Mal día
para una entrada como esta. Todos analizan hoy los resultados de las elecciones
en Extremadura, en las que las formaciones de la derecha y la ultraderecha han
obtenido el 60% de los votos y donde el hundimiento del PSOE en 120.000 votos no
ha sido compensado por el crecimiento de IU-Podemos-AV en casi 20.000. La
abstención ha alcanzado un poco menos
del 40% de los votantes. Este es
el inicio de una larga serie de citas electorales regionales que nos acompañará
hasta el verano: Aragón, Castilla y León, Andalucía. Este proceso está
concebido como forma de ir decantando mayorías de gobierno del bloque de la
derecha y ultraderecha como anticipo de un posible y siempre reclamado adelanto
electoral en todo el país. Pero al margen de este propósito explícitamente
afirmado por los dirigentes políticos que lo han impulsado, el resultado final
es del de concentrar todo el espacio informativo sobre la impugnación de la
acción del gobierno del estado y los escándalos que rodean al Partido
Socialista tanto en materia de corrupciones de destacados miembros del mismo
como de agresiones y acosos sexuales de otros líderes. La reducción del
discurso político a una confrontación punitivista en la que la derecha y
extrema derecha elevan el tono de sus insultos y exigen la entrada en prisión
del expresidente Zapatero y del presidente Sánchez, - una amenaza que tras la infamante
sentencia de condena del Fiscal General del Estado hay que tomarse en serio - es
el tema de fondo que se une a otras descalificaciones y a un continuado ruido
de fondo que bombardea día y noche las televisiones, las radios y los digitales
en todo el país, fundamentalmente dirigido desde los cuarteles seguros de los
medios de comunicación madrileños cuyo marco de referencia se impone en todo el
país.
Pero este continuo estruendo informativo
cumple una función primordial en la situación presente, la de esconder o
silenciar acontecimientos y debates sobre aspectos fundamentales de la
existencia de la gente común, y que justamente deberían constituir el cetro
del debate político en torno a cómo afrontarlos y solventarlos en la medida de
lo posible, es decir, mediante medidas de intervención públicas y colectivas. Posiblemente
la excepción a esta estrategia calculada de silenciamiento sea la discusión
sobre la vivienda, ante la terrible crisis que atravesamos y la especulación
sin límite que se despliega en este sector, pero hay otros espacios en donde se
considera que la información a la ciudadanía no merece un trato relevante en el
conjunto de los hechos noticiables no en el contexto de los debates públicos. El
ejemplo más notable en este sentido lo suministran los acontecimientos que se
desarrollan en el espacio de la regulación de las relaciones laborales. Algunos
ejemplos de este último mes servirán para ilustrar estas afirmaciones.
Protección de la maternidad
Prácticamente no se ha dedicado
ningún espacio de cierto relieve ante el depósito de la ratificación por el
Estado español del Convenio 183 de la OIT complementado por la Recomendación
191, que trata de la protección de la maternidad. Yolanda Díaz como Ministra de Trabajo y Economía Social y
Vicepresidenta segunda del gobierno ha firmado el 11 de diciembre pasado en
Ginebra el acto de depósito de la ratificación de este tratado internacional
que justamente cumplía 25 daños desde su adopción por la organización
internacional. Es un texto en el que la protección de la salud de la mujer
trabajadora en los períodos de embarazo y lactancia, y la previsión de permisos
y licencias incide en un espacio de regulación estrechamente conectado con la
igualdad de género y con la última normativa en materia de derechos de
conciliación presente en el RDL 9/2025. Además, en ese mismo acto, se avanzó la
voluntad política del gobierno español de ratificar asimismo el muy reciente
Convenio 191, adoptado este mismo año, sobre un entorno de trabajo saludable, y
se manifestó la posición muy favorable de España a la regulación garantista de
las condiciones de empleo ye la organización del trabajo de las personas que
trabajan para las plataformas digitales. Una intervención importante en la
esfera internacional que escasamente ha sido atendido por los servicios
informativos de los medios de comunicación españoles.
