SINIESTRALIDAD LABORAL E IMPUNIDAD EMPRESARIAL (A PROPÓSITO DE UN INDULTO)

 

La denuncia vino en un tuit de CCOO. Laura Olías, que es una espléndida periodista bien reconocida como profesional exigente, comenzó a indagar y pudo completar para Eldiario.es toda la historia, en un reportaje que obtuvo justamente una gran repercusión en los medios no oficiales, es decir, a través de una parte informada de las redes sociales y en la prensa independiente que funciona en formato digital: https://www.eldiario.es/economia/gobierno-indulta-empresaria-condenada-prision-accidente-laboral-muerto-heridos_1_9027311.html. Este es el relato de los hechos que sigue fielmente la crónica de la periodista:

La audiencia de Granada condenó a tres años de prisión a Andrea Martín Targa, administradora única de la compañía Ron Montero de Motril (Granada) como autora de un delito de homicidio y otros dos de lesiones por imprudencia grave por un accidente laboral en 2014 en el que falleció un trabajador, Miguel García, y resultaron heridos graves otros dos empleados, su hermano Manuel García y otro compañero, Miguel Lorente tras una explosión en la fábrica. La empresaria “excluyó expresamente de la evaluación inicial de riesgos laborales la protección contra atmósferas explosivas” como la que originó el accidente porque suponía un pago adicional de la prima que la empresa tenía que abonar a aquella en la que había externalizado la evaluación de riesgos, e intentó eximirse de su responsabilidad descargándola sobre uno de los heridos graves, Miguel Lorente, que era el delegado de prevención de la empresa. Una burda treta que no pudo prosperar porque, como señaló el tribunal penal, “esa exclusión constituye una decisión empresarial, absolutamente voluntaria y entra dentro de la esfera de diligencia mínimamente exigible a la persona responsable de una empresa dedicada a la manipulación y transformación de alcoholes”.

Esa “omisión de gestión en el plano preventivo” se calificó como un proceder gravemente imprudente con la condena correspondiente. Sin embargo, el cumplimiento de la sentencia no se llevará a efecto. El gobierno ha indultado a la condenada. “Concurren razones de justicia y equidad” para conmutar la pena “por otra de dos años de prisión”, por la que no entrará en la cárcel, “a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto”. La empresaria indultada “no tenía antecedentes, ha abonado la responsabilidad civil”, los hechos se remontan a 2014, tiene tres hijos menores y cuenta con varios tomos de firmas de adhesiones a la petición de indulto. Sabemos además por el documentado relato de Laura Olías que se trata de una familia empresaria de renombre en Granada, que la propia Martín Targa fue en el 2014 vicepresidenta de la patronal de empresarios de Granada, y que su tío es conocido como dirigente de la ultraderecha local y hoy célebre en los medios de comunicación por proporcionar cobijo electoral a la candidata de VOX. Uno de los supervivientes del accidente al que la empresaria quería declarar responsable del mismo, resume la situación: “Esta familia es muy importante en la zona. Están acostumbrados a salir impunes de todo y las circunstancias le vuelven a dar la razón”.

El caso muestra de manera nítida el modus operandi de la criminalidad laboral en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Consideran las medidas de prevención como un coste económico para la empresa, de forma que rebajan todo lo posible el nivel de seguridad. En este caso el pago de una prima superior por evaluación de atmósferas explosivas denota el juicio de valor subyacente: la vida y la integridad física de las personas que trabajan para la empresa importan exactamente el ahorro que obtiene con la omisión de la evaluación de riesgos y la adopción de las medidas de seguridad consiguientes. De esta manera coloca a estas personas en una situación de peligro grave (incurriendo por cierto en otro tipo delictivo previsto en los arts. 316 y 317 del Código Penal) y cuando éste se actualiza y se produce la muerte y las lesiones graves (el trabajador Miguel Lorente, resultó quemado en más de un 60% en el accidente y sufre aún importantes secuelas en la salud) la empresaria no se responsabiliza del hecho y lo quiere delegar en algún subordinado, cortocircuitando su decisión y desplazando su autoría a un escalón inferior de mando en la empresa. Es en efecto muy frecuente que sean precisamente estos mandos intermedios los que normalmente sean condenados en estos casos de delitos de siniestralidad laboral, y muy pocas veces, como en el actual, la persona que es titular de la organización productiva.

El tercer paso típico de esta criminalidad puede diversificarse en dos conductas enfrentadas. Se intenta neutralizar los daños causados con la muerte o las lesiones a las personas trabajadoras mediante el pago de una indemnización a cambio de que retiren cualquier denuncia o querella, de manera que se pretende monetarizar el daño y compensar con una suma de dinero la exención de la responsabilidad penal. Pero si este intento no funciona, o no es posible evitar la incriminación penal, el segundo movimiento es declararse insolvente, para no poder satisfacer la indemnización civil resultante y que ésta la abonen en su caso las aseguradoras. Por último, la delincuencia empresarial presiona socialmente para evitar una condena que lleve consigo la entrada en prisión, utilizando todos los resortes para ello. Los empresarios que incumplen gravemente las medidas de seguridad no se consideran criminales, son los Kavaliersdelikt de los que hablan los profesores de Derecho penal, cuyas trasgresiones deben siempre ser perdonadas puesto que pertenecen a una clase que no cuestiona la propiedad privada y han cometido un delito que no afecta a los intereses de la competencia mercantil, afecta solo a un accidente laboral, una cuestión de mala suerte.

De esta manera, Andrea Martín Targa, delincuente condenada por sentencia firme, es indultada por el gobierno ante el grito de dolor y de respeto de sus conciudadanos granadinos, la buena sociedad y las autoridades que exigen que no se cumpla la sentencia. Como señala el sindicato de CCOO, mediante este indulto se consuma la impunidad de esta acción criminal porque la gente de bien de la provincia considera que no debe ser castigada una madre de tres hijos sin antecedentes penales que es administradora única de una potente empresa familiar con más de 50 años de historia. Y con la seguridad de que su indulto no será recurrido ni entrará en el debate político pese a la cercanía de las elecciones andaluzas. Nadie se atreverá a hablar de delincuencia ni de criminalidad empresarial porque son temas que no interesan – ni conviene que interesen - a la ciudadanía.

La reactivación económica esta generando un incremento de los accidentes de trabajo mortales y graves. Lo ha señalado con preocupación recientemente la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). Cada día se producen dos accidentes mortales, pero en el último mes se han disparado los casos. Los datos para el 2020 indican que ha habido 755 accidentes mortales, 637 de los cuales en horario de trabajo y 118 accidentes in itinere al ir o volver del trabajo. De ellos, 671 son trabajadores asalariados, 84 trabajadores autónomos. En la prevención de la siniestralidad están involucradas empresas y trabajadores a través de la estructura legal de representación especializada en la prevención, como también de forma muy intensa los departamentos de salud laboral de los sindicatos. La vigilancia y el control público se realiza fundamentalmente a través de la Inspección de trabajo y de Seguridad Social. A lo largo del 2020, la ITSS ha realizado 95.779 órdenes de servicio y ha levantado 15.757 actas de infracción. Como datos más relevantes, la Inspección ha ordenado 86 paralizaciones de la actividad por riesgo grave e inminente, y ha establecido el recargo de prestaciones por graves infracciones de medidas de seguridad en 3.399 casos.

