HILOS SUELTOS SOBRE EL ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y LA PROPUESTA DE UN NUEVO MAGISTRADO PARA EL TC

 

Se ha renovado a partir de un acuerdo entre el PSOE y el PP el Consejo general del Poder Judicial, que llevaba, conviene recordarlo siempre, cinco años caducado ante la negativa obstinada del Partido Popular basada en razones cada vez más atrabiliarias, que obligó a legislar impidiendo que se siguieran haciendo nombramientos para los altos órganos jurisdiccionales españoles (Tribunal Supremo, fundamentalmente, además de TSJ y AN). Un intento de cambiar el procedimiento de nombramiento de los miembros del CGPJ fue denunciado como un ataque a la independencia judicial, y finalmente el tema se ha llegado a trasladar al ámbito europeo, solicitando y obteniendo la mediación del Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders.

Durante todo este tiempo, ha sido unánime la exigencia por parte de partidos, sindicatos y asociaciones judiciales, de renovar este órgano. La presión última al parecer muy eficaz sobre el PP ha provenido de la propia Asociación Profesional de la Magistratura, que lidera el llamado Partido Judicial ante la frustración de los itinerarios de carrera de muchos de sus miembros, que ven paralizadas sus expectativas ante la imposibilidad de efectuar nombramientos. El ultimátum del presidente del gobierno coincidió además con la nueva constatación de que la derecha y la ultraderecha no logran una mayoría contundente en las urnas. Las elecciones del 9 de junio asi lo atestiguan (entre paréntesis, España es la nación europea que más diputados situados en la izquierda y en el centro izquierda han aportado al Parlamento europeo, uniendo los del PSOE, SUMAR, Bildu, BNG y ERC y Podemos).

El acuerdo, que se expresa formalmente como un acuerdo en el seno de la Unión Europea, con una escenografía manifiestamente mejorable en la que acompaña a los sujetos firmantes, González Pons y Bolaños la Vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová dando testimonio silencioso aunque sonriente del pacto,  lleva consigo la presentación cerrada de una reforma de la LOPJ y del Estatuto Fiscal que no incorpora la reivindicación de la derecha de cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ, pero que se presenta como un acuerdo inmodificable y una lista de consejeros que deberán ser nombrados por el Congreso y el Senado en función de sus diferentes adscripciones, en la que se ha procurado incluir a personas de un perfil no  excesivamente marcado por su trayectoria política y de cierto prestigio profesional, evitando nombres ya conocidos de previsible conflictividad. Algo que sin embargo se contradice directamente con el candidato propuesto por el PP para magistrado del Tribunal Constitucional, como se verá a continuación.

Se ha logrado así desbloquear el CGPJ y este es el elemento más valioso de este acto político. La lista es paritaria en el sentido que 10 miembros han sido propuestos por el PP y otros 10 por el gobierno, lo que por tanto no responde a la referencia democrática de mayorías parlamentarias que deben orientar esta composición. Por vez primera además no se ha incorporado ningún miembro proveniente de las fuerzas políticas nacionalistas. Por el contrario SUMAR ha intervenido en la propuesta de dos personas sobre las diez nominadas. En la lista de vocalías de procedencia judicial, tres personas han recibido el aval de la asociación Jueces y Juezas por la Democracia, Esther Erice, Jose Maria Fernández Seijo, el laboralista Carlos H. Preciado, magistrado del TSJ de Catalunya y letrado del gabinete técnico del tribunal Supremo. También está incluida Lucía Avilés, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, mientras que en la de vocales juristas destacan Inés Herreros, que ha sido Presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y trabaja en la Fiscalía de Memoria Democrática, otro  bien conocido laboralista, Ricardo Bodas, magistrado jubilado del Tribunal Supremo, Ángel Arozamena, magistrado del Tribunal Supremo de lo contencioso y Argelia Queralt, letrada del Tribunal Constitucional.

Ya se verá cómo se desarrolla en la practica este nuevo Consejo. La primera cuestión será la elección e sus órganos de dirección, en especial la presidencia del mismo. Llama la atención que la presencia de magistrados del Tribunal Supremo en la lista es muy reducida, lo que es más relevante en la omisión de los mismos en los nombres propuestos por el PP, y se debe recordar que quien presida el CGPJ pasa a ser el presidente del Tribunal Supremo según el art. 586 LOPJ. No es necesario que se tenga la condición de magistrado del Supremo – no lo fueron ni Antonio Hernández Gil  ni Carlos Dívar –  solo es necesario el mérito del prestigio como jurista y una antigüedad de 15 años en el ejercicio de su profesión, pero es una posición institucional muy significativa puesto que es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo.

