EL DIA DE LA MEMORIA

El 27 de enero de 1945 se cerraron para siempre las verjas del campo de Auschwitz, tras la liberación del mismo por el Ejército soviético. Esa fecha ha servido como referencia para recordar mundialmente a las víctimas del holocausto.

En Italia, el 27 de enero es el día de la memoria que más allá de las víctimas del holocausto, se extiende a todas aquellas producidas por la barbarie nazifascista. El componente antifascista de esta efeméride se enlaza asimismo con la identidad democrática de la República, y en los actos oficiales intervienen, con gran relieve, las altas instituciones del Estado. No sólo la Presidencia de la República, sino las personas que encarnan la presidencia de los órganos legislativos y  el presidente del consejo de ministros, entre otros. Es un día además que se conmemora en las escuelas públicas con actos especiales, obras de teatro, proyecciones de cine. Recordar aquellos actos criminales que produjeron un genocidio planificado como solución final, su marcado carácter étnico – con una especial fijación en los hebreos, pero que alcanzó a gitanos y a poblaciones eslavas, además de la represión asesina de comunistas, socialistas y otros demócratas y a la comunidad homosexual – es hoy más que nunca necesario, mucho más ante las tendencias políticas y de opinión en una buena parte de la Europa del centro y del Norte que reeditan pautas de conducta xenófobas y discriminatorias.

En España el día de la memoria no se celebra. Pero tampoco hay en perspectiva una jornada oficial en la que se señale la victoria contra el fascismo como una conquista democrática. Tampoco se honran las víctimas de la represión franquista. Los problemas de la memoria histórica son bien conocidos. No hay una identidad democrática basada en el antifranquismo.

El contraste es terrible. El 24 de enero de 1977 se produjo el asesinato de los abogados de Atocha. El momento temporal del crimen, en plena transición política, permitiría una convergencia no conflictiva entre todos los demócratas en la consideración de este día como una fecha que pudiera simbolizar el rechazo al terror fascista de quienes querían mantener la dictadura y la dominación de clase que el franquismo había llevado a cabo durante los cuarenta años de existencia. Y sin embargo nunca se ha planteado por ningún gobierno democrático no sólo la posibilidad de instaurar una fecha que recordara a la ciudadanía española que el fascismo es criminal y que nunca más se instalará en nuestro país, sino la mera cobertura oficial de estos actos de memoria de la matanza.

Durante años y años, ha sido CCOO y su Fundación Abogados de Atocha, junto con el PCE e IU,  principalmente, quienes han mantenido el recuerdo, con los supervivientes de aquel acto criminal cuyos inductores reales, como se sabe, permanecen impunes. La Fundación ha instituido un premio que permite, cada año, asociar a la memoria antifascista la lucha por la conquista de los derechos, en España y fuera de ella. Ningún gobierno español, desde 1978 al 2006, consideró oportuno recibir a la Fundación Abogados de Atocha como un signo de reconocimiento de lo que ésta significaba en la construcción de un sistema democrático. Sólo el gobierno de Rodríguez Zapatero, en un gesto que debe ser reconocido y recordado, procedió a recibir en el palacio de La Moncloa al Patronato de esta Fundación, expresando públicamente su desolación por esa larga ausencia de reconocimiento público a unos héroes de la libertad y pidiendo excusas públicas en nombre de los sucesivos gobiernos de España que no lo hicieron.

Más aún, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, bajo la presidencia de José Bono, instituyó en el 2005 un premio Abogados de Atocha que recordaba su memoria honrando a aquellas personas o instituciones que se habían destacado, en el Estado español o fuera de sus fronteras, en la defensa de las libertades democráticas. Este reconocimiento público fue inmediatamente cancelado a la llegada al poder, en mayo de 2011, del Partido Popular, con Maria Dolores de Cospedal como presidenta de la Junta. Las excusas fueron ridículas, el recorte presupuestario, el contenido del mensaje extremadamente nítido: retirar cualquier implicación del poder público en la exaltación de la figura de los abogados comunistas que dieron su vida por la defensa de los derechos de los trabajadores.

A partir del 2012, el premio Abogados de Atocha en aquella región, lo otorga unilateralmente la Unión Regional de Castilla La Mancha de CC.OO. Ha proclamado como personalidades premiadas a Manolo López a título póstumo, a Manuela Carmena y a J.A. Martín Pallín. El premio de este año ya se está preparando y se dará cuenta en este blog con profusión de la decisión, del personaje premiado, y de la entrega del galardón. Pero lo relevante es que de nuevo la memoria antifascista queda en manos de un colectivo sindical, al margen del espacio reservado a la acción y al reconocimiento público, que nunca se produce.

Sólo este año, en el que se ha cumplido el 39º aniversario del asesinato, la Alcaldesa de Madrid y exponentes importantes de los diferentes partidos políticos (desde el PSOE al PCE e IU, junto con Podemos) - pero no del PP ni de Ciudadanos, demostrando una enorme insensibilidad democrática - han expresado públicamente su admiración por el sacrificio terrible de aquellos jóvenes fusilados por los fascistas y han reconocido la importancia política de este hecho, que resultó decisivo en la consolidación de la democracia española, con la legalización del PCE en abril de ese mismo año y la convocatoria de elecciones generales en junio. Pero el recuerdo que va ligado a la lucha por los derechos y libertades democráticas no es percibido como un patrimonio común de todos los sujetos políticos que pugnan en el espacio público electoral. No lo es, y es extremadamente grave, para el Partido Popular y para la figura emergente de Ciudadanos. Es un dato muy revelador.

Se necesita un día de la memoria histórica en este país. Que en todos los medios de opinión, en las escuelas y en los actos oficiales se rememore la brutalidad del franquismo, su carácter criminal, la decisión democrática que impide volver atrás y paraliza cualquier “puesta al día” de sus postulados autoritarios. El 24 de enero podría ser una buena fecha para ello, uniendo el rechazo a la barbarie del asesinato de Atocha la memoria  toda de las víctimas del franquismo.

HOMENAJE A JAIME SARTORIUS

Jaime Sartorius es bien conocido porque su actuación y trayectoria vital se ha desenvuelto en la defensa de las libertades democráticas bajo el franquismo y en su preservación una vez proclamada la Constitución de 1978. Los abogados de Madrid y del resto del Estado tienen un enorme respeto por su biografía y su proceder, siempre íntegro. Sus camaradas – de entonces y de hoy – le profesan una enorme devoción porque además de su itinerario de lucha por las libertades, es una persona encantadora, llena de anécdotas deliciosas y de un buen hacer personal que resalta su caballerosidad y su compañerismo.

