La editorial Bomarzo acaba de publicar una interesante monografía de la catedrática de la Universidad de Sevilla, María Fernanda Fernández López, sobre los procesos especiales que regula la nueva ley procesal de la jurisdicción social que, promulgada en noviembre de 2011, ya ha sido modificada (a peor) como consecuencia del RDL 3/2012 y, de nuevo empeorando su contenido, como consecuencia de la Ley 3/2012.A continuación se inserta una noticia sobre el libro, que resulta de extremo interés para los estudiosos del tema.
En el aluvión de textos legislativos de reforma del derecho
de trabajo y de la seguridad social durante el trienio 2010-2012, la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora del Orden Social de la Jurisdicción
(LRJS), cobra una cierta singularidad al
tratarse, en sus contenidos y propósitos, de una norma distinta – “asintónica”
ha sido denominada – del resto de
reformas sustantivas que se han ido encabalgando en nuestro ordenamiento
jurídico en el contexto de las llamadas “reformas estructurales” requeridas por
las políticas de austeridad. Quiere decirse que la LRJS está marcada por una
lógica garantista de los derechos de los trabajadores que la singulariza
respecto de las reformas “del mercado de trabajo” emprendidas por el gobierno legislador “de
urgencia”, sin perjuicio de que esa
lógica de tutela haya sido corregida a la baja en las recientísimas
modificaciones que en el breve plazo de octubre del 2011 a febrero de 2012 ha
sufrido la norma laboral, en una orientación de cuya constitucionalidad cabe
dudar con mucho fundamento.
La norma procesal laboral quiere ser por tanto un texto
legal que articule una garantía eficaz de los derechos laborales y la tutela
efectiva de los mismos, introduciendo modificaciones de importancia en cuanto
al aumento de las competencias de la jurisdicción social, la resolución de
algunos problemas interpretativos que se habían verificado en la práctica de la
ley y, en fin, en la tendencia a considerar al juez de lo social como el
garante ordinario de los derechos fundamentales ejercitados en el trabajo. Esto hace, por
consiguiente, que la reforma que pone en práctica la LRJS sea “ante todo, una
reforma vertida en sus modalidades especiales”. Desde ese entendimiento, la
profesora Fernández López aborda la exposición de los procesos especiales en la
nueva ley de la jurisdicción social recalcando su “centralidad” a la hora de
explicar y comprender el alcance de la reforma de la ley procesal.
La autora
reitera su opinión, no obstante, sobre la falta de entidad de algunos de estos procesos,
que podrían integrarse perfectamente en las reglas del proceso ordinario, pero
resalta las novedades que alteran – y fortalecen – la función del juez de lo
social. De manera especialmente relevante en lo que se refiere a la atribución
competencial en el ámbito de la intervención administrativa en el marco de las
relaciones laborales, en donde se plantea como un problema abierto a la
interpretación judicial la relación entre la LRJS y la ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa de 1998, pero también en la creación de nuevas
modalidades procesales como son los procesos de impugnación de actos de la
Administración. En otros procesos, como en el de materia electoral o en el de
conflicto colectivo, las reformas ha n sido muy profundas, y la modalidad
procesal de garantía de los derechos fundamentales ha visto perfilar con mayor
energía la posición de tutela de los mismos por parte del juez de lo social. En
el proceso de despido, por último, la LRJS acentúa el carácter revisor de las
decisiones empresariales, frente a una dirección legislativa contraria presente
en las reformas del 2012 que buscan la debilitación de la función
jurisdiccional, constitucionalmente determinada, de controlar la corrección y
causalidad de la decisión unilateral del empresario de extinguir el contrato de
trabajo.
El libro de Fernández López
aborda este conjunto de cambios mediante una exposición clásica, comenzando por
los procesos de despido “y derivados”, para seguir con los procesos de oficio y
monitorio, los procesos de seguridad social y de impugnación de actos
administrativos para por fin examinar
los procesos colectivos y el proceso de
tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. Como nos tiene
acostumbrados su autora, es un trabajo claro y terminante, bien escrito y
estructurado a la perfección, en el que se encuentran las claves de la nueva
regulación, sus titubeos y sus contradicciones, junto con las líneas críticas
derivadas de un análisis impecable.
LOS PROCESOS ESPECIALES EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL.
María Fernanda Fernández López.
Editorial Bomarzo, Albacete, 2012, 236 pp, 28 €.