Enfangados
como estamos en España con los pactos de investidura y la incertidumbre sobre
los pactos de gobierno – de lo que tendremos ocasión de hablar siguiendo el
curso de las cosas – no se ha atendido suficientemente a uno de los últimos
hechos que demuestran la deriva inaceptable que está emprendiendo la Unión
Europea en una carrera cada vez más acelerada hacia su desintegración. Se
trata, obviamente, del acuerdo que han cerrado los Jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea con el Reino Unido, mediante el cual, como ha recalcado Cameron, ha obtenido un “estatus
especial en la Unión Europea”.
El acuerdo le debería permitir al
premier ganar el referéndum de 23 de junio,
al poder presentar al país un acuerdo especialmente ventajoso para la Gran
Bretaña que le permite aprovechar del sistema económico de ésta lo que le
interesa y rechazar las cargas sociales y políticas de la UE junto a los
aspectos económicos que le desagradan.
Ante todo – y como ha subrayado
en su editorial de L’Humanité su
director Patrick Le Hyaric- es bien
significativo que la UE esté dispuesta a generar una excepción en el
tratamiento monetario, económico y social a Gran Bretaña mientras se ha negado
a hacer lo propio con Grecia, que pretendía una inflexión democrática y social
de las políticas europeas en términos muy razonables, y que aplica con extrema
rigidez sus exigencias a Portugal, España o incluso Italia, que deberá reducir
en más de 60.000 millones sus presupuestos en dos años. Gran Bretaña es el país
de la desregulación plena y el eje central de la financiarización de la
economía que ha alimentado esta espiral de endeudamiento público para salvar un
sistema bancario especulativo y depredador, y por eso mismo ha sido premiado.
Constatar la naturaleza antidemocrática de Europa en este punto es la primera
constatación que debe hacerse.
Según el acuerdo, y de manera
sintética, Gran Bretaña permanece fuera del Acuerdo Schengen y por tanto impide
y controla la libertad de movimientos de los ciudadanos europeos, negando un
elemento central de la ciudadanía de la Unión a la que sin embargo pertenece.
Queda exonerada de participar en los trabajos para preparar una tasa a las
transacciones financieras que desde luego no está dispuesta a aplicar a las que
efectúe la City, y tampoco se le aplicará las disposiciones del pacto de
estabilidad monetaria. Contribuye sensiblemente menos al presupuesto europeo de
lo que exigiría su extensión geográfica y su población. No forma parte de la
Unión Bancaria europea y por tanto está exenta de la obligación que ésta impone
a la banca de tener un nivel determinado de fondos como forma de “segurizar” su
responsabilidad. El Consejo europeo ha aceptado – y este es el dato que más se
ha conocido – que Gran Bretaña deniegue el acceso a las prestaciones sociales
derivadas del trabajo a aquellos ciudadanos europeos que residan en el país,
durante un plazo de cuatro años. Es un tratamiento discriminatorio de libro,
que contraria una larga jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero que ha
sido aceptada con alegría por los dirigentes de las naciones cuyos nacionales
van a ser discriminados en Gran Bretaña, que viola así, con permiso, un derecho
fundamental de los ciudadanos europeos reconocidos en la Carta de Derechos con
el mismo valor que los Tratados fundacionales. Si el precio de la integración
es la abolición de derechos fundamentales de los trabajadores, no es de
extrañar que, con el ascenso de la extrema derecha en los países del centro y
del norte de Europa, esta sea una línea de desarrollo futuro en esos países.
Gran Bretaña no quiere estar en
la zona euro, manteniendo su divisa, la libra esterlina. Pero a partir de ahora
participará en las decisiones de los países de la zona euro para incidir en su política
monetaria y, dicho sea de paso, defender la especulación financiera de la bolsa
de Londres. La utilización de esta política monetaria en un sentido claramente
antisocial se verá reforzada por la intervención de un país que sin embargo
rechaza cualquier intervención sobre su soberanía en su divisa. Naturalmente
esta actuación británica culmina en el ofrecimiento de la consolidación de un
gran mercado transatlántico sobre la base de instrumentos muy cuestionados,
pero por lo mismo impulsados con fuerza – el TTIP, CETA, etc – por la Comisión
y el consenso activo del gobierno británico.