Sin embargo, no ha sido una persona a la que le gustara tener el protagonismo que merecía. Si se rastrea en google, hay principalmente dos referencias de él. Respecto de los asesinatos de sus camaradas del bufete de Atocha, del que en este domingo se cumplen ya 39 años, en relación con la obstinada negativa de los cuadros políticos y policiales de la Transición de continuar las investigaciones más allá de los que fueron autores materiales del asesinato, previsiblemente, instancias muy importantes del franquismo y de sus aparatos de Estado. En segundo lugar, cómo encabezó una protesta del colectivo de abogados comunistas frente a las iniciativas de territorialización que el PCE puso en marcha en 1978-79, desarticulando las organizaciones sectoriales que hasta entonces encuadraban la política comunista y en la que los abogados habían sido muy importantes. Dos noticias sueltas, pero que permiten hacerse una idea de quien es el personaje que le habita.

Para cualquiera que haya acudido a alguna charla o conferencia en la que Jaime Sartorius haya intervenido, seguramente que recordará su aguda ironía y su extraordinaria capacidad de relatar los hechos, muchos de ellos desconocidos del gran público. Sus últimas intervenciones rememorando su intervención en expandir la solidaridad ante el proceso 1001 y su viaje a Estados Unidos, al ser el único del grupo de abogados que sabía inglés, está repleto de anécdotas formidables sobre sus encuentros en Nueva York y en California, la posición de los sindicatos americanos y del Partido Demócrata, la real solidaridad que se dispensó en América a los dirigentes de CCOO, pese a su militancia comunista aireada por la prensa del régimen. 

Jaime Sartorius es parte de la historia viva de este país. De su historia democrática, la de aquellas personas que han trabajado tanto y en condiciones tan duras contra la dictadura, por traer la democracia y la libertad a la mayoría de la población. Su trayectoria vital es impresionante. Los archivos de su despacho – y las trazas de los derechos peleados y afirmados a través de los expedientes jurídicos de tantas personas – se pueden hoy consultar en la Fundación 1 de Mayo. Y podemos aún contar con su presencia, su elegante ironía y su calidez personal. Por eso un grupo de amigos de Jaime Sartorius ha convocado un acto de homenaje al mismo para el 5 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A continuación se copia la carta de convocatoria y las instrucciones  para aquellos que quieran participar. Será un acto maravilloso, muy recomendable, democráticamente saludable.

Esta es la carta:

Querid@ amig@,

Los abajo firmantes, todos amigos y compañeros de Jaime Sartorius, hemos considerado, por la trayectoria de nuestro querido Jaime, por su aportación a la libertad y a la democracia en este país, por su compromiso por la reconciliación nacional en los periodos duros de la dictadura y de la transición a la democracia y por su intachable dedicación profesional al ejercicio de la abogacía, hoy todavía en activo, convocarte para el día 5 de febrero de 2016 en el Círculo de Bellas Artes, Sala Valle Inclán, con el fin de dedicarle un homenaje en agradecimiento por su limpia trayectoria en la lucha por las libertades.

En el acto intervendrán amigos de todos conocidos, como Nicolás Sartorius, José María Mohedano, Carlos Alonso de Zaldívar, Ignacio Fernández Toxo, Manuela Carmena y Emilio Lledó.

          El acto se iniciará a las 19,00 horas y finalizará con un catering, de bebidas y aperitivos, para que todos aquellos que llevamos tiempo sin vernos podamos intercambiar impresiones, recuerdos y afectos hasta que el Círculo de Bellas Artes nos invite a marcharnos, que será aproximadamente a las 23,00 horas.

           La Sala en la que se celebra el evento tiene una capacidad para doscientas personas sentadas, por lo que agradeceríamos que, si deseas asistir, confirmes tu asistencia, contestando a este correo, debido a que el Círculo de Bellas Artes nos pide que se le facilite con antelación el número de asistentes al acto.

          Como el catering, el alquiler de la Sala y el regalo que hemos previsto entregar a nuestro querido Jaime tiene un coste, que hemos cuantificado en treinta y un euros  por asistente, te agradecemos que transfieras dicha cantidad a la cuenta corriente abierta en el Banco Popular con el número 0075 0322 80 0600480098 a nombre de Génova 16 Abogados SLP, indicando en la transferencia tu nombre y apellidos y en el concepto: homenaje a Jaime Sartorius.

          Sin otro particular, te enviamos un afectuoso saludo

Marcos Peña                          Ricardo Bodas                          Pepe Garrido

Enrique Lillo                  José María Mohedano                    Juan Puig de la Bellacasa

EXPLICAR COMO SE GOBIERNA: NOTICIA DE UN VIDEOBLOG

Los cambios políticos que se produjeron en las elecciones de mayo del 2015 llevaron a los ayuntamientos de ciudades muy importantes del país a ser gobernadas por candidaturas ciudadanas que imponían una transformación profunda de los moldes políticos por los que había discurrido la política municipal y una sustitución muy significativa de las personas y de las biografías de quienes la habían protagonizado hasta el momento.

Han cambiado muchas cosas en los Ayuntamientos democráticos y ciudadanos. Pero justo por ello se enfrentan a muchas acechanzas y sufren una agresividad insidiosa por una buena parte de los medios de comunicación. La necesidad de ofrecer una información que contraste la desinformación mediática impulsada por los poderes económicos ha sido algo necesario para las nuevas autoridades de gobierno local. En Madrid y en Barcelona, pero en general en las grandes ciudades en donde se ha producido el cambio político: Valencia, Cádiz, Santiago, Ferrol, y tantas otras. Se recurre a unas páginas web o portales muy completos, al uso intensivo de las redes sociales, a la extensión de las iniciativas mediante la promoción de la participación popular, y así sucesivamente. También se utilizan cada vez más blogs de concejales independientes de los oficiales del ayuntamiento para ofrecer aspectos más personales o reflexiones sobre la tarea de gobierno o los proyectos emprendidos.

