GRECIA, NUESTRO FUTURO IMPERFECTO

Ciudad Nativa: GRECIA, NUESTRO FUTURO IMPERFECTO:

Dicen algunos amigos que entre el techo constitucional al déficit público y las medidas de política de empleo que apuestan por la temporalidad, las vacaciones se les han ido a pique. El veraneante titular del blog sin embargo ha adoptado desde hace tiempo como máxima de conducta que nadie, y especialmente el gobierno, puede fastidiarle las vacaciones. Lo que no impide que tenga pensamientos oscuros o que se deje llevar a veces, como se verá a continuación, por una cierta deriva melancólica, originada en gran parte por las lecturas del tiempo de ocio.

(Puede seguirse el post en el blog hermanado "Ciudad Nativa")

LEALTAD CONSTITUCIONAL, ESTADO SOCIAL Y LÍMITE AL DÉFICIT PÚBLICO.

Sorprendido el titular de este blog mientras realizaba sus tareas cotidianas en la cocina veraniega que caracteriza las vacaciones junto al mar por el anuncio de una reforma constitucional de tremendo calado, y después de leer la estupenda reflexión crítica que sobre este tema ha realizado Rafael Escudero en el diario "Público" de 24 de agosto, ha escrito el siguiente comentario que pretende hacerlo circular por si algún diario de ámbito y tirada nacional le apetece publicarlo. De momento, lo hace en el blog, en rigurosa primicia, para los lectores consumados del mismo, incluso en los calores estivos del verano.

Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que está convocada a participar en esta definición constitucional a través de la consulta popular o refrendaria. La constitución de un país requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica la “rigidez” constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.

Esta posición especial de la Constitución como “un sistema de meta-reglas destinada a todos los poderes públicos, como garantía de los derechos de todos” (Ferrajoli) resulta claramente alterada por el proyecto de reforma propuesto por el gobierno y aceptada por el PP del art. 134 de la Constitución para imponer un techo al déficit público del 0,40% del PIB infranqueable por las estructuras del Estado y sus respectivas Administraciones, que entraría en vigor el año 2018. Al parecer se trata de una medida que será bien recibida por “los mercados” cuando renegociemos la deuda española a comienzos de octubre, y que ha sido recomendada por los gobiernos francés y alemán bajo el atractivo nombre de “regla de oro”. Como medida de política económica europea, se trata de una decisión muy ligada a la ortodoxia neoliberal, que al estar desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común – siempre dentro de la lógica del capitalismo en la era de la globalización, por cierto - , coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Pero además de ello, la imposición de un techo constitucionalmente definido al déficit público confunde lo que puede tratarse de una medida de política económica coyuntural frente a la crisis – o frente a la valoración de los mercados financieros de la deuda soberana – con la constitución de un proyecto permanente de regulación social y civil. Como medida de política económica – al margen de las críticas absolutamente generalizadas y razonables a la misma – la obsesión por reducir el déficit público sólo puede formalizarse en una ley, pero nunca integrar el marco constitucional de un Estado social y democrático de derecho.

Porque las consecuencias de insertar esta medida en el texto constitucional no se han valorado convenientemente. Desvirtúa directamente el modelo social y político por el que optó nuestra Constitución de 1978. Y no está originado, como la reforma de 1992 del art. 13 CE, por un cambio en la regulación constitucional europea y ampliar el derecho de voto a los ciudadanos de la Unión Europea. Ni el Tratado de Lisboa ni la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, avalan esta medida, antes bien, mantienen la capacidad derivada del principio de subsidiariedad para que los Estados puedan cumplir por si solos las políticas sociales y los fines de protección de los derechos de libertad, igualdad y solidaridad que constituyen ese acervo democrático común europeo, el llamado “modelo social europeo” que descansa en las constituciones sociales de sus estados miembros.

La limitación del déficit público en los términos pactados está directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse más allá del 0,40% del PIB, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública y no para que se les considere piezas declamatorias sin resultado real alguno en razón de una regla “técnica”, la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas. El proyecto de reforma constitucional diseñado reconoce explícitamente la repercusión negativa de esta regla “neutra” sobre la cláusula social del art. 1.1 CE al prever como excepción el pago de prestaciones sociales como la del desempleo, estado de necesidad que tiene que ser protegido por la acción de los poderes públicos, como tantos otros derechos sociales a la protección social frente a la vejez o la invalidez, la salud, pero también la educación, la vivienda, el trabajo. En definitiva, el techo constitucional al déficit público afecta directamente a la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva. El caso de la dependencia parece suficientemente emblemático al respecto.

