ITALIA Y NOSOTROS

Concentrada la audiencia mediática en las turbulencias que denota la política española en torno a la posible investidura del 23 de septiembre o la convocatoria de elecciones, no se atiende suficientemente a otros acontecimientos de enorme importancia que están sucediendo en otros países europeos, a los que no se está dando la relevancia que se merecen. El significado de la reunión del G-7 y los movimientos apreciables en la guerra comercial global, la absolutamente excepcional anulación del parlamento británico por el nuevo primer ministro Johnson y su alineamiento anti europeo con las posiciones de Trump, o la caída del gobierno negro-amarillo de Italia y la solución parlamentaria que busca una nueva mayoría en este país. Esta última vicisitud política es especialmente interesante porque contiene algunas enseñanzas útiles para la actual situación española.

Las elecciones generales en Italia tuvieron lugar en marzo del 2018, y supusieron un vuelco importante en el panorama político italiano. Ante todo por la victoria electoral del Movimiento 5 Estrellas (M5S) que fue el partido más votado, con casi once millones de sufragios, seguido del Partido Democrático con algo más de seis millones, y la Liga, que había perdido un año antes su referencia regional al Norte y se había constituido, bajo la égida de Matteo Salvini, como un partido nacional, obtuvo el tercer puesto en número de votos con cinco millones y medio. La construcción complicada del sistema electoral italiano, que fuerza a las coaliciones, hizo que la coalición de la derecha, entre la que se encontraba el incombustible Berlusconi, obtuviera más votos que la del centro izquierda liderada por el PD, pero que la posibilidad de gobernar dependiera en todo caso de la posición que adoptara el M5S, que había ganado importantes posiciones en todo el país, sustituyendo en el Sur a las preferencias de los votantes clásicos del PD. Tras tres meses de negociaciones, se caminó hacia un gobierno extraordinariamente complicado, porque se trataba de una coalición entre la Liga y el M5S, cuyos programas no parecían poder  conciliarse, pero que encontraron una suerte de espacio común a través de la reivindicación de un neosoberanismo muy reluctante frente a la gobernanza europea, con un fortalecimiento de la vertiente represiva y autoritaria de la seguridad entendida y publicitada como protección frente a la oleada inmigratoria que la guerra de Libia y el cierre de la via de llegada a través del Egeo había provocado en Italia, y la corrección de algunos de los elementos más negativos de la legislación laboral que el gobierno Renzi puso en práctica entre el 2013 y el 2016, antes de su dimisión ante la derrota de su planteamiento de reforma institucional en diciembre de este año.

El gobierno amarillo-negro no tuvo fácil su alumbramiento, no sólo en cuanto al programa de actuación sino también en torno a sus componentes, puesto que el Presidente de la República vetó al ministro de Economía propuesto por el primer ministro Conte, y la bicefalia entre Di Maio como el vicepresidente de asuntos sociales y Salvini como ministro del interior, ha generado muchas fricciones en la práctica, especialmente a partir de los últimos acontecimientos en los que el desprecio de las normas internacionales y de derechos humanos por parte de Salvini en relación al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo resultó extraordinariamente patente. En materia social, el gobierno intentó avanzar un proyecto de regulación laboral más garantista – el Decreto Dignidad – pero la visión sobre la que partía bloqueaba la conexión entre este tipo de acción de gobierno y los sindicatos, en especial con el más potente de ellos, la CGIL. Para el Movimiento5 Estrellas, era necesario proceder a la desintermediación en la sociedad italiana, entendiendo por tal la construcción de una relación directa y prioritaria entre la ciudadanía, organizada como movimiento, y la política, lo que por tanto llevaba a la priorización de una forma de gobernar en la que el diálogo social y la intermediación de la organizaciones sindicales y empresariales no resultaban determinantes en la acción de gobierno, siendo por el contrario instancias de representación que impedían la acción política directa entre el pueblo, la gente, y su representación “en movimiento”. Algo de esta politicidad directa gente/movimiento que no confía en la representación política partidista ni en la colectiva basada en la pertenencia a la clase, está también presente en el debate del primer Podemos, y se proyecta aun hoy incluso en formaciones escindidas como la de Mas Madrid.

Lo que ya se conoce es que ante lo que Salvini interpretaba según las encuestas de opinión como un momento electoral de enorme popularidad que iba a permitir consolidar y ampliar su mayoría parlamentaria y además eliminar a su socio M5S, puso en práctica una moción de censura en el Senado para obtener la caída del gobierno y poder convocar elecciones. La maniobra sin embargo no le ha salido como quería, porque han reaccionado inteligentemente el resto de partidos, en especial el PD, que, no sin un cierto debate interno han considerado la oportunidad de que se forme un nuevo gobierno sin necesidad de convocar elecciones, esta vez mediante la coalición entre el M5S, que sigue siendo el partido con más diputados y senadores sin coalición, y el PD, como líder de la coalición de centro-izquierda. En los próximos días veremos cuáles serán las líneas de acción de este gobierno neonato. Landini, el secretario general de la CGIL, ha dicho en la fiesta de la Unitá celebrada antes de ayer en Ravenna que aguarda el programa de gobierno a la espera de nuevas e importantes reformas sociales y del sistema de imposición injusto que se ceba en las rentas de trabajadores y pensionistas. “Los sindicatos no tenemos gobiernos amigos o enemigos, salvo que se trate de gobiernos filofascistas o racistas a los que combatimos directamente. Sólo consideramos que el gobierno actúe a favor o en contra de los derechos de los trabajadores”, ha sintetizado, reclamando un importante esfuerzo de reflexión y de diálogo con los sindicatos, los empresarios y el nuevo gobierno sobre la base de un cambio social importante.

Hay en el caso italiano muchas enseñanzas para la actualidad española. Las más evidentes, la tentación de recurrir a la convocatoria de elecciones para aumentar la densidad y la presencia electoral de una fuerza de gobierno que carece de una mayoría parlamentaria, y la inteligencia de las fuerzas políticas desplazadas de poder articular una respuesta que aleje la posibilidad de las elecciones. En España no hay ciertamente una posibilidad de juego con las fuerzas de oposición, pero si hay soluciones que permitirían la investidura del gobierno del PSOE aunque posteriormente éste se tuviera que ver obligado a encontrar acuerdos fundamentales en orden a los presupuestos generales del Estado y al control de la actividad de gobierno. Es también muy sugerente constatar que las dinámicas políticas que solo piensan en términos de fortalecer el propio partido para debilitar al socio de gobierno no producen los efectos perseguidos por quienes las impulsan, de manera que en el caso italiano la Liga y su líder, Salvini, han pasado de ser el elemento más visible en la dirección del gobierno italiano a la posición de líder de la oposición expulsado del ejecutivo y sin que su fuerza electoral pueda modificarse. También es interesante comprobar el giro del M5S respecto a la posibilidad de gobernar con el PD, una cuestión que ambas fuerzas políticas habían rechazado hace tan solo un año, y la importancia que sin duda deberá tener en el inmediato futuro para el nuevo gobierno, las estrategias de intermediación social que garantice su permanencia, frente a la tradicional teorización de la “desintermediación” de los exgrillinos como forma de concebir la política. En este sentido, la insistencia reiterada y cada vez más impaciente de los sindicatos UGT y CCOO en un gobierno de progreso entre PSOE y UP no debe ser ignorada por ninguna de ambas formaciones políticas, con independencia de la distinta responsabilidad que tienen cada una de ellas en conseguir los consensos a los que se refiere el artículo 99 de nuestra Constitución. Por último, la propia capacidad de las diferentes formaciones políticas para compartir un programa común pero también áreas de gobierno. Una posibilidad que trasciende la buena o mala relación entre fuerzas políticas, que saben en un momento dado, superar sus desconfianzas para concentrarse en un programa de actuación y en un reparto de responsabilidades en orden a la acción de gobierno. En una práctica tan rígida como la española del gobierno monocolor, muy ligada al bipartidismo y a una cierta patrimonialización de la administración y de la dirección de los cuerpos de funcionarios del Estado, que se consideran que deben ser preservados frente a irrupciones “externas” al juego de sustitución bipartidista, la experiencia italiana del mestizaje político y de la flexibilidad en los acuerdos es especialmente notable, y sería muy conveniente que pudiera importarse a nuestro sistema político.

LA EDAD DE LA INDECENCIA. LA CAPTURA DE LA POLÍTICA POR LA CODICIA CORPORATIVA.

Acaba Agosto y los noticiarios se afanan por dar inicio a un comienzo del curso político que en España está marcado por la reválida en septiembre de la investidura del presidente de gobierno o por el contrario la convocatoria de nuevas elecciones al no conseguirse los consensos en torno a la misma. Pero entre las noticias de estos días ha aparecido una que no ha sido resaltada, el fallecimiento de un millonario americano, Koch, del que se nos hace saber que era un prohombre conservador que tuvo gran influencia en la consolidación del pensamiento derechista en los USA. En realidad era un personaje más siniestro. Esa noticia me ha llegado precisamente mientras terminaba de leer el muy interesante libro de Bernie Sanders que lleva por título Nuestra revolución. Un futuro en el que creer, que se ha publicado en castellano en el 2018 por Lola Books, con un prólogo de Pablo Iglesias, y traducción del inglés de Carlos García Hernández.