Una iniciativa de este tipo la he emprendido en el Ayuntamiento de Barcelona quien es su primer teniente de alcalde, y profesor universitario de derecho constitucional, Gerardo Pisarello. Ha creado un videoblog que alimenta una vez por semana en la que - son palabras suyas en la presentación - quiere crear un espacio de diálogo sobre la experiencia de las "revueltas democráticas" que se han plasmado en las nuevas corporaciones municipales en tantos lugares del Estado español, El objetivo preciso del videoblog es comunicar no tanto las realizaciones concretas que el Ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo, sino reflexionar sobre los problemas que suscita al colectivo que dirige la ciudad llevar adelante la función de gobierno manteniendo un impulso utópico y permitiendo por tanto que la gente en general, los vecinos de Barcelona, puedan aproximarse a una situación nueva asistiendo al proceso de problematización de las opciones presentes en la acción institucional del ayuntamiento. 

La dificultad de actuar en un horizonte que solicita y exige medidas y planes a medio y largo plazo pero también decisiones inmediatas, se quiere trasladar a un espacio público, como el videoblog, en el que además se examinan brevemente temas de reflexión más general, como abordar el tema de Europa, la estabilidad presupuestaria y la dificultad de hacer políticas de nivelación social ante las exigencias de la gobernanza europea. En este tema además, anima el debate extractos de la conversación entre Varoufakis y el propio Pisarello. 

El campo de la ciudad es un espacio en el que se desenvuelve actualmente un complicado equilibrio que debe permitir nivelar las desigualdades cada vez más fuertes entre barrios y zonas urbanas profundamente desiguales, que debe desarrollar un discurso que supere la precarización de las relaciones de trabajo mediante la externalización y privatización de los servicios y que tiene que romper las barreras mediáticas que impiden su divulgación y conocimiento por parte de la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad.

A alimentar estas reflexiones se dirige el video blog de Pisarello. Hablado en catalán, tiene un formato adecuado y cumple eficazmente su propósito. Hay que dar a conocer su existencia, como fuente de información y de discusión sobre aspectos cruciales para definir el alcance - y los limites - de la acción de gobierno por obra de las autonomías locales.    

Que lo disfruten.                                   

UN ACTO MASIVO CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA.

Ayer, 19 de enero, en el Auditorio Marcelino Camacho, tuvo lugar el acto de reivindicación sindical del derecho de huelga en respuesta a la oleada de procesamientos de dirigentes y activistas sindicales como parte de una estrategia de agresión selectiva a la acción colectiva y el ejercicio del derecho de huelga.

Cabe resaltar varios elementos en este acto, cuyo desarrollo ha sido ya narrado por la prensa digital con cierto detalle. ( No son ocho, somos miles; Los sindicatos sacan músculo).

En primer lugar su carácter masivo.  El auditorio estaba a reventar y una buena parte de la gente tuvo que desplazarse a otra sala para poder seguir en directo el desarrollo del mismo. El segundo elemento de relieve fue la importancia de la dimensión europea y subsidiariamente internacional, como ingrediente central de una reivindicación, el derecho de huelga no asediado por la represión penal, que era asumida por los sindicatos europeos y en primer lugar por la CES – el acto se abrió con un saludo grabado de Luca Visentini, secretario general, y durante el mismo intervino el presidente de la misma, Rudy De Leeuw – con una precisa advertencia sobre la degradación de las libertades democráticas que estos procesos penales a sindicalistas están generando, y que deben inscribirse en una tendencia autoritaria que se puede detectar asimismo en otros países, como Inglaterra, Chequia, Finlandia e incluso Francia recientemente. Los saludos de organizaciones sindicales de otros países que expresaban su solidaridad fueron numerosísimos, como también la presencia en la sala de enviados de los sindicatos de los estados más cercanos, Italia (CGIL), Francia (CGT), Portugal (UGT), Bélgica (FGTB), además del Comité Económico y Social Europeo y la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de América (CSA).  La consideración de un país como España, tras esta deriva represiva, entre los países que ponen en riesgo las libertades se manifestó por el representante de la Confederación Sindical Internacional, Jeffrey Vogt, que resaltó que esta organización global había situado a España un escalón más bajo en la clasificación que hace de los países en relación con la tutela de los derechos sindicales. Esa vertiente internacional además resultó especialmente resaltada por Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT en España, que dio noticia de la situación en la que se hallaba la queja de CCOO y UGT ante esa organización por violación del Convenio 87 OIT, y recordó la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical condenatoria de otros gobiernos en casos muy semejantes.

El tercer componente del acto era la conexión directa entre la defensa del derecho de huelga y la presencia solidaria de los campos de la cultura, del derecho y de la universidad. El acto fue conducido magistralmente por Almudena Grandes, y fue Miguel Ríos el encargado de leer el manifiesto – No olvidemos lo importante – que habían firmado una larga serie de las gentes de la cultura que, como diría Toxo en su discurso de cierre, siempre están ahí cuando el sindicalismo requiere que hagan oir su voz en defensa de los derechos colectivos democráticos. Aunque no estuvo físicamente, Almudena Grandes  leyó el mensaje que, en nombre de Jueces para la democracia, dirigió a la asamblea Joaquin Bosch, en el que recordaba hechos evidentes sobre la necesidad de tutelar el derecho de huelga y la de que los jueces realizaran una interpretación conforme a la constitución de la norma penal, restringiendo el alcance punitivo de la misma en referencia al ejercicio de derechos fundamentales de conflicto. 

