LOS SINDICATOS FRENTE A LA VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL MEDIANTE LA AGRESIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS A VENEZUELA

 

Todo está sucediendo muy rápido. El año ha comenzado con un acto político que es a su vez un acto ilegal y criminal llevado a cabo por la decisión del Presidente de los Estados Unidos de América. El quebrantamiento de la soberanía e independencia de las naciones-estado y de la prohibición del uso de la fuerza ha sido resaltado con diferente intensidad, pero con una misma orientación por países como México, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia o Cuba, estos dos últimos amenazados también explícitamente por el presidente USA. Otros países como Ecuador y Argentina han aplaudido por el contrario la invasión y el secuestro del presidente venezolano. En la Unión Europea, la referencia a la necesidad de mantener la vigencia del derecho internacional no se ha acompañado de la condena del uso de la fuerza armada contra una nación soberana y el secuestro de su presidente para ser juzgado en el territorio del agresor, ignorando la inmunidad que se deriva de su cargo institucional. En España, la Vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha denunciado que Estados Unidos ha violado la Carta de la ONU y ha condenado la agresión imperialista contra Venezuela. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, ha dicho que España “no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”. Por el contrario, la derecha y la extrema derecha han recibido con satisfacción la intervención norteamericana, declarando “todo su apoyo” a la oposición a Maduro.

Como es natural, el hecho ha sacudido vivamente al mundo entero, y ha generado cientos de tomas de posición también entre partidos políticos, ONGs, asociaciones profesionales de juristas y magistrados y también de los sindicatos. Como en el espacio de la comunicación estas figuras sociales no suelen recibir un trato preferente, en el blog hemos pensado que es interesante dar a conocer su posición y resaltar los aspectos más relevantes de la misma. Por ello se incluyen a continuación los comunicados de los dos sindicatos confederales españoles y el que han realizado conjuntamente las organizaciones sindicales mundiales y regionales, la Confederación Sindical Internacional  (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA).

Es relevante destacar que en el momento en el que se han producido estas declaraciones no se había todavía producido la rueda de prensa de Marc Rubio y Donald Trump en la residencia privada del Presidente explicando con detalle la operación militar y política y sus objetivos reales.

Todavía los sindicatos no habían podido escuchar la voluntad del gobierno estadounidense de instalar un real protectorado en Venezuela, que procure la devolución de la propiedad del petróleo de aquel país a las compañías multinacionales que lo extraen y comercializan. Hay que tener en cuenta que hasta el 2007 operaban en Venezuela ExxonMobil, ConocoPhilips y Chevron, y que a partir de la renegociación de los acuerdos privados con estos, solo Chevron decidió mantenerse en el país y las otras dos compañías demandaron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial y obtuvieron decisiones que les garantizaban indemnizaciones multimillonarias, que sin embargo aun no han sido completamente satisfechas por este país. Ante el anuncio de Trump de que las grandes petroleras están preparadas para invertir en la reconstrucción de las infraestructuras una vez que se defina el nuevo gobierno, estas multinacionales han mantenido por el momento un prudente silencio, aunque se les haya prometido asimismo que se resarcirán convenientemente de las inversiones que se les exigen[1]

A partir de ahora, como señala Olga Rodriguez en Eldiario.es[2], Estados Unidos podrá “controlar flujos y precios del petróleo, reforzar el papel central del dólar en los mercados energéticos, y obtener más vía libre –sin consecuencias en los suministros– para actuar contra Irán de diversos modos, con menos riesgo ante interrupciones energéticas en el Golfo”. Un contenido claramente estratégico que lleva consigo la irrupción violenta para garantizar el acceso a las grandes reservas de petróleo y al dominio sobre su uso por Estados Unidos y sus aliados en la confrontación global contra China y Rusia.

