BRASIL: NECROPOLÍTICA Y PANDEMIA. UN MANIFIESTO DE JUIZES PARA A DEMOCRACIA

 

Mientras en todo el mundo se insiste en políticas de prevención frente a la crisis sanitaria originada por la Covid19, en Brasil, conducidos por un negacionismo suicida que personifica el presidente Bolsonaro y las autoridades de su gobierno, se lleva hasta las últimas consecuencias el planteamiento de Trump, y la situación sanitaria es crítica. La asociación Juizes para a democracia, que preside la magistrada de trabajo Valdete Severo, ha elaborado esta carta abierta a la comunidad internacional denunciando este hecho y solicitando la ayuda de organizaciones sociales y autoridades públicas para intentar detener estas políticas de muerte. Este es el texto de la carta que con gusto publicamos en este blog en su versión en castellano.

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

 

La población brasileña es objeto de una política de muerte.

Mientras la mayor parte del mundo adopta medidas para proteger a sus poblaciones, promoviendo la vacunación, imponiendo el aislamiento social, pagando la renta mínima y produciendo campañas para aclarar la importancia del uso de mascarilla y gel de alcohol, en Brasil, el presidente de la República hace exactamente lo contrario. Estimula aglomeraciones, dificulta la compra y distribución de vacunas, cuestiona el uso de mascarilla como medida de prevención del contagio, fomenta el uso de medicamentos contraindicados por estudios robustos ya publicados por la comunidad científica. Además, promueve un ambiente de persecución y vergüenza para los investigadores e instituciones brasileñas que promueven el conocimiento científico necesario para enfrentar los graves problemas derivados de la pandemia.

Institucionalmente, el gobierno federal sigue actuando, tratando de evitar que gobernadores y alcaldes tomen medidas de protección contra la propagación del virus, a pesar de que es consciente de que el sistema de salud en Brasil se ha derrumbado.

Las acciones y omisiones del Gobierno Federal y el Parlamento brasileño, que no procesan más de sesenta solicitudes de juicio político (“impeachment”), ni legislan estableciendo medidas para proteger la vida, tienen como resultado directo la muerte de unos 3.000 brasileños por día.

Se estima que en julio de 2021 Brasil alcanzará las 500.000 muertes. Este abrumador número no es un resultado necesario de la pandemia, sino de esta política que niega la ciencia y expone a la población a la muerte.

En la actualidad, por primera vez en su existencia, el Sistema Único de Salud, que atiende a todas las mujeres y hombres brasileños, está próximo a colapsar en todo el país. Los responsables de los hospitales públicos y privados informan a diario que el suministro de oxígeno para las personas hospitalizadas no es suficiente y que en unos 15 días se acabarán los medicamentos necesarios para proceder con las intubaciones. Los cuerpos se amontonan y la gente espera en largas filas para certificar las muertes.

El caos está instalado.

En un país continental como Brasil, en el que se ubica el principal bosque responsable de la continuación de la vida humana en la tierra, esto significa una catástrofe humanitaria y ambiental de proporciones mundiales. Ya existen estudios que demuestran el compromiso del nivel freático debido a los entierros producidos a gran escala, ante esta aterradora mortalidad. El movimiento de personas a otros países, frente a las mutaciones más agresivas que presenta el SARS-COV 2, puede significar la repetición de la realidad brasileña en otros lugares del mundo.

La gestión adoptada deliberadamente en nuestro país puede comprometer, concretamente, la continuidad de la vida humana en la Tierra.

Internamente se realizaron numerosas denuncias, pero chocan con el sistema de apoyo político organizado con los órganos de fiscalización y el Poder Legislativo, lo que motivó a la AJD y a otras entidades de la sociedad civil a tomar medidas en el ámbito del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos.

Se han presentado varias peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional, sin que a la fecha se hayan llevado a cabo los procesos de investigación, ni se hayan tomado medidas para proteger efectivamente la vida de las personas en nuestro país.

Ante este escenario catastrófico, exasperados e indignados por la inercia de nuestras instituciones, al límite de nuestras fuerzas ante la violencia institucional que representa esta gestión por la muerte, las organizaciones y entidades suscritas, en AUTÉNTICA SOLICITUD DE AYUDA, RUEGAN que los organismos internacionales de regulación de los Derechos Humanos a manifestarse de inmediato en relación con las solicitudes ya formuladas, a fin de obligar la toma de medidas que protejan la vida de los brasileños por parte del Gobierno Federal y el Parlamento brasileño.

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Valdete Souto Severo, presidente.

 

También se suscriben a ese documento:

 

·       Asociación Americana de Juristas - Rama Brasil (AAJ)

·       Asociación Brasileña de Ergonomía (ABERGO)

·       Asociación Brasileña de Estudios Laborales (ABET)

·       Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD)

·       Asociación Brasileña de Salud de los Trabajadores (ABRASTT)

·       Asociación Brasileña de Terapeutas Ocupacionales (ABRATO)

·       Centro Brasileño de Estudios de la Salud (CEBES)

·       Comisión Brasileña de Justicia y Paz/CNBB.

·       Comité de Defensa de la Democracia y el Estado de Derecho Democrático

·       Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana - COPAJU

·       Departamento de Salud Colectiva - Facultad de Ciencias Médicas, Unicamp (DSC/FCM/Unicamp)

·       Foro de Accidentes de Trabajo (FÓRUMAT)

·       FRENTE AMPLIO EN DEFENSA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES (representando a 54 instituciones y movimientos sociales)

·       Grupo de Estudio TRAGES (Trabajo, Gestión y Salud/UFG)

·       Grupo de Extensión e Investigación Docentes de Trabajo y Salud (TRASSADO/UFBA)

·       Grupo de Trabajo de Salud del Trabajador (DVRT/PAIR), de la Sociedad Brasileña de Fonoaudiología (GT-ST/SBFa)

·       Instituto de Trabajo Decente (ITD)

·       Laboratorio Interinstitucional de Subjetividad y Trabajo (LIST) - Departamento de Psicología (DPI) - Universidad Estatal de Maringá (UEM)

·       Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST)

·       Observatorio Sindical Brasileño - Clodesmidt Riani (OSBCR)

·       Pastoral Operaria (PO)

·       Programa de Posgrado en Ciencias de la Rehabilitación (PPG-REAB/UFBA)

·       Programa de Posgrado en Salud, Medio Ambiente y Trabajo (PPSAT/UFBA)

·       Red de Protección a la Ciencia Irerê

·       Red de Salud y Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES)

 

NET21.ORG: UN GRUPO DE TRABAJO DE IUSLABORALISTAS POR LA DEMOCRACIA SOCIAL

 

Se ha constituido un grupo de trabajo de expertos en Derecho Laboral y Seguridad Social compuesto por personas que actúan en el campo del derecho tanto desde una perspectiva académica como desde la defensa forense y asesoramiento del colectivo de las y los trabajadores, que han decidido participar en el espacio de la comunicación e información para aportar una opinión abierta y plural sobre las normas y las reglas que rigen las relaciones de trabajo en la actualidad, y para cooperar al diseño de las políticas del derecho que deberían ponerse en práctica para lograr un cambio normativo que profundice en la democracia social que promete la Constitución española. Una nueva regulación que ayude a construir un marco más democrático de relaciones laborales, en el entendimiento que la salida a esta crisis económica derivada de la enorme crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid 19 abre una amplia ventana de oportunidad para ayudar a construirlo.