El libro tiene dos partes bien marcadas, en la primera se narra de forma detallada el por qué y el cómo el senador por Vermont Bernie Sanders decide presentarse como candidato a la Presidencia de los Estados Unidos a finales de mayo del 2015, y el largo recorrido de las elecciones primarias a través de una lucha muy sostenida con la candidata del establishment del Partido Demócrata, Hillary Clinton, hasta el resultado final de su derrota en la Convención Nacional Demócrata donde obtuvo el 46% de los votos de los compromisarios en la misma. Es seguramente un relato bien trabado que consigue conectar directamente al lector con el ritmo frenético de encuentros, mítines, entrevistas y discursos que se describen con viveza, como una especie de diario de viaje. La segunda parte del libro se dedica a exponer el programa con arreglo al cual se debería articular una propuesta de gobierno alternativo en Estados Unidos, y tiene un doble valor, el de describir de forma muy minuciosa los principales problemas que aquejan a la sociedad norteamericana y el de suministrar un cuadro de referencia para una plataforma política y cultural de cambio social con mucha mayor vigencia actualmente ante el triunfo de Trump y su gobierno autoritario y fuertemente agresivo. La inminencia de los procesos electorales presidenciales en Estados Unidos plantea la cuestión de en qué medida este programa puede consolidarse como alternativa real al ser asumido en su mayoría por el Partido Demócrata en el entendimiento de que solo una radicalización de su proyecto de gobierno podría ser capaz de confrontar con el diseño autoritario y ultracapitalista de Trump y el Partido Republicano. Algo que con toda seguridad el establishment del Partido Demócrata no aceptará fácilmente.

Pero la coincidencia entre la noticia de la muerte de Koch y la lectura del libro de Sanders reposa justamente en que éste coloca como el primer elemento de su programa “la derrota de la oligarquía” que domina el gobierno, la economía y los medios de comunicación norteamericanos, que hace que los dueños de las grandes corporaciones en aquel país inviertan miles de millones de dólares no sólo en la defensa de sus intereses corporativos sino en la propia compra de los diputados y senadores y, naturalmente, en la propia selección del Presidente de los Estados Unidos. Entre la oligarquía a la que alude el libro, ocupa un lugar principal Koch, al que se le dedican varias páginas del libro. Los hermanos Koch son la segunda familia más rica de América con industrias fundamentalmente basadas en energías fósiles, y durante el primer mandato de Obama lograron reunir un pool de 18 multimillonarios norteamericanos para oponerse a las iniciativas de reforma del presidente y deslizar el país hacia la extrema derecha. Su primer gran éxito fue precisamente el conseguir que el Tribunal Supremo en el caso Citizen United permitiera que las corporaciones y los particulares efectuaran donaciones directas a los candidatos de su elección, pero su eje de pensamiento pasa por la reivindicación de una reducción generalizada de todos los impuestos, especialmente sobre las personas físicas y sociedades, eliminando cualquier sanción sobre su impago, con la tendencia hacia su eliminación completa (¡!). Están a favor de acabar con la Agencia del Medioambiente, porque son propietarios de una gran empresa de energía, y enuncian otras ideas en la misma dirección cuando se muestran a favor de abolir los programas Medicare y Medicaid de Obama, se oponen al sistema “fraudulento, arruinado y opresivo” de Seguridad Social, que debe ser sustituido por un plan de seguros privados, quieren anular el salario mínimo y condenan la escuela pública como un espacio de adoctrinamiento, de manera que debe cesar cualquier financiación pública de escuelas y universidades, solicitan la privatización de las autopistas y se oponen a cualquier proyecto de ayuda pública de asistencia social o de ayuda a los pobres y la exclusión social. 

Lo tremendo de este programa es que estos multimillonarios son quienes ayudan a financiar al Partido Republicano y en gran medida están en la base del programa de la presidencia actual. Se trata de una clase social envalentonada desde su absoluta opulencia que les hace desplegar una insolencia indecente en el desprecio a la mayoría de la población y de sus vidas, conectando directamente su codicia con el sufrimiento de la gente. No se trata sólo de un programa que se limite a los Estados Unidos, aun siendo ya importante puesto que se trata de la potencia que dirige la economía y la política global de forma unilateral y cada vez más grosera y autoritariamente, sino que se propone como un vector fundamental del pensamiento político que debe ser adoptado por la mayoría de las naciones desarrolladas. Es decir, que la indecencia de este programa que solemos llamar de ultraderecha es la línea política que se quiere imponer a las distintas fuerzas políticas que se encuentran instaladas en los países democráticos, desplazando el debate, la formación del pensamiento y la comunicación hacia la extrema derecha y el fascismo social. Un empuje transversal que se hace sentir sobre las fuerzas conservadoras en general, pero también se manifiesta en la creación de nuevas formas políticas de tonalidades reaccionarias, xenófobas y autoritarias como las que estamos conociendo en Europa, desde Orban , Le Pen o Salvini hasta Vox entre nosotros.

Sanders resume en una frase su propósito: “sacar al gran capital de la política”, y se fija en el tema de la financiación de las campañas electorales pero también en el propio procedimiento electoral, de manera que éste sea lo más participativo posible y refleje de la mejor manera las voluntades de quienes votan. Una reivindicación indispensable en Estados Unidos, donde el sistema electoral es complicado y está pensado para segregar y racializar el voto, de manera que la abstención electoral es impresionante y afecta a las clases más desfavorecidas, que piensan que la política no tiene que ver con su vida ordinaria y que en ningún caso puede cambiarla. Pero volver a situar el tema de la medición concreta de la voluntad del pueblo expresada en las elecciones en el centro de las preocupaciones del cambio social supone cuestionar la capacidad del sistema electoral de reflejar fielmente las mayorías pero también las minorías en un proceso de representación política, y ello es algo que debería volver a recuperar el pensamiento progresista en nuestro país, aunque por el momento lo haya descuidado.

Sanders resume los problemas a los que se enfrenta EEUU en la coexistencia de varios factores: una economía fraudulenta, un sistema de financiación electoral corrupto, un sistema de justicia penal fallido, la extraordinaria amenaza del cambio climático inatendida y la oposición frontal a acabar con la pobreza y a construir una amplia clase trabajadora que pueda vivir con seguridad económica y social en torno a un sistema de derechos individuales y colectivos, impidiendo una reforma migratoria imprescindible y la protección a los más vulnerables. Es un programa de gobierno reformista que en el contexto del neoliberalismo norteamericano suena a socialista. Pero es en definitiva la posibilidad de reformar desde la democracia un sistema económico que degrada las personas al considerarlas exclusivamente como mercancías de bajo coste.

No es un rasgo simplemente norteamericano. Estamos en la edad de la indecencia. Y no es privativa de estos multimillonarios, sino de las figuras que emergen como representantes políticos que obtienen representación suficiente de las mayorías en las elecciones democráticas. La trazabilidad de esta indecencia se encuentra en una variedad de discursos que se escuchan en Europa desde hace un tiempo. Muy recientemente, se ha podido instalar en el de la presidenta de la Comunidad de Madrid y en general el que sostienen sin apenas gradación Ciudadanos, Partido Popular y Vox, en un programa común, tiene mucho que ver con las ideas que, incluso casi textualmente, mantiene este discurso del capitalismo más agresivo. La captura del debate ideológico por este tipo de exigencias destructivas de cualquier idea de comunidad y que buscan ampliar de manera exponencial la desigualdad económica y social entre quienes no se consideran ya ciudadanos sino artículos de comercio en un mercado sin fin, es muy preocupante, pero es una realidad en la que estamos ya inmersos. Reaccionar contra esta deriva es imprescindible. Hoy sin embargo tenemos la posibilidad de impedir que estos planteamientos, que han ido cobrando cuerpo a través de la legislación de la crisis, sean contenidos y revertidos. Dar una oportunidad a quienes defienden la desigualdad y la opulencia sobre la vida y la inseguridad vital de las personas sería una gravísima irresponsabilidad política que confiemos en que no llegue a producirse. Estaremos atentos a lo que pueda suceder en los próximos días.

