CONSTITUCIÓN, PODER CONSTITUYENTE, DEMOCRACIA (A PROPÓSITO DEL 25-S)

Como hoy es 25 de septiembre (25-S), una fecha en la que se ha invertido mucho más espacio mediático que en la manifestación del 15-S convocada por la Cumbre Social y los sindicatos de clase, puede ser importante aprovechar para discutir sobre una tendencia que se parecía de forma muy recurrente en un sector de los “espacios organizativos” plurales que convergen en una movilización social frente al proyecto neoliberal.

Ha sido Agustín Moreno, en uno de sus siempre sugerentes correos generales, quien me ha suministrado una dirección en la web en la que he podido ver a Teresa Forcadas, una monja de la orden de San Benito, médico y teóloga, que consiguió un cierto espacio en los medios por su denuncia de la vacuna contra la gripe A, y que últimamente fue también noticia por proponer la convocatoria de una huelga general indefinida contra un gobierno que legisla no a favor del pueblo sino para favorecer a una minoría. Forcadas explica en el video de forma muy sencilla el objetivo perseguido por los primeros convocantes del 25-S. La idea era la de convocar una manifestación masiva para ocupar el Parlamento – las Cortes – hasta que éste se disuelva. Sabemos que este primer significado ha sido muy debatido en el seno del movimiento del 15-M por considerarlo arriesgado, provocador y contraproducente, y que la convocatoria de hoy tiene un sesgo diferente, pero lo importante es el sentido general que esta iniciativa tiene, como resalta la religiosa: abrir un período constituyente para renegociar el pacto social en España.

De una forma diferente, pero compartiendo ese mismo objetivo, el 21 de septiembre se publicó en el digital de Público un artículo firmado por Antonio Romero, Alberto Garzón y Nico Sguiglia, que llevaba por título “Por un nuevo proyecto de país. Apuntes para avanzar hacia un Nuevo Proceso Constituyente”. La afirmación del comienzo era rotunda y clara: “A pesar del esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras españoles que lucharon por institucionalizar sus conquistas sociales, a día de hoy nuestra Constitución es papel mojado”. Son las oligarquías financieras y el neoliberalismo quienes impulsan un contraproceso constituyente para acabar con el Estado de Bienestar, pero lo importante es que pueden hacerlo porque los derechos constitucionalmente garantizados no están vigentes, son solo “papel mojado”.

Sobre la base de ese diagnóstico, los autores piden una convocatoria de un nuevo proceso constituyente que delimite un nuevo modelo de democracia y una nueva constitución sobre algunos ejes muy concretos, mas fijados sobre la estructura del estado y de la administración que sobre el tema de los derechos, aunque en materia de relaciones laborales, la propuesta está definida: “Las relaciones laborales deben ser repensadas de acuerdo con las características del nefasto modelo productivo español. La nueva carta constitucional debe tener presente la necesidad ante todo de proteger y garantizar la reproducción de la vida de nuestras sociedades, garantizando el acceso al trabajo digno, a una renta básica de ciudadanía, a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda y a una Internet libre y neutral como derechos fundamentales y absolutamente prioritarios. La puesta en marcha de un nuevo modelo productivo capaz de activar las capacidades productivas de nuestra sociedad y de generar empleo en condiciones de dignidad es absolutamente prioritario. Sin embargo, no puede quedar subordinado el derecho y las garantías de una vida digna a la posesión de una relación laboral formal, cuando las elites financieras y gobiernos afines convierten el paro y las relaciones laborales precarias e informales en una tumba de la dignidad humana.”

Prescindiendo de la ausencia de derechos colectivos como sindicación, negociación colectiva y huelga en este “repensamiento” del marco de relaciones laborales, esta propuesta insiste, como también era el objetivo primigenio de la convocatoria del 25-S, en la apertura de un período constituyente ante el agotamiento real de la “democracia de baja intensidad” en la que nos movemos.