La universidad estuvo asimismo presente mediante la lectura, por Yolanda Valdeolivas y Antonio Baylos, del Manifiesto de los profesionales del derecho contra la criminalizacion de la huelga, que ya conocen los lectores del blog. Este manifiesto lo habían firmado hasta el día del acto  225 personas en su mayoría profesores y profesoras universitarias de 28 universidades (Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, Carlos III, Rey Juan Carlos, UNED, Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Universidad de Valencia, Politécnica de Valencia, Castilla La Mancha – en sus cinco centros de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina – Córdoba, Málaga, Granada, Almería, Jaén, Sevilla y Pablo de Olavide, Oviedo, Vigo-Ourense, A Coruña, Santiago de Compostela, Murcia, Burgos, Salamanca, País Vasco – en sus centros de Bilbao y San Sebastián – y CSIC), así como abogadas y abogados laboralistas. Historiadores como Bartolomé Clavero o Juan Sisinio Pérez Garzón, penalistas como Luis Arroyo Zapatero o Juan Terradillos, constitucionalistas como Antonio de Cabo, filósofos del derecho como Juan Ramón Capella, Rafael Escudero o Juan Carlos Bayón, laboralistas como Maria Emilia Casas, Jesús Cruz Villalón, Carolina Martínez Moreno o Joaquin Aparicio – seguidos de un buen número de profesores, titulares y catedráticos de Derecho del Trabajo- , y varios otros internacionalistas, iusprivatistas y administrativistas, como Julio González , junto con otros científicos experimentales, como Raúl Villar o Santiago Carrillo, han expresado su adhesión al manifiesto en compañía de abogados como Manuel de la Rocha, Bernardo González, Enrique Lillo, Eva Silván, Antonio Garcia o Maria Luisa Turrión y dirigentes sindicales veteranos como Jose Luis López Bulla, Juan Moreno o Natividad Camacho.

En el acto se promovía la derogación de los preceptos penales que habían sido la excusa para el plan represivo antisindical que había llevado al procesamiento de más de trescientos sindicalistas, y el marco más general de la Ley de Seguridad Ciudadana,  pero con mucha fuerza se insistió no solo en que los partidos políticos de progreso se comprometieran a impulsar estos cambios legislativos, sino a que se lograra un gobierno de progreso que tradujera la voluntad mayoritaria en votos de las últimas elecciones y que desalojara al PP y a las políticas que éste partido ha llevado a cabo del gobierno de la nación. El mensaje fue muy explícito, y en la sala estaban en efecto exponentes muy importantes de IU, Podemos y PSOE – también de Democracia y Libertad – que aplaudieron con fuerza estas solicitaciones sindicales.

Sobre todo ello, los sindicalistas procesados, que hicieron las intervenciones más instructivas de la tarde. Rubén Ranz, del equipo de comercio de SMC-UGT, al que le solicita el fiscal tres años y medio de prisión, y José Alcázar, que hizo subir entre atronadores aplausos a sus compañeros procesados de Airbus, los 8 de Airbus que pusieron en pie a la sala. Ellos explicaron de forma muy clara por qué entienden que se exponen a la prisión, como consecuencia de una estrategia gubernamental de reprimir las acciones colectivas reivindicativas conducidas sindicalmente y reducir el apoyo de las trabajadoras y trabajadores a las mismas; convertir, mediante la acción de la policía en cargas brutales contra los piquetes pacíficos, un acto de masas en un problema de orden público. Alcázar dio cuenta de las ofertas que habían recibido de la Fiscalía para evitar su ingreso en prisión, propuestas que llevaban consigo la declaración de culpabilidad por cargos menores, y de cómo se negaron a las mismas. Si hemos de entrar en la cárcel, afirmó, lo haremos, pero no podemos aceptar que la acción de un piquete pacífico se convierta en un delito. Un ejemplo de coherencia ideológica y sindical.

El 9 de febrero se celebrará en Getafe el juicio penal contra los 8 de Airbus. En el acto se convocó a la presencia ese día ante el juzgado. Es una cita importante, porque está en juego la credibilidad democrática del Estado español a la hora de respetar el derecho fundamental de huelga.

EN DEFENSA DEL DERECHO DE HUELGA

Hay 81 procedimientos penales en curso que encausan a más de 300 sindicalistas por participar en los piquetes en las huelgas generales del 2010 y 2012. Se trata de una vasta acción de incriminación penal que no tiene precedentes en los países democráticos de nuestra misma área cultural.

El derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución no ha sido desarrollado legislativamente, como si ha sucedido con la libertad sindical, y esta anomalía ha sido solventada por una copiosa doctrina del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios que han configurado los límites y el contenido del derecho en unos términos compatibles con la democracia. Dentro de esta doctrina constitucional, el piquete de huelga, que pretende lograr una adhesión lo más general posible de los trabajadores en el ámbito sometido a la convocatoria de huelga y a la vez obtener la mayor visibilidad social y ciudadana del conflicto, dándolo a conocer y recabando la solidaridad de todas las personas, es un elemento central en la dinámica y el desarrollo de la huelga. En esta figura del piquete no sólo está en juego el derecho de huelga, de la que constituye una expresión directa, sino también la libertad de información y el propio derecho de manifestación en los piquetes masivos. La doctrina del Tribunal Constitucional (la conocida STC 120/1983 y la STC 137/1997)  ha establecido que la acción que lleva a cabo el piquete forma parte del contenido esencial del derecho de huelga, pues la proyección exterior de la huelga forma parte indisoluble del derecho, y “el piquete de huelguistas, con sus funciones de propaganda, información o persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar el trabajo, integra el contenido del derecho reconocido en el art. 28.2 CE”.

El derecho penal ha recogido en sus textos un delito especial que incrimina los comportamientos coactivos que pudieran realizarse en el marco de estos piquetes de huelga, un texto que proviene de 1976 y que prácticamente sin modificaciones se ha mantenido en el Código Penal de 1995 y ha subsistido hasta la última reforma del año pasado obra del Ministerio Gallardón. El uso antisindical de este precepto resulta evidente al impulsarse directamente por el ministerio fiscal la incoación de sumarios contra dirigentes sindicales y activistas que participaron en la huelga general del 2010, y, de forma más reducida, sobre la del 2012. Si se pudiera conocer con mayor exactitud el iter de este programa represivo y disuasorio contra los militantes sindicales, sería muy interesante ver en qué medida se han concentrado en el mismo las instrucciones del ministerio del interior a la Policía y las del Ministerio de Justicia a los Fiscales, puesto que la acción policial de denuncia – y la consideración de los hechos denunciados como prueba irrefutable – ha resultado determinante en el procesamiento de estas personas.

Hay una contradicción evidente entre la regulación conforme a la Constitución del derecho de huelga y del piquete como contenido esencial de este derecho y la incriminación penal, basada esencialmente en la denuncia policial, de esta forma de expresión del conflicto. El caso Airbus es emblemático al respecto, y el juicio que se celebrará a partir del 9 de febrero, permitirá comprobar hasta qué punto la exacerbación de la vertiente represiva puede ser compatible con un sistema democrático que establece el conflicto como un punto clave en un itinerario progresivo hacia la consecución de la igualdad efectiva.