La CEOE dice siempre no
Es más llamativa la ausencia de
comentarios en los creadores de opinión y en general su desaparición en la
escaleta de las noticias en radio, televisión y prensa, de un hecho importante,
la firme y continuada posición de la gran patronal española a llegar a
acuerdos, cualquiera que sea la materia, con los sindicatos y el gobierno,
personificado en el Ministerio de trabajo y Economía Social. Aunque el supuesto
más conocido fue el de la reducción de jornada, la especificidad de este tema
hizo que el foco de atención se desplazara rápidamente de la actuación del
empresariado a las cábalas sobre la posición que finalmente iba a llevar a cabo
Junts per Catalunya, sin que por
tanto se hiciera hincapié en la postura claramente beligerante de la patronal
en armar un frente político contra el gobierno que no hay que leer como un
elemento coyuntural derivado de su oposición a la regulación legal de la
reducción del tiempo de trabajo, sino como la expresión real de una estrategia
política que pasa por confrontarse directamente con la vía reformista y
garantista en materia laboral que representa el Ministerio de Trabajo y SUMAR
como fuerza política en el seno del gobierno de coalición.
Es evidente que la organización
que preside Garamendi busca un cambio político que descabalgue al
gobierno y a la mayoría de progreso que lo sostiene y para ello no está
dispuesto a ofrecer la posible legitimación que ofrecería llegar a un acuerdo
tripartito sobre cualquier materia, incluidas aquellas que sobre el papel
podrían ser susceptibles de un encuentro entre los intereses en juego. Este es
el caso de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que las
partes sociales llevan negociando su reforma, consensada en buena parte, desde
hace 20 meses, sin que la CEOE haya considerado posible llegar a cerrar esta
reforma con un acuerdo tripartito. Hay que tener en cuenta que la tendencia que
se inscribe en los datos sobre siniestralidad laboral muestra una inclinación
muy preocupante al alza. El máximo se alcanzó en el 2022 con 826 muertes por
accidente de trabajo (679 en jornada, 147 "in itinere"), es decir, más
de dos muertes diarias, una cifra que se redujo en el 2023 pero que al año
siguiente, en el 2024 tuvo lugar un incremento del10,6% sobre la cifra de 2023
y que en el primer semestre entre enero y julio de 2025 se ha apreciado un
preocupante repunte al anotar 363 muertes y un aumento del 3.6% sobre el mismo
período de 2024.
Esa negativa obstinada es más
llamativa cuando la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo fue
acordada por sindicatos y patronal con el Ministerio en el 2023. Sin embargo,
la obstrucción del proceso de negociación ha provocado el cierre de la misma a
finales de noviembre de 2025 y el intento de llegar a un acuerdo bilateral con
los sindicatos CCOO y UGT para la reforma de la LPRL.
Lo relevante de este asunto es
que esta actitud de la CEOE no es señalada como una cuestión de interés
político evidente ni tampoco interpretada como lo que parece ser, la decisión
de mantener una actitud de boicot de cualquier iniciativa del gobierno hasta
que no se consiga su derrocamiento o su sustitución por las fuerzas que esta
institución considera propicias. Pero a la vez este decir siempre no encubre
cual puede ser el modelo de regulación que propone en los asuntos a cuya
resolución se opone. Es la entrada en campo a favor de la derecha y
ultraderecha de la CEOE que sin embargo no se compadece con una situación
económica excepcional en la que el empresariado español está obteniendo una
alta tasa de ganancia y crecimiento económico mayor en términos comparativos
que otras economías europeas. Señalar esta contradicción debería formar parte
del debate público promovido por los medos de comunicación, pero es un tema
sobre el que parece que no se quiere reflexionar ni analizar.
Permisos por duelo
Una variante específica de esta negativa
de la CEOE a cualquier acuerdo se ha dado con la propuesta del Ministerio de
Trabajo y Economía Social de ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento
del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de
consanguineidad y hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos. Se
supera asi los dos días de permiso por fallecimiento actuales, más dos días más
si es necesario el desplazamiento. “Ahora la muerte de un hijo da derecho a dos
días. Tener un familiar muriendo en un hospital no está recogido como una de
las situaciones que dan lugar a la posibilidad de ausentarse. Si alguien es
designado para acompañar a alguien en su eutanasia tampoco puede ausentarse del
trabajo”, explicaba así la propuesta Joaquín Pérez Rey.