LA PROPUESTA LABORAL DE UNIDAS PODEMOS EXPLICADA POR JOAQUIN PÉREZ REY Y ANTONIO BAYLOS

Dentro del proyecto que debe sostener un gobierno de izquierdas y de progreso en nuestro país, el tema de la regulación de las relaciones laborales es fundamental. Son conocidas las vicisitudes que rodean las conversaciones – o mejor aún, la sorprendente carencia de las mismas – entre el gobierno socialista y Unidas Podemos, que se han sustanciado hasta el momento en el envío de un documento-propuesta por parte de esta fuerza política con la intención de abrir un proceso de negociación sobre el programa de acción conjunto y la formación de un gobierno de coalición. Mientras que se conoce la reacción que al gobierno le ha merecido esta propuesta, es muy posible que la ciudadanía informada no haya tenido ocasión de saber en detalle cual es el contenido de este documento sobre el concreto tema de la reforma de las relaciones laborales, que sin embargo reviste, como se verá a continuación, un evidente interés. Por eso ambos firmantes de esta nota, Joaquín Pérez Rey y Antonio Baylos, procedemos a extractar sus contenidos más relevantes aun en la idea que se trata de una propuesta flexible y abierta a posteriores desarrollos. (En la foto, los dos autores de esta nota junto con un muy querido compañero, Manolo Lago, en una foto tomada en los días del invierno del 2018 en Madrid)

Lo que se ha trasladado al PSOE por parte de UP es un intento de síntesis de las propuestas laborales en las que ambos partidos vienen trabajando desde hace meses que tiene como base el acuerdo que se alcanzó con motivo de los presupuestos en noviembre de 2018 y tiene en cuenta, como no podía ser menos, las posturas sindicales al respecto que, conviene no olvidar, fueron acordadas en el marco del diálogo social con el gobierno presidido por quien debe obtener el 23 de septiembre la investidura en esta nueva legislatura. Es por consiguiente un documento de transacción que debe servir para encontrar fácilmente un punto de acuerdo sobre la base de la regulación de aspectos sobre los que ya ha habido una cierta convergencia en los últimos meses. No se comprendería por tanto que el gobierno manifestara reticencias a estos elementos ya avanzados con anterioridad.

Un primer tema se refiere a la normalización de nuestra relación con las normas internacionales en materia de derechos sociales. Ratificar el convenio 189 de la OIT, así como la Carta Social Europea revisada y su protocolo de reclamaciones colectivas no supone otra cosa que solventar una anomalía. El compromiso con los derechos humanos, y dentro de ellos con los derechos sociales en particular, exige asumir sin reservas la denominada constitución social de Europa, así como traer a nuestro ordenamiento lo que la norma internacional prescribe, en una materia tan sensible, como el trabajo doméstico. Son compromisos internacionales que España tiene necesariamente que asumir y que debería por tanto haberse efectuado hace ya tiempo.

En cuanto a la propuesta de cambio en la regulación de las relaciones laborales, el documento replica la estrategia de doble velocidad que surgió del acuerdo presupuestario en el sentido de distinguir entre el largo/medio plazo que cubre los cuatro años de legislatura y el corto plazo de las medidas urgentes e inmediatas.

En el largo plazo se pretende propiciar un cambio de envergadura en el ordenamiento laboral, especialmente en su norma más señera, el estatuto de los trabajadores, que lo actualice a una realidad que dista mucho de ser la que lo concibió en 1980 por mucho que haya sido objeto de innumerables reformas que han hecho de él una norma carente de coherencia interna. Junto a ello el texto que comentamos une, también en el largo plazo, otras propuestas bien interesantes que demuestran que no es un texto basado precisamente en el conocimiento superficial de la realidad del trabajo. Merece la pena destacar la invitación a elaborar «una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras al estilo de la experiencia sindical italiana que actualice el catálogo de derechos a las exigencias de la digitalización».

Pero sería gravemente irresponsable confiar a esta remodelación general y a largo plazo la solución a los problemas laborales que nos acucian y que no son pequeños. Con la palabra «precariedad» podríamos resumirlos casi todos pues estamos inmerso en un mercado de trabajo de lazos débiles que no ofrecen seguridad alguna y que da lugar a condiciones de trabajo bajísimas. Fenómenos como la huida de la laboralidad (trabajo en plataformas, becas, cooperativas…), la temporalidad acuciante, el TTP no deseado y con un fuerte impacto de género, la subcontratación y su manto de condiciones laborales miserables, la propia fugacidad de la contratación indefinida incapaz ya de ofrecer resistencia frente a la pérdida del puesto de trabajo, la dificultad de conciliación y un lamentable largo etcétera acreditan -exigen más bien- la necesidad de una intervención urgente. Una intervención que debe hacerse desde la ley porque la negociación colectiva tal y como sobrevivió a la reforma de 2012 es un actor debilitado que necesita ella misma ser remodelada para recuperar la soberanía perdida en el gobierno de las relaciones laborales. La norma estatal debe iniciar la recuperación de derechos colectivos y apostar por la calidad del trabajo como elementos básicos e impostergables de la acción legislativa.

Empezando precisamente por la negociación colectiva el documento define y clarifica cuáles son  los aspectos más lesivos de la reforma laboral y, haciéndose eco de las posturas sindicales al respecto, indica la eliminación total de la prioridad del convenio de empresa; la supresión del mecanismo de inaplicación del convenio no basado en el acuerdo con la representación legal de los trabajadores y la recuperación incondicional de la ultraactividad indefinida. Devolver a la autonomía colectiva sus poderes para gobernar el mercado de trabajo precario es una precondición que el documento hace propia y que supone un espacio de confluencia entre las fuerzas políticas progresistas, las organizaciones sindicales y debería serlo de un buen número de empresarios hastiados del falseamiento de la competencia al que conduce el convenio de empresa a la baja.

El aseguramiento de las fronteras del Derecho del trabajo es otra de las propuestas acertadas del documento. Aunque son ya muchos los fallos jurisprudenciales sobre las categorías más disputadas de la laboralidad en el marco de la economía digital, es conveniente establecer una regla general en la ley que resuelva los problemas de calificación que vienen ofreciendo prestaciones de servicios como las que se enmarcan en las plataformas digitales o las cooperativas. No se trata de alterar la definición tradicional del contrato de trabajo, pero sí de reforzar su ámbito a través de una técnica tradicional de nuestro ordenamiento y que el ET  en la reforma de 1994 desdibujó de manera severa: la presunción de laboralidad. Se trata de extraer una calificación provisional de algunas notas aisladas y no de la prueba plena de los elementos configuradores de la relación laboral.

Las medidas dirigidas a combatir la temporalidad incorporan mecanismos disuasorios suficientes para acabar con la impunidad que se produce en esta materia y a la que no parece que quepa responder solo con el control de la inspección de trabajo. Lo hacen además huyendo de la lógica demagógica del contrato único y reconociendo que en ocasiones las necesidades temporales de las empresas deben ser atendidas y facilitadas. Sin olvidar, por cierto, la delicada situación de los interinos de las administraciones públicas abandonados a suerte tras el errático devenir del TJUE. Y algo parecido cabe advertir del TTP del que no se predica otra medida que evitar su uso abusivo, algo perfectamente razonable.

La subcontratación, como no podía ser de otro modo, ocupa un espacio importante en el texto lanzado por UP. De ella se pide una «reforma integral» dirigida a garantizar la igualdad entre los trabajadores subcontratados y los de la empresa principal y una redefinición del escenario susceptible de tercerización. También aquí hay mucho espacio recorrido y no se puede dejar de mencionar que la conclusión precipitada de la anterior legislatura fue la que, casi en el tiempo de descuento, evitó una reforma del art. 42 ET que estaba bastante avanzada y contaba con un amplísimo apoyo parlamentario e incluso había sido objeto de acuerdo con las organizaciones sindicales en el marco del diálogo social.

A medio camino entre la subcontratación y la temporalidad el documento de UP pide desvincular el contrato de obra y servicio de las contratas y concesiones, otra medida imprescindible para reponer la causalidad de un contrato que, como cualquier observador atento de la jurisprudencia laboral sabe, no hace más que propiciar dilemas interpretativos que son muestra del agotamiento de una formula responsable de dar lugar una doble escala de derechos laborales en la subcontratación.

Hay un no dicho en todo el debate sobre el cambio en las relaciones laborales y es la renuncia a modificar el régimen de despido que impuso la reforma del 2012en el corto plazo. Posiblemente se trata de una decisión que tiene que ver con las instrucciones derivadas de la gobernanza europea y una suerte de transacción frente al empresariado y a las grandes corporaciones financieras del país, que siguen emprendiendo una fuerte restructuración de sus plantillas.  Hay sin embargo un aspecto importante en el sistema actual del despido que facilita la ruptura caprichosa de las relaciones de trabajo, impulsando el derecho de opción del empleador a la rescisión del contrato al no preverse en este caso el pago de los salarios de tramitación, por lo que la propuesta de UP incluye la recuperación de éstos. Y, relacionando la lucha contra la precariedad y el sistema de extinción de los contratos, procede a la muy interesante resurrección del despido nulo por fraude de ley. Una fórmula esta última que más allá de cómo se articule técnicamente es indudable que pretende satisfacer una asignatura pendiente del desarrollo constitucional: el derecho al trabajo.