Forman parte del grupo por el momento 37 personas, pertenecientes a 17 Universidades españolas, 2 Institutos de Investigación y 3 gabinetes jurídico-sindicales. El comité de redacción lo componen Jaime Cabeza, (Universidad de Vigo), Amparo Merino y Francisco Trillo (Universidad de Castilla La Mancha), Francisca Ferrando (Universidad de Murcia) y Rafael Gómez Gordillo (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla).

Lo más llamativo de esta iniciativa es el lanzamiento de una página web (https://www.net21.org/),  que se compone de una serie de secciones fijas de reflexión, análisis y debate. En su primer número aborda cuestiones como la reforma de las pensiones y su relación con los fondos de Recuperación europeos (Joaquín Aparicio), la regulación del trabajo a través de plataformas digitales (Francisca Ferrando), los condicionamientos que rodean la negociación del V AENC tras la pandemia (Amparo Merino), y un debate sobre la calificación del despido económico o por fuerza mayor durante la duración del Estado de Alarma por Covid (Carolina Martínez Moreno y Faustino Cavas).  La renovación de estas secciones suele efectuarse cada tres semanas, sin descartar aportaciones más inmediatas como toma de posición ante hechos sobrevenidos de importancia. El siguiente número de la página se prepara para el viernes próximo, 26 de marzo, cuando comienza la Semana Santa.

NET21.org se ha presentado en público a través de una videograbación por parte de los miembros de su Comité Editorial en la que se explica los objetivos del Grupo se puede consultar en: https://tv.uvigo.es/video/6059d2a87f453808103846a2.  (13 minutos de duración) Un punto de encuentro para generar debate y opinión en el mundo de las relaciones laborales y de la protección social con vocación de permanencia, cuya carta de presentación se efectúa en el primer número de la página con el texto que se inserta a continuación

PRESENTACION

No es difícil presentar en público la creación de un grupo de personas que se agrupan para debatir y analizar críticamente el estado actual de nuestras relaciones de trabajo y sus propuestas de reforma. Somos mujeres y hombres que nos dedicamos profesionalmente al estudio del Derecho laboral y de la Seguridad Social tanto desde una perspectiva académica como desde la defensa forense y asesoramiento del colectivo de las y los trabajadores, y que hemos resuelto participar en el espacio de la comunicación e información haciendo oír nuestras voces. Unas voces que quieren aportar una opinión abierta y plural sobre las normas y las reglas que rigen las relaciones de trabajo en la actualidad, pero también sobre el su cambio posible y necesario de las mismas, y las políticas del derecho que a nuestro juicio deberían ponerse en práctica.

Venimos de lejos y entendemos que las respuestas a la crisis financiera y de endeudamiento que se llevaron a cabo en el largo quinquenio entre 2010 y 2015, que condujeron a las reformas estructurales del derecho laboral y de la Seguridad social, han sido especialmente negativas no solo por el maltrato real a las condiciones de existencia de las personas trabajadoras, sino por el profundo desequilibrio de poder que han conformado en las relaciones de trabajo, vaciando de contenido la potencia de la negociación colectiva como espacio autónomo de regulación de las condiciones de trabajo y de empleo, y procediendo tanto a una descompensada devaluación salarial como a una reducción de la protección social en las pensiones que nos parece rechazable y divergente respecto del modelo de Estado Social y Democrático que establece el art. 1.1 de la Constitución. La irrupción de una nueva crisis económica derivada de la pandemia ha demostrado que existen otras políticas que permiten administrar los efectos negativos sobre la actividad económica de un país con una orientación diferente de la que habíamos conocido en el ciclo de hace cinco años, abordando una importante batería de medidas centradas en el mantenimiento del empleo y en la progresiva conformación de un escudo social como forma de superar este momento de emergencia, a través de un importante esfuerzo de interlocución con los sujetos sociales representativos de la empresa y del trabajo.

Entendemos que el momento en el que nos encontramos es crítico, porque se debe preparar el escenario institucional que surja tras la superación de la crisis y el retorno a una normalidad que nunca podrá ser la de antes, y en la que será indispensable efectuar reformas legislativas de gran calado para incorporar nuevas situaciones y elementos que la realidad social está haciendo emerger. Algunas de ellas ya están en marcha y otras muchas deberán irse desarrollando. Como grupo, hemos recibido con esperanza la posibilidad de un cambio legislativo que revierta los elementos más negativos del marco legal vigente y que permita afrontar con eficiencia y decisión una política del derecho que respete y profundice los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Queremos un marco más democrático de relaciones laborales, y creemos que la salida a esta crisis económica derivada de la enorme crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid 19 abre una amplia ventana de oportunidad para ayudar a construirlo.

Ese es el eje de un discurso que explica la denominación que hemos elegido y que da nombre a nuestra página web. La referencia al nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI ha sido una constante del espacio político-electoral desde 2015, cuando se produce la importante inflexión en el sistema bipartidista español con la irrupción de nuevos sujetos con representación parlamentaria, y se ha reiterado como reivindicación constante en las siguientes -y frecuentes- convocatorias posteriores, aunque modificando su denominación con un lenguaje inclusivo. El grupo que ahora se presenta en público a las redes sociales y a la opinión pública tiene su origen precisamente en unas reuniones efectuadas en el seno de un grupo de estudios de la Fundación 1 de Mayo con la finalidad de preparar un proyecto de regulación que incluyera una Carta de Derechos Fundamentales de las y los Trabajadores y por extensión, una regulación completa de las relaciones individuales, la representación en la empresa y la negociación colectiva, siguiendo el esquema del Estatuto vigente.

Hemos considerado que ha llegado el momento de hacer compatible nuestra actividad investigadora, docente y profesional con la presencia pública de nuestras opiniones en un panorama en el que la información y el parecer razonablemente fundado sobre el cuadro normativo en materia de trabajo y protección social y su deseable conformación, está muy contaminado por enfoques sólidamente anclados en la exaltación del mercado y de la unilateralidad empresarial que consideramos equivocados. Queremos, por tanto, ofrecer en abierto un espacio ágil de análisis y de confrontación de posiciones que puedan fortalecer el poder colectivo sindical y la profundización de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo, prestando especial atención a la actualidad laboralista presente en las normas laborales, en la negociación colectiva y en la interpretación judicial, pero también en el planteamiento de los conflictos y su solución fuera del ámbito judicial.

Un espacio de debate, de contraste y de proyecto. Porque se trata finalmente de mantener un enfoque de reforma global del marco institucional, de ir proponiendo y debatiendo en este espacio virtual que inauguramos los elementos que nos parecen más relevantes e imaginar, como resultado de una discusión extensa y plural desde posiciones inequívocamente situadas en la promoción de la igualdad sustancial y efectiva, un proyecto de regulación laboral coherente con los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Por eso nos denominamos laboralistas comprometidos y comprometidas con la democracia social, porque ese objetivo marca nuestra forma de aproximarnos a la interpretación del sistema jurídico laboral vigente y orienta nuestras propuestas de cambio.

Confiemos en que esta sea una iniciativa que tenga una buena acogida entre los operadores jurídicos, la masa crítica del personal docente e investigador, los agentes sociales, y los sujetos políticos y del gobierno que están interesados en la reconfiguración necesaria de las coordenadas del sistema de regulación de las relaciones laborales con vistas a la etapa post-Covid en el futuro inmediato. Esperamos la retroalimentación que se pueda generar de la lectura de nuestra página con ilusión y curiosidad a partes iguales.

