sábado, 31 de marzo de 2012

LA HOSTILIDAD ANTISINDICAL DE LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA.



Todos los medios de comunicación al servicio del poder económico entonan hoy la misma melopea: fracaso de la huelga. Se trata de un ejercicio de afirmación consciente de una falsedad, que cualquiera puede comprobar tanto por los efectos de la huelga como por la impresionante participacion en las manifestaciones.

Más de diez millones de trabajadoras y trabajadoras han participado en la huelga o han desarrollado acciones de protesta en el día de ayer, y las manifestaciones subsiguientes han reunido a cientos de miles de personas en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, y han sabido convocar a decenas de miles en 111 localidades del Estado español. Eso no ha impedido a El Mundo, La Razón, La Gaceta y ABC para coordinar sus portadas en la negación de la huelga y de su efecgividad, en considerar irrelevante el clamor de los ciudadanos en las calles.

Los mismos medios de comunicación que hablan de fracaso sindical del 29M han celebrado la victoria del PP en Andalucía el domingo 25M. Diría un castizo que le encantaría que siempre ganara así el PP y que los sindicatos fracasaran de ese modo todas las veces que convocaran una acción generalizada de protesta.

El problema es sin embargo grave, y tiene que ver con la consciente vulneración del derecho a la información veraz que tenemos los ciudadanos españoles y que no sólo puede verse reconocido frente a los medios de titularidad pública, sino que es preciso ejercerlo frente a los poderes económicos privados que manipulan y alteran la realidad desde una supuesta inmunidad derivada de su peculiar visión ideológica. Además esa falsificación consciente de lo que ha sucedido se viene acompañando de campañas de difamación de los dirigentes sindicales utilziando también aquí la mentira y la falsedad, y, en especial, de insultos cada día más agresivos respecto de quienes se dedican a representar a los trabajadores.

Lo dice el digital "El Plural": La derecha mediática proclama este 30-M el “fracaso” de la huelga general y aprovecha para cargar en una peligrosa diatriba antidemocrática contra los sindicatos, a los que se muestra como pancistas, matones, violentos y defensores de sus propios intereses sin importarles el paro. Toda la prensa conservadora coincide en su esfuerzo por hacer creer que el seguimiento fue menor que en 2010 contra la reforma laboral de Zapatero, después de que hasta la propia patronal admitiera ayer que fue superior".

No es por tanto de extrañar que el huelguista pase a ser progresivamente considerado como un ser antisocial, que rompe la convivencia ciudadana, y que impide con su acto de participación en la huelga, eld esarrollo económico y el bienestar de los españoles. Hay mucho franquismo en estas orientaciones reiteradas en la gran mayoría de los periódicos de ámbito nacional y en las radios y cadenas privadas de televisión, lo que explica asimismo el tratamiento policial que se quiere dar a la huelga como única forma de acercamiento a quienes ejercen el derecho.

 
Joaquín Aparicio, en la última entrada en su blog, insiste en este tema

Días antes de la impresionante huelga general y las movilizaciones de ayer, el Ministro de Economía (ex Lehman Brothers) dijo que en el siglo XXI la huelga no tenía sentido. Desde luego es poco original. Eso mismo lleva diciendo desde siempre la oligarquía. Hay una gran inconsecuencia en esa afirmación porque tanto se teme a la huelga como cómo para utilizar la represión. En el pasado y en actualidad. Si fuera inocua no se utilizarían tantos medios para satanizarla. Volvemos a los viejos tiempos: hacer huelga no es gozar de un derecho fundamental, sino un asunto de orden público. Por eso el Gobierno ha vuelto a residenciar en el Ministerio del Interior el tratamiento de la huelga y ha vuelto a poner al servicio de los empresarios las fuerzas de policía (pagadas con los recursos de todos) para proteger sus intereses. El estado de agitación de los policías en las calles recordaba el pasado franquista. La Ministra de Trabajo (perdón de Empleo) dijo hace poco que la reforma contralaboral se había hecho también porque la legislación de los convenios colectivos que había en España era de los años 40 (¡¡). En aquel tiempo la legislación del régimen del genocida Franco no reconocía a los trabajadores el derecho de negociación colectiva y por si acaso se les ocurría intentarlo regulaba muy bien la huelga: en el código penal como un delito de sedición. Parece que para la Ministra el periodo constitucional es un paréntesis de amnesia. Emergen los orígenes autoritarios que están en la esencia del PP. Pero cuando se recurre a la violencia, tanto por parte de los empresarios con las amenazas de represalias para quienes hagan huelga, como por el poder público, es que ha fallado la legitimación por argumentos razonados.

Los sindicatos, tras la durísima campaña mediática con intención de desprestigiarlos que no va a cesar, han demostrado con hechos su vinculación profunda con los trabajadores y con amplias capas sociales. Nadie en España tiene la fuerza de movilizar para la acción a tanta gente en todos los lugares del territorio. (Sigue en El gobierno del PP deslegitimado por la huelga, en el blog Desde mi cátedra).

Es un tema para seguir dándole vueltas, porque expresa uno de los grandes problemas que afectan a la sociedad española y en particular a su vitalidad democrática. El tema de la información y la libre difusión de ideas es desde luego un elemento crucial para el sindicato en su esfuerzo por hacer visible su programa de acción y su proyecto de reforma.

Pero es el momento de entrar en las vacaciones de Pascua tan merecidas después de estos dos´agitados últimos meses. Continuará no obstante, como no puede ser menos, la reflexión sobre tantos aspectos que plantea a la política y al derecho el impresionante seguimiento popular a la huelga general.


viernes, 30 de marzo de 2012

LA HUELGA GENERAL HA SIDO UN ÉXITO COMPLETO


Una huelga inmensa, con un importantísima participación de millones de trabajadores y trabajadoras españolas, que ha culminado con 111 manifestaciones en todos los puntos importantes del país. La manifestación de Madrid, ha convocado a cientos de miles de personas. Una lección para tanta gente que pensaba que este proceso´de movilización no podría lograr sus objetivos.