Merece la pena destacar que las medidas propuestas huyen de la tendencia a monetizar los derechos laborales y se concentran en el mantenimiento del puesto de trabajo. Se persigue la recuperación del poder adquisitivo que se pretende propiciar esencialmente por la vía salarial poniendo fin al incumplimiento reiteradamente denunciado por el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la insuficiencia del salario mínimo que no alcance el 60% del salario medio del país y revirtiendo los efectos devaluadores de la reforma del PP. Así se apuesta por seguir aumentando progresivamente el SMI hasta alcanzar los 1200 euros al final de la legislatura y propiciar incrementos salariales por encima de la inflación con el objetivo final de que el peso de las rentas salariales sobre el PIB vuelva al nivel previo a la crisis y a la recesión subsiguiente.

El salario remunera el valor del trabajo y se establece un principio de igualdad salarial por razón de género. Pero prosigue la brecha salarial y la igualdad de género no se ha realizado en las relaciones de trabajo. En este apartado el documento es contundente y original, permitiendo entrever que hay un exhaustivo estudio social y político que lo sostiene. Con acierto se afirma que no es posible reconducir la conciliación o la corresponsabilidad a un exclusivo problema de permisos (iguales e intransferibles), sino que se precisa de una completa e integral revisión de los tiempos de trabajo y descanso, propugnando a la vez la reducción de la jornada y el tiempo de trabajo compartido.

No acaban aquí las medidas laborales propuestas, a ellas hay que sumar algunas otras de enorme interés como la actualización de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la revisión del desastroso discurso del emprendimiento en el ámbito de la política de empleo o la reconducción de las becas al ámbito formativo que tiene lugar dentro del contrato de trabajo mediante sus modalidades formativas.

La propuesta laboral de UP se corresponde por tanto con un programa largamente reivindicado por el sindicalismo confederal y que es plenamente funcional al cambio democrático que es urgente llevar a cabo en la regulación de las relaciones laborales en nuestro país. Es desolador que en el 2019 nuestro país siga teniendo el marco institucional de degradación de derechos que fue impuesto de manera excepcional y violenta en las reformas del 2010-2012, bajo la presión de una crisis de endeudamiento estatal y la presión del conglomerado político y financiero europeo que marcó las reformas estructurales en nuestro país a cambio de la ayuda financiera para el rescate bancario. La propuesta analizada rehúye de forma evidente temas que puedan hacer encallar las negociaciones, mantiene una mirada abierta hacia las aportaciones que sin duda ofrecerá el diálogo social y se centra en eliminar parcialmente de nuestro ordenamiento laboral las adherencias más nítidamente neoliberales, las posturas dogmáticas más recalcitrantes procedentes de una reforma, la de 2012, que concibió la regulación del trabajo como un instrumento al servicio de la empresa. Y lo hace asumiendo las posturas sindicales lo que garantiza una buena acogida del documento entre los interlocutores sociales, sin dar a la patronal excesivos motivos para le queja, pero a la vez sin otorgarle un derecho veto sobre la remodelación normativa del trabajo. Sin duda se podrán discutir algunos extremos o remodelarlos, pero en la propuesta de UP hay un programa laboral netamente socialdemócrata que parte, a nuestro juicio, de un acertado diagnóstico de los males que aquejan al mundo de las relaciones laborales en nuestro país.

La densidad de este programa laboral tiene una correspondencia institucional en el documento respecto del reparto de posiciones políticas en un futuro gobierno de coalición, que como hemos visto sigue siendo, de manera inexplicable, el único elemento sobre el que parece que quepa discutir entre el PSOE y su “socio preferente”. La propuesta en su vertiente institucional por el contrario, es un planteamiento razonable, que además se presenta como objeto de negociación y de transacción política. Sólo resta esperar que este diálogo se efectúe en el momento y en el espacio de decisión adecuado y que reconstruya la centralidad del trabajo con derechos como uno de los ejes fundamentales del cambio político que debe producirse en el gobierno de la Nación a partir de la votación del 23 de septiembre. No hay motivos para que sea de otra forma.

CRISIS DEL ESTADO SOCIAL, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DERECHO DEL TRABAJO

La revista Jueces para la Democracia. Información y Debate ha sido un referente fundamental en la construcción de un pensamiento jurídico crítico y alternativo, una suerte de versión española de la mítica revista Kritische Justiz en los años 70 de la RFA. En gran medida esta revista es la obra personal de Perfecto Andrés Ibañez, que fue si director durante treinta años durante los cuales la fue construyendo como instrumento y espacio de reflexión colectiva, de maduración democrática y de batallas civiles en el marco del Estado Social de Derecho, ligado a un proyecto de asociacionismo judicial progresista, Jueces para la Democracia, heredera de Justicia Democrática, la organización de la magistratura que se posicionó, con riesgo evidente para las trayectorias profesionales de sus miembros, contra la dictadura franquista en el seno de un aparato judicial en su mayoría identificado con el autoritarismo del Régimen.

Hoy la revista está dirigida por Ramón Sáez, que continúa con la tradición de reflexión crítica instalada en los valores del constitucionalismo progresista, del pensamiento republicano y de la radicalización democrática que tiene que formar el acervo cultural de una magistratura comprometida con la constitución social y democrática. El punto de vista interno de la Constitución – ha escrito Luigi Ferrajoli, uno de los autores habituales de la Revista, hablando del modelo de juez a propósito de la figura de Salvatore Senese – se funde con el punto de vista externo de los sujetos lesionados en sus derechos y en sus demandas de garantía, y esa es la imagen de la judicatura que encarna el papel garantista de la jurisdicción a la que sirve el proyecto cultural y teórico de Jueces para la Democracia. Información y Debate.

El número 95 de esta revista, de julio de 2019, dedica una parte de la misma a tratar un tema monográfico, que se denomina Crisis del Estado social, Estabilidad presupuestaria y Derecho del Trabajo. Es decir, propone una reflexión sobre el desarrollo del modelo neoautoritario de derecho del trabajo y la desposesión constitucional en materia de derechos sociales que ha traído la “estación de las reformas” urgidas por la crisis financiera y de la deuda pública en el período 2010-2013 en nuestro país.

El tema está estructurado en cinco aproximaciones que llevan a cabo otros tantos reconocidos especialistas en la materia. En una primera, que enmarca el desarrollo de las demás, se interviene sobre la irrupción de la crisis y su efecto demoledor sobre el Derecho del Trabajo en España. Es un ejercicio de rememoranza que conduce más que a la crítica a la estupefacción ante la consolidación de un verdadero proceso destituyente a través del cual se puso en práctica una operación de recomposición política clásicamente neoliberal y autoritaria frente a la cual los principales instrumentos y mecanismos democráticos de garantía no funcionaron y permitieron la implantación de un marco normativo degradatorio de derechos fundamentales básicos. Ante todo se modificó el marco constitucional, que resultó plenamente afectado sin que el Tribunal Constitucional, al contrario de lo que sucedió en sistemas jurídicos análogos al nuestro, como el portugués o el italiano, reaccionara en la defensa de un sistema de derechos laborales y sociales bien radicado normativamente. Al contrario, la jurisprudencia constitucional reformuló el sistema de garantías de los derechos laborales a la medida de una constitución económica que exigía nada menos que el sacrificio del derecho al trabajo y del derecho a la negociación colectiva, imponiendo en materia social un principio de estabilidad presupuestaria que justificaría no solo el recorte del gasto social – educativo, sanitario, etc – sino que propiciaría el factor de sostenibilidad y el índice específico de revalorización de las pensiones desvinculado del IPC. Un marco normativo que contra lo que podría pensar cualquier ciudadano que confiara en la democracia como sistema de gobierno y que creyera en las promesas de los dirigentes políticos y económicos durante la crisis, no desapareció o se modificó al salir de la crisis y comenzarla tan cacareada recuperación económica, sino que se mantuvo y se defendió hasta el presente como un punto de partida imprescindible de la regulación de las relaciones laborales y de las políticas sociales en nuestro país.

Este es el contexto de los textos que presenta el numero 95 de la Revista, que por eso se abre, en la intervención de Antonio Baylos con una referencia a la obra de John Osborne, Mirando hacia atrás con ira, como un leit motiv de su artículo en el que se plantea considerar como un elemento inaplazable en el debate político de un posible gobierno de izquierda la reversibilidad de las reformas laborales de la crisis. La coyuntura política actual debe promover con urgencia medidas de corrección parcial de un modelo laboral fruto de las reformas cuya sustitución por un nuevo marco normativo es ineludible e insoslayable, porque carece de validez y de legitimidad política y social. Eso quiere decir que hay que diseñar un proyecto de regulación global de las relaciones de trabajo que incorpore elementos nuevos y actuales propios que parte de una perspectiva radicalmente democratizadora de la economía y de la empresa y que profundice en el horizonte de la democracia social, sin perjuicio de que previamente a ello se introduzcan las medidas más urgentes que permitan desactivar algunos de los efectos más nocivos de las reformas 2010-2013 y que ya fueron acordadas – pero nunca llevadas a cabo – por los sindicatos y el gobierno en diciembre de 2018. Un texto que se continúa en la descripción crítica de la incidencia específica de la reforma sobre la negociación colectiva y el poder sindical que efectúa Amparo Merino, que, además de explicar el núcleo de las reformas en esta materia, prolonga la visión crítica sobre ésta en aplicaciones problemáticas concretas como las empresas multiservicios, los grupos de empresas y las estructuras empresariales de naturaleza transversal, o en las plataformas digitales, para terminar promoviendo una contrarreforma restitutiva de derechos sindicales y colectivos.

