HA MUERTO DANIEL VIGLIETTI

Posiblemente a muchos de los lectores de este blog no les resulte muy familiar el nombre de  Daniel Viglietti, uno de los cantantes y compositores más interesantes de América Latina que hizo una labor constante de recuperación y de promoción del canto popular de aquella región. Viglietti era lo que nosotros llamábamos un cantautor, cuyas canciones se alineaban siempre del lado de los oprimidos y festejaban la libertad y el socialismo como la reivindicación y el sueño de miles de personas.

Daniel Viglietti era uruguayo y siempre se colocó al lado del Frente Amplio con la izquierda. Con la represión de la dictadura militar, fue encarcelado en 1972 y tuvo que exiliarse en Francia hasta su regreso a Montevideo en 1984, en un recital multitudinario que resultó inolvidable. Viglietti  formó parte de una generación de cantantes latinoamericanos únicos, cuyas obra estaban atravesadas por un grito de libertad frente a las dictaduras militares que país por país iban jalonando América Latina, desde Brasil a Uruguay, desde Chile hasta Argentina, dirigidas y sostenidas por el secretario de estado USA de infausta memoria, Henry Kissinger. Su propio nacimiento como cantante estuvo inmerso en los procesos sociales de Uruguay y de toda América, lo que se haría explícito en una de sus canciones más conocidas Canción para mi América, versionada luego por otros tantos cantantes como Mercedes Sosa.  

Defendía una canción popular que buscaba estar presente en todos los espacios posibles desde los tradicionales – la radio y la televisión, hasta que la censura se encargó de impedirle cantar allí – hasta los más informales, las calles, los centros campesinos y los sindicatos, las universidades. Fue un luchador por la libertad y el socialismo con una visión internacionalista, en línea con las ideas de la época de crear un frente cultural anti imperialista, lo que se sentía especialmente necesario en América Latina, tras el desembarco en Playa Girón de 1962 interpretado correctamente como un intento de impedir que un pueblo eligiera su propio destino en libertad, un camino revolucionario en su propio idioma. La canción así deviene un arma de contra-información que logra un alcance masivo, que se integra por tanto en una estrategia de cambio social y político como un importante elemento movilizador y creador de opinión contra hegemónica.

Viglietti trabajó también popularizando otros cantautores latinoamericanos que convergían en este movimiento multinacional, desde Violeta Parra  hasta Chico Buarque. En su disco Trópicos (que aun conservo) conocí por primera vez las canciones de éste y en especial Construcción, y las variaciones poéticas del accidente laboral que siempre recordaré como un ejemplo único de la relación entre la realidad alienada y el trabajo de tantos trabajadores. En esa época se produjo el recital que Daniel Viglietti hizo en el Teatro Monumental de Madrid, en 1974, todavía vivo el dictador. Posiblemente la fuerza subversiva del cantante se les escapó a las fuerzas policiales porque el recital se permitió y a él acudimos los que como yo todavía éramos estudiantes. Coreamos con fuerza algunas canciones – A desalambrar, con un bis – y ovacionamos algunas otras que descubrimos – Gurisito – y aquel tiempo dentro del teatro fue un espacio de libertad real. A la salida encontramos cientos de policías rodeando el teatro que cargaron inmediatamente contra los que salíamos entusiasmados del recital. Yo escapé por suerte de los porrazos y de ser detenido, gracias a la habilidad de un compañero que me indicó como escabullirnos por la plaza de Matute. Luego entraron en el Teatro, detuvieron a unos cuantos y Daniel Viglietti pasó la noche en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. Una muestra de la cotidianeidad del franquismo y su obsesión por acabar con la libertad.

Después de 1984, Viglietti prosiguió su actividad, difundiendo la música latinoamericana, construyendo la “Memoria Sonora de América Latina”, con un programa de radio semanal y a partir del 2004, otro en televisión. Pero lo más memorable es su trabajo “a dos voces” con Mario Benedetti, mezclando poemas con canciones. Dos gigantes en simultáneo. Su último disco, Trabajo de Hormiga, salió al público en el 2008, pero sus intervenciones y recitales públicos siguieron siendo muy solicitados y frecuentados.

Hoy tenemos la noticia de que ha fallecido en Montevideo en el curso de una operación quirúrgica. Un día triste porque se va una de esas personas que han acompañado nuestra historia y nuestros recuerdos emocionales desde hace mucho tiempo. Siempre quedará su canto nuevo para una América Latina insumisa y emancipada de las formas de sumisión y de violencia que la atenazan.

Un recital en Piriápolis  (Uruguay) en 2017

LA OPINIÓN DE CC.OO Y UGT ANTE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA Y LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE EXCEPCIÓN DEL ART. 155 CE

En momentos de crisis política grave como los que estamos viviendo, la postura de los sindicatos más representativos debe ser tenida en cuenta porque éstos son los representantes constitucionalmente definidos de los intereses económicos y sociales de todas las personas que trabajan en el Estado español. La práctica política del partido del gobierno y de éste mismo, junto con la actuación de los otros dos partidos que han hecho un bloque – unionista se les llama y alguno de ellos se autodenominan el bloque “constitucionalista” -, Ciudadanos y PSOE, ha ignorado por completo a estos sujetos sociales de amplia base representativa. Achicado el espacio de juego a los tres partidos que le garantizan una mayoría en el Parlamento, las decisiones sobre la “cuestión catalana” han partido de la exclusión real de casi un tercio de los representantes políticos que defendían una solución política negociada y que han sido críticos con la intervención represiva del gobierno en el referéndum del 1-O, además de la expulsión del tablero de juego del nacionalismo catalán. Los grandes medios de comunicación no juzgan conveniente – salvo algunas excepciones, como los de extrema derecha, para denunciar el “antiespañolismo” de UGT y CC.OO – dar cuenta de la postura sindical. Y sin embargo, se trata de una voz que debería ser atendida en lo que realmente supone respecto de la representación de los y las trabajadoras.

