LA TELA DE PENÉLOPE

Varios seguidores del blog se han quedado frustrados ante los resultados electorales. El blog hermano Metiendo Bulla hablaba de humillación para quienes esperábamos ampliar el espacio de crítica y de propuesta alternativa y lograr la reversibilidad de las reformas impuestas durante los cuatro años del gobierno PP (2011-2015). En el post anterior se hacía un análisis de la necesidad de este cambio político. En la siguiente entrada se ofrecen algunas modestas reflexiones sobre los resultados del domingo.

Los resultados de las elecciones de 26 de junio han sido decepcionantes. No sólo por la pérdida de votos del centro izquierda y de la izquierda, sino por el fortalecimiento del polo neoliberal en torno al Partido Popular, como la referencia hegemónica de la derecha que asume tanto la herencia del postfranquismo, especialmente visible en torno a la apropiación de los aparatos de Estado, como la modernidad del ajuste antisocial en sintonía con el comando financiero-político europeo.

Cabalgando a lomos de encuestas unánimemente favorables al crecimiento de la izquierda – que se equivocaron también de manera generalizada en los pronósticos – el incremento de 850.000 votos para el PP respecto de las elecciones de diciembre y la obtención de casi ocho millones de votos en total (7.906.185), ha supuesto una enorme decepción para quienes apostaban por la consolidación de una alternativa de cambio político que condujera a un gobierno de izquierdas. Es cierto asimismo que en el 2011, el PP obtuvo 10.830.693 votos, y que por tanto a lo largo de la crisis ha perdido tres millones de votantes, que pueden fácilmente situarse en la cifra - 3.123.769- con los que cuenta Ciudadanos (C’s), al menos en el nicho de sufragios en el que se sitúa actualmente, también él con importantes pérdidas de consensos – en torno a 400.000 votos – pero aun conservando un bien significativo 13 % del total de votos emitidos.

En el otro lado, el partido más afectado por su indeterminación frente a las políticas de crisis ha sido el PSOE. Que ha pasado de los 11.300.000 votos del 2008 tras el primer gobierno de Zapatero, a casi siete millones en el 2011 y, tras la irrupción de Podemos, a 5.530.779 el 20 de diciembre del 2015 y, finalmente, de nuevo estabilizado en junio en 5.424.709, con tan solo 90.000 votos menos que en las primeras elecciones, y con el orgullo de haber resistido y ser la primera preferencia en votos del bloque de centro izquierda e izquierda, con cuatrocientos mil votos de diferencia sobre Unidos Podemos (UP) y pese a su fallido pacto con Ciudadanos para intentar gobernar en minoría en la anterior y brevísima legislatura.

Ambos partidos, que se repartían en turno el gobierno del Estado español con el apoyo puntual de los partidos nacionalistas vascos o catalanes, han reducido sustancialmente el ámbito de consensos electorales, lo que por el momento parece ser un dato incontestable y permanente del panorama político español, que ha modificado por tanto el bipartidismo imperfecto en el que se desenvolvía.

La izquierda, agrupada electoralmente en Unidos Podemos, ha obtenido 5.049.734 votos, el 21,10 % del total, pero ese resultado no se corresponde con la suma que habría debido obtener entre los votantes de Podemos y los de Izquierda Unida que se registraron en diciembre del 2015 y que propició la unión entre ambas fuerzas. Novecientos mil votos largos que debería haber recibido esta opción electoral y que al no anotarse en estas elecciones se percibe como una refutación no esperada de las grandes expectativas de crecimiento de una alternativa de cambio real que pusiera en acto los objetivos impulsados por las grandes movilizaciones de estos últimos años. Sucede sin embargo que no todos los votos no allegados provienen de los territorios donde se presentaron en el 2015 por separado IU y Podemos, sino que en los espacios electorales de las confluencias unitarias – Catalunya (-75.000), Valencia (-20.000) y Galicia (-60.000) – también se han producido pérdidas significativas de votos, especialmente en Galicia, donde la coalición ha perdido uno de los seis escaños obtenidos en la anterior legislatura.

Como es natural, han sido muchos los motivos que se alegan para este fiasco. Posiblemente la repetición de las elecciones alejó en el tiempo y en el contenido una parte del voto emocional, de rechazo al PP y a sus políticas de ajuste y de represión popular, pero también otra parte de aquellos que habían votado a Podemos como forma segura de poder expulsar del gobierno al PP y se han sentido decepcionados por la incapacidad política de esta fuerza para lograr su objetivo y permitir que Rajoy siguiera en funciones. Otros, en parte coincidentes con los anteriores, no han aprobado la alianza electoral y previsiblemente funcional de IU con Podemos, como también otros tantos entienden que la democracia directa de los círculos de Podemos ha sido ignorada en la elaboración de las listas electorales. Finalmente, una no desdeñable porción de electores considera, a la vista de la experiencia de la legislatura pasada, que la política es incapaz de ofrecer solución a sus problemas de existencia y por tanto no merece la pena participar en ese espacio simbólico de la representación. En algunos casos estas disonancias han propiciado la abstención, y en otras el retorno al voto socialista, como previsiblemente puede comprobarse en la comunidad de Madrid, donde además la resistencia a la IU de Garzón es especialmente fuerte tras los combates fratricidas tan dilatados en el tiempo desde hace dos años.

Es cierto asimismo que la continuada agresión mediática y del resto de los principales actores políticos contra UP ha podido ser muy eficaz, especialmente para propiciar la reordenación del voto de la derecha frente a un posible gobierno construido en torno al reconocimiento de UP como primera fuerza electoral de la izquierda. El miedo a un gobierno de progreso – que el PSOE por su parte negaba con continuos ataques a la coalición rojo-verde-morada – dirigido por la izquierda transformadora ha movilizado a muchos votantes para vigorizar al partido que aparece como un antagonista eficiente de este polo político. Por otra parte, la confrontación entre el PSOE y UP no ha favorecido precisamente a esta última, pese a su política de “mano tendida” que por otra parte se contradecía en algunas declaraciones de candidatos de UP especialmente desafortunadas. La pregunta final al respecto es si la confluencia con IU le ha perjudicado a Podemos, y la respuesta a la misma es el objeto del debate en el interior de la coalición UP, que probablemente tenga en cuenta que en la confluencia de ese cúmulo de factores, la unidad electoral ha sido beneficiosa para mantener al menos la misma fuerza parlamentaria que en diciembre del 2015.

Tampoco ha ayudado a la izquierda la vicisitud británica, el referéndum y la decisión de abandonar la Unión Europea. Durante el período electoral ha sido patente el abandono o la omisión por parte de todas las fuerzas políticas de cualquier debate serio sobre Europa y las reformas necesarias de las instituciones y de las políticas europeas, pero también y de forma llamativa por UP. Pero la victoria del leave ha hecho explícito que cualquier alternativa de cambio en un país como España tiene que desarrollar un programa de acción en la Unión tanto frente al diseño hasta el momento hegemónico neoliberal como respecto de la necesidad de encontrar las vías para poner en práctica medidas de democratización de las instituciones de gobierno de la UE. La inteligente relación que el conglomerado mediático ha efectuado entre el referéndum y la victoria de los populistas se trasladaba mecánicamente a cuestionar el derecho a decidir como fórmula de resolver el problema de la estructuración territorial del Estado español y sus negativas consecuencias – el abandono de Gran Bretaña de Europa que sugería el triunfo del soberanismo en una consulta en Catalunya. Además el Brexit cogió con el pie cambiado a los líderes de la coalición de izquierdas que no lo pudieron integrar en un discurso ya elaborado o presentado sobre la Unión Europea a lo largo de la campaña.

