COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LA HERENCIA UNIVERSAL DEL ABRIL PORTUGUÉS. (JOAQUIN APARICIO EN LISBOA)

 

En el Coloquio Internacional al que se hace referencia en la entrada, Joaquin Aparicio con el comandante de Abril, Vasco Lourenço. En la siguiente, Pilar del Rio, presidenta de la Fundación José Saramago se dirige a los asistentes. En la fotografía que cierra esta entrada, los asistentes al Coloquio internacional.

“El 25 de abril de 1974 es un hito histórico que trasciende las fronteras de Portugal. La Revolución de los Claveles irradió un legado universal de lucha por la democracia y los derechos sociales. Este movimiento, que culminó con el fin de una dictadura de 48 años, representa el triunfo de la voluntad popular sobre la tiranía, de la democracia sobre el fascismo, de los derechos sobre la opresión, de la liberación nacional sobre el colonialismo. Los claveles que simbolizaban esta revolución, colocados en los cañones de los fusiles de los soldados, significaban un rechazo a la violencia y un compromiso con la paz. Esta imagen resonó globalmente, inspirando movimientos democráticos en todo el mundo.

El legado de la Revolución de Abril se basa en la defensa intransigente de la libertad, la igualdad y la justicia social. La revolución no sólo derrocó a un régimen autoritario, sino que sentó las bases para la construcción de un Estado democrático, en el que los derechos humanos ocupan un lugar central y son respetados y promovidos. Derechos fundamentales como la educación, la sanidad, la vivienda y el trabajo fueron elevados a la categoría de prioridades nacionales, reflejo de un compromiso con la dignidad humana que sirve de ejemplo universal”

(“Carta de Lisboa : Honrar el legado del 25 de abril de la izquierda y los progresistas para construir un mundo de justicia y libertad”, Lisboa, 21 de junio de 2024)

 

 

HERANÇA UNIVERSAL DE ABRIL

 

Los días 20 y 21 de junio ha tenido lugar en la Fundaçao José Saramago de Lisboa un coloquio internacional sobre la herencia de la Revolución de los claveles en su 50 aniversario, con una referencia especial a su influencia las luchas democráticas en América Latina. El coloquio ha estado auspiciado por el Instituto Novos Paradigmas de Brasil y la Fundaçao José Saramago de Lisboa. Tarso Genro, ex Gobernador de Rio Grande do Sul y ex ministro de Justicia con el presidente Lula, por parte del Instituto Novos Paradigmas y Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, fueron los organizadores del encuentro en el que participaron personas de Brasil, Portugal, Cabo Verde, Uruguay, Chile, Francia y España. Al encuentro asistió Joaquin Aparicio, que es quien realiza esta pequeña crónica del Coloquio internacional.

 

Los distintos paneles trataron sobre los principios de la revolución de abril y los enigmas para el futuro con la democracia en peligro; Europa y América del Sur entre el mercado y los derechos sociales; la revolución y la descolonización; el legado de la revolución de abril para una Europa y una América del Sur democrática y anticolonialista, con un último panel sobre neoreaccionarismo cultural, transición autoritaria: ¿el fascismo avanza en occidente? Las conclusiones las realizaron Pilar del Río y Tarso Genro y se acordó una declaración – la “Carta de Lisboa” - que puede consultarse en lengua original, junto a una referencia amplia del coloquio en https://novosparadigmas.com.br/

 

Para quien esto escribe, al que asignaron participar en el panel sobre revolución y descolonización, y para tanta gente que vivió con enorme esperanza e ilusión la Revolución de los Claveles eran nombres míticos Otelo Saravia de Carvalho, Vasco Lourenço o Rosa Coutinho. Es fácil imaginar la emoción de encontrar y abrazar al hoy teniente coronel Vasco Lourenço, hoy presidente de la Asociación 25 de abril. Era obligatorio en la intervención hacer una referencia a la fraternidad entre el Movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas y la Unión Militar Democrática española. El ejercito español tenía muchas diferencias con el portugués. La más importante era que no estaba enfangado en una guerra colonial, que muy probablemente fue el detonante esencial para que el 25 de abril de 1974 triunfara como lo hizo la revolución de los claveles. El conflicto del Sahara, siendo importante, no podía compararse con las guerras coloniales portuguesas, aunque la descolonización de ese territorio estuvo determinada claramente por los intereses geoestratégicos de Estados Unidos que no podía dejar que apareciera en el norte de África un país independiente aliado con una Argelia que jugaba un papel importante en el movimiento de países no alineados. El 2 de noviembre de 1975, con Franco con un pie en la tumba, Juan Carlos, que en pocas semanas sería rey, acudió al Aium como Jefe del Estado en funciones para asegurar que se garantizarían los derechos del pueblo saharaui mientras un representante suyo pactaba en Washington con Kissinger la entrega del Sahara a Marruecos a cambio del apoyo de Estados Unidos a su monarquía. A pesar de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas pidiendo la retirada de Marruecos y la organización de un referéndum, el pueblo saharaui sigue esperando una solución a ese conflicto.

 

El envío al Sahara de militares demócratas a modo de castigo no impidió que se formase en el seno del ejercito una organización clandestina, la Unión Militar Democrática que no pretendía un golpe como el del 25 de abril, sino impedir a los sectores ultras del ejercito caer en la tentación de una involución que evitase la llegada de la democracia. Como decían ellos trataban de “mojarles la pólvora”. El éxito del 25 de abril alertó a los norteamericanos que se pusieron en marcha para evitar una profundización de la democracia en Portugal y que en España ocurriese algo parecido. Había contactos clandestinos entre la UMD y el MFA y el 29 de julio de 1975 la cúpula de la UMD fue detenida. El sector más ultra del ejercito sopesó la posibilidad de asesinar a todos ellos y hacer pasar el atentado como una acción de la ETA. Afortunadamente ese disparate no se llevó a cabo. Fueron sometidos a juicio, condenados a penas de cárcel y expulsados del ejército. Estaba previsto que detuviesen a diez personas, pero solo lo hicieron con nueve porque uno de ellos estaba fuera de España, de vacaciones, cuando se produjo la detención. Fue el capitán de aviación José Ignacio Domínguez que acabó acogido en Portugal y protegido por los capitanes de abril. El teniente coronel Vasco Lourenço lo recuerda muy bien.

 

En los 50 años pasados desde la revolución de los claveles la globalización neoliberal ha producido un enorme aumento de la desigualdad, no solo en los llamados países centrales, sino de modo muy dramático en África y América Latina en los que un nuevo colonialismo ha generado pobreza y violencia que obligan a migrar a cientos de personas, muchas de las cuales mueren en el intento de llegar a países en los que esperan encontrar una vida mejor y otras muchas son explotadas en ellos, de forma dramática los niños. Ante esta dura realidad tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han reaccionado cerrando fronteras con no poca hipocresía. La Unión Europea aprobó en 2008 la llamada directiva de retorno o de la vergüenza, que permite las expulsiones de inmigrantes irregulares y los internamientos en centros equivalentes a una cárcel. En mayo de 2025 los 27 acordaron un pacto de migración y asilo con distintas medidas para endurecer la acogida de personas expulsadas de sus países por el hambre o la persecución social y política.

 

No era ese el espíritu de la Revolución de Abril, por eso tiene razón Vasco Lourenço cuando dice que acabar con esta irritante desigualdad merece un nuevo 25 de Abril. Porque, como concluye la Carta de Lisboa:

 

“Las revoluciones no mueren, cambian. Abril subraya la importancia de la memoria como pilar esencial de la democracia. La revolución nació del deseo de paz, de poner fin a una guerra colonial que mató a miles de personas en todos los frentes y bandos. La movilización popular que caracterizó la Revolución de los Claveles es una advertencia perenne a la izquierda y a los progresistas de que la democracia no es un hecho, sino una conquista permanente que requiere vigilancia, acción constante y un lenguaje innovador, incluidas las especificidades del entorno digital y su potencial para la libre circulación de mentiras fabricadas. Esta disputa debe basarse en ideas prácticas e iniciativas normativas renovadas.

Frente a las amenazas que se ciernen sobre el planeta y la humanidad -en particular la pesadilla del fortalecimiento de las ideas de extrema derecha en las últimas décadas, el cambio climático producido por el sistema del capital y las incertidumbres generadas por la influencia de las redes sociales en las formas de sociabilidad-, el legado de Abril nos motiva a afrontar estos desafíos con valentía, tolerancia e imaginación para soñar y construir un mundo mejor.

Las conquistas y la democracia que el pueblo ha construido no serán destruidas por las diferentes formas de opresión reproducidas por el neoliberalismo. La memoria de abril debe reforzar nuestro compromiso con la promoción de los derechos fundamentales, cuyas semillas la revolución portuguesa esparció por el mundo como el romero.

La democracia que hemos construido y que queremos profundizar no se limita a los procesos electorales. Se trata de reconocer que la democracia debe estar vinculada a la garantía de los derechos. Garantizar la seguridad, la alimentación, la educación, la vivienda, el trabajo y la democratización de los medios de comunicación. Debe estar vinculada a la eliminación del racismo y de cualquier forma de segregación. Solidaridad y acogida justa de los trabajadores independientemente de su origen, tolerancia religiosa, igualdad de género radical, reconociendo los feminismos, porque corresponde a las mujeres generar vida y cuidados en el mundo.

Nos reunimos en la casa de los recuerdos y las ideas de José Saramago. Y es sobre la influencia y los valores del legado de Abril que nos planteamos el desafío de construir un nuevo mundo de paz, abundancia y esperanza. Avancemos en la lucha por los ideales de otro mundo posible”.

