Los colegas y alumnos del profesor Baylos viajan por los cuatro puntos cardinales de Iberia, muy especialmente en estas épocas veraniegas. Este amanuense ofrece estos servicios totalmente gratuitos “erga omnes”. Y de la misma manera que los agentes sociales disponen de una “política de servicios”, este blog cuenta con un indicador para que el personal sepa dónde ir y a qué lugar abstenerse. Por lo demás, nos vemos en setiembre.
Información, discusión y propuestas sobre las relaciones de trabajo y la ciudadanía social
martes, 31 de julio de 2007
PREVISION DEL TIEMPO METEOROLOGICO
lunes, 30 de julio de 2007
REGALO DE VERANO
La Unión de Hermanadas Publicaciones (UHP), esto es, “Según Antonio Baylos...” y “Metiendo bulla” prometieron a sus voraces lectores un regalo como premio a la paciencia de éstos hacia los mencionados blogs. Somos, con perdón, gente de palabra. Hélo aquí el regalo: un conjunto de artículos del maestro Bruno Trentin. Para que se lea mientras en lontananza hay quien, amartelado, está “bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando el mar”.
PERU EN EL CORAZON
28 DE JULIO EN PERÚ. ALGUNAS NOTAS CRÍTICAS SOBRE EL DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS EN ESE PAIS.
Siguiendo las noticias que hace unos días mandaba nuestra corresponsal en Perú, Rebeca Madsen, en esta ocasión nos ofrece una entrevista con una destacada personalidad experta en relaciones laborales y sociales que, sin embargo, no quiere hacer público su nombre. Para que los lectores puedan contextualizar sus opiniones, por lo demás bastante razonables y que demuestran el giro muy preocupante que se está desarrollando en Perú bajo la presidencia de Alan Garcia, el interlocutor de Madsen es alguien que manifiesta simpatía por el nacionalismo de Ollanta Humala al que considera una figura política que conecta con el cambio político y social que en la America Andina están protagonizando los presidentes Morales y Correa en Bolivia y Ecuador. Esta es la entrevista realizada el dia de la gran fiesta patria en Perú.
¿Qué destacaría de los últimos acontecimientos, tras los importantes movimientos huelguísticos que se han producido en este mes de julio? Cuando el país ingresaba a una fase de tensa calma, puesto que los conflictos generados habían ingresado a mesas de negociaciones gubernamentales, el poder ejecutivo amparado en facultades extraordinarias que le había otorgado el congreso de la republica para legislar, en el termino de 60 días, en materia de lucha contra la corrupción y la delincuencia en el mes de abril pasado, el poder ejecutivo dicta el decreto legislativo Nº 982 destinado a penalizar a las autoridades regionales, dirigentes sindicales, alcaldes y regidores, y otros funcionarios que se manifiesten a favor o apoyen las demandas de sus pueblos. Lo peor, en un claro mensaje a las fuerzas políticas opositoras y al movimiento popular en su conjunto, el gobierno de García en el articulo 20 del repudiado decreto ley desliza otro petardo el cual dice “Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. No creo que sea necesario comentar el significado de este precepto y la invitación a la represión indiscriminada e irresponsable que genera. Me gustaría que en Europa conocieran esta deriva fascistizante del gobierno de García, por lo demás en continua alianza con el fujimorismo y la derecha neoliberal mas agresiva.
Durante las manifestaciones populares el gobierno sacó a las calles al Ejército y reprimió con mano dura a las exigencias democráticas de los ciudadanos y acosó policialmente a los dirigentes sindicales como es el caso del Secretario General de la CGTP, Mario Huaman. En lo que va del régimen, que hoy 28 de julio cumplirá un año, han sido asesinados en choques con la policía ocho personas. En este terreno la comparación con el gobierno de Alejandro Toledo es más que preocupante puesto que en cinco años la cifra alcanzó a 15 victimas, y naturalmente fue duramente criticado por ello. En este panorama esta a la orden del día la defensa de los derechos ciudadanos, la soberanía nacional, y el cambio de política económica. En esa dirección la CGTP concluyo el 11 de julio una de las movilizaciones más importantes de los últimos tiempos, cerca de 100,000 personas llenaron la plaza San Martín. Luego de muchos años los sectores de izquierda y los progresistas lograron ponerse de acuerdo y concordar unitariamente en un intento por articular y darle dirección al movimiento de masas
¿Este tipo de política antipopular tiene alguna relevancia a nivel de opinión pública? El caudal de apoyo ciudadano en las últimas encuesta muestran al presidente García y su gabinete en picada, tal como lo publica una encuestadora que se caracteriza por su seriedad profesional los resultados arrojan al régimen a su realidad inicial 24% en el nivel nacional. 76% de ciudadanos repudian al gobierno neoliberal. Creo que este hecho si se ha recogido en la prensa europea, pero como muchas veces hacen sus medios de comunicación, desconectándolo de la situación social; en lo que yo he leido, la noticia de la pérdida de apoyo popular de Alan Garcia se relacionaba, paradójicamente, con una situación económica, a juicio del comentarista, “boyante” en el Perú. Me pregunto si la prensa europea y en concreto la española conoce la situación de miseria y de explotación en la que se encuentra la mayoría de la población trabajadora peruana.
¿Cuál es la agenda del parlamento y de la presidencia en la regulación de derechos sociales y de libertades cívicas?.Creo que ya antes he dado un ejemplo de cuales son los “valores” que animan al aprifujimorismo en su visión del conflicto social, mediante esa norma que incita a la represión indiscriminada de movimientos sociales, eximiendo de cualquier responsabilidad a la policía y al Ejército como cuerpos represores. Es en estas condiciones en las que se discuten los conflictos sociales regionales, la ley marco del magisterio, es decir, las normas que pretenden buscar una solución a las huelgas de julio. Multiplican esta agenda, la solución a las demandas de los trabajadores mineros, y, de manera muy señalada, la impostergable promulgación de la ley general del trabajo que ya cumple 6 años de debate en todas las instancias de “concertación social” posible, y en donde es de justicia resaltar el impulso que con el presidente Toledo le dio al texto el ministro Javier Neves, junto con dos colaboradores bien conocidos en España, los doctores Villavicencio y Sanguineti. Pese a ese proceso “concertador”, bajo el aprifujimorismo la ley se sigue bloqueando gracias a la más cerrada oposición del empresariado ultraderechista que se opone a determinados artículos de la ley: los que impiden el despido arbitrario, o regulan de forma restrictiva los contratos a tiempo determinado, etc.
