en ello insiste en varios momentos – de “literatura social”. Trabajar y hacerlo bien, en un espacio peculiar en el que la crítica, las editoriales, los lectores, la imagen pública y su reflejo mediático, ofrecen aristas hirientes y complican necesariamente ese trabajo, más aún si la escritora es mujer y de izquierdas. Hablar de la realidad de la escritura como trabajo se considera una vulgaridad y “el arte, el auténtico arte, debe ignorarla”.

Pero escribir no es sólo “contar una historia”, porque ese es tan solo “uno de los planos de representación de los que se vale el lenguaje para ofrecer una tambaleante visión del mundo”. Busca las “palabras distintas que despiertan las figuras distintas”. Habla desde un lugar diferente a la mayoría porque busca desvelar lugares que no se aprecian, que no se quieren ver. “Lugares difíciles pero posibles, pese a que resulte tan complicado escapar del texto y del capitalismo y del capitalismo en el texto”.

Ese es el tenor del espléndido libro. Un recorrido por los productos que el trabajo de la autora ha ido efectuando, las dificultades para su publicación, su reconocimiento editorial y en espacio cultural español, la traducción a otros idiomas como síntoma de calidad, la trasposición a otros lenguajes como el teatro o el cine, la necesidad de arriesgarse con las palabras y con las tramas, crear un estilo propio y reconocerse y que nos reconozcan en él. Pero esa trayectoria va enlazada a las personas que la acompañan, y que en gran medida son figuras muy relevantes en la literatura española de entre dos siglos. Los íntimos son ellos y ellas, la obra habla mucho de estas relaciones que están directamente relacionados con el proceso de trabajo que se manifiesta en las diferentes obras que se van desgranando. Los retratos que Marta Sanz deja de cada uno de estos amigos y amigas son de gran intensidad, los convierte en figuras literarias de su propia novela. Solo describe así a sus amigos y amigas, a la gente que quiere, de los que ha aprendido, a quienes valora. Del resto -los que la han tratado mal o la han ignorado -  solo hay algunos rastros perdidos a lo largo de las páginas.

Además en el libro aparece esa faceta activa o activista de la autora, que va a institutos y clubs de lectura, presenta libros, viaja continuamente por España y por el mundo, y de ese recorrido surgen encuentros especiales, momentos peculiares y algunas anécdotas imborrables como la de quedarse sin gasolina por la noche en una autopista en La Paz, en Bolivia, el rechazo del billete del AVE en la estación de Valladolid o atravesar Washington Square entre las ratas y las hojas del otoño. Que habla en la radio en programas culturales y graba audiolibros, escribe en periódicos, sigue desplegando su trabajo en tantos otros lugares. Un trabajo en el que ante todo interviene como sujeto activo, consciente, explicando los textos – aunque “explicar tu propio trabajo te debilita” – y construyendo a su vez conocimiento. Es siempre difícil, lo sabemos, integrar en un tiempo futuro la sociedad presente, pero Los íntimos no nos permite concebir un futuro bloqueado.

Yo soy una de esas personas a las que alude en su libro que la saludan con afecto en tantos actos y presentaciones y ella no reconoce, aunque sabe que ha generado esa alquimia por la que la escucha de su intervención se convertirá necesariamente en lectura de su escritura, esos “pequeños triunfos en los salones de actos” en los que las felicitaciones a su intervención “tienen su eficacia”.

Ese es el objetivo, desde luego. Lean Los íntimos. En este blog somos muy de Marta Sanz, como ya saben. Y luego comentamos.

INCENDIOS FORESTALES. UNA MIRADA SINDICAL. HABLA JESÚS CAMACHO

Los incendios en este agosto extremadamente seco castigado por una ola de calor muy continuada, ha llevado al primer plano de la opinión pública tanto la controversia sobre la actuación de los poderes públicos, dada la competencia autonómica de este tema junto con la necesidad del concurso de las fuerzas del Estado en especial a través de la UME, como los elementos que rodean el tema d ela preservación de la naturaleza y la prevención de los incendios. En todos estos debates, en los que las cantidades presupuestadas para el mantenimiento del servicio público son muy relevantes, no se suele mencionar la cuestión fundamental de quienes son las personas cuya actividad laboral posibilita la prevención y la extinción de incendios. Este es el objeto de esta entrada del blog.

En efecto, Jesús Camacho, ex dirigente de CCOO de Castilla La Mancha y buen amigo, ha escrito para el periódico digital Mi Ciudad Real  ( https://www.miciudadreal.es/2025/08/17/incendios-forestales-de-jornaleros-del-monte-a-trabajadores-con-derechos/) un artículo que tiene una clara intención didáctica y que explica, desde la perspectiva sindical, un elemento fundamental de este tema tan debatido de los incendios forestales. Este es el texto que ahora se reproduce con sumo gusto por parte del titular del blog.

INCENDIOS FORESTALES. DE ”JORNALEROS DEL MONTE” A TRABAJADORES CON DERECHOS

Jesús Camacho Segura

El largo y cálido verano incendia montes y bosques, este año con especial virulencia y efectos más desastrosos. Las consecuencias son terribles: vidas humanas, vida animal, bienes y viviendas en zonas rurales  y una inmensa masa forestal arrasada por el fuego; el color vegetal ha sido sustituido por el negruzco paisaje desolador, miles y miles de hectáreas calcinadas. Y, aunque cueste admitirlo, siempre se puede hacer más, es posible, necesario e imprescindible hacer mucho más.

En Castilla La Mancha, mi sindicato –CCOO- decidió, hace años, intervenir para cambiar un estado de cosas en el ámbito de las condiciones laborales y profesionales de los equipos de prevención y extinción. Fue un proceso largo para cambiar las cosas, para afrontar un nuevo tiempo con una visión diferente de la protección medioambiental y de los profesionales que lo hacen posible. Se combinó, para ello, la movilización con la negociación institucional. Había que generar un notable cambio en el concepto y en la gestión que las Administraciones tenían de las “cuadrillas” de extinción y del tiempo de trabajo disponible para mantener activ, a la lucha contra los incendios forestales y los periodos de trabajos preventivos.

No fue tarea fácil, había resistencias para romper esa inercia paralizante que mira más al coste económico que al beneficio global. También para acabar con el “compadreo” de alcaldes que sólo pensaban en dar ocupación durante tres meses a una cuadrilla de su pueblo, lo que hacía más difícil que se abordara un proceso para salir de ese atrasado concepto de “salario social en el ámbito rural”. El objetivo sindical era combatir ese pensamiento, que se asemejaba más a lo asistencial que a lo profesional, logrando una profunda transformación que, decididamente, se estableciera un tiempo de trabajo sostenible, un empleo más estable, mejoras retributivas, homologación de todo el operativo, convenio colectivo propio, régimen general de la seguridad social y otras actuaciones encaminadas a una mayor profesionalización. Así, se pasó de los tres meses de trabajo y un mes complementario de prevención acordado en febrero de 2001, a seis meses de trabajo firmado en mayo de 2003 con el entonces Vicepresidente Barreda y el Director General del Medio Natural –Alberto Saiz-. Se iba dejando atrás el pago de salarios con el convenio del campo y la consideración de “jornaleros de temporada” – contratados por diversas empresas adjudicatarias-  de los esforzados miembros de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales.

 El siguiente hito de mayor profundidad, en el proceso reivindicativo, comenzaba en la reunión de diciembre de 2004 con los interlocutores del Gobierno Regional (Secretaria General Técnica y  Director General del Medio Natural), a los que se expuso la necesidad de acelerar el cambio de modelo sustentado en tres aspectos fundamentales: a) Nueva regulación laboral para un nuevo tiempo en la gestión ambiental, b) Empleador único Regional  c) Cambio sustancial en las condiciones profesionales, formativas y medios técnicos. Una reclamación que les causó asombro y reticencias porque la consideraban demasiado ambiciosa, máxime cuando se desgranó el conjunto de medidas de esos tres puntos básicos.

