LAS BARBAS DEL VECINO. LA SUPRESIÓN EN ITALIA DE LA RENTA DE CIUDADANÍA

 

Pese al último escaño arañado in extremis desde los residentes madrileños en el extranjero para el Partido Popular, no le dan los números a Nuñez Feijoo para ser investido presidente de gobierno. Esto es un hecho notorio, tanto que lo que se discute realmente es si la coalición PSOE-SUMAR va a poder reunir los suficientes votos en el parlamento para garantizar la investidura de Sánchez o si habrá que acudir a unas nuevas elecciones que no interesan para nada al bloque democrático ahora rebautizado como plurinacional.

En el haber del resultado electoral, que fundamentalmente se basa en haber impedido la proclamada, pregonada y augurada victoria de la derecha extrema con la extrema derecha, se menciona expresamente que con esta derrota electoral – aunque por la mínima gracias al sistema electoral que ha favorecido de manera evidente al Partido Popular, que con un número total de sufragios muy semejante al del PSOE, ha obtenido 16 escaños más – se ha evitado la regresión reaccionaria en materia cultural, la negación de las políticas de género y la irrupción de posiciones claramente hostiles al colectivo LGTBI. Es esta una cuestión que en la opinión pública ha pesado mucho y con razón, pero ha oscurecido otro peligro evidente que esta victoria tan cacareada como hoy insistentemente reclamada por al parecer respetables formadores de opinión incluso mediante la incitación al trasfuguismo, podía llevar aparejada. El peligro de que el tándem PP-Vox obtuviera las mayorías sociales que machaconamente se habían garantizado mediáticamente no era únicamente el relativo a un cambio cultural reaccionario, sino a una involución muy seria en materia social que detuviera los avances efectuados en estos años y que promoviera de nuevo la desigualdad en determinados estratos sociales.

No sólo se trataba de los “retoques” a la reforma laboral y al sistema de pensiones – con la introducción de la “mochila austriaca” como medida estrella – y la reconducción del sistema articulado de diálogo social y de negociación colectiva a un esquema autoritario decisionista en manos de las empresas, desajustando el nivel sectorial de regulación colectiva y favoreciendo la llamada “descentralización” a nivel de empresa, sino asimismo reduciendo la efectividad de la norma laboral a través de la relajación de sus aparatos sancionatorios y la restricción del acceso a la tutela judicial, ralentizando el tiempo de respuesta de la misma. En este sentido, y solo en el plano judicial, ya estaban preparadas una serie de normas para volver a poner en marcha el nombramiento de vacantes en el Tribunal Supremo a cargo del ya exhausto y multicaducado CGPJ y para restringir las posibilidades de intervención del Tribunal Constitucional.

En lo que respecta a los colectivos especialmente vulnerables y en riesgo de exclusión social, la inquina del tándem de la derecha extrema y la ultraderecha contra las medidas de amortiguamiento de las desigualdades es proverbial, se cifra en lo que se viene a denominar la refutación de “la paguita” como sinónimo de una compensación clientelar con finalidades de apoyo político al gobierno. En este sentido, el ingreso mínimo vital iba a ser seguramente reformado en un sentido restrictivo, como también las ayudas a la dependencia y otras medidas sociales que se integran en esa hostilidad terrible contra las personas en riesgo de pobreza o en situación especialmente vulnerable.

Este rasgo común de la derecha extrema y la ultraderecha, que se remonta al prejuicio liberal frente al pobre como una persona que no quiere trabajar y a la que por tanto no se puede otorgar “subsidios” porque de lo contrario se instala en la desocupación, es decir, la hostilidad frente a la pobreza como sinónimo de vagancia, se ha puesto de manifiesto en Italia, donde la primera ministra Meloni, que por cierto se ha implicado de manera muy activa en el proceso electoral español apoyando sin reservas a Vox como partido hermano, ha eliminado la renta de ciudadanía, un subsidio asistencial que constituyó uno de las señas de identidad del movimiento 5 Estrellas y que intentaba contribuir a mitigar la pobreza y la exclusión social de amplios sectores de población carentes de renta fija derivada del trabajo o de bajísimo nivel en un contexto de trabajo precario y de bajos salarios erosionados por la inflación.

La noticia era ya conocida, porque se había adoptado en la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento italiano para este año, pero antes de ayer el INPS – el equivalente italiano a nuestro INSS – notificó por un SMS a 169.000 familias italianas el fin de la renta de ciudadanía. Porque el Gobierno los considera "empleables", y por tanto no pueden recibir una prestación pública asistencial.  Cómo deben encontrar trabajo, sin embargo, sigue siendo un enigma. Sin resolver por el gobierno. El mensaje iba dirigido a quienes forman parte de hogares en los que no hay miembros discapacitados, menores o mayores de 65 años, a los que se prevé un nuevo “subsidio de inclusión” (assegno di inclusione) que afectará a quienes tengan menores no emancipados, ancianos o discapacitados en el hogar familiar y no superen una determinada renta, una medida que se activará solo a partir de 1 de enero de 2024. Aquellos núcleos familiares a los que se ha privado de la renta de ciudadanía pasarán ahora a ser gestionadas por los servicios locales de los ayuntamientos, en la medida y con el alcance que estos puedan disponer.

Los datos son muy llamativos. En junio, las unidades familiares que recibieron la renta o pensión de ciudadanía fueron algo más de un millón (1.210.536) lo que supuso un gasto de 571,6 millones. El número de personas beneficiarias fue de 2.115.944, y el importe medio por familia fue de 565,69 euros.

Para la CGIL, se trata de  una clara manifestación de la cultura punitiva hacia los que están en situación de necesidad. La pobreza "no puede eliminarse por decreto, pero tampoco puede establecerse la empleabilidad en función de la edad o de las necesidades familiares, independientemente de las condiciones reales", como ha señalado la secretaria confederal CGIL, Daniela Barbaresi  y detalla que de los casi 1,2 millones de núcleos familiares que perciben ingresos, unos 400.000 (el 33,6 por ciento) están excluidos del subsidio de inclusión por no existir en ellos sujetos protegidos. De los 790.000 hogares restantes con sujetos protegidos, unos 97.000 (12,1%) están excluidos de la percepción de la prestación por limitaciones económicas. En conjunto, por tanto, los hogares beneficiarios del nuevo subsidio de inclusión serían algo más de 690.000, alrededor del 58% de los actuales perceptores de la Renta de Ciudadanía  

"La única esperanza para miles de familias en situación de pobreza sigue siendo ser atendidas por los servicios sociales municipales", denuncia la CGIL, es necesario "ampliar el plazo de 7 meses para la suspensión de la Renta para dar paso a que la población necesitada sea atendida por los servicios municipales. También es necesario contratar rápidamente al personal fijo necesario y formarlo para dar respuestas a un problema tan grave como la pobreza".

El refranero español es por tanto claro: Cuando las barbas de tu vecino veas pelar / echa las tuyas a remojar. El espejo italiano muestra la imagen de lo que habría supuesto la victoria anunciada. No sólo cambios culturales, sino una importante degradación de derechos sociales y laborales.

La necesidad por tanto de aprovechar este resultado electoral y lograr un gobierno de coalición que supere la investidura con el apoyo parlamentario de una mayoría plurinacional entre nosotros es imprescindible. Nadie comprendería poner en riesgo una victoria tan decisiva sobre la formidable presión mediática, política y psicológica que traía la regresión y el sufrimiento para una buena parte de la ciudadanía y dar una nueva oportunidad a las formaciones políticas que encarnan esta pulsión involutiva para llevarla a la práctica.

LAS CIFRAS DE PARO TRAS LAS ELECCIONES

 

Todos los periódicos y los medios de comunicación lo señalan hoy, los datos sobre el empleo son muy positivos. Una situación que se ha logrado a partir de la adopción de un marco normativo  que ha incidido sobre la estructuración de la mano de obra, la llamada reforma laboral, favoreciendo la contratación por tiempo indefinido a la vez que restringía la contratación temporal, la elevación del nivel salarial interprofesional y el impulso y recuperación de la negociación colectiva a partir del V AENC, a lo que se unirá la más reciente reordenación de las políticas de empleo en la Ley de Empleo.

La consabida relación negativa entre el aumento de derechos, el mantenimiento de un principio de estabilidad, el incremento de salarios y la creación de empleo, ha sido desmentida por los hechos, y en condiciones muy difíciles desde el punto de vista de la crisis transversal de las economías europeas. Este desmentido tozudo de los hechos a las consabidas advertencias de los economistas liberales se transforma ahora en la dimensión cultural tan importante que manejan formadores de opinión, medios de comunicación y partidos políticos de la derecha y ultraderecha en la imputación de que los datos no reflejan la realidad, que la maquillan convenientemente, si bien por otra parte, celebran su alcance en relación con las comunidades autónomas en las que gobiernan en solitario o en coalición.

Pero los datos son contundentes. Hélos aquí, anotados de manera telegráfica.

1)      Los datos de empleo que hoy ofrece la Encuesta de Población Activa son sencillamente espectaculares: se han creado 600.000 empleos en sólo un trimestre.

España supera por primera vez en la historia los 21 millones de trabajadores y la tasa de paro cae al 11,6%.

Pese a la imputación de las derechas extremas y de la extrema derecha de que este empleo se ha creado artificialmente desde lo público, de forma clientelar y parasitaria del mercado, lo cierto es que la creación de empleo se concentra en el sector privado.

En el último año el empleo en el sector privado ha crecido en 524.800 personas y en 63.900 en el sector público.

Por otra parte, y como resultado del cambio normativo previsto en el RDL 32/2021 – contra el que votaron en contra tanto las tres formaciones políticas de la derecha junto con los grupos nacionalistas y soberanistas, la calidad del empleo sigue mejorando sustancialmente, de forma que la regla que preside la creación de empleo es ahora el empleo indefinido.