 

 

 

 

 

 

 

HILOS SUELTOS SOBRE EL ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y LA PROPUESTA DE UN NUEVO MAGISTRADO PARA EL TC

 

Se ha renovado a partir de un acuerdo entre el PSOE y el PP el Consejo general del Poder Judicial, que llevaba, conviene recordarlo siempre, cinco años caducado ante la negativa obstinada del Partido Popular basada en razones cada vez más atrabiliarias, que obligó a legislar impidiendo que se siguieran haciendo nombramientos para los altos órganos jurisdiccionales españoles (Tribunal Supremo, fundamentalmente, además de TSJ y AN). Un intento de cambiar el procedimiento de nombramiento de los miembros del CGPJ fue denunciado como un ataque a la independencia judicial, y finalmente el tema se ha llegado a trasladar al ámbito europeo, solicitando y obteniendo la mediación del Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders.

Durante todo este tiempo, ha sido unánime la exigencia por parte de partidos, sindicatos y asociaciones judiciales, de renovar este órgano. La presión última al parecer muy eficaz sobre el PP ha provenido de la propia Asociación Profesional de la Magistratura, que lidera el llamado Partido Judicial ante la frustración de los itinerarios de carrera de muchos de sus miembros, que ven paralizadas sus expectativas ante la imposibilidad de efectuar nombramientos. El ultimátum del presidente del gobierno coincidió además con la nueva constatación de que la derecha y la ultraderecha no logran una mayoría contundente en las urnas. Las elecciones del 9 de junio asi lo atestiguan (entre paréntesis, España es la nación europea que más diputados situados en la izquierda y en el centro izquierda han aportado al Parlamento europeo, uniendo los del PSOE, SUMAR, Bildu, BNG y ERC y Podemos).

El acuerdo, que se expresa formalmente como un acuerdo en el seno de la Unión Europea, con una escenografía manifiestamente mejorable en la que acompaña a los sujetos firmantes, González Pons y Bolaños la Vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová dando testimonio silencioso aunque sonriente del pacto,  lleva consigo la presentación cerrada de una reforma de la LOPJ y del Estatuto Fiscal que no incorpora la reivindicación de la derecha de cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ, pero que se presenta como un acuerdo inmodificable y una lista de consejeros que deberán ser nombrados por el Congreso y el Senado en función de sus diferentes adscripciones, en la que se ha procurado incluir a personas de un perfil no  excesivamente marcado por su trayectoria política y de cierto prestigio profesional, evitando nombres ya conocidos de previsible conflictividad. Algo que sin embargo se contradice directamente con el candidato propuesto por el PP para magistrado del Tribunal Constitucional, como se verá a continuación.

Se ha logrado así desbloquear el CGPJ y este es el elemento más valioso de este acto político. La lista es paritaria en el sentido que 10 miembros han sido propuestos por el PP y otros 10 por el gobierno, lo que por tanto no responde a la referencia democrática de mayorías parlamentarias que deben orientar esta composición. Por vez primera además no se ha incorporado ningún miembro proveniente de las fuerzas políticas nacionalistas. Por el contrario SUMAR ha intervenido en la propuesta de dos personas sobre las diez nominadas. En la lista de vocalías de procedencia judicial, tres personas han recibido el aval de la asociación Jueces y Juezas por la Democracia, Esther Erice, Jose Maria Fernández Seijo, el laboralista Carlos H. Preciado, magistrado del TSJ de Catalunya y letrado del gabinete técnico del tribunal Supremo. También está incluida Lucía Avilés, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, mientras que en la de vocales juristas destacan Inés Herreros, que ha sido Presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y trabaja en la Fiscalía de Memoria Democrática, otro  bien conocido laboralista, Ricardo Bodas, magistrado jubilado del Tribunal Supremo, Ángel Arozamena, magistrado del Tribunal Supremo de lo contencioso y Argelia Queralt, letrada del Tribunal Constitucional.

Ya se verá cómo se desarrolla en la practica este nuevo Consejo. La primera cuestión será la elección e sus órganos de dirección, en especial la presidencia del mismo. Llama la atención que la presencia de magistrados del Tribunal Supremo en la lista es muy reducida, lo que es más relevante en la omisión de los mismos en los nombres propuestos por el PP, y se debe recordar que quien presida el CGPJ pasa a ser el presidente del Tribunal Supremo según el art. 586 LOPJ. No es necesario que se tenga la condición de magistrado del Supremo – no lo fueron ni Antonio Hernández Gil  ni Carlos Dívar –  solo es necesario el mérito del prestigio como jurista y una antigüedad de 15 años en el ejercicio de su profesión, pero es una posición institucional muy significativa puesto que es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo.

La respuesta de una parte de la izquierda política y de una buena parte de los comunicadores mediáticos ha sido en general muy crítica. Se dice que se trata de un reparto de puestos, de la vuelta del bipartidismo entre PSOE y PP, y, ya en el detalle, se cuestiona el veto a una serie de candidaturas que en el pasado habían integrado las propuestas desde la izquierda, en especial De Prada y Rosell que ya en el 2022 fueron apartados de la propuesta presentada que fracasó ante una nueva negativa del Partido Popular.

El reproche es cierto, pero la crítica olvida que es el mecanismo previsto para el nombramiento de los miembros del CGPJ, una mayoría cualificada que exige la puesta en común de las propuestas de los dos grandes partidos del sistema político español. Ese es justamente el problema, porque uno de ellos, el Partido Popular, ha podido utilizar este mecanismo para paralizar la renovación del Consejo durante cinco años, y mantener por tanto la composición de 2015 a la vez que empleaba los restos de este organismo como ariete contra las propuestas legislativas del gobierno, como señaladamente ha sucedido con la Ley de Amnistía. La única manera de deshacer este nudo era o bien cambiar las reglas de juego, que se ha pensado que era una opción demasiado arriesgada y con grandes costes de legitimidad, o bien forzar el acuerdo con el PP, aprovechando el momento político tras las elecciones europeas de junio. El resultado ha sido el que se quería, que el Consejo caducado desapareciera y se pudiera contar con una nueva composición que desbloqueara la actuación de este órgano. Nada más (y nada menos) pero no se puede pretender que con ello se agote un programa necesario de democratización de los aparatos judiciales que es imprescindible.

En resumen, no se puede exigir de manera vigorosa una solución al clamoroso incumplimiento de la Constitución al no renovar el CGPJ en el plazo previsto aprovechándose de tener una capacidad representativa de cierre de esta posibilidad, y a la vez rechazar el mecanismo por el que la ley posibilita esta renovación, que es necesariamente un acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. No es posible afirmar una cosa y su contraria. Cabe, naturalmente, objetar el resultado final, que por ejemplo no ha incorporado a personalidades de procedencia judicial o de juristas de reconocido prestigio que estén en la sintonía de los partidos nacionalistas vascos o catalanes, como había sido costumbre hasta ahora, pero no es razonable criticar el acuerdo por el mero hecho de ser un pacto entre PSOE y PP que son las únicas fuerzas que por si solas pueden obtener la mayoría requerida para ello. Mucho menos que SUMAR como partícipe del gobierno de coalición, haya podido intervenir en ese acuerdo, indicando dos personas para formar parte del Consejo, una cuestión que por el contrario debería valorarse positivamente.

Los nominados que provienen de las indicaciones del gobierno tienen un indudable valor; son personas por regla general muy competentes, algunas de ellas además especialmente versados en derecho laboral con un bagaje teórico y práctico muy fuerte. Es evidente que otros candidatos podrían haber integrado esa lista, también los que en su día formaron parte de una propuesta formal al respecto y no lo lograron por el señalamiento negativo del PP o del propio PSOE, pero nadie debería tener una especie de derecho de marca para un cargo público, por mucho que la prohibición o el veto personal pueda ser una práctica política no aconsejable si se trata de castigar por actuaciones inequívocamente democráticas o por haber dictado sentencia en el caso Gürtel destapando la corrupción del Partido Popular.

Finalmente, este nombramiento permitirá que el CGPJ recupere una normalidad perdida desde hace mucho tiempo. Este organismo se había instalado en la primera fila de las instituciones militantes en la negación de la legitimidad del gobierno democrático, descuidando ostensiblemente sus funciones correctoras y disciplinarias que solo funcionaban en una sola dirección, así como en la protección corporativa de decisiones judiciales que deberían haber estado sometidas al ejercicio de la libre crítica derivada de la libre expresión ideológica y de pensamiento. La reinserción del CGPJ en los modos y las formas democráticas puede ser complicada si, como parece ser la tónica general, la ofensiva verbal de descalificaciones contra el gobierno sigue siendo el caldo de cultivo en el que se mueve el discurso político de la derecha y la ultraderecha, pero la completa renovación del órgano permite abrigar algún optimismo al respecto.

Esta deriva muy preocupante se ha puesto de manifiesto con la designación como candidato a ser magistrado del Tribunal Constitucional de Jose María Macías. Sustituirá a Alfredo Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo que renunció víctima de un ictus, y por tanto le queda tan solo un año y medio hasta la nueva renovación de Magistrados, por lo que es razonable pensar que le han prometido la renovación de su cargo. Es decir, que puede que ocupe la plaza de magistrado del Tribunal Constitucional diez años y medio, y lo que en principio parecía un error del diario Público al dar la noticia, que indicaba que Macías sería presidente del Tribunal Constitucional, puede que sea el objetivo que persiga el PP al proponerlo en estas condiciones.