Por su parte, en el frente nacionalista, hay una cierta continuidad respecto de las elecciones de diciembre. En Catalunya, donde se han hecho públicas las conversaciones rufianescas del Ministro del Interior que utiliza los aparatos de estado para desprestigiar falsamente y eliminar a sus adversarios políticos, ERC se mantiene fuerte y Convergencia, pese a su crisis, tiene un peso electoral atendible. Pero es En Comú Podem el partido más votado en Catalunya y eso tiene que ver con la percepción de una buena parte del electorado catalán sobre la capacidad de esta fuerza política de organizar consensos en torno al nuevo diseño del Estado y el ineludible derecho a decidir, lo que por cierto plantea importantes problemas de futuro para esta legislatura. En Euskadi, el PNV pierde un escaño, Bildu se mantiene con una discreta presencia, y de nuevo el partido que es preferido en el Pais Vasco es Podemos.

Ahora bien, ¿Cuál es el cuadro actual al que nos enfrentamos, más allá de la desilusión ante las expectativas no cumplidas y dejando de lado los análisis de toda la prensa escrita extasiada ante el triunfo de Rajoy y el bloque de la derecha? Todos dan por supuesto que el PP debe formar gobierno, aunque ninguno parece reparar en que este partido adolece de una fuerte rigidez programática y de dirigencia que le dificulta una negociación abierta. El PP ha aumentado 14 escaños, ciertamente, pero necesita todavía 39 para obtener la mayoría y ser investido. Está prácticamente descartado cualquier acuerdo con los partidos catalanes, y tampoco es previsible que el PNV preste su apoyo. No le será fácil en cualquier caso salvo que acuerde algún tipo de programa de reformas de una parte de sus realizaciones efectuadas en estos cuatro años. Además ese gobierno – para el que sería preciso la abstención del PSOE o/y de los partidos nacionalistas – estaría siempre en una posición de fragilidad ante el Parlamento, donde sólo cuenta con una mayoría sólida en el Senado que puede obstaculizar y retrasar iniciativas del Congreso, pero no impedirlas. A partir de este momento, no resulta posible utilizar el mecanismo de la legislación de urgencia que ha regido los cuatro años de gobierno del PP en la crisis, porque el control parlamentario puede (y debe) ser muy incisivo. Unidos Podemos y el PSOE, tienen 156 diputados, que pueden impulsar proyectos de ley de reforma con buenas posibilidades de éxito confrontándose así a la labor de gobierno del PP en minoría.

Además de una legislatura en la que el parlamento sea un espacio de debate público y de control del gobierno y de su actividad normativa, lo cierto es que la consolidación del PP por otros cuatro años, aunque sea en coalición y sin mayoría parlamentaria es una pésima noticia. Ante todo porque los aparatos de estado, en especial la policía y la magistratura, seguirán bajo el dominio que genera la apropiación partidista de los mismos, junto con el sostenimiento de fortísimos  grupos de presión  corporativos que imponen la impunidad de toda la cúpula del PP inmersa en graves delitos de corrupción – cohecho, prevaricación, enriquecimiento ilícito y toda la gama de conductas criminales que son conocidas por el gran público y que “están descontadas” electoralmente respecto de los votantes del PP –, justifican con entusiasmo la restricción de derechos de libertad y los derechos laborales a la vez que aseguran  la utilización del aparato policial para desacreditar y eliminar a los contendientes políticos, sean ´estos nacionalistas o progresistas. En este ámbito es imprescindible un impulso de regeneración al que el PP no puede sin embargo acceder por puro instinto de supervivencia: el ingreso en prisión de órganos enteros de dirección del partido no es algo que pueda entrar en el acuerdo político de gobierno. El nivel de disfrute de los derechos democráticos básicos volverá a descender peligrosamente.

El segundo tema es el de la irreversibilidad de las reformas “de estructura” que ha llevado a efecto el PP, especialmente en materia laboral, y que ha conducido a una situación de crispación y de desprotección muy evidente. No es previsible que cualquier acuerdo de gobierno con C’s por ejemplo implique un cambio en estas políticas, que son fundamentales para la Unión Europea y sus objetivos de devaluación salarial y anulación del poder contractual colectivo de los sindicatos. Junto a ello, en un segundo nivel, la fuerte tendencia a la privatización y fragmentación desigual en los servicios públicos esenciales como la sanidad y la enseñanza, las reformas de Wert, será confirmada por un nuevo gobierno Rajoy. En ambos casos, pero especialmente en el primero, los sindicatos y las organizaciones sociales se verán obligados a reprogramar la movilización y la protesta, porque la situación de exasperación social en la que nos encontramos y la destrucción del tejido conectivo que se está efectuando y profundizando conduce inexorablemente a la progresiva eliminación de una cultura de solidaridad y la debilitación del proyecto emancipador que está en la base del imperativo democrático y constitucional.

Donde es seguro el recrudecimiento del conflicto es en el terreno de la reconformación de los poderes derivados de la autonomía política de las nacionalidades catalana y vasca. La apropiación obscena por parte del PP de la idea del españolismo – que se pudo apreciar especialmente en el discurso de Rajoy la noche electoral del 26 de junio – hace prever un reverdecimiento de la confrontación a niveles posiblemente irreparables. Es un terreno de lucha incómodo para las izquierdas de otros territorios, pero donde será necesario un esfuerzo importante de debate y de encuentro ideológico en el marco de una futura España federal.

El otro polo de conflicto será Europa, en donde se están produciendo movimientos telúricos y enormes turbulencias. El plan neoliberal que ha caracterizado desde hace seis años las políticas europeas ha generado desigualdad y privilegios de una parte, un impresionante sentimiento de desafección que ha deslegitimado de manera posiblemente permanente la idea de la Unión Europea y de la que sin duda se ha hecho eco la decisión mayoritaria de los británicos, y un florecer de desconfianzas y de tratos degradantes a las personas más vulnerables, los refugiados en primer término, pero también otro tipo de personas para las que la noción de ciudadanía europea está plenamente vaciada de contenido. La democratización de Europa impone esfuerzos especiales de coordinación internacional y de acciones conjuntas que no pueden esperar. La lucha contra  el TTIP  puede ser un buen indicador de los caminos que deben seguirse a ese respecto.