¿Qué solución política se entrevé en Perú? La mayor debilidad del régimen es su orfandad de masas, y de control de organizaciones de base, peor, el partido aprista, se escinde entre las posiciones reformistas del expulsado secretario de organización Wilder Bendezu quien viene desarrollando una campaña activa dentro del APRA exigiendo la convocatoria a la ilegal postergación del congreso nacional así como al retorno de la constitución del 79, y las ultra derechistas de García y Del Castillo con el gabinete que lo acompaña: el Ministro de Agricultura Ismael Benavides, banquero y propietario de empresas de agro industria, sector donde los trabajadores son tratados como esclavos debido a legislación fujimorista y toledista que otorgaba flexibilización en materia laboral a cambio de inversiones, y Rafael Rey antiguo apañador de la dictadura fujimorista y miembro activo del Opus Dei como Ministro de Industria y Turismo. Pero además el régimen mantiene una vieja costumbre peruana que podríamos resumir en el desprestigio de la política. Maniobras de compra de representantes populares en el congreso de la república, descomposición del frente opositor y en especial del partido UPP y su bancada, apoyo al fujimorismo y silencio del gobierno y desinterés para extraditar al dictador Fujimori acusado de crímenes de lesa humanidad y de corrupción generalizada, son todos hechos que ahondan más el descrédito y la crisis de credibilidad que aquejan los partidos políticos en nuestro país. Estos condenables hechos han logrado que mayores sectores ciudadanos se sumen al descontento y al asco que producen estos operadores políticos que les importa un comino la moral pública y la ética en la práctica política.
sábado, 28 de julio de 2007
MASTER SOBRE EMPLEO, RELACIONES LABORALES Y DIALOGO SOCIAL EN EUROPA
https://web.mail.uclm.es/exchange/Antonio.Baylos/Bandeja%20de%20entrada/RV:%20Folleto%20M%C3%A1ster.EML/Folleto%20Universidad%202008-2009.pdf/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Folleto%20Universidad%202008-2009.pdf?attach=1
El folleto al que se remite es aun provisional, pero resulta interesante por conocer el tipo de enseñanzas y su contenido.
jueves, 26 de julio de 2007
Curso OIT, Bolonia y Castilla La Mancha
miércoles, 25 de julio de 2007
SIGUIENDO EL DEBATE SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL. Habla Joaquín Aparicio
Siguiendo con el debate que en esta semana se ha ido desgranando en estas páginas a través de las intervenciones de Rossana Rossanda y de Vicenç Navarro, resulta muy oportuno redescubrir el sentido profundo de esa construcción política y jurídica que llamamos sistemas de seguridad social. Para ello nada mejor que traer al blog a Joaquin Aparicio, uno de los mas reconocidos expertos en esta materia, a la que recientemente ha dedicado un artículo muy esclarecedor en el numero 2 de la Revista de Derecho Social – Latinoamérica, correspondiente al primer semestre del 2007. La Revista tiene como ámbito natural de proyección el círculo cultural del iuslaboralismo progresista de América Latina y el texto de Aparicio hace por ello especial referencia a los sistemas nacionales de protección social de aquel continente. El texto que aquí publicamos corresponde a la Introducción y al primer epígrafe del artículo citado; por razones de espacio no podemos incluirlo en su totalidad, pero aseguramos que no tiene desperdicio.
UCLM
[2] T.H. MARSHALL, Ciudadanía y Clase Social, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 20.
[3] Cfr. L. CANFORA, La democracia. Historia de una ideología. Crítica, Barcelona, 2004, p. 81-91.
[4] J.R. CAPELLA, “Una soberanía apacentada”, en J.R.CAPELLA (Dir) Las sombras del sistema constitucional español, Madrid, Trotta, 2003, p. 9.
[5] M. GARCÍA PELAYO, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza Editorial, Madrid, 1985, p. 28.
[6] M. ALONSO OLEA, “La política de la Seguridad Social”, Boletín de Estudios Económicos, Deusto, 1965, nº 64, p. 33.
[7] Se habrá entendido con claridad en lo hasta aquí expuesto que la existencia de un Sistema de Seguridad Social por si mismo no es garantía de existencia de un sistema democrático. Sin el resto de los derechos fundamentales no puede hablarse de tal. El caso español es un ejemplo de cómo la Seguridad Social, que empezó a desarrollarse desde 1966, en plena dictadura franquista, puede coexistir con un sistema antidemocrático, pero fue un excelente instrumento en la búsqueda de legitimación de un régimen totalitario, al tiempo que útil en los planes de desarrollo económico.
[8] W. BEVERIDGE, Full Employment in a Free Society (1944), se utiliza aquí la traducción al español La ocupación plena, FCE, México, 1947, p. 11.
[9] W.BEVERIDGE, Full Employment…cit, p. 47.
[10] J. APARICIO TOVAR, La Seguridad Social y la protección de la Salud, Civitas, Madrid, 1989, pp. 66-78.
[11] W. BEVERIDGE, Social Insurance and Allied Services, HMSO, Londres, 1942, p. 7.
[12] E. HOBSBAWM, Historia del Siglo XX, Crítica, Barcelona, 1995, pp. 260 y ss.
[13] U. BECK, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 1998, p. 25.
[14] U. BECK , Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización, Paidós, Barcelona, 2007, p. 12.
[15] Cfr. R. POUND, “The administrative application of legal standars”, 44 Rep American Bar Association, 1921, p. 450.
[16] P. BOURDIEU, Contrafuegos 2, Anagrama, Barcelona, 2001, p. 32.
[17] J. R CAPELLA, “La crisis del Estado de Bienestar en la crisis de civilización”, en E. OLIVAS (dir.) Problemas de legitimación en el Estado Social, Trotta, Madrid, 1991, p. 169.
[18] U. BECK, Un nuevo mundo…cit., p. 14.