El diseño normativo de las reformas 2010-2013 tiene un contrapunto en la recepción de tales disposiciones en la jurisprudencia. El momento interpretativo de la norma resulta de extrema importancia y en una revista como Jueces para la Democracia. Información y Debate es especialmente seguido y atendido, como es natural. En este caso, Carlos H. Preciado examina en un doble registro esta respuesta. La de la jurisprudencia constitucional en su decisión mayoritaria y las correcciones que en el nivel más limitado de la jurisdicción ordinaria consolidó la sala de lo social del Tribunal Supremo en sus primeros tiempos, antes de que fuera de nuevo conformada por el CGPJ con mayorías más sólidamente ancladas en el pensamiento conservador que estancó e incluso en algunos aspectos invirtió una jurisprudencia más garantista para los derechos de los trabajadores.

En lo relativo al Estado Social y su reconfiguración a partir de la crisis y en especial tras la reforma del art 135 CE, las intervenciones de Marco Aparicio explicando la austeridad y el principio de equilibrio presupuestario como dispositivo de desposesión constitucional es especialmente ilustrativo y se complementa perfectamente con el artículo de Joaquín Aparicio que liga la contención del gasto público con la reforma del sistema de pensiones que implica un recorte de las prestaciones de jubilación en el marco además de una política europea presente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, reformas que plantean serios problemas de constitucionalidad y de legitimidad ante la opinión pública, como se ha podido comprobar en las importantes movilizaciones que tuvieron ligar a lo largo del año 2018 respecto dl tema de las pensiones.

Por consiguiente, se trata de un conjunto de estudios y análisis de enorme interés. Especialmente para los agentes sociales que han destacado en la resistencia y en la lucha frente a las reformas laborales, en primer término los sindicatos y algunos movimientos sociales. Los cinco textos mencionados constituirán a buen seguro un material de trabajo que se utilizará en los cursos de formación sindical de los sindicatos de clase como textos valiosos para la reflexión y el análisis de la acción sindical y la regulación jurídica del trabajo. Sería también importante que en el campo del derecho y en especial en el de los estudios académicos, este tipo de intervención pudiera ser difundida como forma de comprensión del sentido material de unas reglas que se presentan públicamente de manera sesgada y deformada en cuanto a su justificación y finalidad o que se reciben acríticamente como proposiciones frente a las cuales solo cabe una exégesis formal prescindiendo de su función normativa real. Como es evidente, es un material que podrá ser utilizado por la magistratura como un instrumento que alimente el análisis de fondo y la elaboración de decisiones y fallos y en lo específico, para ir definiendo una visión global de las relaciones sociales en torno a las cuales se construyen estructuras muy sólidas basadas en la desigualdad, la injusticia y el sufrimiento de la mayoría de la población que el derecho y el aparato normativo  que lo hace efectivo debe intentar desmontar invirtiendo los procesos de sumisión y de postración colectiva de una amplia mayoría social que son incompatibles con una noción activa y realista de la democracia constitucional en la que nos reconocemos.

EL DEBATE DEMOCRÁTICO SOBRE LA REGULACIÓN DEL TRABAJO Y LA FORMACIÓN DE GOBIERNO EN ESPAÑA. HABLA JOAQUIN PÉREZ REY

Es conocido que estamos en una situación política insegura, pendientes e inquietos por la definitiva (o no) investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno el 23 de septiembre, y con un insólito discurrir de la vida política entre un abigarrado y compacto reforzamiento de las derechas en los gobiernos municipales y autonómicos en los que han podido cuajar una mayoría sin importarles programa ni trayectorias sospechosas y conscientes de corrupción, y la imposibilidad no muy bien explicada ni comprensible de acuerdos mínimos entre PSOE y UP y la desidia en alcanzarlos en el seno de la izquierda, pese a que la fórmula para obtener un gobierno estable es conocida y es la única posible a salvo de la decisión suicida para la izquierda (pese a las encuestas que parecen aconsejar al PSOE esta decisión autolesionista que posiblemente dañaría también de forma muy importante la densidad representativa de UP) de volver a convocar nuevas elecciones en noviembre.

En ese contexto de incertidumbre, Joaquín Pérez Rey ha publicado un texto bien comprometido y sugerente en el diario Público sobre la centralidad que debería tener el trabajo en un proyecto de cambio social como el que sin duda debe llevar a cabo el nuevo gobierno y la ignorancia de este tema en la dinámica de las negociaciones emprendidas. El autor ha generosamente cedido a este blog su intervención para que la reproduzcamos como una entrada del mismo, conscientes de que no podremos rivalizar en audiencia con el digital de referencia, pero si al menos hacer llegar esta reflexión crítica bien interesante a la fiel audiencia del blog, que está acostumbrada a paladear productos intelectualmente exigentes y críticos con la realidad de las cosas y la razón pragmática de la política que la conduce a una situación de la que queremos salir a toda costa.

A continuación por tanto el texto señalado, para deleite y alimento del mejor espíritu de quienes lo lean.

El trabajo en la investidura o los límites del debate democrático laboral

Joaquín Pérez Rey @jperezrey

Profesor de Derecho del Trabajo UCLM

Si buscamos en Wikipedia la biografía del fichaje estrella de la patronal española, la exministra Fátima Bánez, nos toparemos con dos grandes hitos. Fue la primera mujer que ocupó la cartera que en su día ejerció Largo Caballero y es la que durante más tiempo la ha desempeñado, mucho más de lo que lo hizo el viejo socialista de la UGT.

O quizá la Wikipedia se equivoque porque la señora Bánez no fue en realidad ministra de trabajo, sino de empleo y por tanto estuvo al frente de un ministerio inédito que comenzó por prescindir del nombre que lo había definido desde su creación en 1920. La ministra no solo borró el trabajo de los membretes y del metacrilato de las fachadas, sino que se esforzó con ahínco en desdibujarlo más allá de los papeles oficiales patrocinando la gran reforma laboral de inspiración neoliberal que además trasladaba la política de empleo hacia el fomento del «emprendimiento». Transformar el trabajo en una mercancía, que es en lo que se empeñaba la reforma, es el camino más rápido para invisibilizarlo y convertir a los parados en «emprendedores fracasados» es una operación ideológica para externalizar la responsabilidad por el desempleo practicando una suerte de autoinculpación.

Dejar de nombrar el trabajo, concibiendo una sociedad de emprendedores que elimine la conciencia de subalternidad y que ponga el énfasis en la responsabilidad individual de cada uno, es un sueño neoliberal que afortunadamente ofrece resistencias y resulta inaccesible a la izquierda por más que esta esté desdibujada. Aceptar este paradigma es tanto como decretar el fin de la historia y por eso el debate de la investidura fallida que tanta frustración produce entre los progresistas de nuestro país podría, sin embargo, tener algo positivo que merece destacarse.

Del trabajo normalmente no se habla y la investidura fue una sonora excepción. Con ella pareció volver al primer plano de la actualidad y por lo que parece el reparto de las responsabilidades políticas, el ministerio de trabajo en concreto, sobre esta materia han tenido un papel decisivo en la falta de acuerdo. Y ello por paradójico que resulte es una buena noticia que confirma lo esperado: la centralidad del trabajo en las preocupaciones sociales, económicas y políticas por más que se haya insistido en diluirlo (disfrazarlo incluso) en la política de empleo como categoría residual de la política económica.

Sacar al trabajo del ostracismo neoliberal es una operación imprescindible para que nuestro mercado de trabajo no continúe por la senda de la precariedad en la que corre el riesgo de autocombustión. Lo reclaman con insistencia los sindicatos de clase y un número elevado de conocedores de las relaciones laborales, sin que falten toques de atención por parte de organismos internacionales. Pero no es un camino de fácil tránsito, el trabajo, sobre todo cuando se trata de corregir tendencias manifiestamente favorables a determinados tipos de empresa -no necesariamente las más eficientes o las menos especulativas- también genera resistencias especialmente visibles en eso que se da en llamar las élites. Provoca hilaridad comprobar, por ejemplo, como la prensa conservadora resucita a los comunistas que se comen a los niños para advertir el peligro que se correría si una diputada de UP, con una enorme experiencia en temas laborales a sus espaldas dicho sea de paso, ocupara el cargo de ministra de Trabajo.

