RESULTADOS ELECTORALES (PÉSIMOS) Y TAREAS POR HACER (INELUDIBLES)

 

Los resultados de las elecciones locales y autonómicas han generado frustración y bastante decepción entre la audiencia de este blog (y en tantas otras personas que habían ejercido su derecho de voto en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas). Casi sin dar tiempo al duelo correspondiente ante el resultado, el presidente del gobierno ha decidido disolver las cámaras y convocar elecciones para el 23 de julio de este año, adelantando así el ciclo electoral que correspondía en diciembre. Serán muchos los comentarios que esta convocatoria electoral genere, pero era previsible que también en este blog se intentara emitir alguna opinión aunque apresurada y no contrastada con otros pareceres amigos.

La primera aproximación ya la están haciendo las fuerzas políticas. Y es la necesidad de reorganizar las diferentes formaciones dispersas de la izquierda transformadora en el conjunto de SUMAR, donde el liderazgo de Yolanda Díaz es indiscutible, y generar un programa mínimo de acción que insista en las conquistas sociales efectuadas a la vez que articule un proyecto de reformas en sectores clave, como la vivienda o el territorio, además del fortalecimiento potente de los servicios públicos de sanidad y educación, y el despliegue de los derechos laborales en torno a la democratización efectiva de las relaciones laborales. Un movimiento que necesariamente tiene que abarcar a la totalidad de las figuras organizativas existentes, sin que quepa frente a ello resistencias ni reproches. La coalición de progreso que ha sostenido el gobierno ya puede darse por descontada ante la deslegitimación de estas elecciones, y es previsible que dentro del PSOE se esté manejando la posibilidad de una recomposición del bipartidismo, dado el ejemplo que suministra el propio PP con la anexión de Ciudadanos. Lo cierto es que el espacio a la izquierda del PSOE se encuentra en una posición complicada si no reacciona rápidamente en la línea señalada.

El problema de fondo es que el triunfo de las candidaturas del Partido Popular, la capacidad que ha tenido de absorber la totalidad del voto de Ciudadanos y de subsumir en sus filas a los intelectuales que militaban en ese partido, como recientemente ha sucedido con Luis Garicano, se acompaña de la apropiación del circuito democrático-representativo por una ideología neoliberal en lo económico y claramente iliberal en materia de derechos de ciudadanía, gracias a la normalización de la fuerza política de la ultraderecha, VOX, que entra de manera natural en la gobernanza del país en alianza con el PP. Es importante destacar este hecho, porque el mecanismo electoral ha permitido que el negacionismo de derechos fundamentales derivados de la igualdad de género, la exaltación de la xenofobia y de la agresión racial, el antisindicalismo  como programa, la banalización del cambio climático y la reivindicación del golpe militar y de la dictadura como reacción frente a las mayorías sociales, constituyan hoy un elemento legitimado por importantes partes de la población e integrado sin ninguna problematicidad por el partido de la derecha política española. Frente a esta conjunción del PP y Vox no se ha alzado ningún cuestionamiento profundo en torno a la evidente inconstitucionalidad de las propuestas de la extrema derecha que, por el contrario, están permeando y sustituyendo las propias del Partido Popular, como sucede con la de ilegalización de partidos políticos plenamente constitucionales.

Esta contaminación autoritaria que sugiere el resultado de las elecciones supone desde luego que el instrumento de verificación de la voluntad popular, organizado en torno a un sistema electoral que castiga las minorías, no es capaz de reflejar fielmente ésta, en un contexto de desinformación y de creación de opinión pública en manos de poderes económicos muy relevantes, pero a su vez llama la atención sobre la deriva del discurso de las fuerzas políticas de izquierda hacia cuestiones que posiblemente no afectan directamente a las condiciones de existencia de una parte importante de la población que normalmente debería reaccionar positivamente ante los proyectos de reforma de estas fuerzas de progreso.

El futuro que se describe a partir de una posible repetición de estos resultados en julio de este año interpela directamente a las personas que trabajan y a los sujetos colectivos que las representan. Es un momento crucial para mantener los derechos laborales que en estos cuatro años se han ido afirmando a través de un fatigoso proceso de diálogo social que ha conseguido además un cuadro económico extremadamente favorable y positivo. Un marco institucional que debería tener una segunda fase de despliegue de derechos que precisamente se quiere impedir, procediendo también a la cancelación de posiciones colectivas e individuales de respeto del derecho al trabajo, así como a la eliminación de prestaciones y ayudas sociales. El PP no habla de su programa laboral (que será económico) ahora porque en este proceso electoral el marco de su discurso tenía que evitar hablar de la situación económica general y de cómo evoluciona el mercado laboral, pero ya hay algunas señales muy directas. Su recién incorporado intelectual cimero ha indicado en un tuit que se trata de acabar con el “peronismo electoral”, consistente en “el reparto generalizado de ayudas y la criminalización de las empresas”, lo que a su juicio “es ampliamente rechazado por los ciudadanos”. Este ex diputado no parece atender a las recomendaciones del Parlamento del que formaba parte hasta que decidió su salto a la derecha política extrema, pero es bien indicativo del discurso antisindical y antisocial que nos espera.

 En efecto, el  Parlamento Europeo, que afronta a su vez su renovación dentro de un año pero que no se caracteriza por una contundente mayoría progresista, acaba de aprobar una resolución, el 11 de mayo de este año, sobre una “hoja de ruta sobre una Europa social, dos años después de Oporto”, (P9_TA(2023)0203) en la que coincide con la importancia de reducir las desigualdades de ingresos y luchar contra la pobreza, y esta misma resolución critica que el Pilar de Derechos Sociales no ha sido todavía suficientemente desarrollado y que por tanto son necesarias acciones legislativas en especial en el tema de protección social y de vivienda, además otras medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo y las condiciones de vida de los ciudadanos, recalcando a su vez que “el diálogo social, la democracia en el lugar de trabajo y el derecho a la negociación colectiva son fundamentales para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y la consecución de una convergencia al alza de las condiciones de vida y de trabajo en toda Europa”. En concreto, la Resolución “pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales de la Unión, por tanto, que trabajen para alcanzar una mayor cobertura de la negociación colectiva, de al menos el 80 %, de aquí a 2030, con vistas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en la Unión, lo que contribuirá al bienestar en el trabajo, a una convergencia social al alza y a reducir la pobreza de los ocupados, la exclusión social y la desigualdad salarial; señala que la pobreza de los ocupados debe abordarse garantizando salarios dignos; destaca la necesidad de impulsar la adopción de programas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional para empoderar a los trabajadores y reforzar la competitividad”, recuerda que se han salvado miles de puestos de trabajo gracias al instrumento SURE que “debe seguir en uso durante toda la situación excepcional actual y seguir basándose en préstamos y activarse rápidamente en caso de nuevas conmociones financieras o económicas externas”, y señala  “la importancia de reducir las desigualdades de ingresos y luchar contra la pobreza, ya que el 21,7 % de la población de la Unión en 2021 (95,4 millones de personas) estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, y pide un compromiso para alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza de la Unión a este respecto”.

Lo cierto es que el programa social y laboral que se ha ido puesto en marcha por el gobierno de coalición progresista a partir de noviembre de 2019 está en peligro tanto en cuanto que una buena parte de sus contenidos han sido objetados tanto por el Partido Popular como de la extrema derecha de VOX. Pero además la posible victoria de estas figuras políticas en julio de este año implicaría asimismo la imposibilidad de desarrollar y debatir un programa de reformas en materia laboral imprescindible. En este sentido, hay tres grandes campos de debate que se deben explorar y sobre los cuales tanto la Fundacion 1 de mayo como el grupo de profesores NET21 iban a trabajar tras el verano: en primer lugar, la recomposición y propuesta del sistema de despido, aprovechando el más que previsible fallo del CEDS sobre la incompatibilidad del sistema indemnizatorio basado exclusivamente en la antigüedad del trabajador con el art 24 de la Carta Social Europea resolviendo las dos reclamaciones colectivas de UGT y CCOO al respecto. El segundo tema para el debate, el relativo al uso del tiempo de trabajo y su relación con el tiempo de vida y de cuidados y en ese contexto el análisis de los mecanismos de flexibilidad contratada de gestión del tiempo y la reducción de jornada, y el tercero el muy decisivo debate sobre la democratización de la empresa, los procedimientos de negociación y consulta, la estructuración orgánica de la participación de los trabajadores y otras iniciativas. Son por consiguiente elementos centrales en un programa de reformas que evidentemente no podrían tener viabilidad en el contexto político que se diseña.

Un contexto político terrible que no se detiene en la frustración de estas expectativas, sino que, en razón de la mayor o menor aceptación del ideario político de Vox, supondrá el fin del diálogo social y la confirmación del cesarismo político que ya conocimos en el ciclo de la crisis 2012-2014 en nuestro país dirigido por el Partido Popular.  Junto con la restricción de la libertad sindical, de la participación institucional y del derecho de huelga, que forma parte del acquis político de la extrema derecha española que a partir de ahora se legitima electoralmente como fuerza de gobierno.