Ahora comienzan las valoraciones de este fenómeno impresionante de rechazo de las "reformas estructurales" que exigían "los mercados" y para las que presionaba la "troika" comunitaria. Una primera aproximación de extraordinario interés se puede seguir en el blog hermano Metiendo Bulla, en su entrada intitulada Huelga general contra el liberalismo. A continuación se añaden algunas glosas marginales.

La reacción de las autoridades de gobierno se sitúan en la negación doble de la huelga.Negación de la huelga como acontecimiento central del día, insistiendo en su "escasa incidencia" o, de manera ambigua, señalando que el seguimiento había sido inferior a la de septiembre de 2010. Pero negación de la huelga como forma de rehusar contundentemente no sólo la reforma laboral sino una política general basada en desmontar el Estado Social y quebrar la resistencia de los sindicatos. La respuesta de los gobernantes ha sido siempre la misma. No cambiará nada. De manera emblemática, la ministra de empleo ha señalado que estaba dispuesta a extenuarse en la negociación, pero para no modificar ninguno de los aspectos centrales de la Reforma. Es decir exhausta para negociar que no se puede llegar a acuerdo. Sin embargo, la negación de la realidad no basta para conjurar su presencia. El rechazo abrumador del trabajo mediante la huelga y la presencia corpulenta de miles de ciudadanas y ciudadanos, de todas las edades y condiciones, en las calles de 111 ciudades españolas, es una referencia definitiva en la interrelación que se irá dando entre los sujetos sindicales y los poderes públicos sobre la (re)regulación de las relaciones de trabajo en nuestro país. Lo han advertido además los secetarios generales de UGT y CCOO. Si no se abre un proceso de intercambio de propuestas con el resultado de modificaciones sustanciales de la norma laboral, la conflictividad irá en ascenso y se seguirá extendiendo cualitativa y cuantitativamente.

El problema es Europa, desde luego, pero también esa referencia funciona en doble dirección. El miércoles én Madrid, un acto sindical europeo ha puesto de relieve que existe un propósito común de resistencia en un amplio número de países de la Unión, que están convergiendo de manera pragmática las luchas y las movilziaciones sindicales en torno a un proyecto de regulación de las relaciones laborales que se opone frontalmente a las medidas gubernamentales que buscan el sometimiento pleno de las voluntades de los trabajadores al poder empresarial defindo de manera unilateral y autosuficiente. Y las elecciones políticas en algunos países clave, como Francia o Alemania, pueden permitir la alteración  del mapa de la representación política en Europa. En cualquier caso, la pérdida de legitimación social que arrostra este gobierno en tan sólo cuatro meses es inmensa, y todo indica que se agrandará después de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

La huelga del 29M ha sido además conceptuada como un acto ´que podria alterar el orden público. Nunca en la historia de la democracia se había visto por las calles más despliegue policial, a pie, en coche y a caballo. Han cortado calles céntricas para evitar el paso de los piquetes informativos y permitir la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, es decir, para proteger grandes almacenes u otros enclaves del poder económico aunque para ello sea necesario restringir los derechos de los ciudadanos a extender la huelga, a moverse libremente y a manifestar su protesta.

La contabilidad de la huelga se ha residenciado en el Minsiterio del Interior, y esta localización es toda una declaración de intenciones sobre el tratamiento que el gobierno piensa que se debe dar a la huelga, como un problema de orden público. En alguna ocasión, la presencia policial ha sido muy agresiva. Coscubiela ha tuiteado que nunca les había visto tan nerviosos y agresivos a los policías destacados. En Albacete, cuando los miembros de los piquetes han sabido que se iba a celebrar un pleno del ayuntamiento para aprobar recortes y despedir a una serie de contratados laborales, se han dirigido al Ayuntamiento y finalmente han podido interrumpir el pleno, aunque la policía ha cargado contra los manifestantes en un evidente exceso de celo que se ha traducido en muchos ciudadanos golpeados. Uno de ellos ha sido Luis Collado, el editor de Bomarzo y conocido jurista, que ha resultado aporreado por una defensa policial cuando pretendía detener la carga de las fuerzas de seguridad. A continuación se puede ver este tema en la fotografía que nos han enviado a Parapanda un espía clandestino.


Naturalmente se ha presentado en la Delegación de Gobierno la consiguiente protesta por la incorrecta actuación policial. Seguiremos desde Parapanda la evolución de este caso. Pero lo relevante es la militarización encubierta del conflicto y la defensa de la libertad económica privada a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.  

La figura del sindicato resulta central en este proceso de movilización ciudadana y obrera de inequívoco fundamento democrático. Se confirma el sindicalismo confederal como un sujeto capaz de establecer alianzas con otros sindicatos. con amplios sectores de trabajadoras y trabajadores, con las fuerzas de la cultura y las asociaciones de vecinos, con autónomos y otros trabajadores y trabajadoras más reducidos. Y por lo mismo arreciará en los próximos días la campaña antisindical llevada a cabo en los medios de comunicación mayoritarios.Nadie sin embargo puede objetar la capacidad inmensa de conducción del proceso de presión a través de las movilizaciones acordadas a partir de enero 2012 por UGT y CCOO. Se les abre ahora una nueva fase de planificación sobre cómo mantener la presión social y lograr la retirada o la modificación de la reforma laboral.

miércoles, 28 de marzo de 2012

ANTES DE QUE COMIENCE EL DÍA DE LA HUELGA GENERAL



Mañana es un día importante en el que millones de trabajadoras y trabajadores van a expresar mediante el ejercicio del derecho de huelga su oposición frontal a la reforma laboral del Partido Popular y a las políticas de recorte de servicios públicos de los gobiernos central y autonómicos gobernados por el mismo partido. Es patente la pérdida acelerada de legitimación social de esta normativa, que se ha puesto de manifiesto de manera clara en las últimas elecciones autonómicas de Andalucía - donde las encuestas daban ganador con mayoría absoluta al candidato del PP - y Asturias. La participación masiva en la acción de rechazo a la reforma laboral y al desmoronamiento del Estado Social es un acto de afirmación democrática fundamental. La reacción brutal de la prensa afecta al poder económico y una gran parte del empresariado español, amenazando y coaccionando a los trabajadores y las trabajadoras, no puede dejarse pasar. Se trata de conductas claramente contrarias al ejercicio del derecho fundamental de huelga. Se ha hecho circular por parte de los gabinetes jurídicos de los sindicatos convocantes instrucciones muy simples. como las que siguen:

