LA VOZ DE GALICIA Y LA CENSURA: EL RIESGO DE QUE REGRESEN VIEJAS PRÁCTICAS

 

 

Esta que vamos a contar en este día de comentarios sobre el debate a tres de ayer en RTVE al que insólitamente faltó el que se autocalifica como ganador de las elecciones generales, el presidente del Partido Popular, es una historia poco edificante. Parece que se aleja de la contraposición que pudimos ver entre dos propuestas completamente diversas de regular la sociedad, pero no es así, confirma la deriva a la exclusión ideológica que se diseña en uno de estos bloques, precisamente el que representa el tándem PP-Vox personificado en sus dos líderes, Feijoo y Abascal.

Muy sintéticamente expuesta la historia es la que sigue. Un periódico de amplia implantación y prestigio no sólo en la región, la Voz de Galicia, solicita al catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, Jaime Cabeza Pereiro, un artículo en el que comente una sentencia del Tribunal Supremo hecha pública el 12 de julio de este año en la que se condenaba a un empresario por la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de estafa.  El empresario simuló haber creado una cooperativa de transporte ofertando en el año 2010 en plena crisis económica trabajo a transportistas que lo necesitaban vulnerando las condiciones mínimas de vida profesional de los trabajadores, concretamente sus derechos sociales. Contactó con numerosas personas que se encontraban buscando empleo al estar en una situación de paro, y tras esa primera toma de contacto, concertaba una entrevista con los mismos en la que les aseguraba que podrían entrar a formar parte como socios en la cooperativa de trabajo. Pactaba de forma verbal con los diferentes trabajadores un sueldo o anticipo de una cantidad que rondaba los 1.800 euros al mes, del que descontarían las cuotas de las Seguridad Social que serían a cargo de la empresa. Los trabajadores únicamente firmaban la solicitud de incorporación en la cooperativa y la solicitud de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, desconociendo muchos de ellos que no eran trabajadores por cuenta ajena. Todas estas condiciones eran aceptadas por los trabajadores debido a su situación de necesidad económica al estar en desempleo.

Hasta aquí el supuesto de hecho. El caso es que el profesor Cabeza aceptó, como tantas otras veces, el encargo del diario y entregó puntualmente el texto, escrito en gallego y que se va a ofrecer a continuación de este comentario traducido al castellano. En él, se ponía el acento en la carencia de controles institucionales a este tipo de conductas empresariales que aprovechan las situaciones de crisis para establecer condiciones de explotación real de las personas trabajadoras. De esta manera, durante un largo tiempo se desincentivó la labor de la Inspección de Trabajo en la vigilancia del cumplimiento estricto de la legislación laboral, frente a lo que ha consistido la pauta contraria llevada a cabo por el actual Ministerio de Trabajo y Economía Social que considera la actuación inspectora como un elemento fundamental para lograr la efectividad de las normas de tutela de los derechos de las personas que trabajan.

Pues bien, resaltar este hecho claramente comprobable y considerarlo críticamente ha bastado para que el periódico se negara a publicar el artículo del profesor Cabeza que había solicitado, ejercitando de esta manera una censura ideológica sobre su contenido muy alejada de los presupuestos pluralistas que el periódico afirma mantener y a los que debería estar obligada como empresa que debe mantener la libertad de expresión e información como regla de funcionamiento.

El artículo que fue censurado advierte del riesgo de que regresen viejas prácticas de no vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y por tanto a dejar hacer a empresarios sin escrúpulos que utilizan situaciones de necesidad para privar de derechos a las personas que tiene que obtener un puesto de trabajo para poder obtener algún recurso para vivir. Pero ese riesgo no se limita tan sólo a las relaciones laborales, como se puede comprobar de la historia narrada. También puede regresar, de hecho ya están aquí, viejas prácticas de censura ideológica del libre pensamiento. Un ejemplo que anticipa el panorama en el que podemos encontrarnos en breve. Para reflexionar ante las elecciones del domingo 23 de julio.

Este es el texto del artículo censurado, traducido al castellano:

ESTAFA Y DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS: EL RIESGO DE QUE REGRESEN VIEJAS PRÁCTICAS

Jaime Cabeza Pereiro

He estudiado con satisfacción la sentencia del TS relativa al delito de estafa y vulneración de derechos laborales mediante engaño con falsas ofertas de empleo. El engaño, propio de conductas que se remontan a años atrás, consistía en la creación de una cooperativa, en este caso de transportes, y la oferta de empleo a desempleados. La obtención de condiciones de empleo poco favorables para ellos, la deducción fraudulenta de cuotas a la Seguridad Social, el abuso de una situación de necesidad derivada de un desempleo de larga duración, o la ocultación de la inexistencia de una verdadera relación laboral fueron, a juicio de la Sala Segunda del TS, elementos constitutivos de las infracciones penales en las que este "empresario" fue declarado culpable de la comisión de estos delitos.

Más que una glosa de jurisprudencia, conviene recordar el ecosistema en el que durante años se han llevado a cabo estas prácticas: un fomento incontrolado del autoempleo de baja calidad y vulnerable, incentivado incluso con medidas lesivas para la sostenibilidad de la Seguridad Social -tarifas planas o exenciones de todo tipo-, una renuncia al control del fraude, una ausencia total de evaluación y control de las políticas de autoempleo y un desinterés general por la calidad del empleo.

Este panorama, propio de la primera mitad de la pasada década, ha producido monstruos como las conocidas tramas de las cooperativas cárnicas, la multiplicación de precarios lanzados a proyectos empresariales sin posibilidad de éxito o, en general, el predominio de las formas de trabajo más vulnerables. La frase que da pie a este comentario es un subproducto de este ecosistema, propiciado por unas políticas laborales totalmente negligentes.

Mucho se ha hablado de los efectos de una reforma laboral, la de 2021, por supuesto criticable. Pero mucho menos de una acción de gobierno de estos cuatro años desde entonces muy efectiva, que consistió en un saneamiento del fraude de ley rampante en el mercado de trabajo hasta el año 2018 producido por una deliberada relajación de los mecanismos de control. Este saneamiento fue una de las líneas programáticas más importantes y esenciales del actual Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sería una pena volver a ver el pasado. No puede ser que los patronos más depredadores vuelvan a salir de sus madrigueras amparados por gestores públicos que conviertan de nuevo el mercado interior de trabajo en una jungla al servicio de las especies más carnívoras del sistema trófico. La Inspección de Trabajo no puede bajar los brazos. Nos merecemos algo mejor que las políticas laborales de la era Rajoy.