El sindicalismo confederal sabe que se encuentra ante una encrucijada. Debe volcarse en explicar a sus afiliados y en general a la población lo que está en juego, la pérdida de tantos derechos imprescindibles y la posibilidad de avanzar en el desarrollo de derechos básicos para las personas que trabajan. No debe confundir la autonomía de su proyecto político con la indiferencia ante el devenir político de figuras asociativas sustancialmente comprometidas con la defensa de la desigualdad y el desarrollo ilimitado de los poderes salvajes que acentúan la asimetría del dominio en la producción y la desprotección dispar en el área de la reproducción social. También para estos sujetos colectivos el tiempo electoral en lo político es un tiempo de compromiso en la defensa de lo social, manteniendo siempre la autonomía en su campo de acción, pero interviniendo en el debate desde sus propios planteamientos y en sus espacios privativos, los lugares de trabajo, los medios de información propios, los emplazamientos donde se realiza el trabajo de reflexión y de análisis.

Julio está aquí al lado. Esperemos que se sepa tejer una trama que no solo resista la irrupción del dominio autoritario, sino que ayude a construir un tejido fuerte y permanente que preserve los derechos individuales y colectivos ya obtenidos y ayude al desarrollo de un proyecto de reforma social fuerte y decidido. A ello hay que dedicarse a partir de mañana mismo.

DE LA REVOLUCIÓN AL AUTOEMPRENDIMIENTO: UN MURO EN BERLÍN. HABLA TARSO GENRO

 

Hoy es un día de elecciones en España. Se vota en las ciudades y en algunas comunidades autónomas. El resultado se interpretará en clave nacional, más allá de la dirección que se imponga en los equipos de gobierno de los ayuntamientos. Este blog ha elegido como lectura de este día electoral una reflexión de Tarso Genro sobre la crisis de los partidos, la situación en Brasil y la conformación de un sujeto político que impulse un cambio social profundo, con toda su complejidad. Una lectura a contracorriente de las que normalmente se deberían proponer hoy, pero que pretende mirar al futuro en una jornada en la que este tiempo por venir está comprometido en nuestro país. Buena lectura!!

La debilidad histórica de las fuerzas políticas democráticas y de los partidos de izquierda, en general, para defender el país, los derechos de los trabajadores -prácticamente ausentes en los momentos de resistencia para preservar sus derechos devastados por el bolsonarismo-, la débil resistencia de la academia -intimidada por el avance del fascismo- y el silencio casi sepulcral de la gran mayoría de la burocracia estatal en todos los niveles, en resistencia a la dilapidación del Estado Nacional, contribuyeron en gran medida a la creación del espíritu aventurero que intentó dar un golpe de Estado en nuestro país. La base social movilizada en este período fue siempre mayoritariamente bolsonarista y de corte popular y decía, explícitamente, que quería transformar su política necrófila en un nuevo orden estatal dirigido por un iluso.

En resumen, el golpe no se produjo porque Lula ganó limpiamente las elecciones y obtuvo el apoyo de una parte significativa del centro y de la llamada derecha civilizada, porque la mayoría de las Fuerzas Armadas no se sumó y el Tribunal Supremo, a través de la mayoría de sus jueces, decidió hacer cumplir la Constitución. No hubo una presión popular significativa para desgastar el golpe y oponer un movimiento de masas, politizado y democrático a sus objetivos destructivos. No se trata de "traición", sino de la ausencia de un grupo dirigente orgánico en la izquierda, capaz de tener una voz pública autorizada para salvar al país de la marginalidad fascista que merodeaba por los cuarteles, amenazaba las instituciones y prometía una dictadura que, cercana al Régimen del 64, dejaría a éste como una mera experiencia de la derecha civilizada.

Un proceso civilizatorio en crisis significa, más allá de cambios en las formas de producción, un cambio en el comportamiento de los sujetos políticos y cambios de rasero en el comportamiento de las bases sociales que hoy dan sentido al orden democrático. La empresa industrial fue el lastre sobre el que se construyeron las concepciones apologéticas, conservadoras, reformistas o revolucionarias del orden. Para las fuerzas conservadoras, el problema es claro: cómo mantener el orden dentro de un flujo de ideas, movimientos, desorden, regulaciones productivas, donde las nuevas ambiciones de acumulación privada pueden al mismo tiempo entrar en conflicto, competir y estabilizar -mínimamente- sin impugnar las formas predominantes de combinación de la paz social, que son a la vez conflictivas y estabilizadoras. Para las fuerzas del cambio, la cuestión es otra: ¿cómo reciclarse, como organización política, para mantener la democracia como un "devenir" incesante, por un mundo más humano e ilustrado?

La pregunta no es desesperada, pero la respuesta no es fácil. Si es cierto que el fascismo bloqueó las luces, allí donde las sociedades concretas se iluminaban con las revoluciones, los costes del cambio por la igualdad dejaron huellas brutales, que ofrecieron capacidad reparadora a la oscuridad o reedificaron, a partir de sus escombros, las posibilidades deslegitiman la construcción de un nuevo orden social que reconcilie a la humanidad con la naturaleza, a los sujetos sociales con la democracia sin fin y la reconstrucción de la idea de comunidad planetaria, basada en la premisa de que hombres y mujeres "nacen iguales en derechos", idea suprimida por la concreción "de la creciente primacía de la economía monetaria (.... ) una de las manifestaciones más notables de la virtualización en curso (...) donde el mayor mercado del mundo es el de la propia moneda. " Extensión de la empresa real es la antítesis virtual (que existe como otra realidad) de la comunidad industrial moderna.

"La organización clásica (de esa empresa) reúne a sus empleados en un mismo edificio o en un conjunto de departamentos"(...), pero en las nuevas empresas, cuyo punto de plena madurez aún no se ha encontrado, "el centro de gravedad de la organización, ya no es un conjunto de departamentos, puesto de trabajo y libros de horarios, sino un proceso de coordinación que redistribuye siempre de forma diferente las coordenadas espacio-temporales de la colectividad de trabajo y de cada uno de sus miembros, en función de diversas exigencias."  La realidad virtual no es menos realidad que la realidad presente, sino uno de los principales vectores para la creación de (nuevas) realidades". La comunidad política nacional de trabajadores, organizada políticamente en los partidos donde predominaban las empresas del capitalismo industrial clásico, nos habla del futuro ya desterritorializado por la realidad virtual, que es otro tipo concreto y otro tipo formalmente organizado.

La empresa virtual -por ejemplo- ya no puede "situarse" de manera "precisa", (puesto que) sus elementos son nómadas, dispersos, y la pertinencia -por ejemplo- "de su posición geográfica ha disminuido mucho". De estas coordenadas de Pierre Levy, si son correctas, se puede deducir que -cuando la producción de esta nueva realidad virtual esté totalmente madura- tendremos sin duda un nuevo tipo de sociedad capitalista o, si es posible, una sociedad socialista aún no imaginada. Las formas de organización política de las comunidades, clases, estamentos, movimientos que sufrirán esta agitación serán muy diferentes.

Las formas de organización política de las comunidades, de las clases, de los estamentos, de los movimientos, que sufrirán este torbellino, que todavía tendrá lugar dentro del orden industrial actual durante cierto tiempo, ya no serán las mismas, y la política se reorganizará totalmente: tanto en su producción subjetiva como en sus resultados.

La forma-partido moderna de la sociedad industrial en el régimen liberal-democrático -por tanto, de todos los partidos- se constituyó en un mundo más estable, jurídicamente, y con formas de producción mínimamente estables en la industria, que moldearon a los partidos políticos para que fueran "aptos" para responder ante sus públicos a las cuestiones planteadas en esa floreciente situación histórica de la democracia liberal: una relación partido-clase siempre explícita en los programas de cada organización partidaria, más idealizados o más pragmáticos, más utópicos (en el sentido tanto de Lenin como de Bloch) de utopías "más concretas" o "menos concretas". La propiedad privada, el mercado y las formas de Estado eran los puntos más claros que dividían a los partidos, tanto a los que veían en el capitalismo el modo eterno de reproducción social como a los que diseñaban nuevas formas de vida, otras formas de Estado y de solidaridad social.

Sostengo que es más fácil para los partidos que defienden la eternidad del orden capitalista -sin utopías- adaptarse a estos nuevos tiempos, porque pueden organizarse en bandas que se disputan el poder por la violencia, por el control de la opinión en las redes sociales o -simplemente- a través de organizaciones neofascistas. Frente a los partidos y grupos políticos que defienden una futura sociedad socialista, basada en el reparto de oportunidades y la efectividad de los derechos fundamentales, que lo tendrán más difícil, porque ya no es la "conciencia de clase" orgánica la que aboga por el cambio, sino la suma de las individualidades conscientes de una comunidad de deseos y necesidades materiales y espirituales complejas, la que chocará contra el muro de los privilegios de clase, que controlan orgánicamente el movimiento del dinero.

