LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS NO DEBEN PERMITIR EL INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD SOCIAL

“Debe haber algo podrido en el corazón de un sistema social que aumenta su riqueza sin disminuir su miseria”, escribía Marx en una de sus crónicas para el New York Times en 1859, y explicaba la relación “antagónica, fatídica y mortal” entre las clases que representan a los principales agentes de la producción en la estructura en la que se enmarca la sociedad capitalista desde esa contraposición: “Que en los hospicios del Reino Unido – afirmaba en otra crónica de 1852 – haya un millón de indigentes es tan inseparable de la prosperidad del país como que el Banco de Inglaterra guarde en sus arcas dieciocho o veinte millones de libras en oro y plata”. Ha corrido mucha agua bajo los puentes, pero esa contraposición en un mundo global como aquel en el que vivimos se sigue manteniendo.

Tras la crisis financiera y política la desigualdad se ha acentuado pronunciadamente, como una fractura social de clase que no se hace patente ni explícita.  Sin embargo, hay datos oficiales no sospechosos, de Eurostat, que lo ponen de manifiesto. La tasa de riesgo de pobreza en Europa se sitúa en un 25% de la población, aunque gracias a las transferencias sociales el porcentaje desciende casi ocho puntos. En España, el riesgo de pobreza es más alto, casi el 30%, pero desciende a tenor de las transferencias sociales a un 22 o 23 %. Por su parte, siempre según Eurostat, la desigualdad en la distribución de la renta es muy pronunciada. El primer tramo del 20% de la población europea con más renta, percibe 5,2 veces más que el último tramo del 20 % de menor renta, y esa proporción aumenta en el caso español a una distancia de 7 veces más. El informe Mundial de la Riqueza, World Wealth Report 2018 (WWR), publicado en junio de 2018 por Capgemini revela que la mejora de la economía mundial impulsó el aumento del patrimonio de las grandes fortunas (población HNWI, por sus siglas en inglés) hasta superar por primera vez el umbral de los 70 billones de USD en 2017. La riqueza que concentran los que se denominan ultrarricos registra incrementos durante seis años consecutivos, a partir de la crisis financiera y política. En 2017 creció un 10,6%, el segundo año de mayor crecimiento patrimonial desde 2011. En España, el número de personas con grandes patrimonios ha crecido en un 76% desde el 2009. De estar estabilizados en el 2008 en 127.00 personas, a casi doblar su número en el 2017, 224.200 personas.

La desigualdad se despliega en el espacio global, y permite que los grandes flujos de inmigrantes intenten recorrer cientos y miles de kilómetros en busca de un lugar donde trabajar para vivir. La desestructuración terrible que han sufrido territorios enteros, ha causado enormes destrucciones de bienes y de comunidades que ahora vagan a la deriva en busca de un nuevo lugar donde rehacerse. Particularmente severo ha sido el castigo que ha sufrido el Medio Oriente y el norte de África. El informe anual sobre las violaciones de derechos sindicales que publica la Confederación Sindical Internacional (CSI – ITUC) para este año 2018 ofrece un desolador panorama en cuanto a la vigencia de los derechos colectivos que garantizan la presencia del sindicato como sujeto colectivo que representa al trabajo. La “reducción del espacio democrático”, es decir, la cada vez más frecuente restricción de derechos democráticos básicos es una tendencia que se acentúa en este año, junto con lo que el sindicalismo internacional denomina el incremento “sin freno” de la codicia de las grandes corporaciones transnacionales, que denota una “influencia empresarial ilimitada”. Especialmente grave es la situación en los países donde el Estado prácticamente ha desaparecido y donde se desencadenan continuas guerras con resultados catastróficos. A cambio, en el mundo desarrollado occidental, crece el sentimiento de insolidaridad y de xenofobia contra estos desplazamientos masivos, y por parte de determinados dirigentes políticos – alguno tan relevante como el presidente actual de los Estados Unidos, cuya dirección han seguido en Europa el llamado Grupo de Visegrado y últimamente el gobierno italiano de manera señalada – se crea una demarcación muy neta entre los nacionales y “los otros”, los que vienen sin ser “invitados”, a los que se sitúa en el espacio de la amenaza, la inseguridad y la disputa por el empleo. Un muro entre las personas que quieren trabajar y buscan empleo que separa y divide en función de su origen, muchas veces ligado a la consideración peyorativa de la raza o del color de la piel, lo que es a su vez amplificado y desarrollado activamente en la opinión pública por los medios de comunicación, que alientan el conflicto entre los pobres, los de la nación de acogida y los inmigrantes.

