A LA PATRONAL ESPAÑOLA NO LE INTERESA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. HABLA FRANCISCO TRILLO

 

El pasado diez de febrero, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos confederales CCOO y UGT firmaron el Acuerdo de Mejora y Modernización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tras un largo período de negociación en el seno del diálogo social. La CEOE-CEPYME, que participó en estas reuniones al final, siguiendo una práctica ya relativamente asentada, negó su firma al Acuerdo. Sobre este tema y otros muchos colindantes Francisco Trillo, a que la audiencia del blog conoce perfectamente como una de las firmas invitadas más frecuentes y apreciadas, ha escrito este comentario.

Hace treinta años, el 8 de noviembre de 1995, se publicó la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Con ello se cumplían, con considerable retraso, los distintos compromisos jurídicos que tenía el Estado español, tanto a nivel europeo (trasposición de la Directiva 89/391/CEE), internacional (ratificación del Convenio OIT 155), como nacional (la puesta en marcha del mandato contenido en el art 40.2 de la Constitución para garantizar el derecho fundamental a la vida, integridad física y moral).

Realizar un balance sereno de los 30 años de vida de la LPRL exige en primer lugar destacar la inmensa relevancia del cambio cultural que ha supuesto anteponer la prevención de los riesgos laborales a la reparación de los daños sufridos por las personas trabajadoras con ocasión o como consecuencia de la realización del trabajo. El trabajo no puede, no debe, constituir una fuente de sufrimiento para las personas que trabajan, siendo la fórmula jurídica más adecuada para evitarlo la de situar a estas como referencia de medida cuantitativa y cualitativa de la prestación de trabajo teniendo en cuenta los sistemas concretos de organización de la producción.

La LPRL y su desarrollo normativo, con todas las críticas y mejoras que cabe realizar, ha entronizado la evitación del daño a las personas trabajadoras repudiando una intervención normativa basada exclusivamente en la reparación del daño padecido. En definitiva, ha contribuido a la democratización del espacio empresa, impugnando y repudiando la validez de una organización de la producción que resulte dañina para las personas trabajadoras. 

Sin embargo, la normativa específica de prevención de riesgos laborales no es capaz por sí sola de asegurar la protección eficaz de la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Resulta decisiva igualmente una normativa laboral que priorice la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo. La mejor o peor evolución de la prevención de riesgos laborales en cada momento depende de cómo esta configura las relaciones laborales. Con demasiada frecuencia se ha asistido a un choque de culturas en el trabajo producido entre la normativa laboral que regula condiciones de trabajo y empleo y la normativa laboral finalizada a proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Mientras la normativa de prevención de riesgos laborales exige la adaptación del trabajo a las características de las personas trabajadoras, aquella relacionada con la regulación de las condiciones de trabajo y empleo ha transitado y exigido a las personas trabajadoras que se adapten a las cambiantes necesidades de las empresas (flexibilidad laboral). Los equilibrios entre ambas culturas constituyen uno de los factores que mejor explican la evolución de la siniestralidad laboral en nuestro país.

En este sentido, se puede afirmar la existencia de tendencias cambiantes relacionadas con situaciones de crisis económicas y reformas laborales. Mientras el inicio del siglo XXI coincidió con el arranque de una década de reducción del número de accidentes de trabajo, en la que la siniestralidad laboral descendió de manera profunda y en todos los sectores de la producción y lo hizo tanto en el periodo de fuerte crecimiento económico previo al estallido de la crisis económica en 2008, como en el periodo posterior de recesión y de aumento del desempleo; 2012 fue el último ejercicio de ese ciclo de reducción de la siniestralidad en España y a partir de ese momento se inició un periodo de crecimiento del número de AATT que se mantuvo hasta 2018. Entre 2012 y 2018 se acumuló un incremento del índice de incidencia de los AATT con baja en jornada del 15,6% y del 12,5% en los AATT mortales en jornada. Este incremento de la siniestralidad durante un periodo continuado de 6 años tuvo una relación directa con un cambio de paradigma en el sistema de relaciones laborales en nuestro país asociado a la extensión de la precariedad en la mayoría de los sectores.

A partir de 2019 se inició una etapa de cambios, tanto a nivel estadístico como socioeconómico, que ha tenido como consecuencia un comportamiento irregular de las tendencias. En 2019 los índices de incidencia de los AATT con baja experimentaron un importante descenso: -11,4% en jornada y -12,8% in itinere, sin embargo, esta reducción se explica fundamentalmente por el efecto estadístico asociado a la incorporación de 2,5 millones de trabajadores autónomos en la población de referencia. La pandemia de COVID-19 impactó en 2020 y tuvo importantes consecuencias en el ámbito laboral en forma de confinamiento, frenazo de la actividad de la mayoría de los sectores de la producción, ERTEs o extensión del teletrabajo, que tuvieron como consecuencia un acusado descenso del número de AATT, especialmente en sectores donde tradicionalmente se producía una alta siniestralidad como la construcción y la industria, alcanzándose los niveles más bajos de incidencia de la serie histórica. La recuperación de la actividad productiva en los años 2021 y 2022 corrió pareja a un incremento de los índices de incidencia de los AATT en ambos años, aunque sin llegar al nivel de incidencia alcanzado en 2019, con anterioridad al inicio de la pandemia.   

En 2024 se han producido un total de 1.181.202 AATT, de los cuales 552.902 son sin baja y 628.300 con baja. De los accidentes con baja, 4.796 son graves y 796 mortales. El avance de estadísticas de AATT de enero-diciembre de 2024 muestra un aumento del número de accidentes con baja del 0,5% respecto al año anterior, correspondiendo unos aumentos del 0,1% en jornada de trabajo y del 3,1% in itinere. El aumento de los accidentes graves es del 1,9% y del 10,4% en el caso de los mortales. En términos de siniestralidad relativa, el índice de incidencia del conjunto los AATT con baja en jornada ha registrado un descenso de -2,3%, que se une al descenso del 4,7% de este indicador en el año 2023. La incidencia de AATT con baja en jornada se sitúa en un nivel más bajo que en 2019.

Entre las explicaciones más plausibles de esta mejora de la evolución de la siniestralidad laboral se destaca la creación más empleo y de mejor calidad, concentrada en ocupaciones cualificadas y en sectores de conocimiento y de mayor valor añadido.

El balance de 30 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos muestra cómo las bondades de esta normativa constituyen precisamente sus principales retos y desafíos, poniendo de manifiesto la necesidad de su mejora y modernización. Es por ello por lo que, con ocasión de la celebración de este hito normativo, el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal han firmado un acuerdo cuyo objetivo reside precisamente en la mejora y modernización de aquella.

La siniestralidad grave y mortal, los riesgos psicosociales, la igualdad entre mujeres y hombres, el envejecimiento de la población activa, el subregistro de enfermedades profesionales, los riesgos emergentes derivados de la transformación digital, el cambio climático, la protección de la salud mental constituyen los principales motivos que los firmantes del Acuerdo han detectado para modificar la normativa de prevención de riesgos laborales.

La consecución de una acción preventiva acorde con los desafíos que hoy están presente en las relaciones laborales exige al menos una serie de acciones que pasan por: i) integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales para acoger una vigilancia y seguimiento de la salud acorde a las diferencias entre mujeres y hombres; ii) integrar la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva; iii) visibilizar los riesgos cuya incidencia se ha visto incrementada sensiblemente en los últimos años, en especial aquellos psicosociales, derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, así como de aquellos derivados del cambio climático; iv) promover una mejor detección de los riesgos laborales mejorando la gestión de la prevención de riesgos laborales a través de una mayor presencia de las personas trabajadoras con funciones preventivas en la empresa; v) aumentar la protección de las personas trabajadoras autónomas, en especial cuando estas desarrollan su actividad con otras empresas o personas trabajadoras autónomas. 

Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, el Acuerdo contiene una serie de acciones a llevar a cabo que, principalmente, se localizan en aprobar un reglamento sobre la protección de la salud de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales, así como contra los efectos del cambio climático. Del mismo modo, se entiende oportuno actualizar el RD 171/20024, de coordinación e actividades empresariales y actualizar la Orden TIN/2504/2010, de cara a mejorar la acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención.

