DISCUTIENDO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN BRASIL. HABLA FRANCISCO TRILLO

No todo se resume en la actualidad electoral, la vida sigue su curso y desde luego los encuentros académicos forman parte de la misma. El contraste entre los resultados electorales en España (o en Europa) y los que se han experimentado en Brasil, con el triunfo de Bolsonaro, es extremadamente fuerte, y el desencanto o la desesperación que muchas personas pueden tener en España ante la no consecución de sus objetivos de progreso no son nada comparados con lo que se está viviendo en la experiencia brasileña bajo el mando autoritario y neoliberal de las personas que dirigen la vida política del país.

Pero el trabajo teórico y la reflexión doctrinal sigue su curso y justamente en una de las áreas “sensibles” para la actuación ideológica y política de los nuevos dirigentes de la nación brasileña, y, si se me permite, de un conglomerado financiero e institucional de caráter global que domina de forma muy extensa el desarrollo de las políticas estatales-nacionales de la mayoría de los países del globo.

No se trata sin embargo de un espacio que esté siendo colonizado extensiva e intensivamente por el neoliberalismo. En principio, y con grandes diferencias, la cultura jurídica del trabajo responde a una exigencia fundamental, la desmercantilización del trabajo, y se conecta con un discurso muy aceptado a nivel global que es el que vehicula la OIT, muy reforzado últimamente con ocasión del centenario de dicha organización internacional.

El seminario que se ha realizado en la UNOESC en Chapecó (Santa Caterina, Brasil) ha abordado desde una perspectiva comparada la situación sobre los “retos” y problemas actuales del Derecho del Trabajo. A él asistió por parte de la UCLM Francisco Trillo, que es quien efectúa el resumen ejecutivo de esta reunión que se publica en primicia en el presente blog.  

DESAFÍOS DE PRESENTE Y RETOS DE FUTURO PARA EL DERECHO DEL TRABAJO

Francisco Trillo (UCLM)

La generosidad del titular de este blog es largamente conocida entre sus lectores, siendo esta cualidad el motivo que explica una entrada nueva con las reflexiones que siguen, alteradas respecto a su redacción inicial después de la lectura del preciso y conveniente desahogo del post de ayer.

La iniciativa impulsada por la OIT, con motivo de la celebración de su centenario, ha dado lugar al desarrollo de abundantes encuentros académicos en distintas partes del mundo con el objetivo de reflexionar y avanzar el futuro del trabajo (que queremos). Un éxito sin duda de esta campaña mundial que, sin embargo, no ha sabido incorporar al debate, con carácter general, un elemento tan decisivo como el que precisamente se analizaba ayer por el titular de este espacio de la blogosfera. Las consideraciones que siguen a continuación buscan informar sobre el contenido del I Coloquio Internacional impulsado por la UNOESC, Universidad de carácter comunitario del Estado de Santa Catarina, celebrado durante los días 23 y 24 de mayo en Chapecó (Brasil), tratando de incorporar aquel elemento decisivo como es la situación actual de la representación política del trabajo.

Dos últimos apuntes introductorios. La apuesta metodológica de los coordinadores del evento (Regina Stela Corrêa Vieira y Robison Tramontina) por abordar el estado del Derecho del Trabajo desde un tiempo presente a través del cual proyectar (algunos) retos de futuro permitió un debate rico e intenso -no desconectado- de las realidades materiales y concretas que experimenta el trabajo en la actualidad. El hilo conductor del Coloquio se localizó en el derecho de libertad sindical y la negociación colectiva en la experiencia española durante la vigente era de la austeridad (Francisco Trillo, Universidad de Castilla-La Mancha), para llamar la atención sobre la necesidad de aquélla, incluso en términos de supervivencia, de dar paso a nuevos (¿?) horizontes epistemológicos en la creación normativa laboral (Pedro Gravatá, Universidad Federal de Minas Gerais, y Romina Lerussi, Universidad Nacional de Córdoba).

“¿Quiénes son los sujetos vulnerables en las relaciones sociales que tienen lugar en el trabajo?, ¿cuáles son sus necesidades de representación?, ¿quiénes son esos seres humanos que realizan el trabajo necesario para sustentar, ya no el sistema capitalista, sino la vida humana? Podríamos responder, los mismos de siempre… pero diferentes” (Lerussi). Estos interrogantes y la respuesta dada por la investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) sintetizan nítidamente los desafíos y retos que las distintas intervenciones sugirieron al sujeto colectivo de representación de los trabajadores como (imprescindible) proyecto sociopolítico alternativo. La finalidad de tal propuesta: “pensar el sistema jurídico en su conjunto para hacer inteligible el Derecho del Trabajo, visibilizando personas y/o aspectos de la vida que no fueron tenidos antes en cuenta por éste, y que definen, de un modo u otro, lo que la comunidad valora. Lo que está en juego no es el Derecho del Trabajo, sino la vida de las trabajadoras y trabajadores” (Lerussi).

Junto a la, cada vez más habitual por imprescindible, reflexión sobre el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo en relación con la artificial y disfuncional distinción entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, con ramificaciones y expresiones normativas localizadas en el trabajo doméstico (Regina Corrêa), se puso de relieve el mayor protagonismo que ha de ocupar en la representación sindical las otras identidades de trabajadoras y trabajadores. Con mayor énfasis se trabajaron las que tienen que ver con el género y la sexualidad, enriquecidas brillantemente con identidades como la raza y el impacto de la experiencia colonialista en el contexto brasileño (Flávia Máximo, Universidad Federal de Ouro Preto y Pedro Gravatá).      

Los impactos sociolaborales de las reformas laborales, operadas en Brasil durante los Gobiernos, primero, de Temer y, ahora, de Bolsonaro, se abordaron sistémicamente poniendo en relación la acumulación de capitales y el sentido y contenido de estas “contrarreformas”, desde una perspectiva marxista sin complejos (Gustavo Seferian, Universidad Federal de Minas Gerais). Esta apabullante y crítica intervención no tuvo reparos en señalar igualmente la tibieza de las reformas llevadas a cabo durante los anteriores Gobiernos (Lula y Rousseff), más atentas a fomentar el consumo (¿consumismo?) que a esta propuesta de viraje epistemológico del Derecho del Trabajo. Una referencia especial merece la presentación de Carlos Henrique Bezerra (Facultad de Derecho de Vitória) quien, con pasmosa habilidad y técnica jurídica, recurriendo en determinados momentos a la música y a la danza en directo, señaló la deleznable labor política desarrollada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil en la reinterpretación del Derecho Procesal con fines espurios.

El encuentro finalizó con la presentación y discusión de dieciocho trabajos, previamente seleccionados, de los alumnos del correspondiente Programa de Postgrado que habían formado parte como activos asistentes, junto a un espontáneo público del Grado de Derecho, del Coloquio. En su mayor parte jueces, funcionarios del Ministerio Público, abogados y académicos, cuya condición profesional justifica la impartición en horario nocturno del Programa de Postgrado, y también del Coloquio.

Además de las sugerentes y creativas presentaciones, especialmente de las jóvenes profesoras y profesores brasileños, cabe destacar en último lugar la inteligencia de sus dos coordinadores promoviendo un debate jurídico bajo el marco político que, desafortunadamente, une los destinos actuales de los ordenamientos jurídicos laborales brasileño y español.     