Para los sindicatos en estos comunicados el tema central es el de la preservación de la democracia y la arquitectura de reglas de las que han dotado las instituciones internacionales, más que la recuperación del imperialismo y del neocolonialismo norteamericano y la sustracción de las riquezas de un estado soberano por las grandes corporaciones transnacionales. Conforme avancen los días deberán también pronunciarse sobre la apropiación de fuentes de energía fósil junto con la fundación de una plataforma de apoyo militar para el control de toda Sudamérica  y sus consecuencias sobre un siempre anunciado nuevo contrato social que el sindicalismo pretende establecer como un elemento fundamental de la civilización democrática mundial. Ni que decir tiene que los actos políticos ilegales y delictivos con los que Estados Unidos ha comenzado el año implican una deriva autoritaria que nos aleja del objetivo perseguido por el sindicalismo a nivel global, pero que paradójicamente puede que sean bien recibidos por una parte del sindicalismo norteamericano al que Trump promete con esta política la recuperación de su estatus de clase media y el mantenimiento de su nivel de vida. Otra contradicción que el sindicalismo global debería trabajar.

COMUNICADO CCOO Y UGT, 3.01.2026

Desde su posición sindical comprometida con la paz, la justicia social y la solidaridad internacional, Comisiones Obreras, CCOO, y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, UGT, condenan los bombardeos llevados a cabo hoy por Estados Unidos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro. El uso unilateral de la fuerza militar contra un Estado soberano supone una grave vulneración del derecho internacional y de los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Este tipo de acciones, al margen de los mecanismos multilaterales y del sistema de Naciones Unidas, debilitan el orden internacional basado en normas, erosionan la legalidad internacional y ponen en riesgo la estabilidad regional y global. La injerencia militar no contribuye a la resolución de los conflictos ni a la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora de Venezuela, sino que agrava las tensiones y el sufrimiento de la población civil.

La operación bélica de hoy, que ha sido precedida por meses de despliegue militar en la zona, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico y la supuesta complicidad de Maduro, realmente es la invasión imperialista de un estado soberano para hacerse con el petróleo y los recursos venezolanos, y el regreso del relato de que América Latina y el Caribe, son el patio trasero de Estados Unidos.

Ante esta flagrante vulneración del derecho internacional, la comunidad internacional no puede mantenerse en silencio. La Unión Europea, de acuerdo con los principios de su política exterior debe contribuir a resolver conflictos y promover el entendimiento internacional a través de diplomacia y el respeto de las normas internacionales.

Las dificultades económicas, sociales y laborales que atraviesa Venezuela deben ser abordadas mediante soluciones políticas, diálogo social y procesos soberanos, sin presiones externas ni intervenciones armadas. La defensa de los derechos humanos, del trabajo decente y de la democracia no puede hacerse desde la guerra ni desde la imposición. Desde el movimiento sindical internacional, y en coherencia con los principios defendidos por CCOO, UGT y por las organizaciones sindicales de las Américas agrupadas en la Confederación Sindical de las Américas (CSA), reafirman su compromiso con la autodeterminación de los pueblos, la resolución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento del multilateralismo.

La Organización Internacional del Trabajo, el diálogo social y la cooperación internacional deben ser herramientas centrales para avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias. Asimismo, UGT y CCOO condena y advierte de la lógica belicista, la utilización de la fuerza como instrumento de política exterior y voluble unilateralismo del que hace gala el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Frente a la escalada militar y al tono bronco, CCOO y UGT abogan y defienden la vía diplomática, más diálogo y más solidaridad entre los pueblos. La paz es una condición indispensable para la justicia social y para la defensa de los derechos de la clase trabajadora en todo el mundo.

COMUNICADO CSA-CSI, 3.01.2026

La CSI y la CSA condenan enérgicamente la agresión militar estadounidense y la violación de la soberanía de Venezuela

Ante la gravedad de los hechos, que incluyen bombardeos sobre instalaciones en Caracas y la confirmación por parte del gobierno estadounidense de la captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro, el movimiento sindical internacional declara:

Condena a la intervención militar: Denunciamos esta acción como una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del Derecho Internacional. El uso de la fuerza militar y la incursión en el territorio de una nación soberana constituyen un acto de guerra inaceptable que pone en riesgo la paz y la estabilidad de toda la región.