Mientras tanto, es conveniente que en un tiempo en el que se está constituyendo el Congreso de los Diputados en una legislatura novedosa que permite pensar en cambios legislativos de importancia, la opinión pública conozca esta situación y denuncie esta deriva represiva de un derecho ciudadano fundamental. El sindicalismo europeo e internacional ha tomado buena nota de la gravedad de estos sucesos y ha mandado una serie de mensajes de solidaridad. Las autoridades políticas – tanto del PSOE como del PP – con las que hablaron los secretarios generales de CCOO y UGT prometieron soluciones políticas inmediatas que repararan en lo posible la lesión del derecho de huelga y la condena a los sindicalistas. Indultos de los ya condenados que nunca se han llevado a cabo y derogación del precepto, a la que se comprometió el Ministro Gallardón en vano, ante el proceso de reforma del Código Penal en curso. Se da así la impresión de una cierta impotencia de los gobernantes ante una decisión de incriminación penal de la acción huelguística que sigue adelante viabilizada por las denuncias policiales y la intervención del Ministerio Fiscal sin que desde los poderes públicos se encauce esta conducta hacia márgenes aceptables por el sistema democrático.

A combatir esa desinformación y visibilizar el problema se están dedicando importantes esfuerzos por parte de los sindicatos confederales. Han presentado una queja a la OIT, han obtenido una declaración solemne del Congreso de la CES en Paris, han desarrollado una intensa actividad de contactos con autoridades de gobierno y han convocado acciones en la calle. Para hoy las dos confederaciones sindicales, UGT y CCOO han convocado a un acto público que se celebrará hoy, 19 de enero, en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, con arreglo al programa que a continuación se transcribe. Esperamos una gran asistencia y la solidaridad de todas y todos los lectores de este blog.

PROGRAMA

El acto será presentado y conducido por Almudena Grandes.

Darán la bienvenida los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Jaime Cedrún y Carmelo Ruíz, e intervendrán dos de los 300 sindicalistas encausados, Rubén Ranz, miembro del equipo de trabajo de Comercio de SMC – UGT y José Alcázar, representante de CCOO y portavoz de los 8 de Airbus.

A continuación intervendrán: Yolanda Valdeolivas y Antonio Baylos, catedráticos de universidad, -en nombre de los profesionales del derecho leerán un manifiesto contra la criminalización del derecho de huelga-, Jeffrey Vogt, director de la Unidad Jurídica de la CSI y Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España.

Luis García Montero, poeta y profesor de Literatura Española en la Universidad de Granada, presentará un manifiesto de apoyo en representación del mundo de la cultura.

El último bloque de intervenciones será del ámbito sindical, tomando la palabra Rudy De Leeuw, presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Cándido Mendez, secretario general de UGT e Ignacio F. Toxo, secretario general de CCOO.

TENDENCIAS ACTUALES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES Y EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Se está desarrollando en Toledo, a partir de esta semana, el Curso de Postgrado en Derecho organizado por la Fundación de la Universidad de Castilla La Mancha que tiene por título “Constitución Social y Derechos humanos laborales. Tendencias globales en la etapa actual”. El curso está dedicado a la figura de Oscar Ermida Uriarte , que fue profesor principal de este Curso desde su primera edición, y está coordinado por los profesores de la UCLM Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey.

A esta edición del Curso han concurrido 36 personas, entre las cuales los grupos más numerosos son argentinos, mexicanos y peruanos, pero asimismo hay bolivianos, venezolanos, colombianos brasileños y chilenos. El diseño del curso quiere presentar al comienzo del mismo la problemática central sobre el tratamiento del trabajo como causa de la riqueza de las naciones, elemento de cohesión social y valor político-democrático, que se opone a la determinación del trabajo como un “artículo de comercio”, como rechazaba la Declaración de la OIT de 1919, y el contexto en el que este tipo de discurso se está modificando y transformando en la situación actual de crisis. La construcción paulatina del trabajo como un espacio de contrapoder que genera una subjetividad activa y opuesta a la subjetividad política y civil del burgués: la dimensión del sujeto colectivo como figura autónoma que representa al trabajo en todas sus formas, y la inserción de ese sujeto y de su dinámica en la lucha por erigir un campo de derechos que abarque todas las facetas del trabajo en la producción y en la sociedad, y que se defina políticamente en un proyecto político. Una reflexión en definitiva sobre el trabajo y los derechos o capacidades que de él se derivan, tanto a nivel colectivo como individual.  Lo que lleva a la internacionalización de una noción de trabajo como un espacio de derechos garantizados por el poder público, contrapeso de su dimensión económico-mercantil del mismo. Este panorama se confronta con la intangibilidad de la libertad económica base del sistema capitalista: libertad de mercado y libertad de empresa de una parte y por la ambivalencia de la norma estatal en la configuración de la relación directa entre trabajo y ciudadanía, que sigue construyendo el principio de subordinación (en el trabajo) como restricción de la ciudadanía (tendencialmente igualitaria).

En ese horizonte crítico, la tensión entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo y la disposición de las componentes colectivo, público, organizativo e individual, es determinante, como también la pérdida de soberanía económica de los Estados-nación desde otras construcciones supraestatales y desde la privatización de los circuitos de decisión económica. Ello dificulta la difícil labor de componer adecuadamente los planos de la validez y de la eficacia de los derechos (humanos y fundamentales) y el problema se replantea en una perspectiva multinivel, en donde la escala supranacional es muy determinante. Por eso el estudio de las contratendencias que se perciben en el nivel supraestatal de regulación europea forma parte de la siguiente fase de este curso, con el examen de la empresa transnacional en relación con los derechos laborales, la libertad de prestación de servicios en el mercado unificado europeo y la relación entre el mercado global y la libertad de comercio a través del Tratado Transatlántico de comercio y de Inversiones (TTIP).