Ambas iniciativas sin embargo enfocan como centro de la movilización objetivos secundarios. Lo es el Parlamento, cuando precisamente se ha señalado como característica de esta crisis la irrelevancia de este órgano en la producción de las reglas y de las normas de la crisis, que se generan en el gobierno exclusivamente –el gobierno legislador por vía de urgente necesidad es el único poder legislativo real desde 2010 hasta hoy – y que ni siquiera se presenta como un lugar de debate ideológico, ante la conversión de los procedimientos de elaboración de las normas en un proceso urgente, cerrado a la discusión y opaco a la ciudadanía, en donde la mayoría absoluta del Partido Popular, con el beneplácito intermitente de Convergencia i Unió, traspone mecánicamente las decisiones adoptadas por un gobierno que goza, como presume su presidente, de “estabilidad política plena”.

Considerar la constitución y su sistema de derechos y garantías “papel mojado” es además equivocado, porque justamente la estrategia del movimiento sindical y de tantos millares de ciudadanos que se llevan movilizando desde comienzos de este año – y antes, a partir de mayo de 2010 – es la de revalorizar la constitución y los derechos sociales como posiciones de resistencia frente a la agresión neoliberal, como elementos político – democráticos vigentes que deben hacerse respetar y que deslegitiman la acción política de gobierno que, justamente, se califica de inconstitucional. De esta manera, si la constitución y su sistema de derechos es irrelevante, no hay cuestionamiento de la validez – no sólo de la legitimidad – de la acción del gobierno, que no sólo es incorrecta política y económicamente, sino que no es válida jurídicamente y es inaceptable en términos del constitucionalismo democrático.

Pero además, centrarse en la dimensión nacional como elemento decisivo de los procesos organizativos de la resistencia colectiva, es insuficiente. Ignorar la dimensión europea del problema político actual es reducir en una gran medida nuestras capacidades de observación y de crítica. El problema no es que España abandone el euro – de nuevo una perspectiva nacional – sino si es posible que el sistema monetario unificado y el mercado común sean compatibles con la idea democrática en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, que resulta cada vez más decisivo que en el espacio político de la izquierda se aborde de forma prioritaria el tema de la Europa política y democrática – que recientemente están volviendo a proponer Habermas y Balibar - que haga suya la idea de la ciudadanía europea no como un elemento retórico sino como una categoría política construida como un espacio de conflicto, y que se mueva alrededor de una idea de democracia no sólo representativa, sino también participativa y conflictual.

La reflexión sobre la Constitución tiene que proyectarse en un debate sobre la constitución de mercado que está vigente en Europa y su necesaria transformación en una constitución política y democrática. Este es el terreno de la reflexión de la izquierda que paradójicamente puede producir más conclusiones verdaderamente efectivas en el plano político interno. Los sindicatos parecen haberlo comprendido, puesto que conocen que solo un reforzamiento - en muchas ocasiones la creación ex nihilo - de los mecanismos democráticos en el espacio europeo permite la generación con fuerza de un espacio social que se imponga a un orden económico cada vez más injusto y desigual. Es decir, que hay que resolver la contradicción entre un espacio normativo neoliberal expansivo y un sistema de derechos sociales garantizados constitucionalmente en los ordenamientos nacionales en el lugar donde la contradicción es más aguda, impulsando una verdadera “refundación” en Europa de la democracia social que sus textos y declaraciones de derechos reconocen como un elemento cultural, no materializable en el espacio europeo.