Defensa de la Soberanía y la Autodeterminación: En línea con la posición histórica de defensa de la autonomía de los pueblos, y respaldando las declaraciones emitidas por los gobiernos de la región que exigen el respeto irrestricto a la soberanía venezolana, rechazamos cualquier intento de cambio de régimen por la fuerza o mediante injerencia extranjera. El destino de Venezuela debe ser decidido exclusivamente por el pueblo venezolano a través de mecanismos democráticos y pacíficos, sin tutelajes imperiales.

Exigencia de Garantías Humanas: Nos sumamos a la exigencia internacional inmediata de una "fe de vida", el respeto a la integridad física y la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como de cualquier otro ciudadano detenido en esta operación ilegal. Su estatus actual debe ser transparentado ante la comunidad internacional de inmediato.

Llamado a la Paz y al Diálogo: Coincidimos con la postura expresada por los gobiernos de Brasil, México, y otras naciones soberanas en la condena a la violencia y en la urgencia de retomar los cauces diplomáticos.

La región debe seguir siendo una Zona de Paz; no permitiremos que América Latina sea arrastrada a un conflicto bélico por intereses geopolíticos ajenos a nuestros pueblos.

 “Estos actos no defienden de ninguna manera la democracia, son claros actos de agresión como parte de una agenda de política exterior militarizada motivada por un interés económico unilateral”, dijo el Secretario General de CSI Luc Triangle. “Las amenazas de secuestro y el mal uso de los tribunales para atacar a un gobierno soberano socavan el estado de derecho a nivel internacional y sientan un precedente de coerción imperial que pone en peligro la paz en todas partes.”

“Desde el sindicalismo de las América condenamos la agresión militar y el secuestro del presidente Maduro y su compañera Cilia Flores, una violación de la soberanía e integridad del pueblo venezolano y de toda América Latina y el Caribe, declarada como Zona de Paz por la CELAC desde 2014. Estamos activando los mecanismos de solidaridad internacional con el pueblo y los trabajadores de Venezuela”, expresó Rafael Freire, secretario general de la CSA.

“Defendemos Venezuela y toda Latinoamérica como territorio de paz. No admitimos la invasión y la violencia hacia nuestros pueblos y territorios. El movimiento sindical, como siempre, se encuentra en la primera línea de defensa de la soberanía y la autodeterminación, la democracia y los derechos humanos”.

La CSI y la CSA se mantienen movilizadas contra las injerencias imperialistas, militares o económicas, de un país sobre otro, contra las guerras y en la firme defensa de la paz, la democracia y el multilateralismo.

Por la soberanía, la paz y la autodeterminación de los pueblos

 

---

[1] “US oil giants silent on Trump claim they will spend billions on Venezuelan oil industry”, The Guardian, 03.01.2026. https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/03/us-oil-trump-venezuela?

[2]  “Los bombardeos de EEUU en Venezuela y el secuestro de Maduro: un crimen internacional de agresión con consecuencias para Europa”    https://www.eldiario.es/internacional/bombardeos-eeuu-venezuela-secuestro-maduro-crimen-internacional-agresion-consecuencias-europa_129_12883845.html

LA REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA DEL TRABAJO Y EL DERECHO QUE LO REGULA

No es un buen día para comenzar el año en el blog, con las noticias de una nueva agresión imperialista contra un Estado vulnerando todas las reglas jurídicas internacionales en la expresión más pura de la violencia del más fuerte. Pero aunque el 2026 haya comenzado de manera tan terrible, no debemos cesar en la crítica al dominio arbitrario y brutal que justifican las ideologías del poder sin límites, y perseverar en la confianza en lograr un mundo mejor. En esa idea, la primera entrada del blog de este nuevo año se quería dedicar a un texto de dos profesores italianos, economista uno, jurista la otra, que dedican a un tema apasionante, la representación cinematográfica del trabajo y el derecho que lo regula en un contexto ideológico dominado por un enfoque netamente neoliberal que es hegemónico al menos desde los años 90 del pasado siglo. A continuación se inserta la reseña de dicho libro con los mejores deseos para este nuevo año.