Por fortuna, la reflexión de la Consejería de Medio Ambiente, a la que se había comunicado, a su vez, la necesidad de avanzar en la creación de una empresa pública de gestión ambiental (hoy GEACAM) en reunión de marzo de 2005, y la comprensión y convencimiento del Presidente Barreda, investido en 2004, permitió un diálogo más ágil. En ese contexto se dieron  pasos que hoy, analizados con serenidad, fueron hitos históricos en el compromiso para el desarrollo de la prevención y extensión de incendios forestales en Castilla La Mancha.  El acuerdo de 9 de junio de 2005 llevó a la consecución de ocho meses de trabajo consecutivos, la adquisición de fijos discontinuos, la creación del plus de antigüedad, la jornada semanal de 35 horas y el compromiso de optar por un único empleador regional. No obstante, quedaron algunas demandas pendientes para sucesivas conversaciones.

El terrible y doloroso incendio de Guadalajara en julio de 2005, aceleró los cambios pendientes y, el 26 de Septiembre,  el Presidente Barreda se compromete de nuevo, con los Secretarios Generales de CCOO y UGT, para ampliar la campaña a nueve meses de trabajo e iniciar la creación de la Empresa Pública de Gestión Ambiental. Lo que para algunos era una quimera de CCOO –la creación de la empresa pública- se abría camino de forma explícita y pública. El anteproyecto de Ley de GEACAM se debate y aprueba en las Cortes Regionales en marzo de 2006 y el 24 de junio se publica en el BOE la ley 1/2006 de 23 de marzo de la creación de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha. Finalmente en mayo de 2008 se firma el acuerdo para una nueva etapa: 12 meses de trabajo, integración del operativo en Geacam, primer Convenio Colectivo en la Empresa Pública, y otras acciones y actuaciones relevantes sobre el Plan Infocam y la segunda actividad por razones de edad.

En Enero de 2012, los compañeros de CCOO de Castilla León nos llamaron a una jornada sindical del personal de extinción de incendios forestales en su Comunidad Autónoma.  Necesitaban conocer el tránsito, las conversaciones y elementos que nos llevaron en Castilla La Mancha a conseguir lo que, para ellos, era un objetivo para salir de unas precarias condiciones de trabajo, aunque se encontraban con la nula correspondencia del gobierno para abordar un proceso de cambios en su Comunidad Autónoma. Querían empaparse de la experiencia de nuestro largo proceso reivindicativo y de la capacidad de movilización y de interlocución que nos llevó a conseguirlo. Es decir, buscaban una hoja de ruta para llegar a una meta similar para el colectivo de su zona;  aunque parecía que les iba a requerir un esfuerzo extraordinario con un gobierno regional que consideraba poco los planteamientos sindicales. Pruebas hemos ido conociendo del talante de esos gobernantes, más dolorosas oírlas  en estas infernales semanas.

En aquella jornada también les expusimos un peligro. La etapa de la presidenta Cospedal que, en diciembre de 2011, llegó con la segunda fase de recortes a GEACAM. Recortes y despidos en la Empresa Pública que contó con la oposición de CCOO para que evitar la maniobra del ERE que  recortaba derechos y retrocedía  en la garantía de estabilidad del empleo durante todo el año, el operativo pasaba a la condición de “fijos discontinuos” de 9 meses de actividad. Afortunadamente, con el retorno del gobierno del PSOE a la Comunidad Autónoma,  una nueva intervención sindical logró que, en enero de 2016, volvieran los 12 meses de trabajo –acuerdo firmado por CCOO y UGT con el Consejero de Agricultura-.

Actualmente, con la experiencia adquirida, con la actuación permanente de los representantes sindicales, se mantienen vivas las reivindicaciones y reclamaciones. Aunque, ahora, no es entendible que de 122 días de período mínimo de extinción, se haya pasado a  considerar sólo 90 días mínimo; aunque se tengan 12 meses de trabajo. Una decisión del gobierno de Page reprochable y nada razonada, por lo que sería deseable que  la Consejería y la dirección de GEACAM volvieran a la fórmula anterior. De igual manera, el colectivo no puede recibir la pasividad de la gerencia de la empresa ante la negociación del nuevo convenio colectivo, que ha concluido su vigencia en diciembre de 2024. Por ello, se insiste en que las unidades tengan las dotaciones mínimas para ser operativas, se soluciones con urgencia todas las carencias detectadas y que nunca falten personal y medios.

Ahora, los incendios forestales toman una especial presencia en debates, tertulias y declaraciones públicas de gobernantes. En ocasiones, demasiadas, para lanzarse acusaciones cruzadas del “y tú más”. Los sindicatos sabemos del nivel competencial de cada Comunidad Autónoma para atender esta responsabilidad; por lo tanto no valen trampas, ni buscar refugio en la escasez presupuestaria o en la falta de ayudas. El problema de los incendios forestales es de una magnitud y trascendencia que supera cualquier localismo infantil, por lo que los sindicatos de clase reclaman sentido de estado, reprobando actuaciones negacionistas sobre el cambio climático y la insuficiente asignación presupuestaria. Hablamos de la vida, del futuro, de la protección del medio natural, del retorno a las zonas rurales, de la seguridad de sus habitantes, y de las condiciones profesionales de colectivos de prevención y extinción. En ello está el sindicato, manteniendo el pulso con sus reivindicaciones, defendiendo un modelo eficaz y suficiente para un reto social y medioambiental con futuro. No es cuestión de voluntarismo y “postureo”, es una razón de estado que reclama compromisos legislativos, acuerdos con los representantes sindicales, revisión de procedimientos y un fuerte incremento de inversiones. Todos los gobiernos tienen responsabilidad. Todas las Comunidades Autónomas tienen competencias. 

¿AGOTAMIENTO DEL CICLO POLÍTICO? (LECTURAS DE VERANO II)

 

Perdonen las elucubraciones de esta entrada veraniega, porque la verdad es que, si se atiende a las noticias que se conocen en este tiempo de descanso anual, no cabe más que inquietarse seriamente. Así, por ejemplo, Putin obtiene su primera victoria importante al romper su aislamiento y negociar directamente con Trump en Alaska mientras el gobierno ucraniano tiembla y la Unión Europea asume posiblemente “sin entusiasmo” su posición subalterna e impotente en materia internacional. En España, al socaire de los terribles incendios favorecidos por la ola de calor, crece la polémica en los que no se pueden controlar en las comunidades autónomas dirigidas por los recortes del Partido Popular en los servicios públicos, mientras se discute sobre las competencias autonómicas y estatales, un debate que solo conduce a oscurecer las soluciones en un cielo oscurecido por el humo y el fuego y en donde las condiciones de trabajo de los bomberos forestales – y los otros – deberían estar en el centro de la discusión. Y así sucesivamente.

 Por si fuera poco, con la vista en el futuro imperfecto, los medios de comunicación nos recuerdan con insistencia que la ultraderecha gana cada día más adeptos incluso (o sobre todo) en los estratos populares más bajos, y en los tramos de edad masculinos más jóvenes. El mañana les pertenece, como cantarían los rubios arios en Cabaret, y en esa identidad parecen complacerse no solo las fuerzas políticas de las que extraen su segura victoria electoral, sino también, con un cierto masoquismo inconsciente, fuerzas progresistas que deducen de su ineluctabilidad una necesaria travesía del desierto que nos conducirá a nuevos espacios de insumisión constituyentes en un porvenir asimismo asegurado: Les lendemains qui chantent. Y en este pronóstico, el partido ya no es el príncipe sino un profeta que declama a los cuatro vientos: “el fin del ciclo se acerca”

Porque por doquier se habla de agotamiento del ciclo. El ciclo es la palabra clave porque sugiere un gradual proceso de conquista de derechos gracias a condiciones objetivas favorables unidas a la acción de un sujeto informe, popular en su sentido más primigenio, lúcidamente representado por un sujeto partido-movimiento que cuestiona las formas partidistas hasta el momento existentes porque éstas llevaban la marca de Caín de la que se definía como indigna transición política a la democracia. Este partido que se declara heredero del 15M ha sabido extraer de una resistencia articulada por los movimientos sociales un nuevo paradigma construido sobre la necesaria transformación de elementos fundamentales de la regulación del espacio público y ciudadano. Acompañando a otros sujetos colectivos, ha forzado políticas sociales y garantistas por parte del Estado que han cristalizado en posiciones ventajosas para grupos especialmente vulnerables social y culturalmente discriminados. Ciudadanía social e identidades de género parecen ser, para este ciclo político, los ejes centrales por los que avanza. No se sabe por qué se omite en este discurso que en el centro está el trabajo y su contemplación simultánea como sujeto político y objeto de regulación como condición de una existencia colectiva que da seguridad y dignidad a la mayoría de la población, pero no es de buen tono subrayar que este elemento ha sido el determinante real del proceso reformista.