Pero hay también una vertiente sancionatoria penal para aquellas infracciones graves reincidentes o infracciones muy graves en materia de salud laboral, tipificadas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Una fiscalía especializada en siniestralidad laboral cuyo coordinador general es hoy Félix Pantoja, tiene como misión coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional en relación con los delitos derivados de la siniestralidad laboral, que fundamentalmente son los arts. 316 y 317 del Código Penal, que establece el delito de peligro para la vida, salud e integridad física de las personas trabajadoras, y los regulados en los arts. 142 y 152 de dicho texto legal sobre delitos de muerte o  lesiones con imprudencia grave. Una coordinación en donde la relación con la Inspección de Trabajo es muy relevante y decisiva.

La actividad penal es importante. La Fiscalía en el 2020 ha iniciado la apertura de diligencias previas de 199 casos de homicidio imprudente, 10.020 de lesiones imprudentes y 434 del delito de peligro grave. En ese mismo lapso de tiempo, se han dado 157 sentencias condenatorias en los juzgados de lo penal y 51 absolutorias. La dilación en los juicios es uno de los problemas con que se enfrenta la represión penal de los delitos de siniestralidad laboral, porque se juzga sobre hechos muy antiguos, algunos derivan de 12 años atrás. En el caso que se ha referido, ocho años.

Pero todo este sistema de prevención y de sanción ante las infracciones requiere que se perciba como un hecho de salud democrática, no como un suceso más frente al que no se puede reaccionar o un hecho desafortunado, una desgracia o calamidad imprevisible. En este sentido, la relevancia de la sanción penal es evidente. Es redundante hablar de la importancia de la tutela penal de la salud y seguridad en los lugares de trabajo. El desvalor social que supone la criminalidad empresarial en este aspecto exige una respuesta fuerte del aparato sancionatorio público. Al margen de los problemas que se plantean y que en muchas ocasiones obstaculizan la respuesta de los poderes públicos, es importante considerar este aspecto como un elemento central del reconocimiento del derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Trabajar no debería llevar aparejado el riesgo de la lesión o de la muerte por el mero hecho de desempeñar la actividad laboral. Y el empresario, que es el deudor de seguridad, no puede incumplir sus obligaciones preventivas.

Por eso, hechos como el que se han referido en esta entrada, que logran la impunidad de los delincuentes sociales, deben ser cuidadosamente evitados por una exigencia de salud democrática. La denuncia de la impunidad de la homicida no impide el daño que ha producido la anulación de las consecuencias de su conducta a una larga estrategia de lucha contra una empresarialidad irresponsable y delincuente que no valora la vida de las personas que trabajan para ella más que como un dato contable que debe ser ahorrado para incrementar su beneficio.  

 

 

LOS HECHOS Y LAS PALABRAS EN EL TIEMPO DE LAS REFORMAS

 

(En la foto, Yolanda Diaz y Joaquin Pérez Rey posando en Ginebra a la entrada de la OIT. Para los escrutadores de símbolos y mensajes ocultos, repárese quese han parado sobre 1973, el año de nacimiento del Secretario de Estado y no sobre el 1971, que sería el de la Ministra)

Con este mismo título este texto ha sido publicado por el diario Público en el blog “otras miradas” correspondiente a su edición del 25 de mayo. Ahora lo recoge el blog con algunos añadidos que el texto periodístico no permitía por su extensión. En realidad el tema de fondo de este comentario ya lo viene señalando desde hace tiempo de forma más contundente José Luis López Bulla en su blog decano de la blogosfera de Parapanda. A él va dedicado por consiguiente este texto.

El proverbio latino “facta, non verba”, suele ser el preferido para desmontar los discursos políticos en los que las promesas y los compromisos de futuro no tienen asidero real ni se corresponden con la práctica de gobierno que se ha llevado a cabo. Es (o debería ser) una exigencia de la ciudadanía que la política se manifieste en hechos, no palabras, una reivindicación de la realidad de la existencia de las personas y de las dificultades que éstas encuentran para lograr una vida decente, un trabajo digno, un trato igualitario. Porque la política sirve (o debería servir) justamente para eso, cambiar las cosas y garantizar la seguridad y la igualdad de las personas.

Han sucedido tremendos hechos que han trastornado la cotidianeidad de manera completa, provocando además situaciones extremadamente críticas para la convivencia que comprometían la salud y el nivel de renta de la mayoría de la población. La respuesta a estos graves momentos ha atendido especialmente a las situaciones de vulnerabilidad que la crisis agravaba, pero además se ha avanzado en un ambicioso programa de reformas que en su inmensa mayoría han sido generadas desde un acuerdo social tripartito entre el empresariado, los sindicatos y el poder público, mientras eran denunciadas como nefastas por los partidos de conservadores. Los resultados del “escudo social” progresivamente armado durante el estado de alarma son hechos evidentes ya documentados, pero posiblemente donde más recorrido ha tenido la evolución de un largo proceso de modificaciones normativas ha sido en la regulación de las relaciones de trabajo: desde los incrementos del salario mínimo, a la regulación del trabajo a distancia y de las relaciones de trabajo al servicio de las plataformas digitales, o los planes de igualdad y la transparencia retributiva, además de la fundamental herramienta de contención del empleo de los ERTE y el veto sobre los despidos. La Comisión Europea acaba de asegurar que los ERTE amortiguaron el impacto de la crisis de la Covid en el mercado laboral y "abrieron el camino para una rápida recuperación". Una realidad que contrasta con las políticas adoptadas en el ciclo de la crisis de 2008-2013  en donde “la caída en el número de puestos de trabajo (-15,8%) fue casi el doble de la caída del PIB (-8,5%)", afirman las recomendaciones del semestre europeo hechas públicas en mayo del 2022. Hechos, no palabras.

La vertiente internacional de los derechos laborales, en donde se produce la intersección entre la protección del trabajo y el reconocimiento de los derechos humanos, es otro de los aspectos que se han desarrollado de manera ejemplar en estos años. No sólo la ratificación de la Carta Social Europea revisada y del protocolo de reclamaciones colectivas, una reivindicación importante del movimiento sindical, sino también la ratificación de importantes instrumentos normativos de la Organización Internacional del Trabajo. En el inicio de la conferencia anual de la OIT, la ministra de trabajo y economía social, Yolanda Díaz, ratificó en presencia del director General de la OIT, Guy Ryder, los convenios correspondientes al trabajo a domicilio y sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo (Convenios 177 y 190) y se apresta a modificar la regulación del trabajo doméstico para poder ratificar a su vez el importante convenio de la OIT 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Impulsando una imagen muy positiva en el plano internacional, ha propuesto a su vez en la sede de la OIT, presentando con el director General la guía para inclusión de las personas LGTBIQ+ en el mundo laboral. un instrumento jurídico para la igualdad real y efectiva en el trabajo de estas personas «que blinde sus derechos laborales y de protección social en todo el mundo».