Y he aquí el dilema ¿por qué el trabajo no ha permitido un acuerdo de gobierno que diera luz verde a la investidura de Pedro Sánchez?

En verdad en este terreno hay ya mucho camino recorrido. Si se leen las propuestas consensuadas por PSOE y UP en el acuerdo de presupuestos se observa sin dificultad un programa laboral que se erige sobre dos ejes principales: uno a largo plazo, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, y otro para el mientras tanto, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, sin perjuicio de los ajustes en materia de pensiones y Seguridad Social. No es un consenso aislado porque existen también compromisos con los sindicatos más representativos del Estado que permiten incluso descifrar qué es eso de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y que, de forma muy comedida, se han hecho coincidir con la desnaturalización de la negociación colectiva y la necesidad de volver a equilibrarla recuperando la ultraactividad indefinida de los convenios, eliminando la prioridad no negociada de los convenios de empresa o garantizando de forma más eficaz los derechos de los trabajadores subcontratados. Medidas imprescindibles para acabar con los lamentables abusos que han dado lugar a fenómenos como las kelys y que nadie en su sano juicio podría considerar deseables.

Sin embargo, y sin negar la importancia de algunas de las medidas incorporadas a los decretos de los «viernes sociales» (el subsidio para mayores de 52 años o el registro de jornada por no hablar de las medidas de conciliación), lo cierto es que la pasada legislatura concluyó sin mover una coma de la reforma laboral del PP. Son varias las razones que lo explican, pero no se puede negar que el PSOE ha encontrado fuertes resistencias internas. La predisposición de la Ministra de Trabajo se ha topado reiteradamente con la reticencia de la de Hacienda y la sensación general es que de la consigna «derogar la reforma laboral» se ha pasado al lábil y enrevesado compromiso de «analizar la conveniencia de aprobar modificar» los aspectos más lesivos de dicha reforma. Incluso las apelaciones a un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI parecen haberse convertido en un trampantojo para no abordar el mientras tanto: la insoportable precariedad que nos asola. De las distintas almas que habitan en el PSOE parece imponerse la que comparte los elementos esenciales del discurso laboral neoliberal y por eso, para defenderse de sí mismo, queda muy lejos de suponer una ocurrencia que el ministerio de trabajo recaiga en una fuerza política capaz de representar el sentir que en el terreno laboral comparten seguramente la mayoría de los votantes socialistas. Con ello no se entrega la regulación del trabajo a insensatos comunistas, sino que se sientan las bases para la remodelación imprescindible del mercado de trabajo que, se insiste, cuanta con consensos sindicales y políticos suficientes para resultar identificable sin suponer ni siquiera una amputación completa del modelo laboral que definió el PP en 2012.

Si en verdad el trabajo fue el escollo principal para impedir un acuerdo es muy difícil comprender por qué. Si no hay acuerdo en lo laboral la única razón convincente es que intereses ajenos a los que con sus votos dieron su oportunidad a un gobierno de cambio estén condicionando el debate. Sin duda sería extraño, casi cándido, que esos intereses vinculados al poder económico no pugnaran por mantener el status quo laboral, pero si lo consiguieran no cabe más que concluir con una fatalidad: no hay espacio para un debate democrático alrededor del trabajo, sus designios están marcados de antemano y se sitúan al margen del debate político. Y ello justo en el momento en el que la legión de trabajadores pobres que produce el actual ordenamiento necesita justo lo contrario, la «repolitización» del trabajo, por robarle la expresión a uno de los mejores laboralistas españoles.

NOSTALGIA DE VAZQUEZ MONTALBÁN Y EL IMAGINARIO DEMOCRÁTICO

A veces en las estanterías de la biblioteca un libro llama la atención y hay que extraerlo y leerlo como impulsados por una fuerza interior. Si además como consecuencia de una mudanza, nunca tan reciente como la creíamos, el orden de colocación de los libros es aleatorio a la espera de una clasificación coherente, la selección del volumen que nos llevamos para leer en vacaciones parece arbitraria pero está regida por razones inconscientes que posiblemente se nos escapan. Esto es lo que ha sucedido con el Panfleto desde el planeta de los simios, escrito por Manuel Vázquez Montalbán (MVM)  y publicado en 1995 en la editorial Crítica en su colección Las letras de Drakontos, un animal de vista y oídos agudísimos que dormía con los ojos abiertos, siempre vigilante.

Una selección de lectura que abre paso irremediablemente a la nostalgia. Ante todo de uno mismo y del paso del tiempo, porque una vez hojeado el libro, es posible comprobar que ya fue leído y subrayado en varios renglones. Una forma de resaltar el texto en algunos párrafos que sin embargo hoy habrían sido distintos. Porque lo que llamaba la atención en mayo de 1995 no coincide con lo que en agosto del 2019 puede resultar más relevante para su lector. También se plantea recordar dónde lo leyó por primera vez, en qué viaje o en qué mesa de estudio se abrieron por primera vez sus páginas para fijar con lápiz las ideas que más resaltaban en aquel momento. Nostalgia por tanto de los veinticuatro años transcurridos sin que uno se dé cuenta, como no se dio cuenta que el libro ya había sido leído y subrayado entonces. Pero ante todo nostalgia de MVM, de su prosa irónica y precisa, de su capacidad de entusiasmar capturando el interés de quienes le leíamos, ávidos de reconocer en sus palabras la opinión crítica justa para entender lo que sucedía y poder pensar la realidad descodificando su representación, impidiendo que fuéramos integrados como receptores de información dentro de la jerarquía de valores de los propietarios de los medios de comunicación, fueran éstos privados o públicos. En el Panfleto… lo explica de manera terminante: “Algunos medios son negocios en sí mismos, pero otros no, otros son instrumentos de relaciones públicas de los grupos de presión que están dispuestos a financiarlos a fondo perdido a cambio del efecto benéfico de la alienación del consumidor. Hemos pasado (…) a la máquina mediática del mercado, en la que la ley de la oferta y la demanda establece que los más poderosos acaban por controlarla. Si hacemos un análisis de conjunto de los medios dominantes, se percibe unicidad de motivaciones y finalidades en la transmisión de la jerarquía de valores, aunque aparentemente unos medios se enfrenten a otros por las audiencias estrictamente mediáticas o por las audiencias electorales”. Saber en definitiva qué sentido tienen “las sombras de verdades que les transmiten y si se corresponden con las propias necesidades de los ciudadanos, pasivos o activos”.

MVM habría cumplido ochenta años en este 2019, pero murió muy joven, a los 64 años, de un ataque al corazón en el aeropuerto de Bangkok en octubre del 2003. La muerte nos privó de un intelectual imprescindible que podría aún habernos aportado reflexiones valiosísimas sobre los tiempos de la globalización en el comienzo del milenio, precisamente el título de su última doble novela de su personaje Pepe Carvalho. Novelista genial y articulista prolífico, era también un magnifico escritor de ensayos, sus Manifiestos y sus Panfletos, como éste que se comenta en esta entrada del blog. Imaginar cómo habría acompañado la actualidad política y europea durante la primera década del siglo, incluido el fenómeno referencial por excelencia de la nueva política en el 15-M, es un desiderátum que conduce más a la melancolía que a la nostalgia por su ausencia.

El Panfleto desde el planeta de los simios se publica en 1995, con el cuarto y último gobierno de Felipe González que eligió pactar con Convergencia i Unió en vez de con Izquierda Unida, y que llevó adelante, en una suerte de revancha sobre la capacidad sindical de resistencia y de proyecto, la reforma laboral de 1994 que impuso un paradigma de flexibilización de las relaciones laborales claramente enfrentado a la posición unitaria de CCOO y UGT, que convocaron una huelga general en enero de 1994 que se presentó por todos los medios de comunicación y el propio gobierno como un fracaso en comparación con la gran huelga nacional del 14 de diciembre de seis años antes. La postura antisindical del gobierno González, unido a escándalos de corrupción, con el caso FILESA de financiación ilegal del PSOE y la escapada del Director de la Guardia Civil, Roldán, que tan bien ha narrado el film de Alberto Fernández “El hombre de las mil caras”, el caso de Mario Conde, y el turbio asunto del terrorismo de Estado que volvió a poner al descubierto la reapertura del sumario de los GAL por el juez Baltasar Garzón en febrero de 1995, haría que a comienzos de 1996 Pujol retirara su apoyo al PSOE y se convocaran elecciones generales que dieron la victoria por vez primera al Partido Popular bajo el liderazgo de Aznar, sobre el que por cierto el propio MVM escribiría un libro demoledor, La Aznaridad. Todo un conjunto de hechos que hoy, casi un cuarto de siglo después, nadie recuerda, cautivos de un presente continuo que borra hasta la memoria próxima de los hechos más relevantes.

