Está
dando mucho que hablar la organización de una serie de actos bajo el nombre de “España
en libertad” que coinciden con el medio siglo que media entre la muerte del
general Franco y la actualidad. Fue objeto de un debate muy intenso en el
Congreso, ha continuado en las declaraciones de los políticos de la oposición
de derecha y extrema derecha e incluso ha dado pie a un manifiesto firmado por
84 personas – periodistas, columnistas y políticos que ya no están en activo –
en el que piden boicotear los actos organizados por la muerte de Franco.
Los argumentos que se utilizan
para cuestionar esta iniciativa del gobierno son bastante homogéneos – lo que
hay que festejar es la democracia y no la muerte del dictador, esto reabre
viejas heridas entre dos bandos de la guerra civil en las que hubo excesos por
ambas partes, a la postre se trata de una nueva execrable iniciativa del
presidente del gobierno para ocultar el cerco judicial que le acecha, etc –
pero lo que resulta más interesante es la reconstrucción histórica que esta
fuerte contestación política ha provocado.
Quizá la forma más concreta y
clara de lo que supone la narrativa que sostiene la llamada al boicot de estos
actos se encuentra en la alocución que Cayetana Alvarez de Toledo
efectuó en el Congreso el 18 de diciembre de 2024, según la cual “a Franco no
le derrotó una izquierda heroica, sino una vulgar flebitis”, que coincide con
un “tuit” de Nicolás Redondo Terreros que insistía en que Franco murió
en la cama “porque fueron menos los antifranquistas durante su vida que los que
aparecieron después de muerto y mucho menos de los que hoy vociferan envalentonados”.
Lo que de nuevo en el manifiesto Contra Franco: la Constitución es la única
celebración posible se recuerda con insistencia: “recordar el prolongado
fracaso de la oposición para acabar con un dictador decrépito y sanguinario que
murió en la cama y la soledad y sacrificio de los pocos y heroicos luchadores
que lo combatieron”.
Hay en ese discurso la expresión
del orgullo del vencedor: la dictadura no fue derribada por la movilización del
pueblo, sino que por si misma pudo evolucionar hacia la democracia. La
transición política es por tanto un acto de concesión paulatina de apertura a
las libertades democráticas, no un proceso de conquista de derechos. Esta
negación de la dialéctica de la historia solo admite la existencia de algunos hechos
heroicos, hazañas aisladas de individuos que se opusieron a la dictadura, posiblemente
por un entronque moral en la dignidad de la persona, sin que existiera por
consiguiente una organización colectiva y una construcción cotidiana de
resistencia y de proyecto alternativo en la dinámica de las luchas. Se trata de
reinstalar en el espacio de la comunicación y de la discusión política por
enésima vez la narrativa de la transición política como un pacto entre las
élites en un contexto internacional determinado que hicieron evolucionar “el
régimen anterior” hacia un estado de derecho reconocido en un texto
constitucional.
Es cansino tener que reiterar que
la dictadura fue ampliamente contestada y combatida principalmente desde la
clase trabajadora organizada, que había sido por otra parte el enemigo interno
y principal del franquismo, que fue capaz de poner en marcha un gigantesco
movimiento de transformación social a partir del conflicto y de la negociación partiendo
de los lugares de trabajo, creando las condiciones para un cambio real de
pensamiento y de mentalidad, en la que cooperaron también de manera muy
importante sectores del movimiento estudiantil e intelectuales. Nadie puede
poner en duda que la forma de concebir las relaciones sociales y la necesidad
de la democracia fue consecuencia de este enorme movimiento de oposición que encontraba
un consenso social cada vez mayor, frente a la concepción autoritaria y
violenta del régimen. Nadie puede hoy dudar que la “galerna de huelgas” entre
1975 y 1976, que nos hizo ser el país de Europa con más horas perdidas, después
de Italia, pero con la característica de que en España la huelga era ilegal,
hizo evidente también a ciertos sectores de las clases medias la incapacidad de
la dictadura en imponer la seguridad y la confianza en una armónica sociedad de
consumo prometida y por tanto a aceptar también ellas la conveniencia de poner
fin al sistema político tan fuertemente cuestionado.