Pero sin duda el elemento más determinante del cambio legislativo lo ha supuesto el RDL 32/2021 de reforma laboral, que ha incorporado elementos cruciales para una nueva configuración del sistema laboral de la etapa post-covid, ahora de nuevo atravesada por las turbulencias de la guerra en Ucrania. El informe de la Comisión Europea resume los efectos que sobre la economía tienen estas reformas: las reformas laborales planteadas en el Plan de Recuperación “permiten avanzar hacia unas condiciones de trabajo más justas, reduciendo la segmentación al limitar el uso de contratos temporales, mejorando la negociación colectiva, potenciando la recualificación y la empleabilidad gracias a las políticas activas de empleo y al Mecanismo RED cerrando la brecha salarial de género, protegiendo a los repartidores de plataformas digitales y a quienes realizan actividades subcontratadas”. De esta manera, las políticas desplegadas a través de la reforma laboral "tienen el potencial para lograr aumentos duraderos en la productividad y en el crecimiento potencial" y para reducir el desempleo. Los datos de empleo que se conocieron de abril de este año – a los que se ha dedicado una entrada de este blog https://baylos.blogspot.com/2022/05/mas-y-mejor-empleo-los-datos-de-abril.html - permiten hablar en efecto de un cambo de patrón, puesto de manifiesto fundamentalmente en la celebración de 700.000 contratos de trabajo indefinidos, casi el 50% de las contrataciones iniciales, unido al incremento en la afiliación y la reducción del desempleo.

Hechos, no palabras, que indican el acierto de las modificaciones legislativas emprendidas que eliminan el contrato de obra y servicio, refuerza la causalidad de la eventualidad y da más juego al contrato fijo discontinuo, incluso permitiendo su utilización por las ETTS, a la par que refuerza la capacidad de disuasión de la sanción administrativa ante el incumplimiento de la normativa. Con ello se está consiguiendo afirmar un principio de estabilidad en el empleo que rompe con más de cuarenta años de culto a la temporalidad y se demuestra que eran posibles reformas legislativas que desbarataran un modelo de contratación que incentivaba que el inicio en la relación laboral sólo fuera factible a partir de un contrato a término con enormes dosis de sustitución y de rotación entre las personas trabajadoras.

Y sin embargo, no parece suficiente. No sólo porque las palabras de algunos nieguen estos hechos, entendiendo que encubren la continuidad de las antiguas realidades – la tesis muy extendida de que la reforma laboral es un mero “maquillaje” – o que apenas nada ha cambiado en realidad. El hecho no subsiste ante las palabras que lo refutan. Pero asimismo en el discurso que vertebra la discusión política que se está desarrollando durante todo este año, las palabras no reivindican estos hechos como elementos centrales de su argumentación. Todo el argumentario progresista se orienta hacia los temas que marcan la actualidad de las informaciones mediáticas, moviéndose en el terreno que delimita el pensamiento conservador y ultraderechista. De esta manera, la visibilidad del cambio que se está produciendo en las relaciones de trabajo como ejemplo de la potencialidad emancipatoria de la política progresista se deja en un segundo plano hasta difuminarse en medio de denuncias de corrupción y críticas a las propuestas de los otros, o al cuaderno de agravios que justamente se exhiben como síntoma de la agresión permanente contra las ideologías del cambio.

Se produce así una paradoja en el razonamiento que sostiene el discurso progresista ne términos generales. No se resaltan los avances evidentes en la vida cotidiana fruto de las reformas laborales como la prueba evidente de que la política sirve para avanzar gradualmente hacia un mundo mejor menos desigual que garantice seguridad en el empleo y una renta salarial suficiente, y esta omisión en el orden de prioridades del argumento político es funcional a los embates del pensamiento conservador y ultraderechista que esconden o niegan estos cambios para situar el centro de la discusión pública que se muestra a la ciudadanía en los puntos que dominan y que corresponden a un debate maximalista de ideologías en las que la palabra libertad se revuelve sobre su propio significado y se arroja sobre la acción política para devolver la realidad y los hechos a la situación de desigualdad extrema y de injusticia.

Reivindicar los hechos, desde luego, pero también afirmar las palabras que los explican y los sitúan en el centro del discurso de la transformación social. Demostrar que mejorar las condiciones de empleo y de trabajo, garantizar derechos individuales y colectivos en el espacio de la empresa, es una pieza esencial en el modelo de sociedad que se quiere ir construyendo con el apoyo de las mayorías sociales interesadas. Un modelo que paulatinamente va cobrando forma en los hechos pero que las palabras deben enseñar y mostrar como prueba de la realización de un compromiso real con la ciudadanía para mejorar sus condiciones de existencia social. Hechos y palabras en una misma dirección.

 

 

UN ENCUENTRO EN EL CORAZÓN DE ALEMANIA ENTE LOS DOS GRANDES SINDICATOS DEL METAL ITALIANO Y ALEMÁN

 

Hay noticias que nunca salen en la prensa “generalista”. No sólo en España, en donde la calidad y cantidad de informaciones sobre las relaciones laborales están prácticamente invisibilizadas o en s caso subordinadas a las prioridades comunicativas marcadas por la ultraderecha que todos los medios de comunicación siguen y promueven. En la gran mayoría de los países europeos, el pensamiento crítico que proviene del debate intrasindical es un hecho ajeno al interés de los periodistas. Permítase por tanto a este blog alguna muy breve incursión en este asunto.

El lunes 23 de mayo ha tenido lugar en Wolfsburg, la ciudad alemana conocida por ser la sede de Volswagen en la Baja Sajonia – una ciudad de orígenes infames, fundada por Hitler en 1938 para la construcción del coche Kraft durch Freude (Fuerza a través de la Alegría), la organización nazi encargada de organizar, vigilar y disciplinar el tiempo libre en la Alemania del III Reich – un encuentro entre el sindicato IG Metall y la FIOM-CGIL de Emilia Romagna, que llevaba por título "La industria automovilística alemana e italiana ante los retos de los procesos de transformación”.

En el encuentro intervinieron Daniela Cavallo, Presidenta del Comité de Empresa del Grupo Volkswagen, que hizo una importante aportación sobre el futuro de la industria, y el secretario Internacional del Grupo VW – Europa de IG Metall, Flavio Benites, por cierto un buen amigo y seguidor de este blog, junto a Michele de Palma, secretario general de la FIOM.CGIL de la Emilia Romagna. El encuentro se enmarca en la construcción de una relación constante entre estas dos potentes federaciones sindicales regionales, permanencia del contacto intersindical que se lee como el “único antídoto” frente a la competencia despiadada del mercado entre territorios y trabajadores. De manera simbólica, el debate sindical se celebraba a tan solo cientos de metros del lugar donde el 24 de mayo se celebrará la reunión de los Ministros de Trabajo del G7 (es decir, de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU, Canadá y Japón) que van a debatir entre otros temas, el documento de posición conjunto de la patronal internacional IOE y la asociación empresarial alemana (BDA) sobre las cadenas mundiales de suministro. Un debate de contornos ciertamente bien diferentes a este que se comenta.

El encuentro bilateral sindical efectúa algunas reflexiones que la FIOM-CGIL ha recogido en su boletín de prensa, por el que se cita a continuación. Al margen del análisis efectuado, sobre sale la conclusión más relevante del mismo: iniciar el camino para una gran asamblea europea de delegados de las federaciones del metal y defender el derecho a la movilidad ecológica para todos. Este es el resumen de lo debatido en el encuentro.

