UNA BREVE NOTA SOBRE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA DIRECTIVA DE LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS

 

El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la .  Directiva (UE) 2025/2450 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2025, por la que se modifica la Directiva 2009/38/CE en lo que se refiere a la constitución y al funcionamiento de los comités de empresa europeos y a la aplicación efectiva de los derechos de información y consulta transnacional. Entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025 es decir, el día de nochevieja. Todos los Estados miembros de la UE, así como Noruega, Islandia y Liechtenstein, deberán haber adaptado su legislación nacional en la materia a más tardar el 1 de enero de 2028. Sin embargo, la nueva normativa solo será aplicable a partir del 2 de enero de 2029. Sin perjuicio de análisis más detallados, se dan cuenta en esta entrada los rasgos fundamentales de esta regulación, a partir de las informaciones que suministra EWC – News, la página de la EWC Academy / Académie pour les comités d’entrepreise européens et SE (ewc@workscouncil.eu)

Es importante resaltar que aproximadamente un tercio de los comités de empresa europeos se crearon antes del 22 de septiembre de 1996 y, por lo tanto, aún no están sujetos a esta directiva. Este estatuto especial finalizará definitivamente el 1 de enero de 2028. Si los acuerdos relativos a estos comités no cumplen en esa fecha los requisitos de la nueva directiva, será necesario renegociarlos. Si estas negociaciones fracasan al cabo de dos años, se aplicarán automáticamente las disposiciones subsidiarias (comité de empresa europeo «de pleno derecho»). Los requisitos mínimos de la nueva directiva se aplicarán en todos los casos a partir del 2 de enero de 2029.

Un largo proceso de elaboración

Es interesante resaltar que el texto de la nueva directiva coincide exactamente con el compromiso alcanzado en las negociaciones tripartitas de mayo de 2025, que había estado precedido de un intenso trabajo con especial protagonismo del grupo La Izquierda (GUE(NGL) y la diputada española Maria Eugenia Rodriguez Palop que consiguió un texto básico en abril de 2024 (se puede consultar el enlace en este blog  https://baylos.blogspot.com/2024/04/la-reforma-de-la-directiva-sobre.html)     que luego sería sometido a votación en diciembre de 2024. En esa ocasión, la mayoría no parecía garantizada puesto que las organizaciones empresariales de Business Europe hicieron una amplia presión de cabildeo e intentaron bloquear su aprobación, con un cierto éxito, ya que en la votación del Parlamento de diciembre de 2024, la mayoría a favor del texto de reforma solo obtuvo un 52%.

Sin embargo, ya en mayo de 2025  se alcanzó un acuerdo a tres, que sería fundamental para la viabilidad de la Directiva, al que también en este bog se dio cuenta por su indudable importancia (https://baylos.blogspot.com/2025/05/se-avecina-la-modificacion-de-la.html)     

Oposición cerrada del empresariado europeo

No obstante, el empresariado europeo redobló sus esfuerzos por impedir la ejecución de este acuerdo, y el mismo 5 de octubre de 2025 dirigió una carta de refutación del texto muy significativa. En efecto, el texto de la carta de Business Europe decía lo siguiente:

“Para BusinessEurope, el acuerdo provisional alcanzado por los colegisladores el 20 de mayo de 2025 no es un buen resultado. En un momento en el que existe una necesidad urgente de centrar las políticas de la UE en el apoyo a la competitividad industrial y la simplificación de la legislación de la UE para facilitar su cumplimiento, la directiva revisada derivada del resultado provisional del diálogo tripartito :

1. creará incertidumbre jurídica y complicará los procesos de información y consulta de las empresas al difuminar el alcance de sus consultas a los comités de empresa europeos. Hasta ahora, la directiva se centraba acertadamente en situaciones transnacionales genuinas que afectaban al menos a dos Estados miembros. Esta revisión la lleva a un terreno que hasta ahora se pensaba claramente para consultas a nivel nacional;

2. Aumentará los riesgos jurídicos de las empresas y los posibles costes relacionados al obligar, en virtud de la legislación de la UE, a la dirección central de las empresas a asumir los costes jurídicos de los comités de empresa europeos.

3. Socavará la capacidad de las empresas para proteger la información confidencial y sensible para el mercado, perjudicando una protección que es crucial para su competitividad y que es más importante que nunca en un entorno internacional cada vez más tenso”.

Es especialmente relevante la relación que establece el empresariado europeo entre el proceso de “simplificación” de la legislación a través de la Directiva Omnibus y la reducción de derechos laborales. Una constante que abre múltiples interrogantes sobre el desarrollo posterior del Pilar Social Europeo que sin duda tendrán que plantearse por el sindicalismo europeo y las fuerzas políticas progresistas en el inmediato futuro.

El contenido de la reforma de la Directiva de los Comités de Empresa Europeos. Pros y contras.

Pese a estas presiones en contra y a la orientación conservadora del Parlamento y de las instituciones europeas tras las elecciones de junio de 2024, el texto se debatió en sesión plenaria el 8 de octubre de 2025 y se sometió a votación al día siguiente. La nueva directiva fue aprobada por una abrumadora mayoría del 75 %. Tras la aprobación del Parlamento, las cosas se aceleraron: el 27 de octubre de 2025, el Consejo de Ministros también la aprobó, con una abstención. Letonia no apoyó la directiva, aunque no hay ningún CEE en este Estado báltico.

