POR UNA EUROPA SOCIAL. LLAMAMIENTO SINDICAL ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS DE MAYO DEL 2019

En el proceso electoral que tendrá lugar el domingo 26 de mayo la atención mediática se concentra en los resultados que pueden obtenerse en las grandes ciudades, y en especial en aquellas en las que hace cuatro años triunfaron las candidaturas ciudadanas impulsadas por la izquierda política y movimientos sociales de todo tipo, o en las elecciones autonómicas que se van a celebrar y el posible vuelco de las mayorías hasta el momento vigentes en el gobierno de las mismas. Una atención muy residual se destina a las elecciones europeas, cooperando así a la idea de que se trata de un proceso electoral de segundo orden que ayuda a conformar un órgano de escasas competencias e influencia.

Esta desatención ha hecho que cayera en el vacío el importante llamamiento que tanto UGT como CCOO han efectuado a sus afiliados y al resto de la sociedad para expresar los contenidos que a su juicio deben ser defendidos en la conformación del nuevo Parlamento europeo en el 2019, que se prolongará por cinco años hasta las siguientes elecciones. El llamamiento, que reivindica una Europa progresista y democrática, es especialmente valioso en un contexto político en el que el empoderamiento de la extrema derecha en cada vez más países de la Unión Europea tampoco ha sido resaltado ante la opinión pública. En efecto, el mítin que se ha realizado el sábado 18 de mayo en Milán, que ha entronizado a Matteo Salvini  - presidente del consejo de ministros italiano, no lo olvidemos - como líder indiscutible de las derechas soberanistas y xenófobas, ante formaciones políticas correspondientes a 11 países europeos entre los que sobresalía Francia y Marine Le Pen, es un dato extremadamente preocupante del que seguramente entre nosotros no se ha querido dar el relieve que se merecía esta amenaza autoritaria por el hecho de que Vox, el partido ultraderechista español, no haya participado en él, posiblemente porque dudaba entre su impulso neoliberal y su discurso nacionalista y autoritario. La falta de conexión con la realidad política española es suficiente por tanto para que los grandes medios obvien esta noticia, como si la situación de la correlación de fuerzas que se está desarrollando en Europa tras la larga etapa de las políticas de austeridad no influyera decisivamente en el desarrollo de las estrategias y programas de gobierno en este país.

No es por tanto casual que este llamamiento sindical de las dos grandes confederaciones más representativas españolas, efectuadas por separado con arreglo sin embargo a unos objetivos comunes, apenas haya tenido cabida ni repercusión en las noticias del momento, centradas en lo que se interpreta como una “segunda vuelta” de las elecciones generales de abril de 2019 en las que se juega la definición de la potencia de las fuerzas de la derecha, la confirmación de un apoyo significativo al PSOE y la subsistencia de las candidaturas ciudadanas propulsadas por la izquierda que ahora se presenta dividida en varios puntos clave.

Sin embargo, es evidente que las listas electorales que los distintos partidos han presentado al parlamento europeo están compuestas por importantes personalidades muy relevantes dentro del pensamiento político de las respectivas formaciones políticas. Dejando de lado el caso de Dolors Montserrat, cuya presencia en la cabeza de lista del PP se debe interpretar como una dulce recompensa a sus dislates parlamentarios, tanto Luis Garicano por Ciudadanos como Josep Borrell por el PSOE son indicativos de los idearios que ambos partidos pueden desempeñar en la Eurocámara, el primero desde la defensa de las posiciones más liberales y continuistas de las políticas de austeridad y las libertades económicas, la oposición a un sistema fiscal europeo y la reducción del gasto público, el segundo, recuperando las propuestas socialdemócratas que intentan concretar el pilar social en iniciativas de alcance, como el salario mínimo europeo y una vaga promesa de una prestación por desempleo “complementaria” que relanzarían la idea de una Europa Social.

La lista de Unidas Podemos es, sin duda, la más atractiva para una perspectiva democrática y de progreso, tanto por la presencia de Maria Eugenia Rodriguez Palop, una intelectual respetada y activa en el desarrollo de los derechos humanos, que conecta con la necesidad de una Europa con más democracia y derechos y con políticas de inmigración que respeten los textos internacionales en esta materia, como por la de Ernest Urtasun, que tiene ya una experiencia parlamentaria europea y que se concentra en la necesidad de una transición ecológica y ambiental que revaloriza la problemática del cambio climático y la adopción de medidas correctoras de este desastre que se avecina. Esta lista electoral es sin duda la que personifica el compromiso con una Europa democrática, solidaria e igualitaria, que es uno de los puntos centrales del llamamiento sindical, junto con las medidas que se agrupan bajo la rúbrica que defiende una Europa de las personas, y no solo de los mercados, una Europa de los derechos de ciudadanía y de los servicios públicos. Una Europa feminista y que camine hacia una transición justa hacia la economía digital y por la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