Para la CEOE esta propuesta no
era sino una “ocurrencia”, y su presidente le respondía solicitando un permiso
de diez días para descansar de los anuncios de la Ministra. Esa falta de
empatía sería criticada por Yolanda Diaz pero a la postre la CEOE negó
su apoyo a esta medida sobre la base de que se trataba de "coste
inasumible" para las empresas, por trasladar la carga económica de estos a
la iniciativa privada. Ante esa negativa, se ha llegado a un acuerdo entre el
Ministerio y los sindicatos. La modificación del ET requiere que el Congreso
apruebe la tramitación de un proyecto de ley o bien que convalide un Decreto
Ley si se entiende que se da un supuesto de urgente necesidad, por lo que de
nuevo en este punto habrá que estar a la capacidad de la CEOE de armar un
frente de fuerzas políticas que respalden, desde su interés de clase, el
rechazo a esta reforma legal.
Pero lo llamativo de este punto
es que un tema tan sensible a lo que es la incidencia de la ley en el ámbito del
disciplinamiento de los cuerpos y de las emociones a través de la organización
del interés de empresa y por tanto la capacidad del ordenamiento de relajar esa
tensión entre los sentimientos personales ante la muerte de un ser querido y la
necesidad de mantener la seguridad en su existencia a través de la remuneración
de su trabajo no haya sugerido ni siquiera una reflexión o un comentario de los
opinadores profesionales ni siquiera de los columnistas que rescatan detalles
de la vida cotidiana y los traducen en señales que marcan el sentido del tiempo
en el que vivimos. Una cierta insensibilidad en el campo de visión de quienes
atienden la evolución y el cambio de las reacciones de la gente ante hechos
comunes y sin embargo determinantes. Como si una reflexión sobre el dolor y el
duelo en relación con el trabajo y la disciplina de las personas que lo activan
no tuviera interés para la opinión pública.
Salario Mínimo
El salario mínimo es un elemento básico
en el conjunto de las relaciones laborales, y constituye una de las medidas más
publicitadas y conseguidas del gobierno de coalición. Frente al mantra
neoliberal, su incremento no se ha traducido en destrucción de empleo, sino en
su contrario. El gobierno además se prevale de un informe que recomienda subir
un porcentaje entre el 3,1 y el 4,7%, lo que supondría 1.221 euros brutos
mensuales en 14 pagas si está exento de tributación o a 1.240 si aporta al IRPF.
Por su parte, los sindicatos piden un incremento del salario mínimo hasta 1.273
euros brutos al mes, un 7,5% más de la cifra actual, y no e oponen a la
tributación por el IRPF. La CEOE a su vez, cifra el aumento en un 1,5%, hasta 1,202
€ al mes.
Pero este baile de cifras debe a
su vez modularse con dos elementos que en esta negociación van a ser
fundamentales. De un lado, como se ha visto, la posibilidad de que el SMI
tribute al IRPF, sin que se considere mínimo exento, pero de otro lo que está
en juego es la pretensión sindical de que la absorción y compensación de este
incremento del SMI por los complementos salariales pactados en convenio no se
produzca.
Estos dos son debates
importantes, y el segundo requiere además una cierta explicación técnica que
ahora no es conveniente adelantar, pero que implica obviamente que los
resultados reales del incremento del SMI sobre los niveles salariales más bajos
en la negociación colectiva sean efectivos o que por el contrario se anulen al
absorberse por los complementos salariales que se perciben junto con el salario
base, lo que tiene especial relevancia para los sujetos más vulnerables que se
encuentran ene sta situación, fundamentalmente mujeres a tiempo parcial.
Pero los medios de comunicación,
si quisieran cumplir su función social, deberían haber llevado esta noticia al
centro de las informaciones, y explicar las consecuencias de estas opciones. Por
el contrario, el tema del salario mínimo quedaba relegado a informaciones secundarias
cuando no desaparecía de las escaletas de las noticias.
Conflictos abiertos, apoyo
gubernamental
Una buena parte de la
conflictividad laboral queda extra muros del interés de los periodistas de la
gran mayoría de los medios de comunicación, que trasladan su interés al espacio
de la lucha política y la descripción de supuestos de corrupción de variado
tipo e intensidad, junto a las recientes noticias de acosos sexuales. Pero aun
más extraño es que se de cuenta del apoyo institucional del Ministerio de
Trabajo a alguno de estos conflictos, lo que in embargo sucede con cierta
frecuencia.