Se abre un tiempo difícil, por tanto. Pero los luchadores sociales, los sindicalistas, los juristas progresistas, los economistas y sociólogos alternativos, los dirigentes políticos del cambio, mujeres y hombres de las clases subalternas con conciencia y cultura democrática y en general las personas que pretenden cambiar las cosas para que la vida de la mayoría se mejore y para eliminar el sufrimiento y la miseria de tantas otras gentes, saben que la conectividad social y la acción política se hacen y de deshacen ante acontecimientos nuevos que alimentan estos procesos de transformación. La representación simbólica que presenta hoy el cuadro político electoral español no es el deseado ni esperado, pero implica la consolidación de un amplio espacio de crítica y de propuesta alternativa que permite alimentar un conflicto permanente y una larga trayectoria de erosión del poder económico privado que comanda la administración y el gobierno del Estado. Desde el punto de vista europeo, Unidos Podemos es una referencia política ineludible y esperanzadora, y la reafirmación de los vínculos de esta formación con los sindicatos y los movimientos sociales en el interior del Estado español, pero también en el espacio europeo, nutrirá un proyecto de amplio respiro encaminado a la emancipación de mujeres y hombres acorde con las exigencias sociales y culturales del siglo XXI. Tejiendo de nuevo lo que se ha desligado, en un proyecto colectivo que está convencido de su realización progresiva.

VOTAR EL DOMINGO

El domingo 26 de junio están convocadas elecciones generales, una especie de segunda vuelta de las que se realizaron en diciembre del 2015 y que certificaron el cambio del panorama político español y la alteración de sus constantes de bipartidismo imperfecto. La mayor novedad es la densidad electoral de los planteamientos políticos de rechazo de las políticas de austeridad y de la degeneración democrática que hemos padecido en estos últimos cuatro años. Para intentar su desarrollo y consolidación, se están manejando toda una serie de tópicos de variado género, siendo posiblemente los más eficaces los que hacen referencia a la inexperiencia e incapacidad para gobernar de las fuerzas emergentes del cambio político o, más en concreto, el efecto negativo que para el país supondría que pudieran gobernar ante la desconfianza que levantarían en los sectores financieros y económicos y en los órganos de dirección europeos.

Es decir, que el último esfuerzo para reducir la influencia medida en términos electorales de Unidos Podemos y las confluencias en Catalunya, Galicia y Valencia se centra en resaltar la incertidumbre y la inseguridad sobre lo que se puede realmente cambiar y sobre la idoneidad de los sujetos que propugnan ese cambio. Lo que enlaza con una convicción arraigada aunque no siempre explicitada de que las clases subalternas no pueden modificar su destino, diseñado y ejecutado siempre por quienes ostentan el poder económico y el dominio político. Es evidente que se trata de un pensamiento muy arraigado en amplios sectores de población que piensan que la única forma de sobrevivir a la desgracia y a la degradación de sus condiciones de existencia es la de agazaparse en su situación personal y familiar y esperar que vengan tiempos mejores, a lo que se une una profunda desconfianza respecto de la política como espacio de debate y de decisión efectiva sobre las relaciones sociales. Pero no es esa la actitud que se requiere en estos tiempos de crisis. La reivindicación de la política como espacio de lucha y de convicción democrática se ha ido realizando en los ayuntamientos democráticos formados por las candidaturas ciudadanas hace un año. Es el momento de plasmarla también en el ámbito del Estado.

Es conveniente por eso mirar hacia atrás, a los cuatro años de la última legislatura del PP, para comprender que es crucial reaccionar contra este estado de cosas. En el tema que resulta central para la consideración política de la salud democrática de un país, la regulación del trabajo, las consecuencias han sido pésimas. A la destrucción acelerada de empleo de los primeros años de este cuatrienio ha seguido una estabilización del desempleo en niveles superiores al 20 %, y el empleo que se crea a partir de la tan publicitada “recuperación económica” es en su mayoría precario, inestable, temporal y de baja calidad salarial. Ha aumentado y se ha generalizado el incumplimiento de la normativa laboral y se ha reducido la tasa de cobertura de los convenios colectivos. La brecha de género se ha incrementado en igual medida que la tardanza en incorporarse los jóvenes al empleo, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar el país. Y la exclusión social se ha disparado, con la presencia por vez primera en nuestro país del fenómeno de los trabajadores pobres. El trabajo sólo se considera en lo que tiene de coste económico y el incremento del poder unilateral del empresario en los lugares de trabajo se ha fortalecido de manera imponente. Además de ello, se ha pretendido desarticular las resistencias colectivas y sindicales a este estado de cosas, incrementándose la represión no sólo de la huelga – mediante la incriminación de los piquetes– sino de los derechos de reunión y manifestación, con la Ley de Seguridad Ciudadana. El sindicalismo es presentado como una figura hostil al crecimiento económico sin valorar su posición fundamental en la tutela colectiva de los derechos derivados del trabajo.

En el marco institucional del Estado y de los poderes públicos, no hay lugar al que se mire que no esté en peligro o seriamente dañado. Ante todo el poder judicial, cuya apropiación partidaria por el PP en sus vértices y en la orientación de sus decisiones han consagrado en la práctica un estado de excepción que justifica la vulneración del ejercicio de derechos sociales y democráticos por los poderes públicos y privados y han formado un núcleo de dirección efectiva de los procesos de formación de los órganos judiciales regido por la sumisión al mismo y la impunidad de las acciones gubernamentales. En un plano inmediatamente inferior, la corrupción forma parte de la actuación cotidiana de muchas administraciones públicas y señaladamente del Partido Popular. La utilización del aparato público con fines claramente sesgados, las amenazas a los jueces demócratas, la insensibilidad ante los derechos ciudadanos, forman parte de la práctica diaria de nuestras autoridades de gobierno. Y la libertad de información ha sido reducida merced a un entramado de medios de comunicación empotrados en el poder económico especialmente manipuladores y desinformadores y una televisión pública confundida con un medio de exaltación gubernamental.

El marco de estructuración del Estado español debe necesariamente transformarse, y también en este aspecto la actuación del gobierno ha sido fuertemente negativa, en especial respecto del contencioso con Catalunya. La organización de un referéndum de autonomía es seguramente imprescindible, pero hay además que diseñar un modo de regulación y de entendimiento federal que deje atrás el modelo de estado de las autonomías que ha llegado a su última fase de desarrollo. Es este uno de los temas más complicados para el cambio, ante las resistencias emocionales, sabiamente explotadas por el bipartidismo, respecto a la confusión entre diferencia y desigualdad entre los territorios del Estado, pero es asimismo un de los espacios que puede ocupar con eficacia y con capacidad de propuesta, la izquierda transformadora que se presenta a estas elecciones.

El referéndum británico plantea la necesidad de crear un frente democrático entre los países europeos que aborden la reformulación federal y política de la Unión Europea, y la desarticulación del dominio de las instituciones financieras que han consolidado el desequilibrio y la inestabilidad en la zona euro. España ha padecido de forma muy intensa las consecuencias de las políticas de austeridad y debe formar parte de ese frente democrático y progresista que constate la existencia de una crisis profunda de la Unión Europea y fuerce pasos importantes hacia su democratización, único camino para evitar su desmoronamiento. En esa dirección, el cambio político en España es imprescindible.

