domingo, 23 de julio de 2023

TARJETA CENSAL (RECAPITULACIÓN ANTES DE IR A VOTAR)

 


Recapitulo y compruebo lo que ha constituido el bloque normativo que se ha ido aprobando en estos tres años y medio tan terribles. Repaso las normas de la crisis que salvaron millones de empleos y que contaron con el aval de los sujetos colectivos que representan los intereses económicos y sociales de los ciudadanos reconocidos en nuestro importante art. 7 CE, que permitieron crear un escudo social ante la crisis más terrible que hemos padecido a nivel mundial gracias a la pandemia. Acuerdos sociales que llegaron también al trabajo a distancia y a la muy importante ley que laboralizaba a los trabajadores del reparto al servicio de plataformas digitales, una norma que ha influido de manera relevante en la necesidad de una directiva europea.

Y sigo rememorando las ratificaciones de normas internacionales fundamentales, especialmente los convenios 189 y 190 de la OIT, de la Carta Social Europea revisada y del protocolo de reclamaciones colectivas, la regulación consiguiente de los derechos de las trabajadoras domésticas, las normas sobre igualdad de trato y transparencia retributiva, y el aumento continuado del salario mínimo. Un proceso regulatorio que tiene un hito fundamental en la reforma laboral, de nuevo trabajosamente pactada entre la patronal y los sindicatos, que ha supuesto un verdadero giro copernicano en el tratamiento de la precariedad laboral, con inmediatos efectos sobre la composición del llamado mercado laboral, y que se ha acompañado de un incremento muy importante del empleo y el situar el nivel de desempleo en mínimos históricos. Un cambio legislativo fundamental que se ha hecho sin que exista una sola condición desfavorable para los intereses colectivos de los trabajadores, sin ninguna “compensación” frente a indudables avances en derechos.

Repaso el blog y veo otros muchos contenidos laborales logrados en estos años en los que sigue la crisis a partir de la guerra de Ucrania frente a la cual los mecanismos de amortiguamiento social que suponen los ERTE siguen funcionando eficazmente. Recuerdo la importante Ley de Empleo, pero también las más modestas precisiones sobre el reintegro de exenciones y bonificaciones ante las deslocalizaciones, la reforma de los plazos en los despidos colectivos por extinción de empresas o centros de trabajo de más de cincuenta trabajadores, la inclusión de un nuevo artículo en el código penal para castigar la resistencia a aplicar la laboralidad de los riders, la ley sobre discriminación y la inclusión de la enfermedad entre los motivos discriminatorios, con la repercusión en los despidos de las personas trabajadoras en situación de baja, una línea precedida desde el inicio de la legislatura con la derogación del despido por absentismo.

Un esfuerzo regulatorio en materia laboral sin precedentes, que cuenta en la mayoría de sus resultados con el apoyo de un acuerdo social que en otros supuestos – salario mínimo, igualdad – se ha ceñido al pacto con los dos sindicatos más representativos. Un clima político que ha permitido la firma de un acuerdo interprofesional de negociación colectiva que ha encuadrado el sistema negocial para los próximos dos años con cláusulas de mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.

Un proceso que no se detiene, porque en el programa de SUMAR que encabeza la Ministra de trabajo y economía social y Vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se prevén nuevas actuaciones sobre el tiempo de trabajo, la democracia en la empresa, la reforma del despido. Un programa que cuenta con el aval sindical, pero sobre todo con el que le han dado una gran cantidad de personas trabajadoras y delegados en los centros de trabajo que lo han sostenido y defendido públicamente.

Una mirada neolaboralista que se proyecta también sobre Europa, reivindicando la primacía del Pilar de Derechos Sociales como guía de la legislación común, apoyando y liderando cambios importantes en la gobernanza económica europea una vez terminado el paréntesis marcado por los fondos Next Generation, recuperando una iniciativa política en temas sociales en el seno de la Unión que es reconocida por todos los países que la componen.

Este sesgo de la acción de gobierno en el ámbito del trabajo y del empleo que incorpora y reivindica SUMAR es el que debería condicionar una buena parte del voto en las elecciones de hoy de tantas y tantos ciudadanos para los que el trabajo constituye la base de su existencia social.

Sin embargo, sabemos que no es así. Los mecanismos de representación política no funcionan con esta claridad, ni tampoco están técnicamente pensados para reflejarla como tendencia ante un sistema que castiga el voto de las grandes ciudades y hace que en determinadas provincias el partido que no alcance un 15% de sufragios está destinado a la irrelevancia electoral. En estos tres años y medio además, las llamadas fuerzas de la oposición, la derecha extrema y la extrema derecha, han desprestigiado con todo tipo de inexactitudes y falsedades el programa laboral del gobierno, han impugnado sus medidas más importantes ante el Tribunal Constitucional y hablan de modificar elementos centrales del propio sistema laboral, fundamentalmente a través de una preocupante actitud antisindical que ya se ha manifestado en algunas Comunidades Autónomas como a de Castilla y León, pero que amenaza con constituir la regla que se intente establecer a nivel estatal si se produce la autoproclamada desde hace tanto tiempo victoria electoral del tándem PP-Vox.

Muchas personas escinden su realidad cotidiana de la opción que debe representarles en el Parlamento. Escogen sus representantes sin tener en cuenta las repercusiones que esta elección puede tener en sus relaciones cotidianas, posiblemente porque creen que la política no tiene efectividad ninguna en su existencia cotidiana, absorbida por una serie de problemas de los que creen que la política está ausente. Consideran la participación política de una manera completamente diferente de lo que se reconoce como derecho fundamental. El voto expresa sobre todo reacción ante la inseguridad, el miedo o la rabia ante una existencia incierta cuando no el odio ante los que creen que pueden empeorarla. Por eso la manipulación de estas emociones es tan importante y en ese ámbito los medios de comunicación y el tipo de discurso que sabe manejar la derecha extrema y la extrema es muy eficaz.

La opción electoral para alguien como el titular de este blog está clara, y se desprende de otras muchas entradas en este período. Pero debemos esperar que sea ésta la de muchas más personas que entiendan que la mejor forma de preservar la democracia es ampliar y profundizar los que la Constitución reconoce en el marco del Estado social y bajo el impulso del principio de igualdad sustancial de su art. 9.2 CE. Cualquier paso atrás es también un retroceso democrático.

Recuérdalo tu y recuérdalo a otros

 

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