El ejercicio del derecho de huelga no puede dar lugar a sanción alguna para los trabajadores, ni a actos de retorsión del empresario sobre el empleo de los trabajadores, que son nulos de pleno derecho. El trabajador y la trabajadora huelguísta goza de la máxima tutela judicial. Por contra, impedir o limitar el ejercicio deld erecho de huelga puede ser sancionado por la autoridad laboral e incluso ser constitutivo de delito. Conocer los casos de coacción que se están dando ayudará a los sindicatos a denunciarlos y a promover el inicio de procedimientos sancionatorios contra las empresas, además de "blindar" en sus consecuencias a los trabajadores que secunden la huelga pese a las amenazas del personal directivo.

LOS PIQUETES INFORMATIVOS SON LÍCITOS y no pueden ser objeto de trabas, multas o sanciones por parte de las autoridades públicas. También es lícita la PRESENCIA DE LOS TRABAJADORES HUELGUISTAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. La actuación de los trabajadores encaminada a la realización de reuniones o asambleas dentro de la propia empresa no atenta contra el derecho de propiedad. Si el empresario pretende en estas condiciones el desalojo incurriría en violación de los derechos de reunión y de huelga.

El tratamiento informativo de la huelga va a estar sometido a manipulación intensa. Por eso, CC.OO. ha iniciado una experiencia muy interesante, que se nutrirá en régimen de autogestion, de las experiencias de los trabajadores y trabajadoras en la huelga. Crea un propio espacio de comunicación y de información en streaming que tiene que ser un punto de referencia importante para todos y todas. La carta en la qe lo presentaba es la siguiente:

Como muy bien sabéis, buena parte del éxito de la movilización laboral y social que consigamos en la Huelga General del 29M se sustenta en la capacidad de comunicación e información que seamos capaces de proyectar ese día en la opinión pública.


Precisamente para contrarrestar la evidente campaña de desinformación y ataque a las organizaciones sindicales, y a la propia Huelga General, que están promoviendo algunos medios de comunicación, CCOO ha decidido poner en marcha una iniciativa pionera en nuestro país.



El día de la Huelga General, 29 de marzo, a través de su página web (http://www.ccoo.es/ ), CCOO pondrá en marcha un Canal Informativo 24 horas que informará de forma ininterrumpida de la evolución de la Huelga General desde todos los puntos de nuestro país. Es un ‘canal de streaming’ para informar sobre el desarrollo de la Huelga General, que  se nutrirá de la información aportada desde todas las terminales del sindicato. Todos podemos colaborar remitiendo ‘tuits’, fotos, vídeos, audios…



Este Canal Informativo está directamente gestionado por CCOO, y a través del mismo daremos a conocer al conjunto de la opinión pública los hechos, noticias, valoraciones y en general toda la información que genere la Huelga General del 29M, para asegurar una información veraz y completa a todos los trabajadores y la ciudadanía.


 
¡Viva la huelga general!

martes, 27 de marzo de 2012

ANALIZANDO LA LEY DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL



Se celebró ayer en Albacete, organizada por la Editorial Bomarzo, con la colaboración de la Facultad de RRLL y RRHH de la UCLM y el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS), instituto universitario de la Universidad, una jornada de estudios sobre la nueva Ley de la Jurisdicción Social.

“Aspectos prácticos de la nueva Ley de la Jurisdicción Social" era el título de la jornada de estudio que reunió a un centenar de personas en el aula magna del edificio Melchor de Macanaz. La sesión, que fue inaugurada por el decano de la Facultad de Humanidades y Recursos Humanos de Albacete, Joaquín Aparicio, tuvo por objetivos el que los participantes pudieran profundizar y formarse en el contenido de la nueva ley reguladora de la jurisdicción social. Esta Ley, promulgada en noviembre de 2011, ha sido fuertemente reformada tan solo tres meses más tarde por el RDL 3/2012, de reforma laboral, lo que hacía especialmente oportuno el análisis colectivo en esta Jornada. A ella además estaban invitados como ponentes un plantel de especialistas de muy alta calificación, empezando por la ex - presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas, los magistrados del Tribunal Supremo Fernando Salinas, Jordi Agustí y Manuel Ramón Alarcón, el Fiscal del Tribunal Supremo y ex – vocal del CGPJ Félix Pantoja, y los catedráticos Carlos Alfonso y Maria Fernanda Fernández.



La Jornada constituyó un momento de intensa reflexión jurídica y política sobre el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva de los tribunales de justicia en materia laboral, y la función de los jueces y magistrados en interpretar la ley desde la vinculación a la Constitución y al conjunto del ordenamiento jurídico. En concreto, el examen de la reforma laboral en su vertiente procesal despertó criticas muy fundadas tanto de la ex presidenta del TC como de los magistrados del TS allí presentes sobre la desconfianza que la norma manifiesta respecto del control judicial, lo que implica una concepción hostil a la garantía de los derechos constitucionales de los trabajadores. El juez no puede concebirse como un mero notario de la voluntad del empresario de rescindir unilateralmente los contratos de trabajo, tiene que comprobar la validez y la suficiencia de las causas de despido y la adecuación de la medida respecto de la situación de la empresa. Al legislador del 2012 le molestan los jueces como garantes de los derechos individuales de los trabajadores, lo que resultó justamente contestado por los asistentes a la Jornada en muy animado debate.