"Con la guerra en el corazón de Europa, surge un problema de competencia entre países por el suministro de fuentes de energía y componentes. Tenemos que silenciar las armas. Necesitamos autonomía e independencia industrial a nivel europeo, y necesitamos solidaridad y cooperación entre los sindicatos europeos. Los efectos de la guerra los están pagando los trabajadores. Los sindicatos tienen una responsabilidad extraordinaria. Debemos trabajar en un plan europeo extraordinario para la industria de la movilidad. Un plan de transición industrial e innovación que salvaguarde el empleo y garantice el acceso a la movilidad sostenible para todos. Tenemos que crear consorcios europeos de cooperación en el sector del automóvil para fomentar el intercambio en lugar de la competencia. Tenemos que iniciar el camino para la construcción de una gran asamblea europea de delegados y delegadas de la industria de la movilidad".

El panorama de la industria automovilística italiana es dramático: Italia produjo 1,8 millones de coches a finales de los años 90, mientras que en 2021 ha producido unos 400 mil vehículos. El volumen de negocio de la industria del automóvil es, sin embargo, importante en el sistema industrial italiano ya que, si consideramos también los componentes, estamos hablando de 93.000 millones de euros de facturación, lo que equivale al 5,6% del PIB, con un empleo de unos 250 mil trabajadores directos. La gran capacidad industrial desde el punto de vista de los componentes está compensando la crisis en los volúmenes de producción de vehículos de Stellantis, la alianza entre FCA y Grupo PSA, como resultado de una asociación 50:50 entre el consorcio francés y el italo-estadounidense: el dato es que por cada coche matriculado, 0,28 coinciden con lo producido en Italia, mientras que en Alemania la relación es de 1,29.

Italia paga el precio de la incapacidad de utilizar la capacidad instalada de sus plantas. Desde hace 12 años, los trabajadores pagan con amortiguadores sociales la incoherencia de las inversiones en la transición industrial y ecológica. Sin embargo, hay una excepción en Italia, y es la Tierra de los motores, situado en el corazón de Emilia Romagna (Módena). Hoy asistimos a la paradoja de que un trabajador no puede comprar el coche eléctrico que produce debido a los bajos salarios y, en perspectiva, una parte de la población dejará de tener acceso a la movilidad individual. Mientras que Volkswagen, junto con el IG Metall, trabaja a través de la negociación para garantizar un equilibrio entre la innovación, la transición y el empleo, en Italia en este momento no existe tal equilibrio, en detrimento del empleo.

Un debate que se está proponiendo también en otros países y que en España se inserta en el debate que impulsa la Federación de Industria de CCOO, con Garbiñe Espejo a la cabeza, sobre la necesidad ineludible de un gran Pacto de estado por la Industria, y que en el sector de la automoción tiene una importancia decisiva, como se aprecia en el caso de Nissan en Barcelona.

Es sin duda un debate que trasciende con mucho la consideración estrictamente “laboral” del problema. Un asunto en el que el trabajo sindical implica una reflexión global, a nivel europeo, superando lo que con claridad señalan las dos federaciones alemana e italiana como obstáculos muy importantes: la competencia de mercado que enfrenta a trabajadores sobre la base de la libre concurrencia y la deslocalización de empresas, de una parte, y de la complejidad de una transición industrial y ecológica que tiene necesariamente que llevar consigo un proceso de acuerdos que configuren realmente una “transición justa”. Hacer que estos temas formen parte del conjunto de informaciones que se dan a la ciudadanía y que atraviesa el interés colectivo de las y los trabajadores de nuestro país, es importante.

La propuesta por tanto de una magna asamblea de delegados de la industria de la movilidad debe tomarse en consideración como un objetivo a medio plazo en cuya consecución gradual la convocatoria parcial de las federaciones de industrial y del metal de los países de vanguardia en esta materia puede suponer un hito muy relevante.

 

MENSTRUACIÓN Y TRABAJO: EL DERECHO A TRABAJAR SIN DOLOR. HABLA ADORACIÓN GUAMÁN

 

Entre las noticias del fin de semana que han absorbido la cuota de pantalla – Eurovisión, la Pradera de San Isidro, la llamada local de Felipe VI a su padre en Abu Dabi, las animadas conversaciones entre Cospedal y Villarejo – destaca el debate que se ha venido produciendo ante el anuncio del Ministerio de Igualdad de incorporar una norma al ordenamiento jurídico que establezca que las mujeres afectadas por menstruaciones dolorosas o incapacitantes tengan derecho a la baja médica retribuida desde el primer día al 100 por 100. Sobre este importante tema, que entra de lleno en la tutela de la salud de las personas trabajadoras, Adoración Guamán, profesora de la Universidad de Valencia, efectúa una reflexión muy valiosa en exclusiva para este blog, que se honra con su participación.

Menstruación y trabajo: el derecho a trabajar sin dolor

Adoración Guamán

 

Analizar a esta cuestión, que ha centrado buena parte del debate en los últimos días y que en realidad se plantea de manera recurrente en cada uno de los avances normativos en materia de igualdad, requiere tratar un buen número de consideraciones previas. Comencemos por las cuestiones más básicas: durante el ciclo menstrual un considerable número de mujeres y personas que menstrúan experimentan un conjunto de dolores que incluyen calambres abdominales, náuseas, fatiga, sensación de desmayo, dolores de cabeza, dolor de espalda y malestar general o migrañas. Con todo esto una vez al mes y 480 veces a lo largo de nuestra vida, muchas personas trabajamos. Eso sí, medicadas (fundamentalmente automedicadas) con todo tipo de anti-inflamatorios. A muy pocas se les pasa por la cabeza acudir al médico por esta causa y las que lo hacen no buscan el diagnóstico de una incapacidad temporal por contingencia común (cosa totalmente posible y que normalmente supone una pérdida salarial) sino la receta del calmante más efectivo que haya para poder ir a trabajar. De hecho, el concepto clave al analizar la relación entre menstruación y trabajo no es el absentismo sino el “presentismo” o la asistencia al trabajo estando enferma o en condiciones de salud no óptimas para desempeñar las funciones. Éste, con carácter general, no solo entraña una disminución de la productividad, sino que también multiplica los riesgos laborales y dificulta la recuperación, siendo negativo para el conjunto de la salud de la persona que decide acudir al trabajo con dolores intensos.

El análisis de esta situación desde la óptica de los derechos nos lleva a preguntarnos si trabajar con un dolor de regla incapacitante es compatible con la salud menstrual, con la salud en el trabajo o con el trabajo digno. La respuesta es claramente negativa. El derecho a la salud implica establecer condiciones sanas en el trabajo, incluyendo, por supuesto, la salud menstrual. El Estado tiene, por tanto, una obligación de proteger (de hacerlas efectivas) pero el derecho laboral siempre le ha dado la espalda al vínculo entre la regla y la salud en el trabajo. De entre las razones que justifican esta falta de atención jurídica es posible señalar dos. La primera está vinculada a los estigmas y estereotipos vergonzantes que rodean a la menstruación y que han silenciado el debate acerca de sus efectos sobre el trabajo. En este sentido, la Declaración por el día de la mujer de 2019 de Naciones Unidas, exhortaba a la comunidad internacional a romper el tabú en torno a la salud menstrual y a tomar medidas concretas para garantizar que se ponga fin a las prácticas discriminatorias y que se proteja la salud menstrual. En concreto, señalaba que el estigma y la vergüenza generados por los estereotipos en torno a la menstruación tienen graves repercusiones en todos los aspectos de los derechos humanos de las personas que menstrúan, incluyen el derecho a un trabajo seguro y saludable.  La segunda razón que ha situado a la menstruación fuera del debate jurídico ha sido el carácter patriarcal y androcéntrico del conjunto del ordenamiento jurídico y del derecho laboral en particular. Tanto la regulación del trabajo como las normas de seguridad social se construyeron centrados en el trabajador masculino. Un hombre que no sólo no cuidaba, sino que acumulaba sobre su persona el trabajo de cuidado de las mujeres, que era invisibilizado, no regulado y no pagado, ni directa ni indirectamente (ni salario, ni cotización, ni pensiones). Ni que decir tiene que las circunstancias vinculadas genéticamente a las mujeres (desde la maternidad biológica hasta la menstruación o la menopausia) quedaron al margen de las normas de salud laboral, más allá de mínimos básicos en clave protectora de la maternidad.