¿Cuál es el contenido de la Directiva? Al margen de un estudio más detallado, los sindicatos europeos valoran positivamente este texto legal, destacando una serie de puntos positivos que se resumen en lo siguiente:

En el futuro, habrá dos reuniones plenarias al año, presenciales. La reunión solo podrá ser híbrida o por videoconferencia si el CEE da su consentimiento explícito (derecho de veto).

Sigue sin haber un plazo para la aplicación de los procedimientos de consulta, a diferencia del comité de empresa nacional en Francia.

Los expertos del CEE pueden ahora participar en todas las reuniones con la dirección y ya no pueden ser excluidos. Esto afecta especialmente a las empresas estadounidenses.

En el futuro, los costes de los procedimientos judiciales siempre correrán a cargo de la empresa, lo que forma parte integrante de cualquier sistema de comité de empresa. En algunos países aún no se ha aclarado esta cuestión. Además, todos los países de la UE deben comunicar a la Comisión Europea las vías de recurso previstas en la legislación nacional sobre los CEE. Esto debería evitar en el futuro problemas como los que se han producido en Irlanda, cuya trasposición de la Directiva era deficiente y no planteaba vías de respuesta frente al incumplimiento de los deberes de información y consulta. El tema era más grave porque ante el Brexit, una gran parte de las empresas transnacionales estadounidenses y británicas trasladaron su sede a Irlanda, que pasó del 13º lugar al 3º en presencia de Coites de Empresa Europeos, solo detrás de Alemania y de Francia.

En el futuro, todos los costes razonables de los expertos, incluidos los expertos jurídicos, correrán a cargo de la dirección central. Se suprime la limitación a un solo experto.

Todos los acuerdos «voluntarios», celebrados por primera vez antes de septiembre de 1996, deben ajustarse a la nueva directiva de la CEE. Para ello, el plazo de negociación es de dos años. Si estas negociaciones fracasan, ya no existe la amenaza de disolución del CEE, pero las disposiciones subsidiarias se aplican inmediatamente (CEE «por fuerza de ley»). Es decir, si una empresa desea suprimir su comité de empresa europeo (CEE), la dirección central puede rescindir un acuerdo de CEE «voluntario» a finales de 2027. En ese caso, el CEE se disolverá y solo se constituirá un grupo especial de negociación (GSN) si posteriormente se recibe una solicitud oficial de dos países. En esos casos no habría CEE hasta principios o mediados de 2031 (con la excepción de Austria, donde la disolución del CEE es imposible). Los juristas cercanos a los empresarios ya han señalado esta laguna. Un ejemplo especialmente flagrante es el de la empresa estadounidense Hewlett-Packard, que vulneró el derecho de información y consulta ante despidos masivos, rescindió el acuerdo “voluntario” y antes de iniciar las negociaciones de un CEE, la empresa procedió al desmantelamiento de la empresa transfiriendo la división de servicios informáticos a otra empresa norteamericana, e integrando el resto parte del personal a una Sociedad Europea y parte a otra empresa transnacional de prestación de servicios.

La clasificación de la información como «confidencial» estará sujeta en lo sucesivo a criterios objetivos y a una fecha límite en la que finalizará la confidencialidad.

Si no se respeta la cuota de género del 40 % de los puestos en el CEE, deberá justificarse ante el personal.

Sin embargo, el Parlamento Europeo y los sindicatos no han logrado que medidas como los despidos colectivos puedan ser suspendidas temporalmente por los tribunales en caso de incumplimiento de la legislación sobre los comités de empresa europeos. Del mismo modo, las multas no se han armonizado con el Reglamento General de Protección de Datos. Por el contrario, cada país de la UE debe fijar por sí mismo el importe de las multas, lo que puede dar lugar a una carrera a la baja y a conflictos judiciales. Otro punto negativo es el largo período de aplicación de tres años antes de que las nuevas normas entren plenamente en vigor.

Para la principal federación europea, UNI Europa, la Directiva se inscribe en una línea positiva que busca reforzar el acceso a la justicia, garantizando que los CEE puedan defender sus derechos sin tener que soportar costes judiciales prohibitivos, aclara qué constituye una cuestión transnacional, garantizando que las decisiones que afectan a los trabajadores de varios Estados miembros den lugar a una consulta obligatoria y limita el uso indebido de las cláusulas de confidencialidad, exigiendo una justificación objetiva y restricciones limitadas en el tiempo, garantizando que los miembros del CEE reciban la formación y los recursos adecuados para cumplir su mandato.

De esta forma sigue diciendo UNI Europa, estas mejoras permitirán a los CEE “afirmarse más, estar mejor conectados y contribuir de manera más eficaz a la elaboración de estrategias empresariales equitativas y sostenibles”.

Al margen de estas expectativas optimistas, lo que si es conveniente es su incorporación al ordenamiento interno de los estados miembros. Este es el objetivo de la Confederación Europea de Sindicatos, que insta ahora a todos los Estados miembros a que transpongan rápidamente la Directiva al Derecho nacional y garanticen su aplicación plena y ambiciosa. Los trabajadores no pueden permitirse más retrasos. El plazo de transposición de dos años no debe convertirse en una excusa para la inacción. Una apreciación importante que debe trasladarse al caso español. Asi lo esperamos.