Es bien conocida la fascinación de los juristas académicos por el cine como forma de acercar el contenido de sus enseñanzas a la generalidad de su alumnado, capturado por el argumento y la visualización de una narrativa que converge con la materia que se ha explicado[1]. En la UCLM pudimos implantar una asignatura de las que entonces se denominaba de libre configuración para todo el campus de Ciudad Real que llevaba por título Cine y Derechos Sociales y que tuvo un éxito espectacular. La reforma de los planes de estudio  con el Plan Bolonia y el nuevo sistema de grados, aproximadamente entre el 2009-2010, supuso la desaparición de estas asignaturas y por tanto puso fin a esa experiencia extremadamente positiva.

En el panorama de las publicaciones de los juristas, es obligado citar las  de la Editorial Tirant Lo Blanch, que, bajo el empuje de Javier de Lucas con la colaboración posterior de Fernando Flores, puso en marcha una colección entera que lleva por título Cine y Derecho de la que se pueden encontrar en catálogo hasta 76 obras de muy diversos contenidos, desde el comentario a una sola película a la recopilación de films diferentes en torno a una idea o materia. En el año 2020 esta editorial reinauguró la serie Cine y Derecho que ha publicado 22 títulos sobre una larga serie de temas entre 2020 y 2025.

En el campo del iuslaboralismo, aunque hay algunas incursiones muy interesantes sobre el conflicto social[2], sin duda el experto más dotado para establecer esta relación ha sido Juan López Gandía, cuyo libro “La fábrica y la oficina” (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020) abrió la segunda serie de esta colección y es sin duda una obra de referencia para el examen de las películas más representativas sobre el trabajo en la fábrica como institución nuclear de la era del fordismo, de la nueva sociedad industrial y de la identidad social que deriva de la misma y su cuestionamiento en los años setenta. En ella López Gandía muestra también cómo el cine ha venido a representar las condiciones de trabajo de los nuevos sectores productivos como el terciario y sus centros de trabajo, las oficinas, además de comprobar en qué medida la ideología neoliberal, el individualismo y la exaltación del talento y el mérito como claves para la inserción y la promoción profesional han erosionado la construcción de un interés colectivo perteneciente a la clase en general e incluso al grupo profesional.

Precisamente la denuncia de la penetración de esta ideología neoliberal en todos los ámbitos de la vida social pero especialmente en el tratamiento y la regulación de las relaciones de trabajo es el objetivo del libro que escriben conjuntamente los dos profesores de la Universidad de Campania Luigi Vanvitelli, Salvatore D’Accunto, que es profesor asociado de Economía Política y Valeria Nuzzo, que es catedrática de Derecho del trabajo en dicha universidad. Para ellos, como se afirma en la introducción a esta obra, el cine tiene a sus espaldas ”una larga y robusta tradición de confrontación con la dimensión de la reproducción material de la existencia” y gracias a su capacidad de movilizar los afectos, promoviendo la participación emotiva , “el cine nos plantea interrogarnos sobre la confianza en las representaciones convencionales del orden existente y a reflexionar sobre la coherencia de ese orden con nuestras ideas de eficiencia y de justicia”.