Es evidente que desde la incorporación de la mujer al mundo laboral se han dado pasos enormes para eliminar el carácter androcéntrico de la regulación del trabajo. En el inicio y durante décadas, la inclusión de la mujer en las normas laborales se hizo sobre la base de atribuir todas las responsabilidades de los cuidados a las mujeres, estructurando mecanismos de conciliación que acabaron provocando las dobles o triples jornadas laborales. En paralelo, las políticas de salud laboral se desarrollaban mediante normas pretendidamente “neutras” (basadas en la experiencia de trabajadores varones e ignorando la diferente realidad de la salud de las mujeres) o bien políticas de salud y seguridad en el trabajo que consideraban a la mujer desde una óptica proteccionista, como colectivo débil y centradas en el embarazo y la maternidad. La menstruación nunca estuvo presente en los debates jurídicos.

Aquellas primeras políticas de conciliación no consiguieron combatir la estructural brecha salarial, la división sexual del trabajo y la discriminación en el empleo. Sin restar importancia a los primeros pasos, es importante reconocer que todavía eran piezas aisladas de un engranaje incompleto de dispositivos normativos orientados a la consecución de la igualdad y que la agenda de prioridades de las reivindicaciones sociales estaba enfocada en resolver cuestiones urgentes como asegurar, por ejemplo, la prestación por riesgo durante el embarazo. Los posibles efectos adversos de aquellas normas sobre la contratación femenina se vincularon a estos dos factores y a un momento de incipiente construcción de la conciencia empresarial respecto de la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho humano.

Aun así, aquellos avances normativos fueron imprescindibles para llegar a plantear políticas capaces de romper con la discriminación en el trabajo. La inclusión de la palabra “corresponsabilidad” en la ley orgánica de igualdad del año 2007 fue un paso enorme y uno de los grandes hitos fue, sin duda, la equiparación en el 2019 de los permisos por nacimiento de ambas personas progenitoras, que ha situado a España a la cabeza de las políticas de igualdad en el marco de las relaciones de trabajo. Aquel triunfo fue fruto de una larga lucha impulsada por organizaciones feministas que evidenció como los derechos humanos son procesos permanentes de construcción social de la realidad impulsados por luchas culturales, sociales, y políticas, que consiguen poner en la vida pública (evidenciar, develar, nombrar) las necesidades que grupos y colectivos vivían de manera silenciosa u opacada por el peso de las estructuras del modelo patriarcal.

La propuesta de regular la incapacidad temporal por menstruación incapacitante se ubica en esta evolución de las políticas de género con capacidad de romper con el carácter patriarcal del ordenamiento laboral y de seguridad social. Lejos de estigmatizar, la nueva regulación ha vuelto a poner el foco en la relación entre mujer y trabajo para revelar que, cuando una norma pretende dar un tratamiento “neutro” a dos realidades distintas (los hombres no menstrúan ergo no existe el problema) en realidad se perpetúa la discriminación.

Aunque pueda parecerlo, regular un permiso menstrual no es una idea novedosa. España será el primer país de la Unión Europea que lo aprueba, pero su construcción teórica lleva muchos años elaborándose. Por un lado, existen experiencias normativas que tienen poco que ver con lo propuesto por el Ministerio de Igualdad y que se están aportando de manera torticera en el debate público para generar un ruido innecesario sobre la propuesta de Montero. En concreto, Japón aprobó una ley relativa a la menstruación en el trabajo en 1947; Corea del Sur concede a las mujeres un día de permiso por la menstruación y Taiwán tres días; en Indonesia dos. Además, en algunas provincias de China se han adoptado políticas similares. El debate en otros países, como Francia, Reino Unido o Australia, se ha abierto al hilo de las experiencias en diversas empresas que han implantado modelos de organización del trabajo compatibles con la protección de la salud menstrual (incluyendo igualmente los periodos de menopausia) y que reportan constantes tasas de éxito tanto desde el punto de vista del aumento de la productividad como de la mejora del bienestar de las personas que se acogen a estos permisos.

Lejos de estas realidades, la iniciativa más cercana al mecanismo lanzado desde el Gobierno de España se puede encontrar en Italia. El parlamento italiano debatió en abril de 2016 una propuesta de ley titulada “Establecimiento de permisos para mujeres que padecen dismenorrea”. La propuesta, que no llegó a aprobarse, contemplaba el derecho de no acudir al trabajo un máximo de tres días al mes a las mujeres que padezcan una dismenorrea que impida el desempeño de las funciones ordinarias del trabajo diario, condición que debía ser constatada en un certificado médico de carácter anual. Este “permiso menstrual” sería cubierto por el Estado con una prestación igual al salario.

En una línea similar, la propuesta del Ministerio de Irene Montero se basa en el reconocimiento del derecho a una incapacidad temporal especial para las mujeres con menstruaciones dolorosas que las incapaciten para trabajar, sin máximo de días según indique el informe médico preceptivo, a cargo de la seguridad social, abonada desde el primer día de baja y sin requisitos de cotización previos. No habrá, por tanto, carga alguna económica para el empresario.

La regulación de esta baja laboral por menstruación ha despertado cuantiosas críticas. Algunas son poco interesantes y no requieren contestación, como el despropósito de la Presidenta de Madrid sobre la “regla de tres” o las intervenciones que inciden en las posibilidades de fraude, como si fuera más fácil engañar al facultativo médico respecto de un dolor menstrual que en relación a una lumbalgia. Otras, con mayor seriedad, se vinculan a la preocupación por su posible carácter “estigmatizante” y han provocado cierta división de la opinión pública. Desde esta postura, se afirma que poner el foco en cómo la menstruación afecta la capacidad de trabajo de un buen número de mujeres durante determinados días del mes significaría reconocer una debilidad y podría implicar una reacción negativa empresarial que podría ahondar en la preferencia de contratación masculina.

Frente a ello, hay que tener en cuenta el grado de evolución general de nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la tutela antidiscriminatoria y los avances señalados en materia de igualdad dentro de las relaciones de trabajo. La nueva regulación no es un dispositivo aislado sino una pieza más en un engranaje que ya funciona (aunque falte mucho por avanzar). En segundo lugar, la notable mejora del conocimiento de los derechos por las trabajadoras, que complica las posibles actitudes empresariales discriminatorias (como la imposibilidad de que un empresario formule preguntas sobre el dolor de regla en el marco de entrevistas de trabajo o las amenazas de despido por hacer uso del derecho). En tercer lugar, el carácter técnicamente acabado de la propuesta, que sitúa de manera expresa al empresariado al abrigo del coste de la medida, así como la existencia de distintos análisis respecto de los beneficios para la productividad realizados a la luz de experiencias empresariales exitosas en diversos países. En cuarto lugar, la fundamental importancia del movimiento feminista como sostén sociológico de estas medidas y la labor no solo normativa sino pedagógica de Ministerios como el de Trabajo y el de Igualdad que, reforma a reforma, han evidenciado que la reversión del carácter patriarcal y androcéntrico del derecho del trabajo y de la seguridad social es uno de los grandes objetivos del Gobierno de coalición.