Hay muchas dificultades para cuajar una alternativa de gobierno que sea consecuente con un programa de transformación fuerte de los diferentes aspectos que requieren un cambio de sentido. Pero es previsible que haya la posibilidad de un gobierno de progreso sumando los escaños del PSOE y de Unidos Podemos con las confluencias. En el seno de ambas formaciones hay tensiones contrarias a esta convergencia, pero la decisión unitaria es más fuerte - y las presiones en contra más superables – en Unidos Podemos. Fortalecer esa opción mediante el voto del domingo supone plasmar numéricamente una voluntad mayoritaria de transformación política y social. Los resultados electorales significan precisamente eso, el sentir mayoritario de una parte importante de la población que quieren modificar el marco institucional y social de relaciones que han visto desarrollarse en estos últimos cuatro años. Para ello es precisa una reprogramación normativa y la adopción de una serie de medidas políticas que forman parte de las competencias del gobierno. De un gobierno de unidad por el cambio, que está en las manos de todas y de todos los que votemos el domingo.

¿QUÉ HACER CON EUROPA AHORA? HABLA JOAQUIN APARICIO

El resultado del referéndum británico tiene muchas lecturas, y entre éstas, conviene destacar aquella que no considera el mismo como la consagración de una vocación anti-europea congénita a los británicos, sino cómo un efecto derivado de la consideración negativa por parte de la mayoría de ciudadanos de aquél país de la opacidad de la burocracia de Bruselas y la propia evolución de la política europea en la fase actual que atraviesa toda la Unión y en la que el establishment político-financiero que dirige estas políticas no puede imponer una línea de acción que se revela como fracasada y contraproducente. Joaquín Aparicio ha realizado una corta reflexión de urgencia sobre el tema que este blog ofrece a sus lectores en primicia absoluta. 

¿Y AHORA QUÉ? ¿QUÉ HACEMOS CON LA UNIÓN EUROPEA?

Joaquín Aparicio Tovar

Era previsible. La reacción de una parte de los medios de persuasión dominantes partidarios del si en el referéndum británico de ayer aprovechan para atacar a las fuerzas de izquierda que ponen en cuestión la políticas de la austeridad y la falta de democracia en la Unión Europea metiéndolas en el mismo saco con los partidos de extrema derecha antieuropeistas y xenófobos.  Al mismo tiempo, de forma un tanto contradictoria, alaban las “virtudes británicas”, casi como lo hacen algunas fuerzas ultranacionalistas  que propugnaban el abandono. Al mismo tiempo no dejan de reconocer que son necesarios profundos cambios para recuperar el proyecto europeo y para ello apelan a los lideres actuales a ponerse manos a la obra.

Pero hay que aclarar varias  cosas, como, entre otras,  definir el proyecto integrador europeo, encarar  el arrastrado por años  “déficit democrático” , y quienes tienen que liderar el nuevo proyecto.

Sobre la primera de las cuestiones es conveniente recordar que el Reino Unido se sumó al proyecto europeo en 1973 y desde entonces ha sido un socio incómodo, egoísta y retardatario o directamente boicoteador de “una unión más estrecha entre los pueblos de Europa”. En el nacimiento de las Comunidades Europeas, allá por 1951, El Reino Unido no quiso formar parte de las mismas que, siendo una unión funcional en torno a objetivos concretos, implicaban una cesión de competencias soberanas desde los Estados a las recién creadas instituciones supranacionales, sino que por el contrario impulsó la creación de una zona de libre cambio (la EFTA) que no repugnaba incluir en su seno al Portugal de la dictadura salazarista. Pero la EFTA fracasó y la Comunidades Europeas fueron un éxito cuyo magnetismo atraía más y más socios. En importante medida ese magnetismo tenía mucho que ver con el impulso ético que animó el proyecto de integración europea: la paz y el reconocimiento de derechos sociales, el respeto por el Estado Social y Democrático de Derecho, que convivía, no sin tensiones, con los objetivos económicos de construir un mercado interior sin fronteras.  Ese impulso ético era producto de la correlación de fuerzas entre las clases sociales europeas traumatizadas por la experiencia de la primera y la segunda guerra mundial, de la que nuestra guerra civil fue el prólogo.  Desde la caída del muro de Berlín el proyecto europeo ha ido desdibujándose en un claro desequilibrio a favor de las libertades económicas frente a los derechos sociales pareciéndose, cada vez más y poco a poco, a una zona de libre cambio comercial. Bruselas se ha convertido en una sentina del capital financiero. Por ahí es por donde hay que empezar la reconstrucción para que la Unión sea espacio de solidaridad mediante el respeto y defensa de los derechos humanos, en especial de los derechos sociales. Los movimientos xenofóbicos y nacionalistas tendrían la hierba segada bajo sus pies cuando los trabajadores de Europa viesen que Bruselas es la proa en defensa del trabajo y la protección social decente frente al capital globalizado, que a través de tratados como el TTIP o el TiSA quiere imponer sus reglas.

Esa reconstrucción no puede hacerse de forma oculta a espaldas de la ciudadanía. Las élites europeas se han acostrumbrado en estos años a funcionar sin transparencia, blindadas por un entramado burocrático que aleja los controles democráticos,  a pesar de los intentos del Parlamento Europeo. Los ejemplos son muchos, pero basta citar que el llamado eurogrupo, cuyas decisiones son de extremada importancia para la vida de los ciudadanos, funciona prácticamente sin reglas y toma sus decisiones en secreto.

Se les pide en la prensa oficial a los lideres políticos de Europa que se pongan a la obra para reverdecer el proyecto europeo, pero esos mismos líderes no están legitimados para ello después de haber llevado a la Unión Europea al estado en que se encuentra por su sometimiento servil a los intereses del gran capital globalizado, en el que también participan capitalistas europeos. La crisis de 2008 mostró el fracaso del modelo neoliberal pero la UE no fue capaz de dar una respuesta que no haya sido más neoliberalismo con el consiguiente aumento de desigualdad, pobreza,  precariedad y exclusión social. Otros lideres europeos deben conducir el proyecto integrador de una nueva Unión Europa que sea ejemplo para un orden mundial respetuoso con el medio ambiente, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social, pues sigue siendo válido lo que la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo pregonaba en 1919, que la paz mundial solo es posible si se construye sobre la justicia social. Las elecciones españolas del 26 son una buena oportunidad para esa renovación.

Es de lamentar que el 52 % de los británicos no quieran participar de esta hermosa aventura, pero nadie puede ser obligado a ello, porque solo con socios fiables se puede emprender ese camino.  ¡Allá ellos!

SOBRE EL TRADE (UN LIBRO SOBRE SU RÉGIMEN JURÍDICO)

Ya no se habla apenas del trabajador autónomo económicamente dependiente, el TRADE. Un libro reciente rescata esta problemática, y la siguiente nota lo comenta.