Desigualdad quiere decir injusticia, violencia y sufrimiento. En la raíz de esta realidad terrible no se halla la naturaleza humana, sino un sistema económico y social que la sostiene y alienta. El eje de esta desigualdad sigue pasando por la condición de las personas que necesitan trabajar para obtener unos ingresos con los que atender sus necesidades vitales. Mujeres, jóvenes, inmigrantes, de edad madura o desempleados, precarios o estables, todas estas categorías sufren la desigualdad a partir del trabajo y del empleo, desde donde se proyecta sobre la existencia entera. La condición laboral sigue siendo determinante de ese tratamiento desigual, que encierra en la mercantilización de los cuerpos y de sus energías el secreto de su sumisión a una situación de explotación intolerable.

No es sólo un hecho histórico que se remonte a unos orígenes épicos del movimiento obrero. Es una constante social que se reitera a lo largo de los años y que gana presencia en todos los países que conforman una economía – mundo. Sin embargo, como sucede con las cosas que no son agradables de ver y conocer, no forma parte de las noticias cotidianas con las que estamos familiarizados. Es preferible ver la riqueza y el espacio siempre sugerente del consumo permanente de bienes y productos que colonizan nuestra cotidianeidad y nuestra imaginación, antes que el abismo de la desigualdad que genera la explotación a través del trabajo, la precariedad de las existencias que se viven. Esa opacidad funciona tanto para quienes conviven con aquellas y como para aquellos que las padecen, de manera que la representación pública y privada de esas experiencias no se relaciona con el sentido profundamente desigual de las estructuras de poder que anidan en la relación de trabajo asalariado.

Son ya muchos los años en los que personas, agentes sociales e instituciones han combatido estas tendencias, sin poner en cuestión sin embargo el origen económico y social de las mismas. En parte porque resultaba improbable la capacidad colectiva de las clases subalternas de dotarse de un sistema de funcionamiento social que pudiera sustituir al sistema de precios y la economía libre de mercado, en parte porque siempre ha animado la idea del reformismo la posibilidad de hacer compatible el sistema capitalista con el respeto de unas condiciones equitativas de trabajo y la seguridad en las condiciones de la existencia. En definitiva, la compatibilidad entre el capitalismo y la democracia supone necesariamente este acoplamiento. O al menos debería suponerlo, puesto que el ámbito del deber ser es el lugar privilegiado para cualquier iniciativa reformista de progreso.

La dimensión mundial de la globalización financiera y de mercados ha hecho necesario que esta perspectiva de nivelación de las desigualdades a partir del trabajo y del empleo se proyecte sobre ese plano global, en el que las decisiones fundamentales las adoptan las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales. La construcción dificultosa del sindicato en el espacio de la globalización y la intervención de los organismos internacionales constitucionalmente abocados a establecer políticas y reglas sobre el trabajo, han intentado suministrar un contrapeso a estos procesos de remercantilización general. La OIT adoptó en su 86ª conferencia, en junio de 1998, una declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo que supusieron el punto de partida de una consideración universal – ya no internacional – de un grupo de derechos regulados en los respectivos instrumentos internacionales, a los que se quería dar una vigencia general, al margen de que los Estados que componen esta organización hubieran o no ratificado los correspondientes convenios, y sin perjuicio de que la propia proclamación de esta Declaración impulsara la extensión de los mismos. La prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, el reconocimiento de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva y la aplicación del principio de igualdad de oportunidades aparecieron así como el mínimo común denominador de las condiciones básicas de prestación del trabajo concebidas como derechos universales. Alguno de estos elementos ha resultado reforzado posteriormente, como sucede con el Protocolo adoptado en el 2014 sobre el trabajo forzoso como desarrollo del Convenio sobre trabajo forzoso de la OIT, de 1930, y en materia de libertad sindical y negociación colectiva, la incorporación reciente de países muy representativos, como México respecto del Convenio 98 sobre negociación colectiva, ha revestido una gran significación.

Es cierto que, como afirma la Confederación Sindical Internacional y las Global Unions, el incremento de la desigualdad social y económica a nivel global se acompaña, cada vez con mayor intensidad, de restricciones en el ejercicio de los derechos civiles y políticos que corresponden al sistema democrático, cuando no de involuciones profundas en su desarrollo o en su propia estructura constitucional, como está sucediendo en Brasil actualmente. Es decir que empieza a cuestionarse en la práctica la compatibilidad de la democracia con el incremento exponencial de la desigualdad social y la codicia de las grandes corporaciones y de las instituciones financieras, lo que desde luego evoca un horizonte nada halagüeño frente al cual es indispensable reaccionar como ciudadanos y como juristas del trabajo, a lo largo de las diversas escalas en las que se proyecta nuestra presencia personal y colectiva. Tanto en el estado español, en el que nos encontramos, como en el ámbito europeo, que es decisivo en este particular.