La respuesta de una parte de la izquierda política y de una buena parte de los comunicadores mediáticos ha sido en general muy crítica. Se dice que se trata de un reparto de puestos, de la vuelta del bipartidismo entre PSOE y PP, y, ya en el detalle, se cuestiona el veto a una serie de candidaturas que en el pasado habían integrado las propuestas desde la izquierda, en especial De Prada y Rosell que ya en el 2022 fueron apartados de la propuesta presentada que fracasó ante una nueva negativa del Partido Popular.

El reproche es cierto, pero la crítica olvida que es el mecanismo previsto para el nombramiento de los miembros del CGPJ, una mayoría cualificada que exige la puesta en común de las propuestas de los dos grandes partidos del sistema político español. Ese es justamente el problema, porque uno de ellos, el Partido Popular, ha podido utilizar este mecanismo para paralizar la renovación del Consejo durante cinco años, y mantener por tanto la composición de 2015 a la vez que empleaba los restos de este organismo como ariete contra las propuestas legislativas del gobierno, como señaladamente ha sucedido con la Ley de Amnistía. La única manera de deshacer este nudo era o bien cambiar las reglas de juego, que se ha pensado que era una opción demasiado arriesgada y con grandes costes de legitimidad, o bien forzar el acuerdo con el PP, aprovechando el momento político tras las elecciones europeas de junio. El resultado ha sido el que se quería, que el Consejo caducado desapareciera y se pudiera contar con una nueva composición que desbloqueara la actuación de este órgano. Nada más (y nada menos) pero no se puede pretender que con ello se agote un programa necesario de democratización de los aparatos judiciales que es imprescindible.

En resumen, no se puede exigir de manera vigorosa una solución al clamoroso incumplimiento de la Constitución al no renovar el CGPJ en el plazo previsto aprovechándose de tener una capacidad representativa de cierre de esta posibilidad, y a la vez rechazar el mecanismo por el que la ley posibilita esta renovación, que es necesariamente un acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. No es posible afirmar una cosa y su contraria. Cabe, naturalmente, objetar el resultado final, que por ejemplo no ha incorporado a personalidades de procedencia judicial o de juristas de reconocido prestigio que estén en la sintonía de los partidos nacionalistas vascos o catalanes, como había sido costumbre hasta ahora, pero no es razonable criticar el acuerdo por el mero hecho de ser un pacto entre PSOE y PP que son las únicas fuerzas que por si solas pueden obtener la mayoría requerida para ello. Mucho menos que SUMAR como partícipe del gobierno de coalición, haya podido intervenir en ese acuerdo, indicando dos personas para formar parte del Consejo, una cuestión que por el contrario debería valorarse positivamente.

Los nominados que provienen de las indicaciones del gobierno tienen un indudable valor; son personas por regla general muy competentes, algunas de ellas además especialmente versados en derecho laboral con un bagaje teórico y práctico muy fuerte. Es evidente que otros candidatos podrían haber integrado esa lista, también los que en su día formaron parte de una propuesta formal al respecto y no lo lograron por el señalamiento negativo del PP o del propio PSOE, pero nadie debería tener una especie de derecho de marca para un cargo público, por mucho que la prohibición o el veto personal pueda ser una práctica política no aconsejable si se trata de castigar por actuaciones inequívocamente democráticas o por haber dictado sentencia en el caso Gürtel destapando la corrupción del Partido Popular.

Finalmente, este nombramiento permitirá que el CGPJ recupere una normalidad perdida desde hace mucho tiempo. Este organismo se había instalado en la primera fila de las instituciones militantes en la negación de la legitimidad del gobierno democrático, descuidando ostensiblemente sus funciones correctoras y disciplinarias que solo funcionaban en una sola dirección, así como en la protección corporativa de decisiones judiciales que deberían haber estado sometidas al ejercicio de la libre crítica derivada de la libre expresión ideológica y de pensamiento. La reinserción del CGPJ en los modos y las formas democráticas puede ser complicada si, como parece ser la tónica general, la ofensiva verbal de descalificaciones contra el gobierno sigue siendo el caldo de cultivo en el que se mueve el discurso político de la derecha y la ultraderecha, pero la completa renovación del órgano permite abrigar algún optimismo al respecto.