En este último trimestre los asalariados aumentan en 505.500 personas. Los que tienen contrato indefinido se incrementan en 410.100 y los asalariados con contrato temporal en 95.400. El 81% del incremento con contrato indefinido y el 93% con contrato a tiempo completo.

Hay que tener en cuenta que en el último año el número de asalariados del sector privado con contrato indefinido subió en 1,23 millones.

El 87% fueron fijos ordinarios (1,06 millones) y el 13%, fijos discontinuos (163 mil).

El número de trabajadores temporales se redujo en 741 mil.

2)      El paro se reduce este trimestre en 365.300 personas y, con ello, se reduce la tasa de desempleo hasta el 11,6%.

La tasa de paro se reduce de forma significativa hasta alcanzar un mínimo desde 2008, y lo hace en un contexto en el que crece la población activa.

Aunque tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos entienden que reducir la tasa de paro del 11,6% debe seguir siendo la prioridad, lo cierto es que se ha logrado reducir el desempleo a niveles muy destacados, también en relación con la serie histórica del paro en Esaña, con el dato positivo de que se está reduciendo asimismo la fragmentación entre temporales y estables, y por tanto la rotación existente entre desempleo y temporalidad que caracterizaba la debilidad intrínseca de nuestro mercado de trabajo.

En efecto, también en este trimestre se ha producido un incremento de los flujos hacia la ocupación, tanto de parados como de inactivos.

Y finalmente, se reduce el número de hogares que tienen a todos sus miembros en paro en 139.300. Y los hogares en los que todos sus miembros están ocupados aumenta en 345.700.

Este dato es clave para explicar la reducción de la pobreza.

Se trata por consiguiente de un panorama económico general muy favorable que se traduce también en una buena imagen en el contexto político europeo, que refuerza la imagen de España en este semestre en el que desempeña la presidencia del Consejo, y extiende la convicción de que son posibles políticas reformistas que amplían y consolidan derechos laborales sin que este hecho traiga aparejadas consecuencias económicas negativas que pongan en riesgo el crecimiento del PIB y la estabilidad de los mercados. Es decir, la aspiración eterna de la socialdemocracia de los años sesenta del pasado siglo que se anatemizó con el triunfo político del neoliberalismo y la exaltación de la codicia corporativa. Pero además esta situación también posibilita que en ese mismo nivel europeo, se pueda presionar con otros países para el desarrollo del pilar social europeo como eje central de las políticas económicas que aborden a partir de ahora las transiciones imprescindibles hacia la sostenibilidad social y ambiental que se requieren. Un enfoque de la gobernanza europea que tiene que revalidarse en las próximas elecciones europeas del 2024

Tras el alivio del resultado electoral que ha desautorizado el giro hacia el autoritarismo iliberal y los recortes sociales, estas cifras sobre ocupación y trabajo resultan por tanto muy reconfortantes, lo que es de agradecer después de la aceleración y compresión de acontecimientos del último mes.

NO TRIUNFARON LA DERECHA EXTREMA CON LA EXTREMA DERECHA: SIN MAYORÍA PARA FORMAR GOBIERNO

 

Ya son conocidos los resultados de la jornada electoral de ayer, 23 de julio, que impidieron la victoria proclamada a los cuatro vientos del tándem Partido Popular y Vox. Sin la mayoría absoluta que ambicionaban, y sin que ni siquiera sus dos únicos aliados en el congreso, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, puedan añadir su voto para lograr la mayoría de 176 diputados, la operación de revocar todo el legado político del gobierno de coalición ha fracasado.

Aunque hoy todos los voceros de los medios de comunicación no se hacen cargo, la derrota de las expectativas seguras de Feijoo suponen un evidente rechazo a su propuesta política de “derogación del sanchismo”, es decir, de introducir un cambio fundamental en las líneas generales del gobierno que se ha llevado a cabo durante estos terribles tres años y medio. Implica además la caída de la ultraderecha de VOX, muchos de cuyos votos han sido absorbidos, razonablemente, por la propuesta del Partido Popular, una derecha extrema que mantenía una gran parte de los postulados del partido con el que gobierna en numerosas ciudades y comunidades autónomas.

La derrota de Feijoo como la gran esperanza del Partido Popular de apoderarse del gobierno – para lo cual se desembarazó de manera abrupta del líder anterior, que cometió además el error de echar un pulso a la presidenta de la Comunidad de Madrid – es más dolorosa si cabe para este partido dadas la seguridad de las expectativas que había generado entre su electorado y en general en toda la cobertura mediática y de opinión. En efecto, merced al  unánime consenso demoscópico según el cual en todas las encuestas – salvo en la más fiable, la del CIS a la que se motejó de sectaria y sesgada – los electores darían la mayoría absoluta al tándem PP y VOX, y la multitud de editoriales y de formadores de opinión que vaticinaban lo mismo, se llegó a hablar de un tsunami electoral en favor de las listas de las derechas, y este espíritu de victoria segura ha quedado frustrado ante la capacidad de resistencia de la izquierda y del apoyo entre la ciudadanía de este país, resistente a este nefasto augurio que desde todas las partes se celebraba.

La situación actual es difícil de gestionar para la izquierda, pero es también evidente que son estas formaciones las únicas que pueden intentar un acuerdo de gobierno que mantenga la experiencia del gobierno de coalición cuya permanencia ha sido proclamada en la campaña electoral por las dos fuerzas que lo sostienen, el PSOE y SUMAR.

Un acuerdo de gobierno que represente a la mayoría de la ciudadanía española. Una sencilla operación matemática permitiría explicarla.

Quien representa a quien

Realmente es un dato muy inquietante saber que la suma de votantes al Partido Popular y a Vox superan los once millones de españoles de ambos sexos. En efecto, si se suman los 8.091.840 sufragios del Partido Popular los 3.033.744 de Vox, la cantidad resultante es la de 11.125.584 personas que han apostado por un cambio de gobierno que modificara estructuralmente las líneas de acción del gobierno de coalición en derechos sociales, igualdad, política energética y cambio climático.

Son 350.000 votos los que separan la cifra total de electores del Partido Socialista y de SUMAR respecto de los que han recogido la opción del tándem PP y Vox. En efecto, a los 7.760.970 socialistas, hay que añadir los 3.014.006 de SUMAR, lo que arroja un total de votos para las dos formaciones del gobierno de concentración de 10.774.976 personas.

Pero la realidad plurinacional de España posibilita la expresión política de otras fuerzas con arraigo en las nacionalidades que la componen, y que por un lado representan inequívocamente posiciones de izquierda o, no compartiendo esta calificación, son refractarios al acuerdo PP y Vox. Es el caso en efecto de ERC, EH-Bildu y BNG, que suman en su conjunto  casi un millón de personas - 948.572 votos, repartidos entre los 462.883 de ERC, 333.362 de Bildu y 152.327 de BNG  – a los que había que añadir los 275. 782 de EAJ-PNV que forma parte también de la mayoría parlamentaria que ha sostenido al gobierno de coalición. Frente a estos votos derivados de formaciones políticas nacionalistas o enraizadas en una Comunidad Autónoma, las derechas solo se pueden añadir los 51.764 votos de la Unión del Pueblo Navarro y los 114.718 de Coalición Canaria. Los 392.634 votos para Junts per Catalunya no pueden computarse en ninguno de los dos bloques, y su alineamiento en principio contrario a la formalización de una alternativa de gobierno en cualquier dirección hace imposible su colocación en alguno de ellos.

Con esos números, es evidente que la mayoría expresada en sufragios se decanta por una posición de izquierda, pese a que, como ya conocemos, el sistema electoral favorezca de manera creciente el bipartidismo y posibilite una disfunción importante en cuanto a los votos “perdidos” en la circunscripción provincial por no poder transformarse en escaños a nivel estatal.

Es alarmante en efecto, que más de once millones de votantes se hayan decantado por una solución iliberal y autoritaria en la gestión de los derechos y libertades y hayan apostado por un retorno a los recortes del gasto público y de las prestaciones sociales. Es por el contrario muy gratificante seguir comprobando que el conjunto de la ciudadanía española prefiere una solución abierta al desarrollo democrático del Estado social en el que sin duda cobrará más importancia una visión federal de la estructura del estado si se logra cuajar los apoyos de este bloque de partidos que configuraron el bloque de mayoría parlamentaria en la anterior legislatura. 12 millones de votos (11.999.330 exactamente) caminarían en esa dirección.

Por lo tanto, hay un camino posible para formar un nuevo gobierno, aunque su conformación sea, desde luego, muy complicada. La posibilidad que el Partido Popular enarbola hoy ante su derrota del bloqueo constitucional como un mal que hay que evitar forzando la investidura de su líder, no es algo ineludible. Al contrario, la única posibilidad real de salida del marco de representación que han dado estas elecciones, es la repetición de un gobierno de coalición con el apoyo parlamentario de los grupos nacionalistas, como lo que había sucedido hasta el momento y sobre lo que el Partido Popular había basado una gran parte de su argumentario de deslegitimación democrática del gobierno.

Se abre por tanto ahora un tiempo de negociación y de diálogo. Pero no olvidemos que el intento de revocar las mejoras sociales y democráticas de estos últimos años ha fracasado. La mayoría del pueblo español lo ha rechazado. Un momento de e alegría y de alivio generalizado.

TARJETA CENSAL (RECAPITULACIÓN ANTES DE IR A VOTAR)

 

Recapitulo y compruebo lo que ha constituido el bloque normativo que se ha ido aprobando en estos tres años y medio tan terribles. Repaso las normas de la crisis que salvaron millones de empleos y que contaron con el aval de los sujetos colectivos que representan los intereses económicos y sociales de los ciudadanos reconocidos en nuestro importante art. 7 CE, que permitieron crear un escudo social ante la crisis más terrible que hemos padecido a nivel mundial gracias a la pandemia. Acuerdos sociales que llegaron también al trabajo a distancia y a la muy importante ley que laboralizaba a los trabajadores del reparto al servicio de plataformas digitales, una norma que ha influido de manera relevante en la necesidad de una directiva europea.