Todos los periódicos han subrayado su decidida orientación a la extrema derecha y su virulencia antigubernamental. Su frecuente presencia en el programa de Jiménez Losantos y su sintonía con él y con el lobby de la prensa madrileña que acompaña a la Presidenta de la Comunidad, es también un hecho notorio. Las descalificaciones públicas que ha hecho del ministro Bolaños llaman la atención al comprobar que en política la enemistad personal no empece para que el mismo personaje más vituperado por el entonces miembro del CGPJ  haya dado su apoyo al acuerdo institucional para que quien más le ha insultado se convierta en magistrado del Tribunal que verificará la conformidad con la Constitución de las leyes y de las decisiones judiciales en nuestro país. La misión del neo magistrado es clara: embarrar las discusiones en el Tribunal Constitucional, dar publicidad al disenso de las minorías de los magistrados y erosionar ahí también la función interpretadora del TC en materia constitucional. Fundamentalmente en relación con la Ley de amnistía, pero en general con toda la obra de reformas sociales y políticas que el gobierno y las mayorías parlamentarias vayan promulgando.

Pero hay además una vertiente en la biografía del candidato a Magistrado del TC que no se ha visto suficientemente reflejada en la prensa, lo que es algo peculiar. Jose Mª Macías es socio del bufete Cuatrecasas, posiblemente el conglomerado corporativo más importante en la consulta jurídica empresarial de este país, y en la página web de esta institución se puede leer que sigue en activo, además de ser magistrado en excedencia, y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2015. Se describe como una persona cuya práctica profesional “abarca el asesoramiento preconflictual y la dirección y defensa en materias de contratación pública, concesiones administrativas, expropiaciones y responsabilidad patrimonial de la Administración, derecho constitucional, derecho procesal administrativo, derecho farmacéutico, derecho del consumo y etiquetaje, derecho turístico, del ocio, juego, espectáculos y hotelero y campings, planificación territorial y urbanística, vivienda y equipamientos comerciales” y asimismo, “cuenta con amplia experiencia en protección medioambiental en general y gestión de residuos, derecho de aguas y minas, derecho del transporte, defensa ante autoridades y tribunales, litigios con las administraciones públicas en impugnación de liquidaciones y sanciones tributarias, derecho de la competencia y sobre blanqueo de capitales, de la energía, hidrocarburos y de las telecomunicaciones, desregulaciones, plantas de cogeneración, centrales nucleares, desmantelación de plantas afectas a derechos especiales, defensa ante el Tribunal Constitucional, responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas y homólogos autonómicos”.

Es decir, que ha participado en una larga serie de asuntos en los que es difícil encontrar la huella personal – asesoramiento preconflictual y dirección de la defensa jurídica – sobre las que podrá intervenir en tanto que magistrado del Tribunal Constitucional. En este sentido, su nominación aporta una novedad en las decisiones que el PP ha ido adoptando para cubrir los puestos de magistrado en el TC. No basta la explícita colocación ideológica en el territorio común de la derecha y ultraderecha, con expresiones de virulencia política excepcional. A ello se une ahora la incorporación del espacio de la defensa de intereses corporativos al ámbito del escrutinio sobre la constitucionalidad de las leyes y de las decisiones judiciales que vulneran derechos fundamentales en el que esta persona ha defendido claramente intereses de parte que hará valer en estos procesos. Este segundo hecho permanece sin embargo en la penumbra de los análisis que los medios de comunicación hacen de esta figura, solo fascinados por su enemistad manifiesta con el gobierno de coalición. ¿Por qué será?

Sin duda alguna esta nominación es una pésima noticia y camina en el sentido contrario a la democratización de la justicia que se decía pretender con este acuerdo bipartisan. Atentos a las consecuencias.

LA EUROPA SOCIAL TRAS LAS ELECCIONES EUROPEAS

 

En este blog se ha dado mucho espacio a las elecciones al Parlamento europeo, intentando explicar la importancia de expresar a través del mecanismo electoral, la preferencia por un diseño institucional progresista y social de la UE. En el editorial del número 106 de la Revista de Derecho Social se efectúan algunas consideraciones más volcadas, como es natural, sobre las consecuencias en el ámbito de lo laboral y lo social de las elecciones celebradas el pasado 9 de junio que están determinando la nueva etapa de gobierno / gobernanza en este quinquenio 2024-2029, Con la acostumbrada generosidad, la editorial Bonarzo y la propia dirección de la Revista permiten la reproducción de un extracto del mismo en esta entrada, lo que agradecemos sobremanera.

¿Austeridad 2.0? La necesidad de inversiones sociales estratégicas

El cambio político experimentado en las elecciones de junio puede tener efectos negativos sobre las políticas sociales. Esta afirmación tiene que ver directamente con las nuevas reglas fiscales y la que se ha popularizado como Austeridad 2.0 en donde se asigna una especial relevancia a las nociones de “disciplina” y “competitividad”. El peligro, denunciado ante todo por la Confederación Europea de Sindicatos y por las fuerzas de izquierda en el período electoral, es que se arbitren medidas de recorte del gasto social, se frene el crecimiento salarial y se reduzcan los costes de las empresas, y que este giro esté sostenido no solo en el espacio europeo a través de un refuerzo de las posiciones de los países autodenominados “frugales” y las posiciones conservadoras que recuperan las reglas de la gobernanza económica de la crisis financiera y monetaria del 2010-2012, sino también a nivel nacional, puesto que la orientación política de los gobiernos que surjan de los procesos electorales en los estados miembros incidirán también en la conformación de las políticas sociales y económicas europeas en un sentido restrictivo, además de incorporar en el nivel estatal-nacional reglas derogatorias de derechos laborales y sociales, como ha sucedido en Finlandia o Suecia respecto de la restricción del derecho de huelga, una propuesta esta última que por cierto ocupa un lugar central en el programa político de la extrema derecha francesa.

Es cierto sin embargo que la nueva gobernanza económica, a diferencia de la anterior, ofrece ciertas cláusulas de escape para evitar las consecuencias económicas negativas especialmente en términos de convergencia social y que incorpora criterios de flexibilidad temporal basadas en las circunstancias particulares de cada país en un período de cuatro años, prorrogable a siete en función del gasto neto cíclico recogido en los planes fiscales y estructurales en el medio plazo de los estados miembros. Pero lo cierto es que no hay espacio en la gobernanza económica para las inversiones y reformas estratégicas de inversión social, lo que es un tema fundamental para poder afrontar las transiciones digital y medioambiental que además se complican en el contexto de las tensiones geopolíticas ya señaladas. Aunque es un tema de discusión en los órganos de gobierno europeos, en especial en el Comité Económico y Social (CESE) y el Parlamento europeo, es un hecho notorio que la capacidad de inversión social de los estados miembros se ajustará a los condicionamientos establecidos por los niveles de deuda pública y del déficit estructural establecidos que en períodos de ajuste pueden repercutir sobre las inversiones sociales y el llamado crecimiento inclusivo.

¿Reactivación industrial ecológica?

Hay algunos elementos que caminan en paralelo generando también incertidumbre ante el futuro inmediato. Sigue siendo decisivo en la agenda europea la transformación socio-ecológica y la política climática, dos aspectos que tienen serias dificultades para su realización ante la hostilidad creciente de grupos de  la ultraderecha, en especial respecto a la política agraria y la reformulación del sistema alimentario sobre la base de las directrices del Pacto Verde Europeo en torno a la agricultura orgánica y sostenible y la reducción del uso de fertilizantes, que ha logrado sublevar a una buena parte de los grupos de presión que actúan en el sector agrario en varios países, incluida España. En lo que se conoce del Informe Draghi sobre mercado único y competitividad, destaca la necesidad de que la Unión Europea lleve a cabo un fuerte impulso de las políticas industriales, porque estas desempeñarán un papel crucial en la consecución de los objetivos climáticos netos cero de la UE, al tiempo que garantizarán que la transición sea justa y equitativa.

Se ha señalado sin embargo que durante esta última década la situación de la industria europea y su posición en el contexto mundial no ha hecho más que deteriorarse, con una creciente preocupación por la desindustrialización y la competencia de grandes potencias no sometidas a las reglas de restricción de ayudas públicas que caracterizan la libertad de mercado tal como es entendida en el espacio económico europeo. Es evidente que el marco legislativo que ha ido formulando la UE entre otros aspectos en el despliegue de energías renovables, la descarbonización del transporte por carretera y el rendimiento energético de los edificios, requiere a su vez financiación y políticas activas para la aplicación de esos objetivos que permitan lo que se viene a llamar una “reactivación industrial ecológica”. Pero es dudoso que esto se pueda lograr fácilmente ante las estrictas normas del restablecido Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Pacto Verde Europeo y Transición Justa

Aunque el diseño general de esta transición ecológica parece querer prolongarse con la misma intensidad  - especialmente en lo relativo a su financiación – con la que surgió en el 2020, y por tanto el hecho de mantener altas las ambiciones de la política climática también intensificará los efectos sociales de la transformación en este dominio, lo cierto es que, como ha señalado el Instituto Sindical Europeo, el mosaico de políticas sociales desarrolladas para acompañar al Pacto Verde Europeo dista mucho del enfoque global que se suponía era el principio básico de la transición justa, y que es crucial para el éxito de la transformación. A esta deficiencia de origen se une además la inseguridad respecto de la dotación que el Fondo de Transición Justa – creado para aquellas regiones europeas en las que se quiere fomentar la descarbonización – puede tener a partir del 31 de diciembre de 2024, que todavía no está fijada. En todo caso, el Pacto Verde no es política social pero tiene una importante versión en las políticas de empleo a través de la promoción de los llamados “empleos verdes” junto con la gestión de esas transiciones justas de la descarbonización, y abre la necesidad de transformar el espacio de la salud laboral al ambiente no solo de trabajo, es decir al ambiente saludable que reconoce como derecho universal la OIT, sino a la incorporación tanto de los riesgos ambientales como la tutela del ambiente al espacio normativo de la salud y seguridad en el trabajo.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales

Finalmente, donde puede ser mayor el contraste entre el quinquenio anterior y el que se abre a partir de las elecciones de junio en Europa es sin duda en lo relativo a los derechos laborales. Pese a la baja expectación que había generado la adopción del Pilar Europeo de Derechos Sociales en el 2017, concebido como una tardía respuesta a la política de los recortes en el gasto social y la devaluación salarial en especial para los países del sur y del este europeos, que produjo incluso una reacomodación del marco constitucional de varios países, entre ellos el español, a las reglas del déficit presupuestario y del endeudamiento que imponía la gobernanza económica y la estabilidad financiera, a partir de la irrupción de la pandemia en marzo del 2020, este panorama cambió radicalmente. La suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la adopción del programa Next Generation no solo permitió que en los países miembros de la UE, con sus diferentes adaptaciones, pudieran intentar poner en pie un escudo social y llevar a cabo, como en España, reformas del marco institucional reforzando los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, sino que amparó lo que se ha denominado por una atenta estudiosa del derecho europeo, Claire Kilpatrick, un giro nuevo y espectacular de la Europa social, una “legislación floreciente” que le hizo parangonar esta etapa con los “felices años veinte” de la legislación europea .