Los sindicatos más representativos en efecto han jugado un papel importante en la construcción del discurso en la opinión que acompañaba estas últimas etapas del proceso independentista. Han manifestado claramente su oposición al unilateralismo en el que el gobierno catalán y la mayoría parlamentaria que lo sostiene ha ido llevando adelante hasta su última etapa, con la declaración efectuada el viernes 27 de octubre. Pero a la vez han denunciado la intervención autoritaria y violenta de las fuerzas de seguridad reprimiendo la votación en el referéndum declarado ineficaz por el Tribunal Constitucional, y han insistido especialmente en la necesidad de una negociación y de un acuerdo que permitiera un tiempo de encuentros y de recomposición de las fracturas sociales que se están lacerando en Catalunya. Conforme avanzaban los acontecimientos, han sido UGT y CC.OO. partidarios de que el Presidente Puigdemont disolviera el Parlamento catalán y convocara elecciones como forma de detener la aplicación del art. 155 de la Constitución, aplazando al menos la adopción de esta decisión que se adoptaría, como asi fue, el propio viernes. Esta posición, en la que los sindicatos unían su voz a Catalunya en Comú, Podemos y las convergencias, PNV y una cierta parte del PSOE, lamentablemente no ha podido llevarse a efecto ante la decisión del hoy destituido Presidente de la Generalitat de no proceder a la misma. En cualquier caso, y como observan CCOO y UGT, esos requerimientos “han sido desoídos por los unos y por los otros” hasta llegar a la situación “más desagradable y traumática” que es la que afrontamos en la actualidad.

El caso es que ahora nos encontramos ante una declaración de independencia que no cuenta con los consensos políticos y sociales que requeriría – aunque tenga una amplia base de apoyo no mayoritaria – y la adopción por el Senado de la medida excepcional que supone el art. 155 CE que ha acabado directamente con el autogobierno catalán entre los estruendosos aplausos de los senadores del PP que han vitoreado al Presidente Rajoy como si fuera un gladiador romano en una lucha sine missione.  Un retorno a 1977, - libertad, amnistía y Estatuto de autonomía - con la desaparición de las competencias del gobierno autonómico y su sustitución por las autoridades de gobierno estatales. Éstas no obstante han querido reducir el tiempo de la excepcionalidad política y ha convocado elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, previa disolución del Parlamento catalán. Este hecho ha sido valorado desde la perspectiva sindical como la clave de una posible solución al desgarro social y político actual. Es criticable, sin duda que esa convocatoria la tenga que hacer el gobierno central en el marco de las medidas que abolen el autogobierno catalán, pero debe servir para que el pueblo catalán exprese su voluntad en estos momentos complicados y por esta vía comenzar la normalización de estos procesos.

Pero fundamentalmente CC.OO. y UGT insisten en que van a evitar por todos los medios a su alcance la confrontación social, sin que en consecuencia estén dispuestos a secundar medidas o propuestas que impliquen exasperación social y que puedan desembocar en estallidos de violencia. No es difícil entender que enunciando este compromiso, los dos sindicatos más representativos están implícitamente desautorizando la convocatoria de un paro cívico o huelga general – según la organización convocante – que se prevé durante 9 días a partir del 3 de noviembre.

Pero a su vez este compromiso contra la confrontación lleva consigo una advertencia al gobierno que a partir del viernes 27 de octubre, fecha de la resolución de la presidencia del Senado que aprueba las medidas propuestas por el gobierno en atención al art. 155 CE, y de la Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, “en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general”, ejercite esos poderes excepcionales “con mesura y prudencia”, o, como le indica el texto del Senado, efectúe “una utilización proporcionada y responsable” de las mismas. Los sindicatos entienden que el objetivo fundamental es el de lograr una cierta pacificación y normalidad social y nunca poner en práctica medidas que alteren la convivencia política y democrática de los catalanes.

Esta recomendación implícitamente se está dirigiendo a lo que Pedro Oliver recientemente ha definido como la importante gestión de la variable represiva / antirrepresiva tras los sucesos finales que han desembocado en la aplicación del art. 155 CE, que a su juicio van a resultar clave en su resolución. La nefasta intervención del Fiscal General del Estado en el caso de los dirigentes de ANC y Omnium cultural, acusados insólitamente de sediciosos y a los que se ha ingresado en prisión condicional, hace que en los medios de comunicación se dé por hecho que el presidente y los consejeros cesados serán acusados del delito de Rebelión y que se les encarcelará a la espera del cierre sumarial y el juicio oral. Algunos autorizados exponentes del Código Pena de 1995, como López Garrido, ha entendido que no cabe en este caso hablar de rebelión, que debe ser siempre violenta. Tampoco parece factible procesar a los diputados que han votado la independencia cuya inviolabilidad está garantizada en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Convenio de Roma de 1950, cuestión esencial que no tiene que ver con que, al haberse hecho votación secreta, no se sepa cuál ha sido el sentido del voto. En cualquier caso, si el gobierno estatal entiende que las listas electorales de los dos grandes partidos nacionalistas catalanes pueden estar trufadas de personas encarceladas, la percepción de lo que debe buscar esta medida excepcional está claramente errada.

