TENDENCIAS CONTRADICTORIAS EN EL SUR DE EUROPA TRAS LAS ELECCIONES.

(En la imagen,una reunión de intercambio de pareceres y análisis conjuntos sobre los resultados de las elecciones europeas realizado por la sección internacional del Colectivo Bullejos).

Los números son complicados, pero es evidente que la izquierda ha crecido de forma importante en España, y que seguramente ese crecimiento repartido fundamentalmente entre IU y Podemos, secundado por Equo-Compromís, ha sido más importante que si ambas fuerzas hubieran concurrido unidas o en solitario. La irrupción de Podemos no se ha efectuado sobre el fracaso de IU. Ambas fuerzas se han asentado en torno a los tres millones de votos, una cifra de consensos netamente posicionados contra las políticas de austeridad, lo que es una absoluta novedad en términos político-contables.  El principal  problema ahora no es el de fijar alianzas electorales de futuro, sino cómo cooperar a mantener la tensión de la movilización y la denuncia ante los ataques a los derechos y libertades de los ciudadanos. Desde la incriminación penal de sindicalistas por extender y defender el derecho de huelga, hasta los ataques a la libertad de expresión y el derecho de manifestación, la consciente ignorancia de derechos ciudadanos de carácter social revalorizados como imprescindibles en la crisis, como el derecho a la vivienda y su protección frente a la especulación, al impulso por impedir el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos de la sanidad o de la educación, o denunciar el trato inhumano y degradante a inmigrantes y excluidos.

En este camino, es evidente el sobrepasamiento que se está realizando de los planteamientos programáticos y de proyecto de la socialdemocracia, expresión mayoritaria de los valores democráticos y sociales de Europa. Su ya larga indefinición respecto de los planteamientos neoliberales en materia económica, la dificultad de distinguir en sus experiencias de gobierno indicaciones de carácter reformista o de progreso frente a la conservación y administración de la distribución desigual de la riqueza y del poder, y la incapacidad para presentar un proyecto de futuro, han sido factores muy fuertes de desgaste y deslegitimación. En el caso español, esta deslegitimación ha sido más fuerte ante la corresponsabilización  frente al desastre económico y social que los ciudadanos han hecho de la actuación del partido socialista junto con el partido popular, dada la continuidad de las políticas de ambos y la convergencia de ambos en temas centrales, como la reforma de la Constitución para impedir un esfuerzo de gasto social en tiempos de crisis.  

Es claro que el bipartidismo ha sido cuestionado en España de forma muy directa en las elecciones europeas, pero está lejos de desaparecer, como es obvio. Aunque como resultado del pésimo resultado electoral el PSOE español se encuentre en una fase cercana a la implosión. Las declaraciones de algunos de sus líderes históricos no ayudan desde luego a su estabilización en el cuadro de las propuestas reformistas de la sociedad.

En el sur de Europa la situación de la socialdemocracia es también delicada. Pero la solución electoral ha sido muy diferente en el norte o en el centro respecto del sur.  Quizá porque con razón no se considera al Partido Democrático Italiano parte integrante de la tradición socialdemócrata, no se ha comentado en este contexto los resultados que ha obtenido en esta contienda electoral. No se han analizado las elecciones italianas y lo que implican de aval rotundo a un proyecto reformista que se presenta con fuerza y decisión de ser ejecutado, aunque sin embargo sea contestado por la izquierda con poderosos motivos. Más preocupados los medios de comunicación en insistir en el derrumbe del socialismo francés y el auge del partido de Le Pen, o en celebrar las virtudes de la coalición entre socialdemócratas y conservadores en Alemania, no han valorado la derrota estrepitosa que ha sufrido Berlusconi en las elecciones europeas, que supone prácticamente el enterramiento de la aproximación de la derecha populista italiana ante el hecho europeo y las políticas de austeridad, lo que debe ser considerado una buena noticia. En la misma dirección, el regionalismo segregacionista de la Lega Nord ha seguido en su tendencia de descenso. Una mayoría importante de italianos se ha posicionado votando al PD para afirmar la importancia de la política como espacio de reformas y de transformación a través de la representación política frente al espacio de la protesta espontaneísta y antipolítica del Movimiento 5 Estrellas de Grillo que sin embargo mantiene una relevante densidad en términos electorales, y es también destacable la subsistencia de un margen izquierdo de posicionamiento político de un millón cien mil personas en torno a la lista Tsipras por otra Europa que ha conseguido superar el tope mínimo del 4% de los votos. Organizar y desarrollar esa izquierda como proyecto reformista incisivo es posible a partir precisamente de este giro electoral de apoyo a la capacidad de los sujetos que representan a los ciudadanos en el espacio público mediante la representación medida en términos electorales de impulsar y dirigir cambios en las relaciones económicas y sociales.