Además se discutieron también de forma muy crítica las incorrecciones técnicas que la reforma laboral había plasmado en especial en el proceso de despido y en la impugnación judicial de los actos rescisorios del empleador. La mala redacción de la norma y las dificultades conceptuales de la misma, planteará problemas especialmente graves en la impugnación de los despidos económicos al no estar bien definida la relación entre la sentencia colectiva, que es meramente declarativa, las pretensiones individuales de los trabajadores afectados y el juego de la caducidad de la acción de despido. También en este punto, se desenvolvió un muy animado debate entre los participantes en la Jornada.



Además de ello, se examinaron las novedades de la Ley no afectadas directamente por el RDL 3/2012, señaladamente lo relativo a la prevención de riesgos laborales y de la siniestralidad laboral, el nuevo proceso monitorio, la regulación de los procesos colectivos, complicada también por la reforma de la negociación colectiva y su confrontación con la estructuración del sistema negocial, y, en fin, tanto la novedosa intervención del Ministerio Fiscal en el recurso de casación para la unificación de doctrina como la importante regulación de la ejecución laboral.



A la Jornada asistieron más de noventa personas, entre ellas fundamentalmente jueces y magistrados – la práctica totalidad de la Sala de los Social del TSJ de CLM – abogados laboralistas y profesores universitarios tanto de la UCLM como de otras universidades. La Editorial Bomarzo, con sede en Albacete, es una de las casas editoras más activas en la temática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el Estado Español, y edita la Revista de Derecho Social, de ámbito nacional, reconocida como revista de alto impacto científico y miembro de la Asociación Internacional de Revistas de Derecho del Trabajo (International Association of Labour Law Journals).

NEOLIBERALISMO Y AUTORITARISMO EN LA “REFORMA” LABORAL. HABLA FERNANDO VALDÉS.



En el impresionante acto del Ateneo del sábado pasado, intervino Fernando Valdés, catedratico de la UCM, señalando los componentes ideológicos básicos del RDL 3/2012, explicando de esta manera la necesidad de manifestar un rechazo rotundo y general a estas propuestas normativas antidemocráticas. En el mismo acto, Luis García Montero se hizo eco del manifiesto que 55 catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo habían firmado contra el texto del decreto - ley, señalando que la mayoría de los juristas académicos del trabajo se habían posicionado así contra el contenido de la norma laboral y de las modificaciones profundas del sistema legal de relaciones laborales. Este es el texto de Fernando Valdés.

El Real Decreto-Ley que aprueba la presente reforma laboral es una pieza más, importante pero no la única, de un proyecto de mayor aliento cuyo objetivo final es producir un cambio en el orden social que se ha ido creando en España, no sin fatigas pero de manera ininterrumpida a lo largo de las tres última décadas y media. En breve, el proyecto reside en sustituir las bases del pacto político y social que alumbró la Constitución por otras diferentes. Dos son, en concreto, las grandes corrientes ideológicas que nutren y alimentan ese cambio y, por tanto y también, aquella mal denominada “reforma”. De un lado, la ideología neoliberal, la que postula la retirada del Estado de la gestión (no de la financiación) de la práctica totalidad de las actividades económicas y sociales, generadoras de beneficios económicos. De otro, la ideología autoritaria, la que, en nombre de la defensa de las libertades (sobre todo de la libertad de empresa), recorta libertades cívicas y derechos fundamentales, esparciendo las aguas de una nueva civilización asentada en valores diferentes - la iniciativa a ultranza, la individualización de los beneficios o el temor social a lo desconocido -, que actúan como disolventes de aquél pacto.


Una y otra ideología se hallan presentes en el articulado de la norma de urgencia. En las reflexiones que siguen intentaré ilustrar esta aseveración, analizando la incidencia de una y otra ideología en las modificaciones operadas en la ordenación de la autonomía colectiva. y de sus instrumentos de expresión.

a) La influencia de la ideología neoliberal

Tradicionalmente, la negociación colectiva y los productos de ellas nacidos han cumplidos dos funciones esenciales; económica la una y política la otra. Centrando la atención en la primera, la negociación colectiva ha venido ejerciendo un doble y combinado papel. Por una parte y del lado de los trabajadores, ha actuando como instrumento principal de ordenación del mercado de trabajo, logrando la mejora de sus condiciones de trabajo y, con ello, el progreso y cohesión sociales. Por otra y del lado de los empresarios, ha contribuido de una manera eficaz y transparente a asegurar una concurrencia leal entre las empresas, desplazando la mejora de la competitividad hacia campos distintos de los laborales, como pueden ser, a título de ejemplo, la formación, la inversión, la innovación o la eficiencia en el servicio.



Algunos de los cambios legislativos adoptados por el RD-Ley 3/2012 pueden arruinar estas funciones de la negociación colectiva, a la que esta norma concibe simple y rudamente como un simple utensilio puesto al servicio de la capacidad del empresario de adaptar su organización productiva no solo a los razonables y verificables requerimientos exigidos por un mercado en constante cambio sino, más genéricamente, al interés de la empresa, apreciado conforme a cánones subjetivos. La prioridad aplicativa concedida, sin limitación de tipo alguno, a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad traslucen y expresan una contundente opción de política de derecho: el convenio colectivo no forma parte de la estructura del sistema democrático de relaciones laborales, no es un cimiento en el desarrollo del Estado social; es, más sencillamente, un mero aparejo de los intereses empresariales y, como tal, sustituible o modificable a su voluntad.