Y sigo rememorando las ratificaciones de normas internacionales fundamentales, especialmente los convenios 189 y 190 de la OIT, de la Carta Social Europea revisada y del protocolo de reclamaciones colectivas, la regulación consiguiente de los derechos de las trabajadoras domésticas, las normas sobre igualdad de trato y transparencia retributiva, y el aumento continuado del salario mínimo. Un proceso regulatorio que tiene un hito fundamental en la reforma laboral, de nuevo trabajosamente pactada entre la patronal y los sindicatos, que ha supuesto un verdadero giro copernicano en el tratamiento de la precariedad laboral, con inmediatos efectos sobre la composición del llamado mercado laboral, y que se ha acompañado de un incremento muy importante del empleo y el situar el nivel de desempleo en mínimos históricos. Un cambio legislativo fundamental que se ha hecho sin que exista una sola condición desfavorable para los intereses colectivos de los trabajadores, sin ninguna “compensación” frente a indudables avances en derechos.

Repaso el blog y veo otros muchos contenidos laborales logrados en estos años en los que sigue la crisis a partir de la guerra de Ucrania frente a la cual los mecanismos de amortiguamiento social que suponen los ERTE siguen funcionando eficazmente. Recuerdo la importante Ley de Empleo, pero también las más modestas precisiones sobre el reintegro de exenciones y bonificaciones ante las deslocalizaciones, la reforma de los plazos en los despidos colectivos por extinción de empresas o centros de trabajo de más de cincuenta trabajadores, la inclusión de un nuevo artículo en el código penal para castigar la resistencia a aplicar la laboralidad de los riders, la ley sobre discriminación y la inclusión de la enfermedad entre los motivos discriminatorios, con la repercusión en los despidos de las personas trabajadoras en situación de baja, una línea precedida desde el inicio de la legislatura con la derogación del despido por absentismo.

Un esfuerzo regulatorio en materia laboral sin precedentes, que cuenta en la mayoría de sus resultados con el apoyo de un acuerdo social que en otros supuestos – salario mínimo, igualdad – se ha ceñido al pacto con los dos sindicatos más representativos. Un clima político que ha permitido la firma de un acuerdo interprofesional de negociación colectiva que ha encuadrado el sistema negocial para los próximos dos años con cláusulas de mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.

Un proceso que no se detiene, porque en el programa de SUMAR que encabeza la Ministra de trabajo y economía social y Vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se prevén nuevas actuaciones sobre el tiempo de trabajo, la democracia en la empresa, la reforma del despido. Un programa que cuenta con el aval sindical, pero sobre todo con el que le han dado una gran cantidad de personas trabajadoras y delegados en los centros de trabajo que lo han sostenido y defendido públicamente.

Una mirada neolaboralista que se proyecta también sobre Europa, reivindicando la primacía del Pilar de Derechos Sociales como guía de la legislación común, apoyando y liderando cambios importantes en la gobernanza económica europea una vez terminado el paréntesis marcado por los fondos Next Generation, recuperando una iniciativa política en temas sociales en el seno de la Unión que es reconocida por todos los países que la componen.

Este sesgo de la acción de gobierno en el ámbito del trabajo y del empleo que incorpora y reivindica SUMAR es el que debería condicionar una buena parte del voto en las elecciones de hoy de tantas y tantos ciudadanos para los que el trabajo constituye la base de su existencia social.

Sin embargo, sabemos que no es así. Los mecanismos de representación política no funcionan con esta claridad, ni tampoco están técnicamente pensados para reflejarla como tendencia ante un sistema que castiga el voto de las grandes ciudades y hace que en determinadas provincias el partido que no alcance un 15% de sufragios está destinado a la irrelevancia electoral. En estos tres años y medio además, las llamadas fuerzas de la oposición, la derecha extrema y la extrema derecha, han desprestigiado con todo tipo de inexactitudes y falsedades el programa laboral del gobierno, han impugnado sus medidas más importantes ante el Tribunal Constitucional y hablan de modificar elementos centrales del propio sistema laboral, fundamentalmente a través de una preocupante actitud antisindical que ya se ha manifestado en algunas Comunidades Autónomas como a de Castilla y León, pero que amenaza con constituir la regla que se intente establecer a nivel estatal si se produce la autoproclamada desde hace tanto tiempo victoria electoral del tándem PP-Vox.

Muchas personas escinden su realidad cotidiana de la opción que debe representarles en el Parlamento. Escogen sus representantes sin tener en cuenta las repercusiones que esta elección puede tener en sus relaciones cotidianas, posiblemente porque creen que la política no tiene efectividad ninguna en su existencia cotidiana, absorbida por una serie de problemas de los que creen que la política está ausente. Consideran la participación política de una manera completamente diferente de lo que se reconoce como derecho fundamental. El voto expresa sobre todo reacción ante la inseguridad, el miedo o la rabia ante una existencia incierta cuando no el odio ante los que creen que pueden empeorarla. Por eso la manipulación de estas emociones es tan importante y en ese ámbito los medios de comunicación y el tipo de discurso que sabe manejar la derecha extrema y la extrema es muy eficaz.

La opción electoral para alguien como el titular de este blog está clara, y se desprende de otras muchas entradas en este período. Pero debemos esperar que sea ésta la de muchas más personas que entiendan que la mejor forma de preservar la democracia es ampliar y profundizar los que la Constitución reconoce en el marco del Estado social y bajo el impulso del principio de igualdad sustancial de su art. 9.2 CE. Cualquier paso atrás es también un retroceso democrático.

Recuérdalo tu y recuérdalo a otros

 

EL SINDICALISMO EUROPEO TOMA PARTIDO EN LAS ELECCIONES DEL 23 DE JULIO

 

Son tantas las noticias interesantes que se agolpan estos días, que las entradas de este blog no dan tregua. Hoy, 20 de julio, se presentó en Madrid ante los secretarios generales de CCOO y UGT el manifiesto que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a través de su secretaria general Esther Lynch, ha emitido frente a las elecciones que se deben celebrar en nuestro pais el 23 de julio y en el que solicitan el voto “para los partidos políticos que permitan reelegir un gobierno progresista en España”.

La implicación tan activa del sindicalismo europeo en este proceso electoral tiene que ver desde luego con el lógico alineamiento de la confederación europea con las posiciones de los sindicatos más representativos españoles que han manifestado públicamente la necesidad de que la ciudadanía avale con su voto la obra reformista de estos tres años y media del gobierno de coalición, pero obedece asimismo a otros motivos importantes, tal como ha explicado Unai Sordo en un esclarecedor texto publicado en su blog (https://unaisordo.com/las-elecciones-espanolas-son-tambien-elecciones-europeas)

El primero de todo, por la situación muy complicada en la que se sitúa la Unión Europea al hallarse inmersa en la crisis derivada de la guerra de Ucrania sin que por tanto se haya podido efectuar con una mayor seguridad el comienzo de la recuperación y transformación que se pretendía tras la epidemia del Covid a través de los fondos Next Generation. Este momento crítico se corresponde con la revisión de los marcos de la gobernanza económica de la Unión Europea, de forma que “está en disputa la correlación de fuerzas o bien para profundizar en una integración europea que refuerce las políticas comunes como ocurrió en la pandemia, o  bien para acelerar la vuelta a los corsés respecto a la deuda pública y el déficit, a una segunda vuelta a las políticas de austeridad, y por tanto al empobrecimiento de países como España”. Y aunque hay una propuesta ya en marcha, su aprobación no es segura, y se encuentra sometida a las presiones muy fuertes de quienes vuelven a la defensa de las posiciones neoliberales clásicas.

El segundo punto, muy relacionado con el anterior, es la constatación de una fuerte tendencia a la revigorización de un pensamiento neoautoritario y excluyente, con fuertes tensiones antifeministas y xenofóbicas, que en términos políticos se traduce en la afirmación de un soberanismo nacional político combinado con la contracción de los derechos civiles y sociales, que puede ganar posiciones a nivel global especialmente en las próximas elecciones del año 2024, de manera que la preocupación por “el peso que tomen las fuerzas antieuropeas, neo-nacionalistas y reaccionarias de ultraderecha, que son ya un riesgo para la propia viabilidad de la Unión Europea y una seria amenaza para la defensa de los derechos democráticos y las libertades civiles que deben formar parte de la esencia del proyecto europeo”, ve en el ascenso del tándem Partido Popular / Vox una seria amenaza tras lo sucedido en Italia el octubre pasado. Un convergencia entre planteamientos iliberales en lo político y el retorno a las estrategias de la austeridad en la gobernanza económica de la Unión.

Esto hace que el terreno del juego que se libra en España forma parte del tablero europeo y se traduce en la posibilidad de incidir en la formación de las nuevas reglas de la gobernanza y en el avance de los desarrollos del pilar social europeo como elementos clave de un futuro próximo que avale el marco institucional que regula los derechos laborales y sociales – en especial las pensiones públicas – conseguido en el último período a partir de la reforma laboral y de la doble intervención sobre el sistema de pensiones.

Este es por tanto el campo en el que se despliega también el proyecto sindical de CCOO y UGT, que se decanta claramente en favor de una mayor integración europea. Insiste en este tema de manera muy clara Unai Sordo: “Dotar a la UE de una mayor capacidad fiscal mediante deuda europea como hicimos en la pandemia. Necesitamos un gobierno español militante en este terreno, como lo fue con los fondos Next Generation o con la llamada “excepción ibérica” que nos ha permitido bajar la inflación del 11% a estar por debajo del 2%.”

