UNA NUEVA ESTACIÓN DE MOVILIZACIONES SOCIALES

Mientras se consuma el procedimiento para que el PP con Mariano Rajoy vuelva a gobernar el Estado español merced a la abstención, con significativas resistencias internas, del PSOE, se inician procesos de movilización que son el síntoma de que la situación política, social y económica genera disensos fundamentales en una amplia parte de la población.

La huelga en la enseñanza no universitaria de ayer, 26 de octubre, y las impresionantes manifestaciones celebradas en todo el país – en la foto, tomada por Alfonso Roldán, se ve la de Madrid  por la tarde – han visibilizado el malestar existente entre estudiantes, APAS, profesores y sindicatos no sólo ante la LOMCE y los recortes que devienen permanentes en la enseñanza pública, con falta de plantillas y reposición mínima de vacantes y bajas, sino con la inseguridad plena en la que se mueven los sujetos interesados en este espacio, tras la desaparición de la selectividad – un objetivo estratégico de la derecha ideológica de este país para comenzar a consolidar importantes dosis de desigualdad en el acceso a la universidad – y la imposición de unas reválidas que no sólo no garantizan el derecho a la educación de los jóvenes, sino que imponen barreras en su acceso, con importantes efectos de exclusión fundamentalmente basada en la situación de clase y la carencia de capital cultural de amplios grupos de población. El caso es que no se ha previsto ningún período transitorio y todavía no hay reglas claras para abordar esta nueva situación legislativa.

Eso explica el extraordinario seguimiento de la acción de ayer, 26 de octubre, y que las calles de tantas ciudades españolas se abarrotaran de una renacida marea verde que presiona para la modificación de la Ley y la consideración de la enseñanza como un servicio público que debe ser atendido, cuidado y promovido de manera diligente por el Estado y las Comunidades Autónomas, y no sometido al torbellino de las restricciones y del recorte de gastos en el que lleva inmerso desde el comienzo de la crisis, a lo que se unen años anteriores de carencia de inversiones y de promoción de profesorado. La devastación de la enseñanza, la inserción en los esquemas de desarrollo de la formación académica de barreras segregacionistas de clase, la ominosa presencia cada vez mayor de los sectores privados y la ideologización religiosa (católica) en detrimento de los centros públicos y la calidad de la enseñanza, están configurando un cuadro extraordinariamente negativo en un sector fundamental para el país. Frente a lo que sucede en el sector de la enseñanza universitaria, donde al silencio y la complacencia voluntaria de los organismos institucionales – en especial la Conferencia de Rectores- se une una cierta desmovilización de los agentes involucrados – estudiantes, profesores y PAS – en Medias y Bachillerato se ha construido un movimiento fuerte que articula en torno a las Mareas una contestación general a la vez que enarbola un proyecto claro de recuperación de una “Escuela Pública de tod@s y para tod@s”, lo que desborda por consiguiente los cauces institucionales clásicos compuestos tanto por los Consejos Escolares como, informalmente, por las negociaciones entre el Ministerio y los sindicatos, que necesariamente se ven condicionados por esta fuerte presión social.

Lo que es importante resaltar es que la acción colectiva y las enormes manifestaciones de ayer revelan un estado de insatisfacción que va a tener continuación a través de otras zonas de conflictividad abierta en diferentes espacios, el político- veremos cómo resulta la convocatoria del sábado próximo, 29 de octubre, frente al Congreso, para expresar el rechazo al golpe oligárquico que ha entronizado a Rajoy de nuevo al frente del gobierno – el social – que se reactivará previsiblemente en la medida en que, como parece, se pretenda la regulación del sistema de pensiones a la baja - , y, naturalmente, el laboral. En estos dos ámbitos, el sindicato, como explicaba recientemente en su blog Unai Sordo, constituye la referencia organizativa más estable de todas las formaciones sociales presentes en el panorama español. Y debe asumir en el tiempo inmediato un mayor protagonismo en la conducción de un proceso de contestación, liderando las alternativas de que dispone para la regulación general del marco normativo en aspectos centrales tanto relacionados con la preservación de elementos centrales del Estado Social – lo que supondrá de nuevo confrontaciones con la reedición de las políticas de austeridad de la gobernanza económica europea por el nuevo/viejo gobierno – como en la tutela directa de unas condiciones de empleo y de trabajo cada día más degradadas por la extensión inmensa del trabajo precario y del trabajo no declarado en el que se imponen condiciones de indignidad marcadas por la necesidad.

En líneas generales, durante todo el último año, los sindicatos y los movimientos sociales se han visto como congelados en sus pautas de acción por un cierto attentisme , una actitud de prudente espera ante las evoluciones de los acuerdos y pactos para poder desalojar del gobierno al PP y forjar una mayoría de progreso. Este período ha terminado, y de la peor de las maneras posibles, lo que no es precisamente una garantía de una inmediata reacción social que en un breve plazo de tiempo recupere los niveles de contestación que se alcanzaron entre el 2011 y el 2014, o, en lo que se refiere al sindicato, en 2012 y 2013.

Es cierto que la UGT ha cambiado de dirección que posiblemente refuerce su autonomía respecto del PSOE y que CCOO se encuentra en un período pre-congresual en el que fundamentalmente se ha volcado dentro de su historia – reivindicando su memoria – y de la organización y sentido de su acción colectiva, en un amplio proceso de “repensar” el sindicato. Pero ambas organizaciones deben ser conscientes de que se abre a partir de la semana que viene un momento especialmente exigente en el que sectores de la ciudadanía cada vez más castigados por las consecuencias de la crisis tenderán a exasperar su situación, se multiplicarán conflictos locales y de sector no tradicionales, y habrá una fuerte presión desde el ámbito de lo político hacia movilizaciones populares en las calles. En ese contexto, el sindicalismo español debe posicionarse con decisión y fuerza, sin dar la impresión que a veces se ha producido de una cierta automarginación de esos procesos, de un extrañamiento producido por el encierro del sindicato en una franja de la normalidad productiva ajena a los fenómenos preocupantes de desestabilización de los derechos mediante la precariedad o el trabajo sin derechos, no declarado ni controlado – legal o sindicalmente- que caracterizan a amplios colectivos de la población trabajadora de nuestro país.

De nuevo todo comienza otra vez, y es conveniente estar preparado para seguir este nuevo renacimiento del disenso organizado colectivamente y vigilar la dirección que puede ir tomando en esta segunda versión las movilizaciones sociales y los sujetos que las alientan y dirigen.

ABSTENCION SOCIALISTA, GOBIERNO POPULAR: ORDEN Y PROYECTO

Estos días casi todos estamos hablando de lo mismo, la decisión del Comité Federal del PSOE de abstenerse, tras la defenestración de su Secretario General, para dar el gobierno al Partido Popular y a su presidente Mariano Rajoy. Es una decisión muy relevante que permite gobernar al Partido que ha sido desautorizado por la mayoría de los electores en dos elecciones consecutivas y que nos sitúa en una posición muy difícil a todos los sujetos que han estado trabajando en los movimientos sociales, los sindicatos y en las actividades de partido por un cambio político que ante todo supusiera la expulsión del PP del gobierno del Estado.

Estamos en una situación complicada porque con el giro impuesto por la mayoría de la dirección del PSOE se reconstruye un esquema de ordenación de la gobernanza política y económica que es plenamente funcional a las políticas de austeridad europeas, rearticula el esquema del bipartidismo mediante una nueva posición de sus protagonistas, que gradúan su ámbito de representación desde la extrema derecha y la derecha neoliberal del PP , el centro derecha neoliberal de Ciudadanos y el centro izquierda social liberal del PSOE, y fundamentalmente plantea una operación de exclusión y de aislamiento de la izquierda y de los nacionalismos periféricos, en especial del catalán. El diseño de la gobernanza política implica la expulsión del espacio de la toma de decisiones generales de un tercio de votantes del país y la calificación de este bloque como incompatible con el propio sistema democrático, su confinamiento en el lugar del enemigo. Se ha delimitado por tanto, de manera explícita, un recinto aislante para la izquierda y los nacionalismos en el que se confina su capacidad de intervención y se bloquea cualquier posibilidad de acuerdo o transacción con los mismos. En esa operación cooperan de forma entusiasta los medios de comunicación que, como se sabe, han tenido un protagonismo excepcional en el giro impuesto a la dirección del PSOE. Éstos proseguirán sin fisuras su actividad denigratoria y hostil frente a lo que seguramente se irá definiendo en adelante ya no “antisistema” – como dice la ejecutora Susana Díaz – sino como “anticonstitucionales” para señalar su incompatibilidad con el sistema democrático, oponiéndolo al “bloque constitucional” que formarían PP, C’s y PSOE.

