60 AÑOS DEL CONVENIO 87 OIT SOBRE LIBERTAD SINDICAL: JORNADAS ARGENTINAS

Se cumplen 60 años de la adopción del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical, uno de los que esta organización ha introducido entre los principios y derechos universales que configuran la noción del trabajo decente.

En Latinoamérica, la vigencia de la libertad sindical es siempre incierta. En ocasiones, como en el caso colombiano, por la violencia y la muerte; en otros por una estructuración antisindical de la legislación que impide el crecimiento del sindicato como en Chile o en Perú. En otros países sin embargo, el problema se plantea en torno a la representatividad y ya no a la representación. Es el caso de Argentina, donde la personería gremial se otorga a una sóla central y se niega insistentemente a la muy representativa CTA, en clara violación del convenio 87 OIT. Esta situación debe terminar, y parece en efecto que el gobierno argentino está inclinado a reconocer la dualidad representativa de las centrales sindicales en su país, obedeciendo por fin las recomendaciones del CLS de la OIT al respecto. A esta finalidad quiere cooperar las jornadas internacionales que la Facultad de Derecho de Buenos Aires organiza los días 25 y 26 de septiembre y en las que participa la práctica totalidad de la componente público-colectiva del iuslaboralismo argentino ( Gianibelli, Meik, Meguira, Piasek, Rozenberg, García, pero también Ackerman, Rial, Recalde, Topet, Simón) junto a invitados uruguayos (Garmendía) y españoles (Monereo, Moreno, Baylos).

Si se confirma esta real apertura de la República Argentina a la libertad y a la democracia sindical, en esa nueva etapa resulta fundamental avanzar en la discusión sobre la introducción de la acción sindical en los lugares de trabajo, evitando que el sindicato se configure como una pura instancia de mediación en el mercado de trabajo a través de la regulación de las condiciones de tiempo de trabajo y remuneración del mismo. Este es el objetivo de otras jornadas que anteceden a las anteriores y que organiza el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Tratan de la libertad sindical en el lugar de trabajo y en ella interviene, desde la experiencia española y europea, Baylos, y la ligan con la realidad argentina los profesores y abogados Gianibelli y Meguira.

De todo ello dará cumplida cuenta el órgano de prensa de la Escuela de Relaciones Laborales de Parapanda, Karl Korsch Review, en sus próxima salida otoñal.

PANORAMA LABORAL CHILENO (DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

Pasa el tiempo y cada vez más es urgente hablar de América Latina. Después del 11 de septiembre, Chile puede ser el primero de los países sobre los que conocer su realidad laboral, más allá de los elogios médiáticos a su equipo de gobierno y a su Presidenta. El siempre inquieto y activista Pedro Guglielmetti ha proporcionado este ínforme al Colectivo de Juristas Inquietos y Desconfiados de Parapanda. El texto está redactado con la frialdad del tecnócrata, pero la visión que ofrece del país es realmente inquietante.


En todo Latinoamérica, los complejos problemas en materia de desestructuración productiva, de incremento de la pobreza, de ser el continente más desigual en materia de distribución de ingresos en el mundo, de precarización, segmentación e informalidad de su fuerza de trabajo, etc., se constatan, entre muchos otros estudios, en los Informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el cumplimiento de las Metas del Milenio de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (2005), en la “Agenda Hemisférica de Trabajo Decente para las Américas 2005-2015 del Director General de la OIT (Brasilia 2005), en el Informe del PNUD sobre “La Democracia en América Latina, una democracia de ciudadanas y ciudadanos” (2004), etc.

En Chile, en particular, más allá de los avances significativos en la lucha contra la pobreza y la indigencia a partir de los esfuerzos redistributivos y de las políticas sociales impulsadas por los gobiernos democráticos, la problemática socio-laboral se ha agravado, a pesar de los éxitos en materia de indicadores macroeconómicos y de empleo. Ello se debe a las falencias generalizadas en particular en Chile, de adecuadas y relevantes políticas públicas en el ámbito del trabajo y de las relaciones laborales.

Gran parte de los problemas sociales que aún nos aquejan, entre ellos la persistente desigualdad de los ingresos, las carencias en el ámbito de la seguridad social, la precariedad tanto de la relación laboral con empleos mayoritariamente inestables y de muy corta duración como en las condiciones materiales y sociales de trabajo, las bajas remuneraciones de trabajadores y trabajadoras, etc., se encuentran íntimamente relacionados con importantes deficiencias en el sistema o marco normativo de relaciones laborales vigente, en particular en el ámbito de la negociación colectiva, así como en políticas públicas y sociales que no han logrado avanzar en la gestación de una cultura de diálogo social.

En el ámbito institucional, por ejemplo, a pesar de las sucesivas reformas legislativas aprobadas por el Congreso Nacional con la finalidad de mejorar los niveles de protección y de eficacia de las normas legales, de modernizar las relaciones laborales elevando la calidad de los empleos, y de promover el fortalecimiento de las organizaciones sindicales - consustancial a un adecuado desarrollo de la negociación y la autonomía colectiva - las distintas fuentes estadísticas arrojan resultados muy insatisfactorios.