Desde estas premisas, el sindicalismo europeo toma partido en estas elecciones. El manifiesto que se ha hecho público hoy en Madrid lo reitera, como se puede comprobar mediante la traducción del mismo al castellano que se hace a continuación.

MANIFIESTO EN APOYO DE UN GOBIERNO PROGRESISTA EN ESPAÑA

El 23 de julio, los ciudadanos españoles tienen una cita con las urnas para elegir el destino del país, para decidir qué Gobierno asumirá la responsabilidad de dirigir España en los próximos años. La importancia de estas elecciones es innegable. El mundo, y Europa en particular, está viviendo una oleada de conservadurismo y extrema derecha sin precedentes.

Fuerzas profundamente reaccionarias están alimentando una retórica de crispación y deslegitimación de las instituciones que podría tener graves consecuencias para un orden mundial justo y sostenible. Las propuestas económicas diseñadas a la medida de los intereses de las élites y a favor de la precariedad laboral, la degradación del funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho, las narrativas negacionistas sobre el cambio climático, la hostilidad y discriminación hacia la diversidad sexual y las amenazas al avance del movimiento feminista, impulsadas por la reacción, ponen en peligro derechos y libertades consolidados en muchas sociedades. También pueden obstaculizar y bloquear su expansión a otras partes del mundo, donde son tan necesarios para construir sociedades más justas y reducir los intolerables niveles de pobreza. Frente a las propuestas que desconocen y niegan la existencia misma de los valores colectivos, apoyamos a aquellos gobiernos y partidos políticos que promueven sociedades que progresan, avanzan y se conciben a sí mismas desde la justicia, el respeto a los derechos humanos y la inclusión social.

Gobiernos que no abandonen a su suerte a las personas y sectores más vulnerables, y que asuman que el progreso sólo es posible si significa prosperidad para muchos y no para unos pocos. En estos años convulsos, los gobiernos progresistas de coalición, encabezados por Pedro Sánchez en España, han respondido a los graves desafíos con políticas basadas en la justicia social. También han demostrado que a través del diálogo social es posible impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, reforzando el Estado del bienestar, aumentando los derechos de la clase trabajadora y protegiendo el medio ambiente.

Con estas políticas, España no sólo se ha erigido en referente de gestión progresista frente a graves crisis. También ha apostado por un orden mundial más justo, de paz y progreso, para luchar contra la desigualdad global. El actual Gobierno de España ha sabido encarnar la capacidad y el compromiso de gobernar con valentía para convertir este tiempo de grandes transformaciones en oportunidades de futuro, no sólo pensando en las necesidades de la sociedad actual, sino también sentando las bases económicas, educativas, sociales y medioambientales para el bienestar de las generaciones venideras. Su liderazgo ha sido clave en la respuesta europea a las crisis sanitaria, social y económica generadas por la pandemia COVID-19.

Los fondos Next Generation y la movilización sin precedentes de recursos para responder con solidaridad y unidad refuerzan las bases sobre las que se asienta el ideal de una Europa unida, siendo el Gobierno español uno de los principales impulsores de esta respuesta integradora a las múltiples crisis mencionadas.

Por todo ello, manifestamos nuestra preocupación por el riesgo real de regresión que las políticas conservadoras constituyen para los trabajadores, para la igualdad entre mujeres y hombres, para los derechos del colectivo LGTBI, para la infancia, para las necesarias políticas de respuestas inclusivas a los efectos del cambio climático y la transición ecológica, para la educación, para una sanidad pública universal y de calidad, para la sostenibilidad del sistema de pensiones o para el empleo digno. Los abajo firmantes, comprometidos con el progreso social, la justicia en el mundo, la igualdad, la democracia y los derechos, respaldamos este camino que ha emprendido España y pedimos el voto para los partidos políticos que permitan reelegir un gobierno progresista en España

LA VOZ DE GALICIA Y LA CENSURA: EL RIESGO DE QUE REGRESEN VIEJAS PRÁCTICAS

 

 

Esta que vamos a contar en este día de comentarios sobre el debate a tres de ayer en RTVE al que insólitamente faltó el que se autocalifica como ganador de las elecciones generales, el presidente del Partido Popular, es una historia poco edificante. Parece que se aleja de la contraposición que pudimos ver entre dos propuestas completamente diversas de regular la sociedad, pero no es así, confirma la deriva a la exclusión ideológica que se diseña en uno de estos bloques, precisamente el que representa el tándem PP-Vox personificado en sus dos líderes, Feijoo y Abascal.

Muy sintéticamente expuesta la historia es la que sigue. Un periódico de amplia implantación y prestigio no sólo en la región, la Voz de Galicia, solicita al catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, Jaime Cabeza Pereiro, un artículo en el que comente una sentencia del Tribunal Supremo hecha pública el 12 de julio de este año en la que se condenaba a un empresario por la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de estafa.  El empresario simuló haber creado una cooperativa de transporte ofertando en el año 2010 en plena crisis económica trabajo a transportistas que lo necesitaban vulnerando las condiciones mínimas de vida profesional de los trabajadores, concretamente sus derechos sociales. Contactó con numerosas personas que se encontraban buscando empleo al estar en una situación de paro, y tras esa primera toma de contacto, concertaba una entrevista con los mismos en la que les aseguraba que podrían entrar a formar parte como socios en la cooperativa de trabajo. Pactaba de forma verbal con los diferentes trabajadores un sueldo o anticipo de una cantidad que rondaba los 1.800 euros al mes, del que descontarían las cuotas de las Seguridad Social que serían a cargo de la empresa. Los trabajadores únicamente firmaban la solicitud de incorporación en la cooperativa y la solicitud de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, desconociendo muchos de ellos que no eran trabajadores por cuenta ajena. Todas estas condiciones eran aceptadas por los trabajadores debido a su situación de necesidad económica al estar en desempleo.

Hasta aquí el supuesto de hecho. El caso es que el profesor Cabeza aceptó, como tantas otras veces, el encargo del diario y entregó puntualmente el texto, escrito en gallego y que se va a ofrecer a continuación de este comentario traducido al castellano. En él, se ponía el acento en la carencia de controles institucionales a este tipo de conductas empresariales que aprovechan las situaciones de crisis para establecer condiciones de explotación real de las personas trabajadoras. De esta manera, durante un largo tiempo se desincentivó la labor de la Inspección de Trabajo en la vigilancia del cumplimiento estricto de la legislación laboral, frente a lo que ha consistido la pauta contraria llevada a cabo por el actual Ministerio de Trabajo y Economía Social que considera la actuación inspectora como un elemento fundamental para lograr la efectividad de las normas de tutela de los derechos de las personas que trabajan.

Pues bien, resaltar este hecho claramente comprobable y considerarlo críticamente ha bastado para que el periódico se negara a publicar el artículo del profesor Cabeza que había solicitado, ejercitando de esta manera una censura ideológica sobre su contenido muy alejada de los presupuestos pluralistas que el periódico afirma mantener y a los que debería estar obligada como empresa que debe mantener la libertad de expresión e información como regla de funcionamiento.

El artículo que fue censurado advierte del riesgo de que regresen viejas prácticas de no vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y por tanto a dejar hacer a empresarios sin escrúpulos que utilizan situaciones de necesidad para privar de derechos a las personas que tiene que obtener un puesto de trabajo para poder obtener algún recurso para vivir. Pero ese riesgo no se limita tan sólo a las relaciones laborales, como se puede comprobar de la historia narrada. También puede regresar, de hecho ya están aquí, viejas prácticas de censura ideológica del libre pensamiento. Un ejemplo que anticipa el panorama en el que podemos encontrarnos en breve. Para reflexionar ante las elecciones del domingo 23 de julio.

Este es el texto del artículo censurado, traducido al castellano:

ESTAFA Y DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS: EL RIESGO DE QUE REGRESEN VIEJAS PRÁCTICAS

Jaime Cabeza Pereiro

He estudiado con satisfacción la sentencia del TS relativa al delito de estafa y vulneración de derechos laborales mediante engaño con falsas ofertas de empleo. El engaño, propio de conductas que se remontan a años atrás, consistía en la creación de una cooperativa, en este caso de transportes, y la oferta de empleo a desempleados. La obtención de condiciones de empleo poco favorables para ellos, la deducción fraudulenta de cuotas a la Seguridad Social, el abuso de una situación de necesidad derivada de un desempleo de larga duración, o la ocultación de la inexistencia de una verdadera relación laboral fueron, a juicio de la Sala Segunda del TS, elementos constitutivos de las infracciones penales en las que este "empresario" fue declarado culpable de la comisión de estos delitos.

Más que una glosa de jurisprudencia, conviene recordar el ecosistema en el que durante años se han llevado a cabo estas prácticas: un fomento incontrolado del autoempleo de baja calidad y vulnerable, incentivado incluso con medidas lesivas para la sostenibilidad de la Seguridad Social -tarifas planas o exenciones de todo tipo-, una renuncia al control del fraude, una ausencia total de evaluación y control de las políticas de autoempleo y un desinterés general por la calidad del empleo.

Este panorama, propio de la primera mitad de la pasada década, ha producido monstruos como las conocidas tramas de las cooperativas cárnicas, la multiplicación de precarios lanzados a proyectos empresariales sin posibilidad de éxito o, en general, el predominio de las formas de trabajo más vulnerables. La frase que da pie a este comentario es un subproducto de este ecosistema, propiciado por unas políticas laborales totalmente negligentes.