El libro se divide en 8 capítulos a través de los cuales se va examinando aspectos concretos de la construcción neoliberal hegemónica en el mundo a partir de los años 90 del siglo pasado, estableciendo como referencia un film concreto para cada uno de estos puntos sometidos a la crítica. Comienza con una referencia general al “orden precario de la globalización”, que se refleja en la extraordinaria Babel de González Iñarritu, para plantear, en los tres capítulos siguientes las intervenciones sobre los cambios que se han producido en la organización de la producción. En el primero, a través del conflicto que se plantea ante la deslocalización de una fábrica a Francia y las negociaciones sindicales para evitarla, el film de Sette Minuti, de Michele Placido, las condiciones de la empresa implican recortar a la mitad – siete minutos – el tiempo de la pausa para el bocadillo, que sin embargo suponen una importante cantidad de horas gratuitas. Es el conflicto  entre el derecho a sobrevivir y la supervivencia de los derechos planteado ante esta situación límite en la que las personas trabajadoras a cambio de mantener el empleo consienten en perder importantes derechos que tiene que ver con el propio valor de su trabajo. El segundo film abordado es La ley del Mercado, dirigida por Stéphane Brizé, que muestra la remodelación del estatuto antropológico del trabajador asalariado que deviene empresario de si mismo, y el tercero, de los hermanos Dardenne – Dos días, una noche – describe las brechas en la solidaridad de clase a partir de la arbitrariedad en el ejercicio de la facultad de despedir y la humillante necesidad de la protagonista de ir puerta a puerta del resto de los empleados de la empresa para que renuncien al bonus de 1000 € para que no se lleve a efecto su despido. Al margen del resultado, la solidaridad difícil resurge como propuesta a la postre vencedora.

A continuación es el tratamiento de la inmigración el espacio sobre el que se enfoca la crítica, a partir de La historia de Suleiman, de Boris Lojkine, que se fija en el mundo de los trabajadores de plataformas de reparto, los riders sin papeles, que además se solapa con las dificultades en conseguir el estatuto de asilado político en Europa. La forma articulada de la explotación de clase aparece aquí en las varias facetas que se conectan con el dominio sin control de la tecnología digital, la precariedad y el trabajo pobre junto con el racismo.

En el capítulo 6, se cambia el registro con la película In Time un relato distópico firmado por Andrew Niccol en el que la sociedad en la que no existe la vejez se guía por la compra del tiempo que es la medida de valor de las cosas y de los servicios necesarios para la existencia, de forma que no basta con un trabajo remunerado para vivir, sino que el tiempo ganado mediante el trabajo sea siempre superior al tiempo que se requiere para el consumo. El tiempo se roba y se almacena y es la clave de la verdadera riqueza. El film tiene una extraordinaria fuerza sugerente, aunque el desarrollo de la trama se vea capturado por una iconografía más próxima al comic de ciencia ficción. Cierran el volumen los análisis de la periferia de los mercados globales, con una glosa de Gomorra de Matteo Garrone en donde la criminalidad se mimetiza con ciertas formas de organización de empresa urgidas por la exasperación de la competencia a nivel mundial, junto con la fuerza dramática de Yo, Daniel Blake, de Ken Loach, en donde se pregunta sobre el destino que se reserva a quienes en nuestras sociedades occidentales son más vulnerables  - ancianos, incapaces o desempleados – que no impide la fragilidad de su condición y les niega los estándares mínimos de humanidad en un mundo donde la propia supervivencia está condicionada por la mercantilización creciente de la satisfacción de las necesidades esenciales y la desaparición forzada de la solidaridad colectiva de las comunidades del trabajo.

“La sujeción de la vida de los trabajadores de todo el planeta a un régimen de guerra cotidiana no ha conducido a la prosperidad prometida” y “la globalización salvaje a la que hemos asistido en los últimos treinta años parece contener en si todas las premisas para su autodestrucción”, lo que como es evidente genera una situación “particularmente inquietante” cuya representación cinematográfica ayuda a darle contexto crítico. Urge por tanto la necesidad de repensar en u conjunto la organización de la economía mundial para conjurar el riesgo de un posible incremento de las tensiones entre los actores internacionales. La geopolítica de este último año, con la guerra de Ucrania, el genocidio en Palestina y su plena impunidad, los bombardeos unilaterales de países  por Estados Unidos y el secuestro de dirigentes, como acaba de suceder en Venezuela, la ruptura del orden del mercado global a partir de la imposición unilateral de aranceles, la agresión de los tecno-monarcas sobre cualquier intento de limitar la extracción de beneficios multimillonarios y la deriva del neoliberalismo hacia formas de acción que colisionan directamente con la estructura democrática de los estados sociales, son elementos actuales lo suficientemente graves como para insistir, como hacen D’Acunto y Nuzzo,  sobre la necesidad de liberar espacios de nuestra existencia del dominio violento de la explotación y construir islotes de solidaridad que puedan funcionar como diques frente al impulso terrible de la mercantilización del trabajo y de la existencia de la gente común.