Pero además la reforma constitucional, cuya proposición de ley se registrará esta semana, para que el Congreso pueda aprobar el 30 de agosto su remisión al senado el 1 de septiembre, donde previsiblemente en una semana se adoptará sin problemas (¿?) el texto de la misma, busca expresamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Se llama “reforma constitucional express”, pero ese término no oculta su vocación antidemocrática. De esta manera en efecto se está vulnerando una regla básica del estado democrático de derecho al impedir conscientemente un debate público y ciudadano sobre un asunto de interés general con incidencia inmediata en la validez de las políticas públicas sociales y sobre la propia eficacia de los derechos sociales y colectivos. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.

La reforma no puede prosperar por lealtad constitucional. Que no impone sólo el respeto a la unidad de España y a sus instituciones simbólicas, sino el más escrupuloso cumplimiento de las garantías democráticas y la preservación obligada de la función del Estado social como legitimación de la propia convivencia ciudadana. Los propios partidos políticos proponentes – PP y PSOE – pero fundamentalmente este último, que ha mantenido la superioridad de la constitución sobre las actuaciones políticas partidistas, deben revisar su postura. En el parlamento, los grupos minoritarios, tanto de izquierda, como nacionalistas, y una parte importante del propio grupo socialista, deberían manifestar su oposición a esta reforma por lealtad constitucional. Felizmente algunos – muy pocos, para consternación de los demócratas – ya lo han hecho. Hay que esperar que sigan aumentando las voces de oposición.

Pero el debate no es sólo parlamentario ni se puede encerrar en el circuito político-electoral. Los sindicatos como expresión potente del interés colectivo de los trabajadores y de la mayoría de la ciudadanía social, tienen que exigir de forma contundente al gobierno un paso atrás sobre esta decisión antidemocrática y antisocial que rompe el consenso constituyente del texto de 1978 que tanto sufrimiento costó a varias generaciones de trabajadores y trabajadoras españolas que con su lucha permitieron la instauración de una democracia. Y los fenómenos colectivos de agregación de intereses ciudadanos difusos que se están expresando en movimientos tan decisivos como el 15-M, tienen que redoblar su presión contra este auténtico golpe de mano contra el estado social y democrático que los españoles decidimos mayoritariamente como forma de regular las relaciones sociales de nuestro país. Por lealtad constitucional, todos estamos implicados y comprometidos en el rechazo de esta reforma vergonzante y vergonzosa de la Constitución.

LECTURAS DEL VERANO (RECOMENDACIÓN DE JOAN COSCUBIELA)

En el periódico salmón Cinco Días de 22 de agosto de 2011, dentro de la sección dedicada a "Lecturas de Verano", Joan Coscubiela ha tenido la atención de recomendar el libro publicado por Trotta que lleva por título El despido o la violencia del poder privado, del que son autores Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey. El texto original se puede consultar http://www.cincodias.com/articulo/sentidos/revision-dogmas-mercado-laboral/20110822cdscdicst_5/ , pero su contenido se publica a continuación.

REVISIÓN DE LOS DOGMAS DEL MERCADO LABORAL

Joan Coscubiela - 22/08/2011

Les voy a recomendar El despido o la violencia del poder privado, obra de Antonio Baylos y Joaquín Pérez, publicado por editorial Trotta. Un título tan contundente como este puede disuadir al lector veraniego, en busca de lecturas relajantes. Lo que aseguro es que este trabajo de dos profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha es fiel exponente del puño de hierro en guante de seda, en versión iuslaboralista.

Los veranos no son solo para la novela negra, gusto que comparto, sino que también suponen una oportunidad para distanciarse de los ritmos de la sociedad digital y leer sosegadamente, reflexionar y distanciarse críticamente de las agendas dictatoriales y poner en duda todos los dogmas comúnmente aceptados.