En Portugal sin embargo, la situación es más “clásica”, aunque la participación ha sido bajísima, 34,25%. El Partido Socialista, que siempre ha rentabilizado en términos electorales la convocatoria de elecciones cuando la presión de los organismos financieros europeos era terrible y obligaba a recortes de derechos y de prestaciones sociales inconcebibles, ha obtenido la primera posición, y la izquierda que está plenamente identificada con las importantes movilizaciones sociales, fundamentalmente sindicales, ha aumentado su presencia electoral hasta obtener más de un 12%. Un partido hasta el momento no muy importante, ambientalista y ecocapitalista, que ha obtenido más audiencia gracias a la presencia mediática de su dirigente, y que se inscribe en el espacio “verde” pero sin afiliarse al Grupo Europeo de Los Verdes,  el llamado Movimiento o Partido de la Tierra, ha obtenido un 7% de los votos, mientras que el Bloco de Esquerdas languidece respecto de sus resultados anteriores en torno a un 4%. Es decir, una fuerte presencia también aquí de la izquierda anti-austeridad pero con una presencia más activa del partido socialista. Hay que tener en cuenta que la incidencia de las reformas estructurales en Portugal ha sido menor en intensidad que entre nosotros, pese a estar la economía portuguesa en una situación de rescate europeo, y algunas de sus medidas centrales en relación con el bloqueo salarial de los empleados públicos, han sido consideradas inconstitucionales por el Tribunal constitucional portugués, la última de las cuales en una sentencia reciente de 30 de mayo del 2014 a instancias precisamente de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el PS.

El caso griego es mucho más conocido y ha sido muy comentado en los medios de comunicación. La configuración de Syriza como primera fuerza de la izquierda y la más votada por el electorado griego es una señal de renovación para todas las fuerzas de progreso europeas y en especial para aquellos países especialmente castigados por la llamada crisis de la deuda soberana. El modelo – europa que propone Syriza diseña las líneas generales de una reconstrucción programática en torno a un proyecto radicalmente democrático que sitúa en el centro de su desarrollo los derechos democráticos – ante todo la capacidad de decisión de la política sobre la economía – y sociales – la necesidad de redistribuir y nivelar profundamente las asimetrías desiguales de las relaciones de poder. En Grecia, por lo demás, el partido socialista se sitúa en un 8% de los votos perdiendo cinco puntos respecto de las últimas elecciones, y se presenta como un componente menor de la coalición gobernante dirigida por Nea Democracia, una suerte de junta de liquidación y administración de los bienes y servicios del país en aplicación de las decisiones dictadas por el mando financiero – burocrático de la troika. Todos saben que se ha negociado un nuevo memorándum cuyos términos se han mantenido secretos antes de las elecciones, en el que nuevos sacrificios y recortes se exigirán como contraprestación a la ayuda y financiación europea.  El PASOK ha compartido este escamoteo. La iniciativa de reforma y de cambio de la socialdemocracia ha desaparecido, fundiéndose plenamente con la coalición gobernante que asegura la gestión de la austeridad.

Varios modelos de respuesta en las diferentes realidades nacionales y estatales. Caída del bipartidismo con una crisis profunda del partido socialista en España, unido a la emergencia de un sujeto político complejo y plural en ascenso que representa una visión alternativa y democrática de Europa y de la situación española. Un panorama más clásico en Portugal en donde el Partido socialista sigue desempeñando un rol directivo en la captación de los consensos populares, “empujado” desde la izquierda por un conjunto de sujetos que están bien instalados en la población y son capaces de expresar su descontento y su necesidad de cambio. Justo lo contrario en Grecia, donde la socialdemocracia ha abdicado de su capacidad de proyecto y es la izquierda democrática y social la que protagoniza el impulso al cambio desde la revalorización de la política como un espacio público de participación ciudadana. Mientras que en Italia, la capacidad del Partido Democrático de poner en práctica reformas generales, desde el plano político-constitucional, económico – productivo y de gestión administrativa, ha sido valorada muy positivamente por la mayoría de la población en una doble dirección, la de rechazar el populismo conservador de Berlusconi  y sus aliados “naturales”, como la Lega Nord, y la de afirmar la importancia de la representación política de un partido “general” como forma de intervenir en las relaciones sociales expresando opciones concretas de gobierno.

Una situación por tanto más abierta, en la que la dimensión europea juega una posición central en la determinación de las políticas adoptadas en cada país en concreto y cuya evolución concreta se debe seguir de forma muy atenta como un momento de cambio y de transición en los proyectos de sociedad de las fuerzas políticas democráticas y de la condición ciudadana. En el blog hermano Metiendo Bulla se han mencionado algunos análisis generales sobre los resultados electorales, uno de Nicolás Sartorius  y otro de Rosana Rossanda. ( Sobre las elecciones europeas). La última entrega de Sin Permiso ofrece una buena recopilación de análisis generales de estas elecciones así como la situación concreta en Italia, Alemania y Francia. (Paisajes después de las europeas) Seguramente que en los días sucesivos encontraremos más referencias analíticas que ayuden a hacerse una idea de la nueva situación que ha abierto este proceso electoral en la izquierda europea.