FOTOGRAMMI DAL DOMINIO DELLA LOTTA. RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE DELLA SOCIETÁ NEOLIBERISTA.

Salvatore D’Acunto y Valeria Nuzzo. Editoriale Scientifica, Napoli, 2025. ISBN 979-12-235-0295-2, 178 pags.

---

[1] Una recopilación de obras fílmicas como reducto didáctico en las materias jurídicas en el volumen colectivo dirigido por ESCRIBANO GUTIERREZ, J. , El cine como recurso didáctico en la enseñanza virtualizada. Estudio y análisis de algunas obras fílmicas, Universidad de Almería, Almería, 2016.

[2] Cfr. RUIZ CASTILLO, Mª M. La huelga y el cine. Escenas del conflicto social, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

 

UNA BREVE NOTA SOBRE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA DIRECTIVA DE LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS

 

El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la .  Directiva (UE) 2025/2450 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2025, por la que se modifica la Directiva 2009/38/CE en lo que se refiere a la constitución y al funcionamiento de los comités de empresa europeos y a la aplicación efectiva de los derechos de información y consulta transnacional. Entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025 es decir, el día de nochevieja. Todos los Estados miembros de la UE, así como Noruega, Islandia y Liechtenstein, deberán haber adaptado su legislación nacional en la materia a más tardar el 1 de enero de 2028. Sin embargo, la nueva normativa solo será aplicable a partir del 2 de enero de 2029. Sin perjuicio de análisis más detallados, se dan cuenta en esta entrada los rasgos fundamentales de esta regulación, a partir de las informaciones que suministra EWC – News, la página de la EWC Academy / Académie pour les comités d’entrepreise européens et SE (ewc@workscouncil.eu)

Es importante resaltar que aproximadamente un tercio de los comités de empresa europeos se crearon antes del 22 de septiembre de 1996 y, por lo tanto, aún no están sujetos a esta directiva. Este estatuto especial finalizará definitivamente el 1 de enero de 2028. Si los acuerdos relativos a estos comités no cumplen en esa fecha los requisitos de la nueva directiva, será necesario renegociarlos. Si estas negociaciones fracasan al cabo de dos años, se aplicarán automáticamente las disposiciones subsidiarias (comité de empresa europeo «de pleno derecho»). Los requisitos mínimos de la nueva directiva se aplicarán en todos los casos a partir del 2 de enero de 2029.

Un largo proceso de elaboración

Es interesante resaltar que el texto de la nueva directiva coincide exactamente con el compromiso alcanzado en las negociaciones tripartitas de mayo de 2025, que había estado precedido de un intenso trabajo con especial protagonismo del grupo La Izquierda (GUE(NGL) y la diputada española Maria Eugenia Rodriguez Palop que consiguió un texto básico en abril de 2024 (se puede consultar el enlace en este blog  https://baylos.blogspot.com/2024/04/la-reforma-de-la-directiva-sobre.html)     que luego sería sometido a votación en diciembre de 2024. En esa ocasión, la mayoría no parecía garantizada puesto que las organizaciones empresariales de Business Europe hicieron una amplia presión de cabildeo e intentaron bloquear su aprobación, con un cierto éxito, ya que en la votación del Parlamento de diciembre de 2024, la mayoría a favor del texto de reforma solo obtuvo un 52%.