     

Muchos otros aspectos quedan para el recuerdo, imposibles de incluir en un formato como éste. Sin embargo, no podemos dejar de señalar la estimulante atmósfera fraternal que presidió este encuentro y la fenomenal acogida de la UNOESC. Gracias, pues, a Robison Tramontina, Regina Corrêa, Ana Claudia y Natálie por el maravilloso trabajo académico y de organización llevado a cabo.  

PRIMERAS IMPRESIONES POST-ELECTORALES

Una vez terminada la larga jornada electoral de ayer, cabe efectuar algunas impresiones sobre sus resultados, que se añadirán a centenares de opiniones que está recibiendo en este momento la ciudadanía española. Excusen por tanto los lectores del blog este desahogo sobre un tema que ocupa ya y durante un largo tiempo la actualidad mediática.

El punto de partida es enunciar el resultado que habría sido más conveniente desde la perspectiva sindical, en relación con el proyecto de regulación social que defienden los representantes de la clase obrera organizada. Se trataba de consolidar el giro a la izquierda de las elecciones generales de abril del 2019 fortaleciendo en la medida de lo posible la vertiente reformista social y la defensa de los servicios públicos en los ámbitos autonómicos y local. Eso también llevaba consigo tomar partido por el municipalismo alternativo que se había ensayado con éxito en las principales capitales españolas a partir de las candidaturas ciudadanas durante las elecciones del 2015. Es evidente que esta perspectiva se ha logrado sólo parcialmente, y que en líneas generales estas triples elecciones no han respondido a los objetivos planteados, aunque puede decirse que han sido cubiertos en su contenido mínimo en un plano general, esto es, en impedir un vuelco de la situación con la entronización de las tres derechas.

Las elecciones europeas

Los votos obtenidos por el PSOE han supuesto un amplio triunfo de la opción socialdemócrata para Europa, y la suma de PSOE y Unidas Podemos es superior al bloque que pueden formar PP, Ciudadanos y la ultraderecha (38% frente a 42%). En ese sentido, es claro que se ha consolidado un giro a la izquierda que sustenta las posiciones de reforma en Europa que deben buscar el desarrollo de la dimensión social a través de medidas importantes ya señaladas. El PSOE ha obtenido 7,3 millones de votos (frente a 3,5 en el 2014), y UP 2,25 millones, pero en las elecciones del 2014 la suma de IU y de Podemos daba casi un millón de votos más. Sin embargo, la presencia socialdemócrata en el Parlamento europeo se ha reducido de forma importante, y no siempre, se ha visto compensada, como en Alemania, por el ascenso de los verdes, que vuelan gracias a la urgencia del cambio climático. La presencia de la ultraderecha española es inquietante (1,3 millones) y mucho más si se tiene en cuenta los resultados de Le Pen en Francia, que sobrepasa al partido de Macron, el de Farage en el Reino Unido, con la caída de los conservadores y el sobrepasamiento del laborismo de Corbyn por los liberales, o, peor aún, la consolidación de la Lega de Salvini como el gran partido del soberanismo ultraderechista que dirige el gobierno italiano y ha obtenido el 34,3% de los votos, acompañado del derrumbe del Movimento 5 Stelle (17,1%) y la reaparición como partido de centro izquierda con fuerza del PD (22,7%). No obstante ello los pronósticos de desbordamiento parlamentario por parte de estas formaciones xenófobas y neosoberanistas no se ha producido.

En el consumo interno español, desde el que por otra parte se enfocó por la mayoría de los partidos políticos esta convocatoria electoral, se debe hacer notar que los republicanos e independentistas catalanes, en sus dos versiones, han obtenido 2,2 millones de votos, es decir, un peso en votos superior al que lograron en las europeas, de manera que su opción política interna ha salido fortalecida. Es posible que la última decisión del congreso, urgido por el Tribunal Supremo, de suspender a los diputados republicanos en el Congreso haya favorecido de manera directa este incremento.

Pero el resultado final global de estas elecciones en la UE se cifra en que han perdido peso los grupos socialista y popular, que hasta ahora eran los dos grandes grupos dirigentes de la orientación política de la Unión; ha crecido sin embargo el de los liberales, lo que permite un mayor juego de alianzas, también con la posibilidad remota de ampliación a Los Verdes. La acción convergente que en materia social y de garantías democráticas llevan a cabo el Grupo de los Verdes y el de Izquierda Unida continuará seguramente, pero mientras que en el 2014 había una cierta paridad entre ambos, actualmente el grupo delos rojos ha disminuido sus efectivos y sus apoyos en Europa, pasando del 6,7% al 5,1 % y 38 diputados, frente al de Los Verdes que ha alcanzado un 9,3% y 70 diputados. Es por tanto una mala noticia que se rebaje la influencia de la izquierda “rojiverde” en el Parlamento cuando hay un programa de desarrollo del Pilar Social en ciernes.

Las elecciones autonómicas

Las Comunidades Autónomas son claves en la gestión y organización de los servicios públicos y en especial de la enseñanza en todos sus grados y la sanidad. En la peculiar conformación electoral de esta convocatoria, estaban en juego las Comunidades Autónomas del Centro de la península y las Islas (Baleares y Canarias). La fuerza del PSOE se ha hecho notar en todas ellas, en algunas con contundencia, obteniendo mayorías absolutas en Castilla La Mancha y en Extremadura en un tiempo electoral en el que el multipartidismo las hace muy difíciles. La posibilidad de constituir gobiernos de progreso en muchas comunidades autónomas es una realidad, pero en todo caso estos gobiernos tienen como fuerza hegemónica al PSOE, puesto que la capacidad de la izquierda del mismo de condicionar el sentido de esta acción de gobierno o incluso de formar gobiernos de coalición ha disminuido de manera muy drástica. En efecto, el segundo rasgo de estas elecciones ha sido la disminución de la presencia electoral de Podemos y las confluencias en la composición de los parlamentos regionales. En gran parte la división de estas fuerzas – como en Aragón, Asturias, Madrid fundamentalmente – y la dificultad que se ha tenido para movilizar de nuevo a un electorado ya no galvanizado por el irresistible acceso de la derecha, ha conducido a una cierta condición subalterna de Podemos, ya muy lejano su capital político acumulado en el 2015 sobre la movilización y la memoria del 15-M. En algunas regiones, como en Madrid, la pugna entre UP y Mas Madrid ha tenido efectos paralizantes sobre una parte de la población que se debía sentir involucrada en ese proyecto por lo demás muy parecido en sus propuestas, aunque diferenciado en sus liderazgos. La caída de votos ha sido mayor que la que se produjo en las elecciones generales de abril, y en algunas regiones, como en Castilla La Mancha, han desaparecido del parlamento.

Las elecciones municipales

Aquí también el desplome del Partido Popular se corresponde con la subida del PSOE, pero la variedad de opciones municipales hace que quepan alianzas más complejas y variadas. En líneas generales, la presentación dividida de la izquierda del PSOE en tantos ayuntamientos importantes ha producido un efecto negativo entre sus votantes y un incremento de la abstención cuando no una deriva hacia candidatos más clásicos. El caso es que estas elecciones han significado el fin de la experiencia municipalista alternativa que llevaron a cabo las candidaturas ciudadanas en el 2015. Ni Zaragoza, ni Santiago ni Coruña se han mantenido. Mención aparte, por su carácter simbólico es Barcelona y Madrid.