La identidad formada por las clases que guiaba la política moderna permanece hoy más por su contrario alienado que por su afirmación de una vida común, que está disponible tanto para ser secuestrada por el fascismo como para ser potenciada por las ideas de una comunidad democrática. Bauman ("Identidad") mostraba la bancarrota de las identidades en rápida descomposición de la era industrial ya en 2004, cuando vio carteles en los muros de Berlín que ridiculizaban las "lealtades" de la sociedad industrial ya trastornada por lo real-virtual: "Tu Cristo es judío. Tu coche es japonés. Tu pizza es italiana. Tu democracia es griega. Tu café es brasileño. Tus vacaciones, turcas. Tus números, árabes. Tus letras, latinas. Sólo su vecino es extranjero". Mientras esta universalidad concreta aún no se había convertido en dominante, el carácter de clase "pura" de la lucha política seguía manteniendo su estatuto de validez, que ahora ha caducado cuando cobran fuerza las identidades marcadas por la diferencia, que en la primera elección de Lula aún no se habían hecho tan evidentes en la vida ordinaria.

A partir de entonces, las clases siguen estando en el centro de la comprensión de la historia presente, pero ya no para desvelar ninguna posibilidad de futuro.  El individualismo de la modernidad se proyectaba sobre el escenario del liberalismo político, a condición de que la suma de los individuos -engendrada por la sociedad capitalista de clases estables- estableciera sus relaciones de interés colectivo a partir de la suma de los deseos y pulsiones de los individuos libres en la esfera política, a partir de una vida común a la vez conservadora y revolucionaria. La fábrica moderna, pues, era la base operativa de la disolución de la individualidad proletaria, observaba el viejo Marx, tanto para asaltar el cielo colectivamente como para hoy, fuera de la previsión marxiana -en el fracaso de la revolución proletaria- ver en el emprendimiento de uno mismo una salida más posible que la revolución, para pavimentar mejor su vida aburrida e hiposuficiente. Es un error, pero es un error lleno de atractivos inmediatos con una cierta perspectiva histórica.

Nuestro problema -el problema de los partidos de la izquierda democrática y verdaderamente libertaria- no es, pues, simplemente "volver a las bases", porque allí ya no existe la subjetividad colectiva que nos formó y que podía tender tanto a la revolución como a las luchas reformistas democráticas de fondo. La conciencia de clase ya no tendrá las síntesis grandiosas de los grandes relatos de la socialdemocracia y del socialismo revolucionario, porque ella - rehecha - tendrá que componer en el horizonte una constelación de posibilidades de las diversas conciencias de individualidades libres, de diversos grupos, de clases y subclases sumadas, para la salvación de la miseria y de la opresión, así como de la propia Humanidad, hoy dispersa por el miedo a la guerra final y a la destrucción planetaria.

La lucha de clases no se ha extinguido, pero ha cambiado de sujetos, formas y direcciones. Las políticas contra el hambre y la deserción social propias del neofascismo nacional, la política exterior como motor de la economía interna y el posible marco fiscal, pueden dar lugar a una nueva reflexión para la izquierda, en un tiempo poco épico en el que nos espera más la muerte que la vida, más la guerra que la paz y, sobre todo, un enorme vacío de definiciones sobre el futuro.

(*) Tarso Genro fue gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, alcalde de Porto Alegre, Ministro de Justicia, Ministro de Educación y Ministro de Relaciones Institucionales de Brasil.

EL VOTO CIUDADANO Y DIAZ AYUSO. HABLA JOAQUIN APARICIO

 

El domingo 28 de mayo se celebran las elecciones autonómicas en Madrid y municipales en Madrid. La candidata del Partido Popular es la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Joaquin Aparicio, como votante en Madrid y ciudadano español muestra con claridad el perfil político de esta persona y expresa netamente por qué se trata de alguien que no debería ostentar un cargo institucional de tanto relieve que lleva a cabo una carrera personal siempre al servicio de los poderes salvajes de los que hablaba Ferrajoli.

 

DIAZ AYUSO NO DEBE SER PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 

Joaquín Aparicio Tovar

  

No debe serlo porque durante estos años ha demostrado que no defiende los bienes comunes de la gente de Madrid, ni los intereses de la gran mayoría de la población. Defiende intereses de unos pocos, los más acomodados, o los de su propia familia. De hecho si el partido al que pertenece fuera mínimamente decente no debería haber sido nunca candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el oscuro asunto del crédito que a su padre le concedió la entidad semipública Aval Madrid, que jamás fue devuelto y, antes de que pudiera ser objeto de un embargo, le hizo una donación de un piso en lo que algunos vieron que podría ser un delito de alzamiento de bienes que, sin embargo, la Fiscalía, con una argumentación poco sólida, no entendió así. Qué suerte tiene Díaz Ayuso con la Fiscalía. Tampoco hay que olvidar el asunto de las comisiones a su hermano por las mascarillas en plena pandemia.

Con Díaz Ayuso en el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha acentuado una tendencia que ya venía de gobiernos anteriores, cuál es el incontestable incremento del negocio de los seguros privados de salud. Para que esto ocurra es necesario que el sistema público se deteriore progresivamente. Desde los tiempos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña se marcó la línea a seguir: a) primero deteriorar el Servicio Nacional de Salud dedicándole cada vez inversiones más bajas para:  b) ante el descontento de la población, abrir el camino a los seguros privados. Aquí se ha seguido exactamente la misma hoja de ruta. Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad pública especialmente en la atención primaria. Al mismo tiempo, y eso es propio del capitalismo hispano tan liberal de boquilla pero siempre atento a aprovecharse del Estado, se abre la puerta a inversores privados para la gestión de hospitales públicos con la excusa de su mayor eficacia y ahorro de recursos. Argumentos ambos falaces, que los hechos han demostrado completamente erróneos. Es claro que Ayuso trabaja para los grandes grupos económicos que sacan pingües beneficios con la salud de la gente de Madrid.

 Con la educación hace lo mismo. Dedica enormes cantidades de dinero a la educación privada concertada a la que van mayoritariamente hijos de familias acomodadas, mientras la cantidad que asigna a la educación pública es cada vez más pequeña. También esto está perfectamente calculado. Se trata de segregar desde las primeras etapas de la vida de los niños a los más ricos frente a los más pobres. Dejar que la escuela pública se deteriore hace que familias trabajadoras con recursos medios opten, con gran sacrificio, mandar sus hijos a las escuelas concertadas y de este modo se refuerza la ideología clasista y antidemocrática.

 Las tan publicitadas rebajas de impuestos a quien realmente favorecen es las personas con rentas altas, pues para quienes tienen rentas más bajas la reducción fiscal es escasamente significativa pero no lo es para quienes superen los 90.000 euros anuales. Las personas con rentas bajas, además, se ven perjudicadas porque el drenaje de recursos que se hace con estas rebajas fiscales afecta a la calidad de los servicios sociales que atienden a la mayoría de la población, pero menos necesarios para los más ricos. La política de vivienda es otro ejemplo clamoroso cuando se entregan a bajo precio viviendas a fondos de inversión que después revenden o suben los alquileres a cantidades inasumibles para mucha gente.

 La gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia, y después, ha sido escandalosa. Más de 7291 personas murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid porque un protocolo ordenaba que no fuesen enviados a hospitales a no ser que tuviesen una póliza de seguros de salud privada. ¡Que canallada! Todavía hoy residentes y sus familiares se quejan del maltrato y la mala calidad de la comida, pero Ayuso dice que eso no es cosa suya.

 Las formas del comportamiento público de Díaz Ayuso son coherentes con su condición de representante de las minorías privilegiadas. Para decirlo de forma resumida: Díaz Ayuso es una pendenciera. Una pendenciera es todo lo contrario de lo que debe ser la presidenta de una Comunidad o un alcalde que por el puesto institucional que ocupan representan a todos. Las mentiras, las medias verdades, sus salidas de tono y las barbaridades que día sí y día no lanza por su boca son un desprecio a las formas democráticas. La democracia exige que las decisiones públicas tengan contenidos de acuerdo con los valores superiores del Estado Social y Democrático de Derecho de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político (art. 1.1 de la Constitución), pero también respeto a formas y procedimientos que eviten la arbitrariedad y enfanguen la convivencia. Las notables estupideces y las barbaridades que los muchos medios de comunicación a su servicio se encargan de difundir ad nauseam sirven para ocultar la pobreza y lo descarnado de sus políticas y evitar que se entre en el debate sobre ellas. Esta pendenciera no es ninguna adalid de la libertad, sino de la opresión que los poderosos ejercen sobre las clases trabajadoras en uso de su libertad del más fuerte. Ningún voto de personas trabajadoras y de demócratas para esta señora.

 

POLÍTICA, MEMORIA DEMOCRÁTICA, VÍCTIMAS. DOS TEXTOS ITALIANOS

 

En el momento en que vivimos en España, la presencia de las víctimas tiene un espacio político y mediático muy necesario. El reciente debate sobre la inclusión en las listas de Bildu de una serie de personas pertenecientes a la extinta organización ETA que habían sido condenados por delitos de sangre, que ha provocado el anuncio por los mismos de que no tomarían posesión de su acta de concejal en el caso de ser elegidos, se ha solapado con la presencia como cabeza de lista del partido fascista Falange Española del condenado por el asesinato de los abogados de Atocha, Emilio Hellín, cuya actividad profesional como perito es frecuentemente aprovechada al parecer por personalidades pertenecientes al Partido Popular y a Vox. En ambos casos el dolor de las víctimas trasciende el espacio electoral y se estabiliza en una sensación de amargura.