A quienes quieran invertir un poco de su tiempo a estos menesteres les recomiendo la lectura de unas reflexiones hechas desde el mundo del Derecho. Con un rigor que impugna esas verdades indiscutidas que sitúan al trabajo como un elemento subalterno de la economía, que ignoran las poderosas raíces constitucionales del Derecho al Trabajo y sobre todo que menosprecian el papel socializador que aún juega el trabajo en la vida de las personas y por tanto las consecuencias que conlleva perder el empleo.

Los autores, como bien destaca en el prólogo el sabio jurista italiano, Umberto Romagnoli, utilizan un lenguaje sereno, discursivo y de tono bajo. Eso sí, rompiendo con los paradigmas dominantes que intentan limitar al trabajador a la mera condición de factor productivo, y a las relaciones laborales a un parámetro económico más del mercado de trabajo. Lo hacen con reflexiones de fondo sobre la evolución de las reformas laborales de las últimas décadas, sobre la continuada pérdida de causalidad, formalidad y control judicial en la regulación del despido. En la lectura puede venir el recuerdo del film de Gómez Pereira y puede que se pregunten por qué le llaman despido causal cuando quieren decir desistimiento unilateral indemnizado.

Aunque en algún momento los autores utilizan sofisticadas argumentaciones -siempre asequibles al lector que esté dispuesto a abandonar sus prejuicios-, en otros momentos comparten con la sabiduría popular reflexiones a pie de calle. Como la que se hacen muchos ciudadanos cuando se preguntan cómo es posible que el mejor incentivo legal para crear puestos de trabajo consista en facilitar la destrucción de los existentes.


Joan Coscubiela, profesor de la Facultad de Derecho de Esade

SOBRE LOS MODOS DE CONSIDERAR EL DERECHO (JUAN RAMÓN CAPELLA, “SÍN ÍTACA: MEMORIAS 1940-1975”, Trotta, 2011)

Se han publicado, a mediados de este año 2011, por la editorial Trotta, las memorias de Juan Ramón Capella, que se titulan “Sín Ítaca”, y que abordan la memoria de su vida desde su nacimiento, en 1940, hasta el emblemático 1975. Capella es posiblemente el jurista crítico más interesante – y más reconocido como tal – del panorama académico español, y ha escrito unas Memorias en las que resalta su origen familiar burgués, su formación personal y académica, la intervención en la creación y orientación del movimiento de los PNNs y su compromiso político en el PSUC, junto a su actuación en la lucha por la consecución de la democracia política y social.

Una parte importante de este importante texto se dedica a describir los itinerarios formativos de Capella, su decisiva estancia en Paris en el curso 1962-63, y sus proyectos de investigación, con sus insatisfacciones y sus vacilaciones. Entre estas reflexiones, hay algunas que realiza en el curso de su estancia clandestina en la Abadía de Montserrat en el estado de excepción de 1969. Allí habría de escribir una de las obras más influyentes - en el estilo de “pamphlet” que él reivindicaría – sobre la formación de los juristas demócratas y socialistas de la década de los 70: “Sobre la extinción del derecho y al supresión de los juristas”. Leido y comentado cientos de veces, a la generación de estudiantes que cursó los estudios de derecho entre 1970 y 1975, sería un texto básico en seminarios, referencias en trabajos y en debates académicos, integrando de modo ineludible la cultura jurídica democrática de la época. Leer hoy las reflexiones y los recuerdos de cómo Capella concibió este espléndido y brillante trabajo de inmediata eficacia política e ideológica, saber cuál era su intención y verificar los presupuestos de los que parte en un mundo jurídico universitario que en el área de la reflexión sobre la filosofía del derecho y la teoría política pesaba una inmensa losa reaccionaria, merece la pena por ser muy instructivo y retener hoy, en un contexto académico muy cambiado, una buena parte de su valor subversivo e imaginativo en la construcción de un discurso jurídico alternativo.