Barcelona ha perdido una alcaldesa brillante y carismática, Ada Colau, que sin embargo ha sufrido el desgaste terrible del proceso político que ha recorrido Cataluña, asediada en su posición frente al mismo que unos han llamado ambivalente y otros complaciente. Una buena parte de la izquierda no le perdonó su postura contra la aplicación del art. 155 y el republicanismo independentista sabía que tenía en ella un adversario formidable que había que derribar. Lo ha hecho finalmente y ERC ocupará la alcaldía de Barcelona que ha tenido cuatro años de espléndida gestión municipal y de reconocimiento internacional.

También Madrid ciudad ha perdido a otra alcaldesa inteligente y amable que había reconfigurado la forma de gobernar y el lenguaje político. Odiada por la extrema derecha, que ha conseguido finalmente su objetivo, Madrid ha sido víctima de la división de la izquierda materializada en las vicisitudes de Mas Madrid y Podemos, y la irrelevancia del candidato socialista, que carecía de experiencia política y municipal y que ha restado fuerza al bloque que debería haber permitido la continuidad de Manuela Carmena.

Ya se ha dicho hasta la saciedad que este resultado en Madrid – municipal y también autonómico -  constituye un “balón de oxígeno” para la dirección del PP, que se ha impuesto además a su competidor Ciudadanos. Se dice menos que esa victoria sólo es posible si se cuenta en la mesa de negociación con la ultraderecha de Vox, la misma que ha puesto un tweet en el que se recuerda la frase de las tropas franquistas entrando en el Madrid rendido por Casado comparándola con el resultado electoral del domingo 26 de mayo. Es decir, que el cambio en el Ayuntamiento y en la Comunidad va a ser dirigida y condicionada directamente por este partido. Algo que se comprobará inmediatamente en junio, para desesperación de muchos madrileños que requerirá inmediatas medidas de protesta y resistencia activa.

Todo comienza otra vez

Los resultados de esta “segunda vuelta” electoral, como pretendía la derecha, son decepcionantes para las propuestas de reforma política y social. Ha fortalecido al partido en el gobierno, pero a costa de debilitar la fuerza más importante de cambio a nivel nacional que es Unidas Podemos. Ha reforzado al PP como partido de oposición, a la vez que deja en la incertidumbre el rumbo que ante esta cuestión puede adoptar Ciudadanos, optando entre una existencia subalterna al PP – y a la ultraderecha en el caso de Madrid señaladamente – o un nuevo giro al centro que intente lograr mejores posiciones en el mercado institucional autonómico. Se ha puesto fin a la experiencia política más rica y creativa de estos años, el municipalismo alternativo, que ha sucumbido ante la división de la izquierda y la dificultad de reconstruir las confluencias con movimientos sociales y ciudadanos.

La derrota es mala consejera para las respuestas que puedan dar quienes han sido derrotados. Es una tradición de la izquierda española reprochar a las fuerzas más afines la incapacidad propia, y de este proceso de inculpación y exculpación recíproco no se suele salvar nadie. La exigencia de responsabilidades acostumbra ser el momento en el que se saldan cuentas pendientes que siempre hay quien tiene y las recuerda. No es sin embargo el momento de los reproches. Asumir las responsabilidades colectivas  en un proceso de autocrítica es correcto, pero hay que mirar hacia adelante y volver a comenzar de nuevo, como enseña la experiencia y es una práctica corriente en las luchas sindicales. Volver a organizar y transhumanar como decía el poeta, formular un programa de acción donde quepan cuantos más sujetos interesados en el cambio democrático mejor, establecer con claridad diversos niveles de acción interrelacionados en sus diversos planos nacional, regional, local y supraestatal. Y comenzar a ser posible a partir de mañana. Hay que hablar del gobierno de la nación, preparar propuestas para la nueva legislatura europea, reconstruir las fuerzas colectivas frente a la amenaza de la ultraderecha neoliberal que se apresta a gobernar. Todo comienza otra vez, por otra parte ya estamos acostumbrados (al menos los de mayor edad). Seguimos. 

EUROPEISMO CRÍTICO Y DERECHO DEL TRABAJO (NOTAS SOBRE UN DEBATE TELEVISIVO)

En el debate sobre las elecciones europeas que acogió Televisión Española el miércoles 22 de mayo, Maria Eugenia Rodriguez Palop sintetizó el sentido general del programa de la izquierda política organizada en Unidas Podemos en torno a un concepto, el de europeísmo crítico. Es esta una noción ideológicamente productiva, porque permite de un golpe comprender las líneas generales que enmarcan tanto las propuestas concretas para esta legislatura del Parlamento Europeo que plantea esta formación, como el horizonte de sentido en el que se sitúa ésta.

También Rodriguez Palop explicó de forma didáctica el necesario carácter multiescalar de cualquier iniciativa de transformación social que se quiera impulsar en aquellos países que como el nuestro se encuentran situados en la región europea. El Estado Nación sufre tensiones internas, crisis territoriales respecto de la estructura y ordenación de los poderes en el interior del mismo, pero a su vez contempla la imposibilidad de actuar muchos de sus objetivos si no es en el marco supranacional europeo, en el que por otra parte se ha operado una cesión de soberanía en aspectos importantes de los poderes estatales, especialmente en el área de la moneda y las finanzas. Hay situaciones para cuya solución el Estado es demasiado grande y otras para las que es demasiado pequeño. Se requiere por tanto una estrategia de acción política multinivel, de ahí la importancia de una combinatoria entre el programa de acción en el plano nacional y el que se diseña para el plano europeo.

Este enfoque aleja por tanto a Unidas Podemos de algunos discursos que se inscriben en lo que podría denominarse un neosoberanismo crítico – para distinguirlo del neosoberanismo liberal que alimenta de manera transversal a una buena parte de los grupos de la ultraderecha emergente en Europa – que buscan la recuperación de espacios de soberanía nacional y que plantean como eje de esta discusión el cuestionamiento de la moneda única proponiendo la transición del euro a una divisa flotante. El europeísmo crítico revaloriza ante todo la urgencia de la democratización de las instituciones europeas, lo que implica no sólo reformas institucionales de importancia, sino fundamentalmente la incorporación de la lógica de los derechos a la acción de gobierno hasta ahora fundamentalmente guiada por la lógica del interés de las grandes instituciones financieras.

El europeísmo crítico plantea por tanto una gobernanza europea que se caracterice por el respeto a los derechos humanos – que en el debate defendió con rotundidad Rodriguez Palop a propósito de la crisis humanitaria de los refugiados – y la inserción de los derechos sociales como límite a las libertades económicas, dos elementos fundamentales que hoy está bien lejos de mantenerse en la tónica de las decisiones de la Comisión y del Consejo. Por eso mismo el otro gran reto que tiene que afrontar la nueva legislatura del Parlamento europeo reside en la necesidad de confrontarse con una extrema derecha crecida que defiende de manera vigorosa las libertades económicas en clave neoliberal, pero que pretende trasladar el centro de gravedad de las decisiones a los ordenamientos internos en los que ya ha ido construyendo un esquema de dominio fuertemente autoritario, como emblemáticamente sucede con Polonia o con Hungría.

Sin embargo, el mejor antídoto contra estas tendencias lo constituye el desarrollo de la dimensión social de la Unión Europea. El retorno de Europa a la regulación de las relaciones laborales y de protección social desde una perspectiva garantista y armonizadora. Se requiere desde luego el aumento del presupuesto de la UE, la creación de un sistema de armonización fiscal europeo y la proscripción de los paraísos fiscales, la delimitación de las bases centrales de un proyecto de transición energética y digital, pero ante todo es preciso un desarrollo del derecho del trabajo europeo que desborde los muy limitados objetivos del Pilar Social.