Se trata por tanto de una buena noticia para quienes cultivamos el estudio de las relaciones laborales y la regulación del trabajo y de los derechos individuales y colectivos que lo sustentan. La noticia de su salida al público que estará siendo recogida por exponentes muy seguidos de la blogosfera laboralista, como el de Wilfredo Sanguineti o el de Eduardo Rojo, ambos, como el titular de este blog, también integrantes de este grupo, es un acontecimiento relevante en la construcción gradual de una opinión informada y experta sobre el mundo del trabajo y las transiciones que requiere actualmente hacia un horizonte marcado por el trabajo decente y el empleo de calidad y con derechos. Bienvenido pues el grupo NET21.org!!

AURELIO DESDENTADO: IN MEMORIAM

 

El viernes pasado, 19 de marzo, una llamada desolada de Elena Desdentado me informó del fallecimiento de su padre. Llevaba ingresado una semana en el hospital víctima del Covid-19 y no lo había podido superar. Pensé cómo la pandemia nos iba arrebatando amigos a los que nunca creímos poder perder tan pronto. En enero Gigi Mariucci y ahora Aurelio Desdentado. Una pérdida más dolorosa cuanto que no es posible reunirse con la familia y las amistades para expresar el pesar profundo que produce su muerte.

Aurelio Desdentado ha sido un jurista que ha contribuido de manera muy importante al diseño de las líneas centrales del Derecho del Trabajo post-constitucional en su actuación como Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo durante más de un cuarto de siglo. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia lo ha definido como una figura clave del iuslaboralismo español del siglo XX, y aunque Aurelio no estaría de acuerdo, es evidente la relevancia de su figura en la construcción de la cultura jurídica laboral entre 1986 y la crisis del 2010-2013. Todos los comentarios en las redes sociales de quienes le conocieron y trataron resaltan otro aspecto de su personalidad, su carácter afable y la sencillez con la que actuaba, su inmensa cultura, su excepcional capacidad didáctica y expositiva.

Pero para mí Aurelio Desdentado ha sido un amigo que me ha acompañado durante una buena parte de mi trayectoria personal y profesional, a través de las fases más importantes de la misma. Le conocí en un acto celebrado en el colegio de doctores y licenciados en Ciencias Políticas, en el que se debatió sobre el Decreto Ley de Relaciones de Trabajo y enseguida colaboramos juntos en la crítica de las medidas laborales que en la transición y en los primeros gobiernos de UCD se fueron realizando, a través de la participación en Gaceta Sindical, el órgano confederal de CC.OO., en donde se estableció una relación de gran cordialidad entre su director, Manolo Morales y Aurelio, a los que unía también su pasión por la lectura y la montaña. Eran desternillantes los relatos sobre las conversaciones entre el grupo de técnicos de la Administración del Estado recluidos – exilados – en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, y por las tardes muchas veces le recogía en el despacho de Luis Enrique de la Villa en la calle Fuencarral, donde también encontraba a Maria José Fernández Olalde – hoy compañera mía en la UCLM – y a Carlos Gómez Iglesias. En ese despacho fue donde surgió, a iniciativa de Aurelio, el muy trabajado artículo “Huelga y constitución” que provocó que el PSOE impugnara ante el Tribunal constitucional el DLRT de marzo de 1977 y que daría lugar a la STC 11/1981 objeto también de un comentario triunfalista que publicamos en GS ambos. Es una época que en mi recuerdo está asociada a la alegría y la esperanza del cambio político y social en profundidad.

El triunfo del PSOE y su efímero paso por la fontanería de La Moncloa no le sentó bien, pero la propuesta de su amiga Maria Teresa Fernández de la Vega para que se presentara al quinto turno de juristas de reconocida importancia para ingresar en la Sala de lo social del Tribunal Supremo, fue providencial. A partir de su ingreso, con la seriedad y exhaustividad que le caracterizaba, fue generando lo que en los libros se denomina doctrina judicial, marcando con su fuerte personalidad un proceso de interpretación de la normativa en proceso que se habría de ir desarrollando a partir de la reforma de 1984 sucesivamente, con los avatares políticos correspondientes tras la gran huelga del 14-D y, tras la corta estación de la interlocución política entre los sindicatos y el gobierno, la muy profunda modificación legislativa de 1994. Durante toda esta época, mantuve una colaboración muy estrecha con él, y mi acceso a la cátedra de la UCLM, en Albacete, le alegró personalmente mucho. Su participación continuada en las Jornadas de Estudio de Albacete organizadas por Luis Collado a través del Gabinete de Estudios de CCOO y el área de Derecho del Trabajo de la UCLM, colaboró al éxito de las mismas a lo largo de los años, y la aparición, en 1998 de la Revista de Derecho Social se benefició de sus aportaciones desde el primer momento (ya en el número 2 de la Revista), con algunos artículos cuya consulta resulta aún hoy imprescindible. Personalmente, creo que "El traje nuevo del emperador": sobre la legislación simbólica en el estatuto del trabajo autónomo (RDS Nº 44, 2008, págs. 13-35) es un texto que va más allá del examen de la LETA y permite comprender muy bien el positivismo jurídico que alimentaba el razonamiento de Aurelio, y, claro está, el comentario que hizo al libro de Joaquín Pérez Rey y mío sobre el despido, Sobre el despido y su violencia. Una lectura de "El despido o la violencia del poder privado" de Antonio Baylos Grau y Joaquín Pérez Rey, (RDS  Nº 51, 2010, págs. 11-30) fue una muestra especial del reconocimiento del valor teórico de la obra, desde un planteamiento crítico con la misma. Sus reflexiones sobre el facto de sostenibilidad en la reforma de las pensiones (RDS nº 64 (2013) fueron su última colaboración con la revista, un año antes de su jubilación. Participó en muchos de los seminarios de formación que organizamos para los docentes del área, y recuerdo especialmente una larga sesión en la que comentamos, en presencia de su autor, Antonio Martín Valverde, un artículo sobre los Principios y reglas del Derecho del Trabajo, publicado en la REDT 114 (2002) y el diálogo con el mismo por parte de Aurelio ante la totalidad de los miembros del área manchega. Esa amistad tan larga me permitió también atraer el talento de su hija Elena Desdentado al área de Derecho del Trabajo de la UCLM, dirigir su tesis doctoral y acompañar su itinerario de formación hasta su traslado a la UNED, creando una relación de confianza y de complicidad con ella que aún perdura.

Porque Aurelio, aunque nunca practicó la carrera académica, fue un verdadero profesor universitario, mucho más allá de la condición de profesor asociado que ostentó en varias universidades. No solo por su capacidad teórica y su ingente producción científica – basta consultar la página de Dialnet para comprobarlo – sino por su impulso y generosidad al proponer a otras personas más jóvenes la realización de trabajos conjuntos, compartiendo su proyecto y diseñando el esquema de los mismos, desde la sencillez y el debate conjunto. En su impresionante productividad científica, le gustaba trabajar en comandita, debatir con otros, hacerles partícipes de sus inmensos conocimientos, pero también y posiblemente sobre todo debatir, comentar lecturas, contrastar puntos de vista. Lo saben bien Berta Valdés, Carolina Martínez y especialmente Ana de la Puebla, pero también Ana Belén Muñoz e Ignacio González del Rey, entre otros, además de su larga relación de amistad y paseos con Jesús Mercader.  Era un lector compulsivo y devoraba todo tipo de ensayos y relatos que luego le permitían una amenísima conversación en la que su erudición no se exhibía, sino que se empleaba como forma de ilustrar y reforzar su argumentación sobre los temas que abordaba.