 

 

EL BLOQUE PP/VOX ES PROFUNDAMENTE ANTISINDICAL, AUNQUE NO SE MENCIONE. Y HAY QUE COMBATIRLO.

 

Las fiestas navideñas no han conseguido evitar las encuestas y los pronósticos electorales tras celebrarse la primara de las giras victoriosas por diversas comunidades autónomas del bloque de las derechas extremas que nos aguarda hasta el verano. El debate se centra por el momento en discernir las causas del retroceso formidable de las propuestas de la izquierda que no son recogidas por los votantes y sobre todo por quienes deciden no acudir a las urnas en un porcentaje muy importante. Da la sensación que el programa de las fuerzas de derechas se basa más bien en la denuncia de la corrupción en el PSOE y el autoritarismo del gobierno que en la enunciación de propuestas sobre el tipo de regulación que van a llevar a cabo una vez que asuman el poder político, salvo algunas claves muy generales que se sitúan en el rechazo de la inmigración como sinónimo de peligrosidad social y asistencialismo y la acusación de la ideología de género como encubrimiento de una alteración peligrosa del equilibrio familiar y social entre los sexos.

No explicar el proyecto de sociedad más allá de enunciar los fantasmas de la inmigración, la ideología de género y el pensamiento woke

El bloque de las derechas – que cada vez más aparecen indiferenciado, incluyendo también a las variaciones nacionalistas e independentistas, con la excepción del Pais Vasco – prefiere con razón no detallar en exceso su proyecto de gobierno ni a nivel autonómico, que es la dimensión concreta en la que ahora se está produciendo el contraste electoral, ni desde luego a nivel nacional / estatal, fuera de algunas afirmaciones que han ido desgranando casi de manera descontextualizada. Esa es una de las claves de su éxito, la de centrarse en el ruido y la furia de los escándalos magnificados y solo avanzar algunos elementos que arraigan en el resentimiento y el miedo como forma de agregar consensos en torno a su proyecto político del que realmente se conoce muy poco.

Pero también la crítica discurre sobre estos mismos referentes y por consiguiente se alegan en contra de estos las cifras que desmontan las imputaciones sobre la criminalidad de los inmigrantes o la fuerte integración que tiene este colectivo o bien se manejan las estadísticas sobre los malos tratos o los asesinatos por motivos de género que ponen de manifiesto la relevancia de mantener una política de prevención y formativa sobre estos temas. Además de ello, la refutación del negacionismo climático y en general la reticencia a que luchar contra la desigualdad y el racismo y proclamar la defensa de la democracia como sistema que procure un equilibrio social razonable se defina como propio o perteneciente a la “escoria de la izquierda” – radical left scum -  que debe ser barrida del mapa no solo político, sino también cultural y social.

El antisindicalismo como seña de identidad del proyecto del bloque conservador-autoritario

Aun siendo estos parámetros relevantes, hay ya señales inequívocas de que forma parte del programa de cambio que el triunfo del bloque de la derecha extrema y la extrema derecha  está llevando a cabo un amplio y extenso ideario antisindical. Es decir que los sindicatos – y en especial los más representativos - forman parte de las organizaciones que el gobierno PP / Vox tiene en el punto de mira como figuras sociales cuya actividad y su propia capacidad de representación debe ser fuertemente reducida. Algunos supuestos muy sintomáticos que se enumeran a continuación avalan eta tesis.

 El anunciado final de los Comités de Empresa y Delegados de Personal

No se trata solo de las conocidas bravatas de los ultraderechistas de Vox contra los dirigentes y sindicalistas de CCOO y de UGT, sino de actos más concluyentes. La intervención de Nuñez Feijoo ante el empresariado catalán a comienzos de este mes en la que, sobre la base de que era necesario simplificar los procedimientos legales para facilitar la actividad de las empresas sin obstáculos burocráticos, proponía la eliminación de los Comités de Empresa en los centros de trabajo con una plantilla inferior a 250 personas trabajadoras. Una iniciativa que fue saludada con notorio gozo por parte de los empresarios allí reunidos por Foment del Treball, pero que supone una agresión directa al derecho de representación de los trabajadores en la empresa y en el centro de trabajo que quedaría restringido a su ejercicio exclusivo en las grandes empresas y un atentado directo a la noción de la representatividad sindical que establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que se verifica sobre la audiencia electoral proporcionada precisamente por los resultados electorales que se han ido produciendo en los centros de trabajo a partir de la constitución de los órganos de representación de las personas trabajadoras en la misma.

La supresión del SERLAS y la solución autónoma de los conflictos laborales

Pero hay otros elementos que caminan en la misma dirección y que han sido ya adoptados en el ordenamiento jurídico de algunas Comunidades Autónomas. No hay más que recordar que la Junta de Castilla y León en enero de 2023 dejó sin financiación al Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLAS), que era el organismo encargado de la resolución autónoma de conflictos colectivos de trabajo y que lo llevó a cabo el Consejero de Industria, Comercio y Empleo al parecer sobre la base de las exigencias de VOX para formar parte del gobierno surgido de aquellas elecciones, lo que implicaba eliminar el espacio de mediación autónoma entre sindicatos y asociaciones empresariales de los conflictos laborales, reenviando la litigiosidad en este ámbito a una oficina administrativa de la Junta en el trámite preprocesal y, en último término, a la jurisdicción social.