Veamos lo que narra Juan Ramón Capella:

“Yo no compartía - está hablando en 1969 – los modos de considerar el derecho predominantes entonces, el iusnaturalismo, laico o no (que postula la existencia de dogmas o valores no convencionales), y el puro y simple positivismo, la ideología espontánea de los juristas prácticos. Pero por otro lado tampoco me parecían de recibo las concepciones del derecho y del estado predominantes entre los marxistas, que infravaloraban claramente el fenómeno jurídico moderno y su densa costra cultural y burocrática. En el joven Marx había encontrado una crítica pertinente de las limitaciones del derecho y la democracia burgueses, pero la consideración del derecho como superestructura de la sociedad no me resultaba en absoluto satisfactoria – por ambigua e infecunda – como tampoco las elaboraciones teorético-jurídicas de esta idea o de la noción de la forma mercancía por autores “marx¡stas” como Stuchka o Pashukanis. Por otro lado, no creía que el análisis puramente filosófico del derecho me permitiera avanzar, de modo que me entregaba a un ciertamente desordenado estudio de la historia, la sociología, la antropología y la economía, en la suposición que tarde o temprano conseguiría hacerme con las lógicas esenciales del funcionamiento histórico de las sociedades humanas. Y este estudio, completamente fuera de los cánones académicos de mi disciplina, era ciertamente una aventura: no sabía si sería productivo ni cuando lo sería, o si tendría que reconocer que había equivocado el camino. Manolo Sacristán, la única persona con quien podía discutir mis razones, las aceptaba, pero me exhortaba a ser académicamente prudente para no quedar ostracitado de la vida universitaria como le había ocurrido a él. Por otra parte yo me preguntaba si el fideísmo que veía en otros me salpicaba también a mi mismo: encontraba inspiración en textos de Gramsci y de Marx, pero no había emprendido todavía un análisis de fondo de los supuestos implícitos de este último pensador (eso tendría que esperar aún unos años). De modo que era un marxiano – me situaba y me sitúo en esa tradición de pensamiento – que desconfiaba de su propio marxismo. Tenía mucho trabajo por delante.

(….) La verdad es que envidiaba a Joan Redorta la facilidad con la que producía objetos bellos mientras que yo, perplejo, sólo podría producir ideología (…) Pero un día, volviendo del obrador de cerámica (,,,) mi cerebro le dio la vuelta al planteamiento: al menos ¡podía producir ideología!. Estaba en situación de suscitar ideología jurídica de izquierdas. Por unos segundos rondaron por mi cabeza los grandes panfletos jurídicos del siglo XIX – "La jurisprudencia no es una ciencia", de Von Kirchman, o "La lucha por el derecho", de Ihering – que, salvadas las distancias intelectuales, me proporcionaban un modelo formal, y también reviví algunos temas de crítica jurídica que había esbozado, sin poder desarrollarlos, en mi contribución a una revista estudiantil de la época de la caputxinada. Un minuto después ya tenía una idea precisa y acabada del panfleto jurídico que iba a escribir, y que se llamaría Sobre la extinción del derecho y la supresión de los juristas. ¡Por fin hallaba algo productivo qué hacer mientras durara mi etapa de fugitivo. Por pobre que fuera mi aportación, obligaría a discutirla.

¿Creía yo en la extinción del derecho y en la supresión de los juristas como algo que se pudiera proponer realmente? La extinción del derecho – del que la supresión de los juristas es lógicamente un correlato – era entonces un viejo tema, tradicional, del socialismo. Marx lo había recogido sin más de Saint Simon, y con él se expresaba la aspiración a un mundo social no regido por la coerción institucional sino, esencialmente, por una moral colectiva unificada. Yo consideraba el asunto remitido si acaso al futuro distante de una humanidad nueva, liberada de la lógica del cálculo egoísta y además, lo volvía más problemático aún mi escepticismo antirousseauniano (…) A pesar de todo, no me parecía inoportuno – mas bien lo contrario – proponer un mundo regido por la moral, sobre todo cuando el título elegido (…) podría funcionar como un guiño a los juristas de izquierda dispersos por el país, además de llamar la atención sobre el panfleto, para estimular una polémica en las remansadas aguas de la cultura jurídica de entonces. Por otra parte, pensaba poner en pie de guerra a los estudiantes de derecho contra la presencia en sus planes de estudios de dos disciplinas inadmisibles: el derecho canónico y el derecho natural. Lo primero se había convertido en mera oficialización del nacional-catolicismo, sobre todo en el terreno del derecho matrimonial, y lo segundo era una vergonzosa y obligada conversión en ideología, en el peor sentido de la palabra, justamente, del filosofar sobre el derecho”.

(pp. 232-233 y 236-237 de la obra).