En efecto, en este primer mandato de la Comisión Von der Leyen 2019-2024 el desarrollo del Pilar Social – la importación del mismo a la legislación de la Unión – ha llegado a superar el precedente de lo que hasta ahora era el hito más importante de la legislación social europea, el Programa de Acción Social de 1974. Todo ello en el contexto de la elaboración de ese metadiscurso sobre las transiciones digital y verde, que ha situado este texto que se interpretaba como una iniciativa poco creíble e ineficaz, adoptada en vísperas de la salida de Gran Bretaña de la UE y sin que se hubieran solventado las consecuencias devastadoras de la crisis sobre el empleo, el bienestar de la ciudadanía y los salarios de las personas que trabajaban, como un punto de apoyo decisivo para la realización de un proyecto de regulación amplio y de gran intensidad.

Sobre la base de los tres grandes principios, igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas y protección social adecuada y saludable, de redacción vaga y genérica, se han desarrollado iniciativas legislativas notables no solo de nuevo cuño, originadas por la irrupción de la digitalización, como sucede con la Directiva sobre el trabajo en plataformas, o el Reglamento de Inteligencia Artificial, sino también desbloqueando iniciativas que habían estado retenidas desde hacía mucho tiempo. La aprobación de la Directiva de Plataformas en el último minuto, junto con la de diligencia debida de las empresas en sostenibilidad o los Reglamentos que establecen un nuevo modelo de responsabilidad empresarial basado en esa noción, da prueba de esta capacidad de intervención en temas decisivos y variados, aunque posiblemente lo más llamativo para los estudiosos del derecho europeo lo constituya la Directiva sobre el salario mínimo adecuado y sus compromisos de gran alcance para promover la negociación colectiva, y ello pese a los obstáculos que podían haber surgido de la aplicación del art. 153 TFUE. Hay también otro tipo de iniciativas legislativas que están en fase avanzada de acuerdo, como la modificación de la Directiva de Comités de Empresa Europeos, una Directiva sobre Transparencia salarial y sobre las mujeres en los consejos de administración de las empresas. Y la propuesta de un ingreso mínimo adecuado, originado por una iniciativa legislativa popular.

Convergencia social

El Pilar Social se ha convertido también en un instrumento útil para avanzar en la llamada convergencia social, a partir del procedimiento de supervisión multilateral que incorpora un sistema de “alerta temprana” en esta materia. Se trata de una iniciativa de los gobiernos español y belga que han logrado la inclusión de este mecanismo en el semestre europeo como forma de corrección de los riesgos de desequilibrio de la convergencia social a través de una serie de indicadores sociales que se recogen en un informe publicado por la Comisión. Se pretende incorporar al informe conjunto sobre el empleo este mecanismo de supervisión social entendido como convergencia al alza de los derechos laborales y sociales y como fortalecimiento del “crecimiento económico inclusivo”, pero desde luego no puede parangonarse a las exigencias concretas que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con la conclusión de que el progreso de los derechos laborales y sociales dependen de la voluntad política de los gobiernos y mayorías parlamentarias de los países afectados, pero a su vez estas políticas resultarán directamente condicionadas por la necesidad de cumplimiento de las reglas fiscales de la nueva gobernanza económica. 

Incertidumbre ante el futuro

De esta manera, sin que se hayan modificado la competencia que fijan los tratados en esta materia, se han cambiado los límites y las propias fuentes de la legislación europea y de la política laboral y social, y la ampliación de su ámbito de aplicación supone la “apertura de puertas nuevas para nuevos avances”. Ahora bien, esta buena salud de la legislación laboral europea puede sufrir una contratendencia. El mantenimiento de los principios básicos de la constitución económica europea y sus libertades económicas sin que se incorporen condicionamientos a éstos mediante la reforma de los Tratados – a través de la inclusión de una “cláusula social” que persigue el sindicalismo europeo desde el debate sobre la Constitución europea y luego el Tratado de Lisboa – actúa desincentivando este impulso notable derivado del Pilar Social y de la situación de excepción creada por el Covid. El período de excepción que marcó la pandemia y las crisis posteriores han supuesto un paréntesis en la “constitucionalización excesiva y asimétrica” de los Tratados europeos, que subordina la constitución social a las libertades económicas en torno a la moneda y al mercado único. De esta manera es posible reducir o anular los avances que se han ido efectuando en materia de convergencia social hasta el momento. Será importante el seguimiento de las iniciativas legislativas en las que hay muy avanzado acuerdo para ver si se opta por el estancamiento o por la continuidad de esta tendencia. Tampoco por otra parte se ha construido la noción de inversión social como un elemento clave en la propia configuración de las reglas que disciplinan el cuadro macroeconómico y la gobernanza fiscal en equilibrio con la política monetaria y financiera de la UE. La situación por tanto es de una gran incertidumbre.

Perspectivas para España

 ¿Esta incertidumbre de futuro permite también proyectarla sobre la evolución posible de los cambios legislativos o las propuestas de reforma en los ordenamientos internos? En el caso de España, hay un programa de modificaciones del marco institucional bastante preciso ya comprometido, con la dificultad que comporta para su aplicación la composición fragmentada y de difícil encaje de las mayorías parlamentarias requeridas, pero sobre este asunto, gravita además la necesaria recepción o trasposición de muchas de estas iniciativas legislativas europeas, que añade un nuevo elemento a la labor de cambio legislativo anunciada. Los buenos datos de la economía española y la muy favorable reacción del empleo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, permite pronosticar que hay un margen posible de estabilidad – también política – para sacar adelante propuestas e iniciativas en el orden laboral y social de cierta enjundia, a las que se acumulan también las derivadas de las trasposiciones de las normas europeas que han sido aprobadas en la última etapa de la legislatura europea. Esta segunda etapa de la producción normativa en materia laboral en nuestro país debe seguirse atentamente ante la complicada correlación de fuerzas que aportan la mayoría parlamentaria en la que se basa el gobierno de coalición y el nuevo horizonte político que ha alumbrado la Unión Europea después del 9 de junio.

TIEMPO DE TRABAJO Y TIEMPO DE PRESENCIA. UN LIBRO EN TORNO A LA REGULACIÓN LEGAL DE LA JORNADA LABORAL

 

Sabemos que se está buscando aceleradamente un consenso en torno a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un compromiso del gobierno con el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social está especialmente comprometido. Hemos sabido por la prensa que hoy viernes el Ministerio ha enviado a los sindicatos y a las asociaciones empresariales el borrador del anteproyecto de ley que se pretende aprobar y que se discutirá el lunes en una nueva reunión. En él no se plantea aumentar el tope de horas extraordinarias, se plantea una mejora salarial proporcional de los empleados a tiempo parcial si siguen trabajando las mismas horas, se exige un registro digital de jornada y las sanciones se calcularán en razón de las infracciones por cada trabajador empleado en la empresa  que vea vulnerados sus derechos, entre otras cuestiones. Se quiere alcanzar un acuerdo antes del verano. Naturalmente el tema de la jornada tiene muchas ramificaciones, y una de ellas es la relación entre jornada efectiva de trabajo, tiempo de presencia y tiempo de descanso, todo un clásico en la jurisprudencia y en la normativa tanto europea como española. Este es el objeto del libro comentado

El tiempo de trabajo está en el centro de los debates actuales sobre la reforma de la legislación laboral. Se ha formado una mesa tripartita para la reducción de la jornada hacia las 37,5 horas semanales, en consonancia con el programa de gobierno de coalición, en paralelo a una mesa bipartita entre los empresarios y los sindicatos para trasladar este tema a la negociación colectiva. La reducción de la jornada máxima legal y el tema de la distribución del tiempo de trabajo es por lo tanto un aspecto fundamental del cambio legislativo que se pretende llevar a cabo a lo largo de este año.