RESULTADOS ELECCIONES EUROPEAS ITALIA

Partido	Grupo	votos	%	escaños
PD	S&D	11.203.231	40,8	31
M5S	No inscritos	5.807.213	21,1	17
Forza Italia	PPe	4.614.364	16,8	13
Lega	Efd	1.688.117	6,2	5
Ncd-Ucd	PPe	1.202.350	4,4	3
L’altra Europa con Tsipras	GUE /NGL	1.108.457	4	3
Fratelli di Itala	No inscritos	1.006.513	3,7	---

RESULTADOS ELECCIONES EUROPEAS PORTUGAL

Partido	Grupo	Votos	%	Escaños
PS	S&D	1.032.416	31,5	7
PPD/PSD. CDS/PP	PPe	909.283	27,7	6
PCP-PEV	GUE/NGL	416.612	12,7	2
Partido da Terra	No inscrito	234.516	7,2	1
Bloco do Esquerdas	GUE/NGL	149.546	4,6	1

RESULTADOS ELECTORALES EUROPEAS GRECIA

Partido	Grupo	Votos	%	Escaños
Syriza	GUE/NGL		26,5	6
Nea Democracia	PPe		23,2	5
Amanecer Dorado	No inscritos		9,3	3
Olivo (Pasok)	S&D		8,1	2
El Rio	¿?		6,5	2
KKE	GUE/NGL		6	2
Griegos Independientes	No inscritos		3,4	1

NADA QUE CELEBRAR: EL DIA DE CASTILLA LA MANCHA

http://youtu.be/P32HIi18IKw

El 31 de mayo es el día de Castilla La Mancha. Una región especialmente castigada por los recortes en dependencia y en asistencia social, donde la restricción del gasto educativo se ha situado a niveles cercanos a la práctica eliminación de servicios o de la investigación, en la que es patente la configuración de un bloque de poder oligárquico que acelera las privatizaciones de servicios esenciales para enriquecerse privadamente, a la vez que decididamente apuestan por reprimir el ejercicio de derechos ciudadanos y reformar el sistema de elección de la región mediante la violación de los principios de pluralismo político, estableciendo un nivel mínimo de acceso al órgano legislativo de la región de un 18% en la práctica. Una región cuyo gobierno está presidido por la secretaria general del Partido Popular al que le acompaña una oleada de corrupción. La constante vulneración de los derechos laborales y sindicales por la Junta de Comunidades está documentada en las numerosas decisiones de los tribunales de justicia anulando los actos ilícitos del poder público.

Los sindicatos de la región han decidido no acudir a los actos oficiales de celebración de este día de la Comunidad Autónoma. Bajo el título "Nada que celebrar", hacen explícito su rechazo a ese estado de cosas y la protesta ante el mal gobierno regional. Han convocado una manifestación en defensa de los servicios públicos, del empleo, de los derechos y libertades. Los convocantes son los que han llevado a cabo de forma continua la labor de resistencia al gobierno, los sindicatos. CCOO, UGT, STAS Intersindical y USO. A la manifestación se han unido partidos políticos como IU, Podemos y Equo, muchas organizaciones sociales y las Marchas por la dignidad. Será una gran manifestación.

Ha habido un paréntesis durante la campaña electoral de las europeas. Ahora regresa la política, la necesidad de cambiar las cosas, la resistencia y la propuesta. El 31 de mayo, la manifestación de Toledo pondrá de manifiesto que cada vez es menor la legitimidad del gobierno del PP y sus políticas antisociales en la percepción de la ciudadanía.

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ILEGALIDADES DEL TRABAJO, TRABAJO FALSEADO

En el marco del Seminario de análisis comparado que se realizó en Cuenca el 19 y 20 de mayo pasado entre la unidad de investigación de la Universidad de Ferrara y el área de Derecho del trabajo y de la seguridad social de la UCLM (en la imagen el profesor Balandi saluda a la Vicerrectora de Cuenca, la profesora Zurilla, presentados por la profesora Merino, rodeados de los asistentes) , se hizo un repaso general al objeto fundamental de análisis, el trabajo ilegal, no declarado y falseado. Algunas de las reflexiones sobre el particular se recogen a continuación.

No es fácil definir qué es ilegal en relación con las relaciones de trabajo. La noción de ilegalidad se descompone en una serie de posibilidades. Desde la más común, la inaplicación plena de las reglas legales que disciplinan el trabajo y su relación con los mecanismos de seguridad social – el llamado trabajo sumergido, “en negro” o clandestino - , a la que posiblemente estamos más habituados, es decir, la utilización  falseada o fraudulenta de reglas pensadas para otro tipo de relaciones de actividad que eluden la aplicación de las reglas típicas del derecho del trabajo. Constituye también una variante de la ilegalidad el acoplarse a una cierta legalidad formal, aludiendo a la utilización de reglas formalmente correctas, pero materialmente desviadas de la función de las mismas. La ilegalidad no se refiere por tanto a la validez o legitimidad de las normas jurídicas. Pero en momentos como los actuales en los que las reformas legislativas son profundamente contestadas como disposiciones contrarias a la constitución – y por tanto inválidas – e ilegítimas, las zonas de la ilegalidad y de la cobertura legal se comunican y se refuerzan mutuamente. En el caso español esta contaminación entre lo ilegal y las normas de reforma es algo que se puede comprobar con relativa facilidad, porque se ha puesto en marcha una dinámica de apropiación de estos espacios para su transformación en situaciones que no confrontan con prohibiciones o exclusiones jurídicas. Es decir, se transforman situaciones ilegales en actos permitidos, y se sustituye una lógica de prohibición por otra de permisividad en materia de condiciones de trabajo o reglas laborales.