[19] Argentina, Chile o Costa Rica tenían programas de Seguros Sociales comparables (en algunos casos con prestaciones mejores) a españoles de ese tiempo.
[20] Son abrumadoras las pruebas del fracaso de los sistemas privados. A modo de ejemplo cfr. Asociación de Abogados Laboralistas de Chile, “La reforma del Sistema de Pensiones en Chile” Revista de Derecho Social. Latinoamérica, nº 1, pp. 235-247; A. JIMENEZ, “Reflexiones sobre las reformas de los Sistemas de pensiones en América Latina”, Revista del Ministerio de Trabajo (España), nº extraordinario sobre Reforma de la Seguridad Social, 2006, pp. 71-86.
2.- LA SEGURIDAD SOCIAL VALOR UNIVERSAL
No es infrecuente que para argumentar en contra de la adopción de un plan definido de Seguridad Social se alegue que solo puede ponerse en práctica en países desarrollados, de ese modo se pretende justificar la carencia de políticas efectivas de eliminación de la miseria en algunos estados. La experiencia de América Latina que se acaba de señalar indica lo inexacto de esta argumentación. Ya se ha dicho que hubo una importante evolución, comparable a la de algunos países europeos en un cierto momento de su historia, en la creación de importantes Seguros Sociales que, de no haberse interrumpido, podrían haber dado lugar a auténticos Sistemas de Seguridad Social, cierto que adaptados a las características de las sociedades en donde cada uno de ellos se hubiese implantado. No hay un solo Sistema idéntico a otro, ni en la calidad de las prestaciones ni en los requisitos para acceder al derecho a las mismas, aunque como luego se verá, todos responden a unos principios comunes que nos permiten saber cuando estamos ante un Sistema de Seguridad Social y cuando no lo estamos. Hay que tener en cuenta, además, que la Seguridad Social es una construcción original producto de la voluntad política, sin la cual no puede existir. No existe una realidad social previa que haya que ordenar jurídicamente, como se hace, por ejemplo, con el contrato de compraventa. La única realidad social que encontramos es la existencia de estados de necesidad de los individuos, pero afrontar ese problema con la técnica de la Seguridad Social exige organizar una formidable estructura que la humanidad ha ido ha alumbrado después de la Segunda guerra mundial y que, aunque su realización se haya plasmado de modo más acabado en los países europeos, ha llegado a entenderse como una conquista de civilización con valor universal.
Precisamente la otra gran herencia del siglo XX ha sido la aspiración a hacer universales y efectivos los derechos humanos en tanto que son el medio esencial para garantizar la común dignidad de todos los seres humanos. El derecho a la Seguridad Social está incluido entre los derechos que todo ser humano debe disfrutar, como han establecido tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948[1], como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966 [2]. El Convenio 102 OIT, de norma mínima de Seguridad Social, adoptado en la Conferencia de 1952, tiene como objetivo que los Sistemas de Seguridad Social se pongan en práctica en todos los países, para lo cual deja claro cual es el conjunto de riesgos sociales que generan estados de necesidad contra los cuales deben de organizarse los Sistemas nacionales. Ciertamente esta Convenio no reposa sobre una idea onmicompresiva[3] de la protección contra los estados de necesidad, pero señala un mínimo asumible por los estados de acuerdo con el “ideal de cobertura” de su tiempo. En Europa, la Carta Social Europea de 1961, que ha sido ratificada por la mayoría de los países, establece también la obligación para los signatarios de sostener Sistemas de Seguridad Social, tomando como referencia el Convenio 102 OIT, pero con el compromiso adicional de su perfeccionamiento progresivo[4] a medida que las circunstancias lo vayan demandando.
Frente a la idea del carácter programático del derecho a la Seguridad Social, como uno de los derechos sociales más importantes, se alza el texto mismo de los instrumentos internacionales citados, de los que derivan para los Estados obligaciones de respeto, protección y satisfacción[5], en este caso satisfacción a través de la obligación de la puesta en práctica de la institución que conocemos Seguridad Social, aunque sea de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de cada uno de los países. Precisamente el Convenio 102 OIT da la posibilidad a los Estados establecer algunas excepciones temporales en la protección contra algunos riesgos sociales en razón de las condiciones sociales y/o económicas de país de que se trate.
Podemos concluir, por tanto, que la Seguridad Social se ha convertido en un valor universal en si mismo, en tanto en cuanto es instrumento de garantía de derechos a prestaciones que hacen posible el acceso a la dignidad que como personas y ciudadanos todo ser humano tiene. Se trata ahora de determinar que debe entenderse por Seguridad Social para saber con cierta precisión a que es a lo que están comprometidos los Estados signatarios de los grandes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
[1] Art. 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
[2] Art. 9.- Los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
[3] M.R. ALARCÓN CARACUEL, La Seguridad Social en España, Aranzadi, 1999, p. 42.
[4] .- El art.12 de la Carta dice así: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social, las Partes Contratantes se comprometen:1. A establecer o mantener un régimen de seguridad social. 2. A mantener el de seguridad social en un nivel satisfactorio, equivalente, por lo menos, al exigido para la ratificación del Convenio internacional del trabajo (número 102) sobre normas mínimas de seguridad social. 3. A esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social
[5] V. ABRAMOVICH y C. COURTIS, Los derechos Sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2002, p. 31.
martes, 24 de julio de 2007
POLEMICA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL
EL CAPITAL FINANCIERO Y LA ETERNA CRISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Continuando con las reflexiones de Rossana Rossanda sobre el debate político y social del futuro del sistema de las pensiones en Italia que ayer se incluía en estas páginas, se trae a la misma mesa de debate un artículo de Vicenç Navarro en el que se analiza uno de los tópicos de este debate: la inviabilidad del equilibrio financiero del sistema de seguridad social. El artículo se concibe de modo polémico como respuesta a un artículo de dos economistas al servicio entonces de un importante servicio de estudios de la banca privada y hoy en puestos de responsabilidad en el asesoramiento al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Mas allá de esta polémica, el contenido de los argumentos resultan especialmente útiles para suministrar nuevos elementos de análisis sobre el tipo de regulación de la Seguridad Social en extensión y en intensidad que se podría exigir en España, y para contrastar con los avatares normativos en los que ésta se encuentra. De nuevo sobre este tema es imprescindible leer los artículos de López Gandía sobre “La reforma de la jubilación en la ley de medidas de Seguridad Social de 2007”, y de Mikel de la Fuente analizando, en contrapunto, “Reparto y capitalización en el sistema de pensiones de Estados Unidos y sus recientes reformas”, ambos en el numero 38 de la Revista de Derecho Social. Por lo demás el texto de Navarro se ha traido a este blog desde la página de la revista de medios Sin Permiso (www.sinpermiso.info) .