ITALIA: UN REFERÉNDUM SOBRE EL TRABAJO

La red de blogs que configuran la blogosfera de Parapanda tienen  el gusto de publicar la traducción al castellano de un artículo de Umberto Romagnoli, publicado en el diario Il Manifesto del 14 de septiembre pasado, en el que explica y toma partido por la iniciativa de convocar un referéndum en el que los italianos decidan si mantienen o derogan dos normas que se han introducido en el ordenamiento jurídico italiano con ocasión de la crisis (2011 y 2012), y que afectan a dos aspectos esenciales de las relaciones laborales. En una, la norma italiana permite que los convenios de empresa puedan no aplicar los convenios colectivos nacionales de sector ni una parte sustancial de la legislación laboral en aquellas empresas o centros de trabajo donde así se pacte con el empleador. En la otra, se modifica el régimen italiano sobre el despido vigente desde 1970 en el sentido de que el despido declarado improcedente tiene como efecto la readmisión del trabajador. Esta readmisión obligatoria que era la regla general del despido injustificado queda ahora reducida al despido disciplinario, mientras que se sustituye por una indemnización en los casos de despidos objetivos o por causas económicas, aunque el régimen legal al que se llegó tras un pacto transversal con el gobierno Monti que incluía también al Partido Democrático es más complicado y embrollado. La iniciativa del referéndum  busca, en este sentido, derogar las modificaciones introducidas en este cambio legal último.

En el artículo, Romagnoli – que forma parte del comité impulsor del referéndum – explica el sentido de este referéndum y sus objetivos. Una contribución especialmente sugerente para el caso español, en donde la protesta social se vertebra en torno a la exigencia de un referéndum sobre las políticas antisociales y fracasadas del gobierno del PP..

CON EL REFERÉNDUM REGRESA LA POLÍTICA

Umberto Romagnoli

La historia del trabajo, ya se sabe, es una historia de rescate y de chantaje. Pero el chantaje no ha tenido nunca la imprudente visibilidad, la dureza y la extensión que ha adquirido desde el caso FIAT en Pomigiliano  hasta ahora. Es algo que está a la vista de todos, pero que no está bien decirlo. Es políticamente incorrecto. De hecho, como era inevitable, la iniciativa por el referéndum en materia de trabajo ha suscitado las airadas reacciones de la politique politicienne. Se ha dicho que la iniciativa era improponible, inoportuna, sin criterios. Prescindiendo del contenido de las preguntas depositadas ante el Tribunal Supremo hace pocos días, y ello de un lado porque nuestros políticos suelen comportarse así, de otro porque entendían que los “difíciles pero avanzados compromisos” obtenidos  - respecto a la reforma del art. 18 del Statuto dei Lavoratori  sobre el despido – no podían ser discutidos de nuevo o, haciendo honor a la regla según la cual no se debe molestar al conductor, todo lo más les correspondía ajustarlos sólo a ellos mismos.

Por el contrario, la instancia del referéndum y la campaña que seguirá para la recogida de firmas sirven para sustraer la regulación del trabajo del opaco bricolaje de las transacciones privadas y para restituir a la política del derecho del trabajo la centralidad que le corresponde en el debate público. En definitiva, la politique politicienne no ha ni siquiera concebido la sospecha de que la participación popular se haya solicitado para transmitir a la población – que, sin saber aún con qué ley electoral se procederá a votar en las elecciones de abril 2013, no puede tampoco imaginar las características del futuro gobierno – un mensaje de tranquilidad y de esperanza. La tranquilidad de saber que la recuperación de la normal dialéctica política de cuya autenticidad se está perdiendo el gusto y el recuerdo, no sólo es lícita, sino que es posible aquí y ahora la esperanza de contribuir a dar una estable perspectiva de desarrollo en un área crucial de las relaciones sociales: el trabajo asalariado – al que el Doctor Strangelove que por más de diez años ha formado parte del los espacios de gobierno quería  despojar del derecho a tener derechos.

Al decir esto me refiero no tanto a las preguntas del referéndum que, revisitando críticamente la regulación del despido que se desprende de la reforma de la ministra de trabajo Fornero, prevé el retorno a la versión originaria del art. 18 del Statuto dei Lavoratori, sino más bien a la pregunta sobre el art. 8 de uno de los innumerables decretos-leyes anti-crisis emanados en los últimos días del gobierno dimitido de Berlusconi.