Si se recuerda en qué situación estábamos tras las elecciones de diciembre del 2015, la deriva de la situación actual da cuenta de lo problemático de la misma. Entonces existía un  verdadero frente de coincidencias contra el PP, un partido debilitado fuertemente en su apoyo popular e inmerso en un piélago de procesos penales que involucraban a algunas de sus organizaciones como promotoras y beneficiarias de un intenso tráfico criminal. El PP no recuperó en junio suficientes apoyos, siguió perdiendo tres millones de votos, y el cerco judicial a sus actividades criminales se intensificó. Pero ahora el contexto político le es extremadamente favorable y, gracias al giro del PSOE, ha reforzado su posición dirigente del proceso y ha evitado la descomposición y la crisis que sin embargo si ha atravesado al PSOE.

La formación de un orden nuevo que recompone el bipartidismo como fórmula de estabilidad política y de intangibilidad sustancial de las estructuras del poder financiero y económico, marginando y combatiendo a las formaciones políticas que ponen en cuestión fundamentalmente el mecanismo de toma de decisiones, la permanencia de la desigualdad y la carencia de libertades o la propia estructura territorial del Estado, es un escenario extremadamente negativo para las organizaciones sociales, los sindicatos y en general, para toda la ciudadanía. El tiempo de las grandes reformas de choque ya ha pasado, lo que ahora el conglomerado político-financiero pretende es mantener y alimentar unas relaciones laborales ya determinadas en sus líneas fundamentales a través de fuertes procesos de descolectivización y de vigorización del poder empresarial. El nuevo espacio de actuación reformista será el de los ajustes al sistema de pensiones de la seguridad Social, consolidando y acentuando los elementos más restrictivos de derechos ya presentes en el sistema. En estas condiciones, los momentos de movilización y de conflicto se concentran en sectores y en empresas, en determinados problemas locales, pero por el momento no es concebible que se genere una confrontación general en el campo de lo laboral y de lo social. Sin embargo, el horizonte en el que se mueve el sindicato ahora es mucho más desventajoso, puesto que era previsible un cambio importante en la regulación laboral que había impuesto la reforma laboral del 2012, la eliminación de aspectos represivos importantes como la regulación penal de los piquetes o la aplicación de la Ley de Seguridad ciudadana, y la incorporación de elementos de seguridad a las pensiones mediante mecanismos de revalorización. El único elemento que deberá ser reformado parcialmente, el componente indemnizatorio de la contratación temporal, se debe a los jueces europeos que han creado una oportunidad abierta a la acción sindical en España, y la negociación colectiva, encuadrada en un Acuerdo Marco con la patronal, se seguirá desarrollando en un contexto marcado por la precariedad, los bajos salarios y la cada vez más amplia esfera del trabajo no regulado en condiciones indecentes.

Se requiere por tanto comenzar de nuevo a tejer una estructura de disensos sobre la situación política, económica y social, que contenga un proyecto creíble de superación y de cambio, y que supere una visión – plenamente razonable, por lo demás, pero insuficiente - de resistencia y de rechazo, tanto en el plano político como en el plano social. En el espacio sindical se considera como práctica plenamente aceptada la necesidad de llegar a acuerdos con el antagonista (que en ocasiones ve sustituida su denominación por la de contraparte), y esa pactación constituye un componente fundamental en un proceso complejo de defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, aunque a nadie se le escapa que precisamente ese acuerdo confirma la condición subalterna del colectivo de las y los trabajadores.  Sin embargo, esta ambivalencia de la transacción no se asume en una parte del discurso de la izquierda del cambio en el campo de lo político, que parece reforzarse en una posición correcta desde el análisis objetivo de la actual situación, la de considerar que la dirección del PSOE ha abdicado de su posición de cambio político al entregar el gobierno al PP traicionando así la voluntad expresada por millones de personas en las urnas en dos ocasiones, lo que constituye en única oposición al grupo de Unidos Podemos y las confluencias e imposibilita cualquier posibilidad de entendimiento con aquél. Desde esta crítica objetiva al giro del PSOE, se anuncia incluso la revisión de los acuerdos de gobierno en algunas Comunidades Autónomas en un clima de enfrentamiento directo no sólo con los dirigentes socialistas, sino con las propias siglas y lo que ello representa ahora.

Este discurso es disfuncional para encarar las dificultades a las que nos debemos enfrentar en los años inmediatos. Es urgente que, en el campo de lo político, se vayan tejiendo alianzas que rompan ese diseño de exclusión y de aislamiento de la izquierda real (aunque no se denomine como tal). Alianzas que no sólo se tejan fuera de la institucionalidad electoral, con los movimientos sociales y los sindicatos, entendiendo desde dentro de éstos sus lógicas y sus dinámicas, sino también comprendiendo la complejidad de la situación en el propio PSOE, en donde hay una minoría importante que se ha opuesto al entreguismo de partido – un 40% del Comité Federal – y que, pese a las prácticas extremadamente conminatorias de sometimiento a la dirección que han imperado en el mismo desde González, se han atrevido a hacer pública su disidencia, lo que se traslada seguramente a la reivindicación muy sentida por los militantes de un congreso extraordinario. A lo que hay que unir la dimensión territorial e identitaria, que en el caso del PSC es extremadamente importante, pero que en algunas comunidades como en Aragón o en Castilla La Mancha, permiten una cierta administración tendencialmente progresista que no debería ser puesta en crisis, como tampoco, obviamente, las relaciones de colaboración en los municipios gobernados por las candidaturas ciudadanas con el sostén del PSOE.

Y es ineludible que también se active en un proyecto de crecimiento y desarrollo de la izquierda real una actividad intensa dentro de las instituciones y en especial en la actividad parlamentaria, devolviendo al llamado poder legislativo no sólo una función de control del gobierno, sino de iniciativa legislativa que consolide un cierto (aunque reducido) espacio de avance hacia el cambio. Explorar las posibilidades de acuerdos horizontales para la derogación de ciertos preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana, del art. 315.3 del Código Penal y su incriminación de los piquetes, la Ley Wert y el desastroso proceso de evolución de la enseñanza pública, elementos centrales para garantizar la sanidad pública, ratificar normas internacionales decisivas de la Carta Social Europea y de la OIT, reformar el reglamento del Congreso para evitar  el dominio absoluto de la labor parlamentaria por el Gobierno, proponer una nueva ley electoral en la que se reduzcan las desigualdades profundas que en ésta se permiten, abrir el debate a los tratados comerciales de nueva generación, son algunos de los puntos en los que previsiblemente debería haber un cierto margen de convergencia entre las fuerzas diferentes al Partido Popular, entre ellas de manera importante por su densidad representativa, el propio PSOE.

¿Y los grandes temas, la reforma laboral, el sistema de pensiones y la dependencia, el art. 135 de la Constitución, los recortes sociales y en los servicios públicos y de interés general que previsiblemente se aplicarán para paliar los 5.500 millones de euros que nos requieren nuestros guardianes europeos? Ahí es más que probable que no haya posibilidad de acuerdos horizontales, porque es el centro de las medidas de austeridad que constituyen el eje de la gobernanza económica europea a la que resulta plenamente funcional la creación de este bloque tripartito liderado por el PP que aísla al PSOE de sus raíces y le aleja de sus programas electorales en los que se posicionaba por la derogación de la reforma laboral y por la introducción de una cláusula social en el art. 135 CE, entre otras cosas. Pero aquí también una labor parlamentaria de promoción y presentación de las alternativas de cambio a estas reglas, en sintonía con las que han defendido los propios sindicatos, sería muy importante.

En resumen, el tiempo político que ahora comienza vuelve a plantear una estrategia de acumulación de fuerzas y de acrecentamiento de alianzas políticas y sociales en torno a un proyecto de cambio político y social. En esa estrategia es importante trabajar fuera de las instituciones, pero también dentro de ellas, como fundamentalmente se está efectuando, con todas las dificultades heredadas de la intervención del Ministerio de Economía, en los ayuntamientos y en alguna Comunidad autónoma como Valencia. En ese dentro, la actividad parlamentaria de 71 diputados debe ocupar un amplio espacio, creando campos de convergencia en algunos temas centrales como los antes enunciados, impulsando la iniciativa legislativa, mostrando los proyectos de regulación de los sectores sociales más relevantes que las formaciones políticas del cambio tienen como objetivo. Es cierto que el PP tiene la mayoría del Senado y el dominio del Tribunal constitucional para dificultar una buena parte de este trabajo, pero éste es sin embargo necesario y puede producir frutos interesantes. Entre otras cosas, dando relieve a la acción parlamentaria, la ciudadanía comprende que su voto ha servido para defender un programa y unas posiciones que buscan la emancipación personal y ampliar la libertad y la igualdad en las relaciones sociales. Un voto que se convierte en actividad de sus representantes coherente con el programa al que se deben, y que por tanto les obliga a hacer todo lo posible por mejorar el marco normativo al que se enfrentan, aunque no logren – en este momento – llevar a cabo las modificaciones más esenciales que pretendían. El trabajo parlamentario – lo saben bien quienes lo han desempeñado – es duro y en ocasiones poco visible. Pero, al margen de darle la relevancia que se merece, merece la pena desarrollarlo, como un añadido concreto a la capacidad de proyecto que las fuerzas del cambio presentan a la sociedad como programa de acción.

