Ayer por
la tarde, 30 de diciembre, se dio a conocer el Acuerdo de Gobierno entre el
PSOE y la coalición federal Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común,
un texto que con el título Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para
España, agrupa en once apartados el programa de gobierno de coalición que
está pendiente de conseguir en el Parlamento vía libre a resultas de la
negociación con ERC, como bien se sabe. Todos los periódicos de la prensa
escrita, las cadenas de televisión y las radios, los medios digitales, y en
general la ciudadanía interesada, están comentando sus contenidos y los
detalles más relevantes de estos compromisos. Este blog, que se dedica como
dice su subtítulo, a la “Información, discusión y propuestas sobre las
relaciones de trabajo y la ciudadanía social”, no podía dejar de comentar
también este texto que es además el primer resultado de un compromiso a nivel
nacional entre las dos fuerzas de izquierda de ámbito estatal que
tradicionalmente se hallaban lo suficientemente alejadas como para no encontrar
espacios de entendimiento más allá de determinados temas concretos y de forma
no pacífica por regla general. El documento, que pretende situar a España “como
referente de la protección de los derechos sociales en Europa” incluye los ejes
de actuación que se pretenden llevar a cabo a lo largo de toda la legislatura,
un arco temporal largo que, como se verá, en algunos supuestos tiene una cierta
relevancia en los compromisos alcanzados. En cualquier caso, esta primera
aproximación al Acuerdo se efectuará desde los aspectos que implican una
directa regulación de la materia laboral, dejando por tanto sin tratar otros
muchos aspectos que sin duda pueden condicionar las condiciones de existencia y
la vida democrática de la ciudadanía desigual, marcada por su inserción social
en la clase trabajadora.
La relevancia de lo laboral se
explicita inmediatamente al tratarse del primer apartado del Acuerdo. En él,
tras advertir que se pretende redactar un nuevo texto legal que desarrolle el
art. 35.2 CE a partir de un grupo de trabajo de reconocida valía, se afirma de
manera taxativa “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos
laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Un compromiso muy claro
que sin embargo se desdobla en dos tiempos. En lo inmediato, mediante el
compromiso de legislar sobre lo que sin duda se trata de los elementos más
vistosamente regresivos de la reforma del 2012 (el despido por enfermedad, la
ultra-actividad de los convenios, la prioridad aplicativa del convenio de
empresa sobre los convenios sectoriales) y la reforma de otros tantos (la
subcontratación y la discriminación salarial en los procesos de
externalización, la limitación de las modificaciones sustanciales de
condiciones de trabajo, el procedimiento de descuelgue reducido a la existencia
de motivos económicos severos). Más allá de esta primera intervención de
urgencia, el plan de reformas continua mediante la apertura de un diálogo
social que se proyecta sobre espacios muy importantes: el salario mínimo – con
el compromiso de alcanzar, al final de la legislatura, la cantidad equivalente
al 60% del salario medio, como exige la Carta Social Europea – las modalidades
de contratación – con especial relevancia del principio de causalidad en los contratos
temporales, recuperando el principio de estabilidad, fomentando el contrato
fijo discontinuo, limitando el contrato a tiempo parcial y previendo los
mecanismos inspectores para evitar fraude en la contratación temporal y en los
falsos autónomos – revisar las causas de despido económico y el control de los
despidos colectivos, o las políticas de empleo con una convergente
simplificación del seguro de desempleo.
Esta referencia al diálogo social
es muy importante, y corre en paralelo con la que se efectúa respecto a la
creación de un “nuevo Pacto de Toledo” en materia de Seguridad Social, de
manera que parece que el Acuerdo de Gobierno recupera la concertación con los
sujetos económicos y sociales como un mecanismo importante de legitimación de
su programa de reformas. Esto es un tema que conviene resaltar porque no solo
la reforma laboral sino también la doctrina constitucional han generado un
cambio muy importante en la posición que debe ocupar la negociación colectiva –
y por ende el diálogo social – en la ordenación de las relaciones laborales. En
efecto, para el legislador del 2012, lo acordado por sindicatos y empresarios e
el II AENC no tuvo ninguna virtualidad por apartarse del proyecto político
degradatorio de derechos con la intensidad que el gobierno Rajoy deseaba,
y para el Tribunal Constitucional no ya el diálogo social, sin la entera negociación
colectiva se consideraba un espacio de regulación claramente sometido a la política
económica y social del gobierno, de manera que se trataba de un derecho Lal servicio de la lógica del mercado, de la
libertad de empresa y de las exigencias de la productividad, un derecho
intervenido directamente por el poder público en razón de la dirección de la
política que quería llevar a cabo. El programa de gobierno del PSOE / UP vuelve
a poner el diálogo social en el centro de las relaciones laborales, lo que es
un dato importante.