VIAJE A ICARIA

El tiempo de las vacaciones es siempre tiempo de lecturas. Del socialismo utópico al socialismo científico, leíamos en su tiempo, pero realmente apenas hablábamos del primero. En un tiempo como el que nos toca vivir, recobrar el gusto por leer a los primeros socialistas del capitalismo triunfante es un ejercicio mental muy agradable y conveniente. Ahí van algunas notas sobre el proyecto de Icaria y su creador, el escritor comunista Étienne Cabet.

Con la expansión de la sociedad moderna, liberal en lo político y capitalista en lo económico, se multiplican las visiones de una nueva sociedad, las utopías del futuro. Una de las que tuvo mayor éxito fue El viaje a Icaria de Étienne Cabet (1840), que prefiguraba una sociedad comunista, sin dinero, en una ciudad arquitectónicamente diseñada en geometrías nítidas, y en donde el trabajo era la base de la riqueza y de la distribución de los bienes en un mundo sin explotadores ni explotados. Pero el interés de la utopía consistió en que, popularizado el texto de Cabet, el viaje a Icaria se concretó en organizar expediciones para construir colonias icarianas en el nuevo mundo: Norteamérica. Una versión laica de la tierra prometida que procuraba la huida de un mundo real en el que vivir era un suplicio atroz.

Icaria es la utopía (in)creíble. Para los burgueses y las élites emergentes de su tiempo el carácter ilusorio del proyecto era evidente. Lo dijo el tribunal que condenó por estafa a Cabet en su actividad de conseguir miembros para las expediciones hacia las colonias de la igualdad.

“Considerando que se deduce del diario y de las piezas de convicción,(…) Cabet planteó las bases del contrato social para su comunidad de Icaria, y declaró que los principios generales de esa Comunidad estaban consignados en su obra titulada Viaje a Icaria;
Considerando que esa obra (…) representa en el Capítulo primero a Icaria como una segunda Tierra prometida, un Edén, un Elíseo, un nuevo paraíso terrestre (…) que en el capítulo trece muestra la infancia feliz y sin trabajo, la virilidad sin fatiga y sin preocupación, la vejez llena de fortuna y sin dolor, con ancianos que viven casi el doble de la existencia humana normal; que en el Capítulo quinto declara totalmente resuelto el problema de la igualdad social; que en las demás partes de la obra se dedica principalmente a describir las maravillas, las magnificencias, las prodigalidades, las delicias de Icaria;
Considerando que al presentar así como realizable una empresa imaginaria y al presentar un cuadro tan atractivo de delicias quiméricas, Cabet se ha propuesto con toda evidencia abusar de la confianza de terceros para arrastrarlos a formar parte de la Sociedad formada por él (…)”.

Los jueces del tribunal expresan el juicio inapelable de cualquier burgués de la época. Es impensable concebir una sociedad alternativa a la actual, cualquier proyecto de organización social y política diferente al capitalismo triunfante es ilusorio. Por eso quien sostenga ese sueño emancipatorio debe ser consciente de su radical imposibilidad, por lo que el proselitismo sobre las utopías anticapitalistas constituye una estafa a espíritus ignorantes. “Manejos dolosos” – dirá la justicia – destinados a abusar de la confianza de la gente humilde. Manipulación de una creencia de la que se sabe con seguridad que no puede suceder, que, en un sentido literal, no tendrá lugar.

Sin embargo Icaria se levanta, primero en Texas, luego tras varios avatares, en el abandonado templo de los mormones en Nauvoo, en Illinois, a orillas del Missisipi. No es el paraíso, sino un “laboratorio” que implicará “la transición del viejo mundo al nuevo mundo” forjado con los “elementos necesarios” para edificar un Estado donde reine la fraternidad, “la ciencia, las artes y la industria”. Es la fundación de una república que presupone la organización de un trabajo que ha sido devuelto a sus sujetos, los trabajadores, y a un fin, la práctica de la fraternidad como “dicha común”. Lo cuentan las cartas de los icarianos en 1849.

“Aquí ya no ha patrones que procuren un máximo de producción explotando nuestras fuerzas y nuestra salud. Imaginad una sociedad de más de 200 obreros y obreras de todas las profesiones coordinados por directores elegidos por ellos mismos. Imaginad que todos estos trabajos están organizados en forma tal que todos ellos emplean útilmente su tiempo. Todos trabajamos con inagotable vigor, y hoy que hacemos todo por amor a la humanidad y no por amor al dinero, nuestro deseo de trabajar ya no tiene límites”.