El libro comentado se centra en otra importante cuestión, manteniendo la centralidad de la materia, y es la de discernir los conceptos de tiempo de trabajo, tiempo de descanso y tiempo de presencia, sobre la base de un estudio fundamentalmente jurisprudencial en el que se contrastan críticamente las líneas interpretativas del TJUE y las que ha llevado a cabo el Tribunal Supremo español. El autor, Luis Pérez Capitán, es inspector de trabajo en excedencia, doctor  en derecho y profesor en la Universidad Pública de Navarra y secretario confederal de Recursos y Estudios de la UGT, asi como director del Servicio de Estudios de esta central sindical, y a través de esta obra efectúa un estudio exhaustivo de la regulación de estos conceptos a través de los casos particulares que dan lugar a las decisiones judiciales analizadas, logrando presentar al lector una doble dimensión, la del examen de los supuestos concretos (trabajadores de ambulancias, tiempo de guardia en la Administración, transporte por carretera o aéreo) en el que quienes quieran conocer el desarrollo específico que ha tenido este tema en la jurisprudencia tiene todos los datos precisos, y, en paralelo, la reflexión que recorre toda la obra sobre las dificultades que la aplicación del derecho social europeo  tiene en nuestro país a través de “la confrontación entre modelos de pensamiento jurídico basados en criterios claramente diversos”, como subraya Jose Luis Goñi, catedrático de derecho del trabajo en la UPNA y prologuista de la obra.

El libro tiene una estructura muy clara y asequible. Parte de la exposición ordenada de la legislación comunitaria sobre tiempo de trabajo, desde la primera Directiva 93/104/CE a la aun vigente 2003/88/CE, de la que subraya sus principales prescripciones sobre los conceptos centrales en su análisis, el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, dando cuenta asimismo de las principales iniciativas de cambio que esta norma ha tenido, sin que llegara en ningún caso a poder modificarse hasta el momento. En un capítulo posterior se indican las normativas específicas que la UE ha adoptado para supuestos concretos: la gente del mar, el personal de vuelo de la aviación civil, el sector ferroviario, el transporte por carretera y finalmente, la protección de los jóvenes en el trabajo.

A partir de este momento, la obra procede a explicar las líneas interpretativas de la jurisprudencia del TJUE acerca de la noción de tiempo de trabajo y el establecimiento de períodos mínimos de descanso diario y semanal y limitaciones a la duración máxima de la jornada semanal, que se asientan en la tutela preventiva de la salud y seguridad en el trabajo, de donde se deduce que debe anteponerse a cualquier consideración económica – el coste económico – u organizativa – preservación de la productividad o eficiencia del servicio – en la medida en que a través de esta normativa se busca la recuperación de las personas frente al agotamiento y al cansancio producido por la actividad laboral y la prevención de la alteración de la salud que pudiera derivar de la sucesión de un trabajo sin el necesario descanso. Se procede así a la descripción de las reglas que disciplinan el tiempo de guardia como tiempo de trabajo, y la consideración restrictiva de las excepciones a la aplicación de la Directiva 2003/88, junto con el examen breve de otras cuestiones relacionadas como el concepto de horas extraordinarias, el concepto de trabajadores nocturnos y por turnos, la obligación de registro del tiempo de trabajo y la consideración de las vacaciones.

A continuación, el libro analiza cómo ha recibido nuestro Tribunal Supremo – principalmente la sala de lo Social pero también la contencioso-administrativa – la doctrina del TJUE, dada la contraposición con el derecho tradicional español sobre la regulación del tiempo de trabajo y la jornada laboral en el Estatuto de los trabajadores. En este parte se hace un sintético resumen del seguimiento forzado por parte del Tribunal Supremo de la jurisprudencia comunitaria, que se recibe tarde y con dificultad – el “forzado seguimiento” es como lo define el autor – y que se va desgranando en el examen de algunos aspectos de la misma, como la relación entre jornada laboral y tiempo de trabajo efectivo, la superación del perímetro de la relación laboral en la aplicación de esta normativa, como sucede en el caso de las guardias u horas de presencia, pero insistiendo en lo que supone un elemento distintivo muy importante, el no reconocimiento de la naturaleza de normas de seguridad y salud laboral de las reglas sobre tiempo de trabajo como constante de la argumentación de los tribunales españoles.

El último capítulo se dedica a exponer lo que se denomina “casuística jurisprudencial española” sobre tiempo de trabajo efectivo con explícita referencia a la jurisprudencia del TJUE, lo que se efectúa  a través de una descripción detallada de los casos más emblemáticos en esta materia, desde el que ha atraído más comentarios, el sector de ambulancias, o la jurisprudencia relativa al tiempo de guardia, hasta la aplicación sectorial de la aplicación de las horas de presencia al transporte en carretera y aéreo.

Cierra la obra unas conclusiones críticas en las que se constata que los tribunales españoles ponen  en juego en la resolución de los supuestos enjuiciados valores que no aparecen en la legislación europea como el de servicio público en el sector de ambulancias o el buen funcionamiento del servicio operativo y organizativo en otros supuestos, “volcando sobre el trabajador una serie de cargas que corresponde solventar a la empresa a través de la aplicación de más recursos o de una mejor organización”. Esas “dos filosofías diferentes” entre la interpretación judicial supranacional y nacional implica que en el caso de nuestro derecho interno los tribunales no se sitúan en una perspectiva garantista,  ignorando “lo que significa para un trabajador la disposición de su tiempo al servicio de la empresa”, sin atender por consiguiente a la inserción directa del tema de la jornada y el tiempo efectivo de trabajo en el conjunto de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad en el trabajo, a lo que hoy la OIT considera como un principio y derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y saludable.

Se trata en definitiva de un trabajo que trata un tema central en la conformación del derecho del trabajo, que forma parte del intercambio básico que fundamenta esta construcción jurídica, pero que además reviste una actualidad evidente, y se sitúa en una línea de clara defensa de un cambio legislativo que amplie y consolide los derechos individuales y colectivos de las personas que trabajan. Una obra que merece ser leída.

TIEMPO DE TRABAJO, TIEMPO DE DESCANSO Y TIEMPO DE PRESENCIA. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA EUROPEA Y ESPAÑOLA.

Luis Pérez Capitán. Ediciones Cinca, Madrid, 2024, ISBN 978-84-10167-08-7, 125 págs. 19€

EL FUTBOL Y LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES: EXPLOTACIÓN LABORAL Y TRABAJO FORZOSO EN ARABIA SAUDITA

 

Comienza el torneo de la Eurocopa 2024 y las televisiones se llenan de partidos, alterando sus emisiones. El fútbol concentra toda la atención de la gran mayoría de televidentes y ciudadanía en general, que de esta manera evita por unos días estar a todas horas escuchando alegatos contra la amnistía o proclamas sobre el pretendido control por el gobierno del poder judicial, lo que hace comprensible que lleve cinco años sin ser renovado como exige la Constitución. En general se habla de fútbol para no hablar de política y la excepción del futbol femenino cuando España consiguió el campeonato del mundo en el verano del 2023 y ahora la declaración pública de Kylian Mbappé contra la ultraderecha en Francia confirman esta regla fundamental en España desde los tiempos del franquismo. Y sin embargo, tras el deporte del fútbol, como bien se sabe, hay negocios. Y en los negocios hay abusos y explotación laboral. En esta ocasión ha vuelto a surgir el tema respecto de la que pretende ser la sede del Mundial de dentro de 10 años, Arabia Saudita. Se trata de una denuncia por formas de trabajo forzoso e impago de salarios. Este es el texto de la nota informativa que ha hecho pública la Internacional de Trabajadores de la Construcción y de la Madera, organización adherida a la Confederación Sindical Internacional, aprovechando la Conferencia de la OIT en Ginebra a comienzos de este mes de junio.

Ginebra, 5 de junio de 2024 – En un caso histórico, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) ha presentado dos quejas formales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra Arabia Saudita por graves abusos de los derechos humanos y falta de pago de salarios que involucran al menos a 21.000 trabajadores de la construcción por parte de varios,  pero principalmente dos constructoras saudíes que se han declarado en bancarrota.

La denuncia pone de relieve las condiciones de vida y de trabajo explotadoras entre la vasta fuerza laboral migrante del país: condiciones que, según la ICM, son similares al trabajo forzoso. A medida que Arabia Saudí se posiciona para albergar el Mundial de la FIFA 2034, esta queja exige la atención inmediata de la FIFA y de la comunidad internacional. Se espera que la FIFA reciba la candidatura única para la sede del Mundial de 2034 en julio.

La queja pide una investigación completa de la OIT sobre estas violaciones, haciendo hincapié en la necesidad urgente de reparación y adhesión a las normas internacionales del trabajo. En respuesta a la queja de la ICM, varios sindicatos en el sur y sudeste de Asia, Europa, América Latina, África y organizaciones de derechos humanos que han identificado y documentado violaciones similares en Arabia Saudita están apoyando este llamado a la OIT, incluidos Amnistía Internacional, Equidem, FairSquare y el Centro de Solidaridad.

Entre los muchos casos recibidos por la ICM y otras organizaciones de derechos humanos, los hallazgos basados en pruebas directas de unos 200 trabajadores migrantes de la construcción pintan un panorama sombrío. Los indicadores del trabajo forzoso, tal como los define la OIT, son sólidos. Entre las principales conclusiones se encuentran:

- Servidumbre o esclavitud por deudas (85% de los encuestados)

- Retención de pasaportes y documentos de identidad (65% de los encuestados)

- Restricciones a la libre rescisión y salida de los contratos de trabajo (63% de los encuestados)

- Retención salarial (46% de los encuestados)

 Estos abusos se ven agravados por el incumplimiento por parte de Arabia Saudí de varios convenios ratificados, incluido el Convenio 29 sobre el trabajo forzoso.