En breve, el texto normativo, tramitado como anteproyecto de ley, estará en fase de consulta pública, por lo que se deberá estar atento a su contenido concreto. Más aún, ante la ausencia de la patronal española en la firma de este decisivo Acuerdo, quien parece no estar interesada en profundizar y asumir la cultura preventiva como elemento irrenunciable que ha de presidir las relaciones laborales. Con ello, de forma implícita, la patronal parece abogar por una reverberación de la cultura de las relaciones laborales basada en la precariedad y la indiferencia frente al sufrimiento de las personas trabajadoras, recuperando las peores experiencias de nuestro pasado más reciente. Resulta sorprendente comprobar que, tras muchos meses de negociación tripartita, la patronal no haya estado presente en la firma del Acuerdo. Los motivos escapan a la comprensión de la mejora de las relaciones laborales para adentrase en el posicionamiento ideológico y político de aquel viejo y autoritario modelo de regulación que parece estar proponiéndose como alternativa de producirse un cambio de gobierno. La banalización de la salud y seguridad de las personas trabajadoras como consecuencia del desprecio hacia el diálogo social como fórmula de gobernanza de las relaciones laborales.          

LA AIREF PONE BAJO SOSPECHA DERECHOS BÁSICOS DE LA CIUDADANÍA SOCIAL

 

Aunque no se ponga el énfasis sobre ello, la fuerza hegemónica del pensamiento neoliberal lleva a ignorar cualquier elemento que afecte a la organización de la empresa y su dirección unilateral en manos del titular de la misma que no se pueda traducir en un coste económico de la producción de bienes y servicios para su realización en el mercado y por tanto como un incremento de costes que pueden lastrar la obtención del beneficio o lucro de la actividad empresarial. Desde esta perspectiva, la contemplación de medidas que protegen la salud o que quieren reducir la pobreza, vengan de la norma legal o convencional, supone un obstáculo al progreso de las operaciones mercantiles. Este es el eje ideológico sobre el que se desliza la CEOE, la representación institucional del empresariado español, que ha rechazado la modernización del instrumento legal que protege la salud en el trabajo y previene los riesgos laborales, que sin embargo ha reunido a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo en un acuerdo del que se hablará en estas páginas del blog próximamente. Pero también este enfoque es compartido por una buena parte de técnicos y operadores públicos, tanto en la Unión Europea como en el área económico del gobierno de coalición y en alguna de sus instituciones más relevantes.

Este es el caso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) , en un reciente informe sobre la evaluación del gasto público social – ese que en el programa de VOX se denomina “gasto público no productivo” y del que se exige importantes recortes – en el que somete a escrutinio tanto el gasto en incapacidad temporal como en el ingreso mínimo vital. La óptica con la que se ha analizado esta cuestión se inscribe en el marco ideológico que ignora el elemento político y democrático que sostiene la acción pública y el sistema de protección social. Nuestros compañeros de la prestigiosa revista digital NET21 (Net21.org) han publicado un contundente artículo, firmado por el directorio de la misma, en el que analizan y critican este informe de AIReF y recuerdan el compromiso de los poderes públicos en garantizar los derechos fundamentalue construyen la noción de la ciudadanía social.

El directorio de NET21 nos ha permitido amablemente la reproducción de este artículo en esta entrada del blog, lo que agradecemos  enormemente, seguros de que también lo apreciará la amable audiencia de este blog.

DERECHOS BAJO SOSPECHA

H. ALVAREZ, J. CABEZA, F. FERRANDO, C. GRAU Y F. TRILLO

NET21 NÚMERO 29, FEBRERO 2026

 

 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó la semana pasada tres estudios que forman parte de la segunda fase del Spending Review 2022-2026, en los que evalúa el gasto público en materia de incapacidad temporal, la ayuda oficial al desarrollo y el ingreso mínimo vital.

En la primera fase, la AIReF realizó un estudio sobre los instrumentos financieros de apoyo a los sectores productivos y el mutualismo. Culminará el ciclo de evaluación del gasto público con el encargo de la tercera fase, en la que evaluará el marco financiero plurianual 2014-2020, las políticas de empleo y las dos líneas de avales-COVID articuladas a través del ICO.

En la segunda fase objeto del interés de esta editorial, la AIReF centra su análisis en las tres materia antedichas, si bien los medios de comunicación se hacen eco, principalmente, de dos de las tres señaladas, a saber, la incapacidad temporal  y el ingreso mínimo vital, por este orden de interés. A modo de adelanto, la evaluación de gasto público en sendas materias se hace yendo más allá del examen técnico propio que le compete y preñando su informe de consideraciones, soslayadas o directas, de corte ideológico.

 

Derechos bajo sospecha (I): enfermar

Bajo la apariencia de neutralidad estadística, la AIReF revisita una narrativa peligrosa según la cual cuando los derechos sociales se ejercen de forma efectiva, dejan de ser derechos y pasan a convertirse en un problema que hay que vigilar. En realidad, las cifras sirven de coartada. Más bajas médicas, más duración media, más gasto.

El diagnóstico se presenta como incontestable y la conclusión como inevitable. Es preciso endurecer la supervisión de los procesos de incapacidad temporal. Pero lo que no se dice -o se dice solo de pasada- es que detrás de esos números hay personas que enferman en un mercado de trabajo cada vez más exigente, en una sociedad cada vez más envejecida y un sistema sanitario público sometido a una tensión cronificada por la falta de recursos.

La AIReF identifica como una de las causas del aumento de la incapacidad temporal un marco normativo “progresivamente más garantista”, esto es, que protege a más personas trabajadoras, lo que, in fine, sale más caro. Que las personas que trabajan en el sector público vuelvan a cobrar el 100 % durante una baja o que la reforma laboral haya reducido la temporalidad aparece, en esta lectura, no como un avance social, sino como un incentivo perverso.

La estabilidad laboral, la seguridad económica y el acceso real a la sanidad se reinterpretan como factores de riesgo. La precariedad, en cambio, no preocupa. No enfermar porque no se puede, retrasar diagnósticos por miedo a perder el empleo o seguir trabajando enfermo no computa como disfunción del sistema.

Pero si hay un elemento especialmente inquietante en el informe es el sesgo de género que atraviesa su análisis. Que las mujeres tengan mayor probabilidad de iniciar un proceso de incapacidad temporal no activa ninguna reflexión estructural. No se habla de la feminización de sectores más desgastantes, de la sobrecarga de cuidados, de los riesgos psicosociales, ni de una atención sanitaria históricamente sesgada. El dato se lanza y se deja caer, alimentando una sospecha que apunta, una vez más, hacia quien ejerce derechos.

El informe propone más control, más seguimiento, más intervención temprana del INSS y lo hace asegurando que no se altera el marco de derechos, pero requiriendo un reforzamiento de la vigilancia como respuesta. Cuando el problema no es el sistema, sino las personas, conviene tener presente que, lo que en realidad se postula, es el desplazamiento de la responsabilidad desde las políticas públicas hacia las personas cuyos cuerpos y mentes enferman.

Las listas de espera del sistema nacional de salud aparecen en el informe casi como un elemento accesorio, cuando son en realidad el núcleo del problema. No es la incapacidad temporal la que se desborda, sino un sistema sanitario debilitado que alarga innecesariamente las bajas y cronifica procesos evitables. Esa asistencia sanitaria que, aún debilitada por la falta de inversión para afrontar con solvencia los retos que han de afrontarse, continua siendo valorada de forma positiva por la ciudadanía consciente de la situación de necesidad que atraviesa.

Por obvio que parezca, conviene recordar que la incapacidad temporal no es una anomalía ni una desviación. Es una prestación esencial del sistema de protección social, diseñada para garantizar la recuperación de la salud. Su devengo económico creciente en el tiempo responde precisamente a la lógica –contraria a la seguida en la protección por desempleo- según la cual cuanto más se prolonga la enfermedad, mayor debe ser la protección.

En definitiva, cuando el acceso efectivo a derechos laborales y sociales se convierte en un factor sospechoso, el problema ya no es presupuestario sino democrático. Evaluar políticas públicas desde la desconfianza y la lógica del control puede cuadrar cuentas a corto plazo, pero erosiona la legitimidad del Estado social. La salud forjada como pilar fundamental del Estado de Bienestar, concebida no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social, garantizado como derecho universal, no es un coste a contener, sino una inversión colectiva cada vez más necesaria en un contexto social de envejecimiento de la población a la par que de cambio de paradigma en las relaciones laborales, entre otras circunstancias.