Este es el contexto en el que se presenta el Panfleto... La imagen de la que parte MVM es la de el mundo actual reducido al planeta de los simios que han sobrevivido a la civilización humana que en nombre de la Razón y las utopías que la consolidaban ha creado más monstruos que ángeles, de manera que se persigue a quienes todavía insisten en estos sueños, instalados en un mundo de personas resignadas, culpabilizadas y sobre todo centradas en una realidad que no permite la quimera del cambio social ni imaginar una transformación democrática. En medio del derrumbe de la URSS y de los países del socialismo real, inaugurado el definitivo unilateralismo norteamericano al compás de las guerras de los Balcanes o la primera guerra del Golfo contra la invasión de Kuwait, el otro elemento internacional de referencia es la operación Manos Limpias en Italia y la emergencia de Berlusconi como nuevo referente del político pragmático y telegénico de la posmodernidad. MVM pasa revista a los sacerdotes de la razón – los  partidos políticos contemporáneos – a los intelectuales, esos “intermediarios sociales dotados de saberes específicos y del don del lenguaje para poderlos transmitir”, con especial atención a los disidentes y críticos, en oposición a las verdades establecidas y su situación actual, el Estado y su reformulación como Gran Hermano capturado por la “teología neoliberal” que edifica una figura universal, la del Gran Consumidor en el marco de las reglas de juego de un mercado global seccionado entre el Norte y el Sur y dentro de cada uno de los países del Norte. Los dos últimos apartados del libro los dedica a Europa o al misterio de la Inmaculada Concepción en la medida en que se trata de una idea construida tras la derrota de los fascismos para garantizar la eternidad de la democracia como sistema de– interrelación entre estados, sociedades y personas, pero que como utopía no tiene otro contenido real que unos acuerdos consensuados sobre una política de mercados, y todo lo demás está por construir -  un tema fundamental, pese a que todavía no se había producido la ampliación al Este ni el despegue de la moneda única -  y a la reconstrucción de la razón democrática, una tarea extraordinariamente complicada ante la desestructuración y decadencia de la izquierda en toda Europa tras la desaparición del socialismo realmente existente.

“La caída del Muro de Berlín empieza a ser una fotografía amarilla y la hora de la verdad ha obligado a los socialistas a mirarse en el espejo real, para ver todas sus caras y el bloqueo de su saber y su capacidad de análisis de la realidad”. La parálisis reformista de la socialdemocracia y su infiltración por los paradigmas fundamentales del capitalismo financiero y global, la asunción plena de los desequilibrios, las crueldades y las injusticias del sistema económico en el centro y en sus amplísimas periferias, hace que la situación sea muy desalentadora. “Además de la  desorientación de perder el Este como punto cardinal y la tozudez de la realidad frente al Final de la Historia decretado por los neoliberales, es la socialdemocracia como organización la que padece un serio deterioro de su cohesión y una operación de acoso y derribo en parte mediática y en parte activada por los centros de poder económico”.  Y eso en 1995, imaginemos lo que podría pensarse hoy tras el huracán neoliberal que trajo la crisis financiera y de la deuda soberana a la Unión Europea tras el crack del 2008, con la participación entusiasta de conservadores, liberales y socialdemócratas en la gobernanza económica de Europa. Una difuminación en su papel de organización de las agencias institucionales y colectivas del cambio social que es cada vez más recortada por un neoliberalismo demasiado tiempo triunfante – ya lleva 40 años de hegemonía cultural y política – que impulsa decididamente modelos autoritarios de gobierno y una ideología de sumisión que incorpora paulatina y crecientemente elementos prestados del fascismo vencido en 1945. Lo resume con su peculiar estilo MVM de forma lapidaria: “Algunos neoliberales cuando consiguen morderse la cola les sabe a neofascista”.

Neofascismo que se presenta como una posibilidad de mercado, “un definitivo producto alienante, hecho a la medida de los sectores sociales emergentes”, respaldado por procedimientos democráticos y a lo sumo subrayado desde los medios de comunicación como respuesta a las alarmas sociales generadas por la inseguridad y la violencia que se presentan como amenaza posible a una existencia sedada y conformista, y que tiene como objetivo integrar a la gran mayoría de la población en los paradigmas de conducta individual y colectiva que señala el capitalismo hegemónico nacional, internacional y globalmente. Un aviso de la conexión entre el neoliberalismo extremo con el neofascismo que lamentablemente parece conformarse cada vez más en los últimos acontecimientos globales desde Trump a Bolsonaro.

Rearme de la izquierda en torno a la reformulación de los imaginarios fundamentales de una cultura que se denominaba progresista por oposición a la cultura reaccionaria, y que no podía ser objeto por tanto de la execrable burla y ataque que hoy la extrema derecha utiliza en sus discursos cada vez más desquiciados y brutales. MVM sigue hablando de los puntos clásicos de referencia, entre ellos y fundamentalmente Norte y Sur, entre los cuales se forma el imaginario de “una nueva humanidad asalariada, precariamente emergente o claramente sumergida, con intereses comunes por encima y por debajo del ecuador que separa el norte del Sur en los barrios, en las ciudades, en los estados-nación, en la aldea global”. Pero también Izquierda y Derecha, que reduce las características de aquella a la lucha contra las tres formas de desigualdad más evidentes, la de clase, la raza y el sexo, en una propensión hacia la igualdad. Todavía no se había producido la sustitución de este esquema por el de “arriba y abajo” en relación con la reivindicación de la categoría de pueblo que sustituyera la de clase y resumiera en aquella todas las desigualdades posibles y la forma de combatirla.

Todo el libro se construye como un alegato contra el cansancio democrático y el no lugar de la izquierda en los procesos de cambio que se pudieran llevar a cabo. Desde la crítica a la razón pragmática como única forma de gobernanza que cuestiona la oposición a la misma como “una prueba de inmadurez democrática” y al intelectual crítico a la altura de un enemigo de la democracia, casi un terrorista o apologeta del mal, el avance ineludible de la verdad única de un sistema que no admite ni siquiera retoques cosméticos y que se empeña en extender la explotación y el sufrimiento a millares de personas en todo el planeta, requiere un rechazo enérgico y reivindicar un imaginario democrático de participación, igualdad y libertad reales y efectivas. “no hay verdades únicas, ni luchas finales, pero aún es posible orientarnos mediante las verdades posibles contra las no verdades evidentes y luchar contra ellas”.

El resultado es muy positivo. Volver a leer y recuperar señales y mensajes que no parecen lejanos, sino que suenan actuales y perentorios en el momento actual. Recuperar del texto leído aspectos que hoy aparecen más provocadores o más sugerentes, como sucede en el Panfleto…con la reflexión que contiene sobre los intelectuales. Y siempre, echar de menos a un escritor tan imprescindible como MVM, su visión irónica y lúcida de una realidad social que debe ser demolida y reconstruida a partir de ese imaginario democrático y social que se refugia en la utopía como proyecto realizable. Una voz hoy distante en el tiempo, a la que sin embargo hay que escuchar atentamente también en los momentos actuales.

NEOFASCISMOS Y EL DERECHO DE TRABAJO DEL ENEMIGO

Se ha publicado en la editorial Siglo XXI antes del verano Neofascismo. La bestia neoliberal, obra colectiva coordinada por Adoración Guamán, Alfons Aragoneses y Sebastián Martín, un libro con nervio, de intervención inmediata y exposición impresionista, con el indudable atractivo de su punto de partida extraordinariamente sugerente en los momentos actuales, una llamada de atención a la opinión pública informada que enlaza neofascismo y neoliberalismo. Se ha definido nuestro tiempo como el propio de una sociedad políticamente democrática y socialmente fascista (Boaventura de Sousa Santos) entendiendo por fascismo social el debilitamiento de los procesos democráticos queda lugar a formas de dominación semejantes a las del primer capitalismo del siglo XIX. En este libro, escrito en su mayoría por jóvenes profesores universitarios de España, Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina, se conecta directamente la aparición de los nuevos fascismos en América (Trump, Bolsonaro) y en Europa (Le Pen, Orban, Salvini) con el neoliberalismo, es decir con la crisis y la recomposición del capitalismo financiero global, las dinámicas de acumulación por desposesión y el incremento del conservadurismo moral, del machismo, la xenofobia y el racismo manipulando el malestar larvado en las sociedades desarrolladas contemporáneas.