En una entrada anterior este blog se hacía eco del llamamiento de los sindicatos más representativos españoles ante las elecciones europeas – que puede consultarse en este enlace Llamamiento sindical por una Europa Social - que concretaban una serie de medidas en línea con ese europeísmo crítico, y en la que despuntaban propuestas muy claras sobre la regulación europea de determinados aspectos laborales. En el debate de ayer noche, éstas propuestas apenas tuvieron lugar, salvo las referidas a salario mínimo europeo, renta mínima y protección por desempleo. Nadie recordó que acababa de celebrarse el Congreso de la CES en Viena y que los sindicatos son actores esenciales en esta dimensión social cuya puesta en práctica supone una exigencia ineludible. Una omisión muy significativa.

Es cierto que en el debate de TVE había muchísimo ruido, demasiados actores y una cierta rigidez en las posibilidades de expresarse. De hecho, la insistencia de los republicanos e independentistas catalanes por poner en primera fila el problema del proceso al procès marcó el desarrollo de la mayor parte de las intervenciones tanto de las tres derechas como del PSOE, que incluso en algunos momentos desactivó el argumento del representante de ERC contra Ciudadanos respecto de su connivencia con la ultraderecha para incluirse en un frente común antisoberanista con los otros contendientes. Solo Jordi Sebastià de Compromís per Europa e Izaskun Bilbao del PNV lograron hacer valer su experiencia como eurodiputados y pudieron explicar, con Rodriguez Palop, algunas propuestas de su programa para Europa. El PP ofreció, como era previsible, una imagen desenfocada y risible de su propio proyecto, que insistentemente relacionaba con la actualidad nacional en términos ridículos e hiperbólicos respecto de su partido; Luis Garicano, en todo momento cubierto por el candidato del PSOE y no sólo en sus ataques a los independentistas y republicanos, pudo presentar algunas reformas institucionales plenamente apegado a las propuestas de Macron, y el candidato de Vox entre algunos exabruptos logró hacerse comprender como férreo partidario de las políticas neoliberales europeas oponiéndose a cualquier armonización fiscal y supresión de los paraísos fiscales.

Sin duda el personaje más antipático resultó ser Borrell, que exhibió un autoritarismo profundo en la comprensión de una democracia militante que excluía cualquier opinión contraria a lo que consideraba la “legalidad vigente”, empeñado en equiparar el totalitarismo fascista con la desobediencia civil del republicanismo catalán y exhibía un insufrible desprecio hacia el resto de candidatos que evocaba la actitud altanera y petulante de Cayetana Álvarez de Toledo. Para el cabeza de lista del PSOE las políticas europeas no pueden cambiarse porque son todas perfectas o bien son todas ellas inmodificables. La política de inmigración y el acuerdo con Turquía está garantizando el estado de bienestar para cientos de miles de refugiados en aquel país e impide la "hemorragia de inmigrantes" por la que se desangra Europa, la arquitectura financiera de la gobernanza es intocable, el aumento del presupuesto europeo no es factible por imposibilidad de allegar recursos. Examinó, como profesor exigente, a Rodriguez Palop sobre cómo pensaba negociar la reestructuración de la deuda, y a Izaskun Bilbao le reprochó no conocer que las decisiones se tenían que adoptar por unanimidad y que por tanto ninguna propuesta importante podría salir adelante. Con Dolors Montserrat sin embargo prefirió mantener una actitud condescendiente y supuestamente irónica. Las tres mujeres presentes en el debate no gozaron de su consideración, ciertamente, que parecía estar reservada exclusivamente para su amigo – asi fue calificado – Luis Garicano. Solo en el minuto de oro se calmó y enunció una medida estrella de su programa, el plan empleo – clima que relaciona la creación de empleos con el cambio climático.

Aislando lo que se debatió del ruido estático que generó la problemática de los dirigentes republicanos e independentistas procesados, es posible entender que una buena parte de las formaciones políticas – salvo el Partido Popular y Vox – piensan que el desarrollo de la dimensión social de la Unión Europea es importante, y la creación de un salario mínimo, protección por desempleo e incluso una renta mínima europea fueron propuestas aceptadas por todas las partes aunque con matices. Fundamentalmente unos quieren mantenerse dentro del marco del Pilar Social, sin exceder el alcance de este documento, y por tanto sin aceptar elementos esenciales de regulación colectiva e individual de derechos laborales sobre los que ha presionado el sindicalismo europeo y que se recogen de firma aproximada en los programas de Unidas Podemos, de Compromís por Europa y de ERC, es decir de las formaciones políticas que se integran en el Grupo Izquierda Unida Europea / Izquierda Nórdica y en Los Verdes / Alianza Libre Europea respectivamente. No en vano se trata de los grupos que han sido situados fuera del consenso establecido entre populares y socialdemócratas con el apoyo puntual de los liberales en la gobernanza económica y política de estos últimos años, especialmente con la crisis.

Es posible por consiguiente que se avecinen cambios en la producción de normas laborales europeas. Pero el fortalecimiento de las opciones políticas que pretenden defender la democracia y los derechos ciudadanos en Europa, articulando inteligentemente sus medidas y estrategias en el marco de un europeísmo crítico, resulta fundamental para su consecución. No conviene olvidarlo en las elecciones del 26 de mayo. Acudir a votar es por tanto imprescindible.

DEVALUACIÓN SALARIAL FEMENINA. A PROPÓSITO DE LA HUELGA EN ESCUELAS INFANTILES. HABLA RICARDO MORÓN

El sector de Escuelas Infantiles está plenamente feminizado, más del 90% de las personas que trabajan en él son mujeres. El 21 de mayo han sido convocadas a una huelga de sector por parte de CCOO más de 80.000 trabajadoras del mismo. Frente al preacuerdo de las otras centrales sindicales del sector – FSIE, USO y UGT - , la huelga reivindica el salario mínimo de convenio de 14,000 euros y el fin de una precariedad especialmente alarmante en las escuelas privadas y en las empresas concesionarias de contratas para la gestión de este servicio público. Se estima que las trabajadoras del sector de Educación Infantil han perdido un 9% de su poder adquisitivo desde 2011. Ninguna de ellas llega como salario base, a la cantidad del salario mínimo, 900 euros al mes. Sobre este panorama, Ricardo Morón, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, seguidor activo del blog y gran amigo y compañero, ha efectuado una reflexión que se ofrece a todos y todas quienes leen cotidianamente el contenido de este blog, celebrando la incorporación de nuestro colega a la nómina de las estrellas invitadas – special guest stars – del mismo.

DE COCHES Y SALARIOS FEMENINOS

Ricardo Morón Prieto.
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Autónoma de Madrid.

Hace varios años, realizando una estancia de investigación en una institución europea, en el curso de una conferencia ante investigadores de prácticamente todos los países de la Unión Europea expresé una idea que, no por provocadora resultaba menos cierta:  en mi país -dije- se retribuye mejor a quien cuida de mi coche (que son hombres) que a quienes cuidan y educan a mis hijos o atienden a mis mayores dependientes (que son mujeres). La frase causó estupor y no pocas intervenciones de personas inicialmente incrédulas pidiéndome aclaraciones, que atendí dando incluso algunos datos.

Recuerdo hoy esta anécdota tras leer la noticia sobre la huelga realizada el 21 de mayo en el sector de escuelas infantiles por un convenio y un salario digno y lo primero que he hecho ha sido volver a usar la comparación que hice en su momento, para comprobar el grado de progreso que ha experimentado mi país desde entonces. 