Las áreas de la ilegalidad son fundamentalmente tres, la relativa a las reglas contractuales, la muy sensible de la protección frente al accidente de trabajo y las enfermedades profesionales y la protección de seguridad social para los ciudadanos. Es oportuno saber a qué intereses sirve la presencia de un espacio amplio de relaciones de trabajo caracterizadas por alguna de las posibilidades en las que se materializa la ilegalidad. Normalmente se tratará de intereses del empresario como sujeto predeterminado a disfrutar y administrar en su beneficio esta situación. Pero también  existen intereses muy decididos de los trabajadores en algunos supuestos a mantenerse en la ilegalidad, como clásicamente sucede con la percepción indebida de prestaciones de desempleo y realización de trabajos “en negro”, de forma que el interés del empresario y del trabajador coinciden en la inaplicación de las reglas legales. Se puede asimismo fijar la posibilidad de que colabore en un interés a la ilegalidad algunos sectores de ciudadanos, como clásicamente sucede con la elusión de las cargas fiscales y, aunque pueda parecer una contradicción en sus propios términos, los poderes públicos pueden tener un interés no explicitado al mantenimiento de las situaciones de ilegalidad, de forma tal que pueden traerse a colación varios ejemplos de esta actitud. En materia de economía sumergida o irregular, un cierto “mirar hacia otro lado” en la medida que el trabajo sin derechos, plenamente desregulado, supone un alivio de situaciones de desfallecimiento social y de carencia de cualquier medio – legal – de renta.  La admisibilidad de situaciones “dudosas” de trabajo falseado, en la medida en que trabajo a tiempo parcial o trabajo autónomo son categorías que permiten reducir la tasa de desempleo. Muchas vías por consiguiente para incidir en la ilegalidad y mantener esa situación como algo no modificable, siempre presente.

La noción de ilegalidad conduce necesariamente a los controles públicos previstos para evitarla. Lo que obliga a estudiar los tipos de sujetos que ejercitan el control, las modalidades a través de las cuales se ponen en práctica los controles y, como tema más clásico, los sistemas de eficacia de los controles, es decir, la eficacia del sistema sancionatorio y de sus efectos represivos y disuasorios.

En el caso español, el examen del control sobre la economía irregular o sumergida como una modalidad específica de acción de los poderes públicos durante la crisis que inicia en el 2008 y mediante el estallido de la burbuja inmobiliaria es interesante. Al comienzo no parece un tema que mereciera una atención especial. Bastaba recurrir a los instrumentos de los que el ordenamiento jurídico estaba dotado.

 Los instrumentos típicos que prevé la ley en orden a la  inspección, requerimiento y propuesta de sanción de las situaciones irregulares en el trabajo, son por tanto los que se utilizan, si bien con el desplome también en términos de empleo del sector de la construcción y sus derivados, se observa un crecimiento importante de economía sumergida como forma de subsistencia de personas y micro-empresas con la consiguiente elusión de cotizaciones e impuestos.  Desde esa constatación, se quiere mejorar la eficacia de los controles públicos a partir de 2009 en las vertientes fiscal, laboral y de seguridad social a través de un esfuerzo de coordinación entre los distintos cuerpos. En ese sentido se realizó el Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 14/07/2009, que buscaba dotar de mayor eficacia a esta triple acción de observación e inspección de la realidad.

Reducido de manera drástica el número de inmigrantes en estos sectores, la destrucción de empleo era de todas formas irrecuperable. Una parte importante sin embargo de la actividad de construcción y reforma de viviendas se efectúa o de manera completamente irregular, sin formalizar contratos laborales ni dar de alta a esos trabajadores, o bien a través del recurso al trabajo autónomo. Por tanto, la permanencia de estas situaciones llevó al gobierno socialista de entonces en su última etapa, a abordarlas también desde la perspectiva de la regularización de las mismas.

El RDL 5/2011, de 29 de abril, para la regularización y el control del empleo sumergido, fundamentalmente en el sector de la construcción y vivienda, es la norma emblemática al respecto. A tenor de esta norma, los empresarios que ocupen trabajadores de manera irregular por no haber solicitado su afiliación inicial o alta en la Seguridad Social, podrían regularizar la situación de los mismos desde 6 de mayo, (fecha de la entrada en vigor de la norma) hasta el 31 de julio de 2011. La regularización implicaba que tales  situaciones que afectaban a los trabajadores afectados por la regularización, no podrán ser objeto de las sanciones administrativas, salvo que “ya se hubiere iniciado una actuación en la empresa en materia de seguridad social, que tenga por objeto o afecte a las situaciones de hecho referidas en dicho apartado o hubieren tenido entrada en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social denuncias, reclamaciones o escritos”.  El efecto buscado era el de hacer salir a superficie las relaciones laborales ocultas, mediante la conclusión del oportuno contrato de trabajo, junto con el alta y la cotización a partir de ese día.

Se trataba de una operación más parecida a la regularización del trabajo inmigrante que se había producido al comienzo de la década. Con ella se pretendía (re)incorporar a la estadística de desempleo un nuevo contingente de personas que hasta el momento no eran consideradas como trabajadores o trabajadoras en activo, aunque para ello se inhibía la sanción pública al comportamiento ilícito del empresario que había utilizado fuerza de trabajo fuera de las reglas que enmarcan la prestación de servicios laboral. No constan los resultados, exitosos o no, de esta medida.  Lo único que se conoce es que tras la llegada del gobierno Rajoy, esta perspectiva “regularizadora” se llevó a cabo con los capitales evadidos o sumergidos en una llamada “amnistía fiscal”, establecida en la Disposición Adicional 1ª del RDL 12/2012, de 30 de marzo, destinada a “la reducción del déficit público”, en la que el aflorar de estos capitales llevaba consigo que los evasores pudieran acogerse a una amnistía fiscal plena pagando menos del 10% de lo defraudado.