En los debates sobre Europa esta dimensión política y ciudadana es la que prevalece. Y en gran medida la focalización de las discusiones sobre el problema de la inmigración, que es el caballo de batalla de la extrema derecha, obliga justamente a revalorizar este enfoque de derechos de ciudadanía. Igualmente es decisivo el debate sobre la imposibilidad de concebir el futuro desde una posición puramente nacional y soberana, sino a partir de una concepción supranacional que se asiente sobre un fuerte sistema democrático de contrapesos y poderes y sobre un sistema potente de derechos. Sobre ambos temas ha intervenido con gran contundencia Rodriguez Palop en debates y entrevistas. Pero es también conveniente recordar la importancia que debe tener una Europa de los y las trabajadoras, una Europa social. CC.OO. y UGT han señalado con claridad algunas propuestas desde la reivindicación del restablecimiento de un nuevo “contrato social”. Estas propuestas son muy concretas y evidentes.

A)     El Pilar Europeo de Derechos Sociales no puede agotarse en vagas declaraciones genéricas sino incluir un catálogo preciso de derechos mínimos y vinculantes para todos los Estados miembros que tenga una dotación económica suficiente. No basta con que se haya revitalizado la producción de normas europeas en política social, como la directiva sobre desplazamiento de trabajadores o la Directiva sobre transparencia en las condiciones contractuales de trabajo. Es preciso avanzar en la consecución de objetivos centrales de respeto y garantía de un mínimo de derechos que se relacionen con los reconocidos en la Carta De derechos fundamentales de la Unión europea y le den efectividad a los mismos en el ámbito europeo.

B)     Incorporar un “Protocolo de progreso social en el Tratado de la UE”, que garantice que las libertades económicas y las reglas de la competencia no tengan prioridad sobre los derechos sociales fundamentales y el progreso social, y que en caso de conflicto los derechos sociales tengan prevalencia sobre los económicos. Se trata de una reivindicación esencial que el movimiento sindical europeo lleva reivindicando desde la restricción de derechos de acción colectiva frente a las libertades económicas de establecimiento y de prestación de servicios que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de justicia en el llamado “Cuarteto Laval”, y sobre el que ya hay propuestas técnicamente muy avanzadas. En el próximo número de la Revista de Derecho Social que aparecerá en junio de este año, el profesor Antonio García Muñoz publicará un artículo en el que aparece esta propuesta detalladamente explicada.

C)     Creación de un “Semestre económico y social”  - en paralelo al semestre europeo de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias de los miembros de la UE como regla proveniente de la gobernanza europea tras la crisis- donde se establezcan al mismo nivel obligaciones de carácter presupuestario y económico y de carácter social; con indicadores de cumplimiento y sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia social, tal y como ya existen para la inobservancia de las obligaciones económicas.

A estas tres reivindicaciones muy concretas, los sindicatos ponen también en valor una Europa del Trabajo Decente, en consonancia con el centenario de la OIT y la vigencia universal de esta noción, que se tiene que incorporar a las reglas y prácticas de la Unión Europea. Esta mirada sobre la Europa social lleva consigo también tres objetivos muy claros.

A)     Debe garantizarse una negociación colectiva fuerte y eficiente, lo que pasa por una Legislación de la UE y nacional que refuerce la capacidad de los interlocutores sociales para fortalecer la negociación y la aplicación de los convenios colectivos y ampliar su cobertura entre las y los trabajadores. Los sindicatos deben poder ejercer libremente sus actividades como actores sociopolíticos. No puede limitarse el derecho a la huelga, ni a la defensa colectiva de los derechos laborales, ni coartar la acción de los sindicatos.

B)     Debe garantizarse un salario mínimo en la UE que establezca un nivel de ingresos digno para todos y todas las trabajadoras, y además evite el dumping social y la discriminación salarial y de condiciones de trabajo entre la ciudadanía de la Unión Europea.

C)     Debe asegurarse la protección social, incluida la protección por desempleo, a toda la ciudadanía de la Unión Europea. No se trata por tanto solo de consolidar y perfeccionar el principio básico de la seguridad social europea previstos en los Reglamentos comunitarios sobre la base de favorecer la libre circulación de trabajadores dentro de la UE, sino de saltar a una concepción más plena de la protección social que impulse la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que en concreto también debe llevar aparejada la creación de una prestación europea de protección del desempleo.

La defensa de este programa es una condición necesaria para poder edificar la Europa democrática, igualitaria, feminista y sostenible que constituye el eje de las fuerzas del cambio y del progreso. Situar en el primer plano del debate estas reivindicaciones permitirá que la problemática europea se enlace fácilmente con las necesidades de una existencia social cotidiana que solo adquieren sentido en una perspectiva multiescalar, desde el ámbito de lo local al supranacional, pasando por lo regional y nacional-estatal. Es fundamental señalarlo y hacerlo conocer entre la ciudadanía que está convocada a las urnas el domingo 26 de mayo.