Tomando casi al azar un convenio situado en la banda medio-baja de salarios (el Convenio Colectivo de Talleres de Reparación de Vehículos de la Provincia de Albacete) se puede comprobar que los salarios base para 2019 (sin complementos) más bajos son:  el mínimo de 1310 € (peón de limpieza de talle/ordenanzas/porteros), 1322 € (especialista) 1337 € (conductor de máquina /auxiliar administrativo), 1345 € (profesional de oficio de 2ª) y 1386 € (peón de taller). Pues bien, en la actual negociación del XII Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y Educación Infantil, tras varios años de congelación salarial, la última propuesta salarial de la patronal, que está en el origen de la convocatoria de huelga, no puede ser más expresiva:  educadoras -la figura central y mayoritaria en las escuelas infantiles- salario base de 925 € a la firma del convenio, 937 € a partir de septiembre de 2020 y 946 € en septiembre de 2021 (¡las categorías con salario inferior al de educadora mantendrían el SMI durante toda la vigencia del convenio!). Este fenómeno no es, sin embargo, aislado y basta echar un vistazo a algunos convenios colectivos para comprobar que afecta en igual o peor medida a otros convenios colectivos del sector de cuidados, dependencia, etc.

Conviene hacer estos ejercicios de comparación para poder comprobar de manera efectiva lo que no es solo un fenómeno de discriminación contra la mujer sino una manifestación de la pervivencia de importantes patologías de nuestro mercado de trabajo y de nuestra sociedad.

Una de ellas es el doble fenómeno de que las mujeres no solo ocupan trabajos menos remunerados, sino que también sucede que el trabajo feminizado tiende a valorarse menos y es objeto de peores retribuciones. El ámbito paradigmático es el de los cuidados en el que, junto a escuelas infantiles están la atención a personas ancianas, enfermas, la atención a domicilio y también las trabajadoras del hogar familiar (¡aún sin ratificar el Convenio Internacional de la OIT referido a sus condiciones de trabajo!). Un sector altamente feminizado y cuyos niveles retributivos se encuentran entre los más bajos, para los cuales las subidas progresivas del SMI constituyen el principal salvavidas para mantenerse a flote.

Ello, por otra parte, entronca directamente con la pervivencia del patrón patriarcal industrial clásico que otorga al hombre trabajador el papel central de suministrador de rentas a la familia, dejando a la mujer trabajadora un papel auxiliar o complementario, lo que se pone claramente de manifiesto en la mayoritaria preeminencia femenina en la contratación a tiempo parcial. Un papel por cierto que, desde el inicio de la crisis económica se ha modificado en no pocas ocasiones, siendo el salario femenino el primero cuando no el único de la familia.

Finalmente, estos miserables regímenes salariales que afectan principalmente a las mujeres, afectan también al funcionamiento y la calidad de servicios públicos esenciales como la educación infantil, un sector en el que las educadoras llevan años persuadiéndonos de la importancia de la actividad educativa en esta fase crucial para el desarrollo cognitivo de los menores, más allá de los efectos positivos que este servicio reporte a la conciliación familiar, también la de la mujer. 

En cualquier caso, estas situaciones no son fenómenos meteorológicos ni naturales, tienen que ver con una legislación obsoleta, unos sistemas de gestión en el ámbito de los cuidados -la gestión indirecta, las contratas- y, en ocasiones, una insuficiente atención por parte de los sindicatos (normas, sistemas de gestión y conductas que pueden y deben ser modificadas profundamente), pero también tiene que ver con una falta de sensibilidad social en la valoración de determinadas tareas que afectan a lo más importante que tenemos, nuestras personas queridas.

POR UNA EUROPA SOCIAL. LLAMAMIENTO SINDICAL ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS DE MAYO DEL 2019

En el proceso electoral que tendrá lugar el domingo 26 de mayo la atención mediática se concentra en los resultados que pueden obtenerse en las grandes ciudades, y en especial en aquellas en las que hace cuatro años triunfaron las candidaturas ciudadanas impulsadas por la izquierda política y movimientos sociales de todo tipo, o en las elecciones autonómicas que se van a celebrar y el posible vuelco de las mayorías hasta el momento vigentes en el gobierno de las mismas. Una atención muy residual se destina a las elecciones europeas, cooperando así a la idea de que se trata de un proceso electoral de segundo orden que ayuda a conformar un órgano de escasas competencias e influencia.

Esta desatención ha hecho que cayera en el vacío el importante llamamiento que tanto UGT como CCOO han efectuado a sus afiliados y al resto de la sociedad para expresar los contenidos que a su juicio deben ser defendidos en la conformación del nuevo Parlamento europeo en el 2019, que se prolongará por cinco años hasta las siguientes elecciones. El llamamiento, que reivindica una Europa progresista y democrática, es especialmente valioso en un contexto político en el que el empoderamiento de la extrema derecha en cada vez más países de la Unión Europea tampoco ha sido resaltado ante la opinión pública. En efecto, el mítin que se ha realizado el sábado 18 de mayo en Milán, que ha entronizado a Matteo Salvini  - presidente del consejo de ministros italiano, no lo olvidemos - como líder indiscutible de las derechas soberanistas y xenófobas, ante formaciones políticas correspondientes a 11 países europeos entre los que sobresalía Francia y Marine Le Pen, es un dato extremadamente preocupante del que seguramente entre nosotros no se ha querido dar el relieve que se merecía esta amenaza autoritaria por el hecho de que Vox, el partido ultraderechista español, no haya participado en él, posiblemente porque dudaba entre su impulso neoliberal y su discurso nacionalista y autoritario. La falta de conexión con la realidad política española es suficiente por tanto para que los grandes medios obvien esta noticia, como si la situación de la correlación de fuerzas que se está desarrollando en Europa tras la larga etapa de las políticas de austeridad no influyera decisivamente en el desarrollo de las estrategias y programas de gobierno en este país.

No es por tanto casual que este llamamiento sindical de las dos grandes confederaciones más representativas españolas, efectuadas por separado con arreglo sin embargo a unos objetivos comunes, apenas haya tenido cabida ni repercusión en las noticias del momento, centradas en lo que se interpreta como una “segunda vuelta” de las elecciones generales de abril de 2019 en las que se juega la definición de la potencia de las fuerzas de la derecha, la confirmación de un apoyo significativo al PSOE y la subsistencia de las candidaturas ciudadanas propulsadas por la izquierda que ahora se presenta dividida en varios puntos clave.

Sin embargo, es evidente que las listas electorales que los distintos partidos han presentado al parlamento europeo están compuestas por importantes personalidades muy relevantes dentro del pensamiento político de las respectivas formaciones políticas. Dejando de lado el caso de Dolors Montserrat, cuya presencia en la cabeza de lista del PP se debe interpretar como una dulce recompensa a sus dislates parlamentarios, tanto Luis Garicano por Ciudadanos como Josep Borrell por el PSOE son indicativos de los idearios que ambos partidos pueden desempeñar en la Eurocámara, el primero desde la defensa de las posiciones más liberales y continuistas de las políticas de austeridad y las libertades económicas, la oposición a un sistema fiscal europeo y la reducción del gasto público, el segundo, recuperando las propuestas socialdemócratas que intentan concretar el pilar social en iniciativas de alcance, como el salario mínimo europeo y una vaga promesa de una prestación por desempleo “complementaria” que relanzarían la idea de una Europa Social.