En los próximos días seguiremos asistiendo al desarrollo de estos sucesos. Por el momento, parece que el presidente cesado ha venido a aceptar que la situación de excepcionalidad política que ha terminado con la autonomía política de Catalunya es irreversible, pero que frente a ella las mayorías sociales independentistas deben impulsar una política de resistencia pacífica cuyos detalles no se han explicitado. En esa dirección, sería por tanto posible concebir que la participación electoral el 21 de diciembre sería uno de los elementos centrales para mostrar la resistencia del independentismo y su fuerza electoral.

Lo que si es seguro es que los sindicatos han adoptado en este tema una postura clara y comprometida con los valores constitucionales del Estado Social de Derecho – que es la expresión constitucional y no la de “Estado de Derecho” como es bien sabido – y que apuestan por la virtualidad democrática de la consulta electoral del 21 de diciembre, a partir de la cual se debe abrir un espacio profundo de diálogo y de negociación, que sin duda debe llegar a la reforma constitucional en un sentido más amplio que el que algunas fuerzas políticas patrocinan, tomando partido decididamente por un Estado Federal como modelo.

Este es el texto del documento conjunto CC.OO y UGT:

Comunicado conjunto de CCOO y UGT a raíz de las decisiones adoptadas en el día de hoy en el Parlament de Catalunya y el Senado

UGT y CCOO hemos hecho reiterados llamamientos al diálogo para enfrentar la situación generada en Catalunya convencidos de que estamos ante un problema político que no se podía reconducir con medidas jurídico-policiales sino desde la negociación política.

En ese sentido hemos sido profundamente críticos con la posición que el Gobierno de España ha mantenido hasta la fecha.

Igualmente hemos criticado la estrategia rupturista adoptada por las formaciones que representan al independentismo en Catalunya.

Hemos llegado a plantear que la salida más razonable para configurar un nuevo marco que fuese más favorable a la negociación y el acuerdo pasaba por que el President de la Generalitat convocase elecciones anticipadas y que el Gobierno del Estado suspendiese la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Nuestros requerimientos han sido desoídos por unos y otros y hoy nos encontramos ante la situación más indeseable y traumática y que más riesgos entraña para la convivencia presente y futura entre ciudadanos y ciudadanas.

Ante esta situación, que podemos calificar de emergencia nacional, CCOO y UGT queremos manifestar:

1.- Rechazamos la declaración unilateral de independencia. La decisión adoptada por poco más de la mitad del Parlament de declarar la independencia se coloca claramente fuera de la legalidad constitucional y de los parámetros por los que se rige la Unión Europea. Esta es una estrategia de confrontación que puede tener funestas consecuencias en la convivencia y que UGT y CCOO no compartimos.

2.- Para CCOO y UGT en la situación creada con las decisiones adoptadas en el día de hoy lo fundamental es preservar la convivencia y evitar la fractura social. Por ello advertimos que no nos vamos a prestar a ninguna estrategia, venga de donde venga, que de una u otra manera conduzca a la confrontación.

3.-UGT y CCOO piden al Gobierno mesura y prudencia a la hora de aplicar las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros en el ámbito de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, situación a la que no se debería haber llegado nunca. Esa prudencia es esencial para evitar la confrontación social. La convivencia democrática y pacífica debe ser el objetivo último que todas más formaciones políticas y sociales deben perseguir, y en primer lugar el propio Gobierno.

4.- CCOO y UGT seguimos apostando por la reconducción de la situación presente a un clima de normalidad y convivencia mediante la celebración de elecciones al Parlament. En ese sentido la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre es un paso imprescindible para que los ciudadanos catalanes puedan expresarse democráticamente. Por eso nos reafirmamos en que la solución está en la celebración de las elecciones democráticas.

Pero la convocatoria de elecciones y el período que se abre hasta las mismas no puede convertirse un espacio de confrontación social. Todas las fuerzas políticas y sociales estamos obligados a hacer todo lo posible para que se convierta en un periodo presidido por el diálogo que permita encauzar este conflicto hacia una solución verdadera Que ponga los intereses de los ciudadanos y ciudadanas como el principal foco en el que situar todas las iniciativas.

En el medio plazo consideramos que las disfunciones que se han constatado en el actual Estado de las Autonomías podrían superarse a través de una reforma Constitucional que, entre otras medidas de carácter social y de profundización democrática, dé forma a un Estado Federal. Reforma Constitucional que deberá ser sometida a referéndum de la ciudadanía.

LOS ZOMBIS Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978

El diputado de Podemos Miguel Urban ha calificado en un tweet a Nicolás Sartorius, por un artículo publicado en El País, como uno de los “zombis del 78” que corren “al rescate del régimen monárquico”. Se trata de una imagen que ya había empleado en un artículo de hace un año escrito al alimón con Isabel Sierra sobre el Comité Federal del PSOE que eliminó a Pedro Sánchez antes de que éste volviera a escena como The revenant. En aquella ocasión los zombis - los viejos dirigentes del PSOE desde González a Rubalcaba -  iban al rescate del “Régimen” del 78, que no se reducía ya simplemente a un “régimen monárquico”. Se conoce que el eurodiputado encontró afortunada esta comparación con la película de culto de George A. Romero de 1968 y la ha reiterado un año después a propósito del artículo de Sartorius.