La eficacia de estas medidas está en entredicho. Especialmente críticos se han mostrado tanto los grupos políticos de oposición al gobierno como los sindicatos y asociaciones profesionales de inspectores de hacienda como GESTHA, que entienden que deben afinarse y mejorarse la inspección y el control de la defraudación fiscal y no emprender operaciones de condonación de delitos fiscales y de blanqueo o lavado de dinero. En el año 2013 los resultados de la lucha contra el fraude fiscal descendieron, en gran medida por la lasitud de las autoridades políticas al respecto. Pero fundamentalmente por la propia indicación del poder público que resguarda a las grandes empresas y grandes capitales de la inspección fiscal. Como ha puesto de manifiesto GESTHA, el 75% de los efectivos dedicados a la inspección solo pueden comprobar la actividad fiscal de microempresarios, pequeñas empresas y trabajadores o pensionistas, mientras que existe un déficit en la comprobación de las grandes empresas y fortunas del país.

En materia laboral y de Seguridad Social, se ha continuado la orientación coordinadora entre las administraciones laboral, de seguridad social y de hacienda a través del denominado “Plan Integral” para la “prevención y corrección” del fraude fiscal, laboral y de seguridad social (PIF), que  ha sido elaborado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, que fundamentalmente se dedica a intervenir sobre la economía irregular y el trabajo no declarado. A ello se ha unido la promulgación de sendas leyes de prevención del fraude, fiscal y laboral, la Ley 7/2012 y la Ley 13/2012, ésta última en materia laboral y de seguridad social, denominada “de lucha contra la economía irregular y el fraude a la Seguridad Social”, que fundamentalmente amplía y especifica el catálogo de infracciones laborales y refuerza las sanciones. La Disposición Adicional de dicha Ley 13/2012 da al gobierno un plazo de seis meses a partir del 31 de diciembre de 2013  - que por tanto está a punto de decaer – para que “previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y teniendo en cuenta lo previsto en el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 2012-2013 y cuantas actuaciones permitan el control de conductas que infrinjan los derechos de los trabajadores, incluidas las que incurran en prácticas delictivas”, realice una evaluación anual de la “eficacia y eficiencia” de las medidas  puestas en marcha “con el fin de tener un diagnóstico que permita corregir y orientar las nuevas actuaciones a emprender”. No parece ciertamente que los resultados hayan sido muy eficientes ni eficaces.

Algún dato parece avalar la escasa incidencia del instrumento disuasorio por excelencia, las sanciones. En la memoria de la Inspección de Trabajo para el año 2013, se revela la cantidad que se ha impuesto por todas las infracciones laborales, que asciende a 19.738.000 €. Es decir, una suma claramente insuficiente para cumplir cualquier finalidad intimidatoria o disuasoria frente al fenómeno de evasión de impuestos y de cargas sociales que lleva consigo la economía irregular que se calcula por algunas fuentes en el 24 % del PIB español. Por su parte, las sanciones penales previstas en el art. 312 CP – tráfico ilegal de mano de obra y migraciones ilegales – son prácticamente inexistentes, y mucho más el delito previsto en el art. 307 CP sobre defraudación a la Seguridad Social, que admite la excusa absolutoria si se regulariza la deuda. Más eficaz ha resultado el delito por fraude fiscal. El expresidente de la patronal española Diaz Ferrán fue condenado por delito contra la Hacienda Pública además de la primara acusación por quiebra fraudulenta. El recurso a la vía penal parece sin duda más eficiente en estos grandes incumplidores.

El control de la ilegalidad en materia laboral y de seguridad social se debilita por tanto en el marco de la crisis y de las reformas laborales que reducen y disminuyen los controles colectivos y sindicales sobre la aplicación concreta de los derechos reconocidos en normas legales y convenios colectivos. La reducción del gasto público no sólo detiene y reduce la plantilla de inspectores y subinspectores, sino que además obstaculiza en general el empleo de medios suficientes para abordar el control de grandes operaciones de economía oculta y de fraude laboral o contributivo extenso.

La acción pública se encuentra ante un gran dilema. Incrementar los ingresos mediante el control de la gran masa de dinero escondido en la llamada economía irregular, aflorar relaciones laborales ocultas y recabar las cotizaciones sociales evadidas, regularizar conforme a la norma situaciones de trabajo falseado, con importantes consecuencias también contributivas. Pero esa acción se confronta con una tendencia que se revela mucho más fuerte. Es la de recortar el gasto público y aligerar los costes salariales y contributivos del trabajo, por una parte – del que constituye un ejemplo paradigmático la conocida “tarifa plana” del  RDL 3/2014 – y por otra la de conseguir a toda costa aumentar la creación de empleo, aunque sea a tiempo parcial y trabajo autónomo, consciente el legislador que está abriendo en estos dos temas amplios espacios de impunidad para el trabajo falseado. Es decir, la acción pública de control del cumplimiento de la legalidad sostiene los derechos derivados del trabajo, mientras que la acción pública de las políticas económico-laborales degrada al trabajo a un puro coste económico que debe reducirse y con él, la posibilidad de conformar un espacio de dignidad y de libertad frente al poder privado que lo utiliza al máximo y reduce su remuneración. Una contradicción que se resuelve sólo invalidando las reglas y las normas que anulan la consideración político-democrática del trabajo tal como reconoce la Constitución española todavía formalmente vigente.