Sin embargo, ya en mayo de 2025  se alcanzó un acuerdo a tres, que sería fundamental para la viabilidad de la Directiva, al que también en este bog se dio cuenta por su indudable importancia (https://baylos.blogspot.com/2025/05/se-avecina-la-modificacion-de-la.html)     

Oposición cerrada del empresariado europeo

No obstante, el empresariado europeo redobló sus esfuerzos por impedir la ejecución de este acuerdo, y el mismo 5 de octubre de 2025 dirigió una carta de refutación del texto muy significativa. En efecto, el texto de la carta de Business Europe decía lo siguiente:

“Para BusinessEurope, el acuerdo provisional alcanzado por los colegisladores el 20 de mayo de 2025 no es un buen resultado. En un momento en el que existe una necesidad urgente de centrar las políticas de la UE en el apoyo a la competitividad industrial y la simplificación de la legislación de la UE para facilitar su cumplimiento, la directiva revisada derivada del resultado provisional del diálogo tripartito :

1. creará incertidumbre jurídica y complicará los procesos de información y consulta de las empresas al difuminar el alcance de sus consultas a los comités de empresa europeos. Hasta ahora, la directiva se centraba acertadamente en situaciones transnacionales genuinas que afectaban al menos a dos Estados miembros. Esta revisión la lleva a un terreno que hasta ahora se pensaba claramente para consultas a nivel nacional;

2. Aumentará los riesgos jurídicos de las empresas y los posibles costes relacionados al obligar, en virtud de la legislación de la UE, a la dirección central de las empresas a asumir los costes jurídicos de los comités de empresa europeos.

3. Socavará la capacidad de las empresas para proteger la información confidencial y sensible para el mercado, perjudicando una protección que es crucial para su competitividad y que es más importante que nunca en un entorno internacional cada vez más tenso”.

Es especialmente relevante la relación que establece el empresariado europeo entre el proceso de “simplificación” de la legislación a través de la Directiva Omnibus y la reducción de derechos laborales. Una constante que abre múltiples interrogantes sobre el desarrollo posterior del Pilar Social Europeo que sin duda tendrán que plantearse por el sindicalismo europeo y las fuerzas políticas progresistas en el inmediato futuro.

El contenido de la reforma de la Directiva de los Comités de Empresa Europeos. Pros y contras.

Pese a estas presiones en contra y a la orientación conservadora del Parlamento y de las instituciones europeas tras las elecciones de junio de 2024, el texto se debatió en sesión plenaria el 8 de octubre de 2025 y se sometió a votación al día siguiente. La nueva directiva fue aprobada por una abrumadora mayoría del 75 %. Tras la aprobación del Parlamento, las cosas se aceleraron: el 27 de octubre de 2025, el Consejo de Ministros también la aprobó, con una abstención. Letonia no apoyó la directiva, aunque no hay ningún CEE en este Estado báltico.

¿Cuál es el contenido de la Directiva? Al margen de un estudio más detallado, los sindicatos europeos valoran positivamente este texto legal, destacando una serie de puntos positivos que se resumen en lo siguiente:

En el futuro, habrá dos reuniones plenarias al año, presenciales. La reunión solo podrá ser híbrida o por videoconferencia si el CEE da su consentimiento explícito (derecho de veto).

Sigue sin haber un plazo para la aplicación de los procedimientos de consulta, a diferencia del comité de empresa nacional en Francia.

Los expertos del CEE pueden ahora participar en todas las reuniones con la dirección y ya no pueden ser excluidos. Esto afecta especialmente a las empresas estadounidenses.

En el futuro, los costes de los procedimientos judiciales siempre correrán a cargo de la empresa, lo que forma parte integrante de cualquier sistema de comité de empresa. En algunos países aún no se ha aclarado esta cuestión. Además, todos los países de la UE deben comunicar a la Comisión Europea las vías de recurso previstas en la legislación nacional sobre los CEE. Esto debería evitar en el futuro problemas como los que se han producido en Irlanda, cuya trasposición de la Directiva era deficiente y no planteaba vías de respuesta frente al incumplimiento de los deberes de información y consulta. El tema era más grave porque ante el Brexit, una gran parte de las empresas transnacionales estadounidenses y británicas trasladaron su sede a Irlanda, que pasó del 13º lugar al 3º en presencia de Coites de Empresa Europeos, solo detrás de Alemania y de Francia.