Parece que errores e insuficiencias de todo tipo y el agotamiento de la comprensión especialmente social de la intervención pública tras la etapa Covid, ha propiciado, comenzando en las elecciones del 2023, confirmadas en las europeas de junio de 2024, un giro conservador y la captura del marco de referencia mediático y cultural por parte de la ultraderecha. Esto se ha definido como agotamiento del ciclo progresista e inicio de un nuevo ciclo en un sentido contrario, donde la ultraderecha ocupa una posición cultural y mediáticamente hegemónica orientando el marco de discusión pública. Así que los analistas políticos – y los creadores de opinión – explican que el ciclo que comenzó en el 2011 (para éstos influyentes no hay resistencia ni alternativa política válida en España antes de esa fecha) se agota quince años después y se invierte circularmente la situación, en una especie de vuelta a la tortilla por el lado incorrecto de la historia.

La verdad es que, como diría un castizo, la cosa está cruda. También la tortilla. Históricamente el movimiento emancipador tenía como referencia un cambio radical, profundo, de las estructuras económicas, sociales y políticas. Es decir, era fundamentalmente revolucionario. Me refiero a tiempos remotos, por ejemplo, años treinta del siglo pasado, antes de la guerra civil que fue una guerra de clase, la dictadura triunfante y la transición a la democracia, es decir, en España de antes del 2011, desde luego. Pero el motor de esta lucha se basaba en la negación de la explotación y la dominación en el trabajo asalariado, puesto que era el trabajo el centro neurálgico de la conformación de una subjetividad colectiva alternativa y confrontada al orden del capital en sus diversos estratos. En este proceso se fundían de forma compleja - ¿dialécticamente? – las luchas cotidianas contra la explotación que perseguían la mejora de las condiciones de vida o trabajo de hombres y mujeres, con una meta o destino general, común a todas y todos, la subversión del sistema político y económico o su colapso o al menos su transformación decisiva.

Miremos hacia atrás sin ira. Nunca la socialdemocracia manejó bien esta doble referencia, y en su mejor época, con Karl Kaustky, utilizó la teoría revolucionaria al servicio de la política reformista, convencida por otra parte por un determinismo histórico muy fin de siglo que encuadraba los procesos sociales en el ámbito del “devenir natural”, convencidos de la certeza ineludible del advenimiento del socialismo y el consiguiente declive del capitalismo, e incapaces de fusionar luchas cotidianas y sustitución del sistema. En el juicio ponderado de esta ideología progresista que ha resultado la única en subsistir tras el corto siglo XX, Lelio Basso (Socialismo e rivoluzione, Feltrinelli, Milán, 1980) afirma que el marxismo de la II Internacional supuso “un gradual abandono de las aspiraciones subversivas y una gradual aproximación a las instituciones, a los valores, a la cultura y en fin, a la ideología fundamental de la sociedad burguesa” en una asimilación de ésta que se fue produciendo ciertamente de manera no uniforme (pp. 256-257). El derrumbe del sistema era en todo caso un acicate o un incentivo del momento “subjetivo” expresado en el voto, con independencia de las condiciones materiales y los procesos “objetivos” de transformación de la realidad.

Ha corrido muchísima agua bajo los puentes y la forma de concebir el cambio social y político ha cambiado a su vez de manera profunda. El segundo aspecto a que antes nos referíamos, el objetivo final de la acción política de resistencia y oposición al sistema capitalista, ha desaparecido por completo de los programas, de la estrategia y de la táctica de los partidos progresistas. Incluso los que se declaran anticapitalistas reconocen que no hay un modelo político de sociedad socialista que pueda ser verosímilmente compatible con el marco geopolítico en el que se mueve la acción política democrática en el estado español. Es decir que el cuestionamiento radical del tipo de sociedad en la que vivimos y la formulación de otro tiempo y lugar que posibilite la emancipación del dominio y la explotación en todos los espacios públicos y privados de las clases subalternas, ha ido desapareciendo poco a poco, asimilado a un orden de valores y de representación de la realidad que en líneas generales reproduce la concepción del mundo burgués y liberal que se considera inmodificable. Lo que no impide la crítica, ciertamente. No es una sociedad justa – como le gustaría a Daniel Chandler, Libres e iguales. Un manifiesto por una sociedad justa, Paidos, Barcelona, 2025, en su cerrada defensa de la Teoría de la Justicia de Rawls y su aplicación a la sociedad actual – y el capitalismo “de libre mercado” genera una creciente desigualdad, incrementada exponencialmente en la etapa del globalismo y la epifanía del pensamiento neoliberal y las políticas correspondientes – como desde hace tiempo viene recordando Piketty, y recalca en la conversación que mantienen él y M.J. Sandel, Igualdad. Qué es y por qué importa, Debate, Madrid, 2025 – dando lugar a un cuestionamiento generalizado del concreto proceso de plasmación de la realidad normativa, social y cultural de la economía capitalista hiperglobalizada y financiarizada.

No hay sin embargo una alternativa verosímil que pueda sugerirse como una propuesta atractiva de superación del momento actual. La ciudad futura está difuminada, borrosa, y no se puede ni entrever sus contornos en una niebla conceptual y argumentativa. Solo cabe resistir y enmendar lo existente, y ese conservacionismo resignado, cuando no entusiasta, es la tónica general de una parte del gobierno de coalición en nuestro país que la minoría de Sumar no es capaz de transformar y poner en marcha.

Posiblemente haya una cierta dificultad en transferir, en el plano político-electoral, las mejoras evidentes en las condiciones de trabajo logradas a través de la acción combinada de la movilización sindical y la reforma impulsada desde las instituciones públicas estatales en materia de trabajo y de Seguridad Social a un conjunto amplio de personas que experimentan emocionalmente una sensación de rechazo y de repulsa hacia las condiciones en las que se desarrolla su propia existencia y que provoca una reacción violenta respecto de su propia infelicidad. Pero es evidente que esto va construyendo una corriente de opinión difusa, también informe, marcada por la hostilidad y la desafección hacia el ámbito específico de la política, que se percibe como un lugar sembrado por la corrupción y la ineficacia. Una constante que es reiterada por la propaganda masiva de la ultraderecha y sus sostenedores e inversores. La constatación de la ineficacia de la política que la izquierda concibe como un instrumento para cambiar las cosas y la vida de la gente, se transmuta en rabia contra la propia política y sus actores principales, que se expresa a su vez en el momento subjetivo del voto mediante el apoyo a las opciones que desprecian la democracia y el pluralismo y refuerzan los valores de autoridad y violencia. Una violencia que se quería proyectar contra el espacio público administrado por las fuerzas democráticas y pluralistas pero que realmente se convertirá en su momento en violencia contra ellos mismos.

Lo que parece entonces es que el tan manido fin de ciclo político quiere decir que no es ya posible focalizar la acción colectiva en nuevas y mejores condiciones de vida y de trabajo ni de conectar la angustia y el desasosiego personal con la exigencia de lograr un nuevo orden social y económico. Hay una corriente principalmente emocional que aprovecha el momento individual en el que se produce el escrutinio popular sobre la acción política – y de los políticos – para expresar una recusación completa de los actores a los que se señala como más visibles y presentes en una escena que se repudia. La brutalidad de las ideologías iliberales que personifica Trump y que entre nosotros ha capturado Díaz Ayuso se complace en estimular esa rabia como seña de identidad de unas comunidades políticas regidas por el autoritarismo y la imposición.