El acto de la autoridad pública suponía un ataque directo a la facultad de los sindicatos representativos y más representativos de “participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo” (art. 6.3.d) LOLS) y en consecuencia implicaba una forma directa de restringir las capacidades de gobernar mediante un sistema creado por la negociación colectiva la resolución de los conflictos colectivos de trabajo. El gobierno a través del Ministerio de Trabajo efectuó un requerimiento inmediato para que se repusiera el SERLAS en los términos en los que estaba funcionando como paso rpevio a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. La salida de VOX del gobierno regional en julio de 2024 favoreció que éste en noviembre de este año volviera a financiar el SERLAS con efectos desde enero del 2023 a diciembre de 2024, pero la iniciativa marca una tendencia muy evidente en cuanto a obstaculizar o impedir el desarrollo de facultades esenciales de la acción sindical y una clara hostilidad hacia la autonomía colectiva como forma de gobierno de las relaciones laborales.

Acabar con la participación sindical en Murcia

Más explícito aún es el caso de la nueva regulación de la participación institucional de los sindicatos en la región de Murcia. La Ley 2/2025, de 4 de julio de esta región, ha modificado un texto legislativo anterior de 2017, en el que se establecía que “con la finalidad de fomentar la participación institucional regulada por esta ley y compensar los gastos en los que incurran las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas a causa de dicha participación, el Consejo de Gobierno consignará, en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia de cada ejercicio, partidas presupuestarias con asignación nominativa expresamente vinculadas a dicha finalidad”, que se deberían hacer efectivas en el primer trimestre de cada año y justificadas mediante la declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas por la subvención y su coste.

Frente a este mecanismo que hacía reposar la actividad de fomento de la participación institucional en la mayor representatividad, la nueva Ley sustituye este compromiso del poder público por una libre determinación de las “acciones y medidas de fomento a la participación institucional” a cargo del gobierno de la región que efectuará las ayudas económicas “que estime oportunas” y a los sujetos que las soliciten en razón de criterios de “concurrencia competitiva”. Se mantiene la participación a título gratuito y sin remuneración de gasto alguno de las organizaciones sindicales en los órganos consultivos de asesoramiento – que antes  se entendía como una contraprestación a las subvenciones anuales a estas mismas organizaciones – y se suprime el artículo que describía las justificaciones y las medidas de control de las subvenciones concedidas anualmente. Se dice así que la participación institucional  es “gratuita” porque los sindicatos y la patronal deberán asumir con sus propios recursos los gastos derivados de acudir a comisiones y mesas de diálogo.

Las ayudas económicas a la participación institucional son un gasto público desaconsejable

Lo más interesante estriba en la justificación que da la exposición de motivos de la Ley de la supresión de estas subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. La primera, la necesidad del “ahorro y la eficiencia del gasto público”, que permite dirigir este gasto a otras áreas prioritarias, como la sanidad, la educación o infraestructuras. Para dar contexto, hay que tener en cuenta que según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024 de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, la cuantía suprimida asciende a 835.955 euros anuales, lo que representa apenas el 0,01 % del presupuesto total de la Comunidad Autónoma (7.708 millones de euros). Desagregando estos datos, la patronal murciana recibía en el 2024 la cantidad de 263.150 €, CCOO 152.250 €, y UGT 161.250 €, a lo que se unían otras partidas adicionales de 99.461 € para estudios de planificación y 159.844 € para prevención de riesgos. No parece por tanto que la desviación del gasto público hacia otros ámbitos tenga un efecto muy llamativo.

En el mismo sentido, se insiste en la Exposición de motivos que con ello se profundiza en una mayor transparencia y control del dinero público y el alineamiento con principios de austeridad, independencia y transparencia en la gestión del dinero público, pero justamente el sistema que construye la reforma legal operada va en dirección opuesta. En vez de determinar con claridad quienes son los beneficiados de las ayudas – los sujetos sociales más representativos –  como compensaciones por participar en casi un centenar de órganos consultivos regionales: consejos económicos, comisiones laborales, mesas de empleo o planificación .y la finalidad de las mismas que tendría que ser justificada anualmente como forma de cubrir los costes humanos y técnicos de esa participación: personal dedicado, preparación de informes, asistencia a reuniones y estudios de planificación y prevención de riesgos,  la norma hace que sea el gobierno quien determine libremente el otorgamiento de ayudas económicas tanto a las organizaciones solicitantes como en atención a los temas que le parezcan relevantes, sometido a un procedimiento de “concurrencia competitiva” que finalmente es resuelto también por el poder público.

Contra el “monopolio sindical subvencionado”

Las verdaderas razones de esta supresión de las ayudad económicas derivadas de la participación institucional reposa en la idea de que los sindicatos más representativos se mantienen gracias a la subvención o apoyo económico del poder público. Por eso se dice que las ayudas económicas generan dependencia de estos sindicatos respecto del gobierno  y favorecen “relaciones de influencia política” que conducen al clientelismo político. Es decir,  que la financiación pública daña o elimina la independencia de las organizaciones representativas, de manera que, al no recibirla, se impulsa a éstas a actuar con autonomía y a representar con mayor fidelidad los intereses de sus afiliados. De manera explícita, además, se indica cual es el sentido último de esta reforma; “Para ejercer una verdadera representación de los trabajadores es necesario que los interlocutores sociales se financien a través de las cuotas de sus propios afiliados, evitando así el monopolio sindical subvencionado que las distintas Administraciones han promovido hasta ahora con el fin de acallar el malestar social”.