Una siguiente etapa se detiene sobre los procesos constitucionales de defensa y garantía de los derechos fundamentales, con el análisis de los derechos colectivos de forma prioritaria. El examen de los derechos de organización colectiva y los medios instrumentales de negociación colectiva, participación en la empresa o derecho de huelga, se despliega en las distintas escalas nacional y supranacional con sus respectivas problemáticas. Pero los derechos fundamentales se sitúan asimismo en el plano individual que abarca la doble condición de trabajador y ciudadano y comprenden tanto derechos individuales sobre el trabajo a partir del trabajo efectivo, planteando la problemática del trabajo decente y las condiciones mínimas de garantía en la relación salarial, como derechos individuales sobre el empleo relativas a las garantías sobre el empleo estable y la estabilidad en el empleo: causalidad y legitimidad del despido. Y finalmente derechos del ciudadano que trabaja, es decir, derechos (políticos) de libertad ciudadana en la empresa como espacio de autoridad. Por último, los derechos sociales fundamentales revisten una fuerte dimensión pública respecto de la satisfacción de necesidades sociales y atención de la cobertura de los estados de necesidad, y este es por tanto también un tema de estudio en el curso. Las garantías judiciales de los derechos constitucionalmente reconocidos y el examen de los procesos constitucionales y ordinarios que las viabilizan son el último tema abordado.

La panoplia de intervinientes es extraordinariamente amplia. Además de una buena parte de los componentes del área de Derecho del Trabajo y de la seguridad Social de la UCLM, participan asimismo profesores de otras universidades, como las profesoras de la Universidad de Valencia Adoración Guamán – sobre el TTIP  - Carmen Salcedo – sobre la Carta Social Europea y el reconocimiento de los derechos fundamentales laborales laborales – y Belén Cardona – sobre ciudadanía en la empresa y en la era de las nuevas tecnologías, la protección de datos y el control informático – el profesor de la Universidad de Sevilla del área de Historia del Derecho Sebastián Martín – que explica el “hilo rojo” entre la constitucionalización del trabajo y el Estado social – y, en fin dos conferenciantes muy reputados, Fernando Valdés, catedrático de Derecho del trabajo de la UCM y magistrado del Tribunal constitucional, y Maria Emilia Casas , también catedrática de la UCM y ex – presidenta del Tribunal constitucional hasta el 2010.

El curso termina el 27 de enero, y la entrega de diplomas se efectuará en una ceremonia solemne en el paraninfo universitario que ocupa la iglesia de San Pedro Mártir. 

LA HUELGA NO ES UN DELITO

Como posiblemente conocen los lectores del blog, hay más de trescientas personas procesadas penalmente por participar en piquetes de huelga en las huelgas generales del 2010 y del 2012. El 9 de febrero comienza un juicio penal muy decisivo contra los ocho miembros del Comité de Empresa de Airbus, a los que se les piden penas de cárcel de 8 años de media a cada uno. Los sindicatos CCOO y UGT se han movilizado frente a esta agresión real al sindicalismo de clase y están organizando una serie de actos para sensibilizar a la opinión pública sobre este punto doliente de la democracia. Entre estos, el próximo 19 de enero se realizará un acto público en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, a las 18,30 de la tarde, en el que entre otras cosas, se leerá un manifiesto de los profesionales del derecho contra la criminalización del derecho de huelga. El texto de este manifiesto se ofrece en rigurosa primicia combinada entre el blog hermano Metiendo Bulla y este. El objetivo es darlo a conocer y posibilitar su difusión, y en última instancia, recabar adhesiones al mismo entre profesores, abogados y en general juristas o asimilados que expresen su solidaridad frente a estos fenómenos. Del acto y de los nombres que suscriben el manifiesto se dará cuenta oportunamente también en este blog.

MANIFIESTO  DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA

Durante cuarenta años el franquismo mantuvo una hostilidad permanente frente al conflicto social y especialmente laboral. Era la expresión de su ADN político, combatir la clase social de los trabajadores a los que nunca quiso libres ni iguales. La huelga fue siempre ilegal hasta 1977, una vez muerto el Dictador, y esa ilegalidad implicaba despidos, multas y cárcel. Fueron necesarios muchos esfuerzos y demasiadas vidas truncadas en la lucha por las libertades democráticas que culminó en la amnistía política y laboral y la emanación de un texto constitucional. La Constitución supuso la remoción de la persecución contra el conflicto laboral y social, la huelga se reconoció como un derecho fundamental dotado de la mayor protección jurídica, junto con la libertad sindical. El sistema democrático no es concebible sin el respeto de los poderes públicos y privados al ejercicio de este derecho, que está conectado directamente con el compromiso del Estado Social y de los sujetos de relevancia constitucional como los sindicatos para promover la igualdad efectiva eliminando las situaciones de desigualdad social, económica y cultural.

Sobre esta normalidad democrática que lleva aparejado el reconocimiento de los derechos colectivos de trabajo, a partir del 2010 hemos sufrido en España un paulatino y creciente ataque a los derechos sociales de la ciudadanía y a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país causados por la aplicación de injustas, arbitrarias e irrazonables políticas de austeridad que, especialmente a partir del 2012, han causado un inmenso sufrimiento social y han incrementado la desigualdad y la exclusión en una buena parte de las clases subalternas. El ciclo de luchas desarrollado en España en esta etapa, especialmente entre 2010 y 2014, expresa una fuerte resistencia ciudadana a tales medidas y es posiblemente la fase de mayor entidad y consistencia de movilizaciones sociales, por la cantidad y diversidad de figuras sociales comprometidas, desde la transición a la democracia, hace ya 40 años. En esas luchas han cobrado una relevancia extraordinaria las huelgas generales convocadas por los sindicatos en 2010 y 2012, que unieron protesta y propuesta alternativa frente a la desregulación normativa y la deconstrucción del sistema de derechos laborales.

La respuesta de los poderes públicos a estas intensas movilizaciones ha consistido esencialmente en la criminalización selectiva de los participantes y la instauración de un marco represivo general –la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal entre otras– que disuada en el futuro frente a las expresiones más efectivas de la protesta ciudadana. En nuestro país el Ministerio Fiscal, siguiendo órdenes del Gobierno, ha instruido causas criminales contra una larga serie de sindicalistas y activistas de la clase obrera que suman ya 300 personas, entre dirigentes sindicales, miembros de los órganos de representación de los trabajadores y, en general, militantes sindicales. Es el sindicalismo y su capacidad de organizar la resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras el objetivo de esta incriminación penal, que puede acarrear condenas de dos a ocho años de cárcel, como se solicitan para los miembros del comité de empresa de Airbus cuyo juicio se celebra el próximo 9 de febrero.