Sin embargo, el debate de las víctimas se superpone al debate sobre la preservación de la memoria democrática. La Ley 20/2022 de 19 de octubre de memoria democrática, es todavía un texto legal muy poco conocido y desarrollado tanto en los procesos que alimentan el tejido sobre el que se construye la opinión pública como en el debate político mayoritario tanto em la izquierda como en la derecha  porque frente a lo que posiblemente sea el objetivo más conocido de la misma - preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo – la norma se centra en un propósito a mi juicio mucho más determinante, “fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos que, con grandes sacrificios, fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978, y al actual Estado Social y Democrático de Derecho para defender los derechos de los españoles, sus nacionalidades y regiones”.

Este punto, el desarrollo de la cultura democrática y su significado frente a la que resultaba la dominante en la dictadura, prolongada con el apoyo del liberalismo económico radical, como acompañó a experiencias odiosas como el Chile pinochetista, es un punto que se debería priorizar actualmente intentando construir esa “memoria común” de la que habla la Ley 20/2022 y, como señala el preámbulo de la misma, el “discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana. Y, en esta medida, es también un compromiso con el futuro, defendiendo la democracia y los derechos fundamentales como paradigma común y horizonte imborrable de nuestra vida pública, convivencia y conciencia ciudadana”.

En ocasiones por tanto, exigir un relato político asentado en el discurso común democrático se diluye en una – por otra parte muy comprensible – reivindicación de las víctimas. En esta entrada, de manera intuitiva, se quiere expresar esa contraposición a través de dos textos italianos que representan de manera muy clara lo que se quiere indicar. Uno es el muy conocido discurso de Piero Calamandrei en el Teatro Lírico de Milán en 1954, un texto casi canónico para hablar del 25 de abril y la resistencia al fascismo. El otro es un texto de un autor italiano mucho menos conocido, Giovanni de Luna, que aborda el tema de las víctimas en el 2010. Ambos dicen mucho más de lo que el titular de este blog podría intentar balbucear en esta entrada.

Piero Calamandrei, Discurso del Teatro Lirico de Milan, 28 febrero 1954

El período fascista de veinte años no fue, como algunos miserables creen hoy, un período de veinte años de orden y grandeza nacionales: fue un período de veinte años de sucio ilegalismo, de humillación, de corrosión moral, de asfixia cotidiana y de sorda y subterránea desintegración civil. Ya no se luchaba en las plazas, donde los escuadristas habían quemado todos los símbolos de la libertad, sino que se resistía en la clandestinidad, en las imprentas clandestinas de las que empezaron a salir las primeras octavillas en 1925, en los calabozos de la policía, en la sala del Tribunal Especial, en las cárceles, entre los internados, entre los exiliados. Y de vez en cuando en aquella lucha sorda había un caído, cuyo nombre resonaba en aquella opresión silenciosa como una voz fraterna, que al despedirse animaba a los supervivientes a continuar: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gobetti, Rosselli, Gramsci, Trentin. Veinte años de sorda resistencia: pero eso también fue resistencia: y quizás la más difícil, la más dura y la más desconsoladora.

Veinte años: y al final la guerra partisana estalló como una explosión milagrosa. El historiador que dentro de cien años estudie a distancia los acontecimientos de este período, narrará la guerra de liberación como una guerra que duró veinticinco años, de 1920 a 1945, y recordará que el desafío lanzado por los escuadristas de 1920 fue asumido y definitivamente aplastado por los partisanos de 1945. Y el 25 de abril se saldaron definitivamente las viejas cuentas con el fascismo: y el juego terminó para siempre.

No debe creerse, como algunos lamentables quieren hoy por caridad, que los horrores de los dos últimos años fueron tan espantosos sólo porque el enemigo había cambiado: porque los opresores ya no eran sólo nuestros propios fascistas, sino que eran los invasores alemanes, los hunos descendientes de los países de la barbarie.

Es cierto, sí, que los dos últimos años llevaron el nombre de Kesselring; pero Kesselring fue el último regalo que Mussolini hizo a Italia; fue la última cara de una locura que llevaba veinte años preparando a Italia para ese espantoso epílogo. Arriba y arriba, región por región, aldea por aldea, puerta por puerta, la furia bárbara, convocada en nuestra casa por el dictador loco, pasó y arrasó como una guadaña. [...]

La Resistencia acabó por barrerlos; pero no debemos considerar hoy ese epílogo únicamente como la expulsión del extranjero. Aquella victoria no fue sólo la victoria contra los invasores de fuera: fue la victoria contra los opresores, contra los invasores de dentro. Porque, sí, en efecto, el fascismo era una invasión que venía de dentro, un imponerse temporal de algo bestial que había anidado o vuelto a despertar dentro de nosotros: y la Liberación fue verdaderamente como la crisis aguda de una enfermedad que por fin se rompía dentro de nuestros pechos, como el desgarro resuelto con el que el pueblo italiano consiguió con sus propias manos desenredar de su corazón una maraña de serpientes que lo había asfixiado durante veinte años.

Victoria contra nosotros mismos: haber redescubierto en nosotros mismos la dignidad del hombre. Este era el significado moral de la Resistencia: esta era la llama milagrosa de la Resistencia.

Haber redescubierto la dignidad del hombre y su indivisibilidad universal: este descubrimiento de la indivisibilidad de la libertad y de la paz, según el cual la lucha de un pueblo por su liberación es al mismo tiempo una lucha por la liberación de todos los pueblos de la esclavitud del dinero y del terror, este sentimiento de la igualdad moral de toda criatura humana, cualquiera que sea su nación o su religión o el color de su piel, ésta es la contribución más preciosa y más fecunda con la que nos enriqueció la Resistencia.

Giovanni De Luna: La Repubblica del dolore (2010)

La política es hoy incapaz de proponer antídotos contra los fallos de una memoria basada en la centralidad de las víctimas. Mejor sería mirar con confianza al conocimiento histórico. Más historia y menos memoria significaría distanciarnos de la tormenta sentimental que azota nuestras instituciones, recuperando una relación más problemática, más crítica, más consciente con el pasado.

Ser víctima parece ser una condición indispensable para poder acceder a los derechos, para ser escuchado, para poder legitimar la propia verdad. Pero el efecto perverso de esta sustitución (el ser humano que actúa es sustituido por el ser humano que sufre) ha sido justamente vislumbrado por los juristas: en un clima de despolitización, el conflicto de ideologías deja el campo totalmente abierto al enfrentamiento binario víctima/victimario. Las reivindicaciones políticas no adquirirán valor sólo si encuentran ideas que defender o por las que luchar, sino víctimas a las que compadecer y compensar, y cada uno, desde su punto de vista, si confiamos en la memoria, será más víctima que el otro. Uno se pregunta qué confianza se puede depositar hoy en una memoria tan cargada de contradicciones y tan expuesta a los vientos de las pasiones y los sentimientos, teniendo en cuenta que ya no se trata sólo de construir una en la que uno pueda reconocerse entre los italianos, sino que es necesario afrontar la necesidad de encontrar una forma de memoria que pueda mantener unidos también a los nuevos italianos. ¿Realmente creemos que basta con una invitación a conmoverse por las víctimas y a participar en el duelo, una invitación además dirigida a quienes tienen otros duelos que procesar y otras heridas que curar? La Historia no es una isla feliz, inmune a la victimización de la memoria. Ambos términos están demasiado entrelazados como para proponer uno en oposición al otro.

Invocar más historia y menos memoria, más conocimiento histórico y menos sentido común, es poder desatar un enemigo a combatir, identificándolo en los lugares comunes envenenados por los estereotipos y los prejuicios.

La memoria pública es un "pacto" en el que acordamos qué retener y qué dejar caer de los acontecimientos de nuestro pasado. El árbol genealógico de una nación se construye sobre estos acontecimientos. Son los pilares sobre los que se asientan los programas escolares, los lugares de memoria, los criterios de exposición de los museos, los calendarios de fiestas cívicas, las prioridades que se proponen en el gran escenario del uso público de la historia, las opciones a partir de las cuales se orientan todos los sentimientos del pasado que recorren nuestra existencia colectiva. Los fundamentos de ese "pacto" cambian según las diversas "fases" que marcan el proceso histórico de una nación. Hace veinte años, la clase política surgida del colapso de la Primera República fue llamada a emprender un amplio ejercicio de "refundación". Se trataba, entre otras cosas, de renovar todo un aparato simbólico, ese conjunto de prácticas de carácter ritual en las que un sistema político basa su legitimidad. Veinte años después, constatamos un auténtico fracaso.