Pese a lo que opinen tantos sobre la inevitabilidad de este marco de referencia y de sus conclusiones electorales, es importante insistir en la posibilidad de una política para todas y todos que progresivamente haga mejor la existencia de las personas. Aunque eso implique contradecir la natural evolución pendular que se predice para los ciclos políticos que supuestamente oscilan de izquierda a derecha y vuelta a empezar buscando un equilibrio inexistente. Pero desconfiemos de estas certezas si realmente queremos poner en práctica las políticas emancipatorias en el actual contexto de desigualdad económica, social y cultural  que a la postre reposa en la explotación y el dominio sobre la fuerza de trabajo.

NOTAS SOBRE INMIGRACIÓN (LECTURAS DE VACACIONES I)

 

El país arde por los incendios derivados de la ola de calor y las altas temperaturas y como siempre sucede en estos casos, se descubre que la perspectiva liberal de reducción del gasto público en servicios esenciales desemboca en riesgo grave y daños al común de la ciudadanía, con puesta en peligro de bienes ambientales importantes. Pero también arde no Mississipi, como el emblemático film de Alan Parker sino su versión española en algunos pueblos de Murcia, Torre Pacheco y últimamente en Jumilla, en la consideración de la inmigración principalmente musulmana como personas a las que se niega el acceso a un espacio público de ejercicio de derechos constitucionales.

Criminales y delincuentes, también terroristas, en el discurso de Trump, elementos nocivos para la democracia que amenazan con romper la comunidad nacional para Starmer en el Reino Unido, carga insoportable para la Unión Europea, que sin embargo supo acoger con prontitud a los refugiados e inmigrantes de la invasión y guerra de Ucrania. Y, finalmente, en la ordalía de los utraderechistas españoles, violadores, ladrones y asesinos que destrozan la convivencia e imponen sus bárbaras costumbres – en especial los que profesan la religión musulmana – sobre el honrado pueblo español. Este último mantra, el desorden, la inseguridad, la ocupación de viviendas y los atracos, es el que ha prevalecido en algunos medios, y ha favorecido los progroms anti-islámicos en algunos pueblos del sudeste español en los que la mano de obra inmigrante se ha instalado en el sector de la economía agraria de la que depende la subsistencia – y el bienestar  - de sus ciudadanos.

Se trata de un tema que, fuera de estos momentos bárbaros en los que se incita al linchamiento y a la persecución de los inmigrantes, lleva ya demasiado tiempo en el centro de muchas de las discusiones políticas y ha ganado el centro del debate mediático, alentado por periódicos digitales, redes sociales y telediarios. Desde la aproximación de la filosofía política, el maestro Javier de Lucas ha escrito páginas decisivas sobre este tema. Lean, si les es factible, el texto de Paco Laporta en el número especial de Cuadernos Electrónicos de filosofía del derecho escritos en su honor, y que lleva por título “Javier de Lucas y la ética de la inmigración”, para un análisis preciso de estas posiciones que pretenden fundar tanto las políticas públicas como la construcción de una opinión basada en el respeto de los derechos humanos y la contradicción latente entre derechos morales universales y fronteras nacionales. Es un texto esclarecedor que se puede consultar completo en este enlace (https://turia.uv.es//index.php/CEFD/article/view/25946)

Es interesante asimismo sobreponer a este discurso el de la revalorización del elemento que define de manera precisa el hecho migrante como flujo de mano de obra y movimiento de fuerza de trabajo, y en donde la noción de frontera se traslada desde las que marcan la soberanía nacional y la determinación de su territorio a los límites derivados de su utilización como trabajo productivo. En este blog  hace relativamente poco tiempo se ha reseñado un interesante librito de la escritora albanesa Lea Ypi, cuyo título ofrece una clara orientación el discurso mantenido: “Fronteras de Clase”. (https://baylos.blogspot.com/2025/05/fronteras-de-clase-un-debate-sobre.html). Son  las condiciones de opresión de trabajadores nativos e inmigrantes las que deberían fundar la solidaridad entre ambos grupos, no una particular ética de pertenencia social, lo que requiere un esfuerzo políticamente coordinado de creación de recursos políticos para superar una condición compartida de opresión.

Esta forma de abordar el tema es especialmente interesante y debe abrirse paso en el argumentario de la izquierda política, resaltando este hecho clasista del que se puede abstraer una condición general derivada de su inserción social como trabajadores en donde se incrementa con dureza la explotación por su trabajo. En un último artículo de Alberto Garzón publicado en El Diario.es  (https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/izquierda-pierde-compra-marco-miedo_129_12528615.html  )    y en el que comentaba críticamente la entrevista con Gabriel Rufián, hay una nota muy interesante que copio literalmente: “En este artículo he mantenido deliberadamente una diferenciación entre las categorías de “clase trabajadora” e “inmigración” a fin de mantener el mismo marco analítico de la entrevista y al que estamos acostumbrados. Sin embargo, en realidad esto debería problematizarse dado que las personas inmigrantes son parte de la clase trabajadora y además tienen valor para el sistema capitalista en tanto se trata de una fracción de clase fácilmente explotable y particularmente barata. Eso lleva a la paradoja de que los reaccionarios quieren productos baratos cosechados por esta mano de obra, pero al mismo tiempo no quieren ver a sus productores en los mismos espacios vitales. Una izquierda consecuente no debería mantener esta diferenciación en sus análisis más completos”.

Desde el unto de vista del jurista del trabajo, es  el trabajo quien crea las condiciones para adquirir derechos y estos tienen que ser compartidos por aquellos que efectivamente realicen esta actividad, con independencia de la nacionalidad que ostenten. Por ello el trabajo tiene que ser la base y la condición de acceso en primer lugar a todos los derechos laborales y de protección social conectados con el desempeño del mismo, con independencia del hecho administrativo del que se deduzca un empleo “autorizado”. Es un objetivo político importante también desde el punto de vista de la disuasión a los empresarios para emplear irregularmente fuerza de trabajo inmigrante, sin perjuicio de la infracción administrativa a la que este hecho pueda dar lugar.

Es cierto que el ataque cultural, mediático y político contra la inmigración no olvida que, según las consideraciones económicas del sistema de producción capitalista, estas mismas personas deben ser conservadas como trabajadoras, es decir en su función imprescindible de creadores de la riqueza de los propietarios de las empresas para las que prestan su actividad.  Pero en ocasiones parecería que la seguridad de que este contingente puede ser siempre reemplazado por otro diverso y por tanto que su función económica está siempre garantizada, posibilita, al menos de manera inconsciente, la hostilidad y la agresión contra quienes están ya asentados en la comunidad y a los que se les niega el acceso a un espacio público de dignidad y de derechos, impulsando o procurando su expulsión del pueblo en su doble sentido, geográfico y social.

Lo decía con la ferocidad envidiable que le caracterizaba Karl Marx al hablar de la esclavitud: “Las consideraciones económicas que brindan cierta seguridad de tratamiento humano si identifican el interés del amo con la conservación del  esclavo, una vez que se practica la trata se convierten en motivos para explotar al máximo su tarea porque cuando puede llenarse rápidamente su lugar gracias al aporte de criaderos extranjeros de negros, la duración de su vida, mientras sobreviva, se vuelve asunto de menos importancia que su productividad”. Ese “ganado humano” al que quiere reducirse a la fuerza de trabajo inmigrante, parangonando su situación de sobre explotación con la esclavitud que criticaba Marx, tiene que resignificarse políticamente como un fenómeno de explotación y de dominación sobre el que diseñar las nuevas fronteras de clase fundadas en el trabajo en el proceso de producción capitalista.

¿Es posible reconstruir un discurso en torno a las “fronteras de clase” que trascienda el que se fija en las fronteras nacionales, o en las identidades culturales derivadas de un marco de referencia diferente del que es mayoritario en el territorio en el que se fija la residencia este grupo de personas en busca de un trabajo? Este tema es en estos momentos una prioridad para el pensamiento progresista y en particular para el sindicalismo, enmarcado en una reflexión más amplia y global sobre el proyecto de emancipación que se apoya precisamente en la valorización política del trabajo como elemento fundamental en la construcción de una sociedad igualitaria y justa.