En todo caso, y aun sin entrar en vigor, la regulación propuesta ya ha significado un enorme paso adelante al permitirnos visibilizar y verbalizar una realidad y una necesidad históricamente opacada. Una vez aprobada, será necesario impulsar su correcta aplicación para lo cual es imprescindible el diálogo social. Que la salud menstrual entre en las empresas requiere que el empresariado interiorice la necesidad de protegerla y conozca las consecuencias positivas para la igualdad y los derechos humanos, pero también para la productividad, que pueden derivarse de la aplicación de esta medida.

Ante todo, y en este momento inicial, es fundamental entender la nueva regulación como una pieza de importancia fundamental en lo jurídico y en lo simbólico y cultural, que se incardina en un engranaje normativo evolucionado pero inacabado, en permanente movimiento hacia la consecución de una sociedad más justa, donde nadie tenga que ir a trabajar aquejada de dolores incapacitantes y donde la menstruación forme parte de la cotidianeidad, libre de estereotipos, estigmas y discriminaciones.

 

UNA MIRADA DISTANTE: LO QUE LA INFORMACIÓN ESCONDE

 

Estar fuera de casa tiene sus secuelas. Una de ellas, quizá la menos importante, es el efecto de extrañamiento que produce ante la diferente manera de producir la información allí, a la que pese a la lejanía se está continuamente ligado por las redes sociales y la recepción de noticias. Un distanciamiento que provoca una fuerte sensación de rechazo ante la inmersión de la opinión pública en un mundo ilusorio, alejado de la comprensión de los hechos más cercanos e influyentes sobre la vida real de las personas. Esa es la impresión sobre el panorama informativo de España,

Pasan los primeros días de mayo y parece que llega el buen tiempo. También da la sensación de entrar en un cierto período valle en las noticias, esos momentos previos a que se desencadene la tormenta de declaraciones, gestos y trasiego de personas con ocasión de la nueva convocatoria electoral prevista. En España hay elecciones cada tres meses, y se hacen encuestas de opinión políticas a diario. El propósito de esta agitación es siempre el mismo, erosionar la legitimidad democrática de las mayorías sociales que sostienen al gobierno desde noviembre del 2019, y proclamar urbi et orbi que los españoles ya han elegido un gobierno de la derecha y la ultraderecha como reacción a las reformas y acciones de este gobierno de coalición progresista. Asi que todos los días prensa y televisión nos informan que the times they are changing y que pieza a pieza y región por región las mayorías se asientan sobre el crecimiento imparable de Vox al rebufo del PP.

La memoria de las cosas que pasan dura muy poco, y parece que fuera ayer cuando el Partido Popular despidió con cajas destempladas al único dirigente que había sido elegido por votación popular en unas primarias por sugerir que el enriquecimiento de un hermano de la Presidenta de la CAM durante la primera fase de la pandemia era un hecho repudiable, porque tras ese desgarro interno el Partido se ha recompuesto en torno al nuevo líder ungido por aclamación que goza de la aceptación por el momento de quien mejor demuestra seguir la escuela del ex presidente USA que fue derrotado en su reelección al acabar el año de la pandemia 2020. Ese desgarro crítico duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, y nadie lo recuerda ni es recordada su víctima. Ahora sencillamente los telediarios y las tertulias se visten de flamenco y entre trajes de faralaes recuerdan la gracia de la candidata que se define como la más andaluza de todas las listas electorales por partida doble, pues hasta ha elegido su lugar de residencia andaluz sin ataduras con su inmediato pasado en su localización madrileña. A fin de cuentas, España toda es la residencia única de los españolistas de bien. Solo sabemos a cambio que la unidad de la candidatura Por Andalucía ha sido un poco chuchurría, aunque nada de extrañar porque desde todos los medios de comunicación se viene a resaltar que llevarse mal es algo que se reproduce en el ADN de los colectivos que quieren empeñarse en lograr la transformación social del país y de todas las personas que lo pueblan. Un mundo más equitativo donde los derechos básicos de los desiguales compensen a través de la acción política de lo público y de lo colectivo su condición de subalternidad.

Fuera de esos zumbidos, frecuentemente acompañados de trending topics  que abordan otros temas, pero siempre en la misma clave  - Pegasus y la seguridad nacional, empañada y empeñada por los gestos de aquietamiento a los independentistas es uno de los que más se ha resaltado – la vida material conoce cambios importantes. Ante todo en lo que supone la relación básica que posibilita la cohesión social, el trabajo, que se regula mejor, fortaleciendo los derechos individuales y colectivos que se asocian al mismo. Hay más empleo y se hacen muchos más contratos por tiempo indefinido, una cantidad exorbitante en relación con la práctica de la temporalidad que ha caracterizado, desde hace más de cuatro décadas, el intercambio salarial en España y que demuestra que era posible una intervención normativa que modificara ese culto a la temporalidad como práctica económica empresarial sostenida por un pensamiento neoliberal que ha sido compartido en los tiempos del bipartidismo político.

Se ha aumentado el salario mínimo, se han ratificado tratados internacionales que incrementan los derechos correspondientes a un trabajo decente en algunos sectores, en especial en el de los cuidados en el hogar familiar, se atiende a las situaciones de vulnerabilidad, finalmente parece que se ha intervenido en el precio de la energía,  se garantizan a los pensionistas la revalorización de sus prestaciones económicas. CCOO y UGT están comenzando, tranquilamente pero de forma decidida, una fuerte ofensiva por la recuperación salarial que el incremento del coste de la vida ha dañado. Ya han comenzado, pero se avecinan importantes conflictos por el aumento salarial y la cláusula de revisión en los convenios colectivos. El campo de la regulación jurídica tras las reformas legales vuelve a ser un espacio decidido de disputa ideológica en el que el control del momento interpretativo de la norma es crucial. El último debate sobre la propuesta de que las mujeres afectadas por menstruaciones dolorosas o incapacitantes tengan derecho a la baja médica retribuida desde el primer día al 100 por 100 se desliza como de costumbre hacia terrenos grotescos, pero plantea de manera explícita el sesgo de género en la tutela de la salud, la diferencia entre hombres y mujeres en las reglas que se dan para tutelarla.

Estas son cosas que realmente interesan. Pero apenas se encuentran recogidas por el paquete de noticias en las que la opinión pública debe verse interesada. Cuestiones que han hecho que en tan solo dos años y medio, con una pandemia y una guerra a la que insensatamente nos hemos acostumbrado, la vida real de una amplia mayoría de personas ha sido cambiada a mejor, otorgando más derechos y haciendo realidad una mejor protección social. Naturalmente que quedan todavía muchas otras situaciones de subordinación y de desigualdad que exigen atención y una intervención consecuente. Hay decenas de puntos sobre los que merecería la pena construir un discurso crítico desde los medios de comunicación, como la situación de la tutela judicial efectiva en el orden social, con señalamientos en algunas ciudades que se fijan a dos años vista, o las dificultades en la percepción de alguna de las medidas estrella de la crisis como el ingreso mínimo vital, o la creciente disminución de las indemnizaciones por despido. Debatir sobre estos temas es importante y favorece el ejercicio de un derecho ciudadano a la información que por el contrario está embotado, y no cumple su función democrática principal.