De hecho, el pacto fundacional de nuestra memoria no se sostiene hoy más que por el dolor y el luto que surgen del recuerdo de las "víctimas". De la mafia, del terrorismo, de la Shoah, del foibe, de las catástrofes naturales, del deber, víctimas, siempre y sólo víctimas. El dolor de cada una de ellas, para ser reconocido, debe prevalecer sobre el de las demás. Para emocionar, conmover, provocar consenso, hay que gritar el sufrimiento, a ser posible por televisión; y cuanto más se grita, más se traspasan las barreras de la audiencia y de la escucha. Casi como si las emociones fueran mercancías y que es el mercado el que impone sus reglas, al controlar la oferta y la demanda. Pero no es al mercado al que se le puede pedir que construya una forma de bien común, y mucho menos una religión civil.

LA LIMITACIÓN DEL TRABAJO A TEMPERATURAS EXTREMAS EN EL RDL 4/2023, DE 11 DE MAYO

 

El Gobierno ha promulgado por vía de urgencia una norma dirigida a sostener económicamente el sector agrario, que se considera estratégico por su posición clave en la garantía de la seguridad alimentaria de la población y que está sometido a fuertes tensiones a partir del 2020 con la irrupción de la pandemia y posteriormente con las consecuencias de la guerra de Ucrania, la dificultad de lograr el transporte y circulación de los productos y el incremento del coste de los mismos, tensiones hoy exacerbadas con la crisis climática que en el caso español se manifiesta en un “prolongado escenario de sequía y altas temperaturas”, como señala la exposición de motivos del RDL 4/2023, de 11 de mayo, “por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas”.

El RDL 4/2023 supone ciertamente la adopción de un plan de contingencia, que ofrece a las empresas del sector “los apoyos necesarios para hacer frente a la actual coyuntura” y que se hace depender del artículo 130.1 CE en la medida en que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. Es un esfuerzo descomunal en términos de financiación pública y ayudas directas de las empresas de los diferentes subsectores agrario y ganadero, y contiene también una reformulación muy importante de la Ley de Aguas. Pero no agota su contenido en estos objetivos de apoyo y promoción de dichos sectores empresariales.  A lo que constituye el cuerpo central de la norma, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas, se añaden, ya desde el título del Decreto Ley, dos nuevos elementos, la “promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas” y la “prevención de riesgos laborales en episodios de altas temperaturas”.

Este es el tema que se quiere comentar brevemente en la presente entrada, dejando de lado otras normas de relevancia laboral contenidas en el RDL 4/2023, tanto en lo relativo a la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023, como el aplazamiento en el ingreso de cuotas de la Seguridad Social  para los sistemas especiales de trabajadores por cuenta ajena agrarios y el de los trabajadores por cuenta propia agrarios, durante cuatro meses cuyo vencimiento se produce en fechas correlativas, de mayo a septiembre para los primeros, de junio a octubre para los segundos.

En la Disposición Final Primera de la norma de modifica el RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, añadiendo una Disposición Adicional al mismo que regula las condiciones ambientales al aire libre. Esta norma se inscribe en la realidad del cambio climático que se lleva operando en una buena parte de la península ibérica con altísimas temperaturas en un dilatado período de tiempo y que ya ha sido objeto de alerta por parte de los sindicatos. En junio de 2022, CCOO advirtió que el calor en el trabajo es un riesgo que debía recogerse en los planes de prevención de las empresas, presentando una guía en la que se indicaban los protocolos de actuación ante las mismas y en el marco del ETUI (Instituto Sindical Europeo), Claudia Naroki, de la Fundación 1 de mayo, elaboró un informe sobre los efectos de las altas temperaturas sobre la salud laboral, señalando que exponía a mayores riesgos a los colectivos más precarizados. Este planteamiento sindical, que se ha vuelto a reiterar este año 2023 en abril, pretende desterrar la muy arraigada la idea de que el calor es un peligro natural, un suceso inevitable, y desconectado por consiguiente de los riesgos frente a los cuales deben arbitrarse medidas efectivas de prevención para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.

Un enfoque erróneo que se refuerza en los planteamientos ideológicos y políticos negacionistas de la transición climática en curso y que en nuestro país aparece expresado en las plataformas políticas de VOX y en las opiniones de destacados dirigentes del Partido Popular, en especial los que ejercen en la Comunidad de Madrid. Recientemente se ha tenido ocasión de comprobar esta deriva ideológica en la opinión de un destacado cargo político. El tuit del Viceconsejero de Economía de esta Comunidad del 10 de mayo es bien indicativo: “¿Os acordáis de Luis Aragonés cuando decía “ganar, ganar y volver a ganar”? Pues este gobierno igual:  solo piensa en prohibir, prohibir y volver a prohibir. ¿Por qué no prohíben trabajar cuando haga frío o mejor aún, cuando llueva, que hay más accidentes? Nos está quedando un país de traca…Disfruten”. Al margen de la referencia cultural que abre el mensaje – una referencia a Luis Aragonés, entrenador de futbol, cuya inserción en el mensaje no tiene mucha lógica – y de la carencia de alusión alguna al prolongado aumento de las temperaturas, lo más significativo de este razonamiento es la referencia implícita a que cualquier medida de protección de las personas que trabajan supone un impedimento para el libre ejercicio de la empresa, una convicción que naturalmente debe también con mayor medida extender a cualquier posible intento de restricción por motivos medioambientales de la actividad empresarial. Una opinión especialmente inoportuna además teniendo en cuenta que “las altas temperaturas de estos últimos años le costaron la vida, entre otros dramáticos casos, a un trabajador de 60 años mientras cumplía con sus obligaciones laborales, desarrollando la tarea de limpieza viaria en las calles del barrio de Vallecas, en Madrid, y a uno del campo de Murcia, en Lorca, que ni siquiera tenía a su disposición agua o medio de hidratación alguno”, como recuerda el preámbulo del RDL 4/2023.

En efecto, la realidad es tozuda. Como se subraya en la exposición de motivos de la norma,  “durante el verano de 2022, la creciente intensificación de los cambios en el clima –tanto con carácter global como particularmente en España– se ha puesto especialmente de manifiesto. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la media de las temperaturas registradas entre el 1 de junio y el 31 de agosto ha sido la más alta desde el comienzo de la serie histórica. El pasado mes de julio resultó el mes más cálido de toda la serie, habiéndose registrado en diversos puntos de la península un incremento anómalo de las temperaturas medias superior a los 4º centígrados”. Y durante ese mismo verano,  se ha contabilizado un exceso de más de 4.800 muertes atribuibles a la temperatura a nivel nacional, según las estimaciones del sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III.

El RDL 4/2023 deroga las indicaciones que el RD 486/1997 establecía para “los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados”, en donde de forma genérica se decía que deberían tomarse medidas “para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo”. Ahora el ordinal primero de la nueva Disposición Adicional añadida al mismo establece que “cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas”. Es importante señalar que este precepto se aplica a todos los lugares de trabajo, incluidos los que exceptúa el art. 1.2 del RD 486/1997, es decir, “los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte, las obras de construcción temporales o móviles, las industrias de extracción,  los buques de pesca, y los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos

En la evaluación de riesgos deberán tomarse en cuenta las circunstancias personales de quien trabaja, su estado biológico, además claro está de las circunstancias climáticas y el tipo de tarea que se debe desempeñar. En especial, “las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora”, y este es el componente de tutela de la salud a través de la prohibición de trabajar durante determinadas horas de mayor exposición al calor que se ha llevado a los titulares de los periódicos y ha suscitado las opiniones adversas del Viceconsejero de Economía de la comunidad de Madrid que se han recogido.

La norma fija el nivel de alarma meteorológica en naranja o rojo de altas temperaturas, es decir cuando la alerta implica niveles de riesgo importantes o cuando el riesgo meteorológico es extremo, de intensidad excepcional y con un nivel de peligro para la población muy alto, como un punto de referencia para que, si las medidas de prevención anteriores no se estiman suficientes, “resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista”.

Una disposición por tanto necesaria, que es funcional a la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027, fruto del diálogo social tripartito y que requerirá tanto el desarrollo concreto de los mismos en el plan de prevención de riesgos como en su puesta en práctica a través del concurso de los delegados de prevención en los centros de trabajo. 

A PROPÓSITO DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO GIBRALTAREÑOS DE CERO HORAS. HABLA CAROLINA MARTÍNEZ MORENO

 

Hemos conocido recientemente las quejas de los sindicatos andaluces respecto de las condiciones de trabajo precarias de las que gozan los trabajadores transfronterizos que prestan sus servicios en Gibraltar. Un tema especialmente interesante que plantea interrogantes sobre la homogenización de condiciones de trabajo y el diferencial salarial en el espacio europeo tras el Brexit. Sobre este tema, hemos solicitado a Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, buena amiga y frecuentadora del blog, que elaborara una entrada sobre el mismo. Le agradecemos la que esperemos que sea su primera aparición en esta bitácora, que incluso ha acompañado de la fotografía que abre este post.

A PROPÓSITO DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO GIBRALTAREÑOS DE CERO HORAS.