SOBRE LA SITUACION DEL EMPLEO EN ESPAÑA

 

Es indudable que la situación del empleo en España es sólida y que la reforma laboral del 2021 ha producido un cambio importante en términos de estabilidad en el empleo, reduciendo a límites muy razonables el espacio de la temporalidad que había constituido la seña de identidad más llamativa de nuestro mercado de trabajo.

En un reciente artículo, Jesús Cruz ha resumido el marco de referencia en el que nos encontramos: “La población ocupada en España ha superado la cifra histórica de los 22,2 millones, según la encuesta de población activa, lo que supone un incremento respecto de cuatro años atrás en 2021, a la salida de la pandemia, de más de 2,5 millones de ocupados. En paralelo, se ha reducido significativamente el número de desempleados, que se sitúa en 2,5 millones, frente a los 3,5 millones de hace cuatro años, situándose la tasa de paro en el 10,2 %, frente al 15,4 % de 2021. Resulta incontestable que se ha producido un incremento espectacular del empleo en nuestro mercado de trabajo en este período de tiempo, a pesar del complejo escenario en el que nos hemos movido” (https://www.elnacional.cat/oneconomia/es/opinion/crecimiento-solido-empleo_1466138_102.html) En esta misma línea, este autor insiste correctamente en señalar la importancia que en esta buena situación del empleo ha tenido la reforma laboral del 2021. “La apuesta de esta reforma por la contratación por tiempo indefinido ha tenido un efecto decisivo en el sector privado, que es hacia donde se dirigía esta reforma, sin que las medidas en paralelo adoptadas en el ámbito del sector público hayan tenido resultados efectivos. En concreto, en el sector privado se ha pasado de una tasa de temporalidad del 24,1 % antes de la reforma al 12,55 % en la actualidad, cifra que ya se encuentra por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Aunque ello ha impactado también reduciendo la rotación en el mercado de trabajo, incrementando la duración medida de los contratos de trabajo, ello no ha sido tan influyente como la caída de las tasas de temporalidad: el incremento del número de despidos, la caída de la indemnización media por despido, así como el aumento de las extinciones durante el período de prueba así lo prueban”.

Hay desde luego otros puntos críticos que requieren una reflexión específica, como el hecho de que el empleo ha crecido mucho más (2,5 millones) en comparación con el descenso del desempleo (1 millón), el incremento del trabajo en los asalariados respecto de los trabajadores autónomos, o las variaciones que se experimentan en el tema de la jornada laboral y las horas extraordinarias, y las variables del tiempo parcial, todas ellas variables que deben conjugarse en una política de empleo apropiada y en la aprobación de un nuevo marco regulador del tiempo de trabajo. Un análisis centrado y experto de estas variantes es siempre fundamental y permite que brote una reflexión rica y articulada, necesariamente compleja, del momento presente, partiendo ciertamente de la buena situación del mercado de trabajo en España en la actualidad.

Sin embargo, frente a estas aproximaciones objetivas y bien orientadas, es corriente encontrar en los aparatos de propaganda de la derecha extrema relatos que intentan denigrar o tergiversar estos buenos datos del empleo en España sobre la base del manejo de cifras que no se ajustan a la realidad.

Este es el caso de el diario El Mundo, que está dedicando las portadas de estos días de agosto a desmontar cualquier imagen positiva de la situación económica del país y en especial la del empleo.“Un país en el punto muerto” rotula el Mundo del 10 de agosto, y en el siguiente titular del 11 de agosto: “España necesita firmar 33 contratos por cada trabajador”. Añade como subtítulo: “El espejismo de los contratos cerilla”. El récord del empleo oculta el auge de los contratos encadenados y que se consumen en días. La Seguridad Social ha sumado 475.623 afiliados más en el último año al tiempo que se han firmado cerca de 15,5 millones de contrataciones. Cristina Alonso  firma la crónica, que comienza de este modo: “Los no ocupados rozan los 3,7 millones si se suman los ERTE y los fijos discontinuos inactivos y los demandantes de empleo ascienden a 4,28 millones”. De esta manera. La redactora suma conceptos para conseguir confrontar los 2,5 millones de desempleados con los dos millones más que extrae de este aglomerado de personas que bien buscan trabajo por primera vez o bien tienen garantizado su empleo pero tienen suspendido su contrato de trabajo y perciben una prestación de la seguridad social.

Es obvio que estas crónicas manipulan la realidad y pretenden mostrar a la opinión pública que la excepcional situación del mercado de trabajo español, con más de 22 millones de personas trabajando, en realidad es un espejismo que oculta un marco de desempleo y de precariedad. Desde esa mirada sesgada, la reforma laboral ha sido un fiasco y el mercado de trabajo español no ha evolucionado apenas desde los días terribles de la austeridad y de la salida a la crisis del gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de un objetivo político que sería atendible si no fuera porque se basa en un manejo de datos estadísticos equivocado y sesgado hacia el logro de sus conclusiones, que por consiguiente buscan confundir a la opinión pública.

De manera indirecta, y sin citar el relato periodístico al que posiblemente contesta, Joaquín Pérez Rey ha mencionado algunos datos importantes en su perfil de Linkedin.

“Una de las razones de la buena marcha de la economía en España es el buen desempeño del mercadolaboral. La última EPA certificó que se habían superado con creces los 22 millones de ocupados, transcurridos apenas 4 años de la reforma laboral que ha conseguido poner fin a la gran lacra de la temporalidad abusiva en nuestro país.

Los datos así lo demuestran, por eso os dejo algunas consideraciones:

1. Para empezar el número de contratos registrados por cada aumento de afiliados es un indicador fallido, dado que los años de destrucción de empleo esta ratio se convierte en un absurdo. En el gráfico adjunto se ve que en ocasiones arroja un número negativo de contratos por afiliado. De ser así: ¿firmas millones de contratos y no creas ni un solo empleo? ¿Significa el indicador que a mayor número de contratos se destruye más empleo? Es obvio que no existe una correlación directa entre ambos registros. A pesar de ello, en los años de crecimiento del empleo previos a la reformalaboral de 2021 (2014-2019) se tuvieron que firmar hasta 53 contratos por cada aumento de 1 afiliado.

2. Hay que recordar (y no olvidar) que en 2024 se han registrado 15,4 millones de contratos, que son 7 millones de contratos menos que en 2019, cuando se registraron 22,5 millones. Es especialmente espectacular la reducción de contratos temporales que han pasado de 20,4 millones en el año 2019 a 8,9 millones en 2024.

3. Si hablamos de contratos que duran menos de una semana, en el año 2019 se registraron 6,1 millones de estos contratos, mientras que el año 2024, se han celebrado 3,3 millones. Es casi la mitad: 2,8 millones de contratos menos.

4. Además, los contratos de duración indeterminada (obra y servicio fundamentalmente) han pasado de 7,5 millones en 2015 a 1,1 millones en 2024. (tercer dato)”

En síntesis, la situación del empleo es muy positiva, aunque se debería aprovechar para dar el empujón necesario hacia la reducción del desempleo y llegar a una situación de desempleo estructural que pueda acercarse a la propuesta constitucional del pleno empleo que se contiene en el art. 40 CE. No son de recibo por tanto los intentos de manipulación basados en alquimias aritméticas que no tienen en cuenta ni el proceso histórico en el que nos movemos ni el diferencial existente entre la economía española y el resto de las grandes economías de Europa.

Parece que las buenas noticias, producto de una actuación reformista que considera el trabajo asalariado como un elemento central de la acción política de mejora de la existencia de los y las ciudadanas de nuestro país, molestan a los medios de comunicación empotrados en la defensa de las organizaciones económicas y políticas que se oponen cada vez de manera más virulenta al mantenimiento y desarrollo de este proyecto. Conviene siempre ponerlo de manifiesto y exigir que el argumentario ideológico no se nutra de la manipulación y la tergiversación de los datos.