COMENTARIOS A LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS

En el blog hermano Metiendo Bulla se ha insertado un comentario de urgencia sobre los resultados electorales que es de obligada lectura. Nosotros en esta bitácora lo queremos sincronizar con nuestra entrada.

He aquí el contenido de Metiendo Bulla convenientemente sincronizado:

CARAMBA CON LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS

Y este es el añadido que se anexa al mismo

La cosa está complicada para el partido de gobierno. La fragmentación del voto de izquierda y soberanista y el hundimiento en paralelo del voto socialista no debe ocultar la pérdida fortísima de consensos de la derecha española. Autoritaria en la respuesta, sin aceptar preguntas – pero, ¿dónde está la prensa libre? – el discurso del PP ignora la clamorosa pérdida de legitimidad de sus políticas.

La cosa está complicada para el partido de la oposición. Corresponsabilizado por la población del desastre económico y de la devastación social, se prepara en los próximos días un proceso de implosión en el PSOE de largo alcance. Y el resultado electoral se supone que obligará a los socialistas a considerar el espacio de la contestación y de la protesta no como privativo de los “pequeños” sino como un espacio político con el que interactuar.

La cosa está complicada para la Nación Española. El debate soberanista en Catalunya tiene plena vigencia en los resultados electorales. Que arrojan un porcentaje favorable al soberanismo cercano al 70 % frente a un federalismo imposible – el 14,5 % del PSC – y la reivindicación de la unidad española de Ciutadans y del PP. Menos intenso, con el problema adicional de la pacificación, en Euzkadi.

 

La izquierda ha votado fragmentada, pero han votado muchos a la izquierda. Si unimos los votos de IU, Podemos y Primavera Europea, más de tres millones de votos. Si se trabaja bien en los próximos meses, ese electorado puede mantenerse y sostener un fuerte proyecto de cambio reformista.

 

La aportación de España al grupo de la Izquierda Europea es muy grande: 10 diputados. Eso implica que tendrán que trabajar juntos IU y Podemos. Y que deben generar una dinámica de trabajo político que configure un cierto proyecto europeo confrontado al que ha diseñado el complejo financiero-burocrático. Las buenas prácticas imponen que ese intercambio de aproximaciones o enfoques se despliegue allí – y la acción de arrastre de Tsipras será decisiva al respecto – pero se vuelque asimismo aquí en los programas y acciones nacional – estatales.

 

En toda la Europa del Sur crece la izquierda contra la austeridad. Grecia, España, Portugal. Especial el caso de Italia con la antipolítica del Movimiento 5 Estrellas.

La extrema derecha ha experimentado un incremento espectacular en las naciones ricas como Francia e Inglaterra, tambien en el norte. Es la expresión directa de la política insolidaria y segregacionista de la troika. Protege un espacio ideal, fijado en el mercado nacional, de los flujos de inmigración y niegan la solidaridad y la redistribución entre naciones ricas y naciones en dificultad. Los memorándums de la troika y la política de inmigración comunitaria son interpretados al pie de la letra por la extrema derecha europea.

Es un momento de alianzas o un momento de construir políticas que permitan alianzas. La fragmentación del voto de izquierda, que expresa la dificultad de encontrar un proyecto de sociedad igualitaria y solidaria que sea compartido por la mayoría de la población, obliga a centrarse en los temas concretos para encontrar soluciones y propuestas compartidas. Volver a las pequeñas cosas, recordar que el sufrimiento y la injusticia siguen bien presentes en un tiempo de tránsito hacia el cambio político, económico y social que debe permitir ir refundando la idea de Europa.

 

 

Un pequeño détour. En el parlamento europeo se sentará una gran sindicalista, Paloma López, que conoce muy bien el significado del trabajo con derechos y la necesidad de afirmarlo en el espacio europeo. Es una noticia muy buena. Seguiremos su actuación.

 

Que tengan buen día, amigas y amigos.

LA IZQUIERDA Y LAS ELECCIONES EUROPEAS (III)

Colectivo Bullejos

Termina con este “suelto” la tercera parte del informe que hemos elaborado a petición del Blog “Según Antonio Baylos” sobre las fuerzas políticas que se presentan en estas importantes elecciones del 25 de mayo del 2014. Si las dos anteriores giraban predominantemente en torno al Partido Popular (la primera) y al Partido Socialista (la segunda), esta tercera intervención se centra fundamentalmente en la candidatura de Izquierda Plural. Muchas gracias por su atención y esperamos tenerlos nuevamente a bordo.