Es cierto que el tema del despido como objeto de las preguntas del referéndum, ha producido (por inercia, por pereza mental o quizá por ignorancia) un efecto – vampiro sobre la prensa escrita, pero la normativa que constituye el objeto del artículo 8 del decreto-ley anti-crisis es mucho más devastadora. Y lo es porque amenaza la misma existencia del derecho del trabajo como parte del ordenamiento general provista de una identidad y de una organicidad propia. Es un semi-elaborado que, confeccionado en medio de una situación comparable (no sin razón) con la que acompaña a la retirada de un ejército en fuga, debe haber creado serias dificultades incluso a quienes aprobaron su conversión en ley, dado que se votó simultáneamente un orden del día proveniente de la oposición en la que se prometí volver a examinar este tema. En efecto, previendo que la “negociación colectiva  de proximidad” (es decir, periférica, empresarial y/o territorial) pueda derogar in peius no sólo los convenios sectoriales de ámbito estatal, sino también gran parte de la legislación aplicable a la relación de trabajo, la norma sanciona el definitivo y prácticamente total abandono del principio de inderogabilidad de las reglas producidas por las fuentes constitucionalmente legitimadas del derecho del trabajo, además de suponer la evaporación del principio según el cual a trabajo igual deben corresponder iguales derechos, económicos y de cualquier tipo. Es decir, es la primera vez que un legislador vende su función a sujetos privados. Es claro que en la historia de los parlamentos modernos no hay antecedentes de este tipo. Por eso nadie me puede culpar de haber adoptado una “actitud militante” si, teniendo “el privilegio de poder hablar a la opinión pública en nombre de algo que tenga que ver con cultura y política”, comento favorablemente la petición de una consulta popular sobre el trabajo. Es cierto que, como ha escrito Gustavo Zagreblesky en La Repubblica del 19 de julio, “en el clima cargado de final de legislatura hay que resistir a la llamada a las armas”, lo que no es fácil. Pero el reconocido jurista no habría creído nunca que pudiese ser tan poco complicado mantener las debidas distancias incluso al hablar de un referéndum derogatorio que, a su manera, implica de por sí “una llamada a las armas”. El caso es que esta vez la derogación tiene por objeto una opción normativa que no daña solo a una parte, sino a todas. También a los empresarios, salvo aquellos que han desarrollado un despiadado instinto predatorio  y prefieren el mercado de las reglas a las reglas del mercado. Es extraño, pero el gobierno Monti  no se ha dado cuenta de ello y no ha depurado el ordenamiento.

Nada original, sin embargo, es el segmento de la reforma de la ministra de trabajo Fornero que los impulsores del referéndum proponen formatear. De la innovación, frente a lo que se declaró como propósitos expresos, puede decirse que, si  bien lesiona bastante a los trabajadores, no agrada en la misma manera al mundo de las empresas. La norma que ha sustituido al art. 18 es laberíntica, retorcida, contradictoria. Se diría que es el producto del exceso de conciencia que atormenta a la insegura ministra de trabajo: lo atestigua la obsesiva y casi maníaca búsqueda de distinciones pseudo-conceptuales y de hiper-correctismos cuya intrincada armazón hace del conjunto legislativo un concentrado de irracionalidades. Quizá a los pandectistas del siglo XIX no les habría disgustado una manifestación tan aguda de formalismo abstracto. Pero también los súbditos de ayer, si hubieran podido manifestar sus opiniones con la libertad de los ciudadanos de hoy, se las habrían dicho de todos los colores.

Il Manifesto, 14 septiembre 2012.

15- S : UNA INMENSA MOVILIZACIÓN

Una inmensa movilización de masas, una amplísima convergencia de organizaciones sociales han desembocado en Madrid este 15 de septiembre. La manifestación ha desbordado la plaza de Colón y sus alrededores, emplazamiento tradicional de otras convocatórias masivas – señaladamente eclesiales, como la última hegemonizada por las comunidades catecumenales (conocidas por lós “kikos” en referencia a su fundador, Kiko Argüelles), que la prensa afecta al evento – es decir, prácticamente toda la que cuenta - cifraba en dos millones de personas.