Lo mismo vale para el discurso político, en general insistente en denunciar justamente la corrupción y la deriva racista, machista y antisindical del adversario, caracterizado además por la falta de respeto y el exabrupto violento. Pero centrarse en replicarlo impide poner de relieve lo principal. Se echa en falta la insistencia en explicar lo que se ha ido construyendo y su importancia, de forma que se pueda transmitir una imagen de esperanza en la continuidad de una política que sirve para mejorar la vida antes que la crispación ante un peligro real de retroceso histórico de las conquistas alcanzadas. Son muy escasos los instrumentos de los que se dispone para insistir en esta dirección, y es extremadamente preocupante el peso desproporcionado de los grandes medios de comunicación privados en la conformación de la información que se suministra a la ciudadanía, unido a la práctica neutralización de los medios públicos estatales, pero ese dominio del espacio de la comunicación no tiene por qué ser determinante, ni puede ser ocultado o escondido entre el aluvión de noticias orientadas y sesgadas. Hay que reivindicar el cambio social como eje de un discurso político de emancipación, en lo que se ha hecho y lo que todavía hay que ir logrando. Despegándose de la viscosidad de las informaciones del conglomerado industrial de la comunicación, per tocar caminant como aprendimos escuchando a Maria del Mar Bonet.

 

MAS Y MEJOR EMPLEO: LOS DATOS DE ABRIL

 

No podría este blog dejar de comentar los resultados estadísticos que se han conocido sobre las nuevas contrataciones y el número de desempleados en este mes de abril. Consecuencia evidente e inmediata del cambio legislativo que llevó a cabo el RDL 32/2021 en la reforma laboral que culminaba el compromiso con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia. De manera resumida, los datos de abril indican que se está creando empleo y que la contratación laboral por tiempo indefinido ha sufrido un inmenso acelerón respecto de lo que resultaba tradicional en un panorama caracterizado por la precariedad en el empleo, con contratos de corta duración y a término. Es decir, que hay más y mejor empleo en este país, pese a la desaceleración que la guerra en Ucrania y la crisis energética ha provocado en las economías de todos los países europeos.

Primero los datos, que aunque sean redundantes, revelan una tendencia muy acentuada. El primero, el descenso del paro registrado: El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de abril, ha descendido en 86.260 parados en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un -2,77%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 3.022.503. Respecto de hace un año, abril de 2021, el paro interanual ha descendido en 888.125 personas. Por vez primera, el 29 de abril se ha superado la cifra de veinte millones de personas afiliadas a la Seguridad Social – 20.098.119 en concreto – lo que indica un crecimiento de afiliación por encima de inmediatamente antes de la pandemia en febrero de 2020.

Con ser estos datos muy reveladores, lo más llamativo es el cambio espectacular que ha sufrido las estadísticas de las contrataciones iniciales, en donde jamás la contratación por tiempo indeterminado superaba el 10% del conjunto de los contratos celebrados. Por el contrario, en abril de 2022 se han registrado 698.646 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 48,18% de todos los contratos. Supone un incremento de 534.566 (325,80%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 1.767.836 contratos por tiempo indefinido hasta abril de 2022, representan un ascenso de 1.139.943 (181,55%) sobre el mismo periodo del año 2021. Es decir, que los contratos indefinidos representan casi la mitad del total de las contrataciones iniciales en este mes, uno de cada dos contratos realizados, lo que constituye un vuelco en la tendencia arraigada de nuestro mercado de trabajo confirmando por el contrario la tensión hacia la reducción de la temporalidad que denota una aceleración creciente mes a mes (En diciembre de 2021, previamente a la Reforma Laboral, los contratos indefinidos supusieron el 10% del total. Subieron hasta el 15% en enero, en febrero hasta el 22%, en marzo al 31 por ciento y en abril superan el 48%)

De estos contratos por tiempo indefinido, el 41% se han celebrado a tiempo completo, mientras que el 59% de los mismos lo ha hecho a tiempo parcial, una opción que no es prácticamente nunca producto de la opción voluntaria de las personas que trabajan. Y entre ellos el 26,5% de estos de contratos indefinidos lo han sido por conversión de contratos temporales de origen de obra o servicio determinado (una modalidad derogada por la reforma laboral) o eventuales por circunstancias de la producción, en una proporción de 40/60 entre ambos. Y la estacionalidad de la economía en los sectores intensivos en mano de obra (como la hostelería de manera emblemática), hace que el peso del contrato fijo discontinuo sea muy importante, casi un 30% de los contratos indefinidos.

En cuanto a los contratos temporales, además de un exiguo número de contratos formativos, el grueso de los mismos reposa sobre el contrato temporal por circunstancias de la producción, que supone el 73% del total de los contratos a término, mientras que el de sustitución alcanza un 14,6% de este conjunto. Es también importante comprobar que se aprecia en los contratos firmados en el inicio de 2022 un descenso del número de contratos de muy corta duración, tras la introducción de un nuevo desincentivo que incrementa la cotización del mismo. Los contratos de menos de 7 días han pasado de ser el 75,8% del total de los firmados en el mes de abril en los ejercicios previos a la pandemia a representar el 28%. Además, se constata la mayor supervivencia de los contratos: mientras que en años anteriores sólo el 8,4% de los contratos firmados desde el inicio del ejercicio seguían vigentes en marzo, ahora ese porcentaje llega al 46,7%. Esta tendencia a la reducción de los contratos de muy corta duración tras el desincentivo introducido en la reforma laboral se está acentuando a medida que avanzan los meses del año 2022.

Los datos de abril son excepcionalmente buenos y evidencian la eficacia inmediata de la modificación legislativa llevada a cabo en el RDL 32/2021. Quizá por eso mismo, han generado comentarios más contrariados que contrarios por parte de algún economista de cabecera del Partido Popular al que la existencia de los fijos discontinuos le parece una forma de ocultar la contratación temporal y la reducción del paro un efecto del dopaje de la economía por la creación de puestos de trabajo en el sector público, o, paradójicamente, del diputado estrella de ERC que recalca  el crecimiento de los contratos indefinidos a tiempo parcial y recuerda que el despido no se ha modificado y que por tanto despedir a los contratados por tiempo indeterminado saldrá barato a los empresarios. Ambos fueron, como se recordará, votos contrarios a la reforma laboral y por tanto hay que entender sus comentarios como una autojustificación de su opción política más que como una apreciación meditada sobre el significado de estos muy buenos resultados sobre el empleo y la contratación laboral.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales que avalaron con su firma el acuerdo que produjo la norma reformista valoran, como es natural, de forma muy positiva estos resultados. En especial los sindicatos, porque la tendencia acentuada a la restricción de la temporalidad como fórmula prioritaria de acceso al empleo, es un hecho especialmente relevante. En el conjunto de la afiliación a la Seguridad social, el 77% de las personas afiliadas tienen contratos indefinidos, lo que supone que ha crecido el porcentaje en contratos estables en 6 puntos más del porcentaje que había en 2020, al inicio de la pandemia, donde esta distribución era del 71% de indefinidos. La reducción de la tasa de temporalidad altísima de nuestro país, es un elemento extremadamente positivo.