El cuestionamiento de la construcción de Europa, sus fisuras y contradicciones, han preocupado prácticamente desde su inicio a Izquierda Unida. De hecho la primera de sus grandes crisis nace precisamente al diferir entre sus componentes sobre el alcance y significado del Tratado de Maastricht y el tipo de proyecto social y económico que éste ponía en marcha. Es posiblemente un debate seminal que todavía se recuerda, aunque seguramente hoy se plantearía de otra manera. En general la componente europea e internacional ha acompañado las preocupaciones de esta coalición, comprometida seriamente con al antibelicismo y el pacifismo. Los debates sobre la Constitución europea, en el 2005, que anunciaban el despliegue sin restricciones ni límites político-democráticos de las libertades fundamentales de mercado, hicieron que IU se inclinara por votar no en el referéndum, y a partir del desencadenamiento de la gran crisis percibida en el 2009 y 2010, la crítica a las políticas de austeridad y a las reformas del marco institucional de las relaciones de trabajo, de la seguridad social y de la sanidad, ha sido constante.

Tras apaciguar de manera significativa la división producida por los conflictos internos que ha marcado desde su inicio la existencia política de Izquierda Unida, en las elecciones del 2011 la coalición recogió una parte del voto de protesta frente a la actuación del gobierno socialista en el marco de la crisis y de las políticas de austeridad impuestas. Su actuación parlamentaria frente al acuerdo bipartidista PSOE – PP de modificar el art. 135 de la Constitución sin convocar un referéndum para ello fue un claro ejemplo de utilización democrática de las formas parlamentarias pese a un reglamento del congreso basado en el predominio aplastante de las decisiones de los dos partidos mayoritarios. Ya bajo el nombre de Izquierda Plural, obtuvo en las elecciones generales de noviembre de 2011 casi un millón setecientos mil votos, aproximadamente un 7% del total de los emitidos, constituyéndose en la tercera fuerza más votada. Ha participado en las grandes movilizaciones del 2012 como uno de los actores políticos destacados junto a sindicatos y otros movimientos sociales. Incluso a partir del 2013 ha originado como decisión propia una serie de actos e iniciativas especialmente en el tema de derechos y libertades.

Consciente de la necesidad muy sentida en los sectores más castigados por las políticas de la austeridad de impulsar un proceso de unificación de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE como forma de capitalizar “en las instituciones” las reivindicaciones esgrimidas en las calles y en las plazas, ha intentado hacer avanzar el proceso, de forma que la lista electoral que presenta sería la plasmación concreta del tipo de alianzas logradas. Las formas de confección de la lista, los métodos para encauzar un debate complejo y  las tomas de decisión colectiva en órganos de dirección frecuentemente acompañada de ratificación posterior por la militancia de la organización política coaligada, han generado críticas probablemente más acertadas en cuanto a la disconformidad con el resultado final que en lo relativo al método para definirlo.

En principio, la lista de Izquierda Plural pretendía hacer converger tres líneas de desarrollo. Por un lado, debería ser capaz de expresar un verdadero compromiso federal más allá de la estructura de la que se dota como organización, y normalizarlo como ejemplo de lo que debería ser la configuración territorial del Estado español. De esta manera, la presencia de Iniciativa – Los Verdes y de ANOVA responderían positivamente a esta intención, aunque sin embargo se fracasó en la incorporación de Chunta Aragonesa que rechazó la militancia de ésta al preferir concurrir con Equo-Compromís. La segunda, integrar a figuras paradigmáticas que permitieran articular la relación entre sectores clave de la resistencia espontánea de los ciudadanos y  que pudieran ser representativas de los movimientos sociales que se desplegaban en los procesos de movilización. En este aspecto las figuras de Albiol y Couso responden a ese objetivo, aunque no hubo la suficiente flexibilidad para incorporar en los primeros puestos a Pisarello propuesto por EUiA, como elemento significativo de la relación con los movimientos ciudadanos y la PAH en especial en Cataluña. La presencia de López como número dos avala la relación ahora especialmente privilegiada de IU con los sindicatos, especialmente a partir de finales del 2011. En un tercer nivel, la nómina de nombres intentaba integrar las organizaciones más potentes y combativas – o significativas – de la estructura de IU, incluidas las corrientes ideológicas en su seno. En este punto las dificultades fueron mayores y las críticas más amplias, en concreto en torno a la decisión de situar a Meyer en el primer puesto y en la posposición del candidato de Izquierda Abierta. Sin embargo, globalmente considerado, el objetivo parece haberse cumplido de forma relativamente satisfactoria.

La interacción entre el espacio europeo y el nacional / estatal es la base de partida de la exposición del programa de Izquierda Plural, y se trata de un discurso que llevan haciendo desde hace tiempo por lo que no les resulta incómodo reforzarlo en ocasión de las elecciones europeas. Realmente lo que para la Izquierda está en juego es la posibilidad de alterar y transformar las políticas europeas que imponen sufrimiento a la ciudadanía a través de recortes sociales y degradación de derechos laborales y sindicales. Son sin embargo consideradas realmente como políticas europeas de los gobiernos nacionales, de manera que es el aparato de la gobernanza – y no sólo del gobierno en un sentido técnico estricto, por donde se insiste en el bipartidismo como forma real de administración de la misma – el que pone en práctica estas decisiones marcadas o indicadas por el complejo financiero – burocrático europeo, la troika por resumir. Pero hay una conciencia clara, aunque posiblemente no se haya explicado de forma terminante, de que estas políticas concebidas en el espacio supranacional no podrían ser aplicadas si no existiera el consenso de los gobiernos de los Estados en donde se acomodan éstas y se desarrollan en lo concreto. Por eso la importancia doble de defender propuestas contrarias y alternativas a las políticas de austeridad dentro y fuera del perímetro del Estado español, generando aquí un amplio refrendo popular a las acciones y proposiciones que se van a mantener allí. La candidatura de Tsipras, que es la que más va a crecer respecto de los diputados que se integren en el grupo de la  lzquierda Unida Europea, puede convertirse en un referente fundamental para la construcción paulatina de una estrategia de reformas y de alianzas en Europa de la que ya se está comenzando a poner las bases.