 

UNA NOTA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INFRACCION DE NORMAS EUROPEAS POR NO TRASPONER DIRECTIVAS EN EL PLAZO INDICADO

 

La STJUE 1 de agosto 2025, Asunto C -70/24, (ECLI:EU:C:2025:615) Comisión vs. Reino de España (Directiva permisos parentales) ofrece importantes detalles del procedimiento, ya analizado en otras decisiones recientes contra Polonia y Alemania en ocasión de la carecía de trasposición de la Directiva sobre denunciantes. A continuación se trasladan una síntesis de sus razonamientos, en los qe sin duda resultan relevantes los referidos al procedimiento de infracción de normas y al cálculo de las sancione pecuniarias que se imponen al Estado infractor, en este caso el Reino de España

La falta de trasposición, aunque esta sea parcial, es siempre una infracción grave. La obligación de adoptar disposiciones para garantizar la transposición completa de una directiva y la obligación de comunicarlas a la Comisión constituyen obligaciones básicas de los Estados miembros destinadas a garantizar la plena efectividad del Derecho de la Unión y, por tanto, debe considerarse que su incumplimiento que reviste una gravedad considerable [sentencia de 6 de marzo de 2025, Comisión/Alemania (Directiva sobre denunciantes), C‑149/23, EU:C:2025:145, apartado 92 y jurisprudencia citada].

En cuanto a la norma infringida, la Directiva 2019/1158 es un instrumento crucial del Derecho de la Unión en la medida en que establece, como enuncia su artículo 1, en relación con sus considerandos 6, 16, 34 y 41, requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, facilitando la conciliación de la vida familiar y la vida profesional a los trabajadores que son progenitores o cuidadores. En efecto, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental del Derecho de la Unión. Las políticas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional contribuyen a lograr la igualdad entre hombres y mujeres promoviendo la participación de las mujeres en el mercado laboral, el reparto igualitario de las responsabilidades en el cuidado de familiares entre hombres y mujeres y la eliminación de las desigualdades de género en materia de ingresos y salarios. Así, esta Directiva pretende reforzar el marco jurídico de la Unión y promover la igualdad entre hombres y mujeres garantizando unos requisitos mínimos en relación con el permiso de paternidad, el permiso parental y el permiso para cuidadores, así como en materia de fórmulas de trabajo flexible para los trabajadores que sean progenitores o cuidadores.

Por ello, la falta de transposición completa de la Directiva 2019/1158 dentro del plazo señalado vulnera necesariamente el Derecho de la Unión y su aplicación uniforme y efectiva y menoscaba la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a sus oportunidades en el mercado laboral y a su trato en el trabajo, de modo que debe considerarse que reviste una gravedad considerable.

El incumplimiento afecta a los artículos 8, apartado 3, y 9 de la Directiva 2019/1158, que, al expirar ese plazo, asi como al art. 12 en cuanto a que no incluye a los empleados públicos. El largo proceso de intentos fracasados y de acogida parcial de los derechos reconocidos en la Directiva son puntualmente descritos en la Sentencia. El Congreso de los Diputados no convalidó el Real Decreto‑ley 7/2023, que debía transponer los artículos 8, apartado 3, y 9 de la Directiva 2019/1158, ni se produjo la trasposición de dichas disposiciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024, y el  Real Decreto‑ley 5/2023, de 28 de junio, por su parte, incorporó parcialmente estos preceptos. No sucedió asi con el art. 8.3 de la Directiva, en cuanto a la situación de la madre biológica cuya relación de trabajo se rige por el Derecho laboral ni en cuanto al permiso por cuidado del lactante, retribuido por el empleador y que da derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo hasta que el menor cumpla nueve meses. La no aplicación a los empleados públicos y funcionarios de carrera se intentaba justificar sobre la base de las peculiaridades de esta relación , en especial respecto de la protección frente al despido, pero es también otro incumplimiento aseverado por la Comisión y aceptado por el tribunal de justicia. Por otra parte, la adopción del RDL 2/2024 tampoco ponía fin a estas infracciones.

De esta manera el estado español no ha procedido a trasponer correctamente los art. 8.3, 9 y 12 de la Directiva.

Sobre el procedimiento

El artículo 260 TFUE, apartado 3, párrafo primero, establece que, cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 258 TFUE por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado miembro y que considere adaptado a las circunstancias. Con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, párrafo segundo, si el Tribunal de Justicia comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión. La obligación de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal de Justicia en la sentencia.

El objetivo que persigue el mecanismo que figura en el artículo 260 TFUE, apartado 3, no es solo incitar a los Estados miembros a poner fin lo antes posible a un incumplimiento que, de no existir dicha disposición, tendría tendencia a persistir, sino también agilizar y acelerar el procedimiento para la imposición de sanciones pecuniarias en los casos de incumplimiento de la obligación de comunicar las disposiciones nacionales de transposición de una directiva adoptada con arreglo al procedimiento legislativo [sentencia de 6 de marzo de 2025, Comisión/Alemania (Directiva sobre denunciantes), C‑149/23, EU:C:2025:145, apartado 80 y jurisprudencia citada].

El artículo 260 TFUE, apartado 3, prevé la imposición de dos tipos de sanciones pecuniarias, a saber, una suma a tanto alzado y una multa coercitiva diaria. Ésta última resulta especialmente adaptada para incitar a un Estado miembro a poner fin lo antes posible a un incumplimiento, mientras que la condena al pago de una suma a tanto alzado se basa más bien en la apreciación de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del Estado miembro de que se trate para los intereses privados y públicos afectados, en especial cuando el incumplimiento se ha mantenido largo tiempo [sentencia de 6 de marzo de 2025, Comisión/Estonia (Directiva sobre denunciantes), C‑154/23, EU:C:2025:148, apartado 62 y jurisprudencia citada]. La imposición de una multa coercitiva, solo está justificada, en principio, si el incumplimiento que esta medida pretende sancionar persiste hasta el examen de los hechos por el Tribunal de Justicia, que debe considerarse realizado en la fecha en que concluye el procedimiento ante él.

Para cálculo del importe de la suma a tanto alzado, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, el Tribunal de Justicia es el único competente para imponer una sanción pecuniaria a un Estado miembro. No obstante, el Tribunal de Justicia solo posee una facultad de apreciación delimitada, puesto que, en caso de que declare la existencia de un incumplimiento, las propuestas de la Comisión vinculan al Tribunal de Justicia en cuanto a la naturaleza de la sanción pecuniaria que puede imponer y al importe máximo de esta [sentencia de 6 de marzo de 2025, Comisión/Alemania (Directiva sobre denunciantes), C‑149/23, EU:C:2025:145, apartado 86 y jurisprudencia citada].

El importe de las sanciones pecuniarias se calcula en función de la capacidad de pago del Estado miembro de que se trata, En ese sentido,  de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión proponga sanciones financieras basadas en varios criterios, con el fin de permitir, que se mantenga una diferencia razonable entre los distintos Estados miembros, procede tomar en consideración el PIB de dicho Estado como factor predominante a efectos de apreciar su capacidad de pago y de fijar sanciones suficientemente disuasorias y proporcionadas, a fin de prevenir de manera efectiva la repetición en el futuro de infracciones análogas del Derecho de la Unión [sentencias de 25 de abril de 2024, Comisión/Polonia (Directiva sobre denunciantes), C‑147/23, EU:C:2024:346, apartado 81, y de 6 de marzo de 2025, Comisión/Alemania (Directiva sobre denunciantes), C‑149/23, EU:C:2025:145, apartado 103]. Es cierto que en una comunicación de la Comisión se fijaba un criterio de cálculo sobre la media geométrica ponderada del PIB del Estado miembro de que se trate en comparación con la media de los PIB de los Estados miembros, que representa dos tercios del cálculo del factor «n», y de la población del Estado miembro de que se trate en comparación con la media de las poblaciones de los Estados miembros, que representa un tercio del cálculo del factor «n», como se desprende de una ecuación mencionada en el apartado 14 de la sentencia. Pero, finalmente, a falta de un criterio pertinente invocado por la Comisión para garantizar la estabilidad del cálculo y mantener una desviación razonable de los factores «n» de los Estados miembros, el importe de las sanciones pecuniarias debe fijarse teniendo en cuenta la media del PIB del Reino de España de los tres últimos años.

