El mes de diciembre está acabando con noticias incómodas de leer y de procesar intelectualmente. En el blog hermano Metiendo Bulla se puede encontrar un lúcido comentario sobre la imagen que en estos momentos está transmitiendo el gobierno y el partido que lo sostiene entre las personas que forman parte de la mayoría social que éstos dijeron representar. ( La referencia es a http://lopezbulla.blogspot.com/2010/12/el-caballo-de-caligula-y-zapatero.html ). De ese tema en concreto tendremos que hablar un día de estos. Ahora se prefiere escarbar entre el panorama de noticias sobre el "ambicioso programa de reformas", donde destaca la relativa a la negociación colectiva. Sobre este punto versa el siguiente comentario.
Decía antes de ayer un prestigioso rotativo que se autoconsidera un diario global verificado externamente tras la publicación de los papeles de Wikileaks, lo siguiente respecto de una reunión entre el sindicalismo confederal y el presidente del Gobierno:
"NEGOCIACIÓN COLECTIVA Convenios desde cero
Al presidente Zapatero le preocupa el diálogo infructuoso que mantienen patronal y sindicatos sobre la reforma de la estructura de la negociación colectiva. El Gobierno pregunta a los sindicatos sobre las posibilidades que tiene la propuesta de la patronal sobre el controvertido tema de eliminar la ultraactividad de los convenios. Esta es una antigua reivindicación empresarial -también de organismos como la OCDE- que pasa por eliminar la prórroga automática que se produce en cada convenio si, al expirar, la empresa y los trabajadores aún no han pactado uno nuevo. Quitar la ultraactividad, por tanto, supone que cuando se negocia un nuevo convenio, los derechos de los trabajadores reconocidos en el anterior no sean la base sobre la que acordar nuevas mejoras, sino que el diálogo parta de cero, sin tener en cuenta las condiciones reconocidas por el convenio anterior.
El Gobierno, que les ha dado hasta el 19 de marzo para llegar a un acuerdo con CEOE y en caso contrario legislará, los sondea sobre la posibilidad de mantener los derechos consolidados durante unos años a partir de la fecha de caducidad del convenio y poner el contador a cero una vez pasado ese plazo si no hay acuerdo entre empresa y trabajadores. Para los sindicatos, el planteamiento es inaceptable e innegociable, pues supone una merma intolerable de los derechos del trabajador.
En la conversación, el Gobierno también hace referencia a la cantidad de convenios que se negocian para pequeñas y medianas empresas y lo disparatado de esa medida en un sector productivo tan atomizado como el español. Los líderes sindicales plantean al Gobierno que lo que necesita la reforma de la negociación colectiva no va por ahí, sino que va por una articulación eficaz de las unidades donde se deben negociar los convenios colectivos, las competencias que se le atribuyen a los convenios de cada sector, en la lógica de simplificar, por una parte, los ámbitos de negociación (sectorial, provincial, de empresa...), y seguir ampliando los niveles de cobertura porque sigue habiendo millones de trabajadores fuera de convenio".
En todo caso, continua en otra noticia posterior de ayer mismo, y dado que el plazo máximo para permitir un acuerdo del que se augura el fracaso coincide con la festividad cristiana de San José, paradójicamente coincidente con el Dia del Padre, la norma que reforme el sistema legal de negociación colectiva debe ser promulgada “antes del verano”, y en ella, tal como se prevé, “se modificará en profundidad” dicho sistema. Nadie duda que a finales de enero, cuando se vuelva a subastar un nuevo paquete de deuda pública en los mercados, se activarán los mecanismos de precipitación de la norma y los contenidos neoliberales y anticolectivos de la misma.
El eje de las reformas en esta materia – o si se prefiere, la “hoja de ruta” que ya ha escrito el Gobierno – se inscribe en las reivindicaciones que ha reiterado la OCDE : imponer legalmente la inaplicación del convenio colectivo de sector en cuanto exista un acuerdo de empresa que lo sustituya en todo o en parte, “flexibilizar” la eficacia normativa y general del convenio colectivo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, y establecer como regla general la pérdida total de vigencia del contenido de los convenios colectivos una vez que se cumple el término de duración de los mismos.
No es necesario señalar que ese esquema de reforma ataca directamente a la configuración y estructura del sistema convencional autónomo de regulación de las condiciones de trabajo que las partes sociales han ido consolidando como práctica negocial – y de la que el Acuerdo aún vigente para 2010-2012 firmado por CEOE-CEPYME y CCOO y UGT constituye un ejemplo manifiesto – y al propio sistema sindical español, que se basa en estructuras sindicales de rama o sectoriales, complementadas desde un espacio de acción sindical en las empresas y centros de trabajo, cuya relación se articula verticalmente desde la cúspide. El modelo sindical español no es el de un sindicalismo de empresa ni corporativo de capas o franjas de trabajadores, aunque naturalmente existan experiencias de estas formas de organizar determinados intereses de los trabajadores muy dependientes de las exigencias de gestión de ciertas empresas. Desde otro punto de vista la hoja de ruta implica un ataque frontal a los fundamentos del sistema legal de negociación colectiva que se propuso como desarrollo del derecho constitucionalmente reconocido en el art. 37 CE, y choca directamente con la libertad sindical colectiva declarada en el art. 28 también de nuestra constitución.
En ese sentido, la postura del gobierno está originando un campo gravitatorio que atrae hacia posiciones de clase a una patronal normalmente orgullosa de su capacidad de consensuar reglas comunes sobre la regulación de las condiciones de trabajo y de empleo. No se trata solo de que se prevea un resultado “infructuoso” a la negociación bilateral de los agentes sociales - al tiempo que se anuncia un tipo de reforma que incorpora el programa máximo de la intransigencia empresarial – sino de otras señales de alerta: la CEOE conducida por la flamante dirección del Sr. Rosell solicita del gobierno que no aumente el salario mínimo, y eso que las previsiones de incremento eran del 1%.
Estas últimas consideraciones no parece que tengan hoy ningún interés para nuestros gobernantes. Si es cierto que “nunca se ha cambiado tanto en tan poco tiempo” como subraya a menudo el presidente Zapatero, el “ambicioso programa de reformas” llevado a cabo está reescribiendo una constitución material que invierte de forma terminante los postulados y la orientación de la constitución política vigente. Y eso resulta extremadamente grave.
Por consiguiente, el sindicalismo español tiene necesariamente que programar activamente un calendario de movilizaciones en la calle, pero de forma muy clara y precisa también en los centros de trabajo, que previsiblemente culminen en alteraciones sensibles del trabajo y de la vida ciudadana, sin excluir desde luego el simbolismo de una nueva huelga general.
El año empieza por tanto bajo las consabidas nubes oscuras del invierno. La respuesta de los trabajadores y de la ciudadanía social se ejercitará en los lugares de trabajo y en las avenidas de las ciudades sin que el año avance en su calendario.