LA DEGRADACIÓN DE LOS DERECHOS DE SINDICACION Y REUNION A NIVEL GLOBAL, TRABAJO INFORMAL Y EMPRESAS TRASNACIONALES

La Asamblea General de la ONU   ha conocido el  informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, presentado con arreglo a la resolución 24/5 del Consejo de Derechos Humanos, en la que denuncia la situación actual del derecho de libre sindicación y de reunión para los trabajadores y sus organizaciones a nivel global.

El informe efectúa una descripción muy realista de los elementos que descomponen y erosionan estos derechos fundamentales a nivel global, poniendo el acento en la acción negativa de las Empresas Transnacionales y la necesidad por tanto de dar una respuesta efectiva a este hecho. El Informe concluye que los trabajadores tienen poca fuerza para cambiar las condiciones que blindan la pobreza, alimentan la desigualdad y limitan la democracia y que empujan a la informalidad a millones de trabajadores,  que trabajan en cadenas mundiales de suministro, donde se observan algunos de los peores abusos de la libertad de reunión pacífica y de asociación y donde suelen concentrarse trabajadores migrantes, y que la discriminación, los abusos y la relegación a trabajos en lo más bajo de la economía mundial menoscaban la capacidad de las trabajadoras para unirse y formar organizaciones que defiendan sus intereses.

El Informe ha sido valorado muy positivamente por la CSI, que ha hecho público en un comunicado su felicitación al relator Maina Kiai por este “histórico informe, que lleva las luchas de los trabajadores y trabajadoras de todo el planeta al corazón de las Naciones Unidas.”  Como ha señalado, tras el conocimiento del informe, la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow,  “gobiernos y empleadores, incluidas algunas de las más conocidas compañías del mundo, están negando el derecho a sindicalizarse y a un empleo digno a millones y millones de trabajadores y trabajadoras. Los gobiernos deben tomar cartas en el asunto y velar por el cumplimiento de estos derechos, poner fin al doble escándalo de la pobreza y la explotación en las cadenas de suministro y estructurar el empleo informal”.

El texto del informe se puede descargar, integro en este enlace http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/10/A.71.385_S.pdf y trabajadores de México, Honduras, Hong Kong y Suazilandia ofrecerán su testimonio en un evento especial http://www.solidaritycenter.org/special-un-report-worker-rights-key-human-rights/   , copatrocinado por la CSI, y el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, entre otros, en Nueva York, el día después de la presentación del informe ante la Asamblea General.

A continuación se ofrecen algunos extractos del inicio del documento que describen con exactitud la situación global y las consecuencias de la misma. Su lectura es altamente recomendable.

 Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

8. En los últimos decenios, la globalización económica —lograda con las mínimas normativas posibles sobre empresas y capital—ha sido publicitada por muchos economistas como vehículo esencial para la prosperidad mundial y el fin de la pobreza. El sistema económico que surgió de esta filosofía en efecto ha dado lugar a un aumento de la productividad económica y la riqueza mundiales, pero también ha contribuido a un acusado incremento del poder de las grandes empresas multinacionales y la riqueza concentrada en menos manos. Al mismo tiempo, el poder de los Estados para regular estas entidades empresariales se ha erosionado. Además, el reciente crecimiento económico mundial no se ha repartido por igual. La productividad y la producción económica han aumentado, pero también lo ha hecho la desigualdad, y los frutos de este crecimiento han ido a parar principalmente a los más ricos.

9. El poder ilimitado, ya sea de origen público o privado, es una amenaza crítica para la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Las medidas severas tomadas en todo el mundo contra estos derechos están contribuyendo a una crisis mundial de gobernanza. La riqueza de las empresas multinacionales es múltiples veces mayor que la de muchos Estados. Aunque las principales multinacionales son legalmente responsables de sus actividades dentro de sus Estados-naciones, estas leyes no se extienden a sus acciones en el extranjero y no responden legalmente por  el enorme número de violaciones de los derechos que se producen en múltiples países en los primeros eslabones de sus cadenas de suministro. Por otro lado, los trabajadores están sujetos a las leyes nacionales del lugar donde trabajan y limitados por ellas. Además, las herramientas tradicionales del trabajo para reivindicar los derechos —sindicatos, huelgas, negociación colectiva, etc.—se han debilitado considerablemente en todo el planeta. Esta situación ha permitido efectivamente que la cadena mundial de suministro se anteponga a la democracia soberana.

10. La mayoría de los trabajadores mundiales —incluidos los trabajadores informales, las trabajadoras, los trabajadores domésticos, migrantes y agrícolas y los jornaleros—suelen quedar excluidos de los marcos jurídicos protectores nacionales, por lo que no pueden ejercer sus derechos fundamentales de reunión o asociación y no tienen acceso a vías de recurso cuando se vulneran sus derechos.

11. Sin derechos de reunión y asociación, los trabajadores tienen poca fuerza para cambiar las condiciones que blindan la pobreza, alimentan la desigualdad y limitan la democracia. La necesidad de mantener un trabajo remunerado es avasalladora, por lo que muchos trabajadores trabajan largas horas por bajos salarios en entornos peligrosos e insalubres, exponiéndose a enfermedades, lesiones y la muerte. Trabajan sin protecciones sociales básicas como atención sanitaria, educación, pensiones o, en el caso de los trabajadores víctimas de la trata, el derecho a elegir o abandonar el empleo. La repercusión de la falta de derechos de reunión y asociación se ve agravada en el caso de los trabajadores migrantes por las duras leyes de inmigración, las organizaciones de contratación laboral sin escrúpulos, los sistemas de trabajo militarizados y las estructuras con restricción de derechos en zonas francas industriales. Los trabajadores migrantes y agrícolas, a menudo excluidos de la protección de la legislación laboral tanto en su país como en el extranjero, son doblemente explotados y marginados.

12. Las mujeres suelen quedar relegadas en la economía mundial a trabajos mal remunerados de baja cualificación. La persistente violencia por razón de género reprime la reivindicación individual y colectiva de sus derechos a resistirse a autoridades estatales o empleadores explotadores o abusivos. Además, a determinados grupos de trabajadores, entre ellos las mujeres, los migrantes internos y externos, las minorías raciales, étnicas, religiosas y sexuales, los trabajadores rurales desposeídos y otros, a menudo se les priva de los derechos desde el principio por su condición, lo que hace más difícil reivindicar los derechos.

13. La privación de los derechos es la condición común de estos trabajadores y predomina en todos los países y cadenas mundiales de suministro. Sea intencional o no, el entorno legal de estos trabajadores fomenta mercados de trabajo que dependen fundamentalmente de trabajadores sin poder y un entorno de bajos salarios. Los empleadores y otros que eluden la ley e ignoran las normas adquieren una ventaja competitiva por encima de los empleadores que sí cumplen, a costa de los derechos de los trabajadores a la libertad de reunión pacífica y de asociación

14. Además, la ausencia de marcos jurídicos y de aplicación transfronterizos y nacionales eficaces premia y propaga el incumplimiento, incluso la ilegalidad. La violencia de agentes estatales y privados contra sindicalistas, activistas por los derechos y trabajadores que hacen huelga pacífica a menudo da la estocada final a los intentos de los trabajadores por ejercer sus derechos de reunión y asociación.

15. La falta de vigilancia del cumplimiento de las leyes y normativas por parte de los Estados ha contribuido firmemente a la incapacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos de reunión y asociación. Sin un recurso jurídico realista o político democrático, los trabajadores están condenados a una nueva pobreza. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Iniciativa para poner fin a la pobreza señala que: “La pobreza no es simplemente algo que ‘le ocurre’ al mundo del trabajo. Más bien, se trata de que nuestro mundo del trabajo y nuestros mercados laborales están generando pobreza, o al menos de que han sido incapaces de ponerle fin”. Bien sea de forma intencional o simplemente por ser inadecuadas, la toma de decisiones y la elaboración de leyes han debilitado la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos fundamentales y han creado un sistema legal que es inaplicable contra Estados o empresas multinacionales y que no protege estos derechos.

16. Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación son derechos fundamentales de los trabajadores. Puesto que permiten a las personas expresar y representar sus intereses, son esenciales para hacer efectiva la democracia y la dignidad, exigir cuentas a los Gobiernos y empoderar la agencia humana. Estos derechos también son un medio de nivelar la relación desigual entre trabajadores y empleadores, ayudando así a los primeros a remediar los abusos y acceder a salarios justos, condiciones de trabajo seguras y una voz colectiva8.