Y es cierto que hubo héroes –
maldita es la tierra que necesita héroes, escribió Brecht – muchos de
ellos anónimos y no reconocidos, pero nadie duda que el recrudecimiento de la
violencia represiva desde 1973 hasta las elecciones de junio de 1977, con la
prolongación de atentados fascistas, la continuidad del terrorismo y el golpe
de estado de 1981, tiene que ver con el descabalgamiento de la hipótesis de
trabajo del Departamento de Estado USA y de la SPD alemana de mantener la ilegalización
del PCE, diseñando un escenario parecido al que más tarde habría de concebirse
para el Chile tras Pinochet. Los asesinatos de los abogados de Atocha,
efectuados por la extrema derecha con la complicidad evidente de altas
instancias del poder, nunca investigadas, y la manifestación de más de 200.000
personas en el entierro de estos abogados del PCE y de CCOO resultó clave en la
ruptura de este proyecto.
Así que hay que dejar de repetir
machaconamente que la democracia es una concesión de los poderosos y que la
transición fue un proceso indoloro y lineal en donde el Rey y un grupo de
políticos decidieron transformar el sistema político del país por entender
superada la “fase anterior”, cerrando asi las “heridas” de una guerra civil con
tantos “excesos” por ambas partes. Es cierto que la posterior narrativa del “régimen
del 78” como expresión global que desautoriza el bipartidismo a partir de 1982,
incluye también en esta crítica la transición política, lo que ha oscurecido la existencia de una lucha
colectiva, general y organizada que provocó directamente cambios fundamentales
en las relaciones sociales y consiguió arrumbar los esquemas institucionales,
ideológicos y políticos de la dictadura, no sin sufrir una enorme violencia
institucional generalizada. Pero no cabe reducir la lucha del movimiento
obrero, del movimiento vecinal y del movimiento estudiantil, junto con la organización
de profesores, médicos, ingenieros y hasta en el ejército la constitución – y castigo
– de la UMD, como un hecho irrelevante de que solo debemos recordar algunos
momentos heroicos.
Sin embargo, quizá la imagen que utilizó
la aristócrata Álvarez de Toledo se pueda emplear para explicar lo que
su mismo discurso niega. La flebitis consiste en la formación de trombos que
pueden comprometer el sistema venoso y, en consecuencia, comprometer el
funcionamiento de nuestros órganos principales. La formación de masas sólidas
que impiden la circulación de la sangre que alimenta los “órganos principales”
del sistema político. Este fue el modo de proceder de los movimientos sociales
y de las organizaciones políticas que fueron colonizando la sociedad desde su
acción colectiva de resistencia y de proyecto. Hasta ir taponando e impidiendo
el funcionamiento de la dictadura.
Y este es el otro punto por
destacar. No se comprende bien por qué no se debe recordar a las generaciones
de hoy, cincuenta años después de la muerte del dictador, que su desaparición
física no implicó automáticamente la sustitución del régimen, pero que fue
fundamental, como la muerte de su vicepresidente Carrero Blanco, dos
años antes, para marcar la definitiva decadencia de la dictadura. Y no se
entiende que se hable de “reabrir heridas” por recordar la existencia histórica
de 40 años de un régimen que se alineó claramente con el nazismo y el fascismo
derrotados en la Segunda Guerra Mundial, y que solo el apoyo de Estados Unidos
en el mundo bipolar de la guerra fría permitió subsistir, alejado sin embargo
de una Europa occidental democrática a la que siempre repugnó. No se entiende
por qué no se puede estudiar las estructuras autoritarias y represivas que en
el trabajo, en las relaciones de género, en la propia moral pública, la
dictadura imponía de forma violenta. La propia Ley de Memoria Democrática
obliga a este ejercicio de recordar al que se debe la sociedad democrática en
su conjunto.
Que el Partido Popular y Vox, apoyados
por las 84 personas firmantes del manifiesto referido y jaleados desde los
medios entusiastas del poder económico – y subvencionados por instituciones
públicas – “boicoteen” estos actos como se pide en dicho texto, o que se
nieguen a estar presentes en ellos, tiene un significado evidente para
este sector ideológico: la concesión que
se hizo en su momento sobre las libertades, abandonando el diseño autoritario,
puede ser revocada en cualquier momento. Crecidos ante la normalización de la
presencia de las grandes fortunas en los centros directos del poder político,
entienden que criticar la dictadura franquista es romper el pacto que ellos
mismos han terminado por creer que se hizo desde la monarquía y las clases bienestantes
para traer la democracia al pueblo llano. Con un problema adicional, y es que
el propio Jefe del Estado ha decidido situarse también en ese lado, confiado en
que su razón de ser constitucional está mejor garantizada por quienes
consideran intangible la dictadura que por quienes recuerdan que fue un tiempo
oscuro de dominación y de violencia para la gran mayoría de las personas que
vivían en ese país que se llama España. Posiblemente este posicionamiento
tendrá consecuencias en el futuro.