Bertold Brecht hace decir a uno de sus personajes en su obra “Santa Juana de los Mataderos” que está claro que “hay dos lenguajes, arriba y abajo, y dos medidas para medir, y aunque todos tienen rostros humanos, no se reconocen ya entre sí”. Esta separación radical que se sustenta en el dominio y que se construye sobre una explotación del trabajo a diversas escalas con amplitud mundial, tiene que ser reformada y combatida. La posición de las personas que trabajan tiene necesariamente que ir consolidándose en torno a los objetivos político – democráticos que sintetiza la noción de trabajo decente. Es la única vía practicable en la que representantes políticos, sindicalistas, operadores jurídicos y académicos, deberán empeñarse con más fuerza como la única manera de poder salir de la crisis cambiando las reglas de subordinación, de desigualdad social y de injusticia que se ha impuesto como lógica de gobierno y de regulación del trabajo.

DEBATIENDO SOBRE LA REFORMA LABORAL. HABLA FRANCISCO TRILLO.

Con ocasión de los 100 días del gobierno de Sánchez, la C.s. de CC.OO. a través de su secretario general, Unai Sordo, ha exigido al gobierno que modifique aspectos importantes de la reforma laboral, sin que se escude en la dificultad que supone la composición del Parlamento, mencionando la urgencia de tres temas concretos, la regulación de las subcontratas, la ultra actividad de los convenios y la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, sin que ello suponga renunciar a una modificación en profundidad de la normativa laboral en el tema de los descuelgues, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo o los despidos colectivos, entre otras tantas materias. La reversibilidad de las reformas estructurales impuestas en un crescendo regresivo a partir del 2010, 2011, 2012 y 2013 principalmente, ha sido una reivindicación permanente del sindicalismo confederal, pero este objetivo requiere que en el espacio de la representación política tenga una receptividad por los sujetos que la pueblan. Sobre este tema Francisco Trillo ha efectuado algunas reflexiones que se insertan a continuación.

La representación política y sindical, necesariamente bidireccional

Francisco Trillo (UCLM)

El titular de este blog propuso, en su activa bitácora, un debate sobre la necesidad de revertir las reformas laborales que han tenido lugar en el ordenamiento jurídico español a partir de 2010 que, como es bien conocido por los lectores de este blog, tienen su anclaje en las denominadas políticas de austeridad y devaluación salarial impulsadas por la Troika e implantadas sin demasiadas resistencias por los distintos Gobiernos que han gestionado el momento más agudo de la crisis. La aparición en Italia del llamado Decreto Dignidad, en un contexto político comparable y si cabe más enrevesado aún que el español, sugiere en efecto una reflexión acerca de la parálisis política española al respecto (Sobre este tema, véase, en este mismo blog,  Que sucede con las reformas laborales en Italia y Portugal)

Cabe recordar además, y de forma inquietante, que se asiste a un momento donde aquel viento de cola, que ha permitido a la economía española salir de la recesión que no de la crisis, parece estar cambiando hasta el punto de anunciar una nueva desaceleración económica. Es seguramente por ello que empiezan los tambores del neoliberalismo resuenan con más intensidad insistiendo en la inevitabilidad de la desposesión de derechos sociales (propuesta del contrato zero horas, normalización de la precariedad laboral al hilo del debate sobre el trabajo en la era digital, …) como único camino a recorrer para salvaguardar la economía. Este anuncio no solo refuerza la importancia del debate que nos ocupa, sino que advierte de su urgencia particularmente a las fuerzas políticas, sindicales y sociales que incluyen en su proyecto de representación la reversión de las políticas de austeridad como elemento irrenunciable para poder avanzar en la reconstrucción de un modelo que incorpore la igualdad y la inclusión como criterios de medición del progreso económico.

La amenaza de un repunte más o menos agudo del desempleo vuelve a aparecer en escena, caracterizado por los media incrustados en los lobbies económicos, como el único hecho económico y social que ha de tomarse en consideración ante cualquier cambio normativo que se pudiera introducir en las relaciones laborales. De este modo, el inmenso y continuado trabajo sindical, social y político desarrollado desde 2010 hasta el momento podría verse truncado. Dicho de otro modo, de no producirse una contestación a dichos planteamientos en el corto plazo se puede asistir a un proceso político y cultural de huida definitiva de las mayorías sociales hacia el mantra del empleo precario como mal menor. Y ello, pese al sufrimiento que sigue provocando la espiral de degradación de sus condiciones de vida y de trabajo.