La manifestación ha sido un éxito porque ha vuelto a plantear, después del verano, que el centro de los problemas que España – y por ende también Europa – tiene ante si es el de afrontar conjuntamnte la cuestión de la democracia y del trabajo como elementos fundamentales de un proyecto alternativo al neoliberal triunfante. Los manifestantes de Madrid, venidos de todas partes de España, han discutido abiertamente con su presencia masiva la legitimidad de las decisiones adoptadas en el âmbito de la representación política, cuestionando por tanto su carácter democrático o, lo que es lo mismo, que se trate de decisiones que puedan considerarse representativas de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Por eso la reivindicación del referendum como un eje vertebrador de la respuesta social, como reivindicación de la resistencia ciudadana.

Eso es lo que han dicho Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. Que hay alternativas a la "anestesia" que el Gobierno está tratando de imponer a la sociedad, y que Grecia, Portugal o Irlanda "no están mejor que antes de mayo de 2010, cuando se inició este camino del suicidio". Toda Europa sufre las consecuencias de esta política marcada desde la conservación por la fuerza del poder omnímodo del capital financiero y de los “mercados” , que busca la consolidación de las élites de poder a costa de un incremento exponencial de la desigualdad y del sufrimiento de la población. La política por consiguiente tiene que defender su autonomía respecto de la presión brutal de los mercados, y necesariamente debe impregnarse de condicionamientos democráticos.

"No es el tiempo de carta blanca para los mercados; es el tiempo de más política, de devolver la palabra a la ciudadanía, que tiene derecho a que se les explique primero por qué se abandona el programa electoral y, luego, para que se les permita expresar su opinión en un referéndum", ha reclamado Ignacio Fernández Toxo , ante una fuerte ovación y aplauso de los manifestantes.

La movilización sigue pues adelante y se desarrolla. Se maneja asimismo la posibilidad de convocar una nueva huelga general. En ese estado de resistencia masiva, el movimiento sindical ha sabido enlazar con movimientos sociales muy diferenciados y avanzar juntos en esa presión constante sobre el poder público y el gobierno. Pero resulta asimismo imprescindible que este proceso de movilizaciones se entienda – se lea, como dice López Bulla – por los sujetos políticos que se presentan como contrarios al gobierno del Partido Popular. Es ese el debate hoy abierto en Izquierda Unida, pero el PSOE debería asimismo integrarlo como elemento de su estrategia y no sencillamente cómo un condicionamiento favorable para las elecciones autonómicas en curso. A fin de cuentas, en el terreno de la política, trabajo y democracia deben constituir los vectores de una gran unidad de la izquierda política y social.

(Fotos de Nueva Tribuna, Joaquín Aparicio y Julio Contreras, respectivamente).

LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA DEFENSA DEL VALOR POLÍTICO DEL TRABAJO

La Unión europea se ha desprendido de golpe del ambicioso proyecto político que sostenía, compatibilizar la lógica del mercado y de las libertades económicas con un amplio espacio de goce de derechos políticos y sociales, y lo ha sustituido por un diseño de subordinación global de la política al poder enorme, invisible y supranacional del capital financiero, afianzado sobre un esqueleto fuertemente autoritario. Los gobiernos de los países europeos – con más ímpetu los conservadores, pero sin que los socialdemócratas hayan podido sustraerse a esta tendencia – han seguido al pie de la letra las instrucciones de los grandes bancos en una política de austeridad expansiva que ha implicado la destrucción de millares de puestos de trabajo, la degradación de los derechos laborales, la reducción de la protección social y el empobrecimiento de la población en general. Las políticas puestas en práctica de forma unánime consideran el incremento de la desigualdad social  como la condición para generar  “la riqueza de las naciones”. Pero además han garantizado normativamente a través de medidas de aplicación general sin encaje jurídico comunitario – es decir, fuera de los cauces de la legalidad europea – el mantenimiento del equilibrio presupuestario y la reducción radical del gasto público y social, condicionando las ayudas económicas para la financiación de la deuda soberana al mantenimiento de estas políticas. En los países más sometidos por tener un  mayor porcentaje de endeudamiento privado, se ha inducido a cambiar la constitución e introducir la regla de la prohibición del déficit público, mientras que en otros se ha impuesto un gobierno técnico dirigido por gente de confianza de las finanzas globales. La autonomía de la política, que implica la capacidad de los pueblos de elegir las líneas generales de la actuación pública, ha quedado anulada.