Siempre he creído que el asesinato por ETA de Rafael Martínez Emperador en febrero de 1997 tuvo una profunda huella en la psique de Aurelio, al conocer por los servicios de información de la seguridad del estado que la banda terrorista preparaba atentar contra su persona, por el simple hecho de que su domicilio en el Barrio de la Estrella permitía una huida rápida por la M-30 al comando que efectuara la acción. Se tuvo que mudar a El Escorial, y aunque la seguridad de su familia y de su persona nunca llego a obsesionarle, me parece que no es desdeñable que este hecho tuviera una influencia evidente sobre los infartos que padeció y de los que felizmente se recuperó gracias a la excelente atención médica del Gregorio Marañón, una unidad especializada en cirugía del corazón que luego fue disuelta por los recortes en la sanidad madrileña. En la sala de lo social del Tribunal Supremo fue construyendo una hegemonía ideológica y cultural muy potente, que se confrontaría en fallos muy decisivos, ya en la última época, con la que ostentaba Manuel Ramón Alarcón, provocando un apasionante diálogo crítico que se manifestaba en sentencias con interesantísimos votos particulares.

A Aurelio Desdentado por tanto, se le recordará por su legado impresionante como Magistrado, unido a su producción teórica brillante e ingente. La gente que lo conoció recuerda su afabilidad y sencillez, su accesibilidad y su enorme cultura. Sus amigos y amigas saben que su pérdida es irreparable y la pena por su fallecimiento profunda. Aunque se me agolpan los recuerdos, los lugares de nuestros encuentros y los espacios de nuestro afecto, como resumen guardo la imagen de la última vez que le encontré, paseando por Malasaña con Loli, disfrutando del tiempo libre que la jubilación le permitía, hablando de sus nietas y nietos de los que tan orgulloso estaba. Así quiero conservar su memoria, enviando a su mujer, Maria Dolores Daroca, también contagiada, mis deseos de mejoría, junto con mis sentimientos de cariño que extiendo a Eva y a Elena y a sus hijas e hijos, los nietos tan amados por su abuelo.

 

LA MODERNIZACIÓN Y LA REFORMA DEL SISTEMA DE RELACIONES LABORALES

 

El pasado miércoles 17 de marzo se abrió la mesa del diálogo social en la que se abordaban algunas reformas de la legislación laboral largamente planteadas tanto por los sindicatos como por las fuerzas políticas que apoyaron la formación del gobierno progresista PSOE y Unidas Podemos. Tras las dificultades enormes que había encontrado el anterior acuerdo sobre los trabajadores de plataformas, se podía sospechar una resistencia enconada a este nuevo impulso reformista, porque en esta ocasión comparece con fuerza un elemento simbólico, la reversibilidad de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012 llevada a cabo por el Partido Popular y secundada con estusiasmo por la CEOE, que enterró el muy ventajoso Acuerdo cerrado con los sindicatos para adherirse a una reforma legal que incidía de lleno en la negociación colectiva, reforzando el desequilibrio de poder que este instrumento pretende nivelar.

La postura de la CEOE ante esta mesa de negociación pasa por desautorizar de lleno esta iniciativa. Para esta asociación, las reformas planteadas “impactarían negativamente sobre el empleo” y no daría “ninguna confianza” a las empresas españolas ni a los inversores. Una posición incomprensible, puesto que el núcleo central de las medidas adoptadas inciden sobre la negociación colectiva, la ultra actividad de los convenios y la preferencia aplicativa del convenio de empresa, y sobre los acuerdos de reorganización productiva, permitiendo la sindicalización de las comisiones que los negocian por parte de los trabajadores cuando no exista representación electiva en los centros de trabajo afectados, a lo que se une la remodelación de los esquemas que rigen la subcontratación en relación con las responsabilidades empresariales y adecuando la contratación de obra o servicio determinado a esta figura, como ha establecido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de diciembre de 2020, que con razón se ha definido por Eduardo Rojo como “la primera piedra” de la reforma del sistema de contratación temporal (http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/12/contratas-la-recuperacion-de-la-letra-y.html= )

Pero lo que llama poderosamente la atención en esta cuestión es el inmediato posicionamiento público en favor de las tesis de la CEOE de la ministra de economía y Vicepresidenta Segunda in pectore, Nadia Calviño, que, tras reivindicar su papel fundamental en el diálogo social presionando para “hacer más equilibradas” las reformas efectuadas, declaró a una emisora de radio que “la prioridad tiene que ser impulsar el crecimiento y la creación de empleo, recuperar a los trabajadores en ERTE y atajar el desempleo juvenil. Eso supone centrarnos en combatir la dualidad, reducir a tres los contratos –estable, temporal y de formación–, y un plan de choque de empleo juvenil”. Una desautorización por consiguiente de los objetivos perseguidos en la mesa de diálogo social, que considera despreciables frente a las políticas de empleo entendidas en clave de ajuste y creación de empleo. Y, con la prepotencia que caracteriza a este relevante miembro del ejecutivo, explicó que llevaba “desde el primer día”  tratando de dejar de “mirar al pasado y empezar a mirar al futuro”, insistiendo en la incorrección de un planteamiento que insistía en efectuar cambios en regulaciones “de hace diez años”.

De estas declaraciones llama la atención el alineamiento expreso con las tesis de la CEOE, del que podría deducirse la confirmación del papel que desempeña la Ministra y Vicepresidenta del Gobierno de agente político de los intereses económicos de las empresas. Es un hecho preocupante porque ningún miembro del poder público debe mostrar su parcialidad de forma tan evidente, más aún si se trata de los intereses económicos propios de las grandes empresas. Una conducta imprudente a la que nos tiene acostumbrada la Ministra Calviño posiblemente porque la considera algo connatural al sistema político, y que no tiene consecuencias negativas ni genera reacciones de rechazo por parte de otros miembros del Gobierno ni de los agentes sociales ni desde luego por los medios de comunicación y la opinión pública. El resultado es que se da por supuesto que los grandes empresarios sientan en el Consejo de Ministros a un poderoso representante que garantiza sus intereses en todo momento traduciéndolos en políticas públicas. Un hecho que subraya la consideración subalterna de las reivindicaciones sindicales consideradas siempre como “no prioritarias”.

Pero no es esto lo más relevante, sino la insistencia en considerar una “cuestión del pasado” la reforma de la legislación del 2012, por entender que lo que ahora conviene es centrarse en las exigencias de redefinir una política de empleo. Mirar hacia adelante, como “desde el inicio” – aunque el término temporal de este inicio permanece incierto en su discurso – dice haber mantenido la Ministra y Vicepresidenta, implica necesariamente contemplar el espacio de la negociación colectiva como un eje fundamental de modernización de las relaciones laborales en nuestro país, lo que parece habérsele escapado a Calviño. Derogar y sustituir determinadas reglas que atenazan la articulación flexible del sistema de negociación, introduciendo normas rígidas como la de impedir normativamente que los sindicatos y los empresarios modulen la estructura de la negociación colectiva, afirmando de manera imperativa que en todo momento una empresa pueda pactar a la baja un convenio de empresa con condiciones menos favorables que las regulados en convenios de ámbito superior, o que las partes no puedan seguir negociando tras un año después de denunciado el convenio, decayendo en este caso todo el contenido normativo del mismo, o en fin, que sean los sindicatos representativos quienes puedan ocupar el espacio vacío de la representación en los centros de trabajo en procesos de reorganización productiva, garantizando la bilateralidad de intereses que la propia norma intenta garantizar en los mismos, no son en absoluto aspectos del pasado remoto que es mejor olvidar. Se trata de elementos centrales en la revitalización de la negociación colectiva que la Unión Europea está promoviendo de manera muy potente, especialmente a través de la propuesta de directiva sobre salario mínimo europeo y fomento de la negociación colectiva.