Los abajo firmantes, como juristas y profesionales, como investigadores sociales y profesores, mujeres y hombres que creemos en la democracia y en la legitimidad de los instrumentos de conflicto colectivo que reconoce nuestra Constitución a los trabajadores y trabajadoras y a sus organizaciones representativas para superar la desigualdad intrínseca propia de la relación de trabajo, no podemos ni queremos callar ante esta operación que busca eliminar el derecho de huelga y estigmatizar a los sindicatos como autores de actos de violencia y coacción que nunca se han producido.

Alertamos a la opinión pública sobre este gravísimo atentado a las libertades democráticas y a los derechos sociales que llevan implícitos, solicitamos al nuevo Parlamento la revisión del Código Penal, con exclusión de los preceptos criminalizadores que han constituido la excusa para el plan represivo del poder público; expresamos nuestra solidaridad activa con las personas procesadas y exigimos restaurar de forma nítida el derecho de huelga como valor central de nuestra democracia, reivindicando que  los ciudadanos que lo hemos ejercitado no somos delincuentes ni súbditos: somos ciudadanos que rechazan la injusticia y la arbitrariedad afirmando el valor de la igualdad y de los derechos que derivan del trabajo. La huelga no es un delito sino expresión inexcusable del Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución Española y negar este derecho fundamental mediante la penalización de su ejercicio retrotrae a etapas que creíamos felizmente superadas.

Las adhesiones a este manifiesto pueden hacerse llegar, con nombre, apellidos y profesión a movimientosyredessociales@ccoo.es  hasta el día 17 de enero incluido.

IMPEDIR QUE GOBIERNE EL PP Y DEMOCRATIZAR LA POLÍTICA

Acabadas ya las vacaciones escolares, el blog reemprende sus actividades. El presente post se relaciona directamente con el último del día de Nochebuena. Se expresa así una opinión – otra más entre las muchas que se están emitiendo estos días – sobre la dirección que debería adoptar la política – democrática, desde luego, no la que hemos padecido estos cuatro años – a partir de la constitución de las Cortes el 13 de enero próximo.

Comienza el año y parece que las festividades propias de la temporada no han edulcorado la incertidumbre sobre el nuevo curso político. Al contrario, la vicisitud catalana abre nuevos interrogantes si, como parece previsible, son inevitables unas nuevas elecciones en marzo. El contexto político en el Estado español es bastante líquido, con un Partido Popular agazapado en sus intenciones de formar gobierno sin precisar cómo, Ciudadanos cada vez más desdibujado como figura política autónoma, salvo en su reiterada problematización catalana, y con el foco de los medios de comunicación y de los constructores de opinión centrado en el PSOE de Pedro Sánchez, sus desgarros internos y sus declaraciones. Un poco en la sombra, pero también destacado, la posición de Podemos y las candidaturas de confluencia, que van ganando presencia en el discurso mediático,  que se presenta más bien como un enunciado de límites no traspasables que se suma a una crítica de los enunciados del partido-centro, el PSOE, pensando quizá en una nueva convocatoria de elecciones que fuera más definitoria del mapa político general. En los márgenes, una verdadera marea de opiniones que desean un gobierno de izquierda, o, de progreso, que reponga los derechos y las libertades perdidas.  Estas opiniones están enraizadas en el sentimiento de muchos de los votantes que requieren que esta sea una legislatura de cambio y que piensan que la fragmentación del mapa de la representación política hace posible esa opción.

Hay ante todo un objetivo que debe ser ineludible. Impedir que el Partido Popular gobierne, en cualquiera de las opciones que se ofrecen, sólo en minoría con apoyo externo o en coalición con otras fuerzas políticas. La hipótesis de la gran coalición, en la que estarían interesados los poderes económicos españoles y la dirección coordinada financiera y política europea que cuenta con seguidores de peso en el PSOE, es percibida con razón en el interior del PSOE como una traición al programa electoral y como un acto de agresión a la ciudadanía. El PP no tiene ningún escrúpulo en gobernar con cualquier apoyo, aceptará todos para evitar que se acelere su descomposición interna y para mantener lo sustancial de su política que consolide la extensa desigualdad material forzada a partir del 2011, forzar la impunidad de los procesos de corrupción en marcha y asegurar el control pleno de los aparatos ideológicos del Estado, fuerzas de seguridad y magistratura fundamentalmente, secundados por la homogeneización de la opinión pública merced a los grupos de dominio de los grandes medios de comunicación.

Es imprescindible por tanto que el PP no gobierne. Es  el objetivo fundamental al que deberían comprometerse ya todas las fuerzas de progreso como eje de su estrategia en las negociaciones, con carácter irrenunciable. Ahora que se habla tanto de líneas rojas, esa es la única línea roja que se debe tener en cuenta. Impedir un gobierno del Partido Popular.

Converge con este objetivo otro que se deriva de la conformación plural del Parlamento, y es el de reforzar la función legislativa y directiva de la política que el poder legislativo debe tener en una democracia real, y que sin embargo ha sido sepultada por el juego de las mayorías absolutas, que han arruinado la función discursiva y de debate que deben tener las cámaras, y el cesarismo político – financiero que el Partido Popular dispuso como forma de gobierno desde su victoria en el 2011, con la expropiación real de la potestad legislativa a cargo de un gobierno legislador por la vía de urgencia. Revitalizar el Parlamento implica desbordar sus prácticas de sumisión al bipartidismo y al dominio de la actuación de las cámaras por la iniciativa gubernamental. También en este punto es pertinente el ejemplo portugués, que durante el largo período de formación de gobierno – dado que el Presidente encomendó a la derecha que había perdido las elecciones la formación de un gobierno que no obtuvo la confianza – el Parlamento comenzó su labor legislativa sobre la base de los punto de los programas que compartían los tres grupos de izquierda, especialmente en materia de derechos  y libertades, como la liberalización del aborto o el derecho de las parejas gay a adoptar.

