Recapitulo
y compruebo lo que ha constituido el bloque normativo que se ha ido aprobando
en estos tres años y medio tan terribles. Repaso las normas de la crisis que
salvaron millones de empleos y que contaron con el aval de los sujetos colectivos
que representan los intereses económicos y sociales de los ciudadanos reconocidos
en nuestro importante art. 7 CE, que permitieron crear un escudo social ante la
crisis más terrible que hemos padecido a nivel mundial gracias a la pandemia. Acuerdos
sociales que llegaron también al trabajo a distancia y a la muy importante ley
que laboralizaba a los trabajadores del reparto al servicio de plataformas digitales,
una norma que ha influido de manera relevante en la necesidad de una directiva
europea.
Y sigo rememorando las ratificaciones
de normas internacionales fundamentales, especialmente los convenios 189 y 190
de la OIT, de la Carta Social Europea revisada y del protocolo de reclamaciones
colectivas, la regulación consiguiente de los derechos de las trabajadoras
domésticas, las normas sobre igualdad de trato y transparencia retributiva, y
el aumento continuado del salario mínimo. Un proceso regulatorio que tiene un
hito fundamental en la reforma laboral, de nuevo trabajosamente pactada entre
la patronal y los sindicatos, que ha supuesto un verdadero giro copernicano en
el tratamiento de la precariedad laboral, con inmediatos efectos sobre la
composición del llamado mercado laboral, y que se ha acompañado de un
incremento muy importante del empleo y el situar el nivel de desempleo en
mínimos históricos. Un cambio legislativo fundamental que se ha hecho sin que
exista una sola condición desfavorable para los intereses colectivos de los
trabajadores, sin ninguna “compensación” frente a indudables avances en
derechos.
Repaso el blog y veo otros muchos
contenidos laborales logrados en estos años en los que sigue la crisis a partir
de la guerra de Ucrania frente a la cual los mecanismos de amortiguamiento
social que suponen los ERTE siguen funcionando eficazmente. Recuerdo la
importante Ley de Empleo, pero también las más modestas precisiones sobre el
reintegro de exenciones y bonificaciones ante las deslocalizaciones, la reforma
de los plazos en los despidos colectivos por extinción de empresas o centros de
trabajo de más de cincuenta trabajadores, la inclusión de un nuevo artículo en
el código penal para castigar la resistencia a aplicar la laboralidad de los riders,
la ley sobre discriminación y la inclusión de la enfermedad entre los motivos
discriminatorios, con la repercusión en los despidos de las personas
trabajadoras en situación de baja, una línea precedida desde el inicio de la
legislatura con la derogación del despido por absentismo.
Un esfuerzo regulatorio en
materia laboral sin precedentes, que cuenta en la mayoría de sus resultados con
el apoyo de un acuerdo social que en otros supuestos – salario mínimo, igualdad
– se ha ceñido al pacto con los dos sindicatos más representativos. Un clima político
que ha permitido la firma de un acuerdo interprofesional de negociación
colectiva que ha encuadrado el sistema negocial para los próximos dos años con
cláusulas de mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.
Un proceso que no se detiene,
porque en el programa de SUMAR que encabeza la Ministra de trabajo y economía
social y Vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se prevén nuevas
actuaciones sobre el tiempo de trabajo, la democracia en la empresa, la reforma
del despido. Un programa que cuenta con el aval sindical, pero sobre todo con
el que le han dado una gran cantidad de personas trabajadoras y delegados en
los centros de trabajo que lo han sostenido y defendido públicamente.
Una mirada neolaboralista que se
proyecta también sobre Europa, reivindicando la primacía del Pilar de Derechos Sociales
como guía de la legislación común, apoyando y liderando cambios importantes en
la gobernanza económica europea una vez terminado el paréntesis marcado por los
fondos Next Generation, recuperando una iniciativa política en temas
sociales en el seno de la Unión que es reconocida por todos los países que la
componen.
Este sesgo de la acción de
gobierno en el ámbito del trabajo y del empleo que incorpora y reivindica SUMAR
es el que debería condicionar una buena parte del voto en las elecciones de hoy
de tantas y tantos ciudadanos para los que el trabajo constituye la base de su
existencia social.
Sin embargo, sabemos que no es
así. Los mecanismos de representación política no funcionan con esta claridad, ni
tampoco están técnicamente pensados para reflejarla como tendencia ante un
sistema que castiga el voto de las grandes ciudades y hace que en determinadas provincias
el partido que no alcance un 15% de sufragios está destinado a la irrelevancia
electoral. En estos tres años y medio además, las llamadas fuerzas de la
oposición, la derecha extrema y la extrema derecha, han desprestigiado con todo
tipo de inexactitudes y falsedades el programa laboral del gobierno, han
impugnado sus medidas más importantes ante el Tribunal Constitucional y hablan
de modificar elementos centrales del propio sistema laboral, fundamentalmente a
través de una preocupante actitud antisindical que ya se ha manifestado en
algunas Comunidades Autónomas como a de Castilla y León, pero que amenaza con
constituir la regla que se intente establecer a nivel estatal si se produce la autoproclamada
desde hace tanto tiempo victoria electoral del tándem PP-Vox.
Muchas personas escinden su
realidad cotidiana de la opción que debe representarles en el Parlamento.
Escogen sus representantes sin tener en cuenta las repercusiones que esta
elección puede tener en sus relaciones cotidianas, posiblemente porque creen
que la política no tiene efectividad ninguna en su existencia cotidiana, absorbida
por una serie de problemas de los que creen que la política está ausente.
Consideran la participación política de una manera completamente diferente de lo
que se reconoce como derecho fundamental. El voto expresa sobre todo reacción
ante la inseguridad, el miedo o la rabia ante una existencia incierta cuando no
el odio ante los que creen que pueden empeorarla. Por eso la manipulación de
estas emociones es tan importante y en ese ámbito los medios de comunicación y
el tipo de discurso que sabe manejar la derecha extrema y la extrema es muy eficaz.
La opción electoral para alguien
como el titular de este blog está clara, y se desprende de otras muchas
entradas en este período. Pero debemos esperar que sea ésta la de muchas más
personas que entiendan que la mejor forma de preservar la democracia es ampliar
y profundizar los que la Constitución reconoce en el marco del Estado social y
bajo el impulso del principio de igualdad sustancial de su art. 9.2 CE. Cualquier
paso atrás es también un retroceso democrático.
Recuérdalo tu y recuérdalo a otros
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