Modernizar las relaciones laborales es un objetivo al que se deben someter las políticas de nuestro país en el marco del plan de recuperación y resiliencia derivado de la crisis del Covid. La negociación colectiva de una parte, y la racionalización de las estructuras empresariales que organizan la externalización de actividades, son elementos muy importantes en este proceso. Abordarlos justo en este momento, antes de que comience, ojalá en junio, sin que la que se prevé como cuarta ola de la pandemia produzca excesivos daños, la recuperación económica, es oportuno e inteligente, porque prepara la negociación colectiva para afrontar en mejores condiciones los retos que se le presentan en la recuperación proyectada y facilita la seguridad en la determinación de las responsabilidades empresariales y garantías de empleo en los supuestos de descentralización productiva. Se trata de ir afianzando elementos importantes del sistema de relaciones laborales que vayan preparando la transición hacia un nuevo modelo de futuro que regule el conjunto de nuestras relaciones laborales, el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que naturalmente supone mirar hacia adelante, pero modificando el pasado. Un pasado legislativo por cierto especialmente negativo para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que expresa un claro desequilibrio de las posiciones de poder entre empresarios y trabajadores.

Este es el elemento simbólico que la CEOE pretende preservar, aunque ello suponga mantener un diseño claramente disfuncional a unas estructuras económicas y sociales dinámicas, en donde la centralidad de la negociación colectiva, administrada por los propios sujetos colectivos que crean sus reglas, sea un elemento decisivo del nuevo marco regulador. Y donde se incorporen normas que faciliten el funcionamiento del sistema dotándole de garantías eficientes. Las políticas de empleo no pueden priorizarse como si fueran algo independiente de la regulación de las responsabilidades empresariales por su dominio de la organización de sus estructuras empresariales y la necesaria conectividad de éstas con un principio básico, afirmado durante todos estos tiempos  -¿”desde el inicio”? – de mantenimiento del empleo. La recuperación económica no puede fundarse en un empresariado asistido.

Por eso también es disfuncional a un proyecto de modernización de las relaciones laborales que un personaje tan importante como la Ministra de Economía y vicepresidenta segunda in pectore considere inconveniente proceder a regular aspectos muy fructíferos para el funcionamiento del sistema de negociación colectiva y de la organización empresarial. Debería saber y asumir como propias las instrucciones de la UE sobre este particular, y no mostrar un pensamiento reductivista según el cual sólo las políticas de incentivación pública a las empresas para la creación de empleo constituyen la clave de una “nueva normalidad” que por el contrario debe estar basada en la modernización de las estructuras productivas y del sistema de relaciones laborales en donde los agentes sociales desempeñen un papel muy relevante.

Eso sin mencionar que con su posicionamiento, la Ministra Calviño no considera prioritario cumplir con un compromiso del programa de gobierno en el que se integra, un acuerdo que por cierto ocupó un espacio muy importante en el compromiso de los dos partidos que lo componen con la ciudadanía de este país y que seguramente influyó decisivamente en el triunfo electoral de noviembre de 2019. Quizá el compromiso democrático que sustenta la acción del gobierno le resulte también subsidiario a la Ministra, pero esto merecería otra reflexión que no es oportuno explicitar aquí y ahora.

 

 

 

 

EL LADO BUENO DE LA HISTORIA

 

La amable audiencia del blog entenderá que hoy tenga que referirme a lo que la totalidad de los medios están acogiendo como noticia principal, y que se refiere a la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid para el martes 4 de mayo a la que el todavía Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, concurrirá intentando una lista común entre Unidas Podemos y Mas Madrid. Este pequeño comentario quiere subrayar solamente algunas cuestiones que me parecen de interés.

El anuncio de Pablo Iglesias estuvo precedido de una larga entrevista en el programa matinal de Ana Rosa Quintana a la que ya es candidata a la presidencia de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, uno de esos programas matinales de las televisiones privadas que con más ahínco están incidiendo en la desinformación de la ciudadanía y en la transmisión de valores reaccionarios en lo social y en lo económico, muy beligerantes con las opciones reformistas o de transformación social. En esta entrevista plenamente lisonjera a la candidata, Diaz Ayuso se regocijó de que le llamaran fascista, porque indicaba que lo estaba haciendo bien, para acabar afirmando, siempre entre risas, que el fascismo siempre está en el lado bueno de la historia. Un comentario que la entrevistadora aceptó, también desternillándose, porque hay que ver que simpática y dicharachera es esta presidenta.

Que alguien como Diaz Ayuso considere que el fascismo es el lado bueno de la historia no debe sorprender, porque toda su estrategia consiste en incorporar la forma de hacer política derivada del desprecio al adversario, de la rotundidad disparatada de sus opiniones y de la falsedad de sus afirmaciones, en una traslación casi automática de lo que supuso la forma de intoxicar la política de Donald Trump. El círculo siniestro de personas de las que se rodea – Enrique López, Miguel Angel Rodríguez, Fernandez Lasquetty – constituyen la hez de la propaganda y de la manipulación presente en la rama madrileña del Partido Popular, un partido que ha hecho de la corrupción económica y de la mentira su modo de estar en la política.

Diaz Ayuso repite sin problemas – sin complejos – las frases más absurdas, las opiniones más hirientes, difundiendo mentiras y juicios de valor sin ningún apoyo en la realidad. Sabe que lo importante es atraer la atención sobre su persona, llevar el debate político al terreno del insulto y de la falsedad, llenar las portadas y los informativos mientras en la sombra se siguen llevando a cabo los grandes negocios que sostienen a los grandes electores del PP. Díaz Ayuso y la cámara secreta que diseña su discurso han encontrado finalmente en la campaña electoral que ella misma ha iniciado para su exaltación como figura central en la derecha política del país, un slogan victorioso: Socialismo o libertad, importando así el que Mike Pence, vicepresidente de Trump empleó en su campaña electoral. Como sucede en el tiempo electoral, el elogio de la libertad como contrapuesto al socialismo se ha extendido por doquier, concretando esta exigencia en la reducción de impuestos, la libertad de trabajo, la libertad de movimientos, la libertad de capitales. La libertad de los propietarios.

Tras de su figura, se construye el imaginario de quien se ha rebelado – con éxito – frente al Presidente del Gobierno, sosteniendo la industria de la hostelería – y de la construcción, no hay más que ver los sobrecostes del Zendal – frente a las exigencias  sobre las medidas de seguridad ante la pandemia que cercenaban la libertad – aunque de los muertos de las residencias no hablemos – la que ha velado por el progreso y ha hecho de la región un imán para capitales e inversiones que harán la prosperidad inevitable pese a los obstáculos de los enemigos de la libertad partidarios de la nivelación social. Las encuestas señalaban que sus posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta en coalición con Vox eran casi seguras, auguraban la desaparición política de Ciudadanos, hoy socio denostado de Gobierno, dudaban sobre la supervivencia electoral de Unidas Podemos, bordeando el 5% requerido para entrar en la Asamblea, y situaban al PSOE y a Mas Madrid en la continuidad de su oposición impotente frente a un gobierno, esta vez ya decidido a la amputación traumática de los derechos sociales y al combate directo frente a la igualdad de género.