La nueva regulación lanza un inequívoco mensaje de las empresas. A partir de ahora, les transmite y comunica, la competitividad es un objetivo que puede lograrse sin más esfuerzo que el que deriva de la obtención de ventajas laborales. La doble y combinada función reguladora del convenio colectivo, consistente en asegurar a los trabajadores unas condiciones de trabajo dignas así como en procurar controlar y minimizar la competencia desleal entre las empresas puede haber quedado definitivamente desterrada de nuestro sistema de relaciones laborales. En breves palabras, el RD-Ley 2012 ha recuperado esa cruel, devastadora y avejentada práctica del dumping social. Con anterioridad a nuestra pertenencia a la zona euro de la UE, la mejora de la competitividad se lograba mediante simples ajustes monetarios. Ahora, el Gobierno, en la medida en que ya no puede devaluar la moneda nacional, pues ésta no existe bajo esa condición, ha decidido que ese razonable objetivo va a poder alcanzarse a través de la fórmula más primaria y primitiva; de aquella que los países de la UE, al menos mientras la construcción de la Europa social estuvo entre sus prioridades, habían denostado y combatido con fuerza una y otra vez: la rebaja y el deterioro de las condiciones de trabajo de los trabajadores.


b) La influencia de la ideología autoritaria



El capítulo III de la norma de urgencia recientemente dictada se titula “medidas para favorecer la flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo”, terminología ésta próxima a la que rotuló el capítulo II de las normas predecesoras: “medidas para favorecer la flexibilidad interna negociada en las empresas y para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo”.



Una simple comparación entre una y otra rúbrica evidencia la estrecha similitud en la definición, al menos en su mera semántica, del objetivo al que esas medidas pretenden servir, que es uno y el mismo: facilitar la flexibilidad interna. Pero esta sencilla operación de lectura también descubre la relevante diferencia existente en el modo que se percibe como prioritario para la consecución del objetivo confesado. Las reformas que ahora se llevan a cabo en las diferentes instituciones destinadas a facilitar la adaptabilidad de las condiciones de trabajo y de la organización de trabajo a las necesidades cambiantes de las organizaciones productivas no se entienden ya como medidas negociadas. El adjetivo negociado ha sido eliminado del rótulo de esas medidas, que quedan designadas por su nuda denominación. En realidad y bien mirado, es de agradecer al gobierno que ha dictado esta norma de urgencia este rasgo de sinceridad terminológica, que no hace otra cosa que anticipar, desde la misma rotulación, el cauce a través del cual se pretende lograr la implantación de las medidas internas de adaptabilidad y que no es otro que la voluntad unilateral del empresario. El anterior método negocial queda desterrado como instrumento apropiado de adecuación de las condiciones de trabajo a las necesidades del mercado y, en su lugar, a la voluntad unilateral se le conceden poderes muy amplios, las más de las veces instalados, mediante reglas de ingeniería jurídica, al abrigo de todo tipo de control. Desde luego, del control de los trabajadores, ejercido mediante sus representantes; pero también del control de los poderes públicos, sean estos administrativos o judiciales. Por este lado, no resulta exagerado afirmar que el RD-Ley 3/2012 intenta reinstalar en nuestro sistema jurídico la antañona concepción de la empresa como un territorio de exclusiva gestión por el empresario, rescatando del baúl de la memoria, a donde le había colocado la cláusula constitucional del Estado social y democrático de Derecho, la figura del empresario como el “Señor de su casa” (Herr im House), figura ésta ligada a concepciones autoritarias de los sistemas de relaciones laborales.






lunes, 26 de marzo de 2012

TENEMOS QUE IR A LA HUELGA: UN TEXTO DE MARTA SANZ



En el Acto de apoyo a la huelga general de las gentes de la cultura y de la universidad, la escritora Marta Sanz intervino al comienzo leyendo un hermoso texto que se ha publicado en el diario digital Nueva Tribuna. Se trata de una explicación muy clara sobre los motivos para ir a la huelga. Cada día que pasa, ciertamente, se puede ir detectando un incremento progresivo de la participación en esta jornada de lucha. Los resultados electorales de Andalucía y el ascenso de IU, junto con el frenazo a lo que se cantaba como paseo militar del PP, y el retroceso de la derecha en Asturias, son también sintomáticos de la erosión de la legitimación política y social del gobierno. La presión se muestra el único camino para resistir y detener el ataque brutal y agresivo al modelo social vigente. Pero escuchemos a Marta Sanz.

Tenemos que ir a la huelga porque queremos trabajar. Porque estamos cansados de trabajar por nada. Indignamente. Porque el trabajo no es tanto un derecho como una actividad inmanente a la naturaleza humana. Tenemos que ir a la huelga porque nosotros no tributamos en Andorra ni en Mónaco, pagamos la luz, el agua y el gas, no tenemos casa o nos echan de la que teníamos, porque no guardamos nuestros ahorros en un banco de Luxemburgo. Porque queremos seguir llevando al niño al médico del seguro para que le cure las anginas. Porque no nos tratamos en Huston los cánceres. Porque no queremos llevar cíngulos ni tener que hacernos curas –o papisas- para tener un empleo fijo. Porque llevamos a los hijos al colegio público y nos gusta beber una cerveza en la plaza del barrio. No tenemos pistola ni seguridad privada. Porque no queremos ir al fútbol a desfogar la cólera con el contrario ni leer libros para olvidar la mierda que es la vida. Porque no queremos que una sociedad precaria nos haga vivir amores de mala calidad.

Tenemos que ir a la huelga porque no somos nosotros los que hemos provocado la crisis y los que la han provocado especulando, rapiñando, corrompiendo, mintiendo, medrando, ejerciendo una violencia infinita sobre todos nosotros, ésos reciben premios que no son de consolación, incentivos, ventajas. Nosotros no hemos roto ningún plato y ahora no aceptamos un castigo: el retroceso en los logros conquistados por la clase trabajadora durante décadas.

Tenemos que hacer la huelga porque existe otra manera de entender la economía y las relaciones humanas. Porque la economía ha de ser una ciencia humana. Porque deberíamos repensar aquella frase que pronunció Charles Chaplin en Monsieur Verdoux: “La consecuencia lógica de los negocios es el asesinato”. Y porque la crisis nos dio una oportunidad para cambiar de modelo que no hemos sabido aprovechar, porque tropezamos empecinadamente una y otra vez en el mismo pedrusco, y hemos creído en los cantos de sirena de una sociedad intrínsecamente violenta, insostenible y cínica. Tenemos que ir a la huelga por nuestros abuelos, nuestros padres y los hijos de nuestros amigos. Tenemos que ir a la huelga porque cada vez somos menos iguales y menos libres, y porque no es cierto que vayamos todos en el mismo barco y, si lo fuéramos, los que viajan en tercera nunca se salvan del naufragio.