Por si alguien no lo recuerda, el artículo de Sartorius sostenía que el derecho de autodeterminación en la globalización, al margen de los debates  teóricos en los grandes pensadores de la izquierda socialista y comunista, era hoy contrario a una concepción alternativa del mundo y que en Europa constituía un error político fundamental apoyar la secesión de países como en el caso de Cataluña,  que pueden romper los procesos de integración económicos y políticos necesarios para poder afirmar una política en el espacio global que pretenda ser relevante. De esta manera la izquierda debería tomar partido decididamente contra estos procesos y no sostener el “derecho a decidir” que venía a ser una forma discreta de denominar un inexistente derecho a la autodeterminación de los pueblos en un sistema democrático. Como se puede ver, la temática del artículo, que buscaba desde luego provocar un debate sobre este tema, no tenía nada que ver con el rescate del régimen monárquico, ni desde luego se refería a la Constitución del 78 que parece ser la metonimia que la identifica con la monarquía, sino que discurría sobre el error político en el que a su juicio incurría la izquierda si asumía el derecho a decidir dentro de sus postulados estratégicos.

Denominar muerto viviente a alguien porque mantiene una posición política en contraste con lo que mantiene Podemos y las convergencias como un eje de su programa, denota una peculiar forma de entender la discusión y el debate ideológico. Pero además ligar la terrorífica imagen del zombie a quienes se sitúan en la órbita del constitucionalismo democrático e identificar esta postura con el sostenimiento de la monarquía no solo es una mala práctica ideológica que alimenta el sectarismo y clausura cualquier espacio de intercambio de análisis o propuestas, sino que es esencialmente torpe porque imputa a toda una generación que se identifica con la lucha contra la dictadura con unos seres sin voluntad que viven simbólicamente a través de la muerte de todos. 

Que el mensaje de 144 caracteres se refiera además a un personaje histórico, fundador de CCOO y condenado en el proceso 1001, que personifica de manera ejemplar una trayectoria democrática y antifranquista, directamente entroncada en el pensamiento emancipador del socialismo democrático revela finalmente que el eurodiputado de Podemos hace mucho tiempo que ha olvidado lo que significa integrar la discusión política en un proceso histórico que busca la acumulación de fuerzas para cambiar la explotación y el sistema de opresión violenta que caracteriza el capitalismo, y haría muy bien en disculparse públicamente por haber convertido el insulto en su forma de expresar su diferencia ideológica. Es importante que lo haga porque en ese tweet compromete directamente la imagen del partido por el que ha resultado elegido europarlamentario.

ANDALUCIA POR EL DIÁLOGO EN CATALUNYA

La "cuestión catalana" ha dado lugar a una serie de pronunciamientos sobre la misma de personas o grupos profesionales al margen de las tomas de postura de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales y que de ordinario venían a deslegitimar el referéndum convocado en Catalunya como un acto sin garantías democráticas o a señalar los elementos inconstitucionales del proceso especialmente a partir de la sesión del Parlamento catalán de comienzos de septiembre. Acaba sin embargo de hacerse público un manifiesto especialmente interesante y peculiar porque procede de una buena parte de la intelectualidad andaluza que toma partido en el debate político actual por el diálogo que desemboque en un referéndum pactado y en la apertura de un proceso constituyente que reforme la estructuración territorial de nacionalidades y regiones en el Estado español, y lo hace desde la experiencia democrática de la movilización para lograr el autogobierno de Andalucía de hace cuarenta años. El manifiesto no será considerado con el valor que le corresponde en medio del vendaval de noticias y opiniones que se están leyendo en estos días, pero es sin duda alguna un documento que se debe conocer y valorar por la ciudadanía de este país en el contexto concreto en el que nos hallamos. El origen y la reivindicación andaluza para comprender el problema catalán y la propuesta de solución a través del diálogo, la negociación y la obtención de un nuevo compromiso constitucional es un hallazgo político y democrático de extrema oportunidad y relevancia. La lista de firmantes, que se reproducen con el texto a continuación, reúne a intelectuales y profesionales admirados y estimados, aunque apenas incorpora activistas sociales y sindicalistas. Cabe sin embargo adherirse al manifiesto, y aún es tiempo para cubrir esa laguna, porque los objetivos reivindicados en este texto son convergentes con la posición que CC.OO. y UGT han hecho pública ya en el documento del 19 de octubre. En efecto, el texto del Manifiesto y la posibilidad de adherirse en http://www.andaluciaporeldialogo.com/#firmar . 

ANDALUCIA POR EL DIÁLOGO

 El 4 de diciembre se cumplen 40 años de las manifestaciones masivas que hicieron a todo el país mirar a Andalucía. Este proceso de movilización previo a la redacción de la Constitución española obligó a los constituyentes a arbitrar un mecanismo para que Andalucía pudiera decidir el estatus de su autogobierno. En el trienio andaluz del 77 al 80, Andalucía reivindicó en las calles que no queríamos ser una región sino una nacionalidad histórica como la que más. Conquistamos el referéndum del 28 de febrero de 1980 siendo los únicos en demandarlo y en superar las duras cláusulas del artículo 151 de la Constitución. El esfuerzo del pueblo andaluz fue titánico y costó vidas humanas. En la manifestación del 4 D en Málaga perdió la vida el joven sindicalista Manuel José García Caparrós a manos de la policía del franquismo, en un contexto en el que la extrema derecha y el fascismo campaban a sus anchas, armados e impunes por las calles de nuestra tierra. 40 años después sigue vigente una deuda con el pueblo andaluz, con su memoria, con su presente y con su futuro.