La gran novedad de la LETA del 2007 fue la creación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, popularmente conocido como TRADE. En su momento, fue objeto de un aluvión de comentarios doctrinales que se explayaban sobre las características de la misma y sus implicaciones, e incluso su vis atractiva pasó a otras culturas jurídicas, siendo esgrimido como una creación normativa original y útil para explicar la gradación de las tutelas de un trabajo en vías de transformación que además permite rebajar los niveles de protección típicos del trabajo asalariado y hacerlo más sugerente para los empleadores sin expulsar al trabajo en régimen de autonomía del círculo de protección que brinda el derecho laboral. Como era previsible, también fue objeto de crítica por quienes veían en él un subterfugio para escapar a la inclusión de ciertos supuestos dudosos dentro del perímetro protector del derecho laboral, junto a otras posiciones que explicaban la opción de política del derecho efectuada en el 2007 como una forma limitada de reversión de los procesos de expulsión de la norma laboral que se habían producido en la reforma de 1994 respeto de categorías precisas como la de transportistas o agentes comerciales.

Desde el sindicato, además, esta figura generó un amplio debate sobre la base de la forma de encuadramiento de este tipo de trabajadores y la necesidad (o no) de desplegar una estrategia de acción sindical en este sector, en relación con la forma en la que el proyecto de tutela de los derechos laborales que lleva a cabo el sindicato concebía al trabajo autónomo – más allá de que fuera económicamente dependiente – y los medios de acción que podía poner a su disposición. Este tema se extendía asimismo al asociacionismo de los trabajadores autónomos de referencia sindical, es decir, en aquellas asociaciones que mantenían un ligamen orgánico o funcional con las grandes confederaciones.

En su desarrollo concreto, por otra parte, muchos de sus aspectos problemáticos fueron abordados por una jurisprudencia no muy numerosa pero si efectiva en cuanto a la fijación de pautas interpretativas de las disposiciones legales. Pasado su momento, la llegada de la crisis impactó posiblemente de manera negativa sobre el desarrollo posible de una figura sobre la que se habían depositado tantas expectativas, de forma que mientras que el trabajo autónomo creció fundamentalmente a partir de la puesta en práctica de la reforma laboral, con el desplazamiento de una amplia serie de trabajadores asalariados al ámbito de la autonomía y de la exclusión laboral, el contingente de TRADEs siguió siendo exiguo y muy minoritario dentro del universo del trabajo prestado fuera de la regulación laboral. Pese a ello la segregación normativa que la crisis ha efectuado sobre el emprendimiento como fórmula áurea de la recuperación económica y la promoción del mismo ha llevado también a modificar esta figura, en especial a través de la relativamente reciente Ley 31/2015, de 9 de septiembre.

Era por tanto conveniente llevar a cabo una suerte de recapitulación de la situación jurídica por la que atravesaba en la actualidad el TRADE. Y esa tarea la ha acometido el profesor Pérez Rey en un libro de la Colección básicos de la editorial Bomarzo, en el que aborda, con gran efectividad y concisión inteligente, la totalidad de los aspectos laborales que esta figura planta, desde su propia y compleja definición, hasta el examen del contrato que liga al TRADE con el cliente principal y las condiciones que éste puede contener, los elementos más llamativos del régimen jurídico de este tipo de trabajador autónomo, las causas de interrupción justificada y, muy especialmente, las características de la extinción del contrato, con las consecuencias indemnizatorias que de ello se siguen. Se examina asimismo la débil capacidad contractual colectiva que la ley dispone para estos trabajadores autónomos, los apenas utilizados Acuerdos de Interés Profesional y los problemas importantes que éstos plantean desde una visión correcta del principio de autonomía colectiva, para finalizar con unas consideraciones sobre la competencia jurisdiccional del orden social y la posibilidad de solución autónoma de conflictos. La obra se cierra con una bibliografía seleccionada muy indicativa de la pasión doctrinal que el tema despertó entre los cultivadores del derecho laboral, y ello sin abordar otro de los puntos más álgidos de la cuestión que son los relativos a los derechos de protección social y en concreto la promesa del desempleo para esta categoría de trabajadores, que queda fuera del campo del estudio propuesto.

El libro, por tanto, permite conocer con perfección el estado de la cuestión y los puntos problemáticos que identifican en la actualidad a esta figura, por lo que con toda seguridad le hace merecedor de atención por parte tanto de los estudiosos de la materia como de los juristas prácticos que analizan este sector del ordenamiento.

EL RÉGIMEN PROFESIONAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE: NOVEDADES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES.

Joaquín Pérez Rey. Editorial Bomarzo, Albacete, 2016, 116 pp.

EUROPA A LA ESPERA: REFERENDUM EN REINO UNIDO, ELECCIONES EN ESPAÑA

Es un mes de junio importante para Europa. En la semana que viene se cumplen dos citas electorales cruciales, la que decide la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, y la que viene a suponer una segunda vuelta de las elecciones españolas de diciembre pasado. Dos hechos que con toda seguridad pueden marcar el futuro inmediato de la Unión europea.

No sólo, desde luego. El proceso de movilización en Francia que se desarrolla en la actualidad, es un preludio de nuevos sobresaltos para la gobernanza europea que previsiblemente asomarán ya en octubre en Italia, con ocasión del referéndum, tras unas elecciones regionales y comunales  que también culminan en este fin de semana y en las que parece haberse producido un duro golpe al partido de Renzi.

Son temas importantes, que se abordan por separado desde voces diferentes y no siempre bien orientadas. En el último número de Insight, un almacén de textos e intervenciones que se expresa en varias lenguas, se ha hecho un esfuerzo por ofrecer una visión de conjunto sobre el Brexit, explicando las diferentes opciones que se enfrentan y los intereses que éstas sostienen, junto al análisis de tantos otros problemas que se localizan en Europa y en USA en este tiempo convulso de la crisis permanente. Todo ello con cargo a firmas bien conocidas de pensadores y analistas especializados bajo la dirección de Antonio Lettieri.

A continuación se inserta la descripción del último número de Insight

 

Junio 2016 / En este número

Insight  (www.insightweb.it) es una página multilingüe que habla de la crisis y de sus consecuencias sociales y políticas
Los lectores interesados en recibir en el futuro el boletín Insight deben registrarse en la página.

Artículos Este número está dedicado en gran medida al Brexit. Sobre este asunto escriben  Mario Nuti, Ruggero Paladini, Paul Mason. Jeff Faux  por su parte discute el rol que desempeña Irán en el Oriente Medio. Carlo Clericetti escribe sobre la posible inaplicación de la negociación colectiva sectorial de ámbito nacional en el sur de Italia como fórmula de recorte salarial, mientras que Dean Baker aborda la problemática salarial en Estados Unidos. Además, hay artículos de Umberto Romagnoli, Antonio Baylos, John Weeks  y de Antonio Lettieri sobre la regulación del trabajo, el golpe de estado institucional en Brasil, la economía europea y las migraciones.

En la sección de Papers: Desigualdad y New Deal (Belabed, Christian A); Oriente Medio (Roberto Toscano); El retroceso del Derecho del trabajo en Italia (Umberto Romagnoli); El modelo “Uber” de relaciones económicas y sociales (Lawrence Mishel); el salario mínimo en Alemania (Schulten)

A continuación, el sumario detallado de este fascículo:

Articles and Opinions

         D. Mario Nuti
         Brexit (1) - Why to vote Leave

• Ruggero Paladini

Brexit (2) - Leave or remain?

Restare o lasciare?
 

• Paul Mason

Brexit (3) - Remain And Renegotiate! - What Labour should say.