Entre los casos documentados  se encuentra el de un trabajador migrante sofocado por las tarifas de contratación ilegal y la retención de salarios, que tuvo que pedir dinero prestado para sobrevivir, solo para enfrentar graves problemas de salud y finalmente regresar a casa en un ataúd. Otros informes revelan la coerción de los trabajadores mediante la retención de pasaportes y documentos, y la violencia física y sexual, en particular contra las mujeres y los trabajadores domésticos, que corren un mayor riesgo de sufrir abusos graves y formas extremas de trabajo forzoso.

A pesar de que algunos de los más de 20.000 trabajadores finalmente comenzaron a recibir sus salarios atrasados desde hace mucho tiempo después de casi una década de prolongadas reclamaciones contra las grandes empresas de construcción ahora declaradas en quiebra, el número de trabajadores que aún sufren deudas salariales sin pagar y se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad a los abusos sigue siendo enorme y significativamente más alto de lo que se informa.

La Política de Derechos Humanos de la FIFA, adoptada en 2017, define su responsabilidad de identificar y abordar los impactos adversos de sus operaciones en los derechos humanos, incluida la adopción de medidas adecuadas para prevenir y mitigar los abusos laborales y de derechos humanos. El artículo 7 de la Política de Derechos Humanos de la FIFA establece que "la FIFA colaborará de manera constructiva con las autoridades pertinentes y otras partes interesadas y hará todo lo posible para cumplir con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos".

La FIFA debe garantizar que Arabia Saudí enderece los graves abusos contra los derechos laborales y adapte sus leyes y prácticas laborales a las normas internacionales antes de seguir considerando su candidatura al Mundial.

El relato completo de estos abusos, que se definen como “Visión general de una situación de explotación laboral análoga al trabajo forzoso”, puede descargarse en https://drive.proton.me/urls/AS8XPVTJQR#fDljPvcp4MJF .

Por su parte, para mayor información o comunicaciones sobre este asunto, se puede acudir a los correos electrónicos info@bwint.org  o comunicacion@bwint.org  

EUROPA, 10 DE JUNIO: ¿ASCENSO Y CAÍDA DE LA CIUDAD DE MAHAGONNY?

 

La referencia a la obra de Brecht tiene que ver también con el contexto en el que se produjo. La ópera se estrenó en el Neues Theater de Leipzig el 9 de marzo de 1930, con tumulto en el auditorio. Simpatizantes de la NSDAP entorpecieron la presentación y solo con esfuerzos y disciplina la pieza pudo ser finalizada. Se interpretó en Berlín en diciembre del año siguiente. La ópera fue prohibida por los nazis en 1933 y no tuvo ninguna reposición significativa hasta los años sesenta. Hoy cobra actualidad ante los resultados electorales del 9 de junio. Una ciudad construida por y para el dinero con demasiada calma y demasiada armonía/ porque hay demasiadas cosas a las que agarrarse. Europa como continente de la libertad económica que debe ser el espacio de  garantía de derechos sociales y laborales avanzados si no quiere caminar hacia el abismo. Y en estas elecciones, la Unión Europea se ha asomado al abismo, pero no se  ha arrojado por él, como gráficamente ha señalado el Comunicado de CCOO ante el resultado de las elecciones europeas que puede consultarse aquí:  (https://www.ccoo.es/noticia:696733--CCOO_pide_que_se_excluya_a_la_extrema_derecha_de_la_gobernabilidad_europea_y_que_se_apueste_por_una_profundizacion_del_modelo_social_europeo&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95)

Los resultados son sencillos de explicar, más allá del énfasis que ponen en el triunfo de la extrema derecha algunos medios de comunicación. En síntesis, enorme abstención, demostrando que la ciudadanía de los diferentes países que componen el mosaico europeo no se sienten concernidos por obtener una representación adecuada en el Parlamento, mantenimiento sin excesivos cambios de los partidos socialdemócratas y de la izquierda, derrumbe de los liberales y de los verdes, lo que es especialmente llamativo ante la necesidad de desarrollar la transición ecológica y el Pacto Verde Europeo, y consolidación de la hegemonía del Partido Popular Europeo. La diferencia está en el crecimiento de las opciones de ultraderecha y neosoberanistas que sin embargo no ha tenido el alcance general que muchos temían, aunque si aparece con fuerza en Italia – donde sin embargo el Partido democrático se consolida y emerge con fuerza la Alianza de Verdes e Izquierda - , Francia – en la que se han convocado elecciones generales para el 30 de junio ante el avance del Frente Nacional  de Le Pen– y Alemania, donde el retroceso de los socialdemócratas es muy neto unido a la fuerte presencia en el Este de la ultraderecha.

Como se sabe, la aritmética parlamentaria posibilita que se siga manteniendo el bloque de gobernanza hasta ahora llevado a cabo, que agrupa a Populares, Liberales y Socialdemócratas, con apoyos puntuales de los Verdes. Pero el aumento de las opciones de ultraderecha sin duda puede condicionar (aunque no necesariamente determinar) las políticas sociales y sobre todo las medidas de respeto y garantía de derechos humanos, en especial el derecho antidiscriminatorio de la Unión, sin dejar de mencionar el tema de la inmigración y el derecho de asilo. En este sentido, es importante lograr que la extrema derecha no integre la gobernabilidad de la Unión Europea. Este es el sentido del comunicado que ha efectuado CCOO una vez conocido el resultado de las elecciones europeas, según el cual la UE tiene que desplegar un cordón sanitario en su gobierno frente a las distintas familias ultraderechistas. Pero también se debe poner en valor la continuidad de una política social que ha ido desarrollando aspectos importantes del Pilar Europeo de Derechos Sociales y que debe aún encontrar nuevos elementos de avance y concreción. Y las transformaciones socio-económicas en marcha, la transición digital o la energético-ecológica, deben hacerse protegiendo a la ciudadanía y a las comunidades, sin que quepan pasos atrás o se renuncie a la autonomía estratégica en materia de energía.

El otro gran interrogante abierto es el que plantea la disyuntiva clásica entre la guerra y la paz. El peso que han obtenido las distintas familias ultraderechistas, unido a la consideración atlantista de Francia, italia y Alemania, que consideran Israel como una potencia aliada y cuya integridad debe ser preservada en todo caso, hace que la respuesta europea al genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza, y que puede asumir formas de presión importantes, desde el reconocimiento del Estado de Palestina a la suspensión del acuerdo de comercio con Israel, entre otras medidas, sea de difícil consecución. La otra guerra pendiente, la de Ucrania, lleva aparejada la escalada armamentística y el incremento del gasto militar, cuando no decisiones importantes en orden a la reinstalación de la conscripción obligatoria, pero la oposición a este crecimiento del gasto militar encontrará también serias dificultades en un Parlamento en el que la ultraderecha presionará previsiblemente a favor del incremento militar.

En todo caso, la constitución del nuevo Parlamento y después el de la Comisión, no puede detener un camino de reformas. Como ha señalado Esther Lynch, la secretaria general de la CES, “estos resultados aclaran que Europa debe resolver urgentemente la inseguridad económica y social que está detrás de la creciente ira y miedo de nuestras sociedades”. Lo contrario supondrá incentivar el miedo y la inseguridad basada en la desinformación, caldo de cultivo de ese crecimiento de posiciones agresivas y hostiles al feminismo, al sindicalismo y a los derechos humanos básicos. Europa no debe imitar a la ciudad de Mahagonny y su culto al dinero y a la permisividad de la violencia del dominio de clase.

En lo que se refiere a España, estas reflexiones son también aplicables en líneas generales a los resultados obtenidos el domingo 9 de junio. Una enorme abstención que denota el desinterés de la ciudadanía por incorporarse al debate político que tiene como referencia el espacio europeo. Algo que ha sido fomentado, como se ha señalado en estas páginas, por el propio discurso de las principales fuerzas de la oposición de derechas y en el que el PSOE como partido mayoritario de gobierno ha incurrido también, arrastrando hacia ese terreno a todas las fuerzas en liza. El bipartidismo se refuerza a juzgar por la concentración de voto en el PP y en el PSOE, desaparecido ya ese tercer personaje incómodo para la derecha que era Ciudadanos. Pero también se asienta de manera muy neta la ultraderecha de VOX, a la que se ha incorporado una excrecencia representativa encarnada en un personaje repulsivo especializado en mentiras y falsedades que propone decisiones claramente antidemocráticas y violentas.

Pero ese tándem de la derecha extrema y la extrema derecha no llega a instalarse con plenitud en un escenario marcado fundamentalmente por la resistencia de PSOE, que se mantiene en un 30,19% de los votos, frente al 34% del PP, pero en el que confluyen elementos significativos de la izquierda soberanista nacionalista que sostiene la mayoría gubernamental, junto a actores nacionalistas conservadores que también cooperan a esta mayoría, y el espacio de la izquierda del PSOE escindido y en pugna entre Podemos y Sumar, que ha dado un resultado muy modesto en términos de votos y de participación, 571.000 votos frente a 811.000, con la consecuencia de que entre ambos solo consiguen 5 diputados (frente a los seis que logró Unidas Podemos en 2019) y que Izquierda Unida, cuyo candidato ocupaba el cuarto puesto en la lista de Sumar, no ha tenido representación en el Parlamento Europeo.