De esta manera, considerando por un lado, que la prevención efectiva de la repetición en el futuro de infracciones análogas a la que resulta de la infracción del artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2019/1158 que menoscaben la plena efectividad del Derecho de la Unión requiere la imposición de una suma a tanto alzado cuyo importe debe fijarse en 6 832 000 euros y, por otro lado, que, en caso de que el incumplimiento declarado en el apartado 66 de la presente sentencia persista en la fecha en que se dicte esta sentencia, debe condenarse al Reino de España a pagar a la Comisión una multa coercitiva diaria de 19 700 euros desde dicha fecha hasta que el citado Estado miembro ponga fin a este incumplimiento.

Este aspecto es interesante porque añade un dato al escrutinio político que el Congreso debe efectuar a la hora de proceder a la convalidación del RDL 9/2025 que efectúa la trasposición plena de la Directiva. Y que por tanto debería valorarse como un elemento adicional en la conformación de una mayoría suficiente para  votar afirmativamente la convalidación de esta Directiva.

 

 

 

 

VACACIONES SOBREVALORADAS

 

Lo ha dicho, al despedir el curso político durante el que se ha desplegado toda una estrategia en sintonía con el Estado profundo para derribar al gobierno democráticamente elegido, el llamado líder de la oposición, Nuñez Feijoo:  Las vacaciones están sobrevaloradas, lo que implica que las personas otorgan “a alguien o algo mayor valor del que realmente tiene" (según la RAE) y por tanto este político nos advierte que estimamos o  apreciamos el tiempo del descanso anual por encima de su valor real, que es mucho menor. Para muchos de nosotros, que formamos parte de esa gran mayoría de ciudadanos, hombres y mujeres, que trabajamos como forma de efectuar una profesión, un oficio o una actividad de los que dependemos personal, económica, social y culturalmente, las vacaciones anuales forman parte de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, son irrenunciables y no pueden sustituirse por una compensación económica. No sabemos si el valor del descanso anual es mayor o menor en la percepción de las gentes, lo que si creemos es que los treinta días naturales que la ley establece de forma imperativa deberían permitir un tiempo de ocio y de merecido reposo frente al tiempo de trabajo, lo que a su vez requiere medios materiales para ello: un contrato de trabajo por tiempo indefinido y un salario digno, oferta de espacios y de lugares apropiados, libertad de elección del período de vacaciones en consonancia con los tiempos del resto de los componentes de la unidad familiar, y así sucesivamente.

Pero, mal que le pese al obstinado líder de la derecha extrema española, las vacaciones comienzan y se disfrutan, es algo que no admite valoraciones sesgadas ni restricciones encubiertas de regusto clasista. También las va a disfrutar el titular de este blog. Que normalmente reducirá sus entradas a lo largo del mes de agosto, pero que no puede sino dejar aquí constancia de algunos sucesos que se agolpan en las redes sociales y en los medios de comunicación, irrumpiendo las lecturas que, previsoramente, se han dejado para el verano para poder sumergirse en la buena literatura.

Los permisos parentales y la conciliación

Casi a punto de hacer las maletas, se publicó en el BOE de 30 de julio el RDL 9/2025, que reforma el Estatuto de los trabajadores, el Estatuto de Empleo Público y la Ley General de Seguridad Social,  para dar cumplimiento a la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, que no se había traspuesto en nuestro país sino parcialmente mediante el RDL 5/2023 que introdujo un permiso parental de 8 semanas sin indicar que era retribuido, lo que contaba con la oposición cerrada de los empleadores que se negaban a ello. Esta posición había comprometido también al sector económico del PSOE y por tanto a la mayoría del gobierno de coalición, pero la presión decidida de la componente del mismo de SUMAR, en especial desde la Vicepresidencia Segunda de Yolanda Díaz, ha hecho posible la promulgación del mismo con arreglo a una fórmula que permite la creación de una prestación específica de la Seguridad social.

La norma – que sin duda será objeto de comentarios y análisis más detallados después de las vacaciones – procede a un considerable aumento de las semanas retribuidas (de 16 a 19 en términos generales y de 16 a 32 para las familias monoparentales, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional), y, como subrayó el secretario de estado Pérez Rey, “por vez primera en nuestra tradición laboral”, el permiso de nacimiento y cuidado rompe la frontera de los 12 meses del menor y habilita que dos semanas permitan cubrir los cuidados hasta los 8 años de edad. Los permisos se conciben de manera igualitaria para ambos sexos, lo que supone una característica peculiar del sistema español respecto del europeo. Según una información del el diario El País, (https://elpais.com/economia/2025-07-28/espana-es-el-pais-europeo-en-el-que-mas-participan-los-hombres-en-los-permisos-por-nacimiento.html) España es el país europeo en el que más participan los hombres en los permisos por nacimiento, de manera que del total de personas que usan este derecho cada año el 42% son varones, el nivel más alto del continente, muy por encima del 4% de Italia, el 7% de Alemania o el 11% de Francia.

Los derechos de conciliación abarcan a todos: trabajadores, autónomos y empleados públicos porque las necesidades de conciliación no dependen de la naturaleza jurídica de la prestación de servicios, y, como se ha dicho, no se traslada, como la norma europea hubiera permitido, el coste de estos permisos a la empresa, sino que se configuran como una prestación de Seguridad Social del 100% de la base reguladora, lo que implica inversión en conciliación de más de 1.500 millones de euros. No se trata por tanto de permisos retribuidos sino de suspensión de contrato con prestación de seguridad social, de manera que, como señala la exposición de motivos del RDL 9/2025, “la forma en que se configura en el presente real decreto-ley la retribución del permiso parental es una manifestación de corresponsabilidad social. En efecto, el coste del nuevo permiso es asumido por la sociedad por medio de la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad Social, manteniendo una tasa de reemplazo de renta del cien por cien para ambos progenitores. La percepción del cien por cien de la base reguladora es un elemento de gran relevancia para la promoción del reparto de responsabilidades, como evidencia la alta participación masculina, en comparación con otros países, del permiso de nacimiento español”.

Un nuevo paso en la buena dirección. Ampliando derechos sobre la disponibilidad del tiempo de cuidados. Una cuestion importante en el proyecto reformista que va adelante pese a las dificultades políticas que lo obstaculizan.

Crecen los beneficios empresariales

Aunque las informaciones sobre las ganancias de las empresas aparecen recluidas en las páginas salmón de los periódicos económicos, y se acompañan de una jerga específica, los titulares de éstas no dejan lugar a duda: en el año 2024, “las empresas recuperan beneficios al crecer su resultado ordinario un 12,1%”. Un beneficio de dos dígitos que es celebrado con precaución ya en este año respecto de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo crecimiento en el primer semestre de 2025 “se ha moderado”: tan solo 33.433 millones de euros en el primer semestre, un 4,45% más, debido al entorno de gran incertidumbre, aunque las firmas tendrán que calibrar pronto el impacto del acuerdo arancelario EE UU-UE.

Es útil comparar este crecimiento de los beneficios empresariales con el del salario en ese mismo año: Un 3,8% por ciento. Si uno recurre a la IA de Google, conoce que “la remuneración de los asalariados, que representa la parte de la renta nacional destinada a salarios, ha aumentado en España en 2024 debido a la creación de empleo y al dinamismo salarial”, y la participación de los salarios en el PIB, según FEDEA, se ha mantenido en torno al 53%.

Los beneficios empresariales crecieron por tanto en el 2024 casi cuatro veces por encima de los salarios aunque ese horizonte feliz para el capital no ha garantizado una disposición de sus representantes empresariales más favorable a la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción generalizada de la jornada, por mínima que esta sea. Una reflexión al respecto sería conveniente, porque implica la importancia del posicionamiento político de la patronal en la interlocución con el poder político, independientemente de su boyante situación económica.