La lista de Unidas Podemos es, sin duda, la más atractiva para una perspectiva democrática y de progreso, tanto por la presencia de Maria Eugenia Rodriguez Palop, una intelectual respetada y activa en el desarrollo de los derechos humanos, que conecta con la necesidad de una Europa con más democracia y derechos y con políticas de inmigración que respeten los textos internacionales en esta materia, como por la de Ernest Urtasun, que tiene ya una experiencia parlamentaria europea y que se concentra en la necesidad de una transición ecológica y ambiental que revaloriza la problemática del cambio climático y la adopción de medidas correctoras de este desastre que se avecina. Esta lista electoral es sin duda la que personifica el compromiso con una Europa democrática, solidaria e igualitaria, que es uno de los puntos centrales del llamamiento sindical, junto con las medidas que se agrupan bajo la rúbrica que defiende una Europa de las personas, y no solo de los mercados, una Europa de los derechos de ciudadanía y de los servicios públicos. Una Europa feminista y que camine hacia una transición justa hacia la economía digital y por la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

En los debates sobre Europa esta dimensión política y ciudadana es la que prevalece. Y en gran medida la focalización de las discusiones sobre el problema de la inmigración, que es el caballo de batalla de la extrema derecha, obliga justamente a revalorizar este enfoque de derechos de ciudadanía. Igualmente es decisivo el debate sobre la imposibilidad de concebir el futuro desde una posición puramente nacional y soberana, sino a partir de una concepción supranacional que se asiente sobre un fuerte sistema democrático de contrapesos y poderes y sobre un sistema potente de derechos. Sobre ambos temas ha intervenido con gran contundencia Rodriguez Palop en debates y entrevistas. Pero es también conveniente recordar la importancia que debe tener una Europa de los y las trabajadoras, una Europa social. CC.OO. y UGT han señalado con claridad algunas propuestas desde la reivindicación del restablecimiento de un nuevo “contrato social”. Estas propuestas son muy concretas y evidentes.

A)     El Pilar Europeo de Derechos Sociales no puede agotarse en vagas declaraciones genéricas sino incluir un catálogo preciso de derechos mínimos y vinculantes para todos los Estados miembros que tenga una dotación económica suficiente. No basta con que se haya revitalizado la producción de normas europeas en política social, como la directiva sobre desplazamiento de trabajadores o la Directiva sobre transparencia en las condiciones contractuales de trabajo. Es preciso avanzar en la consecución de objetivos centrales de respeto y garantía de un mínimo de derechos que se relacionen con los reconocidos en la Carta De derechos fundamentales de la Unión europea y le den efectividad a los mismos en el ámbito europeo.

B)     Incorporar un “Protocolo de progreso social en el Tratado de la UE”, que garantice que las libertades económicas y las reglas de la competencia no tengan prioridad sobre los derechos sociales fundamentales y el progreso social, y que en caso de conflicto los derechos sociales tengan prevalencia sobre los económicos. Se trata de una reivindicación esencial que el movimiento sindical europeo lleva reivindicando desde la restricción de derechos de acción colectiva frente a las libertades económicas de establecimiento y de prestación de servicios que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de justicia en el llamado “Cuarteto Laval”, y sobre el que ya hay propuestas técnicamente muy avanzadas. En el próximo número de la Revista de Derecho Social que aparecerá en junio de este año, el profesor Antonio García Muñoz publicará un artículo en el que aparece esta propuesta detalladamente explicada.

C)     Creación de un “Semestre económico y social”  - en paralelo al semestre europeo de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias de los miembros de la UE como regla proveniente de la gobernanza europea tras la crisis- donde se establezcan al mismo nivel obligaciones de carácter presupuestario y económico y de carácter social; con indicadores de cumplimiento y sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia social, tal y como ya existen para la inobservancia de las obligaciones económicas.

A estas tres reivindicaciones muy concretas, los sindicatos ponen también en valor una Europa del Trabajo Decente, en consonancia con el centenario de la OIT y la vigencia universal de esta noción, que se tiene que incorporar a las reglas y prácticas de la Unión Europea. Esta mirada sobre la Europa social lleva consigo también tres objetivos muy claros.

A)     Debe garantizarse una negociación colectiva fuerte y eficiente, lo que pasa por una Legislación de la UE y nacional que refuerce la capacidad de los interlocutores sociales para fortalecer la negociación y la aplicación de los convenios colectivos y ampliar su cobertura entre las y los trabajadores. Los sindicatos deben poder ejercer libremente sus actividades como actores sociopolíticos. No puede limitarse el derecho a la huelga, ni a la defensa colectiva de los derechos laborales, ni coartar la acción de los sindicatos.

B)     Debe garantizarse un salario mínimo en la UE que establezca un nivel de ingresos digno para todos y todas las trabajadoras, y además evite el dumping social y la discriminación salarial y de condiciones de trabajo entre la ciudadanía de la Unión Europea.

C)     Debe asegurarse la protección social, incluida la protección por desempleo, a toda la ciudadanía de la Unión Europea. No se trata por tanto solo de consolidar y perfeccionar el principio básico de la seguridad social europea previstos en los Reglamentos comunitarios sobre la base de favorecer la libre circulación de trabajadores dentro de la UE, sino de saltar a una concepción más plena de la protección social que impulse la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que en concreto también debe llevar aparejada la creación de una prestación europea de protección del desempleo.

La defensa de este programa es una condición necesaria para poder edificar la Europa democrática, igualitaria, feminista y sostenible que constituye el eje de las fuerzas del cambio y del progreso. Situar en el primer plano del debate estas reivindicaciones permitirá que la problemática europea se enlace fácilmente con las necesidades de una existencia social cotidiana que solo adquieren sentido en una perspectiva multiescalar, desde el ámbito de lo local al supranacional, pasando por lo regional y nacional-estatal. Es fundamental señalarlo y hacerlo conocer entre la ciudadanía que está convocada a las urnas el domingo 26 de mayo.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y MADRID. HABLA JOAQUIN APARICIO

Estamos en pleno proceso electoral. Se pone en juego el gobierno democrático de municipios, Comunidades Autónomas y la orientación política que queremos imprimir a la Unión Europea. En ese panorama, la lucha por algunas "plazas fuertes" es decisiva. Una de ellas, posiblemente la más emblemática, es la de Madrid. Joaquín Aparicio nos traslada una reflexión sobre este asunto que la blogosfera de Parapanda repica con enorme júbilo. Para el buen entender de nuestras lectoras y de nuestros lectores. 

LA BATALLA DE LAS DERECHAS POR MADRID. Y LLEGÓ CAYETANA “LA HECHIZADA”

Joaquín Aparicio Tovar

Madrid siempre ha sido una pieza codiciada por la derecha, no solo por el valor simbólico que da ser la sede de la capital del Estado, sino también, y sobretodo, por las oportunidades de negocio que al socaire de lo público se ofrecen a la oligarquía de siempre, que junto con otros arribistas, se mueven con un pie en el fango de la delincuencia económica y el otro en las instituciones en las que se supone se gestiona la cosa pública. El tamayazo, que llevó allá por 2003 a Esperanza Aguirre al poder de la Comunidad de Madrid, mostró que medios torticeros están dispuestos a utilizar si las urnas no dan el poder político a quienes han sido elegidos previamente en los altos despachos de los poderes económicos. Eso si, critican de puertas afuera hasta el ridículo a la burguesía catalana por su inclinación al negoci.