En el período comprendido entre los años 1990 – 2006, la Encuesta CASEN constata un aumento desde un 18% a un 24 % promedio de trabajadores y trabajadoras sin contrato escrito de trabajo y sin el entero de sus cotizaciones a los sistemas de seguridad social. Sólo un tercio de los empleos califican como decentes conforme a estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, de acuerdo a estadísticas del seguro de cesantía (2002 - 2006), con cerca de 4.000.000 de trabajadores/as afiliadas, la duración media de los nuevos contratos bordea los cuatro meses, dando cuenta de una gran inestabilidad y de una altísima rotación en los empleos.

En materia de relaciones colectivas el panorama es aún más negativo en tanto muestra un sostenido debilitamiento del actor sindical con la consecuente marginalidad de la negociación colectiva como instrumento de autorregulación de las relaciones laborales. En efecto, durante el año 1991, antes de cualquier modificación legislativa al Plan Laboral del régimen militar, la afiliación sindical alcanzaba al 16.7% de los ocupados (excluidos los asalariados del sector público); al 2006, en cambio, y tras tasas de afiliación anuales cercanas al 10%, sólo un 12.2 % de los y las trabajadoras ocupadas se encontraba organizado. La baja afiliación se agrava con el fenómeno de la atomización sindical; así, durante el período 1990 - 2006, el número de sindicatos se incrementó en 111%, su tamaño medio bajó desde 89 a 35 socios y el porcentaje de organizaciones en receso supera - en la actualidad - el 53%. Como consecuencia y en estrecha vinculación con lo anterior, cada vez son menos los trabajadores y trabajadoras que negocian colectivamente. Durante el año 2006, en una tendencia constante a la baja, el número de asalariados/as cubiertos bi -anualmente por algún tipo de instrumento colectivo era menor al 8%. Durante el año 2006, la tasa de sindicalización promedio de los ocupados, excluyendo a los asalariados públicos, fue de 12,2%. Al distribuir por rama de actividad económica se puede observar que “Minería”, “Transporte” y “Electricidad” son los sectores que tienen mayor tasa de sindicalización, pero que, sin embargo, agrupan tan sólo el 11% del total de los ocupados. La gran atomización sindical se refleja en la existencia de más de 19 mil sindicatos vigentes, unida a la increíble cifra de 35 personas promedio por sindicato.

Por último, la realidad económica y los antecedentes estadísticos en materia de ingresos señalan que si bien ha disminuido la pobreza producto de las políticas sociales de los Gobiernos Democráticos, aún en períodos de alto crecimiento económico ello no ha logrado verse reflejado de manera equivalente en el incremento de los salarios ni en los ingresos del trabajo; el 79% de éstos no superan los 300.000 pesos chilenos (menos de 600 USD $).

CURSO DE DOCTORADO PARA MAGISTRADOS BRASILEÑOS ( TERCERA EDICIÓN)

Terminado el verano, el blog se reactiva suavemente. Este primer reencuentro post-vacacional, se dedica al comienzo de una nueva fase del curso de Doctorado ( y Master ) que en la UCLM se realiza de manera bianual para magistrados de trabajo brasileños a través de la Asociación Nacional de éstos, ANAMATRA. En la foto, los magistrados y las magistradas posan distendidos ante la protectora mirada del Vicerrector Alía y del Decano De Páramo, ambos radicados en las planicies manchegas durante estas fechas.

NOTA DE PRENSA:

La Universidad de Castilla-La Mancha ha acogido el inicio del periodo docente del curso de doctorado Estudios de Derechos Sociales, concebido exclusivamente para magistrados de Trabajo brasileños. Esta tercera promoción, compuesta por 18 personas, parte con la finalidad de proporcionar una amplia formación en la teoría y la construcción práctica de los derechos sociales en Europa, con especial atención al supuesto español.

El vicerrector del Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural, Francisco Alía, ha inaugurado este curso señalando las "excelentes relaciones" que la Universidad de Castilla-La Mancha mantiene no sólo con Brasil sino con el resto de Latinoamérica.Asimismo, ha realzado el asunto a tratar en esta iniciativa en la que además de tener tiempo los magistrados de disfrutar de su estancia en la UCLM y en Castilla-La Mancha, dará la posibilidad de abordar cuestiones sociales de la población que "interesan a todos".El objetivo de este programa, resultado de la cooperación entre la Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, de Brasil, y la propia Universidad regional (según el convenio de colaboración de ambas entidades firmada en 2004 y prorrogada por protocolo en septiembre de 2007 por tres años más) radica en la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), de validez académica oficial en todo el territorio español.El curso consta de dos periodos docentes, distribuidos en dos años sucesivos, mientras que en el tercer año se realiza la tesina o trabajo de investigación que permite la obtención del DEA. A ese fin, el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS), en tanto instituto universitario, se responsabiliza de la programación y ejecución de las enseñanzas. El curso es dirigido por Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, y coordinado por José Luis Prado, profesor titular de la misma área y vicedecano de la Facultad.

En el programa de este año aparecen como profesores invitados sobresalientes figuras del Derecho, tanto de la Universidad de Castilla-La Mancha (Luis Prieto, Joaquín Aparicio), como de otras españolas (Joaquín Herrera Flores, Luis Enrique Alonso, Enrique Olivas, Gerardo Pisarello, Juan Terradillos). Como novedad de este primer periodo docente se incorporan este curso profesores de las universidades portuguesas (Jorge Leite, Jose Joao Abrantes), así como un representante del Centro Internacional de Juristas de Ginebra, organismo internacional experto en Derechos Humanos (Christian Courtis), e importantes exponentes del mundo sindical (Rodolfo Benito, José Luis López Bulla).