Pero para ello es importante evitar el reconocimiento de las facultades que la mayor representatividad reconoce a estos sindicatos – lo que la norma denomina “monopolio sindical subvencionado”  - y permitir un acceso a esos fondos “mas igualitario” sin que se de una ventaja de unos grupos sobre otros, loque a la postre se traduce en el “carácter discriminatorio” de las ayudas económicas concedidas en función de la singular posición jurídica de la mayor representatividad, lo que, para cerrar el argumento, “dificulta el diálogo social”. Es decir, que mediante el nuevo mecanismo otros sujetos – los “otros sindicatos” como se han definido por una parte de la doctrina laboralista – pueden recibir estas ayudas que al centrarse en la singular posición jurídica de la mayor representatividad, suponen una discriminación respecto de los mismos.

La norma es expresión de un programa político

Como es evidente, la Ley 2/2025 de 2 de julio de la Región de Murcia vulnera directamente el derecho de libertad sindical al negar las facultades de la mayor representatividad sindical y justificar su contenido sobre una argumentación que lesiona directamente el contenido esencial de la libertad sindical e ignora a los sujetos que representan mayoritariamente a las personas trabajadoras de la Región. La vigencia y aplicación  de la nueva redacción de los artículos sobre las acciones y medidas de fomento y la justificación y control de las compensaciones económicas  ha sido suspendida desde el 29 de octubre de 2025 para las partes del proceso y desde el 25 de noviembre de 2025 para los terceros, por providencia del Tribunal Constitucional de 18 de noviembre de 2025 que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 7512-2025, presentado por el Gobierno y que ya anunció la Ministra de Trabajo Yolanda Diaz un mes antes, el 22 de octubre (https://www.laopiniondemurcia.es/buzzeando/2025/10/24/cambios-hecho-murcia-ley-ayudas-122984070.html) . Pero “eliminar las subvenciones a los sindicatos” es una exigencia que se repite en los procesos de formación de los gobiernos autonómicos, como hemos visto recientemente en las condiciones que Vox impone para apoyar al PP en Extremadura.

Es decir, que se haya suspendido la aplicación de la norma y esta pueda ser retirada del ordenamiento jurídico  y que en el futuro esta mecanismo de tutela de la libertad sindical pueda reiterarse no debe impedir vislumbrar la profunda antisindicalidad que anida en el proyecto político del bloque de partidos compuesto por PP y Vox, y que previsiblemente irá escalando en intensidad si alcanzaran, como todos dicen, las mayorías suficientes para poder obtener la investidura en un futuro gobierno.

Conviene ser consciente de esta realidad, y fundamentalmente el sindicato debería asumir este hecho como una amenaza demasiado próxima a su propia existencia social y política.  Frente a un escenario como el actual en el que el diálogo social ha presidido la relación de interlocución con el poder público, lo que se avecina es justamente lo contrario, ante la consideración de la forma sindicato y su función básica de organización de las personas trabajadoras como una figura social que obstaculiza e impide la codicia corporativa y se caracteriza por ser un instrumento eficaz en la generación de derechos individuales y colectivos en el trabajo.

Y conviene atender a esta deriva antisindical que se quiere presentar como un acto dirigido contra los sindicatos más representativos, no como un ataque a los derechos  de los trabajadores individualmente considerados. Se justifica como una contención o intervención sobre el sindicato considerado una organización separada y burocrática que no responde a los intereses directos e inmediatos de los individuos, que vive de la ayuda pública que sus dirigentes y liberados parasitan viviendo del Estado sin trabajar. Una narrativa que la extrema derecha ha sabido extender entre una parte de la población y que el Partido Popular acepta sin problemas, puesto que tampoco parece estorbar a los objetivos de la CEOE, embarcada en la oposición cerrada al diálogo social y la caída del gobierno democrático.

Los sindicatos confederales, que son los destinatarios directos de este programa político, deben estar preparados ya para contrarrestarlo, advirtiendo sobre sus consecuencias para el conjunto de la clase trabajadora. Deben hacer explícito que junto a la xenofobia, la llamada “ideología de género” y la restricción de las libertades públicas, el bloque conservador y autoritario contiene una potente hostilidad hacia el sindicato como estructura fundamental de organización de las personas que trabajan, y que llevará al primer plano de sus políticas la reducción de sus facultades de acción y de las garantías de su ejercicio. Es urgente emprender desde ahora mismo esa tarea de información y de debate entre el conjunto de los trabajadores a partir de los espacios colectivos que los representan. Luego puede ser demasiado tarde.