El contexto descrito no ofrece dudas sobre la pertinencia de reformas laborales que, como en el caso italiano, consoliden a nivel político, más allá de sus contenidos concretos, las reivindicaciones que las trabajadoras y los trabajadores de forma mayoritaria han ido concretando en el período 2010-2018 acerca de la verdadera naturaleza y finalidad de las políticas de austeridad. O lo que es lo mismo, ganar a nivel legislativo la pugna política de la posverdad sobre las políticas de austeridad entronizando un principio político, con traducción normativa, que rechace el falso dilema de la inevitable elección entre crecimiento económico y unas relaciones laborales con derechos y garantías suficientes como para asegurar una existencia digna. Con ello, de alguna manera se crean las condiciones necesarias para que se produzca un reencuentro entre política y sociedad, contribuyendo a superar la ausencia de representación política del trabajo que, con mucha probabilidad, ha dado paso a la hegemonía neoliberal que se padece con diferentes intensidades desde la década de los años 90 del siglo XX.   

Ahora bien, los contenidos de dichas reformas no resultan indiferentes, como lo demuestra el debate suscitado sobre la valoración del Decreto Dignidad, que ha trascendido las fronteras italianas llegando a nuestro territorio. Sin embargo, no albergamos en este momento la aspiración de valorar los contenidos de dicha norma, sino más de señalar donde se encuentran éstos a la luz de la experiencia española. Así, en primer lugar, se debe llamar la atención al consenso político, sindical, pero también empresarial, acerca de la necesidad de revertir la devaluación salarial padecida en los últimos ocho años y que se ha traducido tanto en un proyecto de incremento progresivo del salario mínimo interprofesional para los próximos años como en la fijación de un salario mínimo convencional de 14.000 euros.

El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva contiene además una propuesta de contenidos como destacadamente son: i) la reforma del actual sistema de descentralización productiva prevista por el art. 42 ET que ha naturalizado un modelo productivo basado en la conformación del beneficio empresarial a partir de la intensificación-degradación de los derechos laborales; ii) la modificación del tratamiento normativo actual del intercambio de flexibilidad laboral y mantenimiento del empleo, prestando especial atención a la reducción de jornada como alternativa real al despido, donde seguramente habrá que incidir en las graves distorsiones que provoca en este intercambio las exageradas posibilidades de modificación unilateral del tiempo de trabajo por parte empresarial; iii) la apuesta por la creación de empleo a través de la reducción del tiempo de trabajo, concretada en el documento a través de la modificación de la regulación actual que impide a la negociación colectiva extinguir contratos de trabajadores que reúnan los requisitos para la jubilación o; iv) la recuperación del contrato de relevo.

A esos contenidos propuestos por la organizaciones sindicales y aceptados por la patronal, cabe sumar todos aquellos que con diferencia procedencia política han sido –o van a ser- examinados por el Congreso, destacando la Proposición de Ley contra la Precariedad Laboral presentada el 29 de junio por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos, y que será debatida y comentada en el ámbito académico en un interesante seminario que se celebrará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo el próximo 25 de octubre.

Pero la negociación colectiva por sí sola no puede proceder a cambiar las estructuras institucionales que se han impuesto durante estos años de “austeridad”. Es más, ante la reticencia de algunas patronales regionales – la de Asturias, pero también la de Castilla La Mancha, entre las que lo han explicitado – la compulsión al cumplimiento del IV AENC tiene como obstáculos evidentes algunos de los elementos legales que dificultan la articulación de una respuesta, en especial la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector, y, muy especialmente, la regulación de la ultra actividad, aunque esté suavizada por la doctrina del Tribunal Supremo. Estos elementos tienen que ser removidos con urgencia, y seguramente en la negociación que están llevando a cabo el gobierno y la coalición Unidos Podemos, será uno de los temas centrales, aunque aparentemente no incida de manera directa en el debate presupuestario. Es obvio que el sindicalismo confederal está presionando a ambos, y especialmente al gobierno, a que tome decisiones inmediatas sobre estos puntos, incluido eventualmente la subida del salario mínimo como forma de reaccionar ante la cerrazón de algunas patronales a aceptar el compromiso de los 1.000 € mensuales.

Se trata, en definitiva, de entender que existe una continuidad del debate sobre la pertinencia, alcance y contenido de una reforma laboral en España en estos momentos, llamando la atención sobre la posibilidad de que la respuesta se haga en dos tiempos, actuando en un primer momento mediante la eliminación de las trabas más importantes de la negociación colectiva y eventualmente sobre el incremento del salario mínimo, para posteriormente intervenir sobre otros temas sobre los que existen iniciativas legislativas, y finalmente avanzar en un debate sobre la nueva regulación que precisan las relaciones laborales en nuestro país. Es evidente que este plan de actuación puede sufrir ciertas distorsiones con ocasión de la composición actual del Parlamento y el proceso electoral que se avecina.  Pero resulta evidente que asistimos a un momento donde se puede avanzar en la recuperación de derechos laborales y de la función de la representación política y sindical.          