• Jeff Faux

Why Is Iran Our Enemy?

• Carlo Clericetti

Abolire la contrattazione nazionale per tagliare i salari nel Mezzogiorno?

• Antonio Lettieri

The EU's flawed policy between wars and migration

La crisi dell’Unione europea tra guerre e migrazioni
 

• Dean Baker

Weak Job Numbers Will Delay Fed Rate Hikes

• Umberto Romagnoli

La tela di Penelope del Diritto del Lavoro

• Antonio Baylos

Excepcionalidad política y neoliberalismo

Excepcionalidade politica e neoliberalismo: Europa y Brasil
 

• Ruggero Paladini

Will euro survive next year?

Sopravvivrà l’euro al prossimo anno?

In the Papers

Inequality and the New Deal (Belabed, Christian A.)

The Middle East from Hope to Chaos...and Back (Roberto Toscano)
 

La paralisi del giuslavorismo progressista (Umberto Romagnoli)

Uber business model does not justify a new ‘independent worker’category

Ross Eisenbrey and Lawrence Mishel

The German Minimum wage after one year (Marc Amlinger, Reinhard Bispinck, Thorsten Schulten)

In the Views: Brexit; Sanders; Italy; Greece (and more...)_____________________________________________________

Editor Antonio Lettieri, Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos
Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone;Carlo Clericetti; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro;Stuart Holland; Jesper Jespersen; Mario Nuti; Ruggero Paladini;Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Hartmut Seifert

Unsubscribe from this newsletter

REPENSAR EL SINDICATO EN BILBAO

Las “Escuelas de Verano” sindicales son clásicamente un espacio de debate y discusión más distendido y productivo que el que normalmente se produce en los órganos regulares del sindicato. CCOO está además emprendiendo un proceso de reflexión y de debate interno muy acentuado que coincide con una reivindicación de su propia historia - 50 años de la creación de las primeras experiencias organizativas, la Inter ramas -  y que quiere proyectarse sobre una interrogación acerca del presente y el futuro del sindicato, en torno a una iniciativa de consulta y apertura de un diálogo con los militantes de CCOO.

La Escuela “Pedro Gómez” de las CCOO de Euskadi, dedica su XIV edición a este tema, la reconsideración de cuáles pueden ser los elementos cruciales para la determinación del sindicato en el inmediato futuro. Para ello, han contado con la colaboración de la Fundación José Unanue y la organización confederal de CCOO en Euskadi, y han arbitrado un programa en dos días, que se ha estimado lo suficientemente atractivo como para logar más de doscientos inscritos. En la primera sesión del día 14, por la mañana, han intervenido Bruno Estrada hablando sobre los nuevos modelos de gestión y de organización de empresa y su repercusión sobre la acción sindical, Antonio Baylos explicando el nuevo y desfavorable marco legal en el que se desenvuelve la acción sindical y se produce la “balcanización” de la negociación colectiva, para, tras un breve descanso durante el cual se ha producido una concentración en protesta por el fallecimiento de otro obrero por accidente laboral, intervenir Imanol Zubero que sugirió algunas propuestas para preservar la identidad de clase en una sociedad fraccionada. A cada intervención siguió un debate muy animado por parte de los asistentes.

Acabada esta sesión, a la que asistió además del nutrido grupo de sindicalistas entre los que se encontraba el Secretario General de CCOO y amigo de la blogosfera de Parapanda, Unai Sordo y el director de la Fundación José Unanue, Oskar Arenas, se formaron por la tarde una serie de grupos de discusión que deberían proceder a una discusión abierta sobre los textos y documentos previamente entregados a los asistentes, sobre cada uno de los temas objeto del debate. Al día siguiente, la Escuela continua con una sesión matinal en la que se aborda el tema de la acción sindical en la globalización, que llevará a cabo Juan Blanco, y una mesa redonda que moderará la responsable de comunicación de CCOO junto con tres periodistas que presentarán las visiones que desde la prensa escrita y digital se tiene del sindicato. Finalmente, Unai Sordo cerrará el encuentro y presentará las conclusiones del mismo.

La Escuela aprovecha además sus actividades para realizar un homenaje especial a Tomás Tueros, fundador de CCOO de Euskadi y miembro histórico del EPK / Partido Comunista de Euskadi, al que ha asistido su familia  y todos los que han sido secretarios generales de CCOO de Euskadi. Tambien ha contado con la participación de Ignacio F. Toxo y otros dirigentes sindicales, entre los que estaban Ramón Górriz. y Fernando Lezcano. Un homenaje importante a un luchador comunista y demócrata que marcó de manera muy importante las señas de identidad de CCOO en el Pais Vasco. Una semblanza del mismo, muy interesante por lo que implica de memoria y de reivindicación, puede seguirse en este artículo de Unai Sordo : http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/CC_OO-sindical-secretario_general-capital-La_Naval-dictadura_6_499810046.html

CARTA SOCIAL EUROPEA Y LIBERTAD SINDICAL

La Carta Social Europea reconoce, como se sabe el derecho de libertad sindical. En este texto, obra de Nunzia Castelli y del titular de este blog, se analizan las declaraciones de derechos que reconocen la libertad sindical en un programa multinivel de garantía de derechos. El texto se ofrece en primicia a los lectores de la blogosfera de Parapanda. (La foto, cortesía de Antonio Ojeda, retrata un seminario italo-español sobre representatividad sindical en Nápoles, en 1988, donde pueden verse una serie de laboralistas famosos hace 28 años, aunque tres de ellos, lamentablemente han ya desaparecido)

El artículo 5 de la Carta Social Europea, bajo la rúbrica de “Derecho Sindical” afirma textualmente que “para garantizar o promover la libertad de los trabajadores y empleadores de constituir Organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales y de adherirse a esas Organizaciones, las Partes Contratantes se comprometen a que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda menoscabarla. Igualmente, el principio que establezca la aplicación de estas garantías a los miembros de las Fuerzas Armadas y la medida de su aplicación a esta categoría de personas deberán ser determinados por las Leyes y Reglamentos nacionales”. Se trata por consiguiente del reconocimiento de la libertad de asociación sindical y de asociacionismo empresarial que la CSE obliga a garantizar y promover en todas las naciones europeas que formen parte del Consejo de Europa, al hallarse dentro del núcleo duro de aceptación preceptiva junto con el derecho de negociación colectiva (y huelga) del art. 6 CSE.

Es un texto legal que, proclamado en 1961, se sumaba a una serie de instrumentos internacionales que habían considerado la libertad sindical como un elemento central en la configuración de un orden democrático libre e igualitario surgido tras la derrota de las potencias del eje tras la Segunda Guerra Mundial, lo que implicaba la proscripción de los elementos autoritarios del nazifascismo que negaban la capacidad de organización autónoma de la clase obrera como sujeto colectivo. Desde luego lo había sido explícitamente para la OIT tras la Declaración de Filadelfia de 1944 y posteriormente a partir del Convenio 87 OIT (1948) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación pero también para las Naciones Unidas en la  propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que en su art. 23.4 prescribía de manera taxativa que “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”, que luego encontrará su continuación y desarrollo en el art. 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1966.