Una situación desmesurada por otra parte si se analizan las informaciones sobre la distancia salarial entre los dirigentes empresariales y las personas que trabajan en la empresa. Selina Bárcena, en Infolibre (https://www.infolibre.es/economia/inditex-abismo-salarial-consejero-delegado-gano-295-veces-media-empleados_1_2029544.html) explica que en Estados Unidos, en 2023, los directores ejecutivos de las empresas más grandes del país cobraron 290 veces más que un trabajador típico, en contraste con 1965, cuando cobraban 21 veces más, según un documento del Economic Policy Institute. Pero esta tendencia se replica en España. Aquí, algunas empresas del Ibex se mueven en estos rangos. “Dentro del selectivo, 13 empresas aumentaron en 2023 esta brecha y 20 la redujeron, de acuerdo con el Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del Íbex 35. Al analizar los balances de cuentas que presentan las cotizadas españolas, las que tienen una mayor disparidad entre su persona mejor pagada y la remuneración media de la plantilla son Inditex, el banco Santander, Telefónica y las constructoras Sacyr y ACS”. Y añade un caso emblemático: una de las que cerró parte de esa brecha es Inditex, y, sin embargo, sigue siendo una de las más desiguales. Óscar García Maceiras, consejero delegado del gigante textil, ganó 11,21 millones de euros el año pasado, 295 veces más que los 38.000 euros que ganan, de media, sus trabajadores.

Once millones doscientos diez mil euros como remuneración de su trabajo de dirección de la empresa considerado como algo natural, justificado, inoponible. Y no se trata de algo muy excepcional si lo comparamos con las cifras que perciben otros muchos CEOS de grandes empresas. Un ejemplo lacerante de la desigualdad extrema que es intrínseca al capitalismo, un marco de referencia al parecer inapelable e inmodificable, el orden del capital. “Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera".

La estrategia del apaciguamiento

Las potencias occidentales, Francia e Inglaterra, optaron frente al expansionismo alemán del nacionalsocialismo mediante la anexión de Austria primero y de los Sudetes después por una estrategia de apaciguamiento basada en el íntimo convencimiento de que resultaba compatible la ampliación del “espacio vital” de Alemania con un equilibrio internacional que alterara los términos pactados en Versalles pero en el que posiblemente la contención del bolchevismo revolucionario de la URSS por el Estado nazi era prioritario, como había sucedido con la política de no intervención en defensa de la República española, por entender que la derrota de “los rojos” era preferible a la conservación de un régimen democrático de amplias reformas sociales.

La Unión Europea ha optado por una estrategia de apaciguamiento frente a la amenaza del presidente Trump. El acuerdo alcanzado el 27 de julio, es sintetizado por la representación de la Comisión Europea en España como un acuerdo político que “restablece estabilidad y previsibilidad para los ciudadanos y las empresas a ambos lados del Atlántico. El acuerdo garantiza la continuidad del acceso de las exportaciones de la UE al mercado estadounidense, preservando cadenas de valor profundamente integradas —muchas de las cuales dependen de las pymes— y salvaguardando de hecho puestos de trabajo. También sienta las bases para la continua colaboración entre la UE y los Estados Unidos”.

Los términos del mismo son conocidos , aunque el texto concreto del Acuerdo no se conoce todavía – una nueva condición de los acuerdos explicados pero no definidos en su literalidad – y además de una prescripción asimétrica en la que las mercancías europeas estarán gravadas con carácter general con un 15% de derechos de aduana, excluidos los aranceles sobre el acero y el aluminio, primero al 25%, a partir de junio al 50%. La parte más interesante del acuerdo viene a su vez explicada por Europa en términos elogiosos. “Para garantizar un acceso fiable a los recursos energéticos esenciales y a suministros necesarios en el futuro,  La UE tiene la intención de adquirir gas natural licuado, petróleo y productos energéticos nucleares de los Estados Unidos con una compensación prevista de 750 000 millones USD (aproximadamente 700 000 millones EUR) en los próximos tres años. Esto contribuirá a sustituir el gas y el petróleo rusos en el mercado de la UE. La UE también tiene la intención de adquirir chips de IA esenciales para mantener la ventaja tecnológica de la UE por valor de 40 000 millones EUR”. Posiblemente Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión, no esté muy contenta con este compromiso que fulmina la posibilidad de avanzar en la descarbonización y la sustitución de energías extractivas. Además, con la finalidad de promover y facilitar las inversiones mutuas a ambos lados del Atlántico,” las empresas de la UE han manifestado su interés en invertir al menos 600 000 millones USD (aproximadamente 550 000 millones EUR) en diversos sectores en los Estados Unidos de aquí a 2029, impulsando aún más la ya significativa inversión existente de 2,4 billones EUR”. Una cantidad tal de dinero que influirá decisivamente sobre el PIB europeo y los niveles de empleo en la Unión Europea.

Una capitulación en toda regla para apaciguar la ira del presidente USA, que venía precedida de la supresión de impuestos a las grandes multinacionales americanas de alta tecnología y a la disparatada aprobación en la cumbre OTAN, con la excepción española, del aumento del presupuesto del 5% para el gasto militar. El acuerdo fortalece la política proteccionista de Estados Unidos y relanza su economía, con una evidente repercusión positiva en términos de creación de empleos. Trump cumple su programa sobre la debilidad – el apaciguamiento – de la UE, que no ha ni siquiera esgrimido su capacidad de respuesta comercial que podría haber obtenido un resultado final más favorable.

Los sindicatos han mostrado su oposición a este acuerdo. En un duro comunicado, CCOO ha afirmado que este pacto “refleja una subordinación de los intereses europeos a los estadounidenses, contradiciendo el principio de autonomía estratégica que debería guiar las relaciones comerciales de la UE. Una Europa verdaderamente autónoma habría exigido condiciones recíprocas y protegido su tejido industrial frente a la asimetría impuesta”. En especial, el compromiso adoptado por la UE de adquirir combustibles fósiles estadounidenses por 640.000 millones de euros en tres años es muy alarmante, porque “no solo perpetúa la dependencia energética de Europa, trasladándola de Rusia a EE.UU., sino que también contradice los objetivos de transición ecológica de la UE, lo que constituye una evidente falta de visión estratégica”. La UE, como actor global, debería liderar la defensa del multilateralismo, no ceder ante tácticas de presión que refuerzan la hegemonía estadounidense. “El sindicato apuesta por una UE que desarrolle una política industrial propia, fortalezca sus cadenas de suministro internas y promueva la reindustrialización sostenible para reducir su dependencia de socios externos como EE.UU. o China. La autonomía estratégica no sólo implica soberanía económica, sino también la capacidad de proteger a las personas trabajadores frente a los efectos negativos de acuerdos comerciales desequilibrados”.

También la CEOE hizo público un comunicado en el que rechaza el acuerdo arancelario por dañar el libre comercio y la competitividad. “Las empresas españolas queremos expresar nuestro más absoluto rechazo y máxima preocupación ante el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de aranceles. Un entendimiento fruto de la presión generada por los reiterados anuncios de incrementos por parte de la administración Trump, que impactan directamente en las exportaciones europeas”.

En cuanto a los gobiernos europeos, ni en Francia ni en Alemania el acuerdo ha sido bien acogido, aunque se desconoce si esta reacción negativa va a generar algunas consecuencias sobre el acuerdo alcanzado. En España el presidente de gobierno lo ha “respaldado sin ningún entusiasmo” a través de un tuit. Solo Italia ha alabado este compromiso, sellado en el campo de golf propiedad del presidente de Estados Unidos en Escocia, territorio Brexit.

Todos esperan – esperamos – “los pormenores del acuerdo”, que presenta todavía flecos importantes, como los aranceles de los productos farmacéuticos, entre otros. Todos los agentes sociales y políticos saben , desde luego, que optar por el apaciguamiento frente a la agresión y la imposición unilateral USA es la peor elección posible. Que pagarán, como de costumbre, las gentes comunes, las personas trabajadoras de nuestros países.

Pero comienzan las vacaciones. Cultivemos nuestro jardín, querido Pangloss.