Si el sistema falla, no es porque demasiadas personas se cojan la baja, sino porque demasiadas personas enferman sin que se les permita recuperarse a tiempo. Convertir ese fracaso en una narrativa de sospecha, como hace la AIReF, no solo es injusto, sino profundamente irresponsable.

 

Derechos bajo sospecha (II): sobrevivir

Algo mejor parado sale el ingreso mínimo vital (IMV) en el informe de la AIReF. Siendo la más polémica de las tres informadas la anterior, el IMV ha pasado casi de puntillas en el debate público, quizá porque sus conclusiones resultan incómodas. No para quienes viven en la pobreza, sino para quienes siguen defendiendo que el problema de las políticas sociales en España es su ineficiencia y no su insuficiencia estructural.

Los datos son claros en el informe de la AIReF. A pesar de que el IMV nació en 2020 con el objetivo de homogeneizar y racionalizar el sistema de rentas mínimas y prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas y reforzar la protección frente a tal riesgo social, la prestación solo alcanza al 20% de los hogares. Sin embargo, según el propio diseño normativo, podría llegar a más del 50%. No estamos, por tanto, ante una política fallida por falta de impacto, sino ante una política infrautilizada, cuyo potencial se queda irresponsablemente, por incompetencia, a medio camino.

El IMV ha logrado reducir en un 30% la brecha de pobreza -la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral que la mide-, pero su impacto es mucho más modesto. Y no porque la prestación sea irrelevante, sino porque no llega a quienes debería y así lo reconoce AIReF sin ambages, diciendo que, si el IMV hubiera desplegado todo su potencial, la cobertura alcanzaría al 58% de los hogares en pobreza y la reducción de la tasa se situaría en el 16,2%.

Cabe preguntarse entonces por qué ocurre esto. Y cabe concluir que porque más de la mitad de la población potencialmente beneficiaria queda fuera. Este fenómeno se mide mediante las tasas de no solicitud o no percepción (non take-up) que alcanzan el 55% en 2024, un porcentaje significativamente superior al de otros países de nuestro entorno y que apenas ha variado desde la implantación de la prestación. No se trata de desconocimiento puntual ni de desajustes técnicos menores, sino de un efecto expulsión estructural provocado por unos requisitos de acceso complejos, restrictivos y mal adaptados a la realidad de la pobreza.

El propio informe identifica con precisión varias de estas debilidades. Entre las principales, la definición de la renta computable, la configuración de la unidad de convivencia o la falta de interoperabilidad real entre administraciones. Todos ellos elementos que, lejos de ser neutros, funcionan como filtros que excluyen sistemáticamente a quienes viven en situaciones más inestables, con ingresos irregulares, hogares cambiantes o trayectorias administrativas fragmentadas.

Las propuestas de la AIReF parecen apuntar en la dirección correcta, dado que plantean objetivos claros y evaluables, exigen la verificación automática de requisitos y la reformulación del incentivo al empleo, así como datos homogéneos sobre rentas autonómicas y el refuerzo del acompañamiento individualizado. Pero incluso aquí asoma de soslayo una limitación de fondo. Y es que se sigue tratando el acceso al IMV como un problema de eficiencia administrativa, cuando en realidad es una cuestión de voluntad política y de enfoque de derechos.

En nuestra opinión, una prestación económica rogada como esta, concebida para combatir la pobreza, no puede descansar sobre la lógica de la solicitud individual, la prueba diabólica del merecimiento y la navegación, más bien naufragio, en laberintos burocráticos que exigen de cierto grado de pericia. Cada requisito adicional, cada cruce de datos fallido, cada silencio administrativo no es un error neutro, sino una barrera insalvable para aquellas personas a las que excluye por ser, precisamente, quienes menos capacidad tienen para sortearla.

El IMV no fracasa porque sea demasiado generoso, sino porque sigue operando bajo una desconfianza estructural hacia las personas pobres. Se presume el error, el fraude o la dependencia antes que la necesidad. Por eso, interesa decir alto y claro que mientras el debate público siga girando en torno a cuánto cuesta la prestación y no a cuánto cuesta no desplegarla plenamente, seguiremos haciéndonos trampas al solitario. Si el IMV quiere ser realmente un pilar del Estado social y no un mero instrumento estadístico, debe asumir que combatir la pobreza requiere simplificar, automatizar, confiar y, sobre todo, asumir que garantizar ingresos no es una concesión, sino una obligación pública.

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE LA REFORMA DEL TIEMPO DE TRABAJO 27 DE FEBRERO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

Ya se ha dado cuenta en este blog del seminario sobre la reforma del tiempo de trabajo que, bajo la dirección de Francisco Trillo y Antonio Baylos, se estaba llevando a cabo en el seno de la Fundación 1º de Mayo (https://baylos.blogspot.com/2025/02/a-vueltas-con-el-tiempo-de-trabajo-un.html).  El objeto de estudio se correspondía parcialmente con una medida fundamental del proyecto reformista llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que se plasmó, tras un largo e incierto sucederse de desencuentros en el marco del diálogo social, en el Acuerdo entre CCOO y UGT con el Gobierno sobre la reducción de la jornada de trabajo a 37,5 horas semanales, que se recogió en un proyecto de ley que, como todo el mundo conoce, fue devuelto al gobierno gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts, una derrota política y sindical que planteaba la necesidad de elaborar una respuesta contundente, como se defendía también en este blog en una entrada relativamente reciente (https://baylos.blogspot.com/2025/09/el-dia-despues-de-la-devolucion-del.html) que fue luego reproducida en varios medios digitales.

 El seminario pretendía organizar el estudio del tiempo de trabajo desde su regulación legal, teniendo en cuenta asimismo tanto las tendencias presentes en la negociación colectiva como la interpretación judicial de esta disciplina, en la idea de elaborar un diagnóstico de la situación de cada uno de los temas y subtemas que concretemos y diseñar una propuesta de reforma de los mismos con especial hincapié en la reforma de la normativa legal, que en esta materia proviene fundamentalmente de la reforma de 1994 y la entronización de una flexibilización unilateral de este componente básico del intercambio contractual.

El seminario estudia tanto la problemática estrictamente jurídica de la regulación actual del tiempo de trabajo como la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de vida - Conciliación laboral: permisos, licencias, reducción de jornada, pluriempleo, pluriactividad, absentismo, intensificación del trabajo – y las nuevas formas de trabajar con especial atención al entorno digital y el tiempo de trabajo, así como la relación entre tiempo de trabajo y sostenibilidad, para finalizar con las jornadas especiales del RD 1561/1995 y su revisión, junto con la contemplación de otro tipo de jornadas especiales o ampliaciones o limitaciones ordenación y duración jornadas.

El grupo de estudio está compuesto por 25 profesores de las Universidades de Castilla La Mancha, Córdoba, Oviedo, Vigo, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Sevilla, León y Pais Vasco, junto con abogados laboralistas del gabinete técnico de CCOO y dirigentes sindicales de acción sindical.

Ahora ha llegado el momento de presentar públicamente las conclusiones de este estudio, junto con una discusión y debate especialmente enfocado sobre las propuestas de reforma que se vienen a plantear.  Como ha sucedido con un trabajo anterior sobre la reforma del despido también realizado en el seno de la Fundación 1º de Mayo (  https://baylos.blogspot.com/2024/10/la-reforma-del-despido.html) sobre la base de estas conclusiones, se efectuará un trabajo posterior de edición de un libro que se prevé para después del verano de 2026.

Este es el objetivo de la jornada que la Fundación 1º de Mayo celebrará el próximo 27 de febrero de 2026 en el Congreso de los Diputados (Sala Ernest Lluch), presentar las conclusiones del Seminario sobre la Reforma del Tiempo de Trabajo, poniendo el valor que se trata del resultado de un espacio de reflexión desarrollado a lo largo de un año que ha reunido a especialistas del ámbito universitario, jurídico y sindical.