En el futuro, todos los costes razonables de los expertos, incluidos los expertos jurídicos, correrán a cargo de la dirección central. Se suprime la limitación a un solo experto.

Todos los acuerdos «voluntarios», celebrados por primera vez antes de septiembre de 1996, deben ajustarse a la nueva directiva de la CEE. Para ello, el plazo de negociación es de dos años. Si estas negociaciones fracasan, ya no existe la amenaza de disolución del CEE, pero las disposiciones subsidiarias se aplican inmediatamente (CEE «por fuerza de ley»). Es decir, si una empresa desea suprimir su comité de empresa europeo (CEE), la dirección central puede rescindir un acuerdo de CEE «voluntario» a finales de 2027. En ese caso, el CEE se disolverá y solo se constituirá un grupo especial de negociación (GSN) si posteriormente se recibe una solicitud oficial de dos países. En esos casos no habría CEE hasta principios o mediados de 2031 (con la excepción de Austria, donde la disolución del CEE es imposible). Los juristas cercanos a los empresarios ya han señalado esta laguna. Un ejemplo especialmente flagrante es el de la empresa estadounidense Hewlett-Packard, que vulneró el derecho de información y consulta ante despidos masivos, rescindió el acuerdo “voluntario” y antes de iniciar las negociaciones de un CEE, la empresa procedió al desmantelamiento de la empresa transfiriendo la división de servicios informáticos a otra empresa norteamericana, e integrando el resto parte del personal a una Sociedad Europea y parte a otra empresa transnacional de prestación de servicios.

La clasificación de la información como «confidencial» estará sujeta en lo sucesivo a criterios objetivos y a una fecha límite en la que finalizará la confidencialidad.

Si no se respeta la cuota de género del 40 % de los puestos en el CEE, deberá justificarse ante el personal.

Sin embargo, el Parlamento Europeo y los sindicatos no han logrado que medidas como los despidos colectivos puedan ser suspendidas temporalmente por los tribunales en caso de incumplimiento de la legislación sobre los comités de empresa europeos. Del mismo modo, las multas no se han armonizado con el Reglamento General de Protección de Datos. Por el contrario, cada país de la UE debe fijar por sí mismo el importe de las multas, lo que puede dar lugar a una carrera a la baja y a conflictos judiciales. Otro punto negativo es el largo período de aplicación de tres años antes de que las nuevas normas entren plenamente en vigor.

Para la principal federación europea, UNI Europa, la Directiva se inscribe en una línea positiva que busca reforzar el acceso a la justicia, garantizando que los CEE puedan defender sus derechos sin tener que soportar costes judiciales prohibitivos, aclara qué constituye una cuestión transnacional, garantizando que las decisiones que afectan a los trabajadores de varios Estados miembros den lugar a una consulta obligatoria y limita el uso indebido de las cláusulas de confidencialidad, exigiendo una justificación objetiva y restricciones limitadas en el tiempo, garantizando que los miembros del CEE reciban la formación y los recursos adecuados para cumplir su mandato.

De esta forma sigue diciendo UNI Europa, estas mejoras permitirán a los CEE “afirmarse más, estar mejor conectados y contribuir de manera más eficaz a la elaboración de estrategias empresariales equitativas y sostenibles”.

Al margen de estas expectativas optimistas, lo que si es conveniente es su incorporación al ordenamiento interno de los estados miembros. Este es el objetivo de la Confederación Europea de Sindicatos, que insta ahora a todos los Estados miembros a que transpongan rápidamente la Directiva al Derecho nacional y garanticen su aplicación plena y ambiciosa. Los trabajadores no pueden permitirse más retrasos. El plazo de transposición de dos años no debe convertirse en una excusa para la inacción. Una apreciación importante que debe trasladarse al caso español. Asi lo esperamos.