Pero en estos días el centro de atención del debate territorial está en Cataluña. Se trata de la expresión más cruda de una realidad subyacente, la crisis del modelo territorial y la necesidad de abrir un proceso constituyente o nuevo pacto constitucional. Desde Andalucía queremos hacer un llamamiento al diálogo y a la resolución democrática del conflicto y entendemos que deben dar un paso atrás las voces que pretenden conducir una crisis constituyente hacia una salida represiva y recentralizadora. Por otra parte, creemos que es un error pensar que lo que tenemos delante es un choque de trenes que observamos desde un andén y que las consecuencias de una mala resolución de la crisis nos caerán encima como una pesada losa. Una merma del autogobierno, es más, el no desarrollo del mismo y la entrada en lógicas recentralizadoras, los giros autoritarios, la aplicación de medidas coercitivas policiales, penales y judiciales, la tolerancia con la abierta y creciente expresión del fascismo en las calles, son efectos que desde Andalucía no queremos asumir. No queremos que se utilice a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una batalla que es y siempre debió ser política y democrática. No queremos a nuestros vecinos, hermanos e hijos, muchos andaluces, sometidos a las órdenes irresponsables de mandos políticos contra el ejercicio de libertades civiles básicas en Cataluña. No queremos que se repitan las imágenes del 1 de octubre ni queremos seguir viendo a los responsables políticos metidos detrás de una barricada discursiva irresponsable y belicista con la calculadora de votos en la mano.

Desde Andalucía pedimos fraternidad, diálogo y mediación . En Andalucía sacamos la bandera blanca de la paz pero también la verde de la esperanza. Andalucía tiene mucho que decir en un eventual proceso de cambio constitucional. Albergamos la esperanza de que esta crisis se pueda cerrar con un diálogo abierto, democrático y participativo que nos conduzca a una resolución de la crisis territorial en clave de defensa de nuestro autogobierno y avances en la descentralización en unos momentos en los que los centros de decisión cada vez están más alejados de la célula básica de representación popular que son los ayuntamientos. En Andalucía necesitamos protagonizar también este debate , hacer un balance riguroso de 40 años de nuestra irrupción como pueblo con aspiraciones políticas y proyectar una nueva Andalucía de la que nuestros hijos e hijas no tengan que marcharse para ganarse el pan. Y queremos hacerlo sin perder la memoria, reconociéndose como lo merece la fecha del 4 de diciembre como día del pueblo andaluz para conectar a la sociedad andaluza con sus aspiraciones históricas, aspiraciones más vigentes  que nunca, ya que para ejercer la ciudadanía es necesario ejercitar la memoria colectiva. Y queremos hacerlo sin hacer dejación de funciones de las tareas y compromisos adquiridos por parte de los poderes públicos con el pueblo andaluz plasmados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y queremos hacerlo de la mano de la familia de Manuel José García Caparrós, que lleva 40 años exigiendo el fin de la impunidad de su asesinato.

Y es por ello que:

Apostamos por la resolución de la crisis catalana por la vía del diálogo y, si fuera necesario, por la vía de la mediación , para acordar un referéndum con todas las garantías democráticas.

En todo caso, auspiciamos desde Andalucía la apertura de un proceso constituyente en el que, sin precipitaciones y sin miedos, podamos debatir y decidir sobre el modelo de Estado, sobre sus instituciones, sobre nuevos marcos de autogobierno que Andalucía necesita, sobre la garantía de los derechos sociales recogidos en el texto del 78 y sobre el nuevo marco de derechos sociales, de género, ambientales, culturales, étnicos y de capacidades diversas que queremos legar a las siguientes .

Haremos cuanto esté en nuestra mano para evitar que esta crisis se resuelva por una vía recentralizadora, represiva y autoritaria alentadora de posiciones reaccionarias que no dejan de crecer en el marco europeo

Reivindicamos el lugar que la historia de Andalucía merece por la vía del reconocimiento del 4 de diciembre y la memoria, justicia y reparación de las víctimas de nuestras libertades empezando por Manuel José García Caparrós.

Andalucía es el sur del encuentro y hace suya la vinculación democrática a la conquista del derecho a una vida digna , al buen vivir, en una aspiración a la igualdad y justicia social como imperativos éticos que nos apelan como pueblo.

Y es por ello que nos unimos en nuestra diversidad desde Andalucía para lanzar este mensaje a la sociedad y a los poderes públicos.

Andalucía, 24 de octubre de 2017

SUSCRIBEN EL MANFIESTO

LITERATURA

José Manuel Caballero Bonald

Escritor

Ángeles Mora

Escritora

Luis García Montero

Escritor

Juan de Loxa

Poeta

Miguel Ángel García Argüez

Poeta y autor de coplas de Carnaval

Manuel Ruiz Romero

Biógrafo de Blas Infante

Antonio Manuel Rodríguez

Escritor y profesor de la Universidad de Córdoba

Andrés Sopeña Monsalve

Autor de El Florido Pensil. Profesor de Derecho de la Universidad de Granada

Felipe Alcaraz

Escritor

 PINTURA

Rogelio López Cuenca

Pintor

Andrés Vázquez de Sola

Pintor

 MÚSICA

Kiko Veneno

Músico

Lara Bello

Cantautora

Lucía Sócam

Cantautora

Juan Pinilla

Cantaor

Reincidentes

Grupo de Rock

Amaranta Cano

Productora y fundadora de la Asociación por la Memoria de Carlos Cano

Emilio Muñoz Titos

Músico

JURÍDICO Y ACADÉMICO

José Chamizo

Defensor del Pueblo Andaluz 1996-2013

Baltasar Garzón

Jurista

Amparo Díaz Ramos

Abogada especialista en igualdad y violencia de género

Pastora Filigrana

Abogada y activista gitana

Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Alejandro Ruiz Huerta Carbonell