Es una utopía familiar y modesta, con redistribución de funciones entre todos los oficios, de forma que los “considerados propios de hombres desheredados”, lo desempeñan de forma igualitaria “los más notables por su inteligencia, su valor moral y cultura de espíritu”. El dinero se ha olvidado y la prodigalidad de la naturaleza se une a la solidaridad humana. El mensaje que se dirige a los candidatos a ser nuevos colonos icarianos señala esa idea.

“Nuestra sociedad no es más que una colonia de trabajadores (…). Entre nosotros encontrarán el amor fraterno, para con ustedes, para con sus mujeres y niños, el más tierno afecto que pueda inspirar una doctrina tan bella como la nuestra. No les proponemos compartir las privaciones, pues no las tenemos. Nuestras fatigas, trabajamos tanto como podemos, pero nadie muere de cansancio entre nosotros. Nuestra vida es frugal, activa. Eso es todo. No somos ricos pero tampoco somos pobres”.

La república de Icaria se fortalece en esa sencillez, y su impulso permanece en el tiempo, a pesar de las grandes crisis – las “disidencias” – que sufre el proyecto. La reformulación del ideario icariano, la propuesta más presidencialista de dirección del mismo y la flexibilización de la posibilidad de devolución de una parte de los capitales entregados a la causa, jalonan las divergencias de los socios y sus disidencias, en especial la de 1855-56 que culmina con la muerte del fundador, Étienne Cabet, de una apoplejía. Divididos definitivamente en dos grupos, la “mayoría roja” de éste grupo deja Nauvoo y se instalan en Corning (Iowa), donde, a su vez, en 1877, esta comunidad sufrirá la nueva disidencia de los “Jóvenes icarianos”.

Más allá de las vicisitudes históricas que recorren la existencia concreta de estas comunidades icarianas, lo relevante es destacar que en su propia descripción, el proyecto lleva una paradoja que anula su proyección real. Icaria no puede ser un lugar, una colonia en alguno de los territorios de Estados Unidos o en cualquier otro espacio abierto. Es un anhelo de transformación de lo cotidiano y una reacción frente a no poder vivir en ese escenario. Icaria es una promesa de revolución en el mundo capitalista y liberal, de construcción de la república democrática y socialista de los trabajadores, que pospone su cumplimiento por un espacio libre, una nueva frontera y una tierra virgen donde no existan “almas envilecidas por la antigua organización social” de la explotación humana y del sufrimiento del pueblo.

El tiempo de la utopía de la república de Icaria es el tiempo de la creación de figuras-tipo de la emancipación y de construcción de una nueva subjetividad colectiva en lo político y en lo social que rompa la dominación capitalista, y que por tanto se enlaza con las estrategias políticas e ideológicas que han dado sentido al pensamiento emancipatorio europeo en el siglo XIX y a las realizaciones políticas del siglo XX en el campo del socialismo. Es un tiempo que se reapropia de significados de futuro y les asigna capacidad para constituirse en realidad, en una apertura a otra organización social compleja que impida la explotación violenta del trabajo y la desigualdad más radical entre las personas.

Hoy, como los magistrados que condenaron por estafa al autor de Voyage en Icarie, se tiene la convicción de que no es posible otro mundo alternativo al actual. En la crisis que radicaliza las pulsiones de apropiación desigual de la riqueza e impulsa a la pobreza y a la desprotección social a cientos de millones de personas en el planeta, no hay espacio para concebir una colectividad futura liberada de la explotación del trabajo y del medio ambiente. Las pequeñas utopías moderadas que se encuentran en circulación hacen referencia a un modo de civilización – el europeo, por ejemplo – que no quiere ver desaparecer los derechos sociales, pero en las que el trabajo, y ante todo el trabajo explotado, precario, fragmentado en diferentes desigualdades y en la intermitencia entre el no-trabajo y el trabajo sin derechos, se entiende como un ámbito inmune a la intervención democrática e intangible para la acción política, incapaz de ser gobernado colectivamente.