La cuestión es más grave en aquellos ordenamientos internos, como en el caso español, en el que el momento electoral se ha hurtado a la ciudadanía el contenido de las medidas políticas que se iban a adoptar. No indicar o incluso señalar lo contrario de lo que se pretende hacer ha sido la práctica electoral del partido que hoy gobierna España. Se trata de una práctica permanente y consciente, como se pudo comprobar con el aplazamiento de algunas medidas ya decididas al resultado de las elecciones autonómicas de Andalucía. Hoy sucede lo mismo ante la inminencia de las elecciones gallegas. La relación que establece el momento representativo electoral entre el programa de gobierno y los ciudadanos que votan al partido que lo sostiene, no se ha constituido correctamente en el caso español. Los españoles que votaron el 20 de noviembre de 2011 para que el gobierno salido de las urnas tomara decisiones vinculantes para la generalidad de la población, lo hicieron sobre unas premisas falsas o inexistentes. El mecanismo democrático ha sido irremediablemente dañado.

Por eso es necesario exigir medidas que corrijan esta lesión profunda a los procedimientos básicos de la formación de la voluntad popular en un sistema democrático. Los sindicatos más representativos y la cumbre social de las organizaciones sociales que han convergido en la movilización y en la resistencia frente a las “medidas estructurales” de degradación de los derechos sociales, han reivindicado la convocatoria de un referéndum en el que los ciudadanos españoles puedan expresar esta vez claramente, su decisión soberana sobre las políticas puestas en práctica por el Partido Popular. El gobierno no puede ignorar esta petición, insistiendo en la mayoría absoluta que posee en las cámaras – la estabilidad política de la que presume el presidente Rajoy – porque ésta carece de legitimidad política al haberse conseguido mediante el engaño, la mentira y el silencio consciente sobre la voluntad ya decidida de actuar mediante medidas concretas no comunicadas ni participadas en el tiempo del debate público electoral. 

Cuestión distinta sin embargo es la de poder confrontar, mediante un mecanismo de participación popular directa, las mayorías electorales obtenidas en un momento concreto, con las mayorías sociales que se manifiestan ante actos normativos o regulaciones específicas. Esta forma de participación que corrige las desviaciones políticas que pueden darse entre una representación parlamentaria discordante con la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, se articula técnicamente de diferentes formas, pero una de las más conocidas es la del referéndum derogatorio. En Italia, un partido o coalición de partidos con representación parlamentaria puede impulsar la convocatoria de un referéndum que derogue normas aprobadas por el parlamento siempre que recoja una cantidad notable de firmas de apoyo ciudadano. No se trata de nuestra Iniciativa Legislativa Popular, que funciona a la inversa, es decir, son las organizaciones sociales quienes impulsan la recogida de firmas que, convenientemente compulsadas, se presentan en el congreso como una propuesta legislativa, pero que puede ser rechazada o no tenida en consideración en función de las mayorías parlamentarias. Así sucedió con la ILP presentada y promovida por CC.OO. y UGT, que reunió un millón de firmas para modificar sustancialmente la Ley 35/2010 y que ni siquiera fue tenida en consideración por el órgano legislativo, en una actitud incomprensible de desprecio democrático.  Es evidente que el modelo italiano garantiza la primacía de las mayorías sociales de rechazo a normas en vigor aprobadas por el parlamento que se consideran contrarias a la voluntad ciudadana. Es por tanto un modelo más garantista de la soberanía de la política democrática.