Mucho se ha hablado de los efectos de una reforma laboral, la de 2021, por supuesto criticable. Pero mucho menos de una acción de gobierno de estos cuatro años desde entonces muy efectiva, que consistió en un saneamiento del fraude de ley rampante en el mercado de trabajo hasta el año 2018 producido por una deliberada relajación de los mecanismos de control. Este saneamiento fue una de las líneas programáticas más importantes y esenciales del actual Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sería una pena volver a ver el pasado. No puede ser que los patronos más depredadores vuelvan a salir de sus madrigueras amparados por gestores públicos que conviertan de nuevo el mercado interior de trabajo en una jungla al servicio de las especies más carnívoras del sistema trófico. La Inspección de Trabajo no puede bajar los brazos. Nos merecemos algo mejor que las políticas laborales de la era Rajoy.

 

MANIFIESTO DEL MUNDO DE TRABAJO EN APOYO DE SUMAR

 MANIFIESTO DEL MUNDO DE TRABAJO EN APOYO DE SUMAR

Se va a presentar esta tarde a la opinión pública un manifiesto de apoyo del mundo de trabajo a las candidaturas de SUMAR en las elecciones generales del domingo y a Yolanda Díaz como presidenta del gobierno. El manifiesto se entregará al equipo de campaña de SUMAR y a continuación tendrá lugar a las 17,00 una rueda de prensa en la que participarán Amparo Merino, catedrática de Derecho del Trabajo de la UCM y responsable del grupo de trabajo sobre Trabajo Decente de SUMAR, Enrique Lillo, histórico abogado laboralista de CCOO, Alejandra Ortega, responsable países árabes, Africa, Asía y OIT, Secretaría Confederal internacional, cooperación y migraciones CCOO, Ricard Andreu, dirigente sindical que junto con Amparo Merino ha coordinado la recogida de firmas, Juan Escrich,  Secretario de CCOO SEAT Barcelona y miembro del comité Intercentros, Ana Villaseñor, colaboradora sindical de jóvenes CCOO y Carlos Aristu, secretario general de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla.

Esta composición abigarrada de la mesa en la conferencia de prensa prevista perite visibilizar lo que el manifiesto quiere significar. Por un lado, quiere revalorizar de manera expresa el conjunto de medidas sociales que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha ido poniendo en práctica en estos tres años y medio en medio de impresionantes crisis económicas y sociales. De otro, insiste en la necesidad de avanzar en el desarrollo de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras de todas clases porque la ampliación de derechos supone acceder a la condición de ciudadanía plena que reconoce la constitución al definir el Estado español como un estado social y de derecho.

Pero la característica más relevante del manifiesto es la gente que lo ha impulsado y que se reclama de ese “mundo del trabajo”. En efecto, firman este documento tanto dirigentes históricos como Antonio Gutierrez, Ignacio Fernandez Toxo o Suso Díaz como otras personas que están en la dirección confederal de CC.OO. o en la Fundación 1 de mayo, numerosos dirigentes de diversas federaciones de rama, junto con una impresionante adhesión de delegados sindicales y miembros de comités de empresa de CCOO y de UGT, y de simples afiliados y afiliadas a estos sindicatos. A su vez, junto a este bloque de personas de una fuerza de trabajo organizada colectivamente en los sindicatos de clase, aparece un importante número de abogados laboralistas, economistas y sociólogos que defienden y asesoran técnicamente la acción colectiva del sindicalismo confederal, unido a casi un centenar de profesoras y profesores universitarios de derecho del trabajo y de la seguridad social de prácticamente todos las sedes universitarias del país – y de todos los estratos académicos - , una muestra evidente de la unidad que se ha ido forjando entre la experiencia de la acción sindical, la tutela de los derechos individuales y colectivos como forma de reforzar su eficacia en la defensa ante los tribunales y la reflexión teórica sobre las formas de producir reglas y normas que disciplinan las relaciones laborales, tanto a través de la autonomía colectiva como de la intervención normativa pública. Esta que en otros tiempos se denominaba “alianza” entre fuerzas del trabajo y de la cultura se muestra hoy como un espacio común de reflexión y de propuesta política en una dirección inequívoca, la de la profundización de los derechos laborales y sociales y del Estado social como única forma de poder defender el sistema democrático en su conjunto.

Este es el texto del manifiesto que este blog suscribe en su totalidad y anticipa a su amable audiencia antes de su presentación pública esta tarde en Madrid, a las cinco de la tarde.

Sumar para construir un nuevo país

 El mundo del trabajo y el sindicalismo de clase con Sumar para ganar y para que Yolanda Díaz Pérez sea la primera presidenta del Gobierno.

Ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio de 2023, en un acto de generosidad colectiva y con plena conciencia del momento histórico que atravesamos, las fuerzas de la izquierda transformadora y numerosas personas progresistas a título individual han unido sus voluntades en una sola candidatura en torno al proyecto Sumar, encabezada por la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz Pérez.

Frente a la peligrosa ola reaccionaria que nos azota, y sobre todo, tras los preocupantes resultados de la derecha y la ultraderecha en las elecciones municipales y autonómicas, alcanzados por medio de una virulenta campaña política y mediática de acoso y derribo contra el gobierno de coalición, es un momento trascendental para defender las políticas impulsadas desde el gobierno, sobre todo desde el ministerio de trabajo, a través de su firme apuesta por el diálogo social y trabajando, codo a codo, con el sindicalismo de clase, que han mejorado las condiciones de vida de las personas trabajadoras y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad para que nadie se quede atrás.

Las trabajadoras y trabajadores de este país tenemos memoria y recordamos cómo se abordaron las diferentes crisis en el pasado y las terribles consecuencias de las políticas de la derecha, del dramático empeoramiento de las condiciones de vida a la mayoría trabajadora, de las deslocalizaciones industriales, las privatizaciones y el deterioro de lo público, y todo, para aumentar los escandalosos beneficios de la banca y de las grandes fortunas.

- ¿Qué hubiera sido de nuestros salarios, derechos y empleos si hubiera gobernado la derecha en esta legislatura?

- ¿Son lo mismo los recortes impuestos desde la derecha en la anterior crisis financiera, a como se han abordado las sucesivas crisis desde el Gobierno de coalición progresista, reforzando y ampliando derechos para la mayoría trabajadora de nuestro país a través de la negociación y el acuerdo con los agentes sociales?

- ¿Es lo mismo facilitar el despido, la destrucción de empleo y el recurso masivo a los ERE que impuso la derecha, que la defensa del empleo y los ERTE que han significado el sostenimiento de más de tres millones y medio de puestos de trabajo?

- ¿Es lo mismo extender la precariedad laboral y la temporalidad con las políticas de Mariano Rajoy y anteriores gobiernos, que la actual generalización de la contratación estable e indefinida favorecida por una reforma laboral, fruto de un potente trabajo de consenso con los sindicatos de clase y protagonizado por Yolanda Diaz al frente del Ministerio de Trabajo?

- ¿Es lo mismo la eliminación de la ultraactividad, la atomización de los convenios colectivos y el debilitamiento de los sindicatos, que el refuerzo del movimiento obrero y sindical en la negociación colectiva con la recuperación de la ultraactividad indefinida y la referencia de los convenios sectoriales?

- ¿Es lo mismo devaluar y recortar "el gasto" del sistema público de pensiones con el fin de privatizarlo, que revalorizarlas con el IPC un 8,5% y garantizar su sostenibilidad futura por la vía del aumento de los ingresos?

- ¿Es lo mismo devaluar durante décadas el Salario Mínimo Interprofesional (649€ en 2019), que subirlo casi un 50% hasta alcanzar los 1080€ en 2023?

 

Sí, las fuerzas del trabajo y del sindicalismo de clase tenemos memoria y sabemos cuál es el precio de las victorias y el alto coste por la conquista de nuestros derechos. También somos conscientes de qué fuerzas políticas nos representan para un futuro de avances, basado en la solidaridad, la igualdad y la cohesión para la mayoría de la sociedad, y cuáles a un pasado de neoliberalismo autoritario para mantener los privilegios egoístas de unos pocos. Y de eso van las elecciones generales del 23 de julio, de elegir entre un pasado sombrío de restricciones, recortes y represión, o apostar por un futuro de esperanza para construir un nuevo país con más justicia social, democrático, feminista, sostenible e inclusivo.

Por todas estas razones y para seguir profundizando mucho más en las políticas favorables a las personas humildes y trabajadoras, donde la fiscalidad sea progresiva y pague más quien más tiene, con una redistribución más justa de la riqueza y la renta, por la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, el derecho a la vivienda, para que lo público avance frente a lo privado y al mercado, por un cambio del modelo productivo donde la ciencia y la investigación sean el motor que genere empleos y salarios dignos, y sea sostenible humana y ecológicamente. Una sociedad más democrática tanto en las instituciones como en las empresas, donde la convivencia se imponga al odio, que sea igualitaria, verde, feminista, inclusiva y orgullosamente diversa.

El próximo 23 de julio, las personas trabajadoras nos jugamos mucho, tanto como el futuro de nuestro país. Debemos salir a ganar. Hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a participar masivamente, ya sea de forma presencial o por correo.

En este momento crucial y decisivo para nuestro país, las fuerzas del trabajo y el sindicalismo de clase no podemos mirar hacia otro lado. Y por ello, damos un paso al frente para apoyar a la candidatura que encarna nuestros más arraigados anhelos de libertad, solidaridad y justicia social.

El 23 de julio nos comprometemos con Sumar y Yolanda Díaz Pérez, porque representa a quién defiende con coherencia a las personas trabajadoras de este país, como ha demostrado con sus políticas y su forma de hacer. Porque representa el valiente patrimonio histórico de quienes nos precedieron en la lucha del movimiento obrero, por la conquista de nuestros derechos, por la democracia y las libertades que hoy tenemos.

Movilicemos masivamente la esperanza para Sumar, para construir un nuevo país y para que Yolanda Díaz Pérez sea la primera presidenta del Gobierno de la historia de España.