En ese punto, la irrupción de Pablo Iglesias como candidato ha alterado todo, dentro y fuera del espacio madrileño. Por lo pronto ha revolucionado la campaña y ha dado esperanzas a la izquierda, con su propuesta de recomponer en una sola lista electoral a Mas Madrid y a UP, en la idea de compartir lealmente ese amplio espacio del cambio con el PSOE en un futuro gobierno de coalición. Es una decisión personal arriesgada, pero que sin duda responde a una exigencia de unidad en la izquierda frente a la potente maquinaria económica-mediática que sostiene al PP madrileño como garante de sus inmensos beneficios y que confía en capturar una buena parte de los fondos europeos para la recuperación económica. El sindicalismo, los movimientos vecinales, las organizaciones feministas y en general el conjunto de movimientos sociales de Madrid requerían un proyecto de cambio que ante todo es de resistencia frente a la hegemonía electoral, política e ideológica del conglomerado PP-Vox que simboliza el tándem Ayuso / Monasterio. Una relación descompensada en favor de la primera, que concentra más atención y despliega más agresividad, y a la que la candidatura de Iglesias ha cogido a contrapié, alcanzando sólo a alterar los términos de su oposición: comunismo o libertad es ahora la frase de combate.

A partir de ahora el espacio mediático será, de nuevo, extraordinariamente relevante. Es seguro que los ataques sobre la izquierda y en concreto sobre Iglesias se recrudecerán. Hay demasiados intereses en juego, Madrid tiene tanta riqueza al alcance de sus propietarios que no será fácil disputarles el pleno disfrute de su dominio, que garantizarán sin problemas PP y Vox. A lo que sin duda se debe unir, como ha sucedido hasta el momento, nuevos episodios de lawfare, como el que ha impedido que Isa Serra pudiera encabezar la lista regional de UP en estas elecciones. Inhabilitada previsiblemente por participar en una acción de protesta por un desahucio hace siete años, en el 2014, condenada por el TSJ de Madrid sobre la base de las declaraciones de los agentes que declararon ser agredidos por ésta. Ya algunos expertos han comenzado a explicar a la sociedad que la irrupción de Iglesias producirá un efecto inverso en el electorado, la izquierda en su conjunto perderá, porque la campaña se polarizará y los votos posibles al PSOE se retraerán o incluso apoyarán a Ayuso. El juego de las encuestas está comenzando, pero un castizo diría que ya que estaba casi con total certeza todo, mejor pensar en una candidatura unitaria de la izquierda del PSOE que se irrogue el papel de combatir con firmeza a la ultraderecha y pueda movilizar a grupos de la ciudadanía que se han abstenido tradicionalmente en estas convocatorias electorales. Al menos dar la batalla y pensar que el PP de Madrid será derrotado y expulsado del gobierno.

Y más aún. Diaz Ayuso corrompe la noción de libertad cuando la aplica a la realización de su programa. La libertad del PP es la libertad del dominio sin controles, la violencia del poder económico y el desprecio por los ciudadanos económica, social y culturalmente sometidos. Y cuando habla de comunismo contraponiéndolo a la libertad, no sólo demuestra la indignidad de su persona, sino su ignorancia descomunal. Se dirá que quien ha blasonado del hecho de ser llamada fascista, por entender que el fascismo está en el lado bueno de la historia, no iba a afirmar otra cosa. A muchas personas de mi generación, sin embargo, nos ha gustado que Pablo Iglesias reivindicara la radical democraticidad de la noción del comunismo como doctrina política y que rescatara públicamente la trayectoria antifascista de los y las comunistas de este país en la lucha contra la dictadura y en la construcción de la democracia, subrayando su aportación sustancial a la constitución española. Y le damos las gracias por dar voz a tantos sacrificios y renuncias personales, a tantas expectativas demasiadas veces defraudadas en un futuro mejor, más igualitario y amable.

Además de bajar a la arena de la competición electoral para hacer frente a la ultraderecha y a la corrupción, la decisión de Iglesias ha tenido otras consecuencias muy importantes fuera de este campo de acción. La promoción de Yolanda Díaz a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, manteniendo la cartera de Trabajo y Economía Social, es especialmente relevante. No sólo porque con ello se reconoce una actividad política que ha posibilitado paulatinamente una serie de cambios sustanciales en nuestras relaciones laborales, y que lo ha hecho generando un consenso social impensable hasta hace muy poco tiempo, sino porque refuerza su posición en la profundización de las reformas proyectadas que son imprescindibles en un esfuerzo de adaptación del marco institucional a un sistema de negociación colectiva articulado y a la fijación de coordenadas estables que culmine en una regulación completa de las relaciones laborales en nuestro país.

Además de ello, la propuesta de que en las próximas elecciones la cabeza de cartel de la coalición UP sea también Yolanda Díaz supone una noticia extraordinaria con la que personalmente muchas personas de mi entorno nos sentimos plenamente identificados y extremadamente contentos. Ella en efecto posee una gran capacidad de generar consensos en torno a un proyecto esencialmente democrático y emancipatorio que debe ir afirmándose ampliamente en nuestro país en los próximos tiempos. Tiempo habrá de ir desarrollando este proyecto, pero es sin lugar a dudas otro elemento extremadamente positivo.

En el lado bueno de la historia no está el PP ni Isabel Díaz Ayuso. En ese espacio, que está siempre marcado por el conflicto y la resistencia, se sitúan las mujeres y los hombres que combaten por mejorar las condiciones de trabajo, reducir las desigualdades, sostener la vida y garantizar la seguridad de la existencia de la mayoría de las personas que vivimos y trabajamos en este país. Ese es el lado correcto de la historia, siempre acechado por la codicia del dinero y la especulación, el desprecio por la democracia, la violencia del dominio sobre las personas y la sumisión de la existencia humana a la lógica de la explotación. No pasarán.

 

 

 

 

EL ACUERDO SOCIAL SOBRE LA “LEY RIDERS”

 

El miércoles 10 de marzo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social obtuvo un acuerdo con CEOE-CEPYME y CCOO y UGT sobre la regulación de los derechos de los trabajadores en las plataformas digitales, conocidos como “riders”. El Acuerdo fue explicado a la prensa por la Ministra Yolanda Díaz en la mañana del jueves 11 de marzo, y pese al interés del tema, ha obtenido un modesto seguimiento mediático ante la irrupción en esas mismas fechas del cisco fenomenal entre las formaciones políticas de ciudadanos y del PP, que ha concentrado el foco de los comentarios y noticias nacionales.

Con este acuerdo se cierra la larga negociación de esta materia, que se abrió el 28 de octubre de 2020 al constituirse la mesa de negociación al respecto, con el impulso que la STS de 25 de septiembre de 2020, en el caso Glovo, había generado al afirmar la condición de trabajadores subordinados por cuenta ajena de las personas que trabajaban en el sector del reparto por plataformas. El proceso de negociación ha sido sin embargo tormentoso y atormentado puesto que las presiones recibidas para permitir una posición contraria a la laboralidad plena de los “riders” han sido extremadamente fuertes, puesto que las principales plataformas del reparto son fuertes empresas transnacionales que presionan no sólo en nuestro país sino también en Europa, constituidas como potentes lobbies. En España, además, la negociación se enfrentaba a una CEOE dividida, y a la fuerte oposición del Ministerio de Economía, sobre el que el lobby de las empresas de plataformas tenía una fuerte ascendencia. Por parte sindical, se quería aprovechar esta oportunidad para construir una norma que abordara el problema de los falsos autónomos en general y que en el tema específico de la economía de plataformas impusiera elementos de control a la actuación de estas empresas.