A su vez, para la presentación de estas conclusiones, la Fundación 1º de Mayo ha diseñado un acto de relieve en el que se quiere incorporar a la propuesta colectiva un referente potente sindical y político, en consonancia con la relevancia decisiva que tiene el tiempo de trabajo tanto en el discurso sindical como en el eje de reformas que plantea el gobierno de coalición y más en concreto el Ministerio de trabajo y Economía Social.

En efecto, el acto será inaugurado por Aina Vidal, presidenta de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y por Fernando Lezcano, presidente de la Fundación 1º de Mayo. A continuación, Antonio Baylos y Francisco Trillo, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y directores del Seminario, contextualizarán los objetivos y el enfoque del trabajo realizado.

La sesión central estará dedicada a la exposición de las principales conclusiones, que abordan la necesidad de reformar el marco del tiempo de trabajo para adaptarlo a las transformaciones productivas, tecnológicas y sociales, prestando especial atención a la conciliación de la vida laboral y personal, la reducción de jornada, las jornadas especiales y el impacto de las nuevas formas de organización del trabajo. En este bloque intervendrán Juana Serrano (Universidad Castilla-La Mancha)  Diego Álvarez (Universidad de Oviedo) y Jaime Cabeza (Universidad de Vigo).

La jornada será clausurada por Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, y Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, poniendo el acento en el papel del diálogo social y la negociación colectiva para avanzar hacia un reparto más justo y sostenible del tiempo de trabajo y en la respuesta del gobierno ante el rechazo del proyecto de ley de reducción de jornada.

El programa en concreto se puede descargar en este enlace:

https://1mayo.ccoo.es/7eb205c2fe7b77264d24a46f14179c4b000001.pdf

La asistencia es libre, pero al tratarse del Congreso por motivos de seguridad es imprescindible  inscribirse en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebxdNYC3H_cdc2wuQcGXTyQs9F2xXoFzDFNfhrnw5Q1P7n_A/viewform

 

EL INFORME DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS EXPERTAS SOBRE LA DEMOCRACIA EN EL TRABAJO

 

El lunes 2 de febrero tuvo lugar la presentación en el Ministerio de trabajo y Economía Social del Informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo que presidía la profesora Isabelle Ferreras, (FNRS-University of Louvain/Center for Labor and a Just Economy, Harvard University/ Institute for Ethics in Artificial Intelligence, Oxford University) y en la que han participado doce expertos más tanto españoles como extranjeros, de claro perfil académico y universitario. El informe lo presentó la presidenta de la comisión y a continuación intervino la Vicepresidenta segunda del gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, en su calidad de mandante del estudio cuyo objetivo era el de desarrollar el art. 129.2 de la Constitución, según el cual, como es sabido, “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. El acto fue retransmitido en streaming – que logró una audiencia de más de 2.500 personas de varios países, además de España - y al mismo asistieron presencialmente los miembros de la Comisión y la práctica totalidad de los cargos del Ministerio, junto con sus asesores. Una muy importante porción de los medios de comunicación ha dado cuenta de este acto y de su contenido en sus páginas digitales y en las redes sociales, resaltando a su vez alguna de las diferentes propuestas que contiene el Informe.

El Informe fue encargado el 21 de febrero del 2025 a la Comisión de personas expertas a la que se ha aludido, que han trabajado durante un año entero en sesiones alternas cada quince días con participación en línea de intelectuales y académicos sobre puntos específicos de la problemática estudiada, para en el mes de junio, dedicar una semana entera a entrevistarse presencialmente con actores sociales, asociaciones interesadas, fundaciones y empresas y analizar el resultado de estos encuentros. Y a continuación comenzó la redacción del Informe con reuniones de todos los miembros de la Comisión más espaciadas y otras de grupos de trabajo más reducidos, especialmente las que se dedicaron a elaborar las propuestas de reforma legislativa que implicaban el desarrollo del art. 129.2 CE, cuya actividad fue más intensa y se localizó en los componentes españoles Vicente Salas, Gema Fajardo, Francisca Ferrano, Edurne Terradillos y Antonio Baylos. Finalmente, en el otoño, se puso fin a los borradores de los proyectos legislativos y se culminó la primera versión del informe, que fue revisado por toda la comisión, y se preparó la versión definitiva, con las traducciones a los dos idiomas en los que el texto estaba escrito, que se entregó al Ministerio al terminar el año, texto que fue embargado hasta su presentación pública el 2 de febrero. Todo el largo proceso fue dirigido y organizado por Isabelle Ferreras, con una capacidad de trabajo envidiable, y fue sostenido de manera indispensable, eficiente y completa por el secretario de la Comisión, Leopoldo Moncada, de la Universidad de Lovaina.

Se ha creado una página web que contiene tanto la historia del Informe como la identificación de las personas expertas que han participado en el mismo, los nombres y los temas de las numerosas contribuciones que han dado al mismo los y las académicas que han intervenido durante el proceso de escucha, junto con el texto completo del mismo y están comenzando a insertar los eventos, actos y conferencias en los que se comenta o discute las propuestas y el contenido del informe. La primera de ellas, la que tendrá lugar el 4 de febrero en Harvard Law School, en el John T. Dunlop Memorial Forum, en el que intervendrá Yolanda Díaz con la presentación de Isabelle Ferreras, precisamente sobre el título que dio lugar a la presentación de Madrid: “Dos promesas a quienes trabajan: voz y propiedad”.

La extensión del Informe sobre Democracia en el Trabajo es la adecuada al tiempo de reflexión y discusión de los problemas abordados y las soluciones que se proponen. Tiene casi 500 páginas y se puede descargar en el enlace señalado (https://reportondemocracyatwork.org/es/el-informe-de-la-comision/) o desde la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social (https://prensa.mites.gob.es/webPrensa/listado-noticia/noticia/4499) .

El Informe tiene dos grandes partes, en la primera se analiza la situación española y la incompleta y parcial acogida legislativa de la participación de los trabajadores en la empresa y se confronta con la necesidad de superar el escaso nivel del que parte la situación actual de la democracia en la empresa para poder afrontar con éxito  lo que se denominan desafíos de futuro económicos, sociales y políticos con especial atención a la incidencia de la IA en este tema.

La parte segunda se dedica a establecer los principales argumentos en pro de la democratización de las empresas incorporando las mejores prácticas de la Unión Europea en esta materia y proponiendo cambios legislativos  ante todo en el ordenamiento jurídico español a través de un proyecto de ley para la participación de las personas trabajadoras en las empresas, la elaboración de una nueva fiscalidad corporativa, la creación de fondos ciudadanos para apoyar el acceso a la propiedad, incorporando asimismo el criterio de participación de las personas trabajadoras en su doble acepción a la cláusula social de la contratación pública y elaborando otras medidas de políticas públicas y culturales. Pero también se propone el impulso para la creación de otro tipo de instrumentos normativos a nivel Europeo, como un fondo soberano para abordar la crisis de sucesión de pequeñas empresas y apoyar esta transferencia de propiedad, además del desarrollo de normas ya existentes, como las Directivas de Comités de Empresa Europeo, de diligencia debida en sostenibilidad, un mecanismo europeo de incentivos, entre otras muchas cuestiones relevantes.

Como era previsible, los medios de comunicación han resaltado en sus crónicas los aspectos del informe que más les ha llamado la atención, siendo de destacar la gran difusión que ha tenido esta noticia en todos ellos, también en aquellos cuya línea de opinión es especialmente reticente al objetivo que persigue este texto. En todo caso, la responsable del Informe ha publicado un artículo en el diario “El País” el 3 de febrero en el que sintetiza de manera clara y concisa las líneas fundamentales del Informe, su contenido y su propósito y al que cabe remitirse en su totalidad: https://elpais.com/opinion/2026-02-02/democratizar-la-empresa-es-completar-la-transicion-democratica.html

Anotar algunos aspectos tangenciales al examen concreto del Informe Ferreras puede ser de utilidad. En primer lugar, si desde Aristóteles se ha establecido una tripartición entre trabajo, acción y pensamiento, es evidente que en torno a la elaboración de este texto se ha producido una simbiosis positiva entre estas tres categorías, de manera que la forma de organizar la elaboración del Informe y su desarrollo representa claramente un ejemplo virtuoso de un trabajo intelectual serio y bien construido que da sentido a la acción política que busca la reforma de las instituciones democráticas en un sentido emancipatorio y de reequilibrio de la subalternidad económica, social, cultural y política que socava el alcance de la noción de democracia. El proceso de trabajo intelectual que se ha ido desplegando en la elaboración del informe se ha materializado en la fabricación de dinámicas sociales y políticas originales que sostienen nuevos sujetos o que permiten que los sujetos sociales que pueblan el espacio económico – el mercado en el sistema de libre empresa -  cobren una nueva dimensión política y adquieran coherentemente la responsabilidad de actuar democráticamente en ese espacio hasta el momento considerado inmune a la forma y al contenido democrático.