Más de veinte años lleva el PP gobernando la Comunidad de Madrid y casi otro tanto el Ayuntamiento de la capital hasta que en 2015 fue desalojado por la candidatura Ahora Madrid con Manuela Carmena al frente. En esos años la corrupción ha sido rampante. Un alto número de altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluidos presidentes, están investigados en diversos procedimientos judiciales y tras pasar por la prisión preventiva se hayan en libertad provisional. El PP venía acusando un desgaste tan alarmante que las élites a las que sirve decidieron que era hora de ir preparando un recambio, y ahí están ahora las tres derechas. Las dos nuevas derechas no ha tenido tiempo de meterse de lleno en grandes operaciones de corrupción (aunque sí alguna menor, como que algún dirigente haya cobrado sueldos públicos sin justificación alguna), de ahí que una de sus banderas (a parte de agitar el espantajo de la ruptura de España)  sea la de presentarse como gente “limpia”. Ahora bien, en lo que toca al negoci,  que es sobretodo lo importa a sus patrones, las tres derechas tienen claras coincidencias.

La Comunidad de Madrid es una de las más ricas de España, si no la que más, pero es la menos invierte en educación pública y la que, en consecuencia, tiene mayor segregación escolar entre ricos y pobres. Eso es gravísimo porque una educación igualitaria es una base esencial de la democracia, del estado social y democrático de derecho. “Puesto que toda ciudad tiene un solo fin, es claro que también la educación tiene que ser una y la misma para todos los ciudadanos”, nos recuerda Aristóteles en su Política, pero aunque no se llegue a realizar por completo la propuesta aristotélica, parece claro que la segregación trae un empobrecimiento de la vida colectiva, mayor desigualdad y perpetuación de las diferencias de clase. No se puede enclaustrar a los seres humanos en el estrecho espacio social de la familia en la que nacen, y es ahí donde la escuela, la educación pública, abre un espacio a la sociabilidad y la libertad. En el deterioro de la escuela pública y por tanto en sus consecuencias, las tres derechas coinciden y, por cierto, este es un terreno en que la corrupción ha florecido.

También la Comunidad de Madrid es una de las que menos invierte en sanidad pública, lo que lleva a un deterioro de la otrora muy buena red sanitaria, especialmente acusado en la atención primaria, que es pieza central de un buen sistema sanitario. En coherencia con esa política, desde lo público se incentiva el negocio privado sanitario. Ahí también coinciden las tres derechas y ahí también hay un nido de corrupción.

La política fiscal del PP ha convertido a la Comunidad de Madrid en un paraíso fiscal para las clases más pudientes. Ha reducido al mínimo o ha hecho prácticamente inexistente la tributación por sucesiones, donaciones y patrimonio que a quien más beneficia es esas clases precisamente. También es una de las que menos recauda por el tramo autonómico del IRPF, lo que da lugar a que sea una comunidad con una deuda superior a la que por su riqueza podría tener de haber puesto en marcha una política fiscal más justa y menos complaciente con los ricos.

El caso de Ayuntamiento de Madrid es paradigmático. En 2015 los gobiernos de Gallardón y Botella dejaron una disparatada deuda de más de 5.600 millones de euros, vendieron viviendas sociales a fondos buitres a precios irrisorios, contrajeron deudas con entidades financieras mediante mecanismos complejos que beneficiaban a esas entidades a costa de lo público (estas dos últimas operaciones están hoy, por cierto, bajo la lupa de los tribunales), firmaron contratos de alquiler de edificios con entes privados sin que se les diese un uso para satisfacer una necesidad pública, se pagaban cantidades exorbitantes a determinadas compañías para el mantenimiento de los túneles de la M 30, y resultó que ese mantenimiento no se hacía. Al cierre del ejercicio de 2018 el Ayuntamiento de Carmena había rebajado la deuda a ¡2.700! millones y eso sin que se haya parado en el esfuerzo, con magnificas realizaciones, de hacer una ciudad más humana.

No es extraño en este panorama que las derechas estén dando una gran batalla por retener la Comunidad de Madrid y recuperar el Ayuntamiento. Ahora ha entrado en liza la sra. Álvarez de Toledo, marquesa de no se sabe qué, cuya arrogancia es tan fuerte que la ignominiosa derrota sufrida en Cataluña, en vez de cura de humildad, no la ha hecho modificar un ápice de sus modos de comportamiento. Esta señora cuando habla, más bien ordena. Es como si cuando se dirige a la ciudadanía se estuviese dirigiendo al servicio, sobre el que ella, of course, está por encima. Entre otras lindezas, ha llamado senil a Manuela Carmena. Manuela siempre ha estado orgullosa de su edad, de lo que ha vivido, precisamente porque con el paso del tiempo ha aprendido a ser paciente y a escuchar a los demás, sin dejar de seguir luchando por el ideal de una ciudad amable, inclusiva, tolerante, que se refleje en la estatura de Juan Genovés “El abrazo”, que está en Antón Martín, frente al despacho de abogados de Atocha 55, en donde unos pistoleros fascistas asesinaron a algunos de sus compañeros. Cayetana Álvarez de Toledo  representa bien a esa derecha española que hace ascos de aquel proceso de la Grecia clásica de la formación del ser humano, la paideia, en el que las personas mayores de la ciudad tenían un papel relevante en la educación de los jóvenes. De Cayetana se dice que es experta en la historia española del siglo XVII, ¿será por eso que tiene un notable parecido con el Carlos II, “el hechizado”, que retratara Carreño de Miranda?

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE EL CONTROL DE JORNADA. PRIMERAS IMPRESIONES

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de su Gran Sala de 14 de mayo de 2019, en el asunto C- 55/18, ha resuelto un cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional que se preguntaba sobre la adecuación del derecho europeo de la doctrina del Tribunal Supremo que interpretó, en una muy criticada decisión, que no era necesario el registro de la jornada por parte de las empresas, para delimitar la diferencia entre jornada  ordinaria y la realización de horas extraordinarias, interpretando de ese modo el art. 35.5 ET.

En el origen de la cuestión prejudicial está la promoción por CC.OO. de un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional contra el Deutsche Bank colectivo para que se planteara cuestión prejudicial por entender que esta interpretación del 35.5 ET no era conforme con la Directiva relativa al tiempo de trabajo, (Directiva 2003/88/C.E. del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo) ni garantizaba tampoco el cumplimento efectivo, es decir, el efecto útil de las obligaciones establecidas en la Directiva relativa a la seguridad y salud en el trabajo,  de la Directiva 89/391 C.E. del Consejo de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Por último, esta interpretación del Tribunal Supremo sobre el art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, al no exigir un registro de control de la jornada ordinaria, no garantizaba el cumplimiento del derecho a la limitación de jornada establecida en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de manera que estos preceptos constitucionales deberían tener aplicación en el ordenamiento interno español. Todos estos argumentos han sido acogidos por la STJUE de 14 de mayo de 2019.