Profesor de derecho constitucional de la Universidad de Córdoba y Fundación Abogados de Atocha

Joaquín Urías

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional

Ana Alcázar Campos

Profesora de Trabajo Social. Universidad de Granada

Octavio Salazar

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba

Blanca Rodríguez

Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

José Antonio Pérez Tapias

Profesor de la Universidad de Granada

Emma Martín Díaz

Catedrática de la Universidad de Sevilla. Antropología Social

Carlos Arenas Posadas

Historiador

Francisco Garrido

Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Jaén

Francisco Sierra

Catedrático de la Universidad de Sevilla

Manuel González Molina

Catedrático de la Universidad Pablo Olavide

Manuel Hijano del Río

Profesor de la Universidad de Málaga

 CINE Y TELEVISIÓN

Pilar González

Tertuliana de radio y televisión

Salvador Távora

Actor y Director de teatro

Juan Diego

Actor

Antonio de la Torre

Actor

Manolo Solo

Actor

Pedro Casablanc

Actor

Mercedes Hoyos

Actriz

José Manuel Seda

Actor

Benito Zambrano

Director

Alberto Rodríguez

Director

Jesús Armesto

Director

Rafael Cobos

Guionista

Santiago Amodeo

Director

Mariano Agudo

Director y Documentalista

Pilar Távora

Directora

Jesús Ponce

Director

Mercedes Moncada

Directora

Miguel Rosales

Director

Francisco Romero

Montador

Mercedes Cantero

Montadora

Daniel de Zayas

Sonidista

Miguel Paredes

Productor

Esther Vaquero

Vestuario

YOUTUBERS

May R Ayamonte

Escritora, booktuber y activista feminista

Tigrillo

Youtuber, periodista y activista LGTBI

ACTIVISMO Y SINDICALISMO

Mar Cambrollé

Activista trans

Maria del Carmen Romero Linares

Activista sanitaria

Sandra Heredia

Activista gitana.

Miguel Montenegro.

Secretario General de la CGT-A

 RELIGIÓN

Andrés Avelino

“Cura de Pescadores”

FIRMAS DE HONOR

Hermanas de Manuel José García Caparrós

El texto del Manifiesto y la posibilidad de adherirse en http://www.andaluciaporeldialogo.com/#firmar

INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y EXCLUSIÓN POLÍTICA

Son momentos difíciles para el modelo constitucional de 1978 (lo que un sector de la izquierda se obstina en denominar “régimen”, confrontándose generacionalmente con una parte de sus votantes que valoran muy positivamente el logro democrático que la Constitución supuso). Son días en los que se reivindica el Estado de Derecho, ignorando los otros dos adjetivos fundamentales que acompañan a esa fórmula, la de Estado democrático y Estado social. La puesta en peligro de la cohesión social, que recientemente ha denunciado como un riesgo más que probable Javier Pacheco, secretario general de la CONC, (en la foto que abre este post) es uno de los elementos definitorios de la actuación pública a la que obliga el art. 1º de la Constitución, y la componente democrática – manifestada en el juego de la mayoría obtenida electoralmente – debe valorarse en su conjunto, no unilateralmente como ahora ha sucedido por cada uno de los dos polos en liza. Atender a la consideración del estado democrático obliga a encontrar puntos de equilibrio entre diferentes posiciones que han obtenido un respaldo electoral – aunque no en votos – mayoritario, cuando estas posturas se encuentran en conflicto, como sucede ahora ásperamente en Catalunya.

El Estado español, a través de su gobierno y con el apoyo mayoritario de PP, Ciudadanos y sorprendentemente el PSOE, ha decidido aplicar una fórmula de intervención de la autonomía de Catalunya, como forma de solventar el conflicto que se había ido planteando durante los últimos meses y que se había recrudecido en torno a la convocatoria y realización del referéndum el 1º de octubre. Se trata de una intervención muy incisiva, que impide la actuación del gobierno autonómico y lo sustituye por el gobierno del Estado, destituyendo a sus miembros, restringe intensamente las competencias del Parlamento de Catalunya, no permitiendo que éste lleve a cabo sus principales funciones, y suspende el derecho de sufragio de los ciudadanos de Catalunya por un periodo en principio de seis meses pero determinable en razón de las circunstancias que se desarrollen. Además de ello interviene los medios informativos públicos dependientes del gobierno autonómico y los reemplaza por los nacionales. Es por tanto, frente a lo que insisten una y otra vez los portavoces de las fuerzas que han sostenido esta intervención, una suspensión efectiva de la autonomía de Catalunya cuya gestión política ahora se sustituye por la que efectúe el gobierno central. Es previsible que, como han mantenido varios especialistas, la aplicación del art. 155 CE que se ha hecho por parte del consejo de Ministros del 21 de octubre haya excedido los límites que la Constitución preveía a la hora de aplicar esta medida excepcional, pero este es un tema que actualmente no tiene mucho recorrido ante la inmediatez de los hechos consumados a partir de la decisión del Senado el próximo viernes 27 de octubre.