Este proceso de construcción se ha efectuado a través de la acumulación y compactación de intervenciones, enfoques y análisis de alta calidad y excelencia que han ido decantando el contexto preciso en el que se desenvuelve la línea de conocimiento que va a permitir y sostener la acción política. No hay más que consultar la lista de quienes participaron en las “audiencias” ante la Comisión y los informes y documentos emitidos por los académicos y expertos consultados para comprender la amplitud del espacio de conocimiento abordado sobre esta cuestión y el relevante esfuerzo por atender una perspectiva multidisciplinar y pluralista.

Aunque sea una expresión pedante, hay en este método de actuación y su resultado una yuxtaposición de poiesis es decir, de trabajo creativo, de pensamiento que construye realidad, y de praxis en la que se interactúa con ésta con voluntad de transformarla, en una acción política que en este caso se encuentra ya en el origen del encargo de la realización del informe y que se continua no sólo en su previsible ingreso en los circuitos de producción de normas mediante la previa negociación con los interlocutores del diálogo social, sino que es capaz de proyectarse sobre el espacio del debate público, como un componente relevante de un proyecto de cambio social que necesita ser valorado y comprendido como centro de un debate democrático (y sobre la democracia). En demasiadas ocasiones se ha desacreditado la praxis política por la impotencia de la acción que debe llevarse a cabo para imponer un cambio social de relieve.

Pero hoy es seguramente más importante trabajar un discurso que politice la existencia de la ciudadanía en democracia y que por tanto exija la transferencia de los elementos básicos del poder de decisión al ámbito del poder privado que marca la empresa y su organización productiva. Hay signos evidentes de deterioro de la democracia ante la codicia corporativa de las grandes tecnológicas frente a los cuales la respuesta no puede detenerse solo en una pretensión de reforzamiento de las formas clásicas de la democracia liberal, que se detiene en la frontera del mercado en donde se desenvuelven los sujetos económicos que actúan en él, sino que se deben traspasar esos bordes y recuperar la democracia colectiva en el espacio-empresa como forma de profundizar y extender las defensas democráticas. Eso realza la importancia – y el interés – de un discurso político que da centralidad a esta reivindicación como motor de un cambio social que defiende y profundiza el sistema democrático.

La empresa es un sujeto político. Este hecho evidente siempre negado por la representación del mundo que tiene su origen en la modernidad capitalista basada en el mercado como espacio del interés privado y del funcionamiento de la empresa como sujeto económico y en la formalización del espacio público de las instituciones representativas democráticas como un lugar cerrado en si mismo a la experiencia del trabajo como ámbito que deforma la libertad de las personas, elimina la igualdad formal entre sujetos y somete a estas a la explotación de un poder privado sin apenas contrapesos.  Pero el carácter político de la forma-empresa, que requiere incorporar a su organización y funcionamiento elementos potentes de intervención en la adopción de decisiones estratégicas y en la arquitectura de la organización de la empresa, debe  ser explicado a la ciudadanía y considerado el punto de partida de una acción política, de una praxis que se sabe portadora de una posibilidad de cambios profundos en un sentido igualitario y progresista.

El Informe sobre la democracia en la empresa se inscribe por tanto en esas coordenadas y abre un campo de discusión y de debate que tendría que ganar una presencia concluyente en el campo teórico, en el diseño de las políticas del derecho y en la recepción mediática de los problemas más relevantes que condicionan la acción política en la actualidad. Seguiremos este tema de cerca, también a través de las propuestas concretas que suponen las herramientas necesarias para ponerla en marcha.

 

LAS PROPUESTAS DE CONTRARREFORMA LABORAL EN ARGENTINA BAJO LA PRESIDENCIA DE MILEI. UN MANIFIESTO DEL FORO POR LA DEFENSA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA JUSTICIA SOCIAL

 

Es conocida por la audiencia de este blog la penosa situación en la que se encuentra el marco institucional laboral en Argentina, que está siendo objeto de una agresión profunda como parte del programa del presidente Milei, que lleva a cabo en el espacio de la regulación del trabajo un programa neoliberal llevado a su máxima intensidad. Si en otra entrada ofrecimos el comunicado de la prestigiosa Asociación Americana de Jueces del trabajo (https://baylos.blogspot.com/2025/12/la-reforma-laboral-en-argentina-una.html), ahora lo hacemos con el que ha elaborado un colectivo que integra formaciones políticas, sindicales y representaciones independientes y que quieren dar la batalla en la opinión pública sobre estos siniestros planes. Agradecemos especialmente a Roberto C. Pompa el envío del texto para su difusión.

 

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, integrado por representantes de las tres centrales de trabajadores, más de 50 organizaciones sindicales, trabajadores de la economía informal y popular, de las pequeñas y medianas empresas, de las distintas expresiones de abogadas y abogados de personas que trabajan, de asociaciones nacionales de juezas y jueces, de asociaciones nacionales e internacionales de juezas y jueces del trabajo, cátedras y espacios de derecho del trabajo y derecho de la seguridad social de las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales de la UBA, institutos y comisiones de derecho del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y del interior del país, de expresiones de partidos políticos y representantes de la Honorable Cámara de Diputados, académicos de países y universidades del exterior, entre muchos otros, expresa su más enérgico rechazo contra el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno Central de la República Argentina como “Ley de Modernización Laboral, por considerar que el mismo lesiona gravemente disposiciones y principios contenidos principalmente en la Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales sobre los Derechos Fundamentales de las Personas.

El Proyecto lejos de promover el empleo lo precariza aun más, promoviendo la informalidad y el fraude laboral.

 Como lo ha dicho la OIT, las reformas laborales con reducción de derechos no han hecho más que elevar los niveles de pobreza y generar déficits de trabajo decente. En el caso argentino, se manifiesta cuando desde el dictado mismo del DNU 70/23 y la llamada Ley Bases, se perdieron cerca de 276mil puestos de trabajo, cerraron 19mil empresas y apenas fueron regularizados 16703, lo que representa el 0,2% del total de trabajadores.

La informalidad laboral no puede resolverse con reformas de las leyes laborales y menos cuando son regresivas, cuando lo que debiera atacarse son los incumplimientos sistemáticos en los que se incurre desde el sector empresario empleador destinados a evadir el cumplimiento y las obligaciones derivadas de la normativa laboral y previsional. Resulta absurda la intención de promover el empleo registrado cuando se eliminan todas las consecuencias por el incumplimiento de la registración.

El Proyecto lejos está de poder crear empleo digno como lo mandan los Tratados Internacionales o decente como lo define la OIT, desde que se desconoce Recomendaciones de este organismo internacional tripartito, precarizándose aun más relaciones laborales bajo figuras como las del trabajador independiente o de plataformas sin tutela del derecho laboral, promoviendo el fraude, generando más incertidumbres jurídicas, acrecentando los reclamos ante la justicia y desfinanciando el sistema previsional.

Lejos de estar dirigido a consagrar seguridad jurídica, al abandonar criterios que aparecen consagrados en la doctrina y la jurisprudencia. Resulta un contrasentido la obligación dirigida a los jueces del trabajo de respetar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando el Proyecto abandona doctrina señera y consolidada de ese Tribunal, cuando considera al trabajador como sujeto de preferente tutela o dispone que cada vez que se presente un conflicto entre un trabajador y el capital deben prevalecer los derechos de los primeros como derivación del mandato constitucional y el principio humanístico que debe regir en una Nación civilizada, respetuosa de los derechos humanos fundamentales.

El Proyecto se aparta de convenios internacionales que se encuentran por encima de las leyes en el orden jerárquico, como cuando pretende extender la jornada legal laboral, o el derecho a la reinstalación o indemnización en caso de despidos arbitrarios consagrado en Protocolos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

El Proyecto reduce la actividad creadora del hombre a un mero engranaje de la producción, sometiéndolo a las leyes del mercado y a la meritocracia, sin atender doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justifica la necesidad de incorporar mecanismos de compensación para reducir y eliminar las diferencias intrínsecas e históricas que se dan entre el capital y el trabajo, desconociendo que para la Constitución Nacional la justicia social es un valor esencial para el estado constitucional, democrático y social de derecho.

El Proyecto debilita y desfinancia al movimiento obrero y a la organización sindical, llamados a ser por los organismos internacionales el instrumento más idóneo para la defensa de las condiciones de vida, familiar y económica de las personas que trabajan. El Proyecto presupone una injerencia indebida y prohibida por los convenios internacionales del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales y sus planes de acción. Son los Estatutos de las organizaciones sindicales los que deben regir el marco de su actuación por imperio de los Protocolos internacionales ratificados por nuestro país, sin ninguna injerencia ni del Estado ni de los empleadores, lo que aparece reiteradamente violado en la norma que se manda a aprobar.

El Estado abandona su neutralidad en favor del sector empresario al limitar y condicionar la actuación de los sindicatos y la negociación colectiva, permitiendo neutralizar cláusulas que han sido acordadas para el logro de la paz social y se encuentran homologadas.

El Proyecto debilita el ejercicio del derecho de huelga, al imponer condiciones que desnaturalizan sus fines como lo ha indicado la Corte Interamericana a través de sus opiniones consultivas.

El Proyecto procura eliminar la existencia de la Justicia Nacional del Trabajo, que ha sido históricamente creada para que los trabajadores puedan acudir en defensa de sus derechos en igualdad de condiciones con los empleadores y cuya existencia se encuentra consagrada expresamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su OC 27/21, de modo que la remisión de materias laborales al Fuero Contencioso Administrativo Federal incumple con ese mandato. La remisión a un Acuerdo de transferencia entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires omite considerar que ha sido la Provincia de Buenos Aires la que cedió transitoriamente parte de su espacio territorial y político para que se constituya el asiento de las autoridades nacionales. Del mismo modo, olvida el dictado de la Ley 24588, llamada “Ley Cafiero” que fijó las competencias judiciales de la nueva Ciudad tras la reforma constitucional de 1994. El Proyecto elimina las presunciones consagradas para compensar la debilidad en la que se encuentran los trabajadores y coloca a partes intrínsecamente desiguales de una relación en paridad de armas, lo que no hace más que aumentar la brecha derivada de ese poder en cabeza de los empleadores. El Proyecto desconoce que, como lo demuestran las estadísticas, no existe la llamada industria del juicio, sino que en realidad lo que hay es la industria del incumplimiento cuando se evaden las obligaciones legales, lo que acrecentará los litigios ante la ausencia de normas que sancionen las omisiones, permitiendo el aumento de la evasión laboral y previsional, aumentando la inseguridad jurídica que se quiere eliminar.

La obediencia debida que se impone a los jueces del trabajo y solo a ellos, importa un claro factor de discriminación, que afecta la independencia de quienes ejercen la magistratura. La inclusión de incurrir en causa de mal desempeño por el contenido de sus sentencias vulnera la totalidad de los Protocolos internacionales dictados para preservar la independencia del poder judicial, necesaria para que las personas puedan asegurar la tutela y eficacia efectiva de sus derechos.

En definitiva, el Proyecto pretende retrotraer el campo de las relaciones laborales a finales del Siglo XIX, cuando las condiciones eran impuestas por el poder de la voluntad del empleador, desconociendo los avances obtenidos por el país en el marco de los llamados derechos económicos y sociales, desconociendo que por imperio de la Constitución Nacional que nos rige, las leyes del trabajo deben ser dictadas para la tutela de las personas que trabajan.

Se trata sin duda de un nuevo ataque a la clase trabajadora, al movimiento sindical y a los defensores de derechos humanos, que se inscribe en nuevas formas de neo fascismo para lo cual se reiteran argumentos que fueron utilizados para justificar la mutilación por parte de la dictadura cívico militar del año 1976 los principales avances de la ley de contrato de trabajo.

En función de ello y de los aportes que se irán sumando, este Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, de alcance democrático, plural, federal y no partidario, repudia el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, se moviliza y exhorta a los legisladores a su rechazo.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2025.

UNA NUEVA ESTRATEGIA DIPLOMÁTICA ANTE EL IMPERIALISMO NEOCOLONIZADOR DE TRUMP (HABLA AGUSTIN SANTOS, DIPUTADO DE SUMAR)

 

Vivimos tiempos convulsos. La agresividad del imperio norteamericano se ha materializado en una serie de hechos que están marcando un inquietante comienzo de año. El 15 de enero, en el Congreso de los Diputados español, tras el ataque de EEUU a Venezuela y el secuestro de su presidente en activo Nicolas Maduro y la publicitada anexión de Groenlandia por la administración Trump, Agustín Santos Maraver, diplomático y diputado de SUMAR, efectuó un análisis extremadamente interesante de la situación que la revista amiga Sin Permiso ha reproducido en su último numero de enero y que ahora, por su evidente interés, la incorporamos a este blog agradeciendo este “préstamo de uso”, en la idea de que la problemática internacional es en este momento el espacio de actuación política que exige una respuesta más acuciante con un cambio de política y de estrategia diplomática fundamental. La intervención de Agustín Santos (esta vez sin utilizar la identidad del añorado Gustavo Buster) suministra claves de interpretación de la situación y propuestas creíbles de cambio de estrategia más allá de las reacciones más vehementes pero posiblemente de mucha más dudosa realización  que mantiene otra parte de la izquierda política. La amable audiencia del blog previsiblemente apreciará el análisis y la reflexión operativa sobre este tema que captura nuestra atención en este comienzo del año.

La administración Trump han bloqueado Venezuela, realizado asesinatos extrajudiciales, secuestrado a su presidente en ejercicio Nicolás Maduro, bombardeado el país con más de 100 víctimas. Ha sido una violación descarnada del derecho internacional y del derecho humanitario que ha convertido a Venezuela, bajo el chantaje de más violencia, en un protectorado de Trump, que expropia ya su petróleo y decide como venderlo en flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas. Creo que todos hemos comprendido lo que significa la Doctrina Monroe para el presidente Trump, que ya pretende situar a Marcos Rubio como presidente de una pseudo república, mientras aprieta el cerco a Cuba, a pesar de la resolución anual de NNUU contra el bloqueo de la Isla. Este es el clima en el que se prepara la Cumbre Iberoamericana de noviembre de 2026 en Madrid, si no impide Trump su celebración. Como escribió Simón Bolívar en 1829: “Los EEUU parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”.

Ayer se decidió probablemente en Washington el destino de Groenlandia, porque Trump no cree que la OTAN, que Dinamarca, son capaces de defenderla en el nuevo reparto de zonas de influencia del Ártico, cuyos fondos marinos son por el Tratado del Mar, patrimonio de toda la Humanidad. Y después, con los mismos argumentos, la administración Trump pretenderá las Islas Svaldbard, de soberanía noruega, como apuntó ayer el New York Times.

Es verdad que los precedentes son un cúmulo de horrores aún mayores: la guerra y la invasión rusa de Ucrania; el genocidio que no cesa en Gaza; las guerras vicarias de Sudán, Yemen y Congo; la guerra civil de Birmania, la sangrienta represión estos días en Irán…y otras cuantas.

La fuerza sustituye al derecho internacional

La utilización descarnada de la fuerza, solo limitada por la dudosa moralidad personal de Trump, que tan bien ha explicado Stephen Miller, es la expresión de un imperialismo neocolonizador que pretende sustituir unilateralmente el sistema multilateral de NNUU -un sistema surgido de la derrota del fascismo y de la descolonización, que representa a 196 estados miembros-, por un reparto de zonas de influencia multipolar basado en la amenaza nuclear. Es como si la civilización no hubiera aprendido nada de los horrores de los siglos XIX y XX y estuviéramos condenados a repetir aquella barbarie. La geopolítica se está convirtiendo en algo más peligroso para la Humanidad que la pobreza, las epidemias o las catástrofes climáticas y amenaza con bloquear toda esperanza de futuro.

 Es sobre el pesimismo global, la falta de una alternativa basada en la libertad y la igualdad republicanas, como crece la extrema derecha, el autoritarismo, la oligarquía tecnocrática, en un nuevo asalto a la razón, en el momento en el que es más necesario que nunca mantener la cooperación, guiarse por la ciencia y buscar soluciones multilaterales a los problemas globales, como los acuerdos climáticos de Paris o la Agenda 2030, que son el programa mínimo de supervivencia de la Humanidad en este siglo XXI.

Venezuela, Irán, Groenlandia

Efectivamente, hay que acompañar la situación en Venezuela para evitar que sea un protectorado de Trump. Alentar el diálogo nacional de todas las fracciones políticas para reconstruir su soberanía violada, crear el clima para ello con la liberación de todos los presos, incluido Nicolas Maduro, levantar unas sanciones que, como en la mayoría de las ocasiones, perjudican sobre todo a los más desfavorecidos. Gracias al expresidente Zapatero y a nuestra embajada en Caracas por haber hecho de la liberación de los presos uno de los ejes de su trabajo. De la firmeza de ese acompañamiento, de la amplitud de las alianzas tejidas, depende el futuro de América Latina, de la Comunidad Iberoamericana, de que en nombre de la Doctrina Monroe no se secuestre, se deporte a migrantes, se asesine extrajudicialmente en nombre de MAGA y se ahoguen los sueños republicanos de Bolivar, San Martín, Martí y también del general Riego.

Efectivamente, hay que condenar sin ambages la represión en Irán por el régimen teocrático, que ya suma más de 2.500 muertos, que niega los derechos más elementales de las mujeres, pero evitar que se convierta en una excusa que permita una nueva intervención de EEUU o Israel que desestabilice aún más Oriente Medio.

El Presidente Trump, después de exigir el aumento del gasto militar al 5% de los estados miembros, puede acabar con la OTAN si anexiona Groenlandia. ¿Qué sentido puede tener el art. 5 del Tratado Atlántico si el enemigo está dentro, como ha advertido la primera ministra danesa, si se reparten Ucrania Trump y Putin? ¿Qué garantía tenemos que Rota, base esencial de gestión del sistema antimisiles de EEUU en Europa y el Mediterráneo no esté nuclearizada, en violación de nuestra participación en el TNP? ¿Para cuándo nuestra adhesión al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares?

Tres ejes para una nueva política exterior y de defensa

Es evidente que España, que todos los estados de la Unión Europea necesitan reconstruir sus estrategias diplomáticas y de seguridad.

El primer pilar de nuestra estrategia diplomática y de seguridad es sin duda la defensa del multilateralismo, de Naciones Unidas, de sus organizaciones, que representan a 196 estados y cuya sustitución por una cooperación jerarquizada y limitada a las zonas de influencia de las grandes potencias sería el preámbulo de confrontaciones militares mayores. Hay que apoyar de manera decidida, impulsar a la UE para que lo haga, su financiación, su funcionamiento, haciendo de la Asamblea General su eje, mediante alianza entre la Unión Europea y el Grupo de los 77 que tenga mayoría y que pueda abordar aquellas tareas que impide el bloqueo del Consejo de Seguridad por el veto de las grandes potencias. La elección del nuevo secretario general, en sustitución de Antonio Guterres, será una prueba de fuego decisiva para la supervivencia de NNUU.

El segundo pilar es obviamente el europeo. Necesitamos si, más Europa, capaz de jugar su peso económico en la actual confrontación geopolítica. Pero Europa se encuentra dividida por el fracaso de la austeridad neoliberal, los regímenes autoritarios y el ascenso de la extrema derecha. Reconstruir la UE como sujeto internacional exige cambiar su rumbo. La vía de la economía de guerra, del rearme, de la austeridad y la inflación implícitas debilitarán su cohesión interna, cuyos motores son la democracia y el estado de bienestar. Esa vía lleva a menos Europa, no a más Europa. Porque a corto y medio plazo, cuando se necesita una alternativa independiente al imperialismo y el neocolonialismo, se seguirá gastando el 69% del presupuesto militar en armamento de EEUU, en el chantaje y las falsas garantías de misiles nucleares de alcance medio a utilizar en suelo europeo a conveniencia de las grandes potencias. Esa Europa potencia quedará rápidamente bloqueada porque los países del este europeo, en su giro autoritario, preferirán negociar bilateralmente su vasallaje estratégico con Trump o Putin.

La Unión Europea que necesitamos es otra, es la Europa de los ciudadanos, asentada en un auténtico rearme moral de la democracia, el reforzamiento del estado de bienestar y el abandono definitivo del neoliberalismo. Capaz de volver a discutir y adoptar un Tratado Constitucional y una gobernanza plenamente democrática, que pueda pasar de la coordinación de capacidades a un auténtico ejército europeo basado en la ciudadanía europea como fuente de soberanía.

Los pasos prácticos en esta vía se harán cada vez más evidentes: una diplomacia europea capaz de negociar el cese el fuego en Ucrania, su observación y negociación de un acuerdo de paz que dé seguridades a todas las partes implicadas, a partir del multilateralismo de la OSCE y Naciones Unidas. Hay que recuperar el espíritu de la Declaración de Astana de 2010. La partición de Ucrania entre Trump y Putin solo harán permanentes la inseguridad y la confrontación geopolítica en Europa, a costa de los europeos.

El tercer pilar exige volver a mirar a las alternativas diplomáticas y de seguridad del Estado español al final del franquismo. Se acabó imponiendo, como en tantos otros aspectos esenciales, una interpretación del atlantismo resultado de la guerra fría, del vasallaje antidemocrático, convirtiendo los desiguales acuerdos del franquismo con EEUU en la base de los actuales acuerdos bilaterales que justifican la presencia de armas y tropas extranjeras en nuestro suelo y fuera en la práctica de nuestra soberanía. Y finalmente la entrada en la OTAN en 1986 y posteriormente en su organización militar, a pesar de las condiciones del referéndum, sin las cuales no se hubiera aprobado.

No era la única vía. Fernando Morán propuso entonces recuperar la noción de una neutralidad profundamente enraizada en la aspiración europeísta, volcada en el multilateralismo, capaz de recuperar, como establece la Carta de Naciones Unidas, la renuncia a la fuerza en el ámbito de las relaciones internacionales y limitándola estrictamente a su uso defensivo. De este principio se desprende una estrategia diplomática europeísta y multilateral como eje de la defensa de nuestros intereses en un mundo de tensiones geopolíticas, pero también una doctrina de seguridad nacional y de defensa distinta a la actual otanista, basada en el compromiso europeo y la defensa territorial.

El Trumpismo no durará 1.000 años

Todos los imperios prometen durar 1.000 años. Pero la propia complejidad de la civilización globalizada e industrial desmiente esta posibilidad cuando se basa en la fuerza y no en el derecho internacional.

El Trumpismo ganó su segundo mandato por un estrecho margen. En un año ha sido incapaz de cumplir ninguna de sus promesas electorales, a pesar de contar con una mayoría absoluta. Según las encuestas, su base social se está erosionando por el coste de la vida, los precios de la vivienda y la educación, la crisis de infraestructuras. Su intento de enfrentar a la emigración más pobre con una clase trabajadora precarizada y desindustrializada esta provocando una cadena de movimientos sociales cuyo último ejemplo estamos viendo en Minesotta. Mamdani, un demócrata socialista ha sido capaz de barrer primero en las primarias demócratas y ganar la alcaldía de Nueva York. Trump puede perder su mayoría absoluta institucional en las elecciones de medio término y ver bloqueado su unilateralismo en la Cámara de Representantes. De las nueve guerras que dice haber mediado para exigir el Premio Nobel, en ninguna han callado las armas.

El reto que tenemos ante nosotros es civilizatorio, una encrucijada para la humanidad, que se encontrará gestionando unos márgenes climáticos catastróficos desde mediados de este siglo XXI. Sustituir el multilateralismo por el imperialismo y el neocolonialismo es la vía equivocada, es el camino al desastre.

Así que estamos de acuerdo en lo fundamental: resistir el asalto a la razón, recomponer las mayorías sociales articulando sus intereses, defender la democracia, con tenacidad y paciencia estratégica…..Eso exige una reorientación de raíz de nuestra política exterior y de defensa.

DA COMIENZO EL CURSO DE POSGRADO EN DERECHO DE LA UCLM “OSCAR ERMIDA URIARTE” SOBRE DERECHOS DIGITALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO COMO DERECHOS FUNDAMENTALES

 

Ya se ha dado noticia en este blog del Curso de posgrado en Derecho que, una vez más – ya van 26 ediciones – ha comenzado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (el Convento de San Pedro Mártir) que en esta edición se dedica al estudio de los derechos digitales en el trabajo como derechos fundamentales (https://baylos.blogspot.com/2025/11/experto-en-derechos-digitales-en-el.html) El curso está dirigido por MariLuz Rodriguez, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la UCLM y como secretario por Antonio Garcia-Muñoz, profesor ayudante doctor UCLM, ambos en la sede de Ciudad Real. Este año es el único curso que ofrece la sede toledana de la UCLM y asisten al Curso 26 alumnos y alumnas de Brasil, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Panamá y México.

Tras la recepción del alumnado con un desayuno en el patio central de la Facultad, se han distribuidos los materiales que se habían dispuesto, una agenda de la UCLM y el libro “Lo colectivo constitutivo del Derecho del trabajo. Estudios latinoamericanos en reconocimiento a la escuela laboralista de Castilla-La Mancha”, que coordinan Hugo Barretto, Guillermo Gianibelli y Francisco Trillo, que es el resultado de una iniciativa colectiva de debate y discusión de laboralistas de ambas orillas del océano y de la circulación de modelos normativos y propuestas de política del derecho entre estos, que se presentó en noviembre pasado en un doble seminario en Buenos Aires y Montevideo que fue también reseñado en sendas entradas de este blog (https://baylos.blogspot.com/2025/11/presentacion-en-montevideo-del-libro.html)

La presentación del curso y la bienvenida a sus participantes la llevó a cabo Mari Luz Rodriguez, seguida de la intervención del catedrático de Filosofía del Derecho y Presidente de la Fundación Universitaria de la UCLM, Juan Ramón de Páramo.  Tras esta presentación, se dio paso a la conferencia inaugural que corrió a cargo de Antonio Baylos, catedrático emérito de la UCLM que llevaba por título “Trabajo, Mercado, Democracia”, qe ha planteado una aproximación general a los avatares de la regulación de las relaciones laborales en torno a estas nociones-clave, su evolución y los retos a los que se enfrentan en la actualidad. A esa exposición ha seguido un animado debate.

Los objetivos del Curso se describen de manera muy clara en la presentación del mismo que se ha incluido en el campus virtual de la UCLM que concentra el repositorio de textos, bibliografía y presentaciones que tendrán lugar durante el mismo.

El mundo del trabajo vive en el cambio permanente. No obstante, el ritmo del cambio de los últimos años se ha visto especialmente acelerado debido a diversos factores interconectados: cambio tecnológico y de los modelos de producción, cambios en la división global de trabajo y su organización en el marco de la financiarización de la economía y cambios en el medioambiente en el que se vive y trabaja. Estos cambios se dan en un contexto político complejo y de incertidumbre, caracterizado por la creciente debilidad de las democracias y de la mayoría de los Estados nacionales, que se ven en muchas ocasiones limitados en sus posibilidades de acción política para hacer frente a la ‘policrisis’ en que nos hallamos inmersos. Se discute si, en su estadio actual, el capitalismo financiero es compatible con la democracia, si nos hallamos ante una nueva transformación de la globalización o si esta está en retroceso, si estamos ante el final del proyecto neoliberal o ante su enésima metamorfosis.

El trabajo, en sus diversas manifestaciones, se encuentra en muchas ocasiones en el centro de los procesos de crisis y cambio descritos. Lo mismo sucede con su regulación, de la que, desde hace ya décadas, se dice rutinariamente que está ‘en crisis’ o, más recientemente, en transición. En efecto, se viene describiendo el mundo del trabajo, al menos en los países occidentales, como inmerso en un proceso de transformación sin precedentes para adaptarlo a las transiciones digital, medioambiental y demográfica. Desde la OIT se insiste en que dichos procesos deben guiarse por las ideas de trabajo decente y justicia social. No debe extrañar, por lo tanto, la relevancia de las ideas de ‘derechos humanos laborales’, así como la más reciente de ‘derechos digitales’, como marcos conceptuales en los que encuadrar dichas aspiraciones de decencia y justicia social en la esfera jurídica.

El presente curso se dirige, precisamente, a reflexionar sobre la regulación del mundo del trabajo en la actualidad desde los mencionados marcos conceptuales. La reflexión es amplia, examinando los elementos del derecho internacional (OIT y Naciones Unidas), regional (Sistema interamericano, Unión Europea y Consejo de Europa) y nacional que intentan regular el descrito mundo del trabajo ‘en transición’ acelerada. En la presente edición, se hace hincapié en los derechos digitales, derechos que se encuentran en muchas ocasiones en fase de construcción y experimentación, y que tratan de dar respuesta a los cambios tecnológicos que están transformando el mundo del trabajo, así como a los potenciales riesgos y amenazas que la digitalización de la economía y la producción pueden suponer para el trabajo decente y con derechos. Así, cuestiones tales como el trabajo en plataformas, el impacto de la inteligencia artificial, el teletrabajo, la protección de datos o los neuroderechos son abordadas con detalle en el curso. No obstante, no se pierden de vista el resto de cambios y crisis en las que nos encontramos envueltos, y varias sesiones del curso se dedican a analizar aspectos tales como la crisis de los cuidados, la dimensión medioambiental, las peores manifestaciones de explotación, precariedad y pobreza que genera el actual modelo.

El curso, estructurado en 13 ponencias, 3 conferencias y una mesa redonda, cuenta con un equipo docente de la máxima excelencia en su campo de especialidad, entre los que se incluyen no sólo académicos que desarrollan su trabajo en la Universidad, sino también responsables políticos y del mundo sindical y jueces. Los alumnos recibirán a lo largo del curso diversos materiales, tanto generales como específicos de cada ponencia, para poder seguir el mismo con el máximo aprovechamiento. A lo largo de todo el curso, los alumnos tendrán acceso a una plataforma informática (Campus virtual) donde se centralizarán las comunicaciones y materiales. La filosofía del curso, que es una de sus señas de identidad a lo largo del tiempo, es la de convertir cada sesión en una oportunidad para el debate y el intercambio científico y cultural, por lo que se anima a los estudiantes a participar activamente en cada una de las sesiones y aportar sus propias experiencias, conocimientos y visiones. Durante las dos semanas que dura el curso en Toledo seremos todos, ponentes y alumnos, un grupo de estudiosos del derecho del trabajo interesados en comprender cuál es el presente y futuro de nuestra disciplina académica en tiempos de transición y policrisis global.

En esa línea, el martes 13, después de la intervención de Mari Luz Rodriguez en la que analizará el “cartismo digital”, es decir la Carta de Derecho Digitales de la UE y la Carta Iberoamericana de principios y derechos d ellos entornos digitales,  Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y profesor el mismo en servicios especiales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, abordará la experiencia española respecto de la transición digital y su relación con los derechos laborales.

Además de ello, están previstas dos conferencias de importantes exponentes en el campo del derecho y de la política latinoamericanos. El viernes 16 intervendrá Daniela Marzi , catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valparaíso y presidenta del Tribunal Constitucional de Chile sobre el carácter de derechos fundamentales de los derechos digitales, y, ya en la semana siguiente,  el miércoles 21 Hugo Barretto, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR) y Viceministro de Trabajo del gobierno uruguayo, explicará la situación en la que se halla en el debate de la OIT la regulación del trabajo en plataformas.

El Curso cuenta asimismo con la participación de una amplia nómina de expertos académicos de las universidades españolas y de la UCLM. La relevancia del tema está asegurada, y en este blog seguiremos con atención su evolución.