Reproducimos el texto completo de la réplica del profesor Navarro a David Taguas. Una versión abreviada de la misma se publicó en Temas para el Debate el pasado mes de mayo.
Según tales instituciones financieras –la Banca, las Cajas y las compañías de aseguramiento privado- la única solución que puede garantizar las pensiones a los jubilados es el sistema de aseguramiento privado, eliminando o reduciendo el sistema de aseguramiento público a un mínimo. Tal privatización consistiría en que cada ciudadano tuviera su propia póliza de aseguramiento privado que le permitiría gozar de una pensión satisfactoria cuando se jubilara. Estos sistemas privados de aseguramiento se llaman de capitalización individual y se asume que pueden ofrecer mejores pensiones a los asegurados como consecuencia de que las tasas de retorno del capital invertido en los Bancos y en las Cajas son mayores que en los sistemas públicos de seguridad social. En otras palabras, se afirma que la Banca y las Cajas ofrecen mayor rentabilidad del dinero del cotizante que la Seguridad Social. Otra ventaja del sistema de capitalización individual –no sólo para el asegurado sino también para la totalidad del país- es, según la Banca, las Cajas y aseguramiento privado, el canalizar más dinero al ahorro privado, que tales instituciones financieras utilizarían para el beneficio de todos.
Tal postura a favor de la privatización de las pensiones públicas aparece en el artículo La Reforma de las Pensiones, publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro y escrito por David Taguas, que era cuando escribió el artículo subdirector del servicio de estudios del Banco BBVA (y que ahora ha sustituido a Miguel de Sebastián- que también procedía del BBVA- como director de la oficina económica de la Moncloa y asesor del Presidente Zapatero) y por María Jesús Sáez (que era, cuando escribió el artículo, interventora de la Seguridad Social y hoy dirige una empresa pública nombrado por el Gobierno socialista). Tal artículo ha sido motivo de una editorial favorable de El País (Augurio de crisis, 12/02/07) que hace suyos el análisis y las propuestas de tales autores. La influencia que tiene tal diario así como la de los autores del citado artículo exigen un análisis de sus tesis.
Los supuestos del artículo de David Taguas y María Jesús Sáez.
Analicemos, pues, las premisas del artículo. El diagnóstico de falta de viabilidad del sistema de Seguridad Social se basa en el supuesto citado anteriormente. El aumento del número de pensionistas y el número de años que cada pensionista vive junto con la reducción del número de trabajadores cotizantes determina –según los autores- que inevitablemente la Seguridad Social se colapsará alrededor del año 2050, aún cuando los déficits en su sistema de financiación comenzarán a notarse mucho antes, entre los años 2027 y 2030, una vez agotados los fondos de reserva. La solución -según los autores- es la privatización de las pensiones siguiendo el modelo de capitalización puesto que –según los autores- “los sistemas de capitalización individual son preferibles a los de sistemas de reparto (el sistema actual de financiación pública de la Seguridad Social) pues permiten mayor ahorro nacional y mayor rentabilidad”. De ahí que “si las economías desarrolladas se pudieran saltar hacia sistemas de capitalización individual debiera hacerse lo antes posible” (Pág.48), frase que reproducen tanto al inicio del artículo como al final del artículo, en sus conclusiones (Pág.58).
Ahora bien, el problema que Taguas y Sáez ven es que pasar de un modelo actual de reparto a uno de capitalización es enormemente costoso, puesto que si las personas cotizantes a la Seguridad Social, en lugar de transferir una parte de su salario a pagar a los pensionistas de hoy (con el compromiso que cuando ellos sean ancianos, otros pagarán sus pensiones), pagan parte de su salario a su banco o a su caja, entonces el Estado tendría que pagar las pensiones que se deben pagar ahora. Los autores no citan el coste de esta transición de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Esta cifra, sin embargo, es enorme. Así Dean Baker y Debayani Kar han calculado (Dean Baker and Debayani Kar. The World Bank’s Approach to Social Security Reform. Center for Economic and Policy Research. 2002) que tal transición en la privatización del sistema de reparto al sistema de capitalización que tuvo lugar en Chile durante la dictadura del General Pinochet costó a las arcas del Estado una cantidad equivalente al 8% del PIB. La naturaleza de tales costes explica que Taguas y Sáez aconsejen que se vaya a la capitalización individual gradualmente, reduciendo significativamente los beneficios de las pensiones, convirtiéndose éstas en un sistema de mínimos universales, que se basara en el salario promedio de la vida laboral del pensionista (lo cual significaría la reducción de un 30% de las pensiones actuales como los propios autores reconocen), en un aumento de la edad de jubilación a 70 años y una disminución considerable de la actualización de las pensiones de manera que las pensiones no seguirían la evolución de los salarios (como ocurre en la mayoría de países de la UE-15) ni de los precios (la inflación) sino un índice IPC-X que sería un modificación a la baja de la inflación y que reduciría la pensiones con la edad. Este gran déficit de protección social (sin precedentes en la UE-15) que ocurriría con estos recortes se sustituiría con un aseguramiento privado que tendría un componente obligatorio (forzando una cotización de 3-5% de la nómina de los trabajadores) y otro voluntario. En el nuevo esquema de pensiones habría un sistema de reparto universal mínimo, otro de cotización obligatoria y otro, también de cotización individual, voluntario.