17. Al mismo tiempo, el ataque global contra los derechos laborales ha dejado preocupantemente claro que las viejas formas de defender los derechos de los trabajadores ya no funcionan. Nuestro mundo y su economía globalizada están cambiando a la velocidad de la luz y es esencial que las herramientas que utilizamos para proteger los derechos laborales se adapten igual de rápido. El primer paso hacia este objetivo consiste en borrar la distinción anticuada y artificial entre derechos laborales y derechos humanos en general. Los derechos laborales son derechos humanos y la capacidad de ejercerlos en el lugar de trabajo es un requisito indispensable para que los trabajadores disfruten de una amplia gama de otros derechos, ya sean económicos, sociales, culturales, políticos o de otra índole.

Dificultades para los derechos de los trabajadores a la libertad de reunión pacífica y de asociación: presiones mundiales sobre los derechos de los trabajadores y respuesta de los Estados

18. El auge de las empresas multinacionales ha dado lugar a cambios estructurales en la economía mundial encaminados a reducir costos, aumentar los beneficios empresariales y limitar la responsabilidad empresarial respecto a los trabajadores. La producción y la prestación de servicios se reparten entre distintos lugares con distintos empleadores en distintos países, lo que ha permitido a las empresas matrices trasladar la producción de bienes y servicios a empresas de países con costos más bajos y menos normativas, presionando a otros fabricantes y proveedores de servicios en las cadenas mundiales de suministro para reducir costos. Estos cambios estructurales han modificado drásticamente las relaciones y sistemas de empleo tradicionales.

19. En la actualidad, aproximadamente el 60,7% de los trabajadores mundiales trabajan en la economía informal, donde las relaciones laborales no están reguladas legalmente o protegidas socialmente (otro 13% trabaja con contratos de plazo fijo). En algunos países en desarrollo, los empleos informales conforman hasta el 90% del trabajo disponible.

20. Si bien la economía informal siempre ha existido, la desregulación y el desarrollo de las cadenas mundiales de suministro han expandido exponencialmente su crecimiento. La economía informal incluye a los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores de empresas informales, los jornaleros, los vendedores en mercados, los trabajadores temporales, a tiempo parcial o por contrato y más. Los trabajadores informales pueden ser profesores, trabajadores agrícolas, trabajadores de centros de llamadas, taxistas, recolectores de basura o trabajadores que hacen entregas entre otros.

21. El trabajo informal a menudo se caracteriza por malas condiciones de empleo, bajos salarios y falta de protección contra el impago de salarios, despidos sin previo aviso o sin indemnización, horas extraordinarias obligatorias, condiciones de trabajo peligrosas e insalubres y ausencia de prestaciones sociales como seguro médico, licencia de enfermedad, pensiones o seguridad social. Puesto que en general están fuera del marco de protección de la legislación laboral, los trabajadores informales tienen un escaso acceso a la justicia y pocas oportunidades de reunirse, formar sindicatos o afiliarse a ellos o negociar salarios más altos o mejores condiciones de trabajo. Su falta de derechos fundamentales hace que tengan poca capacidad para exigir cuentas a quienes tienen poder sobre ellos y los despojan de poder para cambiar sus condiciones. Los Estados, que trabajan con los empleadores, están decidiendo quién está amparado por los derechos sindicales y quién no.

22. Millones de trabajadores informales trabajan en cadenas mundiales de suministro, donde se observan algunos de los peores abusos de la libertad de reunión pacífica y de asociación y donde suelen concentrarse trabajadores migrantes. Los Estados con frecuencia debilitan los derechos laborales para atraer inversión, estableciendo zonas francas industriales especiales donde la libertad de reunión pacífica y de asociación se restringe drásticamente o se prohíbe explícitamente. Los Estados también pueden utilizar acuerdos con inversores como excusa para rebajar las normas del trabajo.

23. Las cadenas mundiales de suministro están ejerciendo una presión a la baja en los salarios y las condiciones de trabajo y distanciando a los trabajadores de su derecho a la libertad de asociación, porque estos últimos ocupan trabajos permanentes pero se les deniegan derechos como empleados permanentes. Estas modalidades —que se encuentran en el trabajo tanto formal como informal, incluidos los contratos a tiempo parcial, a corto plazo o temporales, los regímenes de guardia, los subcontratos estratificados o las franquicias y los falsos regímenes de empleo por cuenta propia—están diseñadas para disminuir los costos. Como consecuencia del uso generalizado de esta práctica, 1.500 millones de personas —el 46% del número total de trabajadores del mundo—están trabajando en llamados “empleos precarios”. En Asia Meridional y el África Subsahariana, más del 70% de los trabajadores están empleados de esta forma18.

24. Las mujeres tienden a concentrarse en los niveles inferiores de la cadena mundial de suministro, en sectores con una remuneración más baja, menor prestigio y menos prestaciones, como el sector textil, el montaje electrónico y el sector servicios19. Más mujeres que hombres trabajan en la agricultura, donde representan aproximadamente el 70% de la fuerza de trabajo informal. Además, las mujeres normalmente conforman entre el 60% y el 90% de la fuerza de trabajo en zonas económicas especiales, donde las protecciones de los trabajadores se reducen drásticamente o se eliminan para atraer inversión extranjera.

25. Las empresas matrices contribuyen a las violaciones de los derechos mediante las prácticas de abastecimiento y la amenaza de salida, en caso de que los costos aumenten, y normalmente son inmunes a la responsabilidad legal. En la mayoría de los casos, no existe jurisdicción o causa de acción legal sobre la empresa en su país de origen por las violaciones que comete en última instancia un proveedor.

26. En algunos países, los procesos administrativos o judiciales son demasiado lentos, débiles o corruptos. Cuando se despide a trabajadores que intentan asociarse y formar un sindicato, no encuentran un remedio efectivo, ni en su país contra la empresa local ni en el extranjero contra la empresa matriz que puede haber contribuido a la violación. Sin consecuencias legales, es poco probable que la situación cambie.

COSAS QUE NO NOS GUSTAN (I)

Lo que se viene a llamar “actualidad política” en España no resulta nada atractiva. El grueso de las informaciones y comentarios se concentra en preparar el nuevo gobierno del Partito Popular liderado por Mariano Rajoy, una vez que se ha logrado que el sentido del voto de ambas elecciones, en diciembre del 2015 y en junio del 2016, desautorizando los cuatro años anteriores, sea reabsorbido y anulado mediante la neutralización de la propuesta de un gobierno de progreso. Afrontar esta realidad es muy duro, y genera un sentimiento de frustración. Casi cuatro años de intensas movilizaciones sociales se tradujeron en el comienzo de la quiebra del modelo bipartidista y en la emergencia de nuevas formaciones políticas que revelaban la pluralidad nacional y social de España y un evidente deseo de cambio político. El fracaso provocado de estas aspiraciones nos ha disgustado y nos ha puesto de mal humor a muchas y muchos de nosotros porque se consolida un espacio de gobierno que la mayoría de los ciudadanos ha rechazado explícitamente por dos veces en las urnas. Ese es el contexto en el que se escriben estas notas.

No nos gusta saber que las decisiones democráticas de las mayorías ciudadanas se vacían de contenido. No sólo en la utilización desviada de los discursos electorales y sus consecuencias prácticas, en donde se recalcaba la necesidad de evitar un nuevo gobierno del Partido Popular, para, finalmente, construir en la práctica la hipótesis de reeditar el bipartidismo como clave de la gobernanza interna, sino también en la exclusión política de más de un tercio de los electores considerados incompatibles con el juego político, aquellos que se decantaron por Unidos Podemos y las opciones nacionalistas y soberanistas. No hace falta más que leer los periódicos de régimen – hoy, ay! toda la prensa escrita de ámbito nacional – y escuchar algunas radios especialmente virulentas para saber que en torno a seis millones de votos no van a tener ninguna consideración en la regulación social llevada a cabo en la gobernanza prevista y que en consecuencia son considerados deshechos democráticos a eliminar, por no reciclables.

No nos gusta conocer que pese a que España se define como un régimen parlamentario, realmente los órganos legislativos donde se expresa la soberanía popular no tienen ninguna capacidad de actuar autónomamente sin la autorización del Gobierno, aunque este esté en funciones y por tanto no responda a las nuevas mayorías políticas que se han formado electoralmente ( y por dos veces). El Parlamento no puede legislar si no lo permite el Gobierno, lo único que efectúa son propuestas para que en su momento el gobierno las incorpore a su iniciativa legislativa. Los medios de comunicación cuentan que el Congreso aprobó – por ejemplo la igualación del permiso de paternidad al de maternidad, que era un derecho largamente suspendido por la crisis – pero realmente lo que el órgano legislativo ha hecho es someter una propuesta al juicio del gobierno para que éste la haga realidad en su día.