Reivindicar por tanto el tiempo de las utopías y de las estrategias de constitución de una organización social igualitaria y radicalmente democrática, que ponga fin a la explotación y al sufrimiento humano y acabe con la apropiación desigual de la riqueza en el mundo, es importante. Demostrar la indecencia presuntuosa de quienes - como los jueces franceses que condenaron a Cabet - mantienen la imposibilidad de un mundo mejor y diferente al existente, es oportuno, porque permite simultáneamente la posibilidad de afirmar un dominio colectivo del porvenir basado en las figuras reales de la emancipación de los seres humanos.

Nota aclaratoria: Los textos entrecomillados sobre las declaraciones de los miembros de la República de Icaria o de la sentencia del tribunal de 1849, han sido entresacados del capítulo 12 de la obra de Jacques Rancière, La noche de los proletarios (Archivos del sueño obrero), Editorial Tinta Limón, Buenos Aires, 2010, pp. 425 ss. La obra Voyage en Icarie tuvo una repercusión muy importante en Europa, y en concreto en España, a través de su temprana traducción en 1846 y 1848 por Narcis Monturiol, creador de La Fraternidad. Pese a constituir un libro que exaltaba la utopía comunista, pero sin reivindicar la metodología de la violencia o de la insurrección – o precisamente por ello – tuvo una gran influencia en el republicanismo barcelonés, con personajes como Abdó Terrades, compañero y amigo de Monturiol y está documentada asimismo la incidencia de sus descripciones arquitectónicas sobre la ciudad comunista en los trabajos de Ildefons Cerdá, que denominó al barrio de Poble Nou como Icaria en 1855. Algún tiempo después, un libro de un catalán fundador del Parti Comuniste Catalá, Josep Soler Vidal, “Pels camins d’Utopia” (México, 1958), reconstruiría la peripecia de la república de Icaria.

VACACIONES MERECIDAS

Comienza agosto y las vacaciones veraniegas. Es el momento de retirarse a los lugares de esparcimiento y relax. Y de despedirse de los amigos hasta el retorno - ¡ay, demasiado pronto! - treinta y tres días después. (En la foto se aprecia una de las despedidas pre-vacacionales protagonizada por el equipo directivo del Precarious Work For Ever Project (PWFEP) de la Escuela de Leyes de Parapanda).

En efecto, con casi 57.000 visitas, el blog se ralentiza en agosto, tanto en entradas como en consultas. También los temas cambian y son más erráticos, guiados por el capricho del titular de la bitácora. Hay que descansar y leer, preparativos fundamentales ante un otoño que se presenta muy cargado de tensiones y en el que se van a desarrollar importantes movilziaciones. No hay más que recordar el acto al que se está convocando en Vista Alegre (Madrid) por los sindicatos UGT y CCOO, las movilizaciones en torno a la reivindicación del trabajo decente a comienzos de octubre y la manifestación europea de "indignados" que plantea el movimiento 15-m para mitad de octubre. Además el tiempo electoral se despliega sin dilación hasta la fecha señalada de las elecciones, el muy simbólico 20-N. Los de mayor edad no asociarán esa fecha sólo con la muerte del dictador, sino con la celebración del juicio en la plaza de las Salesas del proceso 1001 contra la plana mayor de las Comisiones Obreras y el atentado que quitó la vida al Almirante Carrero, y la terrible represión que siguió a ello. (Los dirigentes obreros del 1001 recibieron penas de veinte años de cárcel como castigo por haber creado y sostenido un sindicato de trabajadores). Es de temer nuevas turbulencias de los mercados y más problemas financieros a la llegada del otoño, junto con las jaculatorias de rigor sobre el efecto positivo de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo. Se aprobarán, esta vez sin apenas debate público, una serie de leyes que tienen incidencia directa sobre la regulación de las garantías judiciales de los derechos laborales y sociales, que tendremos que comentar. Y habrá de debatir sobre el destino de la Iniciativa Legislativa Popular sostenida por un millón de ciudadanos y ciudadanas, una vez fijada la fecha de disolución de las cámaras.

Todo conspira en fin para aprovechar el verano. Lo intentaremos el titular, los anotadores y suministradores de textos y en general el amplio grupo de apoyo de esta bitácora. También los colectivos que sostienen y promocionan nuestros blogs amigos. Esperamos que lo intenten y lo logren nuestros benévolos lectores y nuestras benéficas lectoras en unas bien merecidas vacaciones de verano.