En ese Consejo Europeo del 19 de
febrero que, como afirmaba Javier Doz en
su blog, no hace más que acelerar la desintegración de Europa, se confirma una
actuación intolerable de los dirigentes de esta Unión Europea. Se conforma una
Europa en dos grandes círculos, los países dominantes ricos y los países dominados
pobres, y el federalismo europeo ha sufrido un golpe posiblemente mortal mediante
este acuerdo desigual e injusto con Gran Bretaña. En este panorama es penosa la
situación de España. No ya la de su presidente en funciones, que ni siquiera
compareció al terminar el Consejo, fiel a su costumbre de no estar nunca donde
su cargo le exige, sino de los grandes grupos políticos que disputan el espacio
de gobierno actualmente. El PSOE de Pedro
Sánchez carece de cualquier referencia activa en Europa, más allá de su
pertenencia pasiva al grupo de los socialistas europeos, y no ha establecido
ninguna alianza, como debería, con los partidos nacionales de Portugal o Italia
para desarrollar una política común respecto a estas estrategias fuertes de
segregación del sur europeo a expensas del dominio financiero y económico de
Alemania como dueña de la moneda y de la política. Y Podemos, aunque mantiene
una mayor atención a la construcción de una alternativa democrática en el espacio
europeo, está absorbido desde comienzos de 2015 en el desarrollo de su
instalación y crecimiento en el ámbito nacional a través de las sucesivas citas
electorales.
Son muchos los comentaristas que
minimizan la gravedad de este Acuerdo entre Europa y Gran Bretaña, afirmando
que “la restricción en las ayudas sociales afectará a los españoles afincados
en el Reino Unido, pero menos que a los de otras nacionalidades” – una
aplicación peculiar de la comparación peyorativa, en el sentido de que a todos
nos quitan los derechos, pero “más a otros porque son más numerosos” - , o que,
aunque puede “acelerar la consolidación de la UE de los dos círculos (el
central y el periférico)”, la “salvaguarda de los intereses de la City”, ayudará
a “contrarrestar el poder alemán”. Las consecuencias son por el contrario
terribles si se miden en términos de pérdida de derechos fundamentales
reconocidos por la CDFUE, la restricción plena de la libertad de circulación,
la aplicación consciente del trato discriminatorio en razón de la nacionalidad,
y la afirmación del privilegio respecto de una nación concreta, Gran Bretaña,
respecto del resto de los países que conforman la Unión.