Lo que puede resaltarse en torno a la decisión de la intervención por el Estado de la autonomía de Catalunya es el sentido de la misma que ciertamente debe preocuparnos a todas las personas demócratas de este país porque pone en juego una versión de los equilibrios constitucionales establecidos en el modelo constitucional que en gran medida los niega y subvierte. En concreto, igual que la reforma constitucional del art. 135 CE  de junio de 2011 (pactada por el PSOE y el PP sin acudir al referéndum ciudadano que una modificación de este tipo requería) implicó una alteración sustancial del concepto de Estado Social que dirigía el entramado de las políticas públicas y les daba sentido, la aplicación ahora del art. 155 CE pone en riesgo el modelo de contrapesos que sostenía el reconocimiento de ciertas facultades de autogobierno a determinadas regiones de España organizadas como comunidades políticas dentro del Estado español y denominadas de manera diferente en el art. 2 de la Constitución como “nacionalidades” y “regiones”, lo que daba pie a un tratamiento asimétrico en la extensión de la autonomía de las mismas. Las analogías entre las consecuencias de la reforma del art. 135 CE y la aplicación del 155 CE no acaban aquí. Porque la introducción de la regla del equilibrio presupuestario y el pago de los intereses de la deuda junto con el factor de sostenibilidad en las pensiones y el recorte del gasto público no sólo implicaba la absorción de las políticas públicas por las directrices del mercado financiero y el abandono del compromiso hacia la nivelación social a la que estaban comprometidas tanto por la cláusula del Estado Social como por el texto del art. 9.2 de la Constitución, sino también una exclusión decidida en la forma de abordar esta reforma de cualquier interlocución con los agentes sociales que constitucionalmente – según recoge el art. 7 CE – tienen que defender institucionalmente los intereses económicos y sociales de la ciudadanía española.

En el modelo de integración territorial que marca la Constitución subyace la existencia de un fenómeno específico, la del nacionalismo catalán y vasco ante todo, que daba existencia a formas de expresión política propias, que reivindicaban su pertenencia a naciones sin Estado – “nacionalidades” -  y encontraban por tanto un momento de equilibrio satisfactorio en la solución, que se entendía abierta y evolutiva, del texto constitucional. Estas formas políticas del nacionalismo vasco y catalán, que correspondían a sectores de clases medias y de fuerzas económicas potentes y activas, han mantenido tradicionalmente la estabilidad de los gobiernos de centro izquierda (PSOE) de centro derecha (UCD) y de derecha (PP) que han formado los partidos de ámbito estatal, como ha recordado Javier Pérez Royo. Su implicación por tanto en el sostenimiento de la gobernanza del Estado español ha resultado extremadamente útil para la misma, y ha permitido que en los momentos en los que los resultados a nivel estatal no se resolvían en la obtención de las mayorías absolutas que propiciaba el sistema electoral, el nacionalismo catalán y vasco los compensaran mediante su apoyo para conseguir las mayorías requeridas para formar gobierno.

Esta peculiaridad del sistema político constitucional español tiene también su reflejo sindical. En nuestro país, existen opciones sindicales que solapan la identidad nacional con la identidad de clase y entienden que la acción de tutela de los intereses de los trabajadores de una nacionalidad dentro del Estado español se ejercita de manera más eficaz a través de una forma sindical que privilegia la pertenencia nacional de este colectivo sobre la consideración de una solidaridad directa entre las y los trabajadores del resto del Estado español. Esta relación inmediata entre el componente de la identidad nacional y la forma organizativa del sindicato, suele acompañarse de una conexión paralela entre las opciones políticas presentes en el campo nacionalista y sus expresiones sindicales, y en algún caso como en el de ELA/STV tiene una componente histórica notable que le hizo, ya en 1973, ser miembro de la CES pese a que según los estatutos de la confederación europea, solo se aceptaban organizaciones sindicales de ámbito estatal. Sin duda por eso el sindicalismo más representativo de comunidad autónoma (como se denominará legalmente a partir de la LOLS) introducirá esta temática de manera permanente en el campo de las relaciones laborales y en el juego del pluralismo sindical, compitiendo por obtener la hegemonía cultural e institucional en dicho marco. Como es sabido, el fenómeno del sindicalismo de nacionalidad es extremadamente potente en el País Vasco, donde ELA y LAB representan en su conjunto a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de esta comunidad autónoma, y más débil en Navarra, donde no alcanzan sin embargo una posición dominante, así como en Galicia, donde la CIG tiene un relevante reconocimiento en su posición representativa, pero sin obtener la mayoría en el conjunto de los trabajadores representados.