Lo que en definitiva es un retroceso significativo de la izquierda plurinacional en su conjunto, se ha traducido en una crisis importante en la coalición Sumar, que por el momento se ha plasmado en la dimisión de la secretaria general de esta agrupación, Yolanda Díaz, ante estos resultados, si bien permaneciendo en el cargo de Vicepresidenta y de Ministra de Trabajo sin abrir por tanto una crisis en el gobierno. Las críticas ante la forma en la que se han formado las candidaturas en las elecciones europeas y la parquedad del resultado, resaltadas por los creadores de opinión con indudable efecto dentro de los grupos que componen Sumar, con especial incidencia en Mas Madrid, han acelerado la apertura de un momento de crisis que sin duda plantea la necesidad de una nueva etapa de Sumar, cuyo liderazgo tanto a nivel nacional como internacional estaba muy ligado a la figura de Yolanda Díaz. Además, la división producida tras el 23 de julio y la retirada al grupo mixto de los diputados de Podemos permitía que el resultado de las elecciones se pudiera leer como la recuperación de este partido y el inicio de la reconquista del espacio de la izquierda del PSOE, lo que requería la debilitación de los apoyos a Sumar y en especial a su grupo dirigente. En este conflicto interpartidario, la dimisión de Yolanda Diaz como responsable político de Sumar ante el resultado electoral, contribuye a debilitar este proyecto y en consecuencia la simple presencia de dos diputados de Podemos en el Parlamento se lee por parte de este grupo como un triunfo de sus tesis, pese a lo magro de sus resultados que habría requerido una reflexión crítica por parte de ese grupo en otro contexto. 

En líneas generales, sin embargo, el resultado en España no es devastador, y la relación entre las fuerzas de la mayoría parlamentaria que sostiene el gobierno y las que se oponen a él desde la derecha y la ultraderecha, no está muy desequilibrada, aunque la balanza se incline hacia este polo conservador. Sin embargo, sería conveniente que Sumar ganara espacio social y electoral, y para ello urge recuperar una agenda social vigorosa, empezando por la reducción de la jornada legal de trabajo, las políticas de acceso a la vivienda y una agenda de profundización democrática, como ha defendido CCOO en el comunicado publicado tras las elecciones europeas. Una propuesta de acción que ha enunciado de manera muy neta Yolanda Díaz como prioridades de su acción institucional en el gobierno a través de cinco objetivos prioritarios: la rebaja de los precios del alquiler; la reducción de la jornada laboral; la ampliación de los permisos retribuidos y la aprobación de una prestación universal por crianza; el despliegue de una reforma fiscal; y "asegurar la paz, parar el genocidio en Palestina y que Netanyahu rinda cuentas ante la Corte Penal”.

Queda por consiguiente ahora a nivel nacional estatal un tiempo largo de acción en el que el gobierno, hasta ahora varado en los sucesivos desembarcos electorales, debe intervenir. Ese es el único modo de ir socavando esa pulsión realmente aulolesionista de colectivos ciudadanos que perciben un deterioro importante de sus expectativas de vida y se decantan por apoyar soluciones simples y violentas muchas veces inmersas en un contexto de realidades paralelas y de desinformación y que conducen a una visión autoritaria y agresiva de la forma de gobernar. Hay reformas que buscan la recuperación de derechos democráticos básicos – la derogación de la Ley Mordaza, la renovación del CGPJ, una ley de transparencia informativa que haga imposible la contaminación mediática actual – que son fundamentales. Y atender al tema de la inmigración mediante una amplia regularización de inmigrantes que residen ya en España y sin los cuales muchos trabajos en sectores como la agricultura o los servicios personales serían impracticables, y que no pueden seguir estando en su mayor parte en el espacio del empleo irregular.

España no puede ser tampoco la ciudad de Mahagonny imaginada por Brecht, que tiene de todo si tenéis dinero / así hay de todo / pues todo está a la venta / y no hay nada que no pueda comprarse/ y sin dinero nada/ pues el dinero es lo único a que agarrarse. Dejemos esa distopia para la ciudad de Madrid en el reino de la libertad de Díaz Ayuso. El gobierno de coalición, tras superar esta prueba electoral, tiene que iniciar por fin la tarea a la que se comprometió tras las elecciones de julio y por lo que aun hoy aparece en Europa como un ejemplo de coherencia y de buen hacer. Pese a todas las dificultades que se le plantean tanto sus adversarios como sus socios y a los acontecimientos externos que puedan ir sucediendo en el inmediato futuro.

 

SOBRE EUROPA Y EL 9 DE JUNIO (IV): ¿A QUIEN INTERESA EL PILAR SOCIAL EUROPEO?

 

Dando ya por asumido que no ha sido posible trasladar a la ciudadanía la importancia de abrir un espacio de debate sobre el proyecto político que los distintos partidos y coaliciones pretenden defender en el Parlamento Europeo, capturado el discurso por el viento plebiscitario en torno al presidente del gobierno y a la corrupción a la que se achaca a su mujer o, en menor medida, por la promulgación de la ley de amnistía contra la cual se organizan rezos marianos ante la sede del PSOE, esta entrada pretende simplemente discurrir sobre la importancia del Pilar Social Europeo y la conveniencia de preservarlo y desarrollarlo en los próximos cinco años, lo que conduce a una clara y evidente orientación de voto sobre la base de los programas de los partidos concurrentes.

Para los laboralistas, el Pilar Social Europeo viene a ser lo que la Agenda 2030 para el llamado pensamiento woke, objeto ambos de los denuestos de la extrema derecha. El Pilar Social sin embargo, es menos conocido y por tanto se beneficia de esa falta de interés de las fuerzas reaccionarias (hoy llamadas iliberales) por su significado y desarrollo en el marco del proyecto europeo. Un gran amigo y colega de la UCLM, Antonio Garcia-Muñoz me hacía notar hace días la aparente contradicción entre los constitucionalistas y europeístas críticos sobre la fase post-covid de la Unión Europea, y la recuperación de las estructuras básicas del ordoliberalismo en las nuevas reglas de gobernanza en la Unión (de cuya argumentación se puede encontrar una excelente muestra en el último artículo de Agustín J. Menéndez con ocasión del 50ª aniversario de la CES publicado en la Revista de Derecho Social nº 105) y el fervor con el que los iuslaboralistas europeos han acogido los resultados de este quinquenio, en la base de cuyo entusiasmo se encuentra la “floreciente legislación” europea de desarrollo del Pilar Social (como se comprueba de la lectura de Claire Kilpatrick, “The Roaring 20s for Social Europe. The European Pillar of Social Rights and burgeoning EU legislation”, publicado en Transfer 29 , 2023). Se trata posiblemente de la expresión de la dualidad básica sobre la que los juristas críticos afrontamos el tema europeo a través de la cual se quiere llamar la atención sobre el problema central de la constitución europea que es frecuentemente olvidado o reprimido ideológicamente en el discurso dominante, sin que ello impida tener en cuenta los importantes avances normativos que se han logrado en esta etapa de transición marcada, en las políticas económicas, por el programa Next Generation.

Lo cierto es que el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que fue aprobado en el 2017 justamente como intento de recuperar legitimidad para la Europa social tras la desafección generalizada, especialmente en el sur y este de la Unión ante las políticas de austeridad fruto de la gobernanza económica europea que se ensañaron con las condiciones de existencia precarias de gran parte de la población, contiene una serie de principios que han sido objeto de desarrollo normativo en el derecho de la Unión, a través de varias normas en materia laboral, fundamentalmente Directivas, muchas de ellas o las más relevantes adoptadas en el final de la legislatura, y que requieren ahora un esfuerzo de concreción y desarrollo en el derecho interno, lo que en el caso de España supondrá la apertura de nuevos procesos de intercambio político y previsiblemente de diálogo social sobre su realización específica. No hay más que pensar en la Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, la Directiva sobre salarios mínimos adecuados, o la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad, pero también otras pendientes de desarrollo completo como la Directiva sobre condiciones de trabajo trasparentes y previsibles, una vez completada en el RDL 2/2024, la trasposición de la Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y profesional.

Pero en el Pilar Social hay otro tipo de compromisos cuyo desarrollo todavía no se ha producido y en el que desde luego la composición del nuevo Parlamento Europeo que se vota el 9 de junio será determinante. Entre ellos, el derecho a la protección frente al despido, un tema en el que la Carta Social Europea está activando de manera muy decisiva en orden a la indemnización adecuada y disuasoria, y que necesariamente abre el tema de las garantías sobre el despido que en España será uno de los elementos centrales del debate social inminente, y el entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos, que exige a su vez un amplio espacio de discusión y de debate, sobre la base de precisar las indicaciones que se desprenden del Reglamento de Inteligencia Artificial y que también se prolonga en la Carta de Derechos digitales que se debe ir desplegando en los ordenamientos internos.

La preocupación porque el próximo Parlamento que marque el rumbo de una nueva Comisión para este quinquenio sea capaz de armonizar una política económica que no asfixie el espacio de la intervención pública en el gasto social y la inversión en las transiciones digital y sostenible y que siga desarrollando los derechos contenidos en el Pilar Social es por tanto el elemento que marca las preferencias de voto en la convocatoria del próximo domingo.

Es decir, dando por supuesto que hay que oponerse al avance de la derecha liberal y la ultraderecha autoritaria, pero convergente en la política económica con las orientaciones que los países “frugales” y la dogmática macroeconómica imperante  vuelven a sostener como guía de la gobernanza, la orientación del voto discurre por dar el apoyo a planteamientos de izquierda que comprometen su actuación de forma inequívoca en la tutela y desarrollo de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo. Este es por tanto el dato que es definitivo en la selección de la fuerza política que se entiende que lo va a defender de manera clara.

La orientación de la campaña en clave principalmente interna, como si fueran elecciones generales, ha contagiado a la mayoría de sus actores y de sus discursos, que con mucha dificultad han sabido separarse del campo de juego en el que la derecha y la ultraderecha, junto con la mayoría de los medios de comunicación, les han sabido situar. La relevancia de la denuncia del genocidio y de los crímenes de guerra que el Estado de Israel está llevando a cabo en Gaza, ha cobrado felizmente una autonomía propia, y ahí la izquierda del PSOE ha podido encontrar una afirmación clara de su propuesta autónoma, diferente y exigente en la presión contra la guerra, el despegue armamentítico y militar, y la urgencia de la paz.