Marta Sanz


domingo, 25 de marzo de 2012

LA HUELGA ES LA RESPUESTA DEMOCRÁTICA ANTE EL ATAQUE AL MODELO SOCIAL



Organizado en el Ateneo de Madrid por la Fundación Largo Caballero de la UGT y 1 de Mayo de CC.OO., se ha celebrado ayer sábado 24 de marzo a partir de las doce de la mañana un acto de gentes de la cultura y de la universidad que apoyaban la convocatoria de la huelga general del 29 de marzo. Conducido por Luis García Montero, a su través se han ido produciendo diversas intervenciones de escritores, profesores universitarios, cantantes, actores y actrices. En el acto se ha dado cuenta del manifiesto de 55 catedráticos sobre la reforma laboral que se publicó en este blog ayer mismo, y han participado en él Fernando Valdés y Antonio Baylos.  A continuación se publica el texto que sirvió de base a la intervención de Baylos en el Ateneo.

Vivimos tiempos sombríos. La llegada al poder del Partido Popular ha ido sacando a la luz los elementos más nocivos para la ciudadanía de las llamadas “políticas de salida” a la crisis que se basan en una hostilidad declarada a lo público y el recorte de prestaciones sociales, de los servicios de salud y de la educación, de una parte, y de la desregulación laboral y la debilitación del poder contractual del sindicato en la regulación de las condiciones de trabajo sustituido por un principio despótico en los lugares de trabajo de otro, alterando de forma importante el modelo democrático de relaciones laborales, tal como hemos destacado en el manifiesto de los 55 catedráticos y catedráticas que hoy aparece en El País.

Pero no es sólo un problema que afecte en exclusiva a sectores de la sociedad española. Estamos habituados a un discurso oficial que se nutre de escisiones continuas entre categorías construidas intencionadamente en confrontación permanente. No se trata de trabajadores cada vez más diferenciados salarialmente, fragmentados en razón de la externalización productiva, segmentados en estables y precarios, sub-empleados y desempleados, declinados frecuentemente en femenino y excluidos no sólo del trabajo y de la inserción social sino del acceso al conocimiento y a la cultura, a las tecnologías de la información y de la comunicación que dan acceso al conocimiento, hombres y mujeres, jóvenes y maduros. A todas y todos se les quiere enfrentar en una concurrencia conflictiva por el trabajo y la renta, y se les presenta de esta manera a una opinión pública a la que se despolitiza y se resignifica como una inmensa masa silenciosa de clientes , consumidores y votantes.

El problema no es por tanto singular, dislocado en los dramas nuevos y viejos del mundo del trabajo. Es un asunto más amplio, que afecta a la esencia de la democracia, a la construcción de un espacio de convivencia basado en la dignidad humana. Está en peligro el modelo de Estado social que se ha ido decantando en un proceso histórico que persigue ampliar los espacios de nivelación social, una sociedad más igualitaria económica, social y culturalmente.

El objetivo de las reformas no es el empleo ni salir de la crisis. El objetivo de las reformas es el modelo social. Con más petulancia que verosimilitud lo ha expresado Mario Draghi, presidente del BCE: “El modelo social europeo está muerto”. Se trata de un verdadero conflicto de clase transnacional propulsado desde “lo alto” – el capital financiero y su antihumanismo universal y sus ejecutores políticos europeos – que se quiere ir materializando en Europa con distintos ritmos y fuerza, diseñado en torno a un esquema idéntico de instrumentación normativa y basado en un consenso social logrado sobre la inevitabilidad, la desesperanza y la invisibilidad de cualquier otra opción alternativa.

Eso es justo lo que combate la huelga general del 29-M. Es una forma de afirmar que las políticas desreguladoras y antisindicales, que los recortes de servicios sociales básicos, ni son inevitables ni son efectivas para salir de la crisis, y que hay otras alternativas perfectamente realizables. En un mundo globalizado en la política y en la economía, la participación democrática de millones de ciudadanos en la huelga del jueves próximo no sólo manifiesta una inmensa capacidad de movilización ciudadana por la defensa de los derechos sociales y laborales dentro de nuestro país, sino que también se coloca fuera de él, en un espacio global que no está secuestrado por el poder económico, sino que tiene que estar abierto a las dinámicas sociales para poder construirse de manera democrática, política y económicamente.

Por todo ello, una gran parte de los juristas del trabajo que tenemos profundas convicciones democráticas y que vivimos con ilusión la llegada de un nuevo siglo en el que se consolidaran los ideales de civilización, igualdad y justicia por los que habíamos luchado a lo largo de toda nuestra existencia, apoyaremos y secundaremos la huelga general del 29 de marzo como la única respuesta posible al ataque emprendido al modelo social.

sábado, 24 de marzo de 2012

POR UN TRABAJO DECENTE Y LAS LIBERTADES COLECTIVAS PLENAS (EL MANIFIESTO DE LOS 55)


Este es el manifiesto de los 55 catedráticos y catedráticas de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social al que se refería la entrada de ayer del blog. Ha aparecido hoy como artículo de opinión en el diario El Pais, y se puede leer en  http://politica.elpais.com/politica/2012/03/23/actualidad/1332530182_382930.html.  La lista de firmantes se puede consultar en la entrada anterior, y corresponde a 27 universidades españolas.


Los abajo firmantes, catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consideramos un deber cívico hacer pública nuestra opinión de expertos sobre la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la cual introduce un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva

La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo a su «empleabilidad”, mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral. Este texto legislativo, en segundo lugar, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los derechos de los trabajadores se acompaña de una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad de empresa. En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales, habiendo sido objeto, ella misma, de una flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad, además de poder generar un no deseable incremento de la conflictividad social, concibe al convenio colectivo como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda por completo desarbolada.