La decisión favorable del TJ era ya segura, tras conocer el informe del Abogado General el 31 de enero de este año, que fueron comentadas diligentemente en este blog por Francisco Trillo en este enlace al que nos remitimos para una mejor comprensión del contenido del asunto El registro de jornada es una obligacion, y a su vez eso forzó al gobierno de Pedro Sánchez a anticipar una modificación legal mediante el RDL 8/2019 de 8 de marzo, según el cual  “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”, pero la organización concreta del registro y su documentación la tiene que realizar la negociación colectiva, el acuerdo de empresa o, si no se llega a un acuerdo o éste no se produce, la decisión unilateral del empresario. Las críticas empresariales a este precepto, pese a su ligereza en la imposición de este deber legal que entró en vigor a partir del domingo 12 de mayo pasado, han sido muy numerosas, la gran mayoría de ellas basadas en lo obsoleto de ese tipo de regulación que se equipara con el método de control de la presencia en la fábrica de la organización fordista y por tanto plenamente superado. La Sentencia del Tribunal de Justicia por el contrario da una respuesta contundente a estas opiniones y, lo que es más importante, sugiere pautas de interpretación a los agentes de producción del derecho que pueden ser desarrolladas de manera inteligente como fórmulas de regulación muy sugerentes.

No es ahora el momento de hacer un análisis en profundidad del texto de la Sentencia, pero sí de resaltar algunos aspectos importantes de la misma. En primer lugar, la relación directa que se establece con el cumplimiento de la jornada de trabajo y la preservación de la salud laboral. La Directiva interpretada pertenece al ámbito de la regulación de la salud y seguridad de los trabajadores, porque “ la armonización en el ámbito de la Unión Europea en materia de ordenación del tiempo de trabajo tiene como fin promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, permitiendo que estos disfruten de períodos mínimos de descanso —en particular, de períodos de descanso diario y semanal—, así como de períodos de pausa adecuados, y estableciendo una duración máxima del tiempo de trabajo semanal”, por lo que los Estados miembros tienen la obligación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Directiva 2003/88, de adoptar las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, respectivamente, de un período mínimo de descanso, diario y semanal, y “un tope de cuarenta y ocho horas respecto de la duración media del trabajo semanal, quedando expresamente incluidas en este límite máximo las horas extraordinarias, límite a cuya aplicación (…) no cabe, en ningún caso, establecer excepciones, ni siquiera en el supuesto de que el trabajador afectado dé su consentimiento”. Por ello es necesario es necesario que los Estados miembros garanticen el respeto de esos períodos mínimos de descanso e impidan que se sobrepase la duración máxima del tiempo de trabajo semanal.

La limitación de jornada constituye además un derecho fundamental de la ciudadanía europea que tiene que ser preservado necesariamente. “El derecho de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y a períodos de descanso diario y semanal no solo constituye una norma del Derecho social de la Unión de especial importancia, sino que también está expresamente consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, a la que el artículo 6 TUE, apartado 1, reconoce el mismo valor jurídico que a los Tratados”. Por tanto se puede leer la Directiva como una norma de desarrollo de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta: “las disposiciones de la Directiva 2003/88, en especial sus artículos 3, 5 y 6, precisan ese derecho fundamental y, por lo tanto, deben interpretarse a la luz de este”.  Esto tiene una gran importancia en orden a plantear la aplicación directa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La transcendencia de estas conexiones – aplicación del principio de solidaridad, confirmación de un derecho fundamental ligado directamente a la condición de la persona que trabaja, que compromete directamente la salud y la seguridad de esta persona – explican que no se pueda subordinar la puesta en práctica de cualquier medida de tutela del mismo al coste económico de ésta, porque “la protección eficaz de la seguridad y de la salud de los trabajadores no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico”. Una afirmación que conviene no olvidar en un tiempo en el que la principal objeción a las reformas laborales que amplíen los derechos laborales es precisamente la perniciosa influencia que el incremento de costes que lleva consigo el incremento de derechos produce sobre la economía. Los debates sobre el aumento del salario mínimo primero y ahora sobre el registro de jornada se apoyan en esta consideración que el Tribunal de Justicia rechaza enérgicamente.

Finalmente, el cuerpo de la STJUE de 14 de mayo de 2019 se dedica a desmontar con claridad el argumentario que empleó el Tribunal Supremo español en la interpretación del art. 35.5 ET. Lo hace en los párrafos 51 y 52 de la misma.  “Carece de incidencia a este respecto el hecho de que la duración máxima del tiempo de trabajo semanal establecida en este caso por el Derecho español sea, como sostiene el Gobierno español, más favorable para el trabajador que la contenida en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, ya que, como ha subrayado de hecho este mismo Gobierno, las disposiciones nacionales adoptadas en la materia transponen al ordenamiento jurídico interno dicha Directiva, cuyo respeto deben garantizar los Estados miembros definiendo los criterios necesarios a tal efecto. Por lo demás, sin un sistema que permita computar la jornada diaria efectiva, sigue resultando igualmente difícil, cuando no imposible en la práctica, que un trabajador logre que se respete efectivamente la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, independientemente de cuál sea esa duración”. Y añade en el párrafo siguiente: “Esta dificultad no se ve atenuada en absoluto por la obligación que incumbe a los empresarios en España de establecer, en virtud del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, un sistema de registro de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores que hayan prestado su consentimiento a este respecto. En efecto, la calificación de horas «extraordinarias» presupone que se conozca, y por lo tanto que se haya computado de antemano, la duración de la jornada laboral efectiva de cada trabajador afectado. La obligación de registrar únicamente las horas extraordinarias realizadas no ofrece a los trabajadores un medio eficaz capaz de garantizar, por un lado, que no se sobrepasa la duración máxima del tiempo de trabajo semanal establecida en la Directiva 2003/88, que incluye las horas extraordinarias, y, por otro lado, que se respetan en todas las situaciones los períodos mínimos de descanso diario y semanal contemplados en esta Directiva. En cualquier caso, esta obligación no permite paliar la inexistencia de un sistema que, por lo que respecta a los trabajadores que no hayan aceptado realizar horas extraordinarias, pueda garantizar el respeto efectivo de las normas relativas, en particular, a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal”. Todo un correctivo a las tesis mayoritarias de la Sala IV del Tribunal Supremo en la desafortunada sentencia hoy enmendada con contundencia por el TJ.

Es una decisión que constata, de un lado, la importancia de un sistema multinivel de tutela de derechos que incorpora la dimensión supranacional a la nacional y genera relaciones de intersección entre ambas, que han dado lugar a una cierta conflictividad entre las instancias judiciales de los ordenamientos internos. En nuestro caso, la vicisitud de los contratos temporales y la doctrina Porras ha sido emblemática de este encrespado enfrentamiento que se ha saldado con la victoria de las tesis del Tribunal Supremo español. En una cierta medida, la STJUE de 14 de mayo de 2019 sobre el registro de jornada vuelve a iniciar un juego de interpretación y aplicación que posiblemente abrirá una nueva saga de decisiones. Pero a la vez este hecho denota la utilización por la acción sindical del mecanismo de tutela jurisdiccional europeo como forma de encauzar o de reorientar los pronunciamientos de la jurisprudencia nacional que se posicionan cada vez más claramente a favor de los intereses empresariales. Una tendencia que llama la atención ante el escoramiento conservador de nuestros altos Tribunales, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo.

Por último, y se trata de una apreciación oportuna por cuanto estamos todavía inmersos en un proceso electoral en el que elegiremos nuestros representantes en el Parlamento europeo, es evidente que la recuperación y el impulso de la dimensión social de la Unión Europea y la reversión de las políticas de austeridad resultan decisivos para cada uno de los países que componen ésta, y en especial para aquellos que como el nuestro han padecido reformas laborales que han degradado fuertemente el alcance y el contenido de los derechos individuales y colectivos. Elegir por tanto los representantes que apuesten por una Europa Social que preserve un espacio de derechos fundamentales de la ciudadanía social, es un deber democrático que tiene que manifestarse en las urnas el próximo 26 de mayo.