Carolina Martínez Moreno

“…individuo humano lo ha habido siempre, mas no ha existido, no ha vivido ni actuado como tal hasta que ha gozado de un tiempo suyo, de un tiempo propio”

MARIA ZAMBRANO, Persona y democracia

Hace unos diez años, analizaba yo la que, sin incurrir en exageraciones, puede considerarse la más insidiosa y ultra reforma del régimen jurídico del contrato a tiempo parcial. Regulación que, por cierto, sigue intacta, salvo en lo que atañe al coeficiente de parcialidad para el acceso a la protección social por parte de quienes se han ocupado a través de esta frágil y precaria forma de empleo. Esta última regla (art.247 LGSS), por fortuna, recién modificada por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, excelentemente orientado en este punto para lograr corregir la brecha de género y eliminar de una vez la discriminación indirecta por razón de sexo que aquella técnica provocaba, como tantas veces nos afeara el TJUE (casos Elbal Moreno, Espadas Recio y Villar Láiz); llegando el TC a considerar su inconstitucionalidad aplicada a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente derivada de enfermedad común (SSTC 91/2019 y 151/2021).

Que los duros calificativos que he empleado no constituyen un retórico exceso verbal lo prueba un mero cotejo de los contenidos de las normas que regulan el tiempo parcial (art.12 ET) y los efectos que su aplicación provocó y provoca en la práctica, con la rúbrica del RDL 16/2013, de 20 de diciembre, que decía introducir medidas para “favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores”, acompañada de unas no menos falaces y embaucadoras afirmaciones que su exposición de motivos llevaba a cabo sobre las supuestas bondades y beneficios que se iban a derivar del nuevo modelo en forma de flexibilidad favorable para ambas partes de la relación laboral, posibilidades de conciliación y de compaginar trabajo y formación, y, en fin, oportunidades de empleo de calidad para las personas trabajadoras. Todo ello, a la vez, muy en línea con las directrices marcadas por la UE en la Directiva 97/81/CE.

Pues bien, nada más lejos de la realidad, en el transcurso de la confección de aquel artículo, titulado “¿Puede ser el contrato a tiempo parcial un verdadero instrumento de política de empleo?” (Revista Derecho Social y Empresa nº 2, Diciembre 2014, ISSN: 2341-135X pág. 94), y luego en otros estudios como el que realicé para unas jornadas de la CCNCC (“Tiempo de Trabajo en los contratos a tiempo parcial. Regulación y Tratamiento en la Negociación Colectiva”, Tiempo de trabajo, XXIX Jornada de Estudio sobre Negociación Colectiva, CCNCC, MEYSS, Madrid, 2017, pp.187-253), tuve la oportunidad de descubrir que el trabajo a tiempo parcial, tal y como quedó configurado legalmente en 2013, y combinado con otros muchos mecanismos de flexibilidad y vías de alteración cuantitativa y cualitativa de las coordenadas temporales de la prestación laboral, incluidas novaciones tácitas y conversiones involuntarias, no era sino una forma hiper-precaria de empleo, alarmantemente próxima a lo que en otros ordenamientos ya denominaban trabajo “a llamada” o “a demanda”.

En efecto, y resumiendo mucho, de la desaparición de la exigencia de constancia del horario o distribución del tiempo en el contrato escrito, la frecuente realización de jornadas distintas de las inicialmente estipuladas, y la extrema facilidad con que se pueden establecer horas complementarias y exigir su realización casi sin previo aviso (el plazo de tres días que fija la norma puede ser reducido, y frecuentemente lo es, en los convenios colectivos) lo que resulta es una posibilidad casi sin límites de variabilidad de horarios y una práctica total disponibilidad de la vida de la persona, pues el tiempo de trabajo es tiempo de la vida, y el gobierno o la soberanía sobre el mismo parte de su dignidad como ser humano y como persona.

El caso es que, repasando literatura científica comparada, informes y datos de Eurofound, precisamente, sobre el grado de cumplimiento de la normativa europea, y, sobre todo, algún blog, descubrí esa exótica figura de los zero hour contracts. Resulta que ya entonces (antes del Brexit) eran legales en el Reino Unido, los usaban con ciertas garantías en Holanda, y sin recato en Hungría. En el primero de los países, que es el que ahora centra nuestro interés, desde la Employment Rights Act de 1996; y con la peculiar característica de que en el contrato no se concreta el número de horas que el trabajador deberá –o podrá— trabajar, ni siquiera si será llamado o convocado a hacerlo en algún momento, cosa que ocurría por lo general a través de una llamada o un mensaje de SMS (no existían aún los riders ni las plataformas digitales de reparto, ni tampoco el Whatsapp). En alguna de esas fuentes, ya entonces se daba cuenta de que los medios de comunicación británicos habían difundido la noticia de que McDonald´s tenía un 90% de su plantilla cubierta con este tipo de contratos. Pero que también Buckingham Palace y la Cámara de los Comunes los utilizaban. En la noticia de prensa a la que enseguida haré referencia, y que motiva esta breve reflexión, se informa de que el auge de estos contratos en UK se produjo a raíz de la crisis del 2008, y que en 2015 llegaron a ser más de 700.000 británicos, casi el 3% de los trabajadores del país, los que se empleaban bajo esta modalidad o fórmula.

En aquel primer momento me sentí en parte confortada por el hecho de que nuestro contrato a tiempo parcial no llegara a tales cotas de desprotección y abuso, y de contar con unos principios y unas bases de derecho de obligaciones y contratos generales –determinación del objeto como elemento esencial del contrato, sinalagmaticidad y equilibrio, buena fe e interdicción del ejercicio abusivo del derecho—, conforme a los que el contrato de cero horas no podría considerarse un contrato válido.

Pero el 9 de mayo de 2023, un titular del diario digital EuropaSur rezaba Gibraltar emplea con controvertidos contratos de cero horas a cientos de españoles en la sanidad y la hostelería (europasur.es), “…como los temporeros en el siglo XIX" decía un representante de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg). Denuncia a la que se suman los sindicatos de los dos lados de la Verja, que piden la derogación de una normativa, la del Peñón, que ampara esta figura. Y que ahora nos concierne de lleno, habida cuenta que son centenares los españoles que, a través de subcontratas en la sanidad o de manera directa en la hostelería (precariedad sumada a precariedad en ambos casos), se encuentran vinculados por estos verdaderos “contratos basura”, responsables de causar incertidumbre, imposibles de compaginar con otro trabajo y, por todo ello, generadores sin la menor duda de pobreza laboriosa.

Concluyo –si se me permite— con una anécdota personal, que explica además los motivos de la foto que acompañan esta entrada: hace también algunos años, entre el alumnado de uno de mis grupos de la asignatura de Derecho del Trabajo, había una persona que prestaba servicios para una escuela de surf, habiendo suscrito con esta empleadora un contrato a tiempo parcial en el que se hacía constar una determinada jornada de trabajo, un cierto número de horas a la semana o al mes. Sin embargo, la prestación efectiva de su actividad de instrucción en la práctica del surf se llevaba a cabo exactamente en los términos de un contrato de cero horas: hay previsión de olas el fin de semana, te mando un mensaje al móvil el viernes para que vengas el sábado por la mañana a la playa con tu tabla y tu neopreno; no hay alumnado suficiente, te vas a casa o surfeas por tu cuenta y no cobras; hay marejada o mar en calma, lo mismo.

A decir verdad, no me resulta tan extraño ni chocante que estas cosas pasen en nuestro territorio o muy cerca de él, ni en los aledaños de la UE aún después del Brexit. No estoy hablando de un asunto territorial o de soberanía, ni siquiera del respeto a los principios y a la normativa de la UE, que, dicho sea de paso, cuenta ahora con la Directiva (UE) 2019/1152, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles que, justamente, aunque con sus luces y sus sombras también, tiene entre sus principales objetivos combatir este tipo de modelos de relaciones laborales y fórmulas de contratación. Estoy refiriéndome a una cuestión de humanidad y de decencia en el trabajo, que es –o debería ser— una aspiración universal.

ALGUNAS PROPUESTAS DE REFORMA DE LA NORMATIVA SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. JOAQUIN APARICIO EN EL SENADO

 

Invitado por la Comisión de Trabajo del Senado, Joaquin Aparicio intervino el pasado 4 de mayo para hablar sobre el marco normativo de prevención de riesgos laborales y esbozar algunas propuestas de adaptación y reforma del mismo. El texto base de su comparecencia, bajo la presidencia de ya antiguo amigo y seguidor de este blog, el hoy senador Toni Ferrer, se publica en primicia en esta entrada.

1.- El objetivo de mi intervención, para decirlo de un modo resumido, es abogar por incentivar medios para conseguir una mayor eficacia de las normas garantes de la salud y la seguridad en los ambientes de trabajo. Como bien saben ustedes una norma puede ser muy válida, pero si no es eficaz, es decir, si no se cumplen sus previsiones, de poco sirve.  La famosa distinción kelseniana entre validez y eficacia, en un sistema democrático en el que la validez se da por supuesta, y en último término está el Tribunal Constitucional, exige poner el acento en la eficacia.