 

 

LO QUE LA ACTUALIDAD ESCONDE: LOS PROCESOS QUE RECORREN LAS RELACIONES LABORALES

 

Mal día para una entrada como esta. Todos analizan hoy los resultados de las elecciones en Extremadura, en las que las formaciones de la derecha y la ultraderecha han obtenido el 60% de los votos y donde el hundimiento del PSOE en 120.000 votos no ha sido compensado por el crecimiento de IU-Podemos-AV en casi 20.000. La abstención ha alcanzado un poco menos  del 40% de los votantes.  Este es el inicio de una larga serie de citas electorales regionales que nos acompañará hasta el verano: Aragón, Castilla y León, Andalucía. Este proceso está concebido como forma de ir decantando mayorías de gobierno del bloque de la derecha y ultraderecha como anticipo de un posible y siempre reclamado adelanto electoral en todo el país. Pero al margen de este propósito explícitamente afirmado por los dirigentes políticos que lo han impulsado, el resultado final es del de concentrar todo el espacio informativo sobre la impugnación de la acción del gobierno del estado y los escándalos que rodean al Partido Socialista tanto en materia de corrupciones de destacados miembros del mismo como de agresiones y acosos sexuales de otros líderes. La reducción del discurso político a una confrontación punitivista en la que la derecha y extrema derecha elevan el tono de sus insultos y exigen la entrada en prisión del expresidente Zapatero y del presidente Sánchez,  - una amenaza que tras la infamante sentencia de condena del Fiscal General del Estado hay que tomarse en serio - es el tema de fondo que se une a otras descalificaciones y a un continuado ruido de fondo que bombardea día y noche las televisiones, las radios y los digitales en todo el país, fundamentalmente dirigido desde los cuarteles seguros de los medios de comunicación madrileños cuyo marco de referencia se impone en todo el país.

Pero este continuo estruendo informativo cumple una función primordial en la situación presente, la de esconder o silenciar acontecimientos y debates sobre aspectos fundamentales de la existencia de la gente común, y que justamente deberían constituir el cetro del debate político en torno a cómo afrontarlos y solventarlos en la medida de lo posible, es decir, mediante medidas de intervención públicas y colectivas. Posiblemente la excepción a esta estrategia calculada de silenciamiento sea la discusión sobre la vivienda, ante la terrible crisis que atravesamos y la especulación sin límite que se despliega en este sector, pero hay otros espacios en donde se considera que la información a la ciudadanía no merece un trato relevante en el conjunto de los hechos noticiables no en el contexto de los debates públicos. El ejemplo más notable en este sentido lo suministran los acontecimientos que se desarrollan en el espacio de la regulación de las relaciones laborales. Algunos ejemplos de este último mes servirán para ilustrar estas afirmaciones.

Protección de la maternidad

Prácticamente no se ha dedicado ningún espacio de cierto relieve ante el depósito de la ratificación por el Estado español del Convenio 183 de la OIT complementado por la Recomendación 191, que trata de la protección de la maternidad. Yolanda Díaz como  Ministra de Trabajo y Economía Social y Vicepresidenta segunda del gobierno ha firmado el 11 de diciembre pasado en Ginebra el acto de depósito de la ratificación de este tratado internacional que justamente cumplía 25 daños desde su adopción por la organización internacional. Es un texto en el que la protección de la salud de la mujer trabajadora en los períodos de embarazo y lactancia, y la previsión de permisos y licencias incide en un espacio de regulación estrechamente conectado con la igualdad de género y con la última normativa en materia de derechos de conciliación presente en el RDL 9/2025. Además, en ese mismo acto, se avanzó la voluntad política del gobierno español de ratificar asimismo el muy reciente Convenio 191, adoptado este mismo año, sobre un entorno de trabajo saludable, y se manifestó la posición muy favorable de España a la regulación garantista de las condiciones de empleo ye la organización del trabajo de las personas que trabajan para las plataformas digitales. Una intervención importante en la esfera internacional que escasamente ha sido atendido por los servicios informativos de los medios de comunicación españoles.

La CEOE dice siempre no

Es más llamativa la ausencia de comentarios en los creadores de opinión y en general su desaparición en la escaleta de las noticias en radio, televisión y prensa, de un hecho importante, la firme y continuada posición de la gran patronal española a llegar a acuerdos, cualquiera que sea la materia, con los sindicatos y el gobierno, personificado en el Ministerio de trabajo y Economía Social. Aunque el supuesto más conocido fue el de la reducción de jornada, la especificidad de este tema hizo que el foco de atención se desplazara rápidamente de la actuación del empresariado a las cábalas sobre la posición que finalmente iba a llevar a cabo Junts per Catalunya,  sin que por tanto se hiciera hincapié en la postura claramente beligerante de la patronal en armar un frente político contra el gobierno que no hay que leer como un elemento coyuntural derivado de su oposición a la regulación legal de la reducción del tiempo de trabajo, sino como la expresión real de una estrategia política que pasa por confrontarse directamente con la vía reformista y garantista en materia laboral que representa el Ministerio de Trabajo y SUMAR como fuerza política en el seno del gobierno de coalición.

Es evidente que la organización que preside Garamendi busca un cambio político que descabalgue al gobierno y a la mayoría de progreso que lo sostiene y para ello no está dispuesto a ofrecer la posible legitimación que ofrecería llegar a un acuerdo tripartito sobre cualquier materia, incluidas aquellas que sobre el papel podrían ser susceptibles de un encuentro entre los intereses en juego. Este es el caso de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que las partes sociales llevan negociando su reforma, consensada en buena parte, desde hace 20 meses, sin que la CEOE haya considerado posible llegar a cerrar esta reforma con un acuerdo tripartito. Hay que tener en cuenta que la tendencia que se inscribe en los datos sobre siniestralidad laboral muestra una inclinación muy preocupante al alza. El máximo se alcanzó en el 2022 con 826 muertes por accidente de trabajo (679 en jornada, 147 "in itinere"), es decir, más de dos muertes diarias, una cifra que se redujo en el 2023 pero que al año siguiente, en el 2024 tuvo lugar un incremento del10,6% sobre la cifra de 2023 y que en el primer semestre entre enero y julio de 2025 se ha apreciado un preocupante repunte al anotar 363 muertes y un aumento del 3.6% sobre el mismo período de 2024.