A nivel europeo, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 reconocería en su artículo 11 el derecho de asociación sindical en términos paralelos a cómo lo habría de reconocer el presente artículo 5 CSE analizado, tanto en cuanto al contenido de esta libertad como a sus límites. En efecto, el art. 11 CEDH establece en su apartado primero que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”, para a continuación establecer los límites a estos derechos en su párrafo segundo, según el cual “el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado”.

La libertad sindical por tanto se asumía como un elemento crucial en la determinación de los derechos humanos que debían ser garantizados y reconocidos por todos los Estados en razón de sus compromisos internacionales, y en concreto como un elemento central en la definición de la Europa democrática occidental, a la que la CEDH prestaba cobertura ideológica y legitimación precisamente desde la proclamación de estos derechos. Este elemento constituía la razón de ser de las democracias europeas, y como tal se correspondía con las constituciones nacionales de los países continentales que habían derrotado al nazifascismo, desde Italia y Francia hasta la Ley Fundamental de la República Federal Alemana.

Pero al lado de esta aproximación estatal / internacional a partir de los años sesenta va tomando fuerza la agregación de Estados en la Comunidad Económica Europea que forma a su vez un nuevo conglomerado supranacional con cesiones de soberanía por parte de los Estados que progresivamente van consolidando un espacio de integración que avanza hacia un compuesto casi federal con una marcada asimetría entre la vertiente política y la económica en el que lo decisivo será la formación de un mercado abierto mediante el desarrollo de las libertades (económicas) fundamentales de circulación, concurrencia y libre prestación de servicios. Conforme este proceso de comunitarización se fortalecía, especialmente a partir del Acta Única de 1986, surge la necesidad  de dotarse de un marco enunciador de derechos fundamentales en este marco integrado, lo que en efecto se produce en 1989 con la llamada Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores, inspirada, como dice el preámbulo de la misma, “en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y en la Carta Social Europea del Consejo de Europa”, en cuyo punto 11 se establece que “los empresarios y trabajadores de la Comunidad Europea tienen derecho a asociarse libremente a fin de constituir organizaciones profesionales o sindicales de su elección para defender sus intereses económicos y sociales”, añadiendo que “todo empresario y todo trabajador tiene derecho a adherirse o no libremente a tales organizaciones, sin que de ello pueda derivarse ningún perjuicio personal o profesional para el interesado”.

La Carta Comunitaria sin embargo no tuvo más trascendencia que la de ser una “declaración solemne” sin valor jurídico en el interior del derecho comunitario, pese a las intenciones de sus propulsores y a la idea de “replicar” en el ámbito del derecho comunitario los contenidos de la Carta Social en el Consejo de Europa. Para obtener por fin un texto de referencia en este ámbito europeo habrá que esperar a la Carta de Niza, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que si tuvo, tras largas vicisitudes, el valor normativo correspondiente a los Tratados y por tanto su pleno reconocimiento jurídico en el interior de la Unión Europea. Aunque alejándose de la estructura típica de las declaraciones de derechos humanos europeas, en el art. 12 de la misma, dentro del apartado de “Libertades”, se reconoce que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que implica el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”, prescripción ésta que aparece separada del grueso de los derechos fundamentales de carácter laboral que se sitúan en el título denominado “Solidaridad”.

Al margen de los distintos niveles de desarrollo de este reconocimiento, lo cierto es que la libertad sindical aparece de esta manera enmarcada como un derecho humano fundamental que debe ser preservado por los poderes públicos y privados en todo el ámbito europeo e internacional, a lo que se une finalmente su consideración plenamente universal a partir de la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que fija cuatro grandes principios de alcance universal a todas las personas y a todos los países que forman parte de la OIT aunque no hayan ratificado los Tratados en los que se regulan estos derechos. Entre ellos, como es sabido, se encuentran, al lado de la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil y el respeto al principio de igualdad de oportunidades, el reconocimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva (Convenios 87 y 98 OIT).

Por consiguiente, la libertad sindical se entrecruza en un haz de declaraciones que se traduce en una diversidad de niveles en donde ésta se desarrolla y es específicamente considerada para su tutela por parte de los poderes públicos en diferentes dimensiones. Ello conduce a la problemática de la protección “multinivel” de los derechos fundamentales laborales que desemboca en una perspectiva de “pluralismo constitucional” con legitimidad compartida y sin que quepa apreciar una articulación de éstos en términos de supremacía o de jerarquía. Este hecho genera a su vez un “diálogo judicial” entre los distintos órganos jurisdiccionales de que disponen los diferentes instrumentos de reconocimiento de derechos para su garantía, y que se materializa en relaciones de coordinación y de comunicación pero también de conflicto entre ellos entre sí y con respecto a los tribunales nacionales.

La problemática es muy amplia y en el caso europeo más complicada al enfocar tres órdenes jurisdiccionales separados, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales, correspondientes a las declaraciones de derechos correlativos, la Carta de Derechos Fundamentales, la Convención Europea y la Carta Social. Pero posiblemente a ello habría que añadir otro tipo de instancias internacionales que se acumulan a las mismas y que en materia de libertad sindical revisten una importancia muy relevante, en particular el Comité de Libertad Sindical de la OIT cuyas orientaciones también intervienen forzosamente en la base de las argumentaciones de ese “diálogo” entre las instituciones judiciales de garantía del derecho de libertad sindical.

En todo caso a los efectos de este comentario, la consideración de la interpretación del art. 5 CSE por el Comité Europeo de Derechos Sociales tiene la consideración plena de jurisprudencia en el sentido tradicional de la palabra, pese a que el Comité no tenga stricto sensu el carácter de órgano jurisdiccional. Es en efecto el órgano que, a través de los procedimientos previstos, asume la protección materialmente jurisdiccional de los derechos sociales de la CSE, y esta es una opinión prácticamente unánime en la doctrina española al respecto.

PROBLEMAS LABORALES DE LA EXTERNALIZACIÓN Y DE LA REVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Se han celebrado en Albacete la 50ª edición de las Jornadas de Estudio del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, organizadas conjuntamente por este organismo y la Universidad de Castilla La Mancha, con la colaboración de la Editorial Bomarzo y el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de unas Jornadas con gran tradición entre los iuslaboralistas españoles, que se desdoblan en otras celebradas en Madrid, en enero, cuya organización la comparte el GEJUR con la asociación  Jueces para la Democracia, y que en esta ocasión alcanzaba la cifra redonda de la Jornada número 50.

El tema seleccionado era uno muy importante y de gran interés, el relativo a la problemática laboral de la externalización de la actividad productiva a través de los mecanismos de subcontratación – lo que en otras áreas culturales se conoce con el término de terciarización - , con especial incidencia en los procesos de privatización que se han ido desarrollando en el área de las administraciones públicas, así como las hipótesis de reversión que en los supuestos de cambio político tanto en ayuntamientos como en comunidades autónomas, podrían ser planteadas por los nuevos gobiernos de progreso.