 

EL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 

2.- La estructura normativa de la protección de la salud y la seguridad en el medio de trabajo es, como saben ustedes, bastante compleja. Entran en juegos normas internacionales entre ellas las de la OIT, que ha generado un número importante de convenios sobre esta materia y en 2022 añadió a la Declaración de 1998 sobre Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo el derecho a un medio de trabajo seguro y saludable. Más adelante haremos referencia a alguno de esos convenios. La Constitución, en especial sus artículos 15 y 40, debe ser tenida en cuenta, a lo que se añade una importantísima normativa de la Unión Europea, destacando la Dir 89/391, de 12 de junio de 1989, directiva-marco, a la que siguieron numerosas directivas particulares o específicas de alto contenido técnico.

 La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con un cierto retraso incorporó a nuestro ordenamiento lo previsto en la directiva marco recién citada. Esa norma y la abundante legislación de desarrollo que generó sigue siendo el marco principal de referencia, aunque somos muy conscientes todos, y de ahí la constitución de esta ponencia, de la necesidad de una puesta al día en determinados aspectos. Esa puesta al día obviamente no puede alterar las previsiones esenciales de la citada ley en tanto en cuanto están determinadas, entre otras cosas, por la directiva marco.

 Como es bien sabido, tanto el Estatuto de los Trabajadores como la citada ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la directiva marco, establecen con claridad que el empresario es el principal obligado para garantizar un medio de trabajo seguro y saludable. Es una consecuencia inevitable de la posición que ocupa en la relación de trabajo al dirigir y organizar el proceso productivo (art. 1.1 ET). Los poderes de dirección que le son reconocidos le obligan a que el medio de trabajo sea seguro y saludable para las personas trabajadoras a su servicio. Es esta una obligación que pesa sobre el empresario aunque no existiese una ley de prevención de riesgos laborales ni una directiva marco. Insisto, es consecuencia del papel que ocupa en la relación de trabajo. En cierto modo puede considerarse que las previsiones de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, y por ende de la directiva marco, vienen a ser un instrumento que aclara y facilita al empresario el cumplimiento de su obligación, para lo cual se establece una obligación general de seguridad y una serie de obligaciones específicas muchas de las cuales se expresan de forma absoluta, es decir, tanto el supuesto de hecho de la norma como la consecuencia jurídica no admiten margen alguno para la interpretación.

 La obligación general de seguridad está establecida con claridad en el artículo 14 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales en el que podemos leer: “En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo” para lo cual debe adoptar “cuantas medidas sean necesarias”, y añade: “desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva”. Si bien se mira no es algo distinto a lo que establece el art. 1105 del Código Civil que exime de responsabilidad ante los sucesos imprevisibles o inevitables, lo que quiere decir que se debe responder por todo lo previsible y evitable.

 La obligación general está construida con la técnica de un estándar de conducta cuyo cumplimiento dará lugar a conseguir una auténtica “protección eficaz” considerada como un derecho de los trabajadores (art. 14.1 LPRL). Dicho estándar se expresa mediante el paradigma del empresario prudente, que es objetivo y al que debe adaptar su conducta el empresario individual. De acuerdo con dicho estándar, el empresario debe de actuar, por una parte, según el elemento intelectivo doble de conocer cuáles son los riesgos que genera el proceso productivo que dirige y cuáles son los medios para evitarlos y, por otra, el elemento volitivo de aplicar efectivamente esos medios. Como todos los estándares, el del empresario prudente es abierto y sólo puede satisfacerse de acuerdo con las circunstancias de lugar y de tiempo. El elemento intelectivo es evolutivo porque el conocimiento de los riesgos y los medios para evitarlos van cambiando con el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Por ello la obligación general del empresario implica llevar a cabo, como ya se ha dicho “una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva […] y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención” (art. 14.2 LPRL).

 Por lo general las obligaciones específicas son instrumentales para el adecuado cumplimiento de la obligación general. Muchas de estas obligaciones tienen un alto contenido técnico y en la mayoría de los casos están establecidas en normas de carácter reglamentario que son trasposiciones de las Directivas particulares (pantallas de visualización, ruido, amianto, equipos de trabajo, etc…). Muchas de estas obligaciones están establecidas de modo absoluto, es decir, su cumplimiento ha de hacerse en los exactos términos previstos por las normas sin que dejen espacio a la interpretación de acuerdo con las circunstancias de tiempo y de lugar. Las obligaciones de alto contenido técnico son de aplicación a determinadas actividades productivas o al uso de identificados procedimientos de trabajo o de concretos productos. Sin embargo, otras obligaciones específicas e instrumentales son de general aplicación y están establecidas en la LPRL incorporando las previsiones de la Directiva-Marco, como son la elaboración de un plan de prevención de riesgos, evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, tener previsiones de actuación en los casos de emergencia y riesgos graves e inminentes, vigilancia de la salud de los trabajadores a su servicio y constitución de servicios y medios necesarios para organizar adecuadamente la prevención, en especial los llamados servicios de prevención. También pesan sobre el empresario obligaciones de mantener y cumplimentar correctamente una documentación sobre prevención y de notificar a la autoridad laboral los daños sufridos por los trabajadores. El juego conjunto de las obligaciones específicas y la obligación general configura lo que de modo simplificado se dice obligación de seguridad del empresario, cuyo cumplimiento cabal daría lugar a un medio de trabajo exento de riesgos para la integridad de los trabajadores. La obligación de seguridad, así entendida, es una obligación, no de medios, sino de resultado que exige al empresario aplicar el mejor medio posible para prevenir los riesgos.

 Sobre todas estas obligaciones actúa el principio de adaptación del trabajo a la persona (art. 15.1.d. LPRL), que desde antiguo está reconocido por la legislación de Seguridad Social (hoy en el art. 164.1 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, RDLeg 8/2015, de 30 de octubre). Es decir, las circunstancias personales del trabajador o trabajadora, como la discapacidad, el desconocimiento del idioma, la edad, etc… deben de ser tenidas en cuenta en la asignación de tareas y en la evaluación de los riesgos. De modo especial han de tenerse en cuenta las circunstancias de especial vulnerabilidad de determinados colectivos de trabajadores como inmigrantes, jóvenes o mujeres.

 Un adecuado cumplimiento de las obligaciones evita que el empresario incurra en una panoplia de responsabilidades como son las sociales, que implican recargo de las prestaciones de Seguridad Social, civiles, administrativas y penales siendo en general todas ellas compatibles con la excepción de las administrativas y las penales en determinados supuestos.

 

NUEVOS RIESGOS Y ALGUNAS PROPUESTAS

 

3.- Este es el marco normativo del que necesariamente hay que partir, pero, y ese es un objetivo de esta ponencia, es necesario tener en cuenta las nuevas circunstancias económicas y sociales que generan nuevos riesgos. Es ahora una buena ocasión para mejorar los instrumentos que permitan conseguir mayores niveles de protección de la salud y la seguridad en el trabajo. La tercera encuesta europea de riesgos nuevos y emergentes de 2019 (ESENER3) ha detectado que los ya conocidos riesgos psicosociales se están dando con más intensidad en el sector servicios en donde, a la vez, se aprecia una mayor dificultad para hablar de ellos. La Estrategia Española de Salud y Seguridad en el Trabajo 2023-2027, a la que se ha llegado en un consenso entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, y que ha sido aprobada en Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2023, reconoce un significativo aumento de daños en la salud mental de las personas trabajadoras, especialmente notable en los sectores sanitario y financiero. Las personas trabajadoras del sector sanitario, después de la pandemia, presentan altas incidencias por este riesgo y por ello la estrategia recién citada llama a poner el acento en “cuidar a los que nos cuidan”. El convenio 190 de la OIT de 2019 sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo ha sido ratificado por España en 2022 y entrará en vigor el 25 de este mes.  En sintonía con este convenio la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre ha introducido la violencia sexual en el trabajo como un riesgo.

 4.- Es necesario revisar la regulación de las enfermedades profesionales y las del trabajo y, en concreto, las producidas por cancerígenos. Desde hace ya algunos años se venía observando la anomalía de que en España el número de cánceres derivados del trabajo registrados era particularmente bajo en comparación con los países de la Unión Europea, lo que sugiere que muchas enfermedades cancerosas derivadas del trabajo se consideran como enfermedad común. Como es sabido, las enfermedades comunes son atendidas por el Sistema Nacional de Salud mientras que las profesionales, en la mayoría de los casos, por las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Esto debe ser revisado.

 5.- La estructura productiva española está formada por un alto número de pequeñas y medianas empresas, en concreto el 97% de las empresas españolas tiene menos de 50 trabajadores y es precisamente en este tipo de empresas en donde se aprecia un menor cumplimiento de la normativa preventiva. La Estrategia Española recién citada destaca que el 60% de los accidentes mortales se produjo en empresas con menos de 25 trabajadores. Parece evidente que hay que hacer un esfuerzo especial en conseguir que en estas empresas haya una eficaz protección de la salud y de la seguridad de las personas trabajadoras. Para ello, una figura que se estuvo discutiendo durante la elaboración de la ley de Prevención de Riesgos Laborales pero no llegó a aprobarse, la del delegado sindical territorial de seguridad debería ser rescatada y puesta en vigor. Es bien sabido que en empresas pequeñas la representación sindical es mucho más débil que en las grandes en las que precisamente el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es mucho menor, no solo por la mayor capacidad de la empresa para actuar en esta materia, sino también por la mayor vigilancia que la representación sindical de las personas trabajadoras ejercen en ellas.