La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y de hacerlo, adicionalmente, al margen de todo control. Desde luego, del sindical; pero también del administrativo e, incluso, del judicial. Como confiesa sin disimulo alguno el preámbulo de la norma, el propósito de la reforma es impedir el juicio de adecuación – con un evidente tono despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”- de los jueces sobre los despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera grosera de los propósitos confesados de lucha contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, la reforma ahonda la precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo de emprendedores”), cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año de duración, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más dispares e inconexos oficios.

Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio de modelo que el RDL 3/2012 induce. Es éste un modelo opuesto al que conforma nuestra Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos de participación a los trabajadores. Este modelo nada tiene que ver ni con la concepción de la empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario como “el señor de su casa”.

Y es que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea ni exigían ni exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además es en una gran parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.


viernes, 23 de marzo de 2012

55 CATEDRÁTICAS Y CATEDRÁTICOS DE DERECHO DEL TRABAJO FIRMAN UN MANIFIESTO CONTRA LA REFORMA LABORAL ESPAÑOLA










En rigurosa primicia, la blogosfera de Parapanda ha conseguido conocer el manifiesto que 55 catedráticos y catedráticos de Derecho del trabajo y de la seguridad Social del Estado español han realizado por considerar un deber ciudadano hacer pública su opinión en tanto que juristas del trabajo, sobre el RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. A su juicio esta norma impone  un cambio drástico y radical en el tratamiento normativo de las relaciones laborales que subvierte directamente el modelo de equilibrio de poderes económicos y sociales en el trabajo que había diseñado el legislador constitucional.

En el manifiesto, tras analizar fundamentalmente la reforma de la negociación colectiva y del despido, los catedráticos y catedráticas entienden que la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente reconocidos en nuestro país y que otras partes contrarían los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical y fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.

El manifiesto coincide con la tramitación parlamentaria del RDL 3/2013, pero también con la convocatoria de huelga general, ante la cual el texto de estos profesores da argumentos adicionales para participar en ella. En síntesis, el texto legal de "urgente necesidad" es una norma “agresiva” que está equivocada en sus planteamientos de salida a la crisis económica, y ante todo es una norma hostil a la democracia social, que contradice el modelo democrático de relaciones laborales que los españoles elegimos en la Constitución de 1978.
Esta es la lista de los 55 firmantes, correspondientes a 27 universidades españolas:

- Alemán Páez, Francisco (UCórdoba)
- Alfonso Mellado, Carlos Luis (UValencia)
- Álvarez de la Rosa, Manuel (ULa Laguna)
- Aparicio Tovar, Joaquín (UCastilla-LaMancha)
- Ballester Pastor, Maria Amparo (UValencia)
- Baylos Grau, Antonio (UCastilla La Mancha)
- Cabeza Pereiro, Jaime (UVigo)
- Camas Roda, Ferrán (UGirona)
- Camps Ruiz, Luis (UValencia)
- Castiñeira Fernández, Jaime (USevilla)
- Correa Carrasco, Manuel (UCarlos III de Madrid)
- Cruz Villalón, Jesús (USevilla)
- Domínguez Fernández, Juan José (ULeon)
- Escudero Rodríguez, Ricardo (UAlcalá de Henares)
- Fernández López, María Fernanda (USevilla)
- Ferrando García, Francisca (UMurcia)
- Garate Castro, Javier (USantiago de Compostela)
- Galiana Moreno, Jesús (UMurcia)
- García Becedas, Gabriel (UAutónoma de Madrid)
- García Ninet, José Ignacio (U de Barcelona)
- Garrido Pérez, Eva (UCádiz)
- González Posada, Elías (UValladolid)
- Goñi Sein, Jose Luis (U Pública Navarra)
- Gorelli Hernández, Juan (UHuelva)
- López Gandía, Juan (UPolitécnica de Valencia)
- López López, Julia (UPompeu Fabra de Barcelona)
- Luján Alcaraz, José (UMurcia)
- Martínez Abascal, Vicente Antonio (URoviraVirgili deTarragona)
- Martínez Barroso, María de los Reyes (ULeón)
- Mella Méndez, Lourdes (USantiago de Compostela)
- Molero Marañón, María Luisa (UReyJuanCarlos de Madrid)
- Molina Navarrete, Cristóbal (UJaén)
- Monereo Pérez, José Luis (UGranada)
- Moreno Vida, María Nieves (UGranada)
- Navarro Nieto, Federico (UCórdoba)
- Nogueira Guastavino, Magda (UAutónoma de Madrid)
- Ojeda Avilés, Antonio (USevilla)
- Olarte Encabo, Sofía (UGranada)
- Palomeque López, Carlos (USalamanca)
- Pardell Vea, Agnes (ULerida)
- Pérez Amorós, Francisco (UAutónoma de Barcelona)
- Pérez del Río, Teresa (UCádiz)
- Puebla Pinilla (de la), Ana (UAutónoma de Madrid)
- Quesada Segura, Rosa (UMálaga)
- Ramírez Martínez, Juan Manuel (UValencia)
- Rodríguez Escanciano, Susana (ULeón)
- Rojas Rivero, Gloria (ULa Laguna)
- Rojo Torrecilla, Eduardo (UAutónoma de Barcelona)
- Tortuero Plaza, José Luis (UComplutense de Madrid)
- Tudela Cambronero, Gregorio (UAutónoma de Madrid)
- Sanguinetti Raimon, Wilfredo (USalamanca)
- Valdeolivas García, Yolanda (UAutónoma de Madrid)
- Valdés Dal-Re, Fernando (UComplutense de Madrid)
- Valdés de la Vega, Berta (UCastilla-LaMancha)
- Vicente Palacio, Maria Arantzazu (UJaume I de Castellón de la Plana)
- Vida Soria, José (UGranada)



jueves, 22 de marzo de 2012

LA REFORMA LABORAL CONTRADICE LA DEMOCRACIA SOCIAL. HABLA JOAQUIN APARICIO



En el diario digital Nueva Tribuna - las posiciones de izquierda se refugian en los periódicos digitales más que en los de papel, mayoritariamente ganados por las fuerzas del privilegio económico y por consguiente por-gubernamentales - Joaquín Aparicio ha publicado un artículo en el que pone de manifiesto que el ataque a los derechos laborales y colectivos que significa el RDL 3/2012 es realmente un ataque a la democracia social garantizada constitucionalmente.A continuación se publica el inicio del mismo (el texto completo en http://www.nuevatribuna.es/opinion/joaquin-aparicio/2012-03-20/una-huelga-necesaria-frente-a-un-reforma-contralaboral-ilegitima/2012032020324700613.html.