Naturalmente que siendo un muy buen resultado, la situación del empleo tiene que seguir evolucionando hacia cotas más altas especialmente en lo que se refiere a la calidad del empleo. Tres millones de parados es una cifra alta todavía, aunque bordear el 13% de tasa de paro suponga exactamente la mitad del número de desempleados que se generó en 2013 y 2014 como directa consecuencia del ajuste de empleo que se produjo en virtud de las políticas de austeridad. La litigiosidad actual pasa por la confrontación sobre el salario y la lucha contra la carestía de la vida debida a la inflación provocada por la guerra y la crisis energética y de suministros que esta ha causado a las naciones europeas. Pero junto a ello, la extensión de las garantías de empleo que el RDL 32/2021 ha puesto en marcha, posibilitará una nueva forma de enfocar la administración de la relación de trabajo a partir de la forma-tipo de encuadramiento del contrato indefinido, con las garantías que la estabilidad en el empleo puede generar.

Por eso, en un contexto en el que la gran mayoría de las noticias se deslizan sobre los fenómenos de la corrupción o de violaciones de las libertades ciudadanas, los datos de abril traen a la opinión pública la prueba evidente de que una acción legislativa de progreso puede cambiar la vida de muchas personas y construir un marco institucional que posibilite el ejercicio de derechos individuales y colectivos de las y los asalariados frente al empresario y que reconstruyen su relación con el trabajo a través de una afirmación del principio de estabilidad en el empleo. Una constatación que sería muy importante extenderla y difundirla como ejemplo de la importancia de la acción colectiva y las políticas que la hacen realidad. Las manifestaciones del primero de mayo han puesto de manifiesto que el logro de más empleo de calidad que acompaña a la reforma laboral es un hecho que se valora muy positivamente por el colectivo de las personas trabajadoras. Pero esa percepción y su relación directa con la participación de los sujetos sociales representativos y de la acción política del gobierno, debe ser conocida y valorada por el resto de la ciudadanía como ejemplo de la eficacia real de las propuestas de cambio político y social. Es urgente proceder de esta manera.

 

MISCELÁNEA SOBRE EL PRIMERO DE MAYO

El primero de mayo es un día importante, de fiesta y de reivindicación (o en los dos sentidos). En este año además, se recupera la calle tras dos años de aislamiento debido a la pandemia. En esta entrada apresurada del blog se ha querido unir mediante una serie de testimonios tomados casi al azar, el pasado y el presente de este primero de mayo que revela como siempre la complejidad de un mundo profundamente desigual en el que la acción colectiva de mujeres y hombres por un horizonte emancipatorio sigue siendo la clave que explica y legitima la democracia.

El 1° de Mayo es, en todo el mundo, un día de unidad del proletariado revolucionario, una fecha que reúne en un inmenso frente único internacional a todos los trabajadores organizados. En esta fecha resuenan, unánimemente obedecidas y acatadas, las palabras de Carlos Marx: "Proletarios de todos los países, uníos". En esta fecha caen espontáneamente todas las barreras que diferencian y separan en varios grupos y varias escuelas a la vanguardia proletaria. El 1° de Mayo no pertenece a una Internacional es la fecha de todas las Internacionales. Socialistas, comunistas y libertarios de todos los matices se confunden y se mezclan hoy en un solo ejército que marcha hacia la lucha final.

J.C. Mariátegui. 1924

Durante más de un siglo, el 1 de Mayo viene siendo una jornada de lucha y reivindicación. Se trata también de una fiesta, la Fiesta del Trabajo o de los trabajadores. Representa, junto a la bandera roja quizás, la tradición más universal y persistente del movimiento obrero, con sólidos rituales en cada celebración local o nacional. El 1 de Mayo obrero simboliza la renovación anual de la fuerza de la clase trabajadora. Representa también la reformulación del ideal de cambio hacia una nueva sociedad.

J. Babiano, 1 de mayo. Historia y significado

Será un 1º de Mayo, como todos los años, de exaltación del orgullo de la clase trabajadora y la militancia sindical. Un día de reconocimiento y apoyo al trabajo de las nuevas generaciones de sindicalistas. Una ocasión para redoblar el llamamiento a las y los jóvenes trabajadores a la afiliación y a la militancia sindical que hoy precisa, más que nunca, de su coraje, de su espíritu de lucha y de su compromiso a favor de la justicia. De ello dependerá, y mucho, su futuro y el del conjunto de la sociedad.

Quim González Muntadas, Nueva Tribuna 2022

En este día confluirán en Colombia, la expresión de descontento e inconformidad ya debidamente registrados en el estallido social y cuya situación se ha recrudecido, pero adicionalmente será una oportunidad para que muchos sectores sociales, incluido el de los trabajadores y el sindicalismo, se vuelquen a las calles, de manera pacífica, a manifestarse a favor de la agenda política que el estallido social determinó  y que quien mejor la representa en esta campaña electoral presidencial es Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial de Francia Márquez.

Fabio Arias Giraldo, Las dos Orillas 2022

El 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, es la fecha reivindicativa y solidaria por excelencia en la que CCOO y UGT, queremos en primer lugar, reivindicar un nuevo orden mundial más justo que sitúe a las personas y su bienestar por delante de los intereses económicos de unos pocos.

Manifiesto CCOO UGT 1 mayo 2022

Después de dos años de restricciones por la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, el tradicional acto del 1º de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores vuelve a ser como en 2019, aunque con algunos cambios significativos, como el lugar. La idea de los dirigentes de la central de trabajadores es convocar a un acto “enorme” y que impacte, y por eso el estrado no estará en la plaza Mártires de Chicago, sino sobre Avenida del Libertador, casi Valparaíso. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que uno de los motivos de esta masividad que se espera es la “carestía galopante que afecta a la gran mayoría de la población”, debido al incremento de los precios y a la pérdida de salario real.

La Diaria, Uruguay, 2022

Sólo la democracia de confrontación basada en los valores de la Constitución puede salvarnos del desastre. Es decir, empezando por los derechos de los trabajadores. En un momento en el que la crisis de representación política también pone en tela de juicio y ataca el papel del sindicato, el único que puede hacer frente a la ahora explosiva cuestión social. Una democracia de control, a partir del proceso de producción aquí y ahora, de sus fines, a partir de los lugares de producción material e inmaterial. Y desde abajo por un nuevo modelo de desarrollo, que identifique inmediatamente las verdaderas alternativas energéticas y de ahorro, y las practique rechazando los pasos atrás (nuclear, carbón), por una verdadera transición ecológica que elija la cadena de la paz y no la de las armas, porque el desarme no es una cháchara de pacifistas "temerarios", sino una posibilidad real de trabajo nuevo y convertido. Y que asuma el principio de igualdad de intercambio y solidaridad entre los pueblos y no el principio actual de robo y despilfarro. La paz es ahora el primer conflicto sindical, el primer contrato que se gana. Feliz Primero de Mayo.

Tommaso di Francesco, Il manifesto, 2022