Viene esta referencia al caso porque en Italia se ha puesto en marcha, mediante la presentación ante el Tribunal Constitucional de las preguntas que se someterán a referéndum, la petición a la ciudadanía de derogar dos modificaciones centrales de la legislación laboral derivada de la crisis. La primera, la introducción en el sistema jurídico italiano – obra del último gobierno Berlusconi – de la “negociación colectiva de proximidad” según la cual cualquier acuerdo o convenio de empresa puede derogar o inaplicar la regulación del convenio de sector o de la normativa estatal sobre cualquier condición de trabajo. La segunda, y más conocida, la modificación del artículo 18 del Estatuto de los trabajadores italiano, obra del gobierno “técnico” de Monti, que debilita y deja sin efecto la reintegración forzosa del trabajador despedido en el caso de despido objetivo o por motivos económicos que se declare improcedente.

El significado de estos dos preceptos es claro. Se pretende recobrar la función normativa y vinculante de la negociación colectiva gestionada sindicalmente, sin que la atomización de lo colectivo mediante la crisis funcione como variable independiente del ordenamiento sindical de hecho. Y el valor simbólico del art. 18 del Estatuto de los Trabajadores, que ya ha sido confirmado en un referéndum anterior, cuando la CGIL dirigida por Cofferati reunió en Roma a más de tres millones de personas e impidió la reforma del mismo por el gobierno Berlusconi, tiene que ver directamente con la garantía de la estabilidad en el empleo como eje de un trabajo respetado y valorado como centro de la sociedad.

A propuesta del referéndum, incluida en una propuesta de “pacto sobre el trabajo” nace de la combativa federación de metalúrgicos de la CGIL, la FIOM, que ha solicitado a los partidos con representación parlamentaria que iniciasen este trámite. El partido del magistrado Di Pietro se hizo inmediatamente eco de esta propuesta.  El comité promotor del referéndum no sólo está integrado por la fuerza política de representación parlamentaria – la Italia de los Valores, del juez Di Pietro – que podía iniciar el mecanismo, sino que se ha abierto a varias personalidades relevantes. Entre ellas, exponentes importantes de la izquierda del Partido democrático, como Nichi Vendola, y personalidades intelectuales de enorme prestigio, como Umberto Romagnoli. El europarlamentario Sergio Cofferati ha expresado por carta su apoyo pleno a esta iniciativa.

Desde la perspectiva italiana, en donde se sabe que se convocarán nuevas elecciones en abril, posiblemente con la victoria del Partido Democrático, es importante introducir en la agenda del debate político el tema del trabajo y del valor político del mismo, mediante la preservación de derechos básicos en la configuración del modelo constitucional italiano. Esto implica plantear al futuro gobierno un dilema fundamental que se expresa en una relación de oposición o de contraste entre la soberanía democrática y popular – la decisión mayoritaria de re-establecer unas líneas claras en el diseño constitucional del trabajo – y la soberanía de los mercados financieros y de la troika que consideran irrelevante la garantía de los derechos laborales y sociales y condicionan la refinanciación de la deuda italiana a la puesta en práctica de políticas neoliberales de restricción de derechos y libertades. 

Pero igual que en España al principal partido de la izquierda, el PSOE, le cuesta leer y comprender “el estado social de masas” – como dice López Bulla – existente, al Partido Democrático italiano esta iniciativa le sitúa en una posición muy incómoda porque le obliga a “fijar” una posición frente al referéndum que condiciona su “libertad de acción” en el futuro gobierno. El ala liberal – democrática del PD – in primis el siempre ubicuo Ichino – ya ha manifestado que promover y apoyar este referéndum resulta “incompatible con las opciones estratégicas esenciales del Partido Democrático”. La respuesta oficial del Partido es sin embargo menos neta. El PD considera el referéndum un instrumento “inadecuado” pero no condena ni censura a quienes lo han promovido.

Por eso, aquí y allí, en todas partes, la lucha por la defensa del valor político del trabajo con derechos se une directamente a la recuperación de la democracia y de la capacidad de los ciudadanos de decidir la política que conforme la economía y la sociedad. En España, cuyo sistema democrático es más opaco a los mecanismos de participación popular, la movilización social es la clave de los cambios políticos y sociales. La gran manifestación de mañana en Madrid, sábado 15 de septiembre, será un paso adelante en la buena dirección.