Así, el último de estos actos ha
tenido lugar la semana pasada en el conflicto laboral que arrastran las
personas trabajadoras del aeropuerto de la Base Naval de Rota en la
concesionaria norteamericana Versar Global Solutions Aircraft Services, antes
denominada Louis Berger, del aeropuerto militar de Rota, donde han sido constantes
la conducta antisindical, despidos y la negativa a realizar un convenio
colectivo. El conflicto es largo y se ha mantenido en el tiempo, y la visita de
la ministra Yolanda Díaz ha supuesto un respaldo a las posiciones
sindicales – la invitación ha venido de la FSC de CCOO de Andalucía – y se ha materializado
en el compromiso de que el Ministerio de
Defensa debe coordinarse con Trabajo para ejercer “una presión efectiva” sobre
la empresa concesionaria, recordándole que sus decisiones “afectan la seguridad
y el funcionamiento de instalaciones militares españolas”; activar mecanismos
de inspección laboral “exhaustivos” que permitan documentar y sancionar las
vulneraciones de derechos; favorecer la mediación en el diálogo entre la
empresa y la representación de los trabajadores, y revisar la continuidad de la
concesión si la compañía persiste en incumplir sus obligaciones legales y
contractuales.
Este tipo de encuentros en los
que un miembro del gobierno que no se encuentre en campaña electoral expresa su
apoyo institucional a un conflicto sindical y acude a los lugares de trabajo
para debatir los problemas que sostienen el conflicto (la reunión se celebró en
el local sindical del Comité de Rota, y contó además con la presencia del
concejal de Izquierda Unida, Pedro Pablo Santamaría Curtido, tras las
gestiones realizadas por esta formación con la intermediación de la diputada
provincial de Sumar, Esther Gil de Reboleño, y del coordinador
provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez Pérez, a la asistieron
además representantes provinciales y de
la federación andaluza de CCOO y de UGT) simboliza de manera clara el concepto
de intermediación pública que el Ministerio de Trabajo y Economía Social posee respecto
de las relaciones laborales. En el caso concreto además, la presencia de una
empresa norteamericana en una base
militar que se obstina en negar los derechos sindicales, tiene una característica
especial que sin duda podría haber sido destacada para la información general
por su significado.
Lo que sucede en las
relaciones laborales no merecen atención destacada
La mirada de los medios está puesta
en otro lado. Se dice que se habla de política, pero esa palabra – y ese
espacio – se llena de sucesos relativos a escándalos y sucesos de corrupción
que sus protagonistas además definen cada vez más a través del insulto y la
amenaza. La política no se identifica con la adopción de decisiones que ordenan
la vida de la gente, de manera que se diluye el ideario de la izquierda que confía
en los procedimientos democráticos de las mayorías sociales para cambiar a
mejor la existencia de amplias capas de la población ampliando los espacios de
igualdad en el campo de la ciudadanía social. En ese proyecto de reforma, el
cambio en las relaciones laborales es fundamental, y sigue siendo en efecto un
elemento crucial en la actividad política, incluso en estos momentos de complicada
gestión del bloque de progreso que sostiene el gobierno.
Esa retorsión del discurso
político llega también a sus protagonistas, que actúan preferentemente dentro
del marco en el que les coloca la “actualidad” y por tanto se van alejando
ellos mismos de dar relieve e informar directamente sobre los elementos que sin
embargo configuran su actuación en el espacio de la política, es decir, del
cambio social perseguido como un proceso ininterrumpido y parcialmente
conseguido a través de la actividad desplegada y de las medidas adoptadas. Si
se observan las últimas declaraciones de los partidos políticos, incluidos los
que forman parte del gobierno, se observará su “captura” por la
espectacularidad de los acontecimientos más escabrosos, sin que hayan ni
siquiera intentado modificar el ángulo de observación y dirigirlo hacia los lugares
donde la política sirve a la gente y no funciona como un juego de guerra
reproducido sin control en una consola de ordenador.
Sería importante corregir este
rumbo, Y volver a situar el marco de referencia en los problemas reales que
acosan a la gente común. Y entre ellos, la centralidad del trabajo y su
regulación deberían ser el objetivo prioritario de las fuerzas de la llamada
izquierda alternativa. A partir de ahí se puede construir pensamiento crítico y
arraigo en la ciudadanía. Esa es la fórmula antigua que nunca se debe dejar
caer en el olvido.