Esa negativa obstinada es más llamativa cuando la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo fue acordada por sindicatos y patronal con el Ministerio en el 2023. Sin embargo, la obstrucción del proceso de negociación ha provocado el cierre de la misma a finales de noviembre de 2025 y el intento de llegar a un acuerdo bilateral con los sindicatos CCOO y UGT para la reforma de la LPRL.

Lo relevante de este asunto es que esta actitud de la CEOE no es señalada como una cuestión de interés político evidente ni tampoco interpretada como lo que parece ser, la decisión de mantener una actitud de boicot de cualquier iniciativa del gobierno hasta que no se consiga su derrocamiento o su sustitución por las fuerzas que esta institución considera propicias. Pero a la vez este decir siempre no encubre cual puede ser el modelo de regulación que propone en los asuntos a cuya resolución se opone. Es la entrada en campo a favor de la derecha y ultraderecha de la CEOE que sin embargo no se compadece con una situación económica excepcional en la que el empresariado español está obteniendo una alta tasa de ganancia y crecimiento económico mayor en términos comparativos que otras economías europeas. Señalar esta contradicción debería formar parte del debate público promovido por los medos de comunicación, pero es un tema sobre el que parece que no se quiere reflexionar ni analizar.

Permisos por duelo

Una variante específica de esta negativa de la CEOE a cualquier acuerdo se ha dado con la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social de ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguineidad y hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos. Se supera asi los dos días de permiso por fallecimiento actuales, más dos días más si es necesario el desplazamiento. “Ahora la muerte de un hijo da derecho a dos días. Tener un familiar muriendo en un hospital no está recogido como una de las situaciones que dan lugar a la posibilidad de ausentarse. Si alguien es designado para acompañar a alguien en su eutanasia tampoco puede ausentarse del trabajo”, explicaba así la propuesta Joaquín Pérez Rey.

Para la CEOE esta propuesta no era sino una “ocurrencia”, y su presidente le respondía solicitando un permiso de diez días para descansar de los anuncios de la Ministra. Esa falta de empatía sería criticada por Yolanda Diaz pero a la postre la CEOE negó su apoyo a esta medida sobre la base de que se trataba de "coste inasumible" para las empresas, por trasladar la carga económica de estos a la iniciativa privada. Ante esa negativa, se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos. La modificación del ET requiere que el Congreso apruebe la tramitación de un proyecto de ley o bien que convalide un Decreto Ley si se entiende que se da un supuesto de urgente necesidad, por lo que de nuevo en este punto habrá que estar a la capacidad de la CEOE de armar un frente de fuerzas políticas que respalden, desde su interés de clase, el rechazo a esta reforma legal.

Pero lo llamativo de este punto es que un tema tan sensible a lo que es la incidencia de la ley en el ámbito del disciplinamiento de los cuerpos y de las emociones a través de la organización del interés de empresa y por tanto la capacidad del ordenamiento de relajar esa tensión entre los sentimientos personales ante la muerte de un ser querido y la necesidad de mantener la seguridad en su existencia a través de la remuneración de su trabajo no haya sugerido ni siquiera una reflexión o un comentario de los opinadores profesionales ni siquiera de los columnistas que rescatan detalles de la vida cotidiana y los traducen en señales que marcan el sentido del tiempo en el que vivimos. Una cierta insensibilidad en el campo de visión de quienes atienden la evolución y el cambio de las reacciones de la gente ante hechos comunes y sin embargo determinantes. Como si una reflexión sobre el dolor y el duelo en relación con el trabajo y la disciplina de las personas que lo activan no tuviera interés para la opinión pública.

Salario Mínimo

El salario mínimo es un elemento básico en el conjunto de las relaciones laborales, y constituye una de las medidas más publicitadas y conseguidas del gobierno de coalición. Frente al mantra neoliberal, su incremento no se ha traducido en destrucción de empleo, sino en su contrario. El gobierno además se prevale de un informe que recomienda subir un porcentaje entre el 3,1 y el 4,7%, lo que supondría 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas si está exento de tributación o a 1.240 si aporta al IRPF. Por su parte, los sindicatos piden un incremento del salario mínimo hasta 1.273 euros brutos al mes, un 7,5% más de la cifra actual, y no e oponen a la tributación por el IRPF. La CEOE a su vez, cifra el aumento en un 1,5%, hasta 1,202 € al mes.

Pero este baile de cifras debe a su vez modularse con dos elementos que en esta negociación van a ser fundamentales. De un lado, como se ha visto, la posibilidad de que el SMI tribute al IRPF, sin que se considere mínimo exento, pero de otro lo que está en juego es la pretensión sindical de que la absorción y compensación de este incremento del SMI por los complementos salariales pactados en convenio no se produzca.