 

REFORMAS EN EL PROCEDIMIENTO DE DESPIDO COLECTIVO (RD 608/2023) Y PERÍODO ELECTORAL

 

Resulta extremadamente complicado romper el marco del discurso que la derecha y la extrema derecha han introducido en el debate electoral. La insólita resurrección de ETA y las continuas recaídas sobre este tema que se pueden ver en las redes sociales tanto para afirmarla como para negarla, son bien indicativas. En este amplio período de información a la opinión pública, son escasas las intervenciones que explican el proyecto de sociedad que se defiende y la dirección del proceso reformista que se quiere emprender. Aunque fundamentalmente la izquierda exhibe sus logros sociales y políticos y el tándem PP – Vox insisten en una perspectiva derogatoria de carácter general de los avances en derechos civiles y sociales reconocidos en este período del gobierno de coalición, es también notable el esfuerzo que está realizando SUMAR en la presentación de propuestas concretas que afectan a la existencia social de las personas, y que integran la cualidad de ciudadanía plena que preside el principio de igualdad sustancial al que los poderes públicos están comprometidos desde el art. 9.2 del texto constitucional. El debate a 7 que acogió la Televisión pública el 14 de julio pasado permitió comprobarlo a través de las muy eficaces intervenciones de Aina Vidal.

Esta deriva del debate electoral hacia posiciones puramente culturales, inmersas en la viscosidad de las mentiras y de las falsas noticias, favorece reacciones emocionales de rechazo o de entusiasmo, pero no posibilita el funcionamiento eficiente del sistema de representación y de participación política. La posición que debe ocupar la regulación del trabajo en cualquier debate sobre el proyecto de sociedad que se disputa en el proceso electoral es, sin duda alguna, central, puesto que es el trabajo – y el propio concepto de trabajo está sometido a discusión – el elemento sobre el que pivota la posibilidad de una existencia social digna que confiere a las personas que lo realizan alcanzar la condición plena de ciudadanía. Sin embargo sobre este tema solo conocemos fragmentariamente lo que el Partido Popular piensa llevar a cabo si puede formar gobierno.

En efecto, por las declaraciones de su líder, sabemos que el Partido Popular en el gobierno va a “retocar” la reforma laboral, aunque en su conjunto entiende que ha resultado positiva – pese a que votaran en contra de la misma – y que en materia de pensiones pretenden establecer en los 70 años la edad pensionable – una propuesta que lamentablemente concitó por parte de la Ministra de Hacienda del PSOE su atención para ser estudiada – y evitar el incremento del gasto social que supone la revalorización de las mismas. También sabemos que según el ex presidente Aznar, hay que volver al “rigor económico” y a las normas de la austeridad que se pusieron en práctica en el ciclo 2010-2013, cuyas consecuencias en términos de políticas sociales ya son bien conocidas. Pero donde posiblemente el Partido Popular ha insistido como una de las reformas más significativas que quiere poner en práctica es la de la “mochila austriaca”, definida como la creación de “un fondo a nombre del trabajador en el que la empresa adelante una parte del despido y que ese dinero pueda moverlo de un trabajo a otro en caso de cambio”. Con ello el empresario no tiene que pagar una indemnización por despido, puesto que ya la ha “adelantado” y ha sido financiada colectivamente mediante un fondo nutrido por las aportaciones de todos los empresarios. Ciertamente es una medida que degrada las garantías del derecho al trabajo, favorece el ajuste vía extinción de los contratos de trabajo, impulsa la devaluación salarial e ignora la enorme crisis habitacional que está haciendo ineficaz el derecho a la vivienda de una buena parte de la ciudadanía y que recorta las posibilidades del salario como remuneración suficiente para satisfacer las necesidades básicas- las primeras, el lugar donde vivir – de la ciudadanía.

La reforma del despido es por tanto un asunto importante, frente al cual el programa de SUMAR reivindica una doble estrategia. Por una parte, en lo que se refiere al despido individual, su programa se centra en la incorporación del debate que en estos momentos se está efectuando en el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el carácter que debe cubrir la indemnización por despido tanto en su aspecto reparatorio como disuasorio, un tema que ya se está planteando ante los tribunales españoles sobre la base del reconocimiento de una indemnización adicional en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa. Es por otra parte una propuesta que coincide con las que han hecho público CCOO y UGT en un documento conjunto frente a las elecciones generales del 23 de julio de 2023 – del que, como es costumbre,  apenas se han hecho eco los medios de comunicación - en el que se propone “reforzar el actual sistema de indemnización por despido improcedente incrementando su cuantía para adecuarlo a lo establecido en la Carta Social Europea Revisada”. A lo que une el refuerzo de la causalidad y las garantías formales de comunicación al interesado como exige el Convenio 158 de la OIT, de nuevo otra exigencia en línea con el documento citado del sindicalismo confederal.

Pero junto a ello, la segunda línea de propuesta es la de considerar que las medidas de flexibilidad colectiva basadas en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, deben ser priorizadas de manera absoluta frente a los ajustes de empleo vía despido. Se trata en definitiva de la utilización del mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que permitieron salvar millones de empleo ante la crisis de la pandemia y que han sido luego posteriormente utilizados con éxito en las sucesivas crisis posteriores, en especial a partir del estallido de la guerra de Ucrania. La reforma laboral “normalizó” este procedimiento mediante la reforma del art. 47 ET y añadiendo un art. 47 bis en el que se regulaba el mecanismo RED en dos modalidades, cíclica, ante causas derivadas de la coyuntura económica general, o sectorial, respecto a determinados sectores o ramas de actividad en crisis, como la que sacudió a las agencias de viaje para las que la OM de 1 de abril de 2022 activó por primera vez este instrumento de flexibilización y estabilización del empleo. Los ERTE suponen por consiguiente un elemento importante de amortiguamiento de la destrucción de empleo, que tiene un fuerte apoyo basado en la financiación pública tanto de las prestaciones percibidas por los trabajadores en esta situación como de las exenciones y bonificaciones de las cotizaciones de las empresas que se acogen a la misma.

Este instrumento requería un desarrollo reglamentario, que se ha producido mediante el RD 608/2023, de 11 de julio, en el que se desarrolla el mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. En él se diseña un “régimen jurídico completo” de la institución, tanto en lo que se refiere al procedimiento para que las empresas puedan aplicar las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos, como a la precisión de las autoridades competentes para su gestión, las garantías que rodean a esta figura y la adaptación de las normas en materia de seguridad social correspondientes. La norma reglamentaria no contiene demasiadas novedades respecto de lo establecido en la norma legal, con algunas  precisiones sobre la competencia de las autoridades laborales para aprobar el ERTE, en donde aparece la absorción de la competencia por concentración del 85% las empresas o centros de trabajo afectadas en una Comunidad Autónoma sobre la que correspondería a la Dirección General de Trabajo, la  composición concreta de la Comisión Tripartita del Mecanismo RED sectorial, o el importante desarrollo del Fondo RED de flexibilización y estabilización del Empleo F.C.P.J. dependiente del Servicio Público Estatal de Empleo, su financiación y la regulación de las comisiones interministeriales de gestión y de seguimiento del mismo. Es importante señalar que las disponibilidades financieras de la tesorería del servicio público de empleo y las disponibilidades económicas y de situación financiera del sistema de seguridad social son los condicionantes de la efectividad del Fondo y por tanto del cumplimiento de su función de estabilización del empleo.

Este mismo RD 608/2023 procede a reformar, coherentemente, el RD 1483/2012 que establecía el reglamento de despidos colectivos y que converge en muchos momentos con la institución regulada en los arts. 47 – por fuerza mayor – y 47 bis ET. En la reforma de dicha norma sobresale la Disposición Adicional 6ª de la misma que ha introducido el citado RD 608/2023 según la cual “las empresas que pretendan proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo, cuando ello suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de cincuenta o más personas trabajadoras, deberán notificarlo a la autoridad laboral competente por razón del territorio y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de Trabajo”. Es una obligación que se debe hacer efectiva mediante los medios electrónicos al uso, y se debe justificar el retraso en la comunicación cuando no pudiera observarse esta antelación mínima, justificando las razones por las que no se pudo efectuarla en el plazo establecido.

Por lo tanto, la obligación de información recae sobre empresas de una cierta plantilla, superior a cincuenta personas en las que concurra una doble circunstancia, su extinción como empresa en el territorio nacional y el despido de al menos cincuenta personas trabajadoras a su servicio. El precepto no sólo establece este deber de información a la autoridad laboral autonómica y estatal, sino que precisa que “dichas empresas remitirán copia de la notificación a la que se refiere el apartado anterior a las organizaciones sindicales más representativas y a las representativas del sector al que pertenezca la empresa, tanto a nivel estatal como de la comunidad autónoma donde se ubiquen el centro o centros de trabajo que se pretenden cerrar”.

De esta manera, sin modificar el estricto procedimiento de iniciación del despido colectivo ex art. 51 ET, el RD 608/2023 abre, a través de la obligación de informar que establece sobre el cierre definitivo de empresa, un periodo de pre-negociación y de intervención sobre las consecuencias del cierre, en donde resultan involucrados tanto los sindicatos del sector como la autoridad laboral, lo que evidentemente tiene una importante repercusión sobre el plan social de salvaguarda del empleo o de revitalización del empleo en el entorno causado por el despido, medidas alternativas al cierre y compensatorias de las extinciones previstas, todo ello con anterioridad al inicio del específico período de consultas. Es además una obligación de excepcional importancia para los supuestos de deslocalización de empresas, en donde ampliar el tiempo para la intervención pública y la negociación sindical es imprescindible para reparar los daños causados en el tejido industrial y productivo.

Se abren ciertos interrogantes sobre las consecuencias de la vulneración de este deber de información, más allá de su consideración como incumplimiento de un deber sancionable administrativamente. En concreto, se debe discutir sobre la proyección de este incumplimiento sobre el procedimiento de despido colectivo, de manera que los despidos eventualmente efectuados en los cierres de empresa que supongan más de cincuenta personas despedidas sin que se haya informado con seis meses de anticipación suponen la nulidad de los mismos, no solo porque el requisito de la información previa se configure como un elemento sustancial a partir de ahora en la configuración del despido colectivo como consecuencia del cierre definitivo de empresa, sino también porque supone que el empresario ha realizado una negociación contraria a la buena fe que conlleva la nulidad de sus decisiones extintivas.