Para ello se había diseñado por los directores de las Jornadas, Jesús Rentero Jover, Magistrado de lo Social del TSJ de Castilla – La Mancha y Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo de la UCLM, un programa en el que se desgranaba en varias intervenciones los múltiples aspectos de esta “problemática laboral”. La Jornada del día 9 partía de una intervención de Maria Fernanda Fernández López, Catedrática de la Universidad de Sevilla, a la que presentó Antonio Baylos, catedrático de la UCLM, que enmarcaba en el sistema constitucional y en el cuadro legal general la externalización productiva y sus repercusiones en el modelo de relaciones laborales. Se trataba de una intervención densa, sugerente y muy potente que desarrollaba el concepto de empresario complejo a la búsqueda de un empresario real y posible como un concepto disponible legal y doctrinalmente para hacer frente a las alteraciones importantes que la externalización productiva genera en el esquema bilateral clásico de la relación de trabajo. Desde una crítica muy bien fundada a la jurisprudencia constitucional de la crisis y su pobre noción de libertad de empresa, la profesora Fernández López fue desgranando los distintos campos en los que era necesario intervenir en ocasiones desarrollando preceptos y reglas ya establecidas en la ley, como en materia de interposición en el mercado de trabajo, la subcontratación en el sector de la Construcción o lo relativo a la coordinación de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en otros actuando de manera muy incisiva el principio igualdad y no discriminación, y, en fin, desarrollando la temática de las cláusulas sociales en la contratación pública y la extensión de reglas sobre sucesión de contratas sin las interferencias de algunas últimas decisiones del Tribunal Supremo que colisionan con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Esta primera intervención que desmontaba el uso de la estructura empresarial como forma de inaplicar la legislación laboral, fue seguida por la intervención de la Magistrada de lo Social de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Lourdes Arastey Sahún, que fue presentada y moderada por el Magistrado Emérito de la misma sala y tribunal, Mariano Sampedro Corral, en la que se procedió a desarrollar la doctrina del Tribunal Supremo en matera de reversión de contratas, con una importante aportación de la jurisprudencia europea al respecto. Ya por la tarde, presentado por la profesora de la Universidad de Murcia Belén García Romero, el Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas Martín, efectuó un recorrido por las decisiones judiciales más relevantes en materia de sucesión, extinción o reducción de las contratas tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, y, para terminar ese primer día, Emilio Palomo Balda, Magistrado del TSJ del Pais Vasco, al que presentó Eloy Hernández Lafuente, Magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, enfocó el candente tema de la externalización a través de las empresas multiservicios y las cooperativas.

El viernes 10, por la mañana, se abordaba el tema muy específico de la reversión de los servicios externalizados a las Administraciones Públicas para su gestión directa. Debería haber intervenido para esta ponencia el catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Alfonso Mellado, que precisamente tiene un artículo publicado en la Revista de Derecho Social 73 (2016) en el que aborda este punto ( y que puede obtenerse aquí http://editorialbomarzo.es/comprar/articulo/la-reversion-a-la-gestion-directa-de-servicios-publicos-problemas-laborales-atencion-especial-a-las-entidades-locales-y-a-las-sociedades-mercantiles-de-capital-publico/) pero una operación quirúrgica le ha impedido estar presente en las Jornadas y ese cometido lo llevó a cabo Francisco Gualda Alcalá, responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, que fue presentado por Petra García Márquez, magistrada del TSJ de Castilla La Mancha. La última ponencia, moderada por Henar Merino Senovilla, magistrada del Juzgado de lo Social de Murcia, corrió a cargo del también Magistrado de lo social del TSJ de Catalunya, Miquel Falguera Baró, quien precisamente ha publicado un muy interesante libro sobre los límites a la externalización en el que enuncia los fundamentos doctrinales y judiciales de éstos y efectúa propuestas de regulación muy novedosas ( y que puede obtenerse en este enlace http://editorialbomarzo.es/comprar/titulo/la-externalizacion-y-sus-limites/), que procedió  a la recapitulación de los principales problemas planteados, su crítica y la necesidad de una nueva regulación de estos mecanismos desde el Derecho del Trabajo.

Casi 300 personas se dieron cita en esta Jornada, en su gran mayoría abogados laboralistas y sindicalistas, aunque con una importante presencia de jueces y magistrados – la Jornada está incluida entre los Cursos de Formación del CGPJ – y de profesores universitarios. En la apertura, en el aula magna del Edificio Melchor de Macanaz,  edificio polivalente que acoge los estudios de Relaciones Laborales, Economía y Derecho, han intervenido la nueva decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, Mª José Romero, junto al secretario general de CCOO en Albacete, Francisco de la Rosa, y el decano saliente de la Facultad, Joaquín Aparicio. En la sesión de tarde, sin embargo, la Jornada se trasladó al auditorio de la Facultad de Farmacia, para poder soportar mejor el rigor climático de la jornada.

La decana fue la encargada de dar la bienvenida a las jornadas, destacando de las mismas, tanto la calidad de sus ponentes como la de los temas a tratar, en donde resaltó el debate político que se ha generado sobre la posibilidad de que las Administraciones públicas recuperen la gestión de servicios públicos que estaban siendo objeto de gestión por entidades privadas, en la medida en que frente a la indicación legal y normativa – también política -  de eliminar la prestación directa de servicios públicos para derivarla hacía entidades privadas que ha acompañado la gestión de los entes públicos durante los años del bipartidismo, en los últimos tiempos se viene observando una reversión a la gestión directa de estos servicios, aunque la legislación vigente pone importantes escollos a esta reversión que plantea fundamentalmente problemas en el área pública respecto de la estabilidad en el empleo de los y las trabajadoras de las contratas, como recientemente se ha señalado respecto de Castilla La Mancha y del que se ha hecho eco este blog ( como puede comprobarse en este enlace http://baylos.blogspot.com.es/2016/05/estabilidad-laboral-y-pliego-de.html)  

La Jornada de Estudio ha resultado muy provechosa e intensa. El sesgo evidente de la misma hacia la actuación en los tribunales y la defensa letrada de los planteamientos individuales y colectivos que genera la externalización de servicios por un lado o los problemas laborales de la reversión de los servicios privatizados por otro, ha acentuado la presentación del tema a partir de su judicialización. Es por tanto la doctrina judicial la que ha sido sometida de manera muy exhaustiva a conocimiento, desarrollo y crítica, lo que es plenamente coherente con el patrocinio del CGPJ a esta iniciativa. Las limitaciones evidentes que este enfoque tiene, sin embargo, han sido relativamente paliados no sólo mediante la ponencia de enfoque general a cargo de la profesora Fernández López, sino también en el debate – siempre rico y plural – que se ha ido desarrollando en cada una de las ponencias y las sugerencias y propuestas de acción sindical, en la negociación colectiva y en los pliegos de condiciones, deshaciendo equívocos y posiciones erróneas por parte de algunos abogados y sindicalistas, pero también en la necesidad de regulaciones autonómicas que dieran solución a algunos problemas irresueltos por la norma estatal que han sido desatendidos por el control judicial. Y ello sin olvidar las propuestas de re-regulación de este punto en la hipótesis – en la que prácticamente todo el auditorio asumía como la más positiva para el futuro de la nación – de un gobierno de progreso a partir de las elecciones del 26 de junio próximo.