El gobierno además ha vetado iniciativas y propuestas de ley del parlamento, sobre la base de que conllevaban un aumento del gasto. Es inconcebible que un Gobierno impida al Parlamento expresar su voluntad de regular aspectos de la vida social sobre la base de una consideración económica que define unilateralmente. Un gobierno que carece de mayoría parlamentaria y que se encuentra en funciones. El gobierno compromete a España al suscribir tratados de importancia fundamental, como el CETA, sin debate parlamentario y sin someterlo a la aprobación del Congreso, aunque la movilización social haya obligado a aplazar su firma por el momento, lo que es una buena noticia, pero que se ha logrado fuera de aquí y sin que el espacio democrático formal en el que se manifiesta el pluralismo político y las mayorías democráticas haya estado implicado en ello. Los sindicatos acuden al Parlamento y obtienen el apoyo de todos los grupos menos el del Partido Popular, de forma que se registra una Proposición de Ley que recoge las propuestas de CCOO y UGT para revalorizar las pensiones en 2017  y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, con medidas que incrementen los ingresos de la Seguridad Social, pero esa iniciativa no significa nada si el Gobierno no decide proponer al Congreso una ley al respecto.

No nos gusta contemplar cómo la institucionalidad democrática se anula en su componente más importante, el control de las decisiones del gobierno, que actualmente es inexistente. El parlamento puede reprobar a Fernández Díaz, pero esa censura no incide para nada en su actividad que sigue frenéticamente inmersa en la represión de los derechos ciudadanos, la denigración de las identidades nacionales que pueblan España, y  la promoción de elementos autoritarios y pre democráticos en las fuerzas de seguridad del Estado, sin que algo tan básico para el sistema parlamentario como es la reprobación de un ministro por el Congreso tenga ninguna repercusión, ni siquiera en la opinión pública, por otra parte ya habituada a que muchas de las personas que dirigen el gobierno tuvieron, hace una década, conocimiento de actos criminales que están siendo juzgados de los que su Partido se benefició directamente mediante las inyecciones de dinero a cambio de concesiones en los grandes contratos públicos.

No nos gusta que la ciudadanía perciba el Parlamento como un lugar sin sentido y sin función más allá de su utilización como medidor de las intenciones de voto de los ciudadanos, una suerte de materialización práctica de las encuestas de opinión. La quiebra del bipartidismo debería haber revitalizado el Parlamento como lugar de debate y discusión pública, donde se pudiera aprender a llegar a acuerdos y a impulsar iniciativas que acercaran las reivindicaciones sociales a los procedimientos de creación de normas y reglas de validez general. Un espacio donde se discutiera y se pusiera en práctica el resultado del debate, entendido éste no sólo como un diálogo con el gobierno, sino además como espacio de intercambio entre las diferentes opciones políticas presentes en él. La discusión de un nuevo Reglamento de las Cortes y de una nueva Ley Electoral son piezas claves institucionalmente en este diseño que parece truncado en el tiempo de interinidad en el que nos hemos movido.

No nos gusta que las fuerzas emergentes del cambio político minusvaloren la potencialidad de lo institucional democrático y sustituyan su impotencia en ese espacio por una invocación retórica a la lucha y a la movilización social. Ésta requiere, como bien se sabe, de actores y de proyectos convincentes que se materialicen en resultados concretos. Como los que se están obteniendo en los ayuntamientos, y como los que se plasman en el terreno de la negociación colectiva, o en la acción jurídica en los tribunales. Se requiere una estrategia que abarque la totalidad de la acción política y que piense en el espacio institucional de una manera completa, no simplemente centrada en el debate parlamentario como referente simbólico de la hegemonía política. La movilización social que mantuvimos en este país del 2011 al 2014 tiene que ser recuperada, sin duda, pero no va a resultar tan fácil, una vez fracasada ante grandes capas de la población, su salida electoral. La persistencia en la gobernanza económica que efectuará este gobierno, la más que probable confluencia de apoyo socialista ante los “grandes temas de Estado”, y la continuidad de un marco legal autoritario y antisocial, complicará el panorama.

Demasiadas cosas que no gustan por tanto. Y hay muchas más. Pero las pospondremos a una próxima entrada. Un catálogo de insatisfacciones que resulta de la frustración de un proyecto posible de cambio democrático que ha sido desviado y arruinado. Permanezcan atentos mientras tanto a cómo se desarrollan los acontecimientos inmediatos.

LA AUTORIZACION DEL GOBIERNO PARA FIRMAR EL CETA NO PUEDE CONSIDERARSE VÁLIDA

Las manifestaciones de ayer sábado fueron muy concurridas, y se puso de manifiesto la importancia que cada vez más el tema de la regulación global de los mercados tiene para la ciudadanía de este país. Pero también ayer, entre los comentarios que se dieron con ocasión de las importantes manifestaciones y concentraciones que se realizaron en todo el Estado español contra el TTIP y el CETA,  se resaltó el hecho insólito de que el Consejo de Ministros hubiera autorizado la firma del tratado, dado que en su carácter de Gobierno Provisional esta atribución estaba fuera de sus competencias. Así lo sostuvieron Adoración Guamán y Agustín Moreno en los twits enviados con ocasión de esa jornada, y tenían razones jurídicas potentes para hacerlo. A continuación se desarrollan algunas de éstas.

Julio V. González, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y publicista notable, tiene un blog de amplio seguimiento, Global Politics and Law, en el que analiza la actualidad política y jurídica de una buena parte de los fenómenos que se despliegan en el marco de la globalización, con especial atención a su regulación jurídica. En el post que colocó en este blog el propio sábado 15 de octubre, analizaba la autorización por el consejo de Ministros de la firma del tratado CETA. El texto del blog se puede encontrar en https://globalpoliticsandlaw.com/2016/10/15/ceta-el-consejo-de-ministros-autoriza-su-firma/ , pero los argumentos que menciona se resumen a continuación.

Ante todo, una afirmación taxativa. El acuerdo del Consejo de Ministros excede claramente de las competencias que recoge el artículo 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno. Téngase en cuenta que el acto que ha autorizado el Consejo de Ministros, la firma por parte de Rajoy, es el “acto por el que España autentica un tratado internacional o manifiesta el consentimiento en obligarse por él”. Es por tanto un acto ultra vires que debería ser impugnado, y los gabinetes jurídicos de los grupos políticos opuestos a la firma del Tratado así como las organizaciones sociales, deberían abordar la posibilidad de esta acción jurídica.

Julio V. González entiende además que no basta con la firma del tratado merced a la autorización del Consejo de Ministros no es suficiente para que éste pueda entrar en vigor en atención a los mecanismos legales que prevé la Constitución y la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Como señala nuestro autor, “no podemos olvidar que en el artículo 94 de la Constitución se obliga a la autorización de las Cortes Generales para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios en casos de Tratados de carácter político o Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y  Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución; casos todos ellos que afectan al CETA. De hecho, en supuestos parecidos al actual, el procedimiento se activó y se otorgó la correspondiente autorización parlamentaria”.

Este es el punto posiblemente más interesante, la necesidad de que la aprobación de los Tratados tengan que pasar por un debate parlamentario en el que las fuerzas políticas hagan visible la importancia de este tipo de adhesión al CETA y las consecuencias que puede tener éste en relación con los derechos de ciudadanía, los derechos sociales y ambientales, la tutela judicial efectiva, el derecho a la salud, la restricción de la soberanía estatal frente a la acción de las empresas transnacionales. No obstante, como el propio titular del blog recuerda, este es un tema que no se ha tratado en absoluto en los debates sobre la investidura, que no han discurrido para nada sobre este tipo de regulaciones internacionales, marginando el problema.

Urge por consiguiente que esta materia, en la que tanto se ha trabajado desde el punto de vista social, con explicaciones detalladas y críticas, al punto de constituir un elemento muy arraigado en la contraprogramación política de posibles alternativas de regulación, sea asumida en primer plano por las fuerzas políticas del cambio, que deberían a su vez llegar a formar un amplio frente de convergencias contra este tipo de iniciativas y acuerdos de libre comercio que implican una reducción de derechos y la remercantilización de espacios importantes de la actividad pública y social. En ese bloque unitario se deben valorar no sólo los elementos de fondo por los que una amplia parte de la población se opone al Tratado (al CETA y también al TTIP) sino también se debe jugar con otros elementos contingentes que cuestionan por razones técnicas y de oportunidad la corrección de esta opción. Entre ellos, algunos muy llamativos, como la desconexión entre este proceso tan avanzado que llevará a la aprobación del CETA la semana que viene a nivel europeo, con la situación de Gran Bretaña, uno de los países más directamente afectados por este acuerdo de la Unión Europea que sin embargo ha decidido abandonarla y está a punto de poner en marcha el mecanismo de separación que establece el art. 50 del TUE.

Por lo demás, el propósito del Gobierno es el de conseguir, sobre la base del art. 15 de la Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales, la aplicación provisional del Tratado antes de que entre en vigor. Esto significa sencillamente que no sólo el Gobierno ha autorizado, vulnerando sus competencias, un tratado internacional, sino que pretende que éste no se pueda someter de ninguna manera al debate parlamentario. Lo señala claramente el blog reiteradamente citado: “El Gobierno de España es uno de los que más ha impulsado la “aplicación provisional” del Tratado -impulsada por la Comisión, como contraprestación a su consideración como acuerdo mixto- antes de su ratificación por todos los Estados miembros. Una solución que no deja de ser una suerte de limbo jurídico y que condicionará la actividad estatal sin que haya existido un debate parlamentario al respecto”.

En el espacio sindical, a la protesta y la articulación de la movilización, debe seguir siempre un momento de negociación y debate o, alternativamente, una acción que se despliega sobre el terreno de los derechos para conseguir que éstos se consoliden o reconozcan. El tema del CETA y del TTIP debe también articularse en esa doble perspectiva, que permita ganar visibilidad y agregar consensos ciudadanos pero que asimismo utilice las instituciones parlamentarias y el acceso a los tribunales de justicia para obtener resultados positivos. El primero de ellos sería conseguir invalidar en el plano estrictamente jurídico la decisión exorbitante del gobierno español de autorizar la firma del CETA. Esperemos el desarrollo de los acontecimientos.

CONTRA EL TTIP Y EL CETA

Esta tarde hay convocada una manifestación en Madrid contra el TTIP y el CETA, una cadena humana en Barcelona, y una serie de acciones en otras ciudades del Estado español con los mismos objetivos. La lista de las movilizaciones previstas pueden leerse aqui .  Estas movilizaciones se inscriben en un proceso más general de respuesta europea a este tipo de propuestas regulativas que desarbolan las tutelas y las garantías de ciudadanos ante las exigencias de las grandes empresas transnacionales y su voracidad corporativa.

Es a estas alturas irrelevante explicar la importancia que el espacio global de mercado adopta en este comienzo de siglo, pero si conviene insistir en que existen importantes presiones para que éste desarticule enclaves de regulación estatales y colectivos que aseguran una cierta tutela de los derechos laborales, sociales y ambientales. Tanto desde el comercio, incluyendo en este tipo de transacciones servicios públicos o/y desmercantilizados en una amplia medida, como la educación y la sanidad, a la que se ha referido Agustin Moreno en La espuma y la marea ,   como desde las inversiones, exigiendo una seguridad plena de los beneficios planeados blindados con cláusulas penales de sustanciosas indemnizaciones satisfechas por el Estado que haya alterado la legislación de partida en la que “confiaba” el inversor transnacional, el diseño está concebido para que las Empresas Transnacionales impongan su plan de acción con independencia de cualquier “obstáculo” legal, constitucional o internacional. Lo que la CSI denomina justamente “codicia corporativa” es la regla que rige los tratados de libre comercio e inversión que se quieren implantar. Son muchas las personas que han denunciado con argumentos serios y profundos estos proyectos. Entre nosotros, Adoración Guamán ha llevado a cabo posiblemente la labor de análisis y divulgación más intensa respecto de estas iniciativas, junto con otros “corredores de fondo” en este tema, como Juan Hernández Zubizarreta, en múltiples escritos y conferencias.

El devenir jurídico del TTIP es diferente del CETA, el acuerdo con Canadá, que los 28 países de la Unión europea quieren aprobar el próximo martes. Este tratado contiene en sí los elementos negativos que se imputan con razón al TTIP con los Estados Unidos, pero ha sido impulsado y promovido antes que se abriera al conocimiento público este tipo de iniciativas. De nuevo hay un libro muy reciente de Adoración Guamán y Jorge Conesa,  “El CETA al descubierto: las consecuencias del tratado entre la UE y Canadá sobre los derechos sociales”, publicado en la editorial Bomarzo, (que puede encargarse  en   este enlace) que señala lo inconveniente de su contenido. Pues bien, ayer supimos que el  Consejo de Ministros del Gobierno provisional español ha autorizado la firma de los Acuerdos Económico y Comercial Global, y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, con lo que el camino hacia la aprobación de nuevos estándares globales en los capítulos relativos a sostenibilidad (trabajo y protección ambiental), podrán servir de referencia para futuros acuerdos comerciales. Sería interesante valorar la competencia que tiene el gobierno provisional español para poder autorizar la firma de un Tratado que compromete seriamente la soberanía del Estado español y le hace adoptar compromisos internacionales vinculantes muy importantes. Pero esta sería la tarea de los grupos políticos presentes en el Parlamento que se oponen justificadamente a su firma, que deberían no sólo informar a la ciudadanía de su oposición a este acto del gobierno, sino explicar que lo consideran inválido por exceder de las competencias gubernamentales, e intentar por tanto la impugnación jurídica de este acto. Lamentablemente parece que el debate sobre las cosas que más afectan a la gente común se ha escapado hace tiempo del espacio mediático de la opinión pública.

Por eso la manifestación de hoy (las diferentes acciones programadas en los diferentes puntos de España) es tan decisiva. La manifestación permite dar a conocer un objetivo político y mostrar la adhesión de una parte de la ciudadanía a éste. Cumple por tanto funciones importantes de información a la vez que significa la expresión de una línea de análisis y de propuesta democrática. Conviene por tanto participar en ella como uso consciente de nuestra libertad de expresión y de información. Estamos en el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones que agrupen consensos ciudadanos contra las decisiones generales que adopte el gobierno y los poderes económicos en su proyecto neoautoritario y favorecedor de la codicia de las grandes empresas. Pero de este tema ya hablaremos en próximas intervenciones en este post, posiblemente el propio lunes. Permanezcan atentos y atentas.

BALANCE DE LA REFORMA LABORAL

Mientras aguardamos, segun parece, la consolidación de un segundo gobierno del PP tras un año de gobierno provisional, es conveniente recordar alguno de los temas centrales que han preocupado y que justamente preocupan a una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Un tema central es el de la Reforma Laboral. Ha pasado suficiente tiempo como para esbozar un análisis valorativo de conjunto, que es el objetivo del presente "post". (En la imagen, el titular del blog saluda a los lectores mientras aborda una frugal colación)

Ha pasado mucho tiempo. El proceso que se abrió en mayo del 2010 de “reformas estructurales” tras la crisis griega que radicalizó la crisis económica como causa directa de la degradación de los derechos laborales y sociales sobre la base de las exigencias de un sujeto normativo despersonalizado “los mercados” que al parecer exigían – en el caso español hasta que se promulgó la Ley 3/2012 – una batería de cambios legislativos en esta materia, tuvo su momento álgido con la llegada al poder en noviembre de 2011 del Partido Popular con mayoría absoluta, que puso en marcha la reforma más profunda y directa de las relaciones de trabajo al servicio de una arquitectura institucional que rompió de hecho el pacto constituyente en materia de democratización del sistema laboral. Desde entonces (2010-2012) hasta la actualidad ese bloque normativo ha desplegado su existencia, modificando reglas y prácticas colectivas e individuales, siendo a su vez afectado por la regulación de la negociación colectiva y la acción interpretativa de la doctrina judicial. Durante el último año, finalmente, la dificultad para decantar una mayoría suficiente para el cambio de gobierno, ha mantenido en un cierto stand by la siempre activa capacidad normativa del gobierno legislador por causa de “urgente necesidad”.

El balance final de la reforma no admite, como quiere el PP y su gobierno, contabilidades creativas. El balance final lo han hecho ya, reiteradamente, tanto los sindicatos como las principales fuerzas progresistas de este país, y a ello ha hecho referencia esta propia revista en varias ocasiones. Para estas organizaciones, la reforma laboral debe ser derogada y sustituida por un régimen diferente de regulación de las relaciones individuales y colectivas. El juicio sumario efectuado es extremadamente negativo ante una intervención que se centra en la remercantilización del trabajo, la vigorización del poder unilateral del empresario, la debilitación paralela de la acción sindical y la desresponsabilización del poder público en el cumplimiento de los estándares mínimos internacionales en materia de relaciones de trabajo.

Los efectos más llamativamente perjudiciales se centran en la devaluación salarial intensa, la expulsión a la franja de la pobreza a una amplia capa de trabajadores, el incremento siempre creciente de la precariedad como estado intermedio entre el desempleo y la informalidad, y la permanencia de un desempleo de masa que aún en tiempos de la recuperación económica anunciada como una buena nueva desde hace un año y medio, no desciende de cifras extraordinarias. Recordemos que sólo en el 2012, la tasa de paro aumentó del 24,44% en el primer trimestre al 26,02% en el cuarto, computando 5.965.400 personas sin trabajo. Las desagregaciones por género, edad y territorio fueron asimismo escalofriantes. Como lo es la comparación entre la variación del PIB y el empleo, utilizado en serios estudios que subrayaban la aceleración de la destrucción de empleo para todos los colectivos laborales en razón no tanto de la caída o descenso del PIB cuanto de las reformas legales verificadas . La evolución del empleo en los años sucesivos no contrarió este argumento evidente. En enero del 2014 la tasa de desempleo se mantenía en un 25%, para bajar un punto solamente en el año 2015, y estabilizarse en la actualidad – septiembre del 2016 - en el 20%, con 4.500.000 personas en paro. Además de ello, el empleo creado es esencialmente precario y temporal, con un gran incremento del tiempo parcial. De las nuevas contrataciones efectuadas en el 2016, solo un 9% son contratos indefinidos, y en términos generales, más del 25% de los trabajadores españoles son trabajadores temporales, siendo el país de la eurozona con mayor tasa de temporalidad.

Hay que tener en cuenta lo que estos datos esconden en su frialdad y es que la pérdida del puesto de trabajo supone la desaparición de derechos individuales y colectivos que se hacen derivar constitucional y legalmente de una situación de trabajo en activo. Extinguida ésta, al encontrar un nuevo trabajo, comienza normalmente de cero en el goce de sus derechos laborales acordes con la nueva situación profesional que adquiere a partir de esa nueva inserción en el trabajo activo. Entretanto, sin empleo concreto no goza del derecho al trabajo activo y por consiguiente de ninguno de los derechos individuales y colectivos que se derivan de esta situación. Es decir, la pérdida del empleo implica una degradación en el status de ciudadanía de estas personas. Y una limitación importante de sus derechos.

El Estado, por consiguiente, alentando y propiciando por una parte una política de empleo que en su vertiente estimuladora es plenamente ineficaz, y, de otra parte, imponiendo directamente medidas que destruyen empleo o que impiden su creación, está realizando una operación de aniquilamiento de derechos democráticos de ciudadanía. De forma más precisa, al orientar las políticas de empleo hacia objetivos que impiden la creación de empleo y que incluso de manera explícita buscan su destrucción, está vulnerando el art. 35 de nuestra Constitución que obliga al Estado a proteger el derecho al trabajo de los ciudadanos.

La reforma ha generado el aumento de la desigualdad social en líneas generales al acumular el reparto de la riqueza en los  grandes grupos económicos y los dirigentes de empresa, y a su vez ha aumentado la desigualdad en el seno de los trabajadores entre aquellos protegidos por la negociación colectiva – pese a que la tasa de cobertura ha descendido entre cinco y diez puntos – y los que se encuentran fuera de esta, en el espacio de la precariedad y el trabajo informal o irregular.

No menores son los resultados en el interior de los instrumentos jurídicos de control de la validez de las normas jurídicas laborales. Especialmente en lo relativo al control de constitucionalidad de las mismas, que como se sabe ha sido en este tiempo de desarrollo de la aplicación de la reforma, sometido repetidamente a enjuiciamiento del Tribunal Constitucional el cual, por mayoría de sus miembros ha rechazado, también reiteradamente, los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos. Lo más negativo de este juicio de constitucionalidad ha sido la doctrina que en autos y sentencias  ha sentado el TC sobre la posible afectación del derecho al trabajo del art. 35 o del derecho de negociación colectiva del art. 37.1 , en la que el contenido esencial de éstos se configura como un espacio móvil, determinado en función de los objetivos perseguidos por el legislador en orden a la mejora de los niveles de empleo reduciendo las garantías del derecho al trabajo o limitando la contratación colectiva sobre las condiciones del mismo. 

Todo sobre la base de que la “configuración legal” de estos derechos permite al legisla­dor que su contenido sea limitado en función del objetivo de creación de empleo declarado por el mismo, de manera autorreferencial, sin que existan más pará­metros que la duración temporal de estas medidas –en un término futuro impre­ciso– y la idoneidad y proporcionalidad de las mismas que se hacen derivar de su propia funcionalidad, sin que se arbitren instrumentos de verificación o parámetros de corrección externos a ella. Se trata por tanto de la institucionalización de una situación de excepción marcada por la crisis económica y de empleo, que reduce el alcance y la intensidad de los derechos laborales básicos del trabajo y de la negociación colectiva en términos tales que serían incompatibles en una situación de “nor­malidad” económica,  en donde la “elasticidad” del contenido esencial de estos derechos laborales se entronca además con la tutela de la libre empresa y el compromiso de los poderes públicos en proteger su ejercicio y garantizar la productividad, cuya defensa es equivalente a la creación de empleo para lo cual deben ceder las garantías legales y colectivas del derecho al trabajo.

Siempre en la esfera interna de los instrumentos jurídicos, otra apreciación negativa de la reforma ha sido la desvinculación de la misma de los estándares internacionales a los que se había comprometido el Estado español mediante la suscripción de los oportunos acuerdos. Especialmente grave ha sido la inobservancia de los preceptos de la Carta Social Europea, ignorando las decisiones del CEDS que fija ante supuestos concretos doctrina vinculante, como ha sucedido al analizar por el sistema de informes las reformas laborales españolas en aspectos importantes, como el despido libre durante un año de periodo de prueba del CAE, la insuficiencia del salario mínimo o las restricciones  a la negociación colectiva. Una parte de la jurisprudencia ha aplicado correctamente en estos casos el control de convencionalidad de las normas internas, pero son varios los Tribunales Superiores de Justicia que han contrariado esta doctrina.

Mayores matices ofrece sin embargo la actuación del control jurisdiccional ordinario sobre la “normalidad” de la puesta en práctica de la reforma laboral. Tanto la Audiencia Nacional como muy especialmente la sala de lo Social del Tribunal Supremo han ido segregando una larga serie de decisiones que en muchas ocasiones han logrado despuntar o incluso anular plenamente algunos de los efectos más negativos que estaban presentes en la reforma laboral. En algún supuesto especialmente importante, como en el caso de la ultra actividad, el resultado se sostiene de forma insatisfactoria sobre la base de una solución legal completamente equivocada y técnicamente incorrecta, pero ha obligado a recomponer el tejido de la negociación continua que la norma de reforma torpemente quería eliminar en beneficio de una correlación de fuerzas absolutamente escorada a favor del poder económico del empresario. En el ámbito del despido, especialmente en el campo del despido colectivo económico, la judicialización de esta materia por parte de la ley ha generado un efecto no querido por el legislador, que pretendía reforzar el carácter definitivo de la propuesta extintiva empresarial y se ha encontrado con el reforzamiento de los derechos de información que son fundamentales en el proceso de decantación de la motivación económica, tecnológica o productiva, la inserción de momentos decisivos de tutela del derecho fundamental de huelga en el proceso de consultas y, en definitiva, la sanción de nulidad de una buena parte de estos despidos colectivos incorrectos que sin embargo obedecían – como emblemáticamente sucedió en el caso de Coca Cola – a una ingeniería jurídica dictada por los ideólogos y asesores de la reforma.

La garantía judicial de los derechos se ha mostrado por tanto como un espacio útil para la re-escritura de la norma laboral reformada. Se trata desde luego de la consecuencia de una acción jurídica intensa que se integra en una estrategia sindical de resistencia junto con el recurso a medidas de movilización social y de asentamiento de posiciones en la negociación colectiva. Pero es un movimiento cuya iniciativa también se localiza en la propia sensibilidad democrática de un cierto garantismo constitucional presente en la formación de varios jueces de lo social. Debe señalarse en ese sentido que la impugnación constitucional  de las normas de la reforma corrió fundamentalmente a cargo de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces – aunque no aceptadas por el Tribunal constitucional, como se sabe – y esa cerrazón institucional ha propiciado asimismo el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que si en el caso del periodo de prueba del CAE no tuvieron éxito, si por el contrario lo obtuvieron recientemente en una materia decisiva, la de la tutela indemnizatoria de los contratos temporales y en general la aplicación del régimen jurídico europeo sobre la contratación a término. Las decisiones del Tribunal de Justicia de septiembre de este año – que han sido profusamente comentadas en este blog por Falguera, Aparicio y Pérez Rey – abren una nueva brecha en un punto neurálgico de la reforma laboral, la consideración de la temporalidad y de su coste salarial reducido la clave de la recuperación económica y de la modelización de un dominio pleno sobre el trabajo por parte del poder privado del empresario.

Hay por tanto espacios abiertos para contradecir los elementos centrales que movían la intervención legislativa que tiene ya cuatro años de rodaje. La sección de debate de este número se abre a dos intervenciones bien descriptivas de esta tensión, que enfocan el tema desde una perspectiva general y desde el punto de vista de las relaciones colectivas y del diálogo social.

El balance negativo de la reforma se confronta sin embargo con una cierta situación de parálisis política en la que vive el país tras la repetición de las elecciones en junio de 2016. Los sindicatos CCOO y UGT en una importante Declaración en septiembre de este mismo año defendieron una serie de líneas de acción que deberían constituir los contenidos de un  acuerdo político necesario entre las fuerzas políticas del cambio. De manera sintética, se pretende la consolidación del crecimiento económico incipiente y la renegociación de los términos de la consolidación fiscal con la Unión Europea, el restablecimiento de los derechos y de las redes de protección para las personas más vulnerables ante la crisis, lo que implica la derogación de las reformas laborales y un amplio programa de reformas con la regulación de una renta mínima de inserción como medida estrella, la reforma de la fiscalidad y la construcción de instrumentos públicos que canalicen el crédito, y el restablecimiento del diálogo social tanto interprofesional como la negociación política con el poder público.  A ello se unen dos puntos de carácter estrictamente político, las medidas de regeneración democrática que implican el combate a la corrupción, la reforma de la ley electoral y la derogación de preceptos del Código Penal como el art. 315.3 que incrimina los piquetes, o la Ley de Seguridad ciudadana en sus preceptos represivos de la protesta social. Y, por último, la reforma de la Constitución en la que se refuercen los derechos económicos y sociales y se garanticen nuevos, y que se afirme un Estado federal donde “encuentren acomodo” las diferentes “realidades nacionales” que componen el Estado español.

Los sindicatos entendían que era  un programa ambicioso, que pretendía orientar a los interlocutores políticos hacia un acuerdo de cambio real, que desande en gran medida el camino que se ha efectuado en los últimos cuatro años del PP. El contenido del mismo no parece que pueda ser asumido, salvo en el punto de la regeneración democrática – y con extraordinarias reservas, a tenor del acuerdo entre PP y C’s para la investidura de Rajoy – por el centro derecha españolista, empeñado firmemente en excluir de cualquier iniciativa de pacto de estado a los más de seis millones de electores que se sitúan en la suma de votos de Unidos Podemos, las confluencias y los partidos nacionalistas catalanes, y que en materia de relaciones laborales opta por un modelo de regulación explícitamente rechazado por el mundo sindical, el llamado contrato único. Pero la llamada de los sindicatos no considera sin embargo a priori excluible a C’s en la realización del esfuerzo para “fraguar un acuerdo” para el que se debe “aprovechar cada minuto”.

Sin embargo, los últimos acontecimientos que han llevado a una cierta implosión en el PSOE nos colocan en una situación muy complicada, en donde la más que previsible investidura de una nueva etapa de gobierno del PP genera las razonables dudas sobre la continuidad de unas normas realmente negativas para los sindicatos y los trabajadores de este país que han sido consideradas críticamente por la gran mayoría de la doctrina científica.  Conviene por tanto preparar las medidas adecuadas que desestabilicen los elementos centrales de este bloque normativo, como ya comienza a producirse con la materia de los contratos temporales, afiance posiciones avanzadas en la negociación colectiva y diseñe una estrategia para sustituir los componentes de esta, empleando asimismo el recién adquirido espacio institucional del control parlamentario del que hasta ahora se carecía.

Este blog estará bien atento a las tendencias y evoluciones que en este aspecto general puedan irse dando en el panorama legislativo, judicial y colectivo de este país, aunque habría esperado, como tantos otros, que el cambio político se hubiera hecho realidad a partir del nuevo mapa electoral surgido en la nueva estación política en la que nos hallamos.

ENRIQUE LILLO, PREMIO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORALISTAS

(En la foto inferior, el jurado que ha resuelto otorgar el premio ASNALA al abogado de CCOO, Enrique Lillo Pérez)

El tiempo de las reformas laborales ha sido especialmente propicio para demostrar que el campo de la acción jurídica es directamente un campo de lucha por los derechos y que las propuestas y las iniciativas que se defienden a través de los instrumentos del proceso laboral pueden ayudar a re-escribir las normas laborales en un sentido contrario a la intención del legislador. Así ha sucedido entre nosotros con la reforma laboral del 2012, en donde una buena parte de sus elementos mas nocivos han sido despuntados e incluso desvirtuados por la actuación de los abogados sindicales en conexión directa con una estrategia sindical de resistencia.

En ese campo de lucha entre intereses enfrentados, el papel del juez es muy decisivo. Lo sabe bien el gobierno y los poderes económicos, que orientan a través de una política sectaria de nombramientos a través del CGPJ la composición política de las salas del Tribunal Supremo y de las presidencias de las Salas de la AN y de los TSJ, mostrando claramente cuales son las preferencias ideológicas que debe tener un magistrado seleccionable. Pero la acción jurídica tiene en los abogados un elemento decisivo. Ellos son los que construyen a la vez que cuestionan el derecho que interpretan y que aplican a través de su acción. Los laboralistas - en la vieja acepción de la palabra, como abogados que defienden a los trabajadores - son sujetos fundamentales para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, comprometidos como están en una visión emancipatoria a la que debe servir el sistema jurídico.

No suele ser común que ese tipo de empeño cívico y profesional sea reconocido en la persona de alguno de sus exponentes más importantes, dotados de una mayor visibilidad social y mediática. Este es el caso de Enrique Lillo, al que CCOO de Castilla La Mancha dió en febrero de este año el premio Abogados de Atocha (Enrique Lillo, premio Abogados de Atocha). Ahora la Asociación Nacional de Laboralistas, una agrupación de abogados en donde coexisten los grandes despachos empresariales con bufetes medios y abogados mixtos, que defienden empresarios y trabajadores con los abogados propiamente denominados laboralistas, que son una minoría y se identifican en gran medida con el espacio sindical, ha dado el premio anual de reconocimiento a una trayectoria profesional importante a Enrique Lillo sobre la base de su larga presencia en el mundo de los servicios jurídicos de CC.OO. y por su carácter especialmente relevante "en el mundo de la abogacía del trabajo".

El premio es siempre un reconocimiento publico de una persona y asigna un significado concreto a su trabajo, que se ve positivamente valorado. Que lo haya sido un abogado histórico y fundamental al servicio de la causa de los trabajadores, un pilar decisivo de CC.OO y de su ideario profundo, no puede sino ser objeto de contento y de regocijo para todos los miembros del sindicato, para las personas que le conocen y le estiman y, claro está, para todos sus amigos y amigas.Tiene asimismo ahora una importancia simbólica, porque Lillo está asociado a recientes pleitos de extrema importancia, como Tele Madrid, Coca Cola, los 8 de Airbus, y conflictos colectivos asociados a la reivindicación de la ultra actividad de los convenios, de la preservación del derecho de huelga y así sucesivamente. Pero ahora se abre un momento importante para la judicialización de los derechos de los trabajadores temporales que la jurisprudencia del TJUE ha abierto ( y que será objeto de analisis específico en Albacete el próximo 2 de noviembre El impacto de la Jurisprudencia TJ sobre la contratación temporal) y que los sindicatos, y desde luego el Gabinete Interfederal de CCOO que coordina Enrique Lillo abordarán con el ímpetu y la habilidad que les caracteriza. El premio que se decidió ayer, 5 de octubre, servirá de acicate para continuar en esta lucha interminable por la consecución de derechos en tantas ocasiones negados y contrariados por leyes injustas que nos oprimen, como la ominosa reforma laboral del 2012.

En cualquier caso, es el momento de las felicitaciones y de los parabienes. Que este blog, en primicia informativa, ofrece a sus lectores, enviando un abrazo fuerte y cálido a nuestro querido amigo Enrique Lillo, tan justamente premiado.

Esta es la nota de prensa que da cuenta de la noticia.

D. Enrique Lillo Pérez galardonado
con el premio ASNALA-Santander Justicia al Mejor Laboralista 2016

El jurado del premio ASNALA-Santander Justicia al Mejor Laboralista se reunió el 5 de Octubre de 2016 para elegir al condecorado de esta edición.

Ayer 5 de octubre de 2016, tuvo lugar la reunión del Jurado del Premio ASNALA-Santander Justicia al Mejor Laboralista edición 2016. Los miembros del jurado acordaron conceder el premio a Don Enrique Lillo Pérez, abogado laboralista que ha acompañado la creación y el desarrollo de los servicios jurídicos de CCOO desde la transición y que es una referencia en el mundo de la abogacía del trabajo.

Este Premio, que ya celebra su XIII Edición ha recaído en ediciones anteriores en figuras relevantes del ámbito jurídico laboral  como D. Antonio Martín Valverde, D. Alfredo Montoya Melgar, D. Luis Gil Suárez, D. Efrén Borrajo Dacruz, D. Aurelio Desdentado o D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, entre otros juristas de prestigio. El premio está abierto a los abogados laboralistas, graduados sociales, miembros de la Judicatura, catedráticos y profesores de la Universidad dedicados a la rama social del Derecho.

El monolito que acredita la concesión del Premio se entregará durante el desarrollo del XVII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Laboralistas, a celebrar el 28 de octubre de 2016 en el Palacio de la Magdalena de Santander.

Cabe destacar que el evento cuenta con un Jurado de calidad excepcional, presidido por D. Luis Enrique de la Villa Gil, y del que forman parte Doña María Emilia Casas Baamonde, Don Antonio Sempere Navarro, D. Angel Blasco Pellicer, Don Aurelio Desdentado Bonete, Don Ignacio García-Perrote Escartín, Don Martín Godino Reyes, Don Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, Doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, Don Benigno Varela Autrán, Don Alfredo Montoya Melgar y Don Juan Gorostidi Pulgar.

Más información en el teléfono 915434547 o en la dirección de correo electrónico contacto@asnala.com.