Esta deriva muy preocupante se ha puesto de manifiesto con la designación como candidato a ser magistrado del Tribunal Constitucional de Jose María Macías. Sustituirá a Alfredo Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo que renunció víctima de un ictus, y por tanto le queda tan solo un año y medio hasta la nueva renovación de Magistrados, por lo que es razonable pensar que le han prometido la renovación de su cargo. Es decir, que puede que ocupe la plaza de magistrado del Tribunal Constitucional diez años y medio, y lo que en principio parecía un error del diario Público al dar la noticia, que indicaba que Macías sería presidente del Tribunal Constitucional, puede que sea el objetivo que persiga el PP al proponerlo en estas condiciones.

Todos los periódicos han subrayado su decidida orientación a la extrema derecha y su virulencia antigubernamental. Su frecuente presencia en el programa de Jiménez Losantos y su sintonía con él y con el lobby de la prensa madrileña que acompaña a la Presidenta de la Comunidad, es también un hecho notorio. Las descalificaciones públicas que ha hecho del ministro Bolaños llaman la atención al comprobar que en política la enemistad personal no empece para que el mismo personaje más vituperado por el entonces miembro del CGPJ  haya dado su apoyo al acuerdo institucional para que quien más le ha insultado se convierta en magistrado del Tribunal que verificará la conformidad con la Constitución de las leyes y de las decisiones judiciales en nuestro país. La misión del neo magistrado es clara: embarrar las discusiones en el Tribunal Constitucional, dar publicidad al disenso de las minorías de los magistrados y erosionar ahí también la función interpretadora del TC en materia constitucional. Fundamentalmente en relación con la Ley de amnistía, pero en general con toda la obra de reformas sociales y políticas que el gobierno y las mayorías parlamentarias vayan promulgando.

Pero hay además una vertiente en la biografía del candidato a Magistrado del TC que no se ha visto suficientemente reflejada en la prensa, lo que es algo peculiar. Jose Mª Macías es socio del bufete Cuatrecasas, posiblemente el conglomerado corporativo más importante en la consulta jurídica empresarial de este país, y en la página web de esta institución se puede leer que sigue en activo, además de ser magistrado en excedencia, y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2015. Se describe como una persona cuya práctica profesional “abarca el asesoramiento preconflictual y la dirección y defensa en materias de contratación pública, concesiones administrativas, expropiaciones y responsabilidad patrimonial de la Administración, derecho constitucional, derecho procesal administrativo, derecho farmacéutico, derecho del consumo y etiquetaje, derecho turístico, del ocio, juego, espectáculos y hotelero y campings, planificación territorial y urbanística, vivienda y equipamientos comerciales” y asimismo, “cuenta con amplia experiencia en protección medioambiental en general y gestión de residuos, derecho de aguas y minas, derecho del transporte, defensa ante autoridades y tribunales, litigios con las administraciones públicas en impugnación de liquidaciones y sanciones tributarias, derecho de la competencia y sobre blanqueo de capitales, de la energía, hidrocarburos y de las telecomunicaciones, desregulaciones, plantas de cogeneración, centrales nucleares, desmantelación de plantas afectas a derechos especiales, defensa ante el Tribunal Constitucional, responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas y homólogos autonómicos”.

Es decir, que ha participado en una larga serie de asuntos en los que es difícil encontrar la huella personal – asesoramiento preconflictual y dirección de la defensa jurídica – sobre las que podrá intervenir en tanto que magistrado del Tribunal Constitucional. En este sentido, su nominación aporta una novedad en las decisiones que el PP ha ido adoptando para cubrir los puestos de magistrado en el TC. No basta la explícita colocación ideológica en el territorio común de la derecha y ultraderecha, con expresiones de virulencia política excepcional. A ello se une ahora la incorporación del espacio de la defensa de intereses corporativos al ámbito del escrutinio sobre la constitucionalidad de las leyes y de las decisiones judiciales que vulneran derechos fundamentales en el que esta persona ha defendido claramente intereses de parte que hará valer en estos procesos. Este segundo hecho permanece sin embargo en la penumbra de los análisis que los medios de comunicación hacen de esta figura, solo fascinados por su enemistad manifiesta con el gobierno de coalición. ¿Por qué será?

Sin duda alguna esta nominación es una pésima noticia y camina en el sentido contrario a la democratización de la justicia que se decía pretender con este acuerdo bipartisan. Atentos a las consecuencias.