Una huelga necesaria frente a un reforma contralaboral ilegítima

Joaquin Aparicio



La modificación de las normas laborales que ha impuesto el Partido Popular es un ataque frontal contra el modo de entender la democracia que emergió en el pacto constituyente de 1978 y que cristalizó en la Constitución. Es ilegítima, tanto por su contenido como por su forma, además de que conculca Convenios de la OIT ratificados por España y es de más que dudosa constitucionalidad en varios aspectos. Atenta contra la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Esta cláusula encierra la idea de que la libertad no es posible sin avanzar en el camino de igualdad. No es retorica hueca, es mera constatación del dato histórico de que la desigualdad, aún reconociéndose la igualdad formal ante la ley, conlleva explotación y sojuzgación a los poderes privados. La finalidad del Derecho del Trabajo es buscar una cierto equilibrio entre la posición social y económicamente desequilibrada del empresario y del trabajador. Para ello la ley imponía límites infranqueables a la voluntad contractual en materias esenciales para evitar sobreexplotación de la persona que trabaja. La Constitución, por su parte, protege la dimensión colectiva del trabajador, al sindicato y reconoce el derecho fundamental de huelga y el de negociación colectiva como instrumentos de defensa de la dignidad de los trabajadores amenazada en la directa relación individual. Como fruto de esa protección la ley reconoce así mismo la eficacia del convenio colectivo. Por último, la tutela judicial efectiva se ofrece a los trabajadores al dotar al juez de lo social de jurisdicción para la solución de las controversias con los empresarios. Todos esos elementos han sido seriamente cercenados.

Con esta reforma contralaboral se le ha dotado al empresario de un extraordinario poder de disposición unilateral sobre elementos esenciales de la relación de trabajo como la determinación y cuantía del salario, aspectos importantes del tiempo de trabajo, la movilidad funcional y geográfica y, en fin, despido. Se ha limitado de modo extraordinario el campo de acción y la eficacia del convenio colectivo, con lo que muchos trabajadores quedarán sin la cobertura de un convenio sometidos al poder unilateral del empresario. Se ha reducido la indemnización por despido y, lo que es más grave, se debilitado la exigencia de una causa justa para despedir. Por último, la formulación legal deja un espacio casi nulo al juez de lo social para decidir a sobre la justificación o no de la decisiones empresariales. Es una contrarreforma que consagra una vuelta al feudalismo empresarial que con el advenimiento de la democracia ya se consideraba pasado. Pues no, en una terrible regresión de nuevo está aquí, como el dinosaurio.



miércoles, 21 de marzo de 2012

LAS CRÓNICAS DE LA CRISIS POR LA REVISTA DIGITAL INSIGHT



Los seguidores del presente blog ya conocen bien la revista digital Insight que dirige Antonio Lettieri y que pretende suministrar materiales y reflexiones críticas sobre los procesos econ´micos y políticos que se viene desarrollando en los países desarrollados. La frecuencia de la revista es mensual y está creando un auténtico almacén de textos y de intervenciones de enorme interés. La Revista  se expresa en italiano, inglés, francés, español y portugués. Tiene tres grandes secciones, la de intervenciones sobre temas de actualidad, (artículos), la de informes mas extensos sobre puntos concretos, que se llama papers, y una ultima sección dedicada fundamentalmente a noticias de otros medios que a los editores les resulta en sintonía con la línea de la revista y que también revalorizan los contenidos almacenados (views). En los últimos meses viene acompañando las evoluciones de la crisis en Europa y las circunvalaciones y turbulencias sociales que generan las políticas adoptadas. El número de marzo de 2012, tiene los siguientes contenidos.
 

Marzo 2012 / En Este Número

Insight  -   www.insightweb.it
 
Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo el análisis de la crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
Los lectores interesados en recibir los próximos boletines de Insight están invitados a registrarse.

Artículos: Mientras Grecia sigue esperando su quiebra solo aplazada tras el nuevo rescate, la eurozona está en recesión con cada vez peores tendencias en orden al crecimiento del desempleo, que es España está en una tasa de paro cercano al 25%.  La política del BCE que ha puesto a disposición de los bancos tres millones de euros ha reducido la crisis del crédito, pero el “pacto fiscal” (fiscal compact) y las “reformas estructurales” impuestas por el eje Berlín – Bruselas, dificulta el crecimiento. Lettieri y Paladini  analizan las contradicciones de las políticas europeas, y Freyssinet  debate sobre la función de los sindicatos en Francia.
Además,  Kuttner y Baker examinan las políticas de Estados Unidos en el año electoral; Colitti se centra en el debate sobre energia nuclear y energías renovables.  

Papers: En este espacio, un ensayo de Mario Nuti reflexiona sobre las secuelas de la crisis global, Antonio Baylos analiza la reforma laboral española, y Joel Maurice examina el “pacto fiscal” europeo desde el punto de vista de Francia.
Views: Una selección de artículos sobre el BCE, la reforma laboral española, Keynes y el Manifiesto de los Socialistas europeos.

Articles
 
  • Antonio Lettieri

  • Ruggero Paladini
  • Dean Baker

  • Jacques Freyssinet

  • Marcello Colitti

  • Tarso Genro

  • Robert Kuttner

  • Antonio Baylos

  • Jesper Jespersen
 - For a European Socialist- Alternative
 - El empresario podrá rebajar los salarios a discreción

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·         Editor  Antonio Lettieri   Co-Editors  Bruno Amoroso,  Antonio  Baylos

Editorial Board  Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis; Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert