EL MODELO CHINO DE “ECONOMÍA SOCIALISTA DE MERCADO” Y LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO.

En el escenario que ha creado la crisis del 2008 en los países desarrollados, todos hablan de China, que se ha convertido en la segunda potencia económica mundial y muestra un desarrollo económico permanente y en progresión. El modelo chino de crecimiento económico, que tiene su origen en la política de apertura y de reforma a partir de 1978, y que se desarrolla durante la década de los ochenta en la reforma de las empresas estatales, encuentra su formulación adecuada en la expresión “economía socialista de mercado” (que conviene no confundir con la que aparece en el Tratado de Lisboa caracterizando la Unión europea como “economía social de mercado”).

El conocimiento de los logros económicos de este país, el incremento de sus cuotas de mercado y su penetración en áreas económicas en concurrencia con las empresas europeas o estadounidenses (en el 2010, un 12,4% del comercio mundial de mercancías, inmediatamente después del 13,6% de USA y el 15,8 de la Unión europea), su actuación de compra masiva de títulos de deuda pública extranjera en los mercados financieros, o tantas otras características del “gigante chino”, han dejado en la sombra un aspecto esencial, el de las relaciones laborales en aquél país, de las que sólo se conoce su bajo nivel salarial y alta tasa de explotación de la fuerza de trabajo que se explica como un dato que favorece su competitividad a nivel mundial y la atracción de inversiones extranjeras al país.

Sin embargo, conocer cómo se regulan las condiciones de trabajo en China es un vector determinante en el análisis del modelo de crecimiento global que hay que poner en relación con la vigencia de derechos fundamentales en el trabajo cuya preservación en el plano global es un objetivo de civilización en cuya consecución trabajan sujetos globales como el sindicalismo internacional, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, foros sociales y fuerzas políticas de progreso. Las dificultades del idioma, la lejanía cultural y un hermetismo político muy acentuado, han impedido acceder a estas informaciones, por lo que normalmente se despacha el tema sin atender ni conocer los cambios que se están produciendo en esta materia, en especial a partir del 2007. En España, tenemos la fortuna de contar con los análisis que Isidor Boix desde la secretaría internacional de FEIQA-CCOO ha venido realizando en etapas diversas, y que ha ido señalando estos cambios y movimientos desde la perspectiva sindical, ofreciendo como es habitual en él, un rico análisis político sobre el terreno (cfr. http://www.iboix.blogspot.com/)  .

Felizmente, acaba de publicarse un dossier especial sobre “los retos del derecho social en China” en el último número de la nueva revista francesa Revue de Droit Comparé du Travail et de la Securité Sociale, editada por el COMPTRASEC de la Universidad Montesquieu de Burdeos, de la que es directora Isabelle Daugareilh y redactora en jefe Sandrine Laviolette. En ella, un grupo de diez profesores de universidades chinas exponen de forma sintética el contenido de la regulación jurídica del trabajo, la protección frente a la siniestralidad laboral, y la organización de la sanidad y la seguridad social en China, con especial atención a las carencias de la misma respecto de los trabajadores migrantes del campo a la ciudad y a la industria en China.

Todo el conjunto de informaciones que proviene de la lectura de las intervenciones que componen el dossier temático es realmente interesante, pero basten ahora algunos apuntes sobre la regulación de las relaciones laborales. El tránsito de la economía socialista publificada a la economía socialista de mercado comportó, como es sabido, toda una ruptura de los equilibrios sociales construida por el régimen maoísta, que llevó a situaciones de sobre-explotación laboral y social derivadas de una utilización “libre” de la fuerza de trabajo en los mercados abiertos a la empresa privada y las inversiones extranjeras. La presión social sobre el Partido Comunista Chino hizo que en el 2007 se produjera una importante reforma legal: la ley sobre el contrato de trabajo –que incorporaba asimismo una regulación de la negociación colectiva – la ley de fomento del empleo y la ley sobre la mediación y el arbitraje en los conflictos de trabajo. La dimensión individual del contrato de trabajo resulta priorizada en este impulso reformista, que busca la reducción de la vulnerabilidad de los trabajadores frente al empleador, reforzando el contrato por tiempo indefinido, las obligaciones del empresario en la forma de la contratación y garantizando la cobertura a la seguridad social de los trabajadores. La restricción de la temporalidad, que es la regla general de contratación en el periodo que va de 1994 a 2007, es todavía pequeña, aunque la norma prevé en todo caso una indemnización por fin de contrato de un mes de salario por año de servicio. El desarrollo de las prácticas de interposición y “puesta a disposición” de mano de obra temporal ha crecido y se desarrolla de forma muy rápida, generando un amplio margen de desprotección y de elusión de las normas de tutela del trabajo estable. La estructuración territorial de la República Popular hace que la vigencia de la ley estatal tenga ciertas resistencias en su aplicación por los gobiernos locales, que interpretan normativamente la ley restringiendo las garantías previstas en ella para los trabajadores. Sin embargo las sanciones administrativas se han reforzado en la ley ante incumplimientos empresariales de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales y de cotización a los fondos de la seguridad social. Pero el control público-administrativo se debilita ante las presiones de los gobiernos locales por el mantenimiento y localización de empresas en su territorio. De hecho el FMI criticó de forma directa la legislación protectora del 2007 como desincentivadora de la inversión extranjera en la República Popular China y como un factor que podía desalentar el crecimiento económico y la construcción de la riqueza.

Lo más llamativo para un observador extranjero es el ingreso de un ordenamiento laboral extremadamente publificado en un contexto económico regido por la empresa privada y en donde el contrato marca la relación de trabajo que se establece a nivel individual. El campo de aplicación de la norma laboral - y los derechos que garantiza - se ha ampliado a un número cada vez mayor de trabajadores. La precisión legal de la contraparte empresarial se ha sistematizado también en la ley, a través de una tipología de empresas en las que se aplica la norma laboral. Pero todo el juego de relaciones se desenvuelve en el plano de lo individual, en el que la correlación de fuerzas introduce desequilibrios poderosos a favor del empleador.

Todos los comentaristas subrayan la debilidad del sindicalismo oficial y la regulación “al menos inapropiada” del aspecto colectivo, desde los convenios colectivos generados “desde arriba” hasta la inactividad del sindicato en la tutela de los derechos de los trabajadores. Por eso – y es un fenómeno que ya había señalado Isidor Boix – los conflictos laborales han ido aumentando y han conocido una verdadera explosión en el 2010, como consecuencia de la reacción empresarial de rebajar salarios y condiciones de trabajo tras la repercusión de la crisis de 2008 sobre la producción y el comercio chino – en 2009 el comercio mundial dio resultados negativos – a través de huelgas de empresa y amplios conflictos sociales. En ellos se exigía aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo y el derecho de elegir a los propios representantes sindicales, poniendo en crisis la función del sindicalismo “oficial” y único de la ACTFU (Federación Panchina de Sindicatos). El tránsito del sistema en el que empresas y sindicatos velaban por la aplicación del Plan a un sistema de libre empresa con plena individualización contractual de las relaciones laborales se ha efectuado sin poner en marcha ni consolidar una vertiente colectiva autónoma. Al contrario, con reducción de los derechos colectivos, como sucede de manera sintomática con el derecho de huelga. Reconocido éste en la Constitución de 1975, en el marco de la Revolución Cultural, y mantenida por la restauración de 1978 de Den Xiao Ping, fue sin embargo derogado a partir de 1982, sin que aparezca como derecho constitucionalmente reconocido a partir de esa fecha. La ley sobre los sindicatos de 1992 menciona tan sólo los “ceses de trabajo” y las “acciones de reducción de los ritmos de trabajo” como posibilidades que obliga al sindicato a representar a los trabajadores para “negociar” con la empresa o autoridad competente, aunque se trata realmente de una mediación, puesto que el sindicato “da a conocer” los puntos de vista de los trabajadores en sus reivindicaciones, propone soluciones, comprometiéndose a “asistir” a la empresa en reiniciar la producción y mantener la normalidad después del conflicto. No obstante, la doctrina deduce de estos preceptos el reconocimiento de la libertad de huelga, y se discute sobre la responsabilidad derivada de estos actos sobre el contrato de trabajo y sobre las reglas de responsabilidad por daños a la empresa. La fuerte incidencia de la autoridad pública en el control y resolución de los conflictos no ha sido re-escrita por las normas de la reforma del 2007, y la regulación de la mediación y del arbitraje se está revelando ineficaz en su función de canalización de los conflictos. Conflictos “de masa” que crecen exponencialmente cada año, ocupando cada vez más parcelas de realidad fuera de la regulación normativa, y construyendo soluciones colectivas derivadas de la propia gestión autónoma del conflicto.

El modelo chino, en esas coordenadas, es sugerente porque refleja, también en el marco de una economía socialista de mercado, la dificultad que tiene el orden económico global de aceptar la dimensión colectiva de una contractualidad que introduce de forma directa e incisiva en la relación individual, formalizando una libertad e igualdad inexistente en la práctica. Y asimismo la resistencia que expresa una acción reformista estatal orientada a reforzar la tutela de los trabajadores a combinar la acción sancionatoria e imperativa del Estado con la acción colectiva “de masa” y articularla con sujetos que sean representantes reales de esos intereses y no mediadores en un conflicto en el que necesariamente adoptan la posición de “terceros ajenos” a los trabajadores.

La Revue de Droit Comparé du Travail et de Sécurité Sociale 2011/2 puede encontrarse en la siguiente página web :

http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=11  

LA FUNCIÓN DE LA LEY LABORAL Y LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. (UNA REFLEXIÓN DE MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE)

La Universidad Carlos III de Madrid nombró ayer, 27 de enero, doctores honoris causa a María Emilia Casas y a Nicolás Sánchez – Albornoz. El acto, en el que asimismo se entregaban los premios extraordinarios de doctorado y otros honores académicos, estuvo acompañado de una fuerte protesta de los trabajadores de la Universidad que reclamaban contra la política de recortes impulsada por el gobierno autonómico de la CAM y su aceptación entusiasta por los rectores de las universidades madrileñas, que se han apresurado a comunicar sus intenciones de poner en práctica inmediatamente esta política de restricción de la calidad del servicio público universitario. La comitiva de doctores, tradicionalmente ataviada con los ropones académicos de origen eclesial, pasó entre un pasillo de trabajadores que rechazaban los recortes presupuestarios y exigían la dimisión del Rector y en donde predominaba la camiseta verde reclamando escuela pública para todos. Todo un símbolo de las contradicciones de la Universidad en las que se mueve esta institución. En el acto, los gritos y consignas de los trabajadores se siguieron oyendo de forma nítida hasta el momento en el que se produjo la alabanza de María Emilia Casas, efectuada por el secretario general de la Universidad y profesor de Derecho del trabajo, Jesús Mercader. Al dar inicio a su discurso de investidura, los trabajadores y trabajadoras de la Universidad permitieron que el acto se desarrollara sin ningún incidente, respetando el significado democrático de las trayectorias humanas y profesionales de las dos personas honradas por la Universidad. El discurso de la doctora honoris causa que ha sido la primera presidenta del Tribunal Constitucional, se centró en la función que debería desempeñar la ley laboral en relación con las políticas de empleo. Se trata por tanto de una opinión cualificada que discurre preferentemente en el campo de la regla jurídica y sus interrelaciones con la realidad laboral y social. Algunas de estas reflexiones, de indudable interés, se transcriben a continuación.

“Les propongo una breve reflexión sobre la función de la ley laboral nacional, expresión de la voluntad democrática, ante la pérdida de su centralidad o protagonismo, por causas de las exigencias del ordenamiento europeo y de ‘los mercados’. Pero también de su sometimiento a un proceso de reforma parcial continua e inacabada, que ha recurrido con demasiada frecuencia a la excepcional legislación de urgencia y terminado por dañar severamente la seguridad jurídica del disperso ‘marco regulador’ del mercado de trabajo y de la protección social, con quebranto de su calidad técnica y democrática y de ordenación del conjunto del sistema que está en la base del conjunto del sistema que está en la base de nuestro modelo de desarrollo y de sociedad”.

La autora no quiere referirse en esta ocasión a la relación entre la ley y la negociación colectiva, los espacios compartidos y la obligación constitucionalmente garantizada de que la ley deba asegurar el espacio propio de la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Se quiere centrar por el contrario en las tensiones entre la falta de empleo – con una tasa de desempleo de 22,9% de personas en edad de trabajar, un 50% en los jóvenes menores de 25 años – y la función de la ley laboral, a la que se acusa de destruir el empleo, reducir su campo de aplicación a un grupo de insiders y, cuya reforma, por tanto, ha de tener virtudes evidentes en la generación de empleo. Esta supuesta capacidad creadora de puestos de trabajo de la ley de reforma de la legislación laboral es negada tozudamente por los hechos, en especial respecto de la experiencia española de 2010 y 2011. “La ley laboral reformadora parece haberse convertido en una especie de ‘camino de quita y pon’ como el que poseía el Mago de Merlín y familia, del gran fabulador Cunqueiro, al servicio de la generación de empleo”. Estos encantamientos no son propios de la legislación de trabajo, y “las últimas reformas legislativas laborales, ordenadas ‘a recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo’, no lo han conseguido, y ello pese a haber situado a los empresarios ‘en una posición mucho mejor’ ante los riesgos de la contratación de trabajadores (Rodríguez-Piñero, 2010) que la que tenían bajo unas leyes bajo cuya regulación, en cambio, la ocupación se incrementó en casi ocho millones de personas de 1995 a 2007” (…) “La inestabilidad crónica de las normas sobre política de empleo y modalidades de contratación laboral o los continuos ensayos sobre formación profesional e intermediación laboral prueban la radical e innegable capacidad de esas urgentes y fragmentarias normas reformadoras sucesivas para conseguir los fines que quieren alcanzar. En su reforma continúan está el reconocimiento mismo de su fracaso”.

El caso es que el diseño de las políticas de empleo es en una buena parte inútil y contraproducente, al estar basado principalmente en un esquema que incentiva la contratación empresarial mediante bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social o subvenciones. Se trata de una “agotada” política de fomento de la contratación indefinida, que proviene de 1997 y ha sido continuada con las leyes 46/2006 y, ya en la senda reformista de la crisis, con la Ley 35/2010. No ha mantenido el empleo, que se condiciona en su duración a la de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social, ni ha podido desbancar la contratación temporal, “que en su utilización descausalizada ha subvertido sus fines convirtiéndose virtualmente en un contrato único, al retirarse las limitaciones legales a su celebración durante dos años” en el RDL 10/2011. En efecto, “la reforma del 2010 no actuó con la debida convicción y contundencia sobre la reconducción a sus cauces causales de la contratación laboral temporal, y, ante el estancamiento de la economía, la crisis de la deuda soberana y el crecimiento del desempleo, volviendo a la vieja regla de que más vale un mal empleo que ninguno, la sobrevenida reforma de quita y pon de 2011 aparcó temporalmente el limitado propósito inicial de vencer esa ‘anomalía’ en el contexto europeo”. El resultado final que aprecia la ex presidenta del Tribunal Constitucional se expresa de manera contundente: “De ese modelo de regulación laboral que se ha ido diseñando a golpe de reformas sucesivas, de las que se reclaman grandes remedios que los hechos desmienten, ha resultado un Derecho del trabajo que ni siquiera sostiene al conjunto de los trabajadores y no se compensa ni corrige las desigualdades fundamentales que han aumentado notablemente entre aquellos, al tiempo que asienta un modelo económico de baja productividad. Su superación es una necesidad casi unánimemente aceptada y un asunto absolutamente fundamental”. No es necesario subrayar lo imperativo de esta conclusión, por lo demás rigurosamente cierta aunque choque con las posiciones gubernamentales y empresariales que reiteran como un mantra la necesidad de seguir reformando la ley laboral como condición para la recuperación económica y la creación de empleo.

¿Cuál es entonces la propuesta que hace la autora? Naturalmente que no plantea un programa de acción, pero si unas nuevas coordenadas dentro de las cuales se debe mover el discurso del análisis crítico de la función normativa de la ley laboral. El objetivo de ésta no es crear empleo ni puede reducirse a ser el instrumento de la política de empleo, y desde luego no de “políticas de empleo agotadas que han resquebrajado tan profundamente el ordenamiento laboral y ejercido una enorme presión sobre el sistema de protección social”. Las políticas de empleo deben existir y “dirigirse a los trabajadores”, pero la ley laboral no puede estar hipotecada por la política de empleo. Las políticas activas de empleo tienen que implicar a los servicios públicos de empleo, descansar en la formación y desarrollarse con arreglo a fórmulas que combinen prestaciones y salarios, de forma que “a estas políticas y a las situaciones de transición podría destinarse el gasto social que tan indebidamente ‘incentiva’ la contratación”.

La función de la ley laboral es establecer el marco jurídico protector del trabajo y de los trabajadores, ciudadanos que obtienen de su trabajo su dignidad personal y sus condiciones de vida, y las reglas de juego del sistema laboral con el entramado de piezas que lo conforman. Fijando “en lo concreto” esta propuesta, desplegando una capacidad de mediación y de resolución de los problemas de adaptación a la realidad social y del empleo, la ley laboral recupera “su existencia”, asegura objetivos de estabilidad laboral, de formación, de calidad y de productividad del trabajo y de certeza jurídica y política. “La búsqueda de la productividad y de la competitividad en la reducción de derechos y en el coste del trabajo, y no en su calidad, no lleva a un crecimiento económico sano y a una competitividad reforzada, sino a un modelo productivo más expuesto a las crisis y a un mayor número de trabajadores al desempleo”.

En efecto, la crisis global, con nuestras “particularidades estructurales”, no conduce a un “choque inevitable” con un Derecho del Trabajo y un Derecho de la Seguridad Social “condenados a no ser, sino precisamente a ser”, en esta situación tan difícil, un medio necesario para el reconocimiento de los derechos constitucionales y el cumplimiento de los fines que la Constitución encomienda al Estado. Ambos derechos son “ejes vertebradores del estado social democrático y de derecho en que España se ha constituido por la constitución que nos hemos dado para ordenar nuestro sistema político, también en las actuales circunstancias de estancamiento económico, desempleo y mayor necesidad – y mayores costes- de protección social (…) La Constitución es, como dijo el tribunal Constitucional tempranamente, ‘un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo’ (STC 11/1981), pero es la norma superior que establece los límites que el legislador democrático no puede traspasar. Esos límites aseguran la existencia de los Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social.”

JUECES Y JUICIOS (EL DOMINGO 29 A MANIFESTARSE EN APOYO DE GARZÓN)

Coincide en estos días una persecución judicial y política contra Garzón y la decisión del jurado de exculpar al presidente Camps por cohecho impropio respecto del Caso Gürtel" en el que está inculpado el propio magistrado Garzón por escuchas ilegales y violación del derecho a la defensa. El movimiento pendular de considerar inocente al político e inculpar al magistrado´, se está percibiendo socialmente como un síntoma gravísimo de la degradación democrática y la entronización de la corrupción como fisiología del sistema. (En la foto los convocantes de la manifestación en apoyo del Juez Garzón).

Si en el caso de Camps la decisión del jurado es un efecto de lo que Ferrajoli denomina despolitización masiva de la ciudadanía y disolución de la opinión pública, la persecución a Garzón evidencia una fuerte componente corporativa y reaccionaria en la alta magistratura de nuestro país que se muestra públicamente como un grupo de poder autónomo que escarmienta al juez "rebelde" a la vez que establece claras reglas del juego en relación con los que detentan el poder económico y político. En el fallo del jurado se expresa la corrupción del sentido común - no había sino escuchar las conversaciones telefónicas de Camps y su mujer, o de Ricky Costa - y el desmoronamiento del imaginario popular en materia de democracia, y resulta por ello explicable que para la mayoría de los miembros del jurado popular la forma en la que procedió el molt honorable careciera de cualquier reproche jurídico y que los regalos, obsequios y confianzas con el Bigotes no afectaran a la gestión del interés general. El veredicto evidencia que en su decisión mayoritaria se manifesta una opinión pública transformada y corrompida por la demagogia desarrollada por el sistema político-mediático.

El procesamiento "en racimo" de Garzón  indica ante todo que hay límites que el juez no puede traspasar en el conocimiento de los hechos delictivos y en la persecución de los mismos, y que esos límites son fijados y definidos como absoluta inmunidad de un poder arbitrario y corrupto que se considera plenamente liberado de cualquier responsabilización. También expresa que esta inmunidad plena se proyecta hacia atrás, hacia los crímenes del franquismo y la feroz represión que este régimen desplegó, de forma que ni la tendencia a la universalización de los derechos y el castigo de los peores crímenes cometidos por los tiranos y sus cómplices, pueden ser tenidos en cuenta en el debate ideológico y jurídico que se ha desarrollado en torno a la investigación de las fosas comunes en España. El papel preponderante que en este juicio se ha dado a Falange Española y al grupúsculo franquista "Manos Limpias" es un insulto a la democracia y a tantas vidas segadas o irremediablemente truncadas en la lucha antifranquista por la conquista de las libertades.

En el caso de la persecución a Garzón todos sabemos que el veredicto está escrito mucho antes que el texto de la sentencia. También que la indefensión a la que se ha sometido al juez, y el acoso jurídico que ha impedido el derecho a su defensa merecerán - merecen ya - la repulsa internacional y previsiblemente una sentencia del TEDH condenando al Estado español por esta caza de brujas. Pero igual que intuimos que Garzón está condenado ya, sospechamos asimismo que no sólo Camps será absuelto, sino también Fabra verá prescritas sus acciones y el juicio penal, de celebrarse, no encontrará responsabilidad penal en ellas, como también, en fin, la forma peculiar de hacer negocios del yerno del Rey y la organización de sociedades para canalizar importantes sumas de dinero sustraidas a la legalidad impositiva se entenderá plenamente lícita, aunque a lo sumo, censurable moralmente ante la peculiar posición que se ocupa en el interior del Estado.

Es decir, estamos convencidos que una importante parte del poder judicial ha asumido un principio no democrático en su actuación y que lo impone autoritariamente con el desprecio consiguiente de los efectos culturales y políticos de estas decisiones sobre la percepción ciudadana de la calidad (e incluso de la subsistencia en algunos aspectos) de la vida democrática. El enrocamiento en la defensa del franquismo y de la relación inescindible entre el privilegio de los poderes económicos y las oligarquías burocráticas de los partidos es una postura que ya esta produciendo un movimiento muy amplio de repulsa y de deslegitimación de los jueces y magistrados, como síntoma del desmoronamiento progresivo del marco de libertades democráticas.

Una primera muestra va a ser la manifestación que a las 12 horas de la mañana saldrá de la Plaza de la Villa de Madrid, frente al Tribunal Supremo, en apoyo al Juez Garzón el domingo 29 de enero, convocada en el Ateneo de Madrid por un grupo de intelectuales y artistas. Hoy mismo una multitudinaria - y espontánea - manifestación ha sacudido Valencia en protesta por el veredicto del Jurado. Expresar colectiva y masivamente el disenso con estas tendencias que apuntalan la corrupción, la interferencia del poder económico en el poder político y la negación de la democracia es una obligación moral y un compromiso político inabdicable. Aunque estemos en un estado de excepcionalidad social o justo por ello mismo. Así que todos a la calle. De momento el domingo 29 de enero, en Madrid, a las doce de la mañana.

SESION DE CLAUSURA DEL CURSO DE POSGRADO SOBRE TRABAJO DECENTE Y GLOBALIZACIÓN

El curso de posgrado de la UCLM organizado por el área de  Derecho del Trabajo, que abordaba el tema del trabajo decente en la globalización y que estaba dedicado a la memoria de Oscar Ermida Uriarte, se ha clausurado en la mañana del día 25 de enero con una conferencia de Miguel Rodriguez-Piñero.

Joaquín Aparicio introdujo al conferenciante, que abordó el tema central del seminario, el trabajo decente, relacionándolo con la situación europea actual en medio de la crisis, en donde se está produciendo una erosión del modelo social y un desacoplamiento entre los clásicos parámetros que habían ligado desarrollo económico y de mercado, bienestar social y derechos laborales robustos. De esta forma la noción de trabajo decente que parecia destinada a una reivindicación en paises en vias de desarrollo, cobra un vigor insospechado en un panorama político como el de la Unión europea en el que se ha dejado de hablar el lenguaje de los derechos. La necesidad pese a ello de recuperar el espacio supranacional europeo como terreno de propuestas y de debate político y jurídico, de una parte, y la advertencia de Sinzheimer en 1928 sobre la necesidad originada por la crisis - de los años 20 del pasado diglo - de hacer un importante esfuerzo teórico para aposentar en el marco de la ciencia jurídica el derecho del trabajo junto con el derecho al trabajo fueron las conclusiones de un discurso abierto a problematizar el conjunto normativo-laboral, pero reacio a su demolición más o menos controlada.

A continuación se formó la mesa redonda en la que se dedicaba el homenaje a Oscar Ermida como profesor invitado permanente de los cursos de osgrado de Toledo desde su primera edición en el año 2000 hasta la de 2011 en la que el avanzado estado de su enfermedad le impidió desplazarse. Presidió la mesa el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Pedro Carrasco, quien fué dando la palabra primero a Joaquín Aparicio, que glosó la personalidad del amigo, del prfoesor y del teórico, luego a Miguel Rodríguez Piñero, que pasó revista a muchas de las intervenciones de Oscar Ermida en relación con los grandes problemas a los que se enfrenta hoy el Derecho laboral, a continuación a Antonio Baylos, quien se refirió a la relación estrecha entre el curso presente con las preocupaciones teóricas y culturales de OEU, como firmaba siempre, y que se habían materialziado en tantos proyectos editoriales, académicos y de debate, para por fin dejar a paso a Martin Ermida, abogado y profesor en la Universidad de la República de Uruguay, donde su padre era catedrático, quien agradeció el homenaje e hizo un muy medido recuerdo de la relación de Oscar Ermida con el curso de posgrado de Toledo.

La entrega de diplomas se realziará el dia 26 en el paraninfo de la Facultad, el convento de San Pedro Mártir.

SEMINARIO DE FORMACIÓN EN EL AREA DE DERECHO DEL TRABAJO UCLM SOBRE LAS REFORMAS LABORALES RECIENTES

Aprovechando el curso de posgrado de derecho que se está desarrollando en Toledo, el área de derecho del trabajo de la UCLM ha organizado dos seminarios para analizar algunas de las últimas reformas laborales de mayor alcance, a los que ha invitado a los participantes latinoamericanos en el curso de posgrado, cuya gran mayoría ha participado en los mismos.

El primer seminario ha examinado la reforma de la seguridad social, y en él Joaquín Aparicio realizó un enfoque general sobre el derecho de la seguridad social como función del estado social y su concreta organización en el estado español, para a continuación pasar a analizar de forma detallada el nuevo sistema de la pensión de jubilación, que expuso, incidiendo en sus relieves críticos, Luis Collado. El debate colectivo sobre los nuevos contornos de la jubilación fue muy extenso y en él hubo también una intervención muy amplia del grupo de los estudiantes del curso de posgrado además de los miembros del área de Derecho el Trabajo.

El segundo seminario se ha realizado el lunes 23 de enero se ha dedicado al examen de las reformas de la Ley concursal, casi todas ellas centradas en el ERE judicial y que no son reformas sustanciales que aborden elementos centrales sobre la relación entre el concurso y los derechos laborales, sino que pretenden cubrir lagunas o mejorar el funcionamiento de aspectos concretos. La exposición, minuciosa y crítica, ha corrido a cargo de Aurelio Desdentado, magistrado del Tribunal Supremo. El análisis de las dudas provenientes de la experiencia anterior y la posible interpretación de algunos aspectos de la reforma han mantenido vivo el debate en el que las intervenciones de Luis Collado y Joaquín Pérez Rey han sido muy determinantes.

Como segunda parte del seminario está previsto el debate y el análisis de la reforma legal del sistema de negociación colectiva, que conducirá Amparo Merino y en donde se analizará prioritariamente la tendencia a la “empresarialización” de la negociación colectiva tanto mediante la inaplicación de aspectos concretos del convenio sectorial (salarios o jornada) mediante la conclusión de un acuerdo de empresa por motivos económicos, técnicos o productivos (flexibilidad interna y descuelgue salarial), como mediante la tendencia a la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, salvo que se prohíba por reglas de concurrencia o encuadramiento convencional.

Se entra en la última semana del curso de posgrado en el que el estudio de los mecanismos de garantía judicial en diversos planos va a constituir el centro del curso. La complementariedad de estos seminarios de formación con el desarrollo ordinario del curso ha permitido conocer las tendencias de desarrollo de la reforma más actuales en el ordenamiento laboral español.

LA PERSECUCIÓN PENAL DEL JUEZ GARZÓN. UN COMUNICADO DE "XUSTIZA E SOCIEDADE"

Causa bochorno a cualquier ciudadano mínimamente informado la persecución judicial a la que ha sido sometido el Juez Baltasar Garzón. La instrucción sumarial y los tres casos que se acumulan contra él son hechos bien conocidos que implican una clara decisión previa de incriminación del magistrado que se atrevió a investigar una de las tramas de corrupción más relevantes que afecta al PP, hoy partido que gobierna todos los segmentos de la administración pública estatal, de comunidad autónoma y local. Para mayor infamia, se ha convocado el próximo día 24 de enero, cuando se cumplen 35 años del asesinato de los abogados laboralistas en el despacho de Atocha, la apertura de juicio oral al juez Garzón acusado de prevaricar al ordenar investigar los crímenes del franquismo. Una coincidencia posiblemente buscada como forma de manifestar una vez más el desprecio hacia quienes fueron eliminados físicamente por los aparatos militares y policiales de la dictadura franquista. La Asociación Xustiza e Libertade de Galicia, ha hecho pública una nota sobre el juicio a Garzón que se publicará en los periódicos autonómicos. Matías Movilla la ha enviado a su corresponsal en Parapanda y nosotros lo publicamos con gran placer. Se llama "El derecho a investigar" y se coloca a continuación.

EL DERECHO A INVESTIGAR

El Derecho es un instrumento para resolver los problemas de convivencia de la ciudadanía. Son las normas que nos damos para regular los comportamientos en Sociedad.

En la abogacía sabemos hasta qué punto es necesario tener una "imaginación creativa", para buscar soluciones jurídicas a los problemas humanos que se nos presentan, a veces muy complejos y acuciantes.

Y el Derecho es, además, una herramienta útil, en la medida en que, con pleno respeto de unas reglas de juego -las normas procesales como garantía fundamental-, combinamos preceptos, acuñamos expresiones y vamos alumbrando, con mas o menos osadía, nuevos caminos.

Pero el cuerpo legal no debe petrificarse. La evolución natural del Derecho empieza por esos ensayos concretos que la abogacía presenta como pretensiones en los juzgados. Ya sea el derecho de los familiares a saber dónde están enterrados sus muertos, o a denunciar conductas corruptas, o a entregar en pago el piso por la hipoteca. La aspiración del ideal de Justicia es siempre el horizonte infinito.

Y, prosperen o no, puede caber recurso –siempre, en el caso de la Justicia Penal-. Y puede accederse, por consiguiente, a un Tribunal Superior colegiado, que estima o desestima, no siempre con unanimidad, esa demanda. Incluso formulando algún magistrado un "voto particular" discrepante con la opinión mayoritaria, que acata, pero contra la que argumenta razonadamente. Y esta discrepancia, que es la semilla de la evolución, nunca puede considerarse delito.

Si toleráremos que la discrepancia de los jueces se convirtiera en delito de prevaricación, estaríamos acabando con la independencia del poder judicial, y encerrándolos en la pobreza mental del pensamiento único. El cual, como aseguraba Saramago, deriva hacia el pensamiento cero, hacia el electroencefalograma plano.

Por todo eso, el triple procesamiento del juez díscolo no encaja en absoluto en la lógica, sino en la "envidia creativa". La vanidad no es un crimen, pero sí lo es, aunque moral, la envidia ciega, el mensaje emitido por los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la judicatura de instancia: que sepan que si se dedican a investigar la corrupción, les va a salir muy caro. Están resucitando la idea de una sociedad estamental: que hay una justicia para los ricos, para los que evaden capitales, para los que trafican con los dineros públicos, para con los poderosos y con poderosas defensas. Sin ser conscientes –queremos pensar- del daño que le están provocando a la credibilidad de la Institución.

Sólo queda por ver si les basta con haber humillado al Juez "estrella" sentándolo en el banquillo, o si se atreverán a condenarlo.

A sabiendas de que cualquier solución es mala para el Alto Tribunal, preferimos que la cordura campe nuevamente por la Sala de los Pasos Perdidos y se dicte una sentencia que reponga la legalidad en la actuación judicial y permita a los jueces de instrucción seguir investigando con independencia, sin miedo a ser denunciados por los delincuentes a los que persiguen.

Tenemos en juego el Estado de Derecho. Y también la esperanza.

DERECHO DEL TRABAJO Y GLOBALIZACIÓN: EL TRABAJO DECENTE COMO PROYECTO DE REGULACIÓN UNIVERSAL.

Con el título Derecho del trabajo y globalización: el trabajo decente como proyecto de regulación universal, se está realizando en Toledo, un Curso de Posgrado para estudiantes latinoamericanos, dirigido y coordinado por Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey. El curso está dedicado a la memoria de Oscar Ermida Uriarte, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República de Uruguay y posiblemente el teórico académico más importante del derecho laboral latinoamericano, fallecido desgraciadamente en junio de 2011. Oscar Ermida había sido profesor invitado en estos Cursos de Posgrado de la UCLM desde la primera edición de los mismos.

El curso de posgrado parte de una realidad oculta de la globalización, la tendencia contradictoria pero permanente a considerar como un elemento civilizatorio el siglo XXI la vigencia universal de derechos sociales básicos, que la OIT ha podido formular sintéticamente bajo la noción de trabajo decente. Se trata en definitiva de un proceso cultural que tiene muchas dificultades para su afirmación plena pero que se va determinando cada vez más de forma prescriptiva en los proyectos políticos de progreso en todas partes del planeta. Esa tendencia muestra caracteres específicos en la Unión Europea, con contradicciones muy fuertes acentuadas por la crisis y que tensionan las relaciones entre el espacio integrado económico y monetariamente y las restricciones al modelo social europeo que se centran especialmente en determinados ordenamientos internos. Por razones evidentes, el dato europeo es muy relevante en el desarrollo académico del curso, al permitir visualizar un espacio normativo en materia social supranacional, con sus reglas y sus sujetos delimitados en esa dimensión europea, junto a sus contradicciones y tensiones con las libertades económicas fundamentales, y la demolición parcial de sus estructuras básicas como consecuencia de las consecuencias de la crisis global desatada a finales del 2008 con especial incidencia en Europa, y la presión especulativa de los mercados financieros.

Los contenidos del curso discurren analizando tres grandes bloques de temas. En primer lugar ha parecido conveniente poner de relieve la problemática de los sujetos que actúan en el mundo global. Indirectamente se analiza a través de esa personificación, la actividad llevada a cabo y sus aspectos más llamativos. Los organismos internacionales son los sujetos llamados vocacionalmente a desempeñar ese papel activo en el mundo global, y naturalmente se han elegido dos de los organismos internacionales que tienen una mayor repercusión en la construcción de ese tejido universal de enunciación y respeto de los derechos laborales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que permite además recuperar un debate entre los espacios más idóneos para forzar la garantía de los derechos laborales y que tiene que ver con las formas de re-territorializar el trabajo con garantías políticas y jurídicas. A su lado, actúan en la globalización como sujetos de pleno derecho y potencia las empresas transnacionales, en donde se aprecian importantes tendencias a definir su responsabilidad social externa en términos de preservación de un contenido mínimo de derechos laborales en todos los lugares en los que ésta actúe. Es este un espacio progresivamente negociado con el otro sujeto colectivo que emerge en la globalización y que también se sitúa en un plano de la extra-normatividad, el sindicato global, que desarrolla una actividad de representación y reivindicación del trabajo global definido expresamente como trabajo decente.

El segundo bloque de problemas se refiere a los instrumentos que son relevantes en la regulación de los derechos laborales y sociales en el espacio de la globalización. En este punto, tienen una importancia especial los pactos y declaraciones de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales. Es aquí donde se va desarrollando ese espacio de validez y de garantía de los derechos, en una relación entre declaración universal, reformulación de esos derechos en espacios regionales integrados con mayor o menor fortaleza, tribunales internacionales y recepción de estos en los ordenamientos estatales-nacionales a través fundamentalmente de la garantía de esos derechos por los órganos jurisdiccionales del mismo. El examen de los textos de los organismos internacionales al respecto se enlaza con la problemática más específica europea, con una reflexión sobre el alcance y estructuración del reconocimiento y garantía de los derechos de la ciudadanía europea en materia laboral y social a partir del principio de subsidiariedad y de competencia común y el examen de los dos tribunales europeos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como modelos de dos tipos de construcción del control jurisdiccional de la actividad de los Estados en materia de derechos laborales y sociales.

La temática de los instrumentos empleados como formas especiales de creación de reglas sobre el trabajo en la globalización, hace que sea ineludible remitirse asimismo a la negociación colectiva transnacional, con una especial referencia a la negociación colectiva comunitaria en el marco del diálogo social como forma de creación de normas sobre política social y derechos laborales en la UE, y toda la batería de técnicas calificadas como soft law.

En ese contexto, cobra una importancia central la consideración del trabajo y el empleo como derechos universales, concebidos tanto en el interior de los estados nacionales como en su dimensión general en los flujos migratorios globales. El examen de esta cuestión desde una doble mirada, la construcción como derecho en un plano internacional del derecho a migrar, y la regulación de éste como movimiento en mercados unificados regionalmente, como en el caso europeo, forma parte de los contenidos del Curso, junto con el examen del tratamiento de las deslocalizaciones productivas a partir de un proceso de desterritorialización del trabajo en la experiencia Europea y en sus últimas manifestaciones en medio de las turbulencias de la crisis.

El último bloque se dedica a los diversos medios y técnicas de garantía de estos derechos en el espacio de la globalización. Desde las experiencias muy interesantes de denuncia política, bajo forma de juicio de desvalor jurídico al comparar la acción de estados o de empresas transnacionales en relación con los derechos laborales o sociales reconocidos en las declaraciones universales, hasta los mecanismos de control previstos en la OIT a partir del Comité de Libertad Sindical, o la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Pero también mecanismos de solución nacidos en la negociación colectiva, los llamados medios autónomos de solución de conflictos. Como último punto se encuentra siempre la peculiar estructura de la organización jurisdiccional del estado-nación, que en España ha sido reformulada con la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que de este modo se expone en sus puntos más generales.

A lo largo del curso, en el que participan un nutrido grupo de profesoras y profesores del área de derecho del trabajo y de la seguridad social de la UCLM, se han insertado algunas conferencias que abordan de forma específica temas relacionados directamente con los desarrollados en las sesiones “ordinarias”, pero que permiten otro enfoque metodológico o narrativo. Así, se examina el análisis que realiza de la crisis económica y las propuestas frente a la misma la Confederación Europea de Sindicatos (CES) – conferencia que pronunció Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1 de mayo - la tutela penal de los derechos laborales en un mundo globalizado – lo que fue abordado por Juan Terradillos, catedrático de derecho penal en la Universidad de Cádiz, y, en fin, el significado del trabajo decente como prescripción normativa en la tutela de los derechos sociales, que realizará el miércoles 25, Miguel Rodríguez-Piñero, Consejero de Estado y ex Presidente del Tribunal Constitucional.

El acto de clausura consistirá en un homenaje a Oscar Ermida, en cuyo trabajo teórico confluía precisamente la relación entre las dos categorías centrales del Curso, el trabajo decente y la universalización de los derechos laborales y sociales. En el recuerdo de este maestro de iuslaboralistas, profesor permanente del curso y gran amigo personal, intervendrán, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Pedro Carrasco, los profesores Rodríguez-Piñero, Aparicio y Baylos, junto con Martín Ermida, el hijo del profesor prematuramente desaparecido.

“ODIO A LOS INDIFERENTES”, UNA RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS E INTERVENCIONES DE ANTONIO GRAMSCI

En la foto, Joaquín Aparicio y Tarso Genro comentan sus respectivas vacaciones de invierno y de verano (Italia y Cuba), congratulándose de la cada vez más extensa presencia de clásicos marxistas en las librerías del mundo, y en especial en las hispano-luso parlantes. A uno de estos textos se refiere el "post" que se transcribe a continuación, como otra de las "lecturas de invierno" que en el blog se han ido proponiendo.

Sobre la base de una edición italiana del 2010, la editorial Ariel ha publicado, traducido por Cristina Marés, un conjunto de textos de Antonio Gramsci provenientes en general del texto La ciudad futura, que contiene escritos de 1917-1918, restablecidos en su versión completa y no censurada por el trabajo de Sergio Caprioglio, que ha restituido muchos de ellos a su versión original. El libro incorpora como última parte un texto que se distingue claramente del tenor del resto. Se trata de la intervención del diputado Gramsci en el Parlamento exponiendo su opinión contraria a la legislación antimasónica como síntoma de un endurecimiento del papel totalitario del Estado fascista y cómo una señal de aplicación extensiva de esta norma a partidos y organizaciones políticas rivales. Este texto había sido ya publicado por Il Manifesto en su reputada colección de mensajes o discursos políticos breves en su edición de bolsillo.

No se trata por tanto de textos derivados de los “Cuadernos desde la cárcel” ni anteriores, de la experiencia de los consejos y la discusión en torno a “Ordine nuovo” y la revolución consejista de 1919-1920. Las intervenciones de Gramsci tienen un carácter marcadamente cultural y en ellas sobresale la crítica a la mediocridad cultural y política de una Italia decadente y burguesa. Esta crítica a las estructuras administrativas, políticas y culturales de Italia predomina sobre las referencias a la clase obrera y a la problemática de la acción colectiva de resistencia y de construcción de una alternativa política. Sus reflexiones sugieren una situación de extrañamiento del intelectual respecto de un país egoísta y subsumido en la pereza, la incuria y el reflejo autoritario, donde los arquetipos de la modernización que se ignora y no se practica en Italia están ausentes de la vida de un país en el que se constata un enorme vacío político y cultural respecto de los países más desarrollados de Europa, achacable al atraso de la burguesía nacional: “En Italia todos los males que aquejan a las pocas personas inteligentes y activas son resultado necesario de la ineptitud, de las condiciones de deterioro y de descontrol en la que se encuentra esa cierta parte de la población que nosotros, haciéndole el honor del lenguaje socialista, llamamos clase burguesa” (p. 65)

Hay algunos textos especialmente impactantes, en donde la crítica cultural resulta especialmente ácida y precisa, como los relativos a la educación y a la familia, y el rechazo, tan actual, a la escuela privada, o los textos dedicados a la burocracia del estado italiano – “los males del estado italiano”- donde los funcionarios, sus corruptelas y sus insuficiencias son puestos de manifiesto de manera nada piadosa. De especial interés son sus intervenciones sobre la necesidad de respetar los derechos democráticos y sus garantías como forma de protegerse frente a un “capitalismo fuera de control”, y sus diatribas precisas y muy sugerentes respecto de la guerra y la necesidad de construir intelectualmente la inutilidad de la muerte como forma de abordar la oposición directa a la guerra imperialista.

Por último, algunos textos ponen el acento sobre la mirada subjetiva del autor respecto de las tendencias presentes en la sociedad de su tiempo. A este tipo de textos se corresponde el que da título al libro –“odio a los indiferentes” – pero también debería resaltarse el que cierra las intervenciones de 1917-1918, que de forma sintomática se denomina “hace falta que cambiemos nosotros mismos”. En él, hablando de sus lecturas, señala que “estos libros no son para mi nada más que estímulos, oportunidades para pensar, para indagar en mi mismo, para reencontrar en mí mismo las razones profundas de mi ser, de mi participación en la vida del mundo. Estas lecturas me convencen una vez más de que los socialistas aún tenemos un gran trabajo por hacer: un trabajo de interiorización, trabajo de intensificación de la vida moral (…). Es preciso que cambiemos nosotros mismos, el método de nuestra acción. Estamos envenenados por una educación reformista que ha destruido el pensamiento (…). Somos revolucionarios en la acción mientras somos reformistas en el pensamiento. Obramos bien y razonamos mal (…) somos temperamentos más que caracteres”.

Los artículos recogidos en este libro pertenecen a un Gramsci que tiene 26 años. Un hombre que, dice el prologuista David Bidussa, se caracteriza por una “mirada atenta, una buena sonrisa, exigente, categórico, reforzado por una concepción estoica de la vida y de la moral y dotado de una fuerte vocación pedagógica” al que le quedaba un largo aprendizaje político tras la posguerra y su detención en noviembre de 1926. Pero en el que la necesidad de ver la vida real, “de hacerse cargo del agotamiento de los que han perdido”, es una constante en su trabajo intelectual. Profundizar en la realidad, estudiarla, es el objetivo, para evitar así que la nueva cotidianeidad pueda aparecer como el único mundo posible. Lo que tantas veces se nos presenta ahora como condición irremediable, por cierto.

Antonio Gramsci. Odio a los indiferentes. Editorial Ariel, Barcelona, 2011. 105 pp.

LA CRISIS (DEL EURO) QUE NO TERMINA NUNCA. UN NUEVO NÚMERO DE INSIGHT

Sigue la crisis con el nuevo año, aún mas agravada ante la incorrección suicida de las políticas adoptadas para combatirla. El colapso salarial en los países periféricos y la expansión inmensa de un mercado de trabajo sin garantías políticas ni jurídicas, está conduciendo a una situación de grave peligro de fractura social. Como cada mes, Insight profundiza en los desarrollos de la crisis y ofrece, en el laboratorio de ideas que aspira a ofrecer, una serie de intervenciones sobre este proceso de enorme interés que se resumen más adelante, antes de copiar el índice completo del número. En él se apreciará en algunos artículos dos versiones en razón del idioma en el que se dispone de dicho texto, uno de ellos, el de Romagnoli sobre la recuperación de la licencia para despedir, fué publicado en primicia por la blogosfera de Parapanda.

2012, enero / En este Número





Insight - http://www.insightweb.it/

Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo analizar la crisis y sus desarrollos económicos y sociales.

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Mientras la crisis italiana se enlaza con la de la eurozona, el nuevo gobierno Monti, tras las medidas de austeridad, se dirige ahora a la liberalización de los despidos

(Romagnoli y Lettieri). Pero la crisis del euro está bien lejos de hallar una solución. Discuten sobre este punto una serie de intervenciones (Amoroso y Jespersen, Colitti, Paladini).

Mientras tanto, en los Estados Unidos, con la apertura de la campaña presidencial, los republicanos van directamente al ataque contra Obama (Dean Baker y Robert Kuttner).

En la sección Papers, un ensayo de Mario Nuti examina la marcha de la crisis global y sus posibles desarrollos. Y además, se incluyen escritos sobre la post- crisis argentina, sobre trabajo y desigualdad en América y sobre las posibles soluciones a la crisis del euro.

Artículos

• Bruno Amoroso and Jesper Jespersen

On board Titanic: The EMU in stormy weather

Il sistema monetario europeo nella tempesta

Umberto Romagnoli

El retorno de la licencia para despedir

Il ritorno della libertà di licenziare

• Antonio Lettieri

Articolo 18 - Se passa il modello americano

• Marcelo Colitti

Le paure della Germania aggravano la crisi

Ruggero Paladini

An old taboo: the balanced budget

Il taboo del pareggio del bilancio

• Dean Baker

Will Romney Lie His Way to the White House?

• Robert Kuttner

Obama's Populism

• John Weeks

Estimating the UK one percent: A public service message

• Papers

Scenari possibili dopo la crisi globale

Domenico Mario Nuti

La historia del éxito económico argentino y sus implicaciones

CEPR

Lavoro, sindacato e diseguaglianza in America

Antonio Lettieri

A Modest Proposal for Overcoming the Euro Crisis

Yanis Varoufakis and Stuart Holland

En Views , entre otros, artículos de: Robert Reich, Tarso Genro, Etienne Balibar, Joseph Stiglitz

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Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis; Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert

DÉJÀ VU

En uno de los programas que hizo la espléndida banda británica Monty Python, un psiquiatra quería explicar a los televidentes lo que significaba como síntoma dismnésico la sensación de déjà vu, típico trastorno neuropsiquiátrico, y al hacerlo continuamente se repetían los mismos hechos y volvía a comenzar la explicación hasta que por fin salía desesperado huyendo del programa para continuamente volver a escapar de él. Sobre este recuerdo, se construye el texto que se presenta a continuación, que hemos podido sustraer a la redacción de la Revista de Derecho Social, en donde lo están manejando como base de un editorial del inminente número 56, último del año 2011. Este es el texto:

El cambio del mapa político español tras las elecciones del 20-N ha impuesto un nuevo escenario. Todos los comentaristas, creadores de opinión y los propios protagonistas de esta nueva época lo proclaman con cierta solemnidad. Se ha alumbrado un nuevo gobierno y se han adoptado unas medidas de choque como forma de encarar la crisis fundamentalmente mediante la reducción del déficit público. Se previene no obstante a la ciudadanía que otras medidas aún “menos gratas” habrán de adoptarse una vez celebradas las elecciones andaluzas, reconociendo así de forma evidente que se quiere preservar frente a posibles resistencias a nuevas medidas “de rigor” la respuesta del electorado andaluz. Al lado de las medidas de congelación salarial y de plantilla de las administraciones públicas junto con supresión de mejoras colectivas y el aumento de la jornada máxima en este sector, la congelación del salario mínimo y el recorte de gasto público en inversiones en obras públicas y en I+D, se abre de nuevo un período de negociación entre los agentes sociales en donde la patronal y los sindicatos han sido capaces de encontrar algún espacio de coincidencia en temas importantes, como el de reformar el instrumento convencional colectivo de resolución de conflictos adecuado a las exigencias de las últimas reformas laborales, se septiembre de 2010 y de junio de 2011. Hay también la novedad de la subida de impuestos, especialmente el que grava los rendimientos de las personas físicas, descompensado respecto de las rentas de capital, y la subida del IBI. Las pensiones se revalorizan modestamente en un 1%, sin que esta cifra impida la pérdida de poder adquisitivo de las mismas y por tanto obligue a la actualización que se debe producir a fin de año ante la desviación producida respecto del IPC. Para cerrar el panorama, los nuevos gobernantes afirman estar en plena sintonía con sus decisivos pares europeos – la entente franco alemana – y el Banco Central.

Pese a lo que se comenta como una “nueva etapa” que rompe de forma abrupta con la experiencia política anterior, los iuslaboralistas tienen ante estos hechos una sensación de déjà vu. Es decir, perciben una continuidad repetitiva con hechos ya asumidos colectivamente como un proceso histórico pasado. Las medidas de contención del déficit son una nueva vuelta de tuerca al sector de los empleados públicos que verán una vez más recortado su salario real y aumentadas sus obligaciones de trabajo. La congelación de plantillas y la no reposición de las vacantes por jubilación u otras causas, prolonga las muy controvertidas medidas en algunas comunidades autónomas en donde los recortes del presupuesto se han cebado en sanidad y ante todo en la educación. El paro sigue aumentando inexorablemente y se sigue hablando de la necesidad de una nueva reforma laboral que insista en el abaratamiento del despido y su inmunidad en cuanto a acto definitivo del empresario no controlable. Incluso el procedimiento para lograr que el gobierno legisle en soledad sobre este tema es también conocido.

Un tiempo de negociación – que en este caso, como se ha dicho, consigue acuerdo en cuatro cuestiones de importancia, pero no en otros asuntos muy sensibles, como el crecimiento salarial a través de los convenios colectivos – que la asociación empresarial considera superfluo puesto que es el gobierno quien debe imponer unilateralmente los modelos de regulación del empleo propuestos y extremados por el empresariado, porque juzgan innecesario intentar una solución de transacción con los sindicatos a través del acuerdo social. Incluso es el mismo reparto de papeles entre los diferentes protagonistas, uno afable aunque severo, el presidente de la patronal a nivel estatal, y otro duro y radical, que es el presidente de la asociación empresarial madrileña y al que compete anunciar la inconveniencia del pacto. Las propuestas de reforma son también conocidas, sigue estando presente la peregrina idea del “contrato único”, pero fundamentalmente se trata de lograr que el despido improcedente se deslice hasta la cifra por el momento estimada como óptima de 20 días por año de servicio, es decir, se reduzca en más de un 120% la sanción indemnizatoria por ejercitar incorrecta y arbitrariamente la facultad de rescindir el contrato de trabajo. Y naturalmente también insistir en que el despido no debe ser enjuiciado ni controlado por una instancia judicial si se basa en las necesidades organizativas, productivas o económicas de la empresa, apreciadas libre y vinculantemente por el empleador.

El ritornello es el mismo: se requiere una reforma laboral que cree empleo porque la anterior – que se justificó con el mismo motivo – no ha servido a esta finalidad. Y, como se aprecia fácilmente, sigue produciendo sus nocivos efectos en términos de desprotección social que a la postre estimula la destrucción de empleo. Y así sucesivamente. Con el agravante que la deriva de las normas sobre el empleo, a partir de la ley constitutiva 35/2010, han seguido una espiral de confusión y últimamente de regresividad con el último jalón de agosto de 2011, que desarrolla el espacio de los contratos formativos como contratos precarios y baratos, instaura un periodo de gracia para la temporalidad fraudulenta y se continua en la definición de relaciones de trabajo excluidas del derecho laboral sobre la base del componente exclusivamente formativo. Cada nueva pincelada sobre la regulación del empleo emborrona el cuadro y deteriora el marco legal estable de los derechos laborales.

Y ni siquiera los mercados son proclives a comprender que en España se ha producido una nueva era que implica un cambio fundamental en la gobernanza económica y social de la nación. Nada más conocerse las medidas aprobadas el 30 de diciembre del año pasado, la desconfianza de los mercados se puso de manifiesto y subió la prima de riesgo. Y las autoridades europeas felicitan la acción de recorte del déficit emprendida por el nuevo gobierno, pero le exigen más decisión y nuevas medidas para equilibrar las finanzas y “recuperar la confianza” de los inversores.

Esta sensación de que todo lo que sucede es una repetición de lo que ya nos ha sucedido, genera la idea de un bucle temporal continuo del que es imposible escapar al menos colectivamente, como el protagonista del Día de la marmota, atrapado en la reiteración de los mismos hechos durante un lapso temporal que se reinicia cada mañana. Puede sugerir por tanto una cierta congelación de las acciones de los sujetos políticos y sociales que se desenvuelven en nuestro país y que por varios motivos no sintonizan con ese programa de reiteración en la desprotección y en el incremento de la desigualdad y de la inseguridad en que se resume la actuación de los poderes públicos frente a la crisis.

Es más probable sin embargo entender que la alteración del mapa político en España y el despliegue de un programa continuista del gobierno como forma de afrontar la crisis permanente, esté obligando a los sujetos políticos y sociales a comenzar de nuevo el juego, a fijar la apertura de las piezas antes de realizar los movimientos más determinantes. Es seguro asimismo que hay mayor capacidad de resistencia social que de presentación de alternativas plausibles en el plano político-electoral avaladas por un gran número de ciudadanos. Y también que la constatación de esta situación ha puesto en el punto de mira de los esfuerzos de los medios de comunicación sostenidos por los grandes grupos económicos y por los creadores de una opinión pública despolitizada, la agresión al sindicato como sujeto que puede organizar de manera eficaz la resistencia en torno a un proyecto de sociedad que tenga en su centro el trabajo y sea capaz todavía de reivindicarlo. Junto a ello hay señales aún más inquietantes. La desafección de una parte de la población ante la posibilidad de respuesta a unas medidas que cada vez más hunden al país en una situación de postración económica y de desestructuración social, es un objetivo prioritario de los poderes públicos y económicos que, pese a las importantes movilizaciones sociales que han recorrido Europa en diversos espacios nacionales, niegan cualquier salida, cualquier capacidad de incidencia para lograr un tipo de acuerdo transaccional entre las fuerzas en juego. Se quiere transmitir la idea de que la resistencia social expresada en el conflicto no tiene “capacidad de intimidación”, es decir, fuerza suficiente para detener, alterar o modificar el proyecto central de devaluación de las condiciones salariales y de trabajo de la población trabajadora, y la restricción plena de las capacidades de regulación colectiva de las relaciones laborales.

En este sentido, la atención a los aspectos de la acción sindical especialmente relacionados con el sujeto del conflicto en que se resume la capacidad de hacer presente el proyecto emancipatorio alternativo que éste encarna, parece que deberán ser atendidos con cuidado, favoreciendo posiblemente la extensión de la información, del debate y la discusión sobre las formas de respuesta a las medidas “de rigor” entre todos los trabajadores, cuya orientación y resultados son por otra parte plenamente conocidos y sabidos a partir del giro regulativo que se produjo en España a partir de mayo de 2010.

Y aunque se trate de algo también conocido, es importante asimismo que la respuesta a las medidas de recorte de derechos de trabajadores, empleados públicos y ciudadanos en general encuentre una organización y una teoría de la acción en el espacio europeo. Cada día se aprecia con mayor nitidez la identidad en el esquema de las “reformas estructurales” puestas en práctica en Grecia, Portugal, España e Italia sobre las relaciones de trabajo y las garantías de empleo, como a su vez son convergentes las iniciativas en la reformulación de los sistemas de seguridad social y de asistencia además de en estos países, también en Francia, Irlanda, Bélgica y, de forma muy extrema, en Gran Bretaña. Estas iniciativas están afectando de forma muy directa la estructura y la dinámica de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo y que socavan las condiciones de ciudadanía social. El inicio de recomposición del sindicalismo europeo como un sujeto con nervio y con capacidad de organizar un proyecto alternativo, debe proseguirse y profundizarse en este año de forma prioritaria, y en esa dirección, sería muy significativo la convocatoria de una jornada de lucha y de movilizaciones en toda la Unión Europea por la Confederación Europea de Sindicatos ante la situación de colapso económico y de crisis política e ideológica en la conducción del gobierno de Europa.

EL RETORNO DE LA LICENCIA PARA DESPEDIR (HABLA UMBERTO ROMAGNOLI)

En actuación sincopada de la blogosfera de Parapanda, las bitácoras de Joaquín Aparicio y José Luis López Bulla han publicado al unísono la traducción al castellano - obra de Joaquín Aparicio - de un artículo de Umberto Romagnoli aparecido en Il Manifesto del lunes, y que aborda con su lucidez habitual el rumbo de las reformas presentes sobre el despido en el contexto de la crisis económica en Italia. Las palabras de Romagnoli son naturalmente exportables a la situación española.

El trabajador puede legítimamente dimitir en todo momento sin ni siquiera decir por qué. Pero, si es despedido, puede obligar al empresario a que convenza al juez de que el despido es justificado y, si este no es capaz de hacerlo, será indemnizado. Es lo que he enseñado a mis estudiantes durante muchos lustros. Pero no antes del año académico de 1966-67. En efecto, fue en julio de 1966 cuando una ley rompió con una larga tradición jurídica, codificada en 1942, según la cual para extinguir el contrato de trabajo bastaba la voluntad de una de las partes, con la única obligación de preavisar; aunque el despido sea una medida que, mientras para quien realiza puede ser incluso un capricho, para quien lo sufre puede ser un drama.

Probablemente, sin embargo, durante el año académico 2011-2012 los estudiantes de los cursos de derecho del trabajo deberán metabolizar conceptos sensiblemente diversos. En efecto, parece inminente la revisión de la legislación vigente que presumiblemente equiparará la libertad económica del empresario a la libertad personal del trabajador a su servicio, en la medida en que el despido tendrá un tratamiento más próximo al previsto para la dimisión y menos penalizante que el actual.

Esa proximidad no exige la abrogación del art. 18 del Statuto dei Lavoratori (1) . De hecho, ahora es impropio colocarla en el centro de la reforma; como por el contrario sucedió hace diez años, cuando la norma estatutaria recibió los dardos del gobierno Berlusconi por su dureza sancionatoria, que (como es sabido) toca el punto más alto con la reconstrucción, no solo formal de la relación de trabajo sino con la efectiva reintegración del trabajador sustituible por una indemnización de 15 meses a elección del trabajador injustamente despedido. Esta vez, no. La agresión no viene propuesta en estos términos. En parte porque es una insensatez desafiar de nuevo la ira popular y en parte porque en estos 40 años de experiencia se ha comprendido que la readmisión del trabajador injustamente despedido no es en absoluto automática: o es espontánea o no es.

Si se mira bien, el ataque a la regulación vinculante del despido ha cambiado de dirección. No es ya la radicalidad del aparato sancionatorio el dato normativo a eliminar. Más bien es la radicalidad de la revocación de la licencia para despedir sancionada en la ley del 1966. En realidad esta es la ley que desarrollando los input de la preexistente contratación colectiva interconfederal en el sector de la industria, prohíbe los despidos impuestos no solo por motivos ligados a comportamientos del trabajador reconducibles a “notables” incumplimientos contractuales, que el léxico jurídico define como “subjetivos”, sino también por motivos “inherentes a la actividad productiva, a la organización del trabajo y al regular funcionamiento de la misma”, que el mismo léxico define “objetivos”.

La extensión de la prohibición y la indeterminación de su formulación textual lo transforman en un vínculo destinado a retroactuar sobre la gestión de la empresa y, por lo tanto, a chocar con la garantía constitucional de la libertad de iniciativa económica, pero no es que la disposición legal sea anticonstitucional. Puesto que, según la constitución, la libertad de empresa “no puede desplegarse en contra de la utilidad social”, es pura ideología sostener que el despido –solamente porque sea impuesto por motivos objetivos- sea en si socialmente útil. Usado para hacer cuadrar las cuentas de la empresa, se constituye como el resultado de un cálculo de conveniencia que el empresario efectúa contrastando la utilidad económica de mantener al trabajador y las ventajas que le procuran su despido. Pero, de acuerdo con lo pensado por los autores de la ley del 1966, toca al juez -¿y a quien si no?- establecer la entidad del sacrificio que razonablemente impone a la empresa. Por esto los reflectores han estado siempre apuntando a la aplicación que los jueces hacen de la ley limitativa del despido.

Para apreciar de modo pleno el impulso que han tomado los propósitos revisionistas, de los que hoy están llenas las crónicas, con la mirada puesta en la praxis jurisprudencial, es suficiente referirse a la indulgencia de la casta empresarial (y de sus abogados de confianza) hacia la disposición legislativa de 2001 que consiente “la adición de un término a la duración del contrato frente a razones de carácter técnico, productivo, organizativo”. Sin embargo, también aquí se está en presencia de una definición legal del motivo justificado de la predeterminación de la duración del contrato de trabajo que, como en el caso del motivo justificado de despido, deja al juez una amplia discrecionalidad valorativa de resultado incierto. Aunque el efecto limitativo de aquella norma no puede decirse que se haya debilitado por el filtro judicial, se está de hecho produciendo bien sea porque el fenómeno de la precarización está alimentado por una impresionante cantidad de contratos estructurados de diverso modo por la ley de 2003 como alternativa a la figura clásica del contrato a término, bien sea porque son muchos los factores que impiden a los precarios acudir al juez, muchos más de los que pueda tener un trabajador despedido. En suma, el contencioso judicial relativo a la licitud de la imposición de un término final a la relación de trabajo, cuantitativamente inferior al de la controversia en materia de despido, no preocupa.

Esto significa que también la presión para re-regular el despido sería menos violenta si no hubiese decisiones acumuladas de los jueces (del pretor de provincia hasta la casación) que se las ingenian –con la sabiduría empírica de que son capaces y el patrimonio de conocimientos de que disponen- de buscar un aceptable equilibrio entre la tutela del interés de los ocupados a la conservación del puesto de trabajo y el interés del empresario a reducir los costes empresariales. Por esto, todo el problema nace del hecho de que la casta empresarial esperaba que la magistratura se limitase a aceptar la coherencia del nexo de causalidad entre la motivación del despido y la decisión de despedir, convalidando la valoración hecha por la empresa. Viceversa, ha asistido con creciente frustración a la formación de una orientación tendencialmente hostil a la idea de que despedir por motivos “objetivos” sea una medida de adecuación automática a las exigencias objetivas que solo la empresa es capaz de evaluar. Es decir, la jurisprudencia es considerada un obstáculo a la llamada flexibilidad de salida porque es propensa a considerar injustificados los despidos que, aún siendo adoptados por motivos objetivos, se han decidido sin tomar en adecuada consideración el interés sacrificado.

Una actitud de este tipo –hija de una concepción de la libertad de empresa alejada de la cultura tecnocrática dominante- no ha agradado jamás a los gobiernos Berlusconi, los cuales han comenzado pronto a manifestar su contrariedad: en principio en el Libro Blanco de 2001 y, de seguido, creando un conjunto de incentivos para la composición extrajudicial de los litigios de trabajo que expresa una incomprensible desconfianza hacia los jueces. En esta dirección va una norma contenida en el chapucero paquete legislativo denominado “ collegato lavoro” (relacionado con el trabajo) aprobado por el Parlamento en 2010, en donde se afirma que “en todos los casos en los cuales las disposiciones legales contengan clausulas generales” –como en materia de despido o de contratación de trabajadores a tiempo determinado y, en general, de “ejercicio de poderes de dirección”- “el control judicial queda limitado exclusivamente a la comprobación del presupuesto de legitimidad y no puede extenderse al análisis de fondo sobre valoraciones técnicas, organizativas y productivas que competen al empresario”. Con este tono, tan profesoral y fuera de lugar, se imparte a los jueces la directiva hermenéutica de imitar el íter argumentativo querido a los sofistas: “post hoc ergo propter hoc”. Se puede también ironizar sobre el deseo del legislador de condicionar el proceso de formación del convencimiento del juez a fin de privilegiar a priori uno de los intereses en juego. Va dado, sin embargo, que la estrategia de deslegitimación y marginación del papel de los jueces (no solo) del trabajo, teorizada en la era berlusconiana, ha gozado siempre de consensos políticos transversales y son tantos los que comparten que, si se quiere en serio que el papel de estos jueces sea sustancialmente de estilo notarial, es necesario establecer netamente que el asunto del despido por causas “objetivas” quede fuera de cualquier control. No por casualidad el gobierno Monti mira con simpatía un proyecto de ley (que no es del Partido Democrático, pero está en la operación) presentado por un grupo de parlamentarios del PD (el primer firmante Pietro Ichino), donde se prefigura un singular acto civilmente licito y, no obstante esto, productivo de daños en alguna media resarcibles: como, por ejemplo, el despido por motivos “objetivos” que se convierte así en un instrumento ordinario y normal de gestión de la empresa fuera de control. En efecto, también este es un modo de celebrar la apología de la escuela de pensamiento que predica “más sociedad, menos Estado”. Un Estado cuyos jueces tienden a considerar el despido una extrema ratio, cohonestándolo solo si se persuaden que no hay otra alternativa.

Si al final viene a la luz esta especie de salvoconducto judicial de una de las más significativas manifestaciones del poder de directivo empresarial, la primacía de la empresa en la sociedad será reconfirmada y el proceso de restauración de la autoridad patronal acelerado. Pero sería arbitrario, porque la constitución atribuye al conjunto de los componentes de la Republica – sin exclusión alguna- la tarea de “promover las condiciones hacen efectivo el ejercicio del derecho al trabajo”: entre los cuales está comprendida una verificación del correcto ejercicio del poder de despedir.

(1) Se refiere al art. 18 de Lo Statuto dei lavoratori que impone la reintegración al puesto de trabajo, como se explica más adelante, haciendo referencia a la ley del 66, la cual da al juez la facultad de declarar la nulidad del despido sin justa causa o motivo  justificado (Nota del traductor).