Hay varios ejes de lectura del libro, puesto que el problema de fondo planteado es el de entender que la utilización del concepto de neofascismo es políticamente útil como un elemento adicional que cualifica la tendencia del neoliberalismo a desplegarse como autoritarismo político y social manteniendo la formalidad democrática como marco de legitimación de sus políticas. Se trata por tanto de plantearse la “reconstrucción neofascista del neoliberalismo” o de resaltar el carácter transicional de este momento histórico y la indeterminación de sus posibles desenlaces. En ese sentido, hay posiblemente un salto cualitativo en el empleo de la excepcionalidad o emergencia social y económica como instrumento sometido al ejercicio del poder soberano de los mercados, y la utilización de los diferentes tipos de supremacismo – superioridad de género, afectivo sexual en torno a la heterosexualidad, de clase en el sentido de ricos contra pobres, espiritual y religiosa en un proceso de des-secularización y en fin étnico – nacionalista como reacción antiglobalización (Fariñas), que conduce a una reconstrucción del “otro” como enemigo (Aragoneses). En todo caso la capacidad del proyecto neoliberal de alimentarse de la crisis de la democracia social que él mismo supo producir a la vez que manipula el resentimiento de la población contra esta carencia, conduce a formas políticas neofascistas no sólo en la perspectiva anti-inmigrante y anti-feminista, sino a la utilización de técnicas de Lawfare contra los gobiernos progresistas en América Latina (Proner), el uso de los medios de comunicación y de las redes sociales como medio de movilización y de expansión de la posverdad elaborada a instancias del líder, sea Trump, Bolsonaro o Salvini, y la recuperación de fundamentalismos religiosos que proponen un mundo dogmático y retrógrado que se siente amenazado por la globalización cultural (Sierra y Tamayo). En último término, junto a esos discursos y prácticas políticas neofascistas, lo cierto es que el neoliberalismo es una forma muy activa de gobierno que no se somete a los esquemas de racionalización democrática sin que se rige prioritariamente por el poder de la excepcionalidad social y económica y la emergencia política (Ramírez).

La segunda parte del libro se dedica al examen de las diferentes “estrategias de dominación”, y entre ellas destaca “el discurso sobre el trabajo, fundamental en la construcción del enemigo”, como subraya Isaac Rosa en el prólogo al mismo. Adoración Guamán y Joaquín Pérez Rey enhebran un texto muy sugerente – “El derecho del Trabajo del enemigo: aproximaciones histórico-comparadas al discurso laboral neofascista” – que importa del derecho penal una noción según la cual hay una dogmática diferente en la aplicación de la norma penal y de sus garantías para los ciudadanos “ordinarios” y para aquellos que se consideran enemigos de la democracia (en su origen los terroristas o quienes hacen apología del terrorismo) a los que se niega la posibilidad de la presunción de inocencia o el principio de legalidad de las penas, determinando finalmente un espacio de represión localizado en determinados sujetos sin que en él rijan las reglas democráticas de la inocencia o la culpabilidad penal.

¿Cuál puede ser en el contexto del Derecho del Trabajo, la construcción del “enemigo” y cómo se regula ese antagonismo fuera de las reglas transaccionales del intercambio contractual que fundamenta este sistema jurídico? Los autores oponen un modelo originario, el derecho capitalista del trabajo - en la estela del análisis del libro de Jeammaud  de 1980 – que se define por regular el trabajo sobre la base del reconocimiento de derechos individuales y colectivos y también prestacionales por parte de un aparato estatal que confluye en la construcción de una ciudadanía cualificada por la pertenencia a la clase trabajadora, frente a otro modelo posterior, que denominan Derecho neoliberal del trabajo que se corresponde con una fase de autoritarismo de mercado que tiene su origen en el desmantelamiento del poder estatal en la gestión y provisión de las políticas sociales, en la eliminación de los ejes de protección jurídica del trabajo y en el endeudamiento salvaje de los Estados-Nación, junto a la incidencia muy negativa de un derecho corporativo global – la Lex Mercatoria – que diseña un “soberano supraestatal difuso” capaz de imponer su voluntad mediante mecanismos jurídicos y políticos creados a su medida que subordinan a unos Estados-nación “permeables y sometidos, capturados o cómplices”. La subsunción de la política en la lógica de la acumulación o la pérdida de autonomía de este campo de acción lleva a la despolitización de los espacios socio-económicos y el consiguiente desarme de los derechos individuales y sobre todo colectivos en la relación laboral. Ello permite hablar de un “Derecho del Trabajo del enemigo” concebido como una fase superior del Derecho Neoliberal del Trabajo, en donde el enemigo es en definitiva el trabajo como clase, la subjetividad consciente y activa del trabajo que cobra cuerpo en los derechos colectivos y en las instituciones que canalizan el conflicto en la producción. En esta fase, la reducción del valor del trabajo, “de la vida del sujeto-trabajo” se hace patente a partir de la precarización de las condiciones laborales, la eliminación de la estabilidad en el empleo y la contención o disminución salarial, estrategias de acumulación por desposesión que también se proyectan sobre la reforma del sistema de pensiones y, a nivel global, sobre la presencia de amplias situaciones de esclavitud moderna.

A través del análisis de algunos casos como el italiano, el del Brasil tras el golpe institucional que depuso a la presidenta Dilma Roussef, o del discurso de las extremas derechas en Francia y en España, Guamán y Pérez Rey sintetizan su propuesta interpretativa fusionando neofascismo y neoliberalismo en un doble sentido: un derecho del trabajo excluyente de quienes no son nacionales, los extranjeros, a quienes se responsabiliza de la pérdida generalizada de derechos para todos, y un ordenamiento sometido a una dinámica que sólo concibe las relaciones laborales bajo el sometimiento al supremo interés de empresa, de modo que el sistema jurídico laboral se erige en “un instrumento que dificulta o impide todo intento de resistencia colectiva o individual”.

Es evidente la fuerza argumentativa y la carga crítica que lleva consigo esta propuesta. Compartiendo sus preocupaciones, es posible sin embargo plantear algunas cuestiones que suscita la lectura del texto. Posiblemente la identificación entre neofascismo y los modelos de derecho del trabajo descritos debería ser más detallada, porque los mecanismos de disciplinamiento y sometimiento de la clase obrera organizada que caracterizaron a los nazi fascismos en Europa no parecen ser los que se corresponden con la fase definida como derecho del trabajo del enemigo, donde más bien se discute sobre la impotencia del marco constitucional democrático para constituir un límite válido y eficaz a la imposición autoritaria de la libertad de empresa y de su capacidad regulativa unilateral más allá de la lógica contractual colectiva e individual que fundamenta el Derecho del Trabajo. La construcción del enemigo implica por consiguiente la ruptura de esa base bilateral y voluntaria que legitima el poder privado del empresario a la vez que éste reconoce un principio de interlocución con el sujeto colectivo que representa al trabajo, la sustitución de este elemento por una consideración unitaria de la regulación jurídica diseñada en torno a la organización empresarial que  implica la incorporación de los individuos que prestan su actividad sin la mediación colectiva y voluntaria.

Es importante resaltar en el derecho capitalista del trabajo, la ambivalencia de esa regulación en el sentido de que no sólo refleja la necesaria legitimación de la libre empresa capitalista y su poder organizativo basado en la subordinación de las personas que trabajan, y el correspondiente desarme, también coactivamente, de la conflictividad social abierta. Si los avances del constitucionalismo social europeo “en ningún momento” supusieron un potencial emancipador para la clase trabajadora y los derechos sociales se vincularon a una situación socioeconómica determinada que asegurara a toda costa el mantenimiento de la tasa de ganancia del capital, esta sobredeterminación continua del Derecho del Trabajo hace que las variaciones de los contenidos y las funciones del mismo se produzcan casi exclusivamente en razón de las nuevas exigencias del capital, lo que impide apreciar la causa por la que el capitalismo permitió, precisamente tras la derrota de los nazifascismos tras la guerra, que se construyera paulatinamente un marco jurídico más potente con derechos colectivos e individuales que situaban al trabajo en el centro de la política democrática.

La difuminación de la ambivalencia del Derecho del Trabajo lleva a no destacar con la atención necesaria los episodios de resistencia al dominio en la producción, las estrategias de los sujetos, del “trabajo como clase”. En este sentido, por ejemplo, el ciclo de luchas obreras en Europa entre 1968 y 1973 y el inicio de la reacción ideológica y política sobre la base de un disciplinamiento de nuevo tipo que tiene su inicio en la crisis del petróleo de 1975, es un momento histórico que posiblemente debe ser revalorizado como una etapa de ensayos emancipatorios sobre la base de llevar la democracia al espacio de la empresa y a disputar con el poder privado del empleador la organización del trabajo y de la producción. Una estrategia de resistencia ofensiva que pese a no realizarse, en esos debates y experiencias se podría quizá encontrar claves útiles para proyectos alternativos de regulación de las relaciones laborales, un complemento imprescindible de la denuncia de la degeneración democrática que trae consigo y promueve la más reciente fase del neoliberalismo teñido de tácticas y pautas de conducta que ponen al día y desarrollan discursos y prácticas heredadas del fascismo como excepcionalidad política que impulsa la lógica de la acumulación capitalista y que inserta la dinámica del odio y del antagonismo contra las subjetividades colectivas que organizan la capacidad de resistencia y de acción de la clase.