Estos dos son debates importantes, y el segundo requiere además una cierta explicación técnica que ahora no es conveniente adelantar, pero que implica obviamente que los resultados reales del incremento del SMI sobre los niveles salariales más bajos en la negociación colectiva sean efectivos o que por el contrario se anulen al absorberse por los complementos salariales que se perciben junto con el salario base, lo que tiene especial relevancia para los sujetos más vulnerables que se encuentran ene sta situación, fundamentalmente mujeres a tiempo parcial.

Pero los medios de comunicación, si quisieran cumplir su función social, deberían haber llevado esta noticia al centro de las informaciones, y explicar las consecuencias de estas opciones. Por el contrario, el tema del salario mínimo quedaba relegado a informaciones secundarias cuando no desaparecía de las escaletas de las noticias.

Conflictos abiertos, apoyo gubernamental

Una buena parte de la conflictividad laboral queda extra muros del interés de los periodistas de la gran mayoría de los medios de comunicación, que trasladan su interés al espacio de la lucha política y la descripción de supuestos de corrupción de variado tipo e intensidad, junto a las recientes noticias de acosos sexuales. Pero aun más extraño es que se de cuenta del apoyo institucional del Ministerio de Trabajo a alguno de estos conflictos, lo que in embargo sucede con cierta frecuencia.

Así, el último de estos actos ha tenido lugar la semana pasada en el conflicto laboral que arrastran las personas trabajadoras del aeropuerto de la Base Naval de Rota en la concesionaria norteamericana Versar Global Solutions Aircraft Services, antes denominada Louis Berger, del aeropuerto militar de Rota, donde han sido constantes la conducta antisindical, despidos y la negativa a realizar un convenio colectivo. El conflicto es largo y se ha mantenido en el tiempo, y la visita de la ministra Yolanda Díaz ha supuesto un respaldo a las posiciones sindicales – la invitación ha venido de la FSC de CCOO de Andalucía – y se ha materializado en el compromiso de que  el Ministerio de Defensa debe coordinarse con Trabajo para ejercer “una presión efectiva” sobre la empresa concesionaria, recordándole que sus decisiones “afectan la seguridad y el funcionamiento de instalaciones militares españolas”; activar mecanismos de inspección laboral “exhaustivos” que permitan documentar y sancionar las vulneraciones de derechos; favorecer la mediación en el diálogo entre la empresa y la representación de los trabajadores, y revisar la continuidad de la concesión si la compañía persiste en incumplir sus obligaciones legales y contractuales.

Este tipo de encuentros en los que un miembro del gobierno que no se encuentre en campaña electoral expresa su apoyo institucional a un conflicto sindical y acude a los lugares de trabajo para debatir los problemas que sostienen el conflicto (la reunión se celebró en el local sindical del Comité de Rota, y contó además con la presencia del concejal de Izquierda Unida, Pedro Pablo Santamaría Curtido, tras las gestiones realizadas por esta formación con la intermediación de la diputada provincial de Sumar, Esther Gil de Reboleño, y del coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez Pérez, a la asistieron  además representantes provinciales y de la federación andaluza de CCOO y de UGT) simboliza de manera clara el concepto de intermediación pública que el Ministerio de Trabajo y Economía Social posee respecto de las relaciones laborales. En el caso concreto además, la presencia de una empresa norteamericana  en una base militar que se obstina en negar los derechos sindicales, tiene una característica especial que sin duda podría haber sido destacada para la información general por su significado.

Lo que sucede en las relaciones laborales no merecen atención destacada

La mirada de los medios está puesta en otro lado. Se dice que se habla de política, pero esa palabra – y ese espacio – se llena de sucesos relativos a escándalos y sucesos de corrupción que sus protagonistas además definen cada vez más a través del insulto y la amenaza. La política no se identifica con la adopción de decisiones que ordenan la vida de la gente, de manera que se diluye el ideario de la izquierda que confía en los procedimientos democráticos de las mayorías sociales para cambiar a mejor la existencia de amplias capas de la población ampliando los espacios de igualdad en el campo de la ciudadanía social. En ese proyecto de reforma, el cambio en las relaciones laborales es fundamental, y sigue siendo en efecto un elemento crucial en la actividad política, incluso en estos momentos de complicada gestión del bloque de progreso que sostiene el gobierno.

Esa retorsión del discurso político llega también a sus protagonistas, que actúan preferentemente dentro del marco en el que les coloca la “actualidad” y por tanto se van alejando ellos mismos de dar relieve e informar directamente sobre los elementos que sin embargo configuran su actuación en el espacio de la política, es decir, del cambio social perseguido como un proceso ininterrumpido y parcialmente conseguido a través de la actividad desplegada y de las medidas adoptadas. Si se observan las últimas declaraciones de los partidos políticos, incluidos los que forman parte del gobierno, se observará su “captura” por la espectacularidad de los acontecimientos más escabrosos, sin que hayan ni siquiera intentado modificar el ángulo de observación y dirigirlo hacia los lugares donde la política sirve a la gente y no funciona como un juego de guerra reproducido sin control en una consola de ordenador.

Sería importante corregir este rumbo, Y volver a situar el marco de referencia en los problemas reales que acosan a la gente común. Y entre ellos, la centralidad del trabajo y su regulación deberían ser el objetivo prioritario de las fuerzas de la llamada izquierda alternativa. A partir de ahí se puede construir pensamiento crítico y arraigo en la ciudadanía. Esa es la fórmula antigua que nunca se debe dejar caer en el olvido.