Los problemas con tales reformas
La primera nota que salta a la vista es que en sus propuestas es el enorme tamaño de la reducción de los beneficios de los pensionistas. Para hacerse idea de la radicalidad de estas propuestas hay que saber que ningún partido gobernante en los países de la Unión Europea de los Quince o de Norte América ha propuesto retrasar la edad de jubilación a los setenta años. Incluso países con esperanza de vida mayores y con tasas de dependencia (población de menos de catorce años más población por encima de 65 años dividida por la población de 15 a 64 años) más grandes que España (tales como Suecia, Francia, Alemania y Bélgica) tienen edades de jubilación entre los 60 y los 65 años. Según la Internacional Social Security Association, en 2006 sólo Noruega, e Islandia tenían una edad de jubilación superior (67 años) a los 65 años. Y sólo el gobierno de coalición alemán liderado por Angela Merkel y el gobierno federal republicano del Presidente Bush han hecho la propuesta de retrasar la edad de jubilación a 67 años. Taguas y Sáez, sin embargo, ni cortos ni perezosos proponen nada menos un retraso de la edad de jubilación a los 70 años, una propuesta única hoy en los países desarrollados.
Pero además de extremistas, tales propuestas son erróneas pues se basan en supuestos altamente cuestionables. Los autores intentan apoyar sus propuestas refiriéndose “a un consenso entre los expertos en temas de la Seguridad Social a favor de sus propuestas”. En realidad no existe tal consenso. Un indicador del carácter más ideológico que científico de su artículo es que cuando Taguas y Sáez citan a expertos, excluyen sistemáticamente a aquellos que no comparten sus posturas como son en España Adolfo Jiménez (que fue en su día Director General de Régimen Económico y, posteriormente, Secretario General de la Seguridad Social durante los gobiernos de Felipe González) y que ha escrito extensamente cuestionando las tesis de no viabilidad del sistema de Seguridad Social -ver su capítulo: La Seguridad Social en España, en Navarro, V. (Coor.), La Situación Social de España; en EEUU Dean Baker y Debyami Kar, (ver artículo citado) y Joseph E. Stiglitz, (Diez mitos sobre los sistemas de Seguridad Social. 2001); y en América Latina, Camila Arza (Pension Reform in Argentina) y Carmelo Mesa Lago (Evaluación de un cuarto de siglo de reformas en América Latina) y otros que han criticado extensamente tales tesis. Ignoran así las abundantes críticas al sistema de capitalización individual, incluyendo la abundante crítica del modelo chileno, entre otra la del propio gobierno socialista de Bachelet que ha declarado tal sistema como insuficiente y altamente problemático, Tal como ha indicado Michelle Bachelet con motivo de la convocatoria del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Provisional “El sistema tiene baja cobertura, baja intensidad de cotizaciones, deja fuera a una enorme cantidad de trabajadores independientes, prácticamente el 95%, muestra poca competencia y altas comisiones, no da cuenta de las complejidades del trabajo moderno, alta rotación, alta informalidad y discrimina a la mujer, entre otras falencias conocidas”. Como consecuencia, el gobierno Bachelet se ha comprometido en una reforma sustancial del sistema.
Otro ejemplo de la orientación sesgada del artículo de Taguas y Sáez es su referencia al informe del Banco Mundial escrito en 1994, que promovió la privatización de la Seguridad Social en América Latina (y que inspira su artículo) sin citar otro informe posterior del Banco Mundial, escrito en 2002, en el que se expresan serias reservas sobre tal privatización sin renunciar, sin embargo a ella. Dean Bakes y Debayani Kar en el informe citado anteriormente hacen una crítica devastadora de ambos informes del Banco Mundial. Ni que decir tiene que esta crítica no aparece en el artículo de Taguas y Sáez. En otras ocasiones, Taguas y Sáez mezclan y confunden reformas complementarias (como es la reforma de Suecia donde tal capitalización es limitada y pública, con fondos gestionados por el Estado) con reformas sustitutivas (como en el caso de Chile en los que son las empresas privadas las que financian y gestionan el sistema), mostrando a la vez gran insensibilidad hacia les enormes inequidades de sus propuestas. Un ejemplo de ello es su propuesta de retrasar la edad de jubilación a 70 años. Tal retraso puede ser un gran beneficio para un Catedrático universitario que disfruta con su trabajo pero es una gran injusticia exigirle cinco años más de trabajo a una persona de limpieza de la Universidad que ha realizado un trabajo manual y repetitivo durante toda su vida laboral. Es más, tal como han documentado varios estudios epidemiológicos, la salud del profesional universitario a los 70 años es mucho mejor que la salud de la trabajadora manual no cualificada, la cual, a los sesenta años, tenía ya el nivel de salud que el Catedrático tiene a los setenta años (ver los trabajos del profesor Chandola del University College of London ampliamente popularizados por la BBC). Es de una enorme inequidad aplicar la misma jubilación a dos personas con tipos de trabajos bien distintos y niveles de salud muy dispares.
Otro grave problema de las propuestas de Taguas y Sáez es el largo periodo de predicción económico y demográfico. Es bien conocida la falta de credibilidad de modelos demográficos y económicos de tan largo periodo (40 años). Sus predicciones se han demostrado repetidamente erróneos. Cualquier proyección demográfica por encima del veinticinco años en sistemas de seguridad social es pura imaginación. Y los pronósticos de colapso de la seguridad social (que ha ocurrido en los últimos cincuenta años, cíclicamente cada diez) es la prueba de su escasa predecibilidad. En realidad cuando se predecía el colapso de la Seguridad Social en los años ochenta, Adolfo Jiménez y su equipo en la Secretaría General de la Seguridad Social predijeron correctamente que no habría tal colapso en los noventa, alcanzando superávit en los 2000, tal como ocurrió. Y más recientemente, los cálculos y predicciones de Adolfo Jiménez (ver artículo citado) señalan claramente la viabilidad de tal sistema público. Y ello se debe primordialmente a la integración de la mujer y de los inmigrantes al mercado de trabajo. Es más, si España tuviera la tasa de participación femenina que tiene Suecia, España tendría 3 millones más de trabajadores y cotizantes a la Seguridad Social. De ahí que la inversiones en los servicios de ayuda a las familias (que en España quiere decir mujeres), tales como escuelas de infancia y servicios de atención a las personas dependientes sean de una gran importancia económica, facilitando tal integración.