En los últimos tramos de la negociación, se incrementó la presión patronal, y se produjeron algunos cambios importantes de estrategia. No sólo se produjo el cambio de firma de abogados que llevaban estos conflictos, que ahora se han traspasado a Cuatrecasas abandonando Sagardoy, sino que la resistencia activa a considerar doctrina general la mantenida por la STS de 25 de septiembre de 2020 se manifestaba en el cambio frecuente de los contratos celebrados con los “riders” a su servicio y la consideración de la doctrina del Tribunal supremo como atinente a un caso concreto, que debía ser revisada ante cada nuevo supuesto particular. Por último, con gran despliegue propagandístico, se recurrió a la movilización de los propios trabajadores para que reivindicaran la libre elección sobre la modalidad contractual que se les debía aplicar, y se organizaron manifestaciones en varias capitales del país en las que los “riders” exigían ser trabajadores autónomos.

La línea de ataque de las empresas de plataformas veía alejarse la viabilidad de su propuesta inicial, que era la de encontrar una figura intermedia en la que no pudiera apreciarse la existencia de subordinación, aunque si una cierta dependencia económica, creando la figura del trade digital, en cuyo favor alegaban algunos datos de legislación comparada, como el caso italiano. Una línea de acción que se conjugó entonces con el cambio en los contratos efectuados y la defensa de un principio de  libre elección por parte del trabajador de su relación contractual con la empresa sobre la base de la libertad de contratación y la exigencia de las personas contratadas de poder disponer de su vehículo para utilizar su tiempo con plena autonomía.  Sin embargo, las últimas decisiones judiciales que se iban conociendo desde Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, confirmando la aplicación de los derechos laborales individuales y colectivos a este personal, caminaban en un sentido contrario.

Este es el contexto en el que se produjo el Acuerdo Social referido, y sobre el que puede consultarse una relación perfectamente descrita por Francisca Ferrando, catedrática en la Universidad de Murcia, y publicada en esta nueva página aquí https://www.net21.org/reflexiones-sobre-la-regulacion-del-trabajo-a-traves-de-plataformas-digitales/ . Para lograr este pacto, el texto ha tenido que reducirse a lo que se ha conceptuado como elementos esenciales, desprendiéndose de muchas otras cuestiones que salieron en el proceso de negociación y que finalmente no han accedido al mismo. Se reduce a la situación laboral de los trabajadores de reparto, sin que por consiguiente – y lo remarcó la Ministra de trabajo en su presentación – se pretenda regular la actividad económica de las plataformas, que pertenece al ámbito de competencias de Economía y a la vicepresidenta Nadia Calviño.

El eje central de este texto es la inclusión declarativa de los trabajadores de reparto al servicio de las plataformas en la relación laboral. Se establece como una presunción en conexión con la que establece el art. 8.1 ET “entre todo el que presta un servicio por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución de aquel”, y como tal presunción puede ser destruida si se prueba que en el supuesto concreto se trata de alguna de las relaciones excluidas por el art. 1.3 ET. El texto se añade al ET como una Disposición Adicional 23ª que lleva por título “Presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto”, y su tenor literal es el siguiente: “Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.

 Inclusión plena en el ámbito de la subordinación y de la ajenidad de esta categoría de personas, mediante una presunción que permitirá aflorar para la Seguridad Social a miles de trabajadores y que permitirá por consiguiente el reconocimiento de partida, sin necesidad de acudir a los tribunales, de los derechos individuales y colectivos correspondientes a la relación laboral ordinaria, sin ser calificados en ninguna situación intermedia.

Pero precisamente en lo que se refiere a los derechos colectivos, el texto del Acuerdo incorpora una nueva norma extremadamente interesante, situándola en el marco de los derechos de información a los representantes de los trabajadores. El art. 64 Et, que regula las competencias de la representación electiva en la empresa, añade un nuevo apartado d) que reconoce el derecho a  “Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”. En este caso, la sentencia del tribunal de Bolonia sobre la carencia de neutralidad de los algoritmos empleados por las plataformas de reparto (cuyo resumen se abordó en esta entrada del blog https://baylos.blogspot.com/2021/01/el-algoritmo-no-es-neutral-no-permite.html ), ha influido sin duda en el establecimiento de un deber de información sobre las características del algoritmo empleado en su relación con la forma de organización del trabajo. Una información que no solo evitará, como en el caso italiano, sesgos discriminatorios por motivos sindicales, o previsibles sesgos desfavorables de género, sino que permitirá la negociación del algoritmo como un elemento central en la organización del trabajo, la determinación salarial y el registro del tiempo de trabajo. Un nuevo elemento imprescindible en la deseable contratación colectiva que deberá desarrollarse en este sector a partir de la modificación legal.

La última norma que recoge el Acuerdo es la relativa al plazo de tres meses que se da a las empresas de plataformas de reparto para adaptarse a esta nueva regulación que laboraliza a sus empleados y que construye un derecho de información ante los órganos de representación de los trabajadores que deben ir conformándose a partir de este momento, lo que también plantea a los sindicatos un reto organizativo importante en el sector.

El Acuerdo quiere trasladarse a una norma de urgencia, el Decreto-Ley, sin perjuicio de que seguramente será, luego de su convalidación, tramitado como ley ordinaria. Pero para poder ser debatido y promulgado, es necesario que pase la tramitación oportuna, por lo que todavía tardaremos en verlo en el Boletín Oficial del Estado.

El Acuerdo se ha apartado de una concepción amplia de regular los supuestos de falsos autónomos, y se ha concentrado en el sector del reparto, sin alcanzar a otrao tipo de plataformas digitales, como las de cuidados que eran especialmente reivindicadas por los sindicatos. No ha abordado tampoco aspectos importantes que sin duda serán materias litigiosas en el futuro. Entre ellas, y como ha señalado Francisca Ferrando en la entrada citada, la limitación de la subcontratación en actividades que presentan niveles de siniestralidad relevantes, a semejanza de lo que sucede en el ámbito de la construcción. De otro lado, se debería reforzar el control del fraude en la subcontratación mediante empresas aparentes e interpuestas, y, en particular, el recurso a cooperativas de trabajo asociado por parte de las plataformas, como se ha venido haciendo fraudulentamente en el sector cárnico.

Sin embargo, no cabe duda de que se trata de un paso adelante muy importante, que sin duda va a tener una repercusión evidente en el derecho comparado al suponer una iniciativa legislativa relevante en orden tanto a los proyectos de directiva sobre plataformas – como ya lo ha subrayado Leïla Chaiblit, europarlamentaria del grupo GUE-NGL que impulsa esta Directiva – y también el trabajo que sobre el tema ha de desarrollar la OIT. Es además una muestra de la capacidad negociadora de los sujetos sociales y de su adaptabilidad a las nuevas realidades laborales y sociales. El Acuerdo dota de solidez y legitimidad a una norma que, en lo sustancial, recoge dos elementos muy importantes en la regulación del trabajo en las plataformas digitales: la consideración de las personas que trabajan en el sector del reparto como personas a las que se aplica el Derecho del trabajo y por tanto los derechos individuales y colectivos que éste reconoce y garantiza, y la ruptura de la opacidad del algoritmo como elemento distribuidor de tareas y de la organización del trabajo, que debe formar parte de los contenidos de la negociación colectiva.  

11 DE MARZO: MOVILIZACIONES SINDICALES POR EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA SOCIAL

 

La atención de los medios está concentrada en las vicisitudes políticas de Madrid y la disyuntiva ayusiana entre socialismo y libertad que jalona el discurso de su presidenta autonómica junto a inequívocas referencias ultraderechistas e insultos tabernarios. Todos los medios hoy discuten sobre mociones de censura y convocatoria de elecciones, de los gobiernos autonómicos que están en el aire ante la ruptura entre los dos partidos de la derecha que gobiernan con el apoyo de la extrema derecha, el carácter ecuménico del PSOE que extiende sus brazos a derecha y a izquierda, la intervención segura del Tribunal Constitucional en favor de las elecciones en Madrid. Todo conspira por consiguiente para que pase desapercibido un hecho importante: la movilización de los sindicatos para forzar al gobierno a que cumpla la “agenda social” a la que se comprometió.