El Acuerdo por tanto reviste una
tremenda gravedad y conculca principios básicos del federalismo europeo, como
el propio Matteo Renzi hizo notar en
la rueda de prensa tras el Consejo. Va en el camino de consolidar dos Europas,
la sometida y la dominante, sobre la base de la consolidación de un bloque de
dominio financiero-económico-político que reproduce en dos tiempos profundos
niveles de desigualdad, entre los estados miembros de la UE, de un lado, y en
el interior de los mismos, mediante la imposición de unas políticas que buscan
la destrucción metódica de los derechos sociales. No es una cláusula de estilo,
lamentablemente. A las reformas laborales impuestas en el sur de Europa, siguen
ahora las que se implementan en los países más “fuertes”. Aun con la polémica
derivada de la Job Act italiana, en Francia
se está desarrollando una amplia movilización contra la ley de reforma del
Código del trabajo, un ataque “de tal amplitud” como – se dice – jamás intentó
la derecha política, y que dará que hablar en cuanto a importantes
movilizaciones en las que ya está implicada la CGT. Pero el panorama político
francés es espeluznante, con un partido socialista haciendo la política dura de
la derecha y una extrema derecha antieuropeista y xenófoba que capitaliza el
voto del descontento con un discurso social y proteccionista del ámbito
nacional. Las cosas están mejor, paradójicamente, en Gran Bretaña, con un
partido laborista comprometido con la lucha por los derechos y libertades, claramente
alineado por los derechos de los trabajadores, y dispuesto a dar la batalla
contra el proyecto de Ley Sindical – realmente Ley antisindical - contra la
cual también se han pronunciado los Liberal Demócratas, y que ha recibido un
severo juicio descalificatorio por parte de la Cámara de los Lores sobre la
base de la deficiente regulación y falta
de claridad prevista en el esquema de la ley así como por el hecho de no
determinar claramente a que personal del sector público va a aplicarse. El
tradicional aislamiento británico hace que este tipo de conflictos queden en
gran medida reducidos al propio territorio insular, pero su solapamiento con la
convocatoria del referéndum y la problemática – muy británica – de encontrar en
los instrumentos internacionales europeos de derechos humanos uno de los
elementos básicos de garantía de los derechos sociales y laborales en el
interior del país, cobra un aire europeísta que merece la pena seguir.
Cuestión aparte merece el tema de
los refugiados, sobre los que tanto y tan bien se ha escrito desde posiciones
críticas, a partir de los planteamientos impecables de Javier de Lucas. Desde hace mucho tiempo, el resto de países
europeos se comportan como si Grecia estuviera fuera del espacio Schengen en
este aspecto, impidiendo el tránsito de los millares de personas que huyen de
la guerra y el desastre de Siria. Es sin duda un problema social y político,
pero ante todo demuestra la terrible insolidaridad de los dirigentes políticos
de las naciones que estigmatizan y culpabilizan a estos millares de personas,
degradando su dignidad y su condición de seres humanos. Europa debería además
internacionalizar el conflicto, hacer intervenir a la ONU en su resolución, y
aplicar desde luego los resortes legales y la influencia para evitar la
consolidación de estas conductas permanentes de humillación y de violencia de
la dignidad de hombres mujeres y niños.
Una última observación. La cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno del 19 de febrero que ha acordado con Gran
Bretaña las condiciones señaladas más arriba ha tenido como representante
español a un presidente de gobierno en funciones. ¿Es posible adoptar
decisiones e este tipo estando el gobierno en funciones? Una sentencia del
Tribunal Supremo español, del 2005, avanzó una definición al señalar que "el
despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos cuya
resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones
políticas". En este caso, es evidente que el presidente del gobierno en
funciones no tenía competencia para concordar con orientaciones políticas
esencialmente nuevas y diferentes de las que habían presidido el derecho de la
Unión hasta el momento. ¿Hay que entender que se trataba de una “situación
excepcional”, en la que las “razones de urgencia” o de “interés general”
justificaban el compromiso del Estado español con esa política claramente
contraria a la consideración igualitaria y federativa de Europa, que llevará
consigo un empeoramiento de la posición relativa de España en el conjunto de la
UE y que complicará de manera negativa para esta nación las consecuencias de la
llamada gobernanza económica? Sería interesante que algún especialista se
planteara la posibilidad de impugnar esta actuación ante los tribunales
españoles, como una forma indirecta de desestabilizar el ominoso acuerdo
alcanzado con el Reino Unido.
Cuando Cameron se despidió tras las cuarenta horas de negociación, con ese
acuerdo de privilegio, dijo a la prensa: “No me gusta Bruselas”. Debemos coincidir
con él, pero por razones bien diferentes. No es posible que a los que creen en
una idea de Europa federal y política les guste Bruselas, entendiendo por tal
la dirección antidemocrática y antisocial que está imprimiendo a las políticas
que lleva acabo, en un proceso suicida hacia la desintegración de Europa.