Pero a la exageración que Taguas y Sáez hace en sus proyecciones demográficas y económicas acompaña un silencio hacia los costes de mantenimiento y gestión de los sistemas de capitalización, costes muy superiores al coste de administrar la Seguridad Social. La evidencia acumulada (ignorada por Taguas y Sáez) es que los costes de administración de los sistemas privados de aseguramiento son muchas veces más grande que los costes de administración de los sistemas públicos. Así en América Latina, el 22% del coste de la prima de aseguramiento en Argentina, el 22% en México, el 19% en el Salvador, el 15% en Chile y el 14% en Colombia, van a cubrir gastos administrativo. En EEUU, por lo contrario, tal porcentaje en la Seguridad Social es sólo el 0.5% (ver James, E., Smalhour, J., Vittas, D. Administrative costs in the organizations of individual Account Systems: a Comparative Perspectiva. Washington D.C. World Bank 1999). En realidad, tal experiencia internacional con el aseguramiento privado ha sido sumamente problemática, beneficiando sólo al capital financiero (bancos y cajas) pero no a la mayoría de los supuestos beneficiarios. Sería un enorme error, tanto económico como político que tales reformas privatizadoras se llevarán a cabo en España.
Problemas metodológicos en los cálculos de Taguas y Sáez
Pero a las grandes deficiencias conceptuales del artículo de Taguas y Sáez hay que añadir unas deficiencias metodológicas en sus cálculos y en sus supuestos. Veamos.
En primer lugar, los autores señalan que de no haber cambios en la Seguridad Social en España, el coste de las pensiones públicas pasarían de representar el 7,7% del PIB en 2004 a un 17,9% del PIB en el año 2059, un crecimiento que consideran a todas luces excesivo. Pero nunca aclaran porqué este porcentaje sería excesivo. En realidad, el PIB del año 2059 será mucho mayor que el PIB del año 2004. Si consideramos que el crecimiento anual de la productividad es (tal como los autores indican) de un 1,5% durante el período 2004-2059 (y sin que haya un aumento de la población activa) entonces el PIB de 2059 será 2,25 veces mayor que el PIB de 2004. El significado de este dato es que si consideramos el valor del PIB en el año 2004 como 100, entonces el valor del PIB en el año 2059 será de 225. Pues bien, si bien el valor del PIB en 2004, después de pagar las pensiones, era de 100 – 7,7 = 92,3 en el 2059 el coste de las pensiones será (según las predicciones de Taguas y Sáez) del 17,9% del PIB, pero de un PIB de 225, lo cual quiere decir que el coste de las pensiones sería el 17,9% de 225, es decir, 40. De ahí que el valor del PIB para consumo después de pagar las pensiones será de 225 – 40 = 185, que es el doble del valor existente en el año 2004 que fue de 92,3. Tanto pensionistas como los no pensionistas tendrán muchos más recursos para pagar pensiones y otros gastos públicos que en 2004, a pesar de que las cotizaciones sociales representarán el 17,9% del PIB en el año 2059. Los recursos existentes para la sociedad disponibles después de pagar las pensiones serán el doble de los recursos de 2004. En realidad, el gasto público en pensiones hace cincuenta años en España era solo un 3% del PIB. Hoy es el 8,1% del PIB sin que ello signifique que haya menos recursos para los no pensionistas de hoy que hace cincuenta años. El crecimiento económico es el factor determinante del nivel de riqueza total del país. Y este crecimiento es probable que sea incluso mayor que el indicado por Taguas y Sáez, como consecuencia de que el crecimiento de la productividad sea mayor que la proyectada por Taguas y Sáez y que el crecimiento de la población activa sea también mayor.
Otro error que hacen Taguas y Sáez - que se oponen al aumento de los impuestos para resolver el posible déficit de la Seguridad Social - es que parecen no darse cuenta de que el retraso de jubilación es en realidad un aumento muy notable de los impuestos y un aumento sumamente regresivo por las circunstancias apuntadas anteriormente, puesto que la esperanza de vida es más corta en la medida que la renta es menor, siendo los trabajadores (que viven vidas mas cortas) los que financian las pensiones de rentas mayores que viven más años. Su actitud “anticrecimiento de los impuestos” para financiar la Seguridad Social es pues extraordinariamente sesgada. En realidad y tal como ha indicado John Schmitt, Senior economist del Center for Economic and Policy Research de Washington (EUA), si a la población se le preguntara a través de un referéndum que escogiera entre tres opciones: una, aumentar los impuestos gradualmente (en la medida que el nivel de vida vaya aumentando y las rentas vayan subiendo) durante los próximos treinta años a fin de pagar unas buenas jubilaciones; otra, pagar los mismos impuestos pero trabajar y pagar impuestos cinco años más; y una tercera posibilidad, pagar los mismos impuestos que ahora pero reduciendo las pensiones, la evidencia que tenemos muestra que la gran mayoría de la población escogería la primera alternativa. Y sin embargo esa posibilidad es descartada desde el principio del artículo por Sáez y Taguas cuando escriben “Es preciso anticipar que en este trabajo no se considera la posibilidad de incrementar los ingresos del sistema para afrontar el gasto creciente que resulta del incremento en la tasa de dependencia (es decir, las cotizaciones sociales), y ello porque se supone que la presión fiscal creciente afectaría negativamente a la oferta de trabajo”. Pero si fuera verdad (lo cual no lo es) que aumentar los impuestos reduce la oferta de trabajo, ¿porque entonces el aumento de los impuestos que ocurre con el retraso de la jubilación no es considerado que reduciría también la oferta de trabajo?. En realidad, Taguas y Sáez confunden la tasa de impuestos con la cantidad de impuestos. La cantidad disponible del que paga los impuestos una vez haya contribuido al erario público puede aumentar considerablemente (como consecuencia del aumento de su renta total) aun cuando la tasa de sus impuestos haya aumentado. De la misma manera que la capacidad adquisitiva de consumo de la España de 2059 será mucho mayor que la de la España de 2004 (aun cuando el porcentaje de los impuestos sobre el PIB sea mayor en 2059 que en 2004), la capacidad adquisitiva del promedio español será mayor en el año 2059 que en 2004, incluso después de pagar un porcentaje mayor de su renta en impuestos. Este es el punto que sistemáticamente se ignora por Taguas y Sáez, y la mayoría de portavoces del pensamiento liberal.