Como puede comprobarse, se trata de una disposición de gran importancia en relación con el procedimiento de despido colectivo, que es perfectamente compatible con la normativa europea y que denota el interés público que el mantenimiento y la preservación del empleo revisten para los poderes públicos, en perfecta sintonía con los arts. 35 y 40 de nuestra Constitución.

Un dato que lamentablemente no será objeto de debate en este proceso electoral pero que confirma que el principio de estabilidad junto con el del mantenimiento del empleo son los elementos clave de una política de reformas cuya continuidad se juega en los comicios del próximo 23 de julio.

 

 

 

 

 

MEDALLAS AL TRABAJO Y MIEMBROS RELEVANTES DE LA DICTADURA. UNA APLICACIÓN CORRECTA DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

 

La persecución de los sindicalistas y miembros de los partidos obreros desde el primer momento de la sublevación militar contra las autoridades democráticas republicanas no sólo fue una constante durante la larga contienda civil, con las trágicas consecuencias que conocemos y que aun hoy permanecen vigentes ante la enorme cantidad de personas desaparecidas y enterradas en fosas comunes sin que sus familiares puedan conocer su ubicación. El Decreto de 13 de septiembre de 1936 que declaraba ilegales a todos los partidos y agrupaciones sociales que integraron el Frente Popular decretaba también la incautación de todos sus bienes, y esta declaración se acompañaba de la represión severa de todas las personas que formaban parte de estas organizaciones, así como de sus familias en una gran parte de los casos. Al acabar la guerra con la victoria del bando faccioso, la política de hostigamiento personal se consolidaba al declarar la ilegitimidad de las organizaciones de clase, sindicales y políticas, y la criminalización de sus medios de acción.

Esta perspectiva que negaba la existencia de un conflicto de clase y que por tanto se empeñaba en la ilegalización de cualquier forma de organización colectiva del trabajo sería una constante de la dictadura y de la primera transición, hasta el giro que a la misma se dio tras los terribles siete días de enero de 1977. La necesaria adaptación del franquismo a una lógica de mercado abierto, con la instauración de la negociación colectiva tutelada por el Ministerio de Trabajo, y la creación de un espacio de representación de los trabajadores diferente al del empresario, fue aprovechado por el movimiento obrero para crear una de las formas organizativas más inteligentes a medio camino entre la legalidad y la subversión de la misma, las comisiones obreras como movimiento de clase, que inmediatamente fueron ilegalizadas por el Tribunal de Orden Púbico y consiguientemente perseguidas penal, gubernativa y laboralmente mediante el despido. Quiere decirse que la acción colectiva tanto en lo que se refiere a la organización de las personas que trabajaban en torno a un interés colectivo y confrontado al empresario como en la forma de libertad de expresión, de reunión y manifestación, y desde luego la huelga y otras manifestaciones del conflicto, fueron perseguidas con saña por los poderes públicos y en especial por la policía política y los tribunales, civiles (es un decir) y militares. Y esto hasta la muerte del dictador y la primera transición con Arias Navarro de presidente de gobierno, es decir, como una característica fundamental del régimen a lo largo de todas sus diferentes fases, desde las más ligadas a la retórica claramente fascista de sus primeras décadas – que simboliza claramente el Ministerio de trabajo de Girón de Velasco, a partir de 1941 hasta 1957 – hasta el desarrollismo tecnocrático que consolidó un autoritarismo social de mercado progresivamente deteriorado por el auge de la conflictividad obrera y la exigencia de un cambio político democrático que afectaba ya a amplios sectores económicos y sociales del país.

Reparar las consecuencias más negativas sobre las personas trabajadoras que habían ejercitado sus derechos fundamentales a organizarse colectivamente y a defender sus intereses fue el objetivo de la muy importante Ley de Amnistía (Ley 46/1977, de 15 de octubre) en su versión de amnistía laboral, que se vino a aplicar a más de 60.000 personas que habían perdido su empleo por organizarse como movimiento, realizar propaganda, reunirse, manifestarse o participar en una huelga. La vertiente colectiva habría de regularse más tarde, en la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical acumulado, de una forma deficiente, diferenciando entre el patrimonio acumulado y el patrimonio histórico y ligándolo a un procedimiento de adjudicación en principio relacionado con la mayor representatividad , luego ampliada por obra de una jurisprudencia constitucional muy condescendiente.

Sin embargo, otros aspectos no menos relevantes por su significación política permanecieron inmutables. Uno de ellos era el de la entrega de condecoraciones y honores derivadas del trabajo a importantes exponentes públicos de la dictadura, cuya entrega había sido motivada de manera evidente como una forma de celebración del poder que esta figura acumulaba en el seno del sistema. Que personajes siniestros con un protagonismo señalado en el franquismo mantuvieran esos honores repugnaba a cualquier demócrata. Pese a ello no se tomó ninguna medida, ni siquiera cuando a partir del 2007 se promulgó la llamada Ley de Memoria Histórica, para revocar estas distinciones.

El tema se debía plantear claramente con carácter general a partir de la promulgación de la muy importante Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, cuyo art. 40 establece que “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los correspondientes procedimientos, adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”, pero esta posibilidad ya había sido planteada anticipadamente por el Real Decreto 153/2022, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo, cuyo art.10.1  prevé que la medalla pueda ser objeto de revocación “cuando quede acreditado que la persona beneficiaria, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos”, añadiendo en su Disposición Transitoria que “las Medallas al Mérito en el Trabajo concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento podrán revocarse por el mismo órgano competente para su concesión, en los supuestos, mediante el procedimiento y con los efectos previstos en los artículos 10 a 12”.

En aplicación de este proceso, el Consejo de ministros del 11 de julio de este año ha decidido retirar las respectivas Medallas al Mérito en el Trabajo concedidas a personas que participaron activa y destacadamente de la represión tras el Golpe de Estado de 1936, entre ellas la medalla especial laureada a Francisco Franco, cuyo decreto de concesión, siendo ministro Girón de Velasco decía literalmente lo siguiente:

Al frente de los trabajadores que en la guerra dieron su sangre y en la paz dan su esfuerzo, Francisco Franco, caudillo de la hueste laboral de España, devolvió a la patria el honor y la dignidad perdidos.

Cuarenta y siete años de servicios sin reposo, en continuada vela, desde el alba hasta el ocaso, combatiendo y gobernando, conduciendo a la Nación española desde la oscuridad a la luz, dictando la Justicia en el trabajo, velando por la pureza de la Revolución Nacional-Sindicalista forjando el primero y el último eslabón de la unidad entre los hombres de España, obligan a los trabajadores que siguen sus banderas a exigir para su Jefe un galardón sin par que corone sus victorias sociales.

El Ministro de Trabajo recoge este clamor para constancia solemne de los esclarecidos méritos del primer trabajador de España y crea por el presente Título la Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo que nadie podrá ostentar en el futuro, para el Excmo. Sr. CAPITAN GENERAL DON FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, Generalísimo de los Ejércitos, Caudillo de España y Jefe Nacional del Movimiento.

Madrid, 18 de julio, Fiesta de Exaltación del Trabajo, de 1953.

La medalla “nadie la podrá ostentar en el futuro”, pero a partir de ahora tampoco sus descendiente podrán vanagloriarse de ello, ante la revocación ineludible de esta infamia. Además del propio dictador, la revocación afecta a otros importantes exponentes de la represión franquista de clara orientación antidemocrática: El cardenal Enrique Pla y Deniel que bendijo la “santa cruzada”, el coronel golpista  y luego alcalde eterno de Cádiz León de Carranza, el teniente general Yagüe, y los ex ministros de trabajo Girón de Velasco, Jose Luis Arrese, Jesus Romeo Gorría, Pepe Solís, ministro de Sindicatos y “la sonrisa del régimen”, y el alcalde de Oviedo, coronel y ministro de obras públicas Fernández Ladreda, todos destacados personajes dirigentes de la dictadura franquista que sin embargo integraban un “libro de oro” de la medalla del trabajo que se conservaba como tal en los archivos del Ministerio.

En la situación actual, tanto el Partido Popular como la ultraderecha post/neo franquista claman por la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Entienden que el derecho a la verdad que esta norma reconoce a todas las personas que vivimos en España sobre la existencia de una larga noche de dictadura y de carencia de libertades, es algo que debe ser negado e imposibilitado, sustituido por un relato en el que  el valor de la democracia no tiene sentido ni político ni ciudadano ni moral. Ese peligro acecha en las elecciones del 23 de julio.

Que el Ministerio de Trabajo y Economía Social con Yolanda Díaz a la cabeza haya hecho posible la revocación de estos honores infames concedidos a relevantes miembros de la dictadura y al propio dictador, halagado hasta la náusea por un coro de seres serviles ante su poder e inmisericordes respecto del sufrimiento y la represión de la clase trabajadora organizada, dice mucho de su real compromiso con la democracia social y con “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión”, repudiando la dictadura franquista como dice la Ley de Memoria Democrática y debería defender cualquier fuerza política que se defina como constitucionalista.

Muchas gracias por tanto al equipo del Ministerio por acabar con la indignidad de ese “libro de oro” de la medalla del trabajo y recuperar la dignidad democrática de una distinción que se basa fundamentalmente en la dignidad del trabajo con derechos.

 

 

 

 

PREGUNTAS ELECTORALES (V) ¿PARA QUÉ SIRVE CONOCER LOS PROGRAMAS ELECTORALES?