Es cierto que la democracia parlamentaria portuguesa es mucho más libre y democrática que la española, donde el Reglamento del Congreso sintetiza el dominio del ejecutivo sobre el legislativo y está concebido asimismo para yugular la acción de las minorías, a lo que en el caso actual se une la mayoría absoluta del PP en el Senado que ejercerá de la manera que conocemos para obstaculizar las iniciativas legislativas que provengan del Congreso. Pero es preciso demostrar que la iniciativa legislativa no depende del gobierno, sino que se puede ejercer directamente por los representantes elegidos por el pueblo. Para ello no sólo es utilizable la figura de la proposición no de ley – que es importante simbólicamente pero que no conforma el ordenamiento jurídico – sino directamente la proposición de ley, aun conscientes de las dificultades que ésta encontrará en su camino. La primera, que debe ser remitida al Gobierno (art. 126.2 del Reglamento del Congreso) para que éste “manifieste su criterio respecto a aquélla, así como su conformidad o no a la tramitación si la iniciativa supone aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”, pero en estos momentos no hay sino gobierno en funciones, con lo que la iniciativa debería ser aprobada en el Pleno, puesto que implica la más genuina expresión de participación en la función legislativa y es expresión del principio de participación política y de la función esencial de la representación de los ciudadanos en la vida política del país. Es previsible que el procedimiento sea largo, unos cuatro meses dado el seguro rechazo de cualquier iniciativa de este tipo por el grupo popular del Senado, pero es importante que se demuestre la capacidad del Congreso en recoger los elementos centrales del programa de los partidos que concurrieron a las elecciones. Hay por tanto voluntad política para derogar las leyes más opresivas del periodo de neoliberalismo autoritario del PP, ante todo la reforma laboral, la ley de seguridad ciudadana, el artículo 315.3 del Código Penal y la incriminación de los piquetes, como las más señaladas. La propuesta de una ley de emergencia social que ha hecho pública Podemos es otra manifestación en la buena dirección: expresar ante todos los ciudadanos españoles que el Congreso de los Diputados es el depositario de la voluntad popular que pretende el cambio político y social en este país.

En esa misma línea de fortalecimiento de la democracia parlamentaria como fórmula central de la representación política, es muy razonable el reconocimiento de más grupos parlamentarios que los que actualmente están reconocidos. La resistencia del PP a que se puedan constituir cuatro grupos compuestos por Podemos y las tres confluencias catalana, gallega y valenciana, se compadece mal con la proclamación de los resultados electorales que efectuó la propia vicepresidenta del gobierno que de manera correcta diferenció los votos y los escaños de Podemos (42) de los correspondientes a la confluencia de fuerzas políticas diferentes en Catalunya, Valencia y Galicia con sus respectivos rótulos electorales. Ese resultado que se manifestó el 20 de diciembre  tiene que tener un reflejo inmediato en la composición de los grupos parlamentarios no sólo porque lo contrario implicaría un fraude a la voluntad de los ciudadanos y a su compromiso electoral, sino porque de esa manera el Congreso se dota de muchas voces plurales que contribuyen desde su realidad nacional a la conformación de una representación adecuada “del pueblo español” como subraya el art. 66 de la Constitución. En un sentido paralelo, la constitución de un grupo parlamentario para IU-CUP, que paree posible gracias a la disponibilidad de ERC, es importante para que desde la pluralidad ideológica de las fuerzas de progreso, IU siga teniendo una presencia parlamentaria plena. El PSOE debería apoyar estas reivindicaciones como elemento fundamental de su estrategia de pacto de gobierno.

Y el tercer movimiento es el de lograr un acuerdo de gobierno de progreso. Que no necesariamente tiene que consistir en un compromiso que se proyecte sobre los cuatro años siguientes, sino , de manera posiblemente más segura, en la apertura de un período razonable de estabilidad que permita realizar las reformas mínimas para concurrir a unas nuevas elecciones con nuevas reglas de juego y en las que se pueda realmente consolidar el cambio político y social requerido. Es decir, un gobierno de transición que se comprometa a en el plazo de un año o año y medio a la reforma del procedimiento electoral, un acuerdo mínimo sobre reformas legales que sustituyan a las normas del período de austeridad y de recortes sociales, y que se comprometa a defenderlas  en Europa, combata firmemente la corrupción y adopte un compromiso de revisión de la organización del Estado en un sentido federal. En este sentido, es posible encontrar una interpretación del art. 92 de nuestra Constitución y garantizar el derecho a la consulta – que no tiene por qué concretarse en un referéndum sobre la autodeterminación -  creando un amplio grupo de estudio de las condiciones de la pregunta  que se debe formular y las consecuencias que debe tener – mayoría “suficiente”, opciones presentes en la consulta – los resultados de la misma con vistas a una negociación política bilateral con posterioridad a ella. Algunas de estas medidas pueden permitirse una cierta geometría variable, puesto que Ciudadanos está interesado en el cambio de las reglas electorales y en eliminar la corrupción como condición de eficacia de la lógica empresarial, y esta extensión a una de las fuerzas emergentes de la “nueva política” no debería ser dejada de lado. El hecho de tener aprobados los presupuestos para todo este año facilita paradójicamente la estabilidad de ese gobierno de transición en sus reformas políticas.

Las dos fuerzas concernidas en este posible proceso son desde luego el PSOE y Podemos. Para el PSOE, por sus resistencias internas, puede que le resulte más difícil caminar en esa dirección, pero su líder actual sabe que ese es el único camino que se le ofrece para que el partido no se fracture aún más y se diluya su apoyo popular en otras opciones de la “nueva política”, y que su posición de liderazgo interno se consolide con la presidencia de gobierno. Un posible gobierno socialista con el apoyo externo de Podemos y las confluencias con IU junto con otros grupos sobre la base de un programa claramente de progreso y de reversión del panorama autoritario en el que el PP ha sometido a la ciudadanía durante estos cuatro años. En cuanto a Podemos, debería entender que esta posibilidad le es más favorable que la repetición de las elecciones, y que por el contrario, le sitúa como fuerza capaz de incidir en el gobierno de un país y no sólo en la crítica justa a las decisiones de éste, lo que se valorará por la ciudadanía en la siguiente cita electoral que respete el principio de representación proporcional que la actual legislación ignora. La dialéctica entre las “confluencias” y Podemos puede ser extremadamente enriquecedora en este proceso,  permitiendo volcarse  en propuestas creativas sobre un programa que viabilice el desalojo del gobierno del Partido Popular y abra la posibilidad de ir recuperando para la democracia las instituciones de las que éste se ha apropiado partidariamente, desde la justicia y la policía hasta el gobierno de las relaciones laborales y el diálogo social o el control ideológico de los medios de opinión públicos.

Esperemos acontecimientos, pues, a partir del día 13.