 6.- Aunque las normas de protección de la salud y la seguridad en el medio de trabajo son en principio neutras, no dejan de pesar sobre ellas estereotipos de masculinidad y por ello es necesario tener en cuenta la condición de género de modo transversal cuando se afronta esta materia. Por ejemplo, en los sectores más feminizados, como el de cuidados, se aprecia una mayor incidencia de riesgos psicosociales. Es necesaria, por otra parte, una mayor investigación sobre sustancias y agentes que puedan afectar la salud reproductiva de las trabajadoras así como incrementar la vigilancia de la salud en puestos de trabajo en los que haya sospecha de disruptores endocrinos[1]. Pensemos en sectores como la limpieza de edificios, peluquerías o cosmética en los que se manejan productos muchas veces con efectos desconocidos. La Ley Orgánica 1/ 2023, de 28 de febrero sobre salud sexual y reproductiva e interrupción del embarazo, junto con otras previsiones, se ha hecho eco de la reiterada reivindicación de trabajar sin dolor que se venía exigiendo en los casos de menstruaciones dolorosas. A partir de esta ley, cuando el dolor impida a la trabajadora llevar a cabo su trabajo, podrá acogerse a una incapacidad temporal a cargo de la Seguridad Social, sin coste económico para la empresa.

7.- Por último, es importante reseñar que hay medidas de carácter general que tienen un efecto importante sobre la prevención de riesgos. La temporalidad y la precariedad laboral inciden negativamente sobre la salud y la seguridad en el trabajo y por ello la estabilidad en el empleo es determinante para la mejora del ambiente de trabajo. El RD-L 32/2021, de 28 de diciembre, tiene en este sentido un efecto muy positivo que no podemos dejar de pasar por alto.  Es necesario mejorar la actuación de la Inspección de Trabajo, que necesita aumentar su plantilla, así como mejorar la coordinación con la fiscalía en los casos de accidentes que puedan generar responsabilidades penales. La vigilancia de las jornadas de trabajo y de las horas extraordinarias es esencial, pues muchos accidentes se producen al final de la jornada. El control de la jornada ha de extenderse a los casos del teletrabajo y hacer efectiva la desconexión digital. Una reducción general de la jornada contribuiría a mejorar la salud en el trabajo. No podemos olvidar que la jornada máxima de 40 horas a la semana en España viene desde 1919, es decir, han pasado más de 100 años por lo que no es descabellado pensar que va siendo hora de dar algunos pasos en su reducción.

  Joaquín Aparicio Tovar, Profesor Emérito de la Universidad de Castilla La Mancha.

 

 

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[1] RAMOS QUINTANA, M., “La salud de las mujeres en las relaciones de trabajo”, RDS, nº 100, p. 127.

MOVILIZACIÓN SINDICAL EN ITALIA: BOLONIA, 6 DE MAYO

 

Comienza un largo proceso de movilización sindical unitaria en Italia. El 6 de mayo en Bolonia, era la primera de las tres manifestaciones que en el curso de una semana se realizarán en las tres regiones en las que idealmente se divide Italia. El centro (con la de hoy en Bolonia), el Norte, con la del día 13 de mayo en Milán, y finalmente, una semana después, el 20 de mayo, en Nápoles, al Sur del país.

Es importante resaltar la unidad de acción entre las tres grandes confederaciones, una cuestión que sin embargo no es frecuente ante la separación de la CISL de las convocatorias de acciones colectivas de por la CGIL, a las que se ha sumado la UIL. Sucedió con la huelga general convocada por estas dos confederaciones contra la ley de presupuestos de Draghi y en diciembre del año pasado (2020), contra los presupuestos generales del gobierno Meloni. En esta ocasión, sin embargo, la CSIL se ha unido a este itinerario de movilización tras una larga negociación durante el mes de abril, a cambio de no convocar huelga ni una manifestación nacional, sino comenzar con estas concentraciones interregionales y sin que cada una de las fuerzas sindicales convocantes pudieran enarbolar reivindicaciones propias o separadas de las que se recogían en la plataforma de movilización.

La idea es la de dar comienzo a una movilización de tres semanas que continuará después del verano, con mayor intensidad, para la negociación de la ley presupuestaria. En ella CGIL, CISL y UIL trasladan una serie de reivindicaciones a través de la plataforma unitaria, que pone en primer término el aumento de los salarios frente a la inflación que erosiona el poder adquisitivo, una reforma fiscal centrada en la progresividad y sin lo que se denomina flat tax un impuesto "plano" y único, por el que todos los contribuyentes pagan el mismo porcentaje de sus ingresos en impuestos, independientemente de lo que cobren, lo que en castellano conocimos como “tarifa plana”. A ello se une la defensa de los servicios públicos empezando por la sanidad, muy deteriorada tras el estrés a la que le ha sometido la pandemia, la lucha contra la precariedad en el sector público y privado, un verdadero cambio estructural de la reforma Fornero respecto de la regulación del despido, y una batalla seria para conseguir la reducción drástica de la siniestralidad laboral en la pretensión de cero muertes en el trabajo.

La organización de la manifestación ha sido meticulosa y ha estado precedida por semanas de asambleas unitarias en los lugares de trabajo, pero también en reuniones con las asociaciones del tercer sector e incluso en los institutos con estudiantes. Unas asambleas que han permitido visibilizar al sindicato la impaciencia de trabajadores y pensionistas ante una situación mundial en la que la guerra es una perspectiva a largo plazo y la insuficiencia de los salarios (y las pensiones) para que estas personas puedan llegar a fin de mes. Además de ello, desde comienzo del año, se han ido sucediendo varios conflictos en sectores y en empresas convocadas unitariamente, como la del sector de la madera y la construcción de muebles, o las empresas TIM y WindTree en el de telecomunicaciones, o la de Air Dolomiti en transporte aéreo.

La manifestación de Bolonia ha comenzado a las 9.00 horas en la Piazza XX Settembre, desde donde ha partido hasta llegar a la Piazza Maggiore a las 10.30 horas. Allí, desde el escenario ante el ayuntamiento, que fue alzado para el 1º de mayo y que todavía no se había retirado, han intervenido, además de una serie de personas trabajadoras y pensionistas, los tres secretarios generales de la CGIL, la CISL y la UIL, Maurizio Landini, Luigi Sbarra y Pier Paolo Bombardieri, respectivamente.

Hay que tener en cuenta sin embargo que el gobierno, aprovechando el 1º de mayo, ha promulgado un Decreto – el llamado “Decreto Trabajo”, que se contrapone a su antecesor “Decreto dignidad” – en el que se deroga uno de los elementos centrales del programa del M 5 Estrellas, la “renta de ciudadanía”, que para algunos miembros del gobierno Meloni era “el pasaporte para que los pobres vivieran toda su vida de vacaciones”, sustituida por una prestación mucho más restrictiva, y la ampliación del término de los contratos temporales de uno a tres años. Además de ello, las causas de la temporalidad pueden ser negociadas por las partes, una idea de “flexibilidad” muy propia de la ideología neoliberal que ostenta la nueva (y férrea) mayoría parlamentaria de la derecha y extrema derecha italiana.  

Una reforma que ha sido fuertemente criticada por el secretario de la CGIL en Florencia en un mitin en el que ha intervenido la nueva líder del Partido Democrático, Ely Schlein, tanto en lo que respecta al método como a su contenido. En este acto, que ha intentado recomponer la ruptura ente el partido y el sindicato a partir de las políticas de Renzi con su cacareada Jobs Act, la recién elegida secretaria general del PD cargó contra la norma de la que dijo que se trataba de “un decreto que llamaron de trabajo, pero sería más correcto llamarlo Decreto de Precariedad y Chantaje”, en lo que aparece como un giro hacia la izquierda social del PD. Hoy en Bolonia, se hacía notar en la manifestación la presencia de la dirigente democrática, además de otros partidos de izquierda como Alianza de Izquierda Verde, Demócratas de Izquierda, y una nutrida representación del Movimiento Cinco Estrellas, en lo que podría ser un espejo de la oposición al gobierno en el poder.

Es importante que el frente sindical unitario se mantenga y acreciente su presión después del verano, y que se vaya construyendo en el plano político, una plataforma de coincidencias en el plano de la preservación de los derechos laborales y sociales y de la garantía y suficiencia de rentas salariales y de las pensiones de jubilación. Aunque el panorama político no parece modificarse dada la sólida mayoría parlamentaria que el nuevo sistema electoral ha logrado para la coalición de derecha y de extrema derecha, la extensión de una plataforma reivindicativa en el espacio del trabajo y de la ciudadanía social y el mantenimiento de la tensión en la movilización social puede ayudar a recomponer en el espacio político una visión unitaria que se podría manifestar de manera ya efectiva en las elecciones europeas de mayo y junio de 2024.