 

En el mundo de la democracia liberal, conocer el proyecto de sociedad que planteaban los partidos políticos que concurrían a las elecciones era un elemento fundamental porque permitía la opción libre y consciente por parte del ciudadano de las coordenadas sociales y económicas dentro de las cuales se iba a mover el partido al que se le daba el voto. La elección de representantes era asimismo una elección de la articulación concreta de un proyecto de sociedad a través de la afirmación de una serie de líneas maestras recogidas en los programas de los partidos. El mecanismo requería por tanto la información previa al conjunto de la ciudadanía del marco ideológico y de la propuesta de intervención de cada formación política que se presentaba al escrutinio popular y a la que se comprometía si llegaba a obtener la mayoría parlamentaria que le permitiera formar gobierno en solitario o en coalición con otras fuerzas afines mediante un acuerdo programático.

Este proceso a través del cual se perfeccionaba la representación política que daba sentido a la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la formación del interés general, como señala el art. 23 de la Constitución española, permitía asimismo que para determinados sectores de población lo importante del programa electoral de los partidos era el referido a las medidas que habían de adoptar en relación con sus intereses más próximos, tanto en su relación con el trabajo y su situación social como en lo relativo a las demandas que surgían del territorio en el que desplegaban su existencia social. Este interés específico tenía que ver con su posición de clase, en su doble determinación a través del trabajo y de la subordinación en la que este hecho fundamental les colocaba – con la posición de doble explotación en el caso de las mujeres y su trabajo “donado” en los cuidados reproductivos – y del territorio en el que se desarrollaba su existencia social, la vivienda, el cuidado de la salud y de la educación, el ambiente. La presencia de partidos políticos que basaban su estrategia fundamentalmente en la ampliación de los derechos laborales y sociales como eje central de su actuación democrática revalorizaba ese aspecto propositivo que en cada cita electoral debía ser renovado pensando en el colectivo de personas que se podrían sentir representadas por su programa.

Durante bastante tiempo este aspecto programático quedó relegado con el bipartidismo y el turno de los dos grandes partidos que se confrontaban fundamentalmente sobre la base de lo realizado en el período existente entre elecciones, sin que por otra parte hubiera una gran diferencia en los grandes temas de la política económica, centrados en el arco que va de la flexibilización a la flexiseguridad de las relaciones de trabajo. A partir de la participación en la guerra de Irak y los atentados del 2004, las diferencias se centraron principalmente en el terreno de las libertades públicas y los nuevos derechos civiles, en donde la fuerza del feminismo y de los grupos LGTBI forzaban políticas de la diversidad. Sin embargo, el ciclo de la crisis financiera del 2010 al 2013 acabó por homologar las decisiones de gobierno bajo el paraguas de las políticas de la austeridad, con escasas diferencias de grado, y que condujo a una modificación constitucional de enorme trascendencia en materia de gasto social, a la devaluación salarial generalizada y a la contracción de las prestaciones de seguridad social en especial de jubilación.

La irrupción de Podemos a partir del 2014 como partido que se declaró heredero del movimiento 15M generó una corriente que cuestionaba el sistema de representación política hasta el momento dominante e impulsaba una fase del debate político y electoral en la que se impugnaba “el régimen del 78”, y que venía a sustituir la idea del programa de gobierno por la de proceso constituyente como significante potente de una transformación profunda de la propia estructura constitucional. La conventio ad excludendum de Podemos respecto de la posibilidad de intervenir en el gobierno de la nación y el agotamiento de esta fase mediante la derrota del procès que en paralelo había sostenido tanto el independentismo como el soberanismo catalán, combatido con la fuerza de los aparatos de Estado y de tres de los cuatro grandes partidos que habían ido conformándose en estos turbulentos años, resituó el instrumento del programa de gobierno como un elemento importante dentro de la estrategia de los grupos alternativos, en el marco de la discusión del 2019 en torno a la posibilidad o no de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La situación de excepción provocada por la pandemia y la declaración del estado de alarma sustituyó una parte de este programa por la elaboración de medidas de amortiguación del riesgo social sobre el empleo, a través de un importante esfuerzo económico que consiguió salvar millones de empleos y garantizar derechos a las personas que vivían de su trabajo en el marco de un continuado proceso de diálogo social. El proceso posterior de recuperación a pesar de la nueva crisis producida por la guerra en Ucrania, se ha revelado sólidamente afincado en los datos sobre empleo, seguridad social y crecimiento económico.

Esta es la realidad de la que se parte ante las elecciones del 23 de julio. En ellas, por tanto, el bloque de partidos que está en el gobierno junto con sus aliados provisionales en las mayorías parlamentarias tienen interés en defender ante la población los logros que, precisamente en el terreno socio-económico han conseguido y en el caso de la izquierda del PSOE reunida por vez primera, con todas las dificultades que este proceso encierra, en torno a SUMAR, se subrayan con énfasis los objetivos conseguidos en materia de derechos laborales individuales y colectivos y la mejora del sistema de pensiones. Conscientes de que la defensa de lo realizado no es suficiente, el programa electoral vuelve a tener una relevancia muy significativa en cuanto indica el rumbo que se tiene que seguir en los próximos cuatro años si la mayoría de la población opta por continuar por la senda de reconocimiento de derechos y profundización de la democracia. Para SUMAR además el proceso de confección del programa ha sido cuidado de manera especial a través del proceso de escucha en el que han participado más de mil personas en 35 grupos de trabajo, debatiendo y exponiendo sus conclusiones que luego han sido extractadas en un borrador de programa debatido a su vez con los partidos políticos que conforman la coalición hasta llegar a su formulación definitiva.

El programa de SUMAR no se ha desprendido por tanto de su característica originaria y su razón de ser: plantear propuestas para el debate de la ciudadanía, de manera que el período electoral sirva efectivamente para conocer y discutir el proyecto de sociedad con el que el movimiento SUMAR, liderado por Yolanda Diaz, se compromete en un futuro gobierno de la nación. Todas las medidas que se van desgranando – y que en una estrategia comunicativa clásica, se dan a conocer paulatinamente en sucesivos encuentros con la gente que acude a los actos de SUMAR o en las entrevistas a sus líderes – persiguen no tanto una promesa que agrade o cautive a un sector de la población cuanto una medida que pueda resultar sugerente y atractiva como forma de pensar un modelo de sociedad democrática más cercano a la participación ciudadana y a la extensión de los derechos de las personas que viven de su trabajo, incluyendo desde luego la presencia fundamental de las representaciones colectivas y de la acción colectiva en su determinación concreta.

Frente a esa propuesta ideológica y política sobre el programa electoral, el tándem del Partido Popular y de VOX parten de un planteamiento muy diferente. Ante todo, se mueven en una descalificación general del gobierno y de su presidente sobre bases puramente emocionales y de reproche moral. Se le niega la legitimidad democrática y se sustituye por una desautorización de las estructuras de poder sobre la base de la deslealtad con la que estas han funcionado respecto del pueblo español. Apoyados por una fuerte cobertura mediática, que llega a los propios medios de comunicación públicos, y por una hábil estrategia de mentiras y noticias falsas en las redes sociales, luego amplificadas por la propia prensa afín, han instalado en una buena parte de la población la conciencia de que es preciso un cambio de personas en el gobierno, sin que sea necesario indicar cual es el cambio de políticas que se pretende. Esa línea estratégica ha causado un fuerte impacto, tal como señalan las encuestas y esa es la razón por la que el líder del Partido Popular se niega a los debates a cuatro, exige uno solo frente al presidente del gobierno, en una afirmación simbólica de bipartidismo que es desmentida por su acuerdo estable con la extrema derecha para poder formar gobierno, como por otra parte los pactos en cadena en las comunidades autónomas y ayuntamientos están poniendo de manifiesto.

De esta manera el programa electoral para el Partido Popular no es conveniente. De hecho su líder afirma y niega sobre el mismo tema, confirma y rechaza a la vez sobre varios aspectos de manera que nunca pueda realmente concretarse un programa claro más allá de algunos elementos comunes con las peticiones del post/neo fascismo de Vox. Esta formación sin embargo ha optado por publicar un programa claramente inconstitucional en muchas de sus propuestas, pero esta claridad expositiva funciona más como un salvavidas para el PP – que permite a este partido diferenciarse formalmente de su partner político y aparecer como la derecha moderada sobre la indeterminación de sus propuestas – que como un programa de máximos que se deberá negociar en el momento de formar un gobierno de coalición entre ambas fuerzas en el caso de obtener la mayoría parlamentaria requerida.

En ese contexto, ¿cuál es la función del programa electoral que se esconde o se presenta de manera irrealizable para una gran parte de la ciudadanía? Y, considerando la cuestión desde otro lado, ¿cuál es la posibilidad de que se conozca el propio programa electoral por una gran parte de los ciudadanos si los debates públicos entre las fuerzas políticas que se posicionan radicalmente en contra, como el tándem PP-Vox, no se van a realizar en ninguna cadena de cobertura nacional? La cuestión es especialmente grave y discriminatoria respecto de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE agrupadas en SUMAR, a las que se priva de la posibilidad de debatir su programa, extraordinariamente participado, frente a los que sostienen las otras fuerzas políticas y especialmente frente a lo que podrían mantener los lideres del bloque de la derecha y la extrema derecha. Obrando de esta manera, se impide conscientemente que una gran mayoría de personas puedan informarse del proyecto de sociedad que se dilucida en esta convocatoria electoral conscientemente por tanto puedan elegir la opción que les parezca más oportuna en función de las propuestas que se exponen a su escrutinio. Pero las respuestas a las cuestiones así planteadas conducen a la crisis real de los mecanismos de decisión y de participación política que ofrece nuestro sistema y que requerirían – más pronto que tarde – una reformulación radical si se quiere preservar el mecanismo de la representación de la ciudadanía en la formulación del gobierno de un país.