En un espacio muy similar al de la Izquierda Plural, se presenta la coalición Podemos, liderada por Pablo Iglesias. Discrepante en los métodos de formación de la voluntad colectiva de las organizaciones de partido – más allá de los procedimientos de selección de las listas electorales – e incorporando elementos de democracia en red y democracia “desintermediada” a través de la construcción de círculos “Podemos” en una estructura capilar, se ha construido una alternativa política creíble en términos electorales. Facilitada por la presencia mediática de Iglesias, hay en este movimiento un “aire de familia” buscado con el movimiento conocido en Europa como “indignados” o el 15-M. Hace más hincapié en las formas de obtener la definición de objetivos y de propuestas que en el contenido de las mismas. En el debate electoral, el discurso iba dirigido principalmente al plano nacional estatal, pero focalizado sobre la condición subalterna de la precariedad vital y la capacidad democrática de transformar la realidad y de resistir el dominio: El miedo cambiará de bando. Europa aquí aparece como un lugar  imaginado por el capital financiero como puro mercado poblado por sujetos desprovistos de derechos sometidos a una casta de funcionarios especializados en impedir la rebelión y la coalición para vencer esa servidumbre impuesta.

En su origen se concebía más bien como una expresión particularizada del programa derivado de las movilizaciones sociales del 2012 y 2013, un fenómeno por lo demás esencialmente madrileño, adaptado y corregido en función de los sujetos participantes y movilizados en el mismo, fundamentalmente jóvenes alejados de “la política” como forma alienada de un dominio que se manifiesta en su cotidianeidad económica y social en la existencia diaria de tantas personas incapaces de reconocerse en esa representación de intereses a través de los partidos, incluso los de la izquierda radical. Esta primera percepción – que era muy común en el interior de IU, que a fin de cuentas era la fuerza política que más había interiorizado como programa el conjunto de las reivindicaciones sociales – ha ido cambiando a medida que se fortalecía en la opinión pública como opción electoral y se extendía por el territorio del Estado español. Actualmente parece tratarse de una opción estratégica más a largo plazo, que pretende perpetuarse en el panorama político y electoral interno, proponiéndose como un modelo que atraiga asimismo a sectores sociales y a estructuras partidarias situadas fundamentalmente en el espectro de la izquierda política donde Izquierda Unida está bien instalada y progresando. Hay muchos modelos de desarrollo de esta escala de acciones.

Lo que resulta evidente es la necesidad de condensar en voto popular este esfuerzo de resistencia colectiva que ha mantenido la sociedad española durante un proceso mantenido con 2012 como punto crítico, pero continuado en 2013 y en lo que va de año 2014. Hay algunos datos que avalan la desafección electoral hacia las dos grandes opciones hasta el momento dominantes, el PP y el PSOE. En el 2011, la concentración del voto emitido sobre los dos grandes partidos era del 75%, mientras que en el 2008 había llegado al 82 %, su mayor score. Es casi seguro que en las elecciones de mayo, vuelva a bajar, de forma que el espectro de grupos y partidos no asimilados a los dos grandes partidos siga aumentando, o, a la inversa, que siga disminuyendo la concentración del voto hasta niveles asimilables a las primeras elecciones de 1977, donde UCD y PSOE concentraron el 65 % de los sufragios. El otro vector es el número absoluto de votos emitidos. Como ya hemos dicho, el escenario de una fragmentación de asociaciones y coaliciones políticas que convergen en el rechazo y en la necesidad de otra política para Europa, debería ser capaz de obtener una densidad representativa medible en número de sufragios que, aunque emitidos para la pluralidad de fuerzas presentadas, puedan ser en su conjunto imputadas a un bloque probable de sujetos políticos que repudian las políticas dela troika y defienden una propuesta alternativa, comenzando desde luego por el grupo más potente y organizado, el de Izquierda Plural. Nosotros la hemos fijado en tres millones de votantes, porque es ya una cifra importante de ciudadanos que toman decididamente partido contra las políticas de la restricción y de la pérdida de derechos. Iniciar un proceso destituyente del sistema requiere, como primer paso, situarse, en el conjunto de las fuerzas que no integran el bipartidismo imperfecto que caracteriza al sistema español, en torno a un 15% de los votos. A partir de ahí se pueden comenzar a condicionar seriamente las decisiones lesivas para la ciudadanía y mostrar la importancia de la acción política institucional para el Estado Social y los derechos ciudadanos.

Así que manos a la obra.  Las elecciones del domingo requieren muchos votos de izquierda. Hay que ponerse a ello. Los resultados electorales posiblemente constituyan una nueva entrega de este comentario a la nueva conformación del Parlamento europeo.