La amable audiencia del blog posiblemente entienda que esta omisión no es algo nuevo, que está en la naturaleza de las cosas, una forma elíptica de llamar a la desinformación cotidiana que normalmente se sufre en lo referente a la posición de los sindicatos y sus planteamientos sobre la realidad social. Como las movilizaciones son pacíficas y se desarrollan sin enfrentamientos con la policía, tampoco son objeto de comentario negativo o criminalizador en los grandes medios. Permanecen por tanto en un lugar apartado, a disposición de la afiliación de los sindicatos, pero sin que se integre en el cúmulo de hechos destacables para la información de la ciudadanía.

El caso es que la incidencia de la crisis provocada por la pandemia y su continuidad merced a las olas de contagio sucesivas, se ha integrado en la estrategia sindical, no sólo a través de su participación mu activa en el diálogo social para desarrollar medidas sociales durante el estado de alarma, sino en la construcción de un tejido informativo y de ayuda al conjunto de las y los trabajadores en los momentos más duros del confinamiento, y ahora desplegando su actividad en las mesas de negociación de los convenios colectivos, a la vez que se mantienen las movilizaciones y las huelgas en sectores y empresas tanto en defensa de los derechos reivindicados como en respuesta a las agresiones patronales sobre el empleo.

Pero esta actividad sindical requiere cambios legislativos que eliminen muchos de los obstáculos a la negociación colectiva y a la realización de derechos individuales y colectivos que van cobrando una importancia mayor, como los derivados del cambio digital. Es imprescindible continuar con un proceso de recuperación de derechos y de seguridad en el trabajo que encuadre correctamente el período de recuperación que se abra tras el final de los efectos de la pandemia por obra de la vacunación masiva y la progresiva puesta en marcha de la economía. Se trata además de cambios normativos señalados desde hace mucho tiempo y cuya puesta en marcha es fundamental para encuadrar con mayor facilidad la negociación colectiva y las transiciones que se presentan como imprescindibles en los diferentes sectores productivos.

Esa es la razón por la que hoy, 11 de marzo, CCOO y UGT han convocado concentraciones en más de 50 puntos geográficos del país para reivindicar el cumplimiento por el gobierno de la llamada agenda social de reformas sociales. La cúpula directiva de ambos sindicatos representativos, los dos secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, estarán presentes en la que se desarrolla en Toledo, a las 12,00, en la plaza de Zocodover, junto a sus homólogos en las organizaciones regionales: La UGT, que acaba de celebrar su octavo congreso regional en el que se ha sustituido a su histórico líder, Carlos Pedrosa, por Olga Arribas, y CCOO con su secretario regional, Paco de la Rosa, a su cabeza. Una buena opción la de situar el acto central fuera de Madrid, en principio por la coincidencia con los actos en memoria de las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, reforzada hoy por la barahúnda de los reproches e invectivas entre las derechas gobernantes en Madrid y en otros territorios del país.

El lema de estas concentraciones es el de Ahora sí toca, y tiene vocación de continuidad todos los días once de cada mes hasta que el gobierno atienda las demandas sindicales y cumpla sus compromisos. No se dice expresamente, peor implícitamente es evidente que si el tiempo pasa sin que se obtenga un resultado, el tipo de movilización deberá ser modificado y aumentar la presión. Se prevén como se ha dicho en más de 50 puntos, normalmente ante la Delegación del gobierno, y sostienen una serie de puntos programáticos.

En efecto, CCOO y UGT entienden que “es urgente, una vez que se ha iniciado la vacunación y se ha priorizado la salud de la ciudadanía, que es necesario poner en marcha la agenda social pendiente y comprometida por el gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos, y poner en primer lugar a las personas en las políticas de reconstrucción de este país”. Una agenda que se condensa en aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y derogar las reformas laborales y de pensiones, como pilares fundamentales, pero junto a ello también ampliar los ERTE, firmar un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, regular las plataformas digitales, una ley de igualdad salarial y un plan de choque contra la siniestralidad.

Se trata por tanto de todo un programa de reformas en las que destacan, de manera más concreta, la subida del salario mínimo que se aplazó en enero, contra la opinión tanto de la Ministra de Trabajo como del secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE. Los sindicatos consideran injustificable la negativa del Gobierno a subir el SMI, un aumento que se aplica a sectores que aglutinan a colectivos más vulnerables y muchas personas trabajadoras de sectores esenciales, y recuerdan que el Gobierno se comprometió a dar cumplimiento a lo establecido en la Carta Social Europa respecto a situar el SMI en el 60% del salario medio neto en esta legislatura, por lo que es preciso que proceda antes de junio a incrementar el piso mínimo de contratación.

Respecto de la reforma del sistema de pensiones, UGT y CCOO recuerdan que también es un compromiso desarrollar las recomendaciones del Pacto de Toledo y abordarlo en la mesa del diálogo social. Existe una gran confusión en este tema, puesto que el Gobierno no cesa de lanzar propuestas a través de los medios de comunicación, sin presentarlos para el debate en la mesa del diálogo social, con propuestas como la de la ampliar de 25 a 35 años el periodo de tiempo para calcular la pensión de jubilación, o alargar la edad de jubilación, que no pueden ser aceptadas y que no se encuentran además entre las recomendaciones aprobadas en el Pacto de Toledo. La derogación de la penosa reforma de las pensiones del 2013 es por tanto prioritario.

En materia de negociación colectiva, constituye un requisito fundamental para una nueva etapa de contratación de condiciones de trabajo y  de empleo adecuadas a la transición económica  post-crisis, la derogación de los preceptos que introdujo la reforma del 2012 respecto de la ultraactividad y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, a lo que se debe unir la regulación de las subcontratas, y subsiguientemente de algunos elementos de la contratación temporal de obra y servicio ligadas a los fenómenos de externalización productiva, que la STS de 29 de diciembre de 2020 ha puesto sobre el tapete. La reforma del despido colectivo, por último, es a su vez imprescindible, con carácter urgente, para evitar que se produzca una mayor destrucción de empleo en los próximos meses a la salida del período cubierto por los ERTEs y la legislación derivada del estado de Alarma.

Por último, ya en un plano más general, la concentración recuerda el compromiso de alcanzar un texto que regule el trabajo en las plataformas digitales, cuestión que ya es una realidad porque hoy mismo presentará el acuerdo alcanzado al respecto entre los interlocutores sociales la Ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, y que merecerá un comentario especial en este blog. Junto a ello se solicita una ley de igualdad salarial que combata de manera eficaz la brecha de género y se anticipe a los elementos centrales de la Directiva de transparencia retributiva, y, finalmente, pactar un plan de choque contra la siniestralidad laboral, en el que se incluya a su vez la vertiente sanitaria y la redefinición de accidentes laborales y enfermedades profesionales tras el Covid.

En síntesis, un programa de reformas que se proyecta sobre la interlocución política a través de un intenso proceso de diálogo social, que pueda sostener y facilitar la recuperación de la negociación colectiva, como eje a su vez de la recuperación económica y del empleo post-crisis. Un conjunto de materias que programan un cambio progresivo del marco institucional, a la espera de formalizarlo en una nueva regulación general de las relaciones individuales y de los derechos de representación y de negociación colectiva que se promete como “Nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI” en los programas de gobierno y que por el momento se desplaza, razonablemente, a un momento posterior.