Sin embargo en Catalunya este componente identitario no ha producido una forma organizativa separada y el sindicalismo confederal sigue siendo la referencia indudable de la representación de la clase trabajadora y de la ciudadanía social de ese territorio. El empleo de una relación confederal entre la CONC y la C.S. de CC.OO. en donde la autonomía de aquella se acompaña de la solidaridad directa entre los trabajadores marcados por el perímetro del Estado ha sido relevante para obtener ese resultado, como también, efectivamente, la introyección en el esquema de acción de la identidad nacional catalana como una identidad múltiple que se compagina con la pertenencia a la clase y a la solidaridad entre aquellas y aquellos que trabajan en el resto de los territorios del Estado español, es decir, que el sindicato asume la identidad  nacional   a la vez que es “plenamente consciente de la comunidad de intereses de los trabajadores y trabajadoras de los distintos pueblos del Estado español, y de los deberes de solidaridad y coordinación respecto a ellos”. Este es un dato importante en orden a calibrar que las tensiones políticas sobre la autonomía catalana necesariamente tiene que generar tensiones en el interior del sindicato porque ese componente nacional es importante en la definición de los principios de acción sindicales que parten de una visión plurinacional del Estado – “la acción sindical se desarrolla en el seno de la nación catalana, una de las que configura el Estado plurinacional español” – y que se declara partidaria “del desarrollo progresivo del marco constitucional y del Estatut d’autonomia desde el respeto a las aspiraciones de la ciudadanía a decidir, expresadas de forma amplia y democrática, como manera de avanzar hacia el ejercicio del derecho a la autodeterminación, todo ello desde el punto de vista del pleno autogobierno para Catalunya”, pero ello no construye una relación de segregación respecto del Estado, sino que genera relaciones de coordinación y de integración solidaria.

Lo que en este momento se está produciendo en el proceso de deterioro político al que llevamos asistiendo es a un movimiento constante de exclusión del nacionalismo catalán del modelo de gobernanza vigente, es decir, la consideración de esta forma de expresión política como antagónica y por tanto marginada respecto de la  conducción de las condiciones financieras, sociales y administrativas que permiten adoptar las decisiones de gobernabilidad consiguientes y poder ejercer la autoridad y la fuerza del Estado. Hasta el momento, este tipo de manejo de la gobernabilidad excluía a la izquierda política solamente, pese a que ésta tiene una representación muy relevante en los órganos parlamentarios, y se manifestaba en su continua marginación tanto de la toma de decisiones importantes sobre la Unión europea o los más relevantes asuntos de estado, como en el veto continuo a las iniciativas legislativas en sede parlamentaria que el gobierno ha ido efectuando desde el comienzo de la legislatura, que alcanzan ya la enorme cifra de 46 proposiciones vetadas. A partir del comienzo de la crisis de Catalunya, a esta postergación se añade la del nacionalismo catalán en su conjunto, es decir, en todos los matices que en estas posiciones están presentes. Es posiblemente, como ha señalado en sus lúcidos comentarios Sebastian Martín, una opción por una lógica de gobierno basada en el señalamiento del enemigo como paso previo a la búsqueda de su eliminación en términos políticos, que sin embargo puede que no obtenga tan rápidamente ni tan eficazmente los resultados deseados. Pero es también un paso adelante en la redefinición restrictiva de las posibilidades del texto constitucional que pretende modificar el contrapeso de vectores de fuerza que se establecía a partir de 1978 respecto de esa peculiaridad de nuestro sistema democrático respecto de las identidades nacionales fuertes con expresiones políticas de amplia implantación.

Que este paso adelante en la degradación del modelo democrático lo haga el gobierno del PP no es de extrañar, puesto que además con ello está consiguiendo anular el impacto mediático de tantas otras noticias que cuestionan su tarea de gobierno y la propia honorabilidad de las siglas de su partido, inmerso en una espiral de asuntos judiciales por corrupción y porque es coherente con una larga estela de ataques a la autonomía catalana a partir de la impugnación del Estatuto de autonomía votado y aprobado por el parlamento español y por la ciudadanía de Catalunya, que dio inicio al proceso de desencuentro y de humillación de los planteamientos catalanistas. Que lo hagan dos partidos democráticos como Ciudadanos – y éste con especial saña  - y el PSOE, es decepcionante. Ambos además habían anunciado una modalidad “soft” de la aplicación del art. 155 CE que se resumía fundamentalmente en la preparación de la convocatoria de elecciones para enero de 2018, que sin embargo ha sido desmentida por el Consejo de ministros sin que ambas formaciones políticas hayan entendido que podía ser importante para el sistema democrático expresar alguna crítica al respecto. La posición del PSOE complica de manera considerable la posición del PSC en Catalunya y deja sola a la izquierda en una vía de búsqueda del diálogo y de la negociación que es realmente la única salida posible. Como señalaba el comunicado conjunto de CCOO y UGT del 19 de octubre, se trata de una situación límite cuya única solución es el diálogo, y los partidos con sensibilidad social y democrática como el PSOE tenían que haber hecho suyo esa petición del sindicalismo confederal.

En esta semana asistiremos por tanto a más movimientos “en el límite”, inmersos en una situación de excepción que anula el principio de autonomía reconocido en el art. 2 de la Constitución y que excluye de manera agresiva al componente político representativo del nacionalismo catalán que ha sido determinante del equilibrio político en la historia reciente de nuestra democracia. Este impulso autoritario que ignora la necesidad de abrir espacios de negociación que puedan conducir a la reforma de la Constitución y a la pactación de un mecanismo de consulta sobre la autodeterminación de Catalunya, resultará un fracaso político y producirá nuevos escenarios de enfrentamiento y de conflicto con mayores dosis de enconamiento. Hay que preservar principalmente el espacio de las relaciones laborales y de la ciudadanía social como un lugar relativamente inmune a estas pulsiones destructivas. El componente nacional está inmerso en él, y es conveniente que no rompa los delicados equilibrios que se tiene  que efectuar en una visión socio-política de la acción sindical en medio de una profunda división sobre la integración de Catalunya en el marco territorial del Estado español. Esta es una preocupación que debe ser prioritaria también desde la perspectiva confederal, a mi juicio.