Pero la inserción de la actuación
de gobierno en un proceso de negociación con los interlocutores sociales no
significa, frente a lo que ha sido una tradición en los últimos tiempos, que éste
quede plenamente condicionado a un acuerdo social. Eso quiere decir que el veto
de la CEOE no puede anular el compromiso político asumido por el Gobierno si
está sostenido por los sindicatos tras un período de negociación tripartita o
bipartita desarrollada en tiempos razonables. Es evidente sin embargo que, al
carecer de mayoría parlamentaria estable, el Gobierno deberá realizar acuerdos
con otras fuerzas políticas para legislar, y que en ese trayecto el acuerdo
social entre sindicatos y empresariado le facilitará su objetivo, pero la
posibilidad de veto de los agentes económicos está descartada.
El Acuerdo contiene a su vez un
importante contenido en el ámbito de las “políticas feministas”, rescatando la Ley
que garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, un proyecto
que había sido tramitado en el Congreso sin llegar a pasar por el Senado, y la
equiparación progresiva, hasta 2021, de
los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles de 16 semanas
retribuidas al 100 por 100, además de la creación en la Inspección de Trabajo,
de una Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, entre otros
compromisos. En cualquier caso, implícitamente en el programa aparece una
relación que debe establecerse a través de lazos orgánicos entre el Ministerio
de Igualdad y el del Trabajo en estas cuestiones.
Otra vertiente importante del
Acuerdo es el relativo al cumplimiento de compromisos internacionales, integrando
plenamente al Estado español en el sistema de derechos sociales garantizados
internacionalmente. Así, se declara la voluntad de ratificar Convenio 190 de la
OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de
21 de junio de 2019, junto con el Convenio número 189, de 2011, de la OIT sobre
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y el Convenio 188 de la OIT, de
2007 sobre la pesca. Y, en el plano europeo, se adelanta el compromiso de
ratificar Carta Social Europea revisada y el Protocolo adicional a la Carta
Social Europea, dos elementos de control muy importantes, como se ha demostrado
en el desarrollo de la legislación de austeridad en los países del sur de
Europa.
Hay sin embargo otras partes del
Acuerdo que son mucho más genéricas y menos comprometidas. Sucede por ejemplo
con lo relativo al empleo público y al personal de enseñanza y universidades, aunque
en estos casos se menciona el problema de las interinidades en la
Administración y la precariedad del PDI y el incremento de becas y contratos
predoctorales, problemas que se sitúan al lado de la necesidad de un pacto de
estado en la Educación y la necesidad de una nueva ley de universidades.
El Acuerdo sobre Seguridad Social
gira en torno a una idea a la que ya se ha aludido, la necesidad de un nuevo
Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema
público de pensiones. Al margen de algunas indicaciones de futuro sobre la
dirección que deben adoptar estas reformas, existe el compromiso de derogar el
Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la
Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, una reivindicación unánime del
colectivo de pensionistas y los sindicatos. Como novedad, se pretende asimismo
ir desarrollando la figura del Ingreso Mínimo Vital para personas sin recursos
siempre en un arco de tiempo largo, a lo que se une a una recuperación del
sistema de atención a la dependencia. Se trata de sostener un sistema de
protección social sobre el que debe girar la recuperación del empleo y la
cotización sobre los salarios, pero también un incremento de la presión fiscal
para las rentas más altas hasta ahora prácticamente indemnes. El aumento de la
proporcionalidad del sistema fiscal va en esta dirección y resulta un objetivo
plenamente funcional al desarrollo de los derechos sociales garantizados por el
Estado social.
Es por tanto un Acuerdo que ha
sido naturalmente bien recibido por la mayoría social que sostiene a las
fuerzas de izquierda, por los sindicatos y en general los movimientos sociales.
Por el contrario, parece que está siendo denigrado y ha causado el escándalo en
los medios de comunicación y en los vociferantes creadores de opinión. Queda
ciertamente tiempo por delante para que el Acuerdo se comience a activar en la
práctica, desde la investidura a la formación de gobierno y a partir de allí, al
lanzamiento de los instrumentos complejos de realización de los compromisos. Pero
se trata de una hoja de ruta lo suficientemente precisa como para poder afirmar
un giro social en la gobernanza de este país, lo que sin duda tendrá una
influencia en la conformación del marco de equilibrios en el seno de la Unión
Europea. Los sujetos sociales comprometidos con las reivindicaciones recogidas
en el Acuerdo de Gobierno deberán estar atentos para sostenerlas y exigir su cumplimiento
frente a los más que seguros intentos de desvirtuarlos por parte de las fuerzas
del privilegio económico y del autoritarismo social.