Todo lo dicho hasta ahora no implica que no hayan reformas que debieran realizase en la Seguridad Social de España como ajustar, por ejemplo, la edad real (62) a la edad legal de jubilación (65) o estimular voluntariamente el retiro del trabajo para edades más avanzadas. Pero es irresponsable crear una sensación de pánico que no se corresponde con la realidad. Es más, incluso si fuera cierto que a la larga, en el año 2050 hubiera un problema de falta de trabajadores cotizantes, las pensiones podrían pagarse por vía impositiva –con fondos generales del Estado- como ya ocurre hoy en muchos países. Es muy improbable que en un programa tan popular como las pensiones no hubiera apoyo popular para resolver aquel problema a través de fondos generales del Estado si tal insostenibilidad ocurriera. Lo que aquellos autores ignoran es que la viabilidad de la Seguridad Social no es una cuestión estrictamente económica sino esencialmente política por su contenido social y redistributivo. La Seguridad Social será viable si el electorado así lo desea. Y el hecho de que la ciudadanía se envejezca no un es problema para la viabilidad de tal sistema de pensiones sino antes al contrario: señala que un número mayor de votantes serán beneficiarios de este sistema, siendo sus máximos defensores.
Conclusiones: La resistencia popular a tales reformas
De ahí que uno de los obstáculos mayores para el desarrollo de las recomendaciones propuestas por Taguas y Sáez es la resistencia popular que generarían. En este aspecto es interesante y significativo señalar las conclusiones de otro estudio, también financiado por la fundación BBVA (y que inspira en gran manera el artículo aquí discutido) The political future of social security in aging societies, de Vincenzo Galaso (publicado por MIT) que concluye con las siguientes observaciones. “Las decisiones aquí propuestas podrían facilitarse trasladando la responsabilidad por su establecimiento a la Unión Europea –y muy en especial a la Comisión Europea- lo cual sería posible por el déficit democrático existente en la U.E. Su falta de tener que dar cuentas a la ciudadanía (acountability) permitiría que fuera ésta la que impusiera tales decisiones que se tomarían en contra de los deseos de los votantes existentes hoy pero a favor de los intereses de los que todavía no han nacido”. Es interesante ver como la Banca y sus portavoces se erigen como los defensores de los todavía no nacidos y es también conmovedor ver que la Banca se preocupa más por los niños no nacidos todavía que por sus padres y abuelos.
En realidad, el problema de las pensiones –tanto contributivas como no contributivas- no es su excesiva generosidad, como aquellos autores asumen, sino precisamente lo contrario, son demasiado bajas. La insuficiencia de las pensiones no contributivas es un hecho ampliamente reconocido en España. Pero lo que no es tan conocido es que incluso las contributivas son bajas en comparación con el promedio de los países de la Unión Europea de los quince (EU-15) el grupo de países más cercanos a España por su nivel de desarrollo económico. La pensión media contributiva en España es sólo el 68% de la pensión media contributiva de la UE-15 (homologada por el tipo de pensiones y medida no por la tasa de sustitución de los salarios –que son muy bajos en España- sino por la cantidad de la pensión), y la pensión no contributiva es sólo el 46% del promedio de la UE-15. Para valorar el significado de estos datos, tenemos que tener en cuenta que España tiene un nivel de riqueza (medido por su PIB per capita) semejante al promedio de la UE-15: específicamente su PIB per capita es ya el 91% del PIB per capita promedio de la UE-15. Y en cambio su gasto social per capita es sólo el 62% del promedio de la UE-15. Si nos gastáramos el porcentaje del gasto social que nos corresponde por nuestro nivel de riqueza debiéramos gastarnos más de 72.000 millones de euros más de lo que nos gastamos. Según los datos elaborados por EUROSTAT, por la metodología SEEPROS España destina el 19,7% del PIB (2003) a gasto en protección social mientras que el promedio de la UE-15 es del 28,3%. Si se considera los gastos de vejez, invalidez y supervivencia, el porcentaje sobre el PIB es de 9,8%, ocupando el penúltimo lugar de la UE-15 (2003) (Suecia el 17,6%, Alemania el 14,7%).
España debe gastarse en su Estado del Bienestar, incluyendo su Seguridad Social, más de lo que se gasta. En realidad, la carga fiscal en España (porcentaje de los impuestos sobre el PIB) es uno de los más bajos de la UE-15. Su capacidad recaudatoria, por lo tanto, dista mucho de haberse agotado. Tal agotamiento es otra de las tesis que el capital financiero está promoviendo en España con la ayuda de grandes cajas de resonancia que tienen una enorme influencia política y mediática en el país.
lunes, 23 de julio de 2007
PRIMER CINCUENTENARIO DE LOS HECHOS DE HUNGRIA 1957 Y DI VITTORIO
ROSSANA ROSSANDA: Sobre las pensiones
Como premisa o como conclusión de este axioma constan las previsiones sobre el futuro, destinadas a demostrar que seremos siempre menos, siempre más viejos, y por consiguiente que habrá siempre menos cotizaciones, espantosas “jorobas” en el déficit. Nuevas generaciones con pensiones de jubilación a cero. Es sin embargo curioso, resulta incluso estrafalario, que nadie eche una ojeada al decenio transcurrido de la reforma Dini en adelante: ni tan solo uno de los pronósticos avanzados entonces se ha revelado como acertado.. En 1995 se había previsto que la población residente descendería, en el 2005 deberíamos haber sido 57.613 144, mientras que en aquella fecha llegamos a ser 58.751.711: un error de más de un millón, somos un 2% más. ¿Pero quizás más viejos e improductivos?. Pues no, ha aumentado el número de quienes están en edad de trabajar, la franja entre los 24 y los 29 años ha crecido más de un 6%, la tasa de los que se encuentran en edad de trabajar entre los 15 y los 64 años ha crecido en un 3%. Y por último, pero no lo menos importante, concretamente en Italia la edad media de quienes pasan a ser pensionistas es de 61 años y pico. No habrá sido mala intención, pero sí ciertamente un error escandaloso, que demuestra cuántas variantes intervienen en la previsión y qué valor tienen las actuales extrapolaciones respecto de un futuro temible
Y podríamos continuar. No siempre son mentiras: es también oscurecimiento “natural”, tal como el que se arroja sobre las mujeres. Estas, como es sabido, tienen una mayor esperanza de vida y pretenden acceder a la pensión cinco años antes. ¡Vampiras! Se finge olvidar –o, aún peor, se olvida verdaderamente- que una trabajadora suma a las treinta y cinco o cuarenta horas de actividad fuera de su casa (no sabemos cuántas de ellas, señoras de la limpieza y cuidadoras de ancianos, trabajan en negro, porque nuestras señoras no pagan impuestos) el trabajo en su propia casa: alimentar, lavar y planchar para sus hombres, criar a los niños, cuidar de los ancianos, limpiar la casa, hacer la compra y atender a la pequeña burocracia –todos los trabajos que llevan tiempo y no son pagados, pero cuyo coste podría ser fácilmente calculado a partir de la retribución que percibe quien lo desempeña como profesional (señoras de la limpieza, cuidadoras, enfermeras, secretarias).
Decir que por término medio una trabajadora curra no siete por cinco, sino siete por siete es una aproximación a la baja. Eugenio Scalfari había escrito que la usura se continúa ejerciendo mientras el cuerpo aguanta.
Y oscurecimiento es precisamente lo que cae sobre los trabajos “usurarios” sobre los que quizá no se miente, pero todos, sindicatos incluidos, hacen la vista gorda. No hay que ser psicólogo o catedrático de sociología para saber que cualquier trabajo que es solo cansancio, repetición y aburrimiento , que es sólo maquinal, sin posibilidad de elección o decisión y que no tiene otra contrapartida que el salario, es usurario física y /o síquicamente, es alienante y devora energías . Como para un precario la permanente incertidumbre sobre el mañana es en nueve de cada diez casos lo más desgastador de un trabajo. El décimo caso lo dejamos para la señorita Padoa Schioppa que –según dijo su padre //1— está contenta de saber sólo el viernes si podrá trabajar el lunes siguiente. Pero volvamos sobre la mentira respecto de hechos y datos fácilmente controlables: ¿A qué se debe?
Creo que obedece a una doble la explicación. La primera que, aún habiendo alcanzado la cuota de desfachatez social 2007, les avergüenza decir: Querido pueblo italiano, mantendremos las pensiones a su nivel actual (8 millones de vosotros con menos de 750 euros al mes, (y el 80% de los mismos con menos de 500 euros) pero tendréis que trabajar algunos años más y además hacer transferencia de los fondos de pensiones de la Seguridad Social a algún fondo de inversión porque debemos bombear vuestros dineros para reflotar nuestras pobres empresas. Si con esta ayuda vuestra logramos ser competitivos, tendréis al final algunos euros más, no como pensionistas, sino como accionistas, si no lo logramos, perderéis también aquellos. El crecimiento de las empresas sea vuestra divisa, apretaos el cinturón confiadamente
La segunda es que la primera ley no es la de Signora, sino la de la Comisión europea y de el Banco Central europeo que exigen que nuestra deuda vuelva a estar en los niveles previstos. ¿Ha habido un aumento imprevisto de los ingresos fiscales? Aproveche para curarse un poco más deprisa. Es cierto que en Francia Nicolás Sarkozy le ha dicho a esas dos autoridades supremas del continente: por cierto, Francia se incorporará a la disciplina europea no en el 2008 sino en el 2012, y no se ha venido abajo el mundo. Pero él es la derecha y nosotros la izquierda, él apesta a proteccionismo, mientras que nosotros , fieles a la libertad, permitimos que se desmantelen nuestras fronteras y en cuanto podemos desmantelamos las ajenas. Una dinámica empresa italiana se ha comido hace dos semanas una empresa francesa saneada para cerrarla y deslocalizarla en Tunez, donde el trabajo cuesta mucho menos y adiós a la mano de obra cualificada. Esto se hace pero no se dice. Al menos no, cuando la mayoría está compuesta por un arco completamente de izquierdas , incluidas Refundación comunista y el Partido Comunista de Italia incluidos //2, y sobre todo en el Senado se necesitan absolutamente todos los votos, del primero al último. Otra cosa sería si, como no ocultan Francesco Rutelli y buena parte de los dirigentes del aún no nato Partido Democrático, la mayoría se liberase de su izquierda, tachada de maximalista y conservadora, y pudiese contar como suyos los votos de la Unión Demócrata Cristiana y otros, posiblemente independientes, pero suficientes para reemplazarla. O si el gobierno cayese y se formase , bajo los auspicios del presidente de la República //3, un bonito gobierno de unidad nacional que ya no tendría necesidad de mentir, salvo, naturalmente, durante las elecciones. Hoy por hoy, es aún difícil que sin pasar página, el Estado, que tiene prohibida la intervención en la economía, intervenga minuciosamente para liquidar todos los intentos que ponen coto de alguna manera a la lógica de los beneficios. Este es, por otra parte, el verdadero nudo gordiano de la actual mayoría.
viernes, 20 de julio de 2007
ROMAGNOLI: Sobre la precariedad
Como quedó dicho el otro día, en el reciente número de la Revista de Derecho Social (el 38) aparece el ya famosísimo ensayo del maestro Romagnoli. La dirección de la mencionada revista ha concedido en régimen de exclusiva este trabajo a los blogs hermanos Según Baylos y Metiendo Bulla, quienes a su vez ruegan al personal que sea pirateado ampliamente. Trata de la cuestión del precariado. O sea, de la máxima actualidad. Hélo aquí el mencionado artículo.
jueves, 19 de julio de 2007
MOVILIZACIONES EN PERU
Desde que el Congreso peruano ratificó por 70 votos a favor y 38 en contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU –destilado luego de tres meses de negociaciones después de la visita de García a la Casa Blanca en abril—, el país ha sido sacudido por huelgas y manifestaciones, y la popularidad del presidente que había prometido “un nuevo Perú”, y que ha resuelto mandar el ejército a las calles en función anti-huelga, se está desplomando