En cuanto a las candidaturas, la del PSOE camina hacia la nominación de Teresa Ribera para algún puesto en la Comisión, y la que suma a Bildu, ERC y BNG, privilegia la cuestión nacionalista en una Europa de las Naciones sobre la consideración transversal de la protección del trabajo ante las libertades económicas. En el plano concreto que interesa, PODEMOS se centra más en la importancia de los servicios públicos y la inversión pública obligatoriamente funcionalizada a la inversión en educación y sanidad, junto con una prestación europea de ingresos suficientes y lucha contra la pobreza en general y en sectores específicos como la infancia. Se manifiesta aquí una tendencia muy potente en la izquierda según la cual se desplazan las coordenadas de la acción de reformas al espacio de la ciudadanía y su relación con el Estado, sin que cobre relevancia el espacio de dominación del poder privado en la empresa y su relación con el trabajo, una identidad ya subsidiaria en la determinación de la acción política. Aunque es una tendencia que también se puede chequear en una parte del discurso político que se desarrolla en SUMAR, lo cierto es que el programa de esta coalición enuncia una “agenda laborista” en la que se incluyen elementos como la democracia en el trabajo, el tiempo de trabajo, el salario mínimo o la homogeneización de las condiciones de trabajo “por arriba” en el nivel europeo, junto a un apartado frente al retorno de las políticas de austeridad – al que ya nos hemos referido en otras entradas de esta serie – y una muy detallada propuesta de reforma en materia de migraciones y asilo, en la que Estrella Galán es una especialista cualificada.

Este es por tanto el sentido de esta reflexión sobre la opción política elegida en esta importante convocatoria electoral. Votaremos – e incitamos a los lectores de la amable audiencia a seguir este consejo – a SUMAR no solo porque de este modo tomamos partido claramente por la paz y contra el genocidio en Gaza, que la figura de Manu Pineda representa con la autoridad de su trayectoria política y personal, y entendemos que es necesario una concepción de la inmigración y del asilo que sea compatible con el respeto de los derechos humanos, sino que, en cuanto juristas del trabajo, entendemos que el trabajo es un elemento básico de la constitución social de la Unión Europea, y que defender su identidad colectiva como grupo social y como elemento de cohesión en Europa resulta imprescindible, ampliando y consolidando el conjunto de derechos que amortigua su consideración como mercancía y como elemento fundamental de ajuste ante la crisis.

Seamos optimistas frente al clima actual de toxicidad y de chabacanería en el lenguaje y en la argumentación de la llamada “política”, también a menudo entre las fuerzas que aspiran a un cambio social continuado tanto en nuestro país como en el espacio supranacional europeo. Ambos interconectados, no permitamos que se pongan en peligro otra vez los elementos fundamentales de la existencia social de la clase trabajadora, en España y en Europa.

SOBRE EUROPA Y EL 9 DE JUNIO (III): EL PACTO VERDE EUROPEO ANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

 

En esta serie sobre las elecciones europeas, es interesante recordar la importancia que en el contexto de futuro de la Unión Europea se ha dado al llamado “Pacto verde” o a la transición ecológica que junto con la digital acumulan los objetivos de la Unión. La Secretaría Confederal  Sostenibilidad Medioambiental de CCOO con motivo del día mundial de medio ambiente, que se celebra hoy, 5 de junio, ha elaborado este comunicado al respecto que Azahara Merino ha hecho llegar al titular de este blog y que por su interés y oportunidad, se da a conocer a continuación con un pequeño comentario añadido:

“El debate público sobre las políticas de la transición verde -y en particular, el Pacto Verde Europeo- tiene una relevancia, tanto en nuestro país como en el conjunto de la UE-27, en el marco de las próximas elecciones europeas que en España se celebrarán el 9 de junio.

La UE apostó por diseñar un “European Green Deal” (Pacto Verde Europeo) con el objetivo de transformar la UE en una “sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en el que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos”. Este Pacto Verde, presentado por la Comisión Europea en 2019, se configura como un paquete de iniciativas políticas que incluye la Ley del Clima Europea, la Estrategia de adaptación al cambio climático, la Estrategia sobre la biodiversidad, la Estrategia Industrial Europea, Plan de Economía Circular, de agricultura, finanzas sostenibles, Transición Justa, entre otras.

Si la UE quiere cumplir con los objetivos climáticos para 2030, es necesario que en la próxima legislatura se acelere la implementación de las normativas ya aprobadas, de forma armonizada a nivel nacional y garantizando su cumplimiento. Así como, plantear nuevas medidas para alinear a la UE con el objetivo climático para 2040 que se negociará tras las elecciones de junio 2024. Para ello, resultará clave la movilización de más inversiones públicas y privadas, ya que según un estudio del Institute for Climate Economics, el déficit de inversión climática para alcanzar los objetivos de 2030 es alrededor de 406 mil millones de euros al año (un 2,6% del PIB de la UE).

No obstante, el desarrollo de las iniciativas políticas incluidas en el Pacto Verde Europeo está condicionadas por diversos motivos. Así, por un lado, el Consejo Europeo acordó el 22 de diciembre de 2023 -y con el objetivo de aplicarlo a partir de 2025- la “Reforma del marco de la gobernanza económica de la UE”, planteándose una vuelta a las reglas de fiscalidad que imponen unos límites estrictos a los niveles de déficit público y de deuda de los Estados miembros.

Las nuevas restricciones impuestas pueden tener un impacto significativo en las políticas de inversión pública que, tal como plantea la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en el documento “Reforma de la gobernanza económica: Prioridades de la CES contra la austeridad y a favor de las inversiones” -adoptado en la reunión del Comité Ejecutivo de 26-27 de marzo de 2024-, no solo va a perjudicar a los recursos destinados a materias de ámbito social sino también aquellas destinadas a consolidar las necesarias transiciones verde y digital.

A esto se suma un escenario político caracterizado por el auge creciente que ha experimentado la extrema derecha en la UE, y cómo está condicionando las posiciones de los partidos conservadores tradicionales en materias como inmigración o las políticas de transición verde. En este sentido, los datos estadísticos reflejan cómo la extrema derecha ha ido avanzando. El voto en Europa a la derecha radical en 2004 era del 6%, a partir de la crisis migratoria siguieron al alza alcanzando el 11% de los votos, hasta la actualidad, donde en 2022 llegó al 17%.

En este día internacional del Medio Ambiente hay que recordar que España y Europa están en estado de emergencia climática. Porque las consecuencias de la crisis ecológica ya están desencadenando problemas, olas de calor cada vez más frecuentes, sequías y precipitaciones extremas, crisis de biodiversidad e invasión de vectores y especies invasoras.

Hay que recordar que España es un país vulnerable y esa conciencia del problema debe ser importante a la hora de elegir nuestra papeleta en las elecciones del próximo domingo 9.

Hay partidos que quieren imponer un retroceso en los avances sociales conseguidos a nivel europeo en diferentes ámbitos -derechos laborales, migraciones, igualdad de género y diversidad, medio ambiente-. A modo de ejemplo, en el programa electoral de VOX de las elecciones generales de 2023 afirmaban rotundamente querer abandonar los “acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento del interés general”, como el Acuerdo de París, querer derogar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y suspender cualquier “norma climática impuesta por las élites globalistas”.

Asimismo, capitalizan políticamente el descontento y el rechazo social de los grupos de población más vulnerables y los territorios más afectados por las medidas de lucha contra el cambio climático. La extrema derecha vende “seguridad” y “protección” frente a los costes que implican la transición verde en términos sociales y territoriales.

En este escenario, el papel de la sociedad y del sindicato es especialmente relevante para garantizar una transición justa e inclusiva fortaleciendo la dimensión social de las políticas de transición verde y afrontar sus costes adversos -personales, sociales, territoriales-. Para CCOO y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) el futuro pasa por defender la aprobación de una Directiva de Transición Justa que anticipe y gestione de forma equilibrada los cambios y sus efectos así como una revisión del marco de gobernanza económica que no suponga la vuelta de la austeridad y de margen suficiente a los Estados para aumentar las inversiones necesarias para la transición verde justa.”

El documento de CCOO como se ve, insiste en algo muy evidente en lo que se ha hecho hincapié en las entregas anteriores de esta serie, y es en señalar la doble urgencia de la transición ecológica en un contexto de cambio climático y de especial vulnerabilidad de parte importantes del territorio del Estado español, y la necesidad de encontrar una fuerte inversión pública que sostenga este desarrollo. Eso implica necesariamente frenar la vuelta a la austeridad, que convierta las medidas y avances logrados en los últimos años en mecanismos permanentes en lugar de soluciones sólo para tiempos de crisis. Que se fortalezca la capacidad de la Unión Europea para garantizar la cohesión social y que se elimine de una vez y para siempre la amenaza de las políticas de austeridad y los recortes antisociales.

En esa dirección cobra sentido un Pacto Verde Europeo mejorado sobre el que aparece en los documentos hasta ahora aprobados que, combatiendo el retorno propuesto por las fuerzas políticas liberales y conservadoras a la austeridad a través de la rigidez de las reglas de la gobernanza económica, desarrolle una política industrial fuerte que permita a la UE ocupar un puesto relevante en la competencia entre  China o Estados Unidos, que potencie la transición energética hacia la descarbonización completa de la economía y que contribuya a que la Unión Europea recupere su papel de liderazgo como promotora de una planificación ecológica en clave democrática a escala global.