                                      

       

DESIGUALDAD Y CONSTITUCIONALISMO SOCIAL: UNA DESPEDIDA DEL CURSO DE TOLEDO

La edición del año 2018 del Curso de Especialización para expertas/os Latinoamericanos/as de relaciones laborales ha llegado a su fin. Con un programa apretado y muy amplio (que se ha publicado en un post de este mismo blog, El curso de Toledo del 2018) durante dos semanas veinticinco estudiosas y estudiosos de ocho naciones han debatido y reflexionado con un amplio plantel de profesores españoles e italianos sobre la relación entre la desigualdad social en crecimiento y la propia subsistencia de la democracia. En el cóctel final del curso, como es tradicional, se sucedieron las intervenciones de los asistentes a las que pusieron punto final las palabras de Pedro Guglielmetti, que, junto con Umberto Romagnoli, también allí presente, es el creador del curso y coordinador del encuentro. En ese acto, Victoria Flores, abogada laboralista, hoy trabajando en la procuradoría general de la Nación, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el grupo de trabajo de Guillermo Gianibelli, militante feminista y además directora, autora y actriz de teatro, intervino en nombre de todas y todos los participantes para resumir el conjunto de las experiencias y valoraciones sobre el curso realizado. Es un texto hermoso y muy bien escrito, como podrán apreciar los lectores. Haberlo podido escuchar en directo es un elemento que añade algo intangible que este escrito no puede incorporar. Es el siguiente

Me toca la tarea de dar los agradecimientos por estas dos semanas intensas de curso. En lo personal, es un honor poder hacerlo, aunque en verdad la encargada era una de las feministas, no sé si por miedo o por reconocimiento. Aunque viniendo de Pedro Guglielmetti, no tengo dudas de que es un reconocimiento.

En ese sentido, quiero agradecer a la Universidad de Castilla La Mancha, a todos los trabajadores y trabajadoras que nos recibieron tan cálida y amorosamente y a las Universidades italianas que también participaron de este curso. Además, quisiera agradecer a los profesores y profesoras que pusieron el cuerpo para que podamos llevar adelante la tarea de pensar entre todos.

Estamos viviendo un tiempo muy complejo, perdidos en una especie de laberinto del que no sabemos si vamos a poder salir y, en caso de hacerlo, cómo.  Nos dicen que seguimos jugando según las reglas de la democracia, pero esas reglas han cambiado y cambian constantemente, obligándonos a pensar y a repensar dónde estamos, qué está pasando. De allí la pregunta inevitable, que surgió una y otra vez en estas dos semanas a partir de lo que ocurre en América Latina ¿Seguimos viviendo en democracia?

La angustia que produce la incertidumbre de no saber qué pasa y qué va a pasar empuja a muchos a intentar mantener nuestras vidas y cotidianidades como si todo siguiera igual cuando no es así. Pero la pelea por un mundo justo nos obliga a aceptar esa incertidumbre para trabajar sobre ella y sobre esta realidad.

No es fácil atravesar esa angustia, la ruptura del orden conocido. Las mujeres sabemos mucho de eso, de despertar y abrir los ojos a un mundo hostil ¿Cómo se lleva eso adelante? Colectivamente. Saberse con otros y otras que atraviesan lo mismo es la única forma de sobrellevarlo.

Por eso, para mi este curso también fue una ruptura, un acto de profunda rebeldía.

Ruptura con la idea de la individualidad, a la que nos empujan una y otra vez. Pensar colectivamente, abandonar el aislamiento, conocer gente nueva, interesarse por conocer sus realidades, escuchar y empatizar, volver un poco a las raíces.

Romper con estereotipos. Casi la mitad de las y los integrantes de este curso somos mujeres, algunas de ellas viajaron sin sus hijos e hijas pequeños, rompiendo prejuicios y críticas que pretenden empujarlas y mantenerlas en roles prestablecidos, que ellas quizás no quieren para sus vidas.

Desafiamos la idea de que la juventud es el bien más preciado, porque puede ser muy vacía, mientras que la adultez puede ser muy rica y abundante. Aquí quiero hacer un especial reconocimiento a Pedro Guglielmetti, “Il nonno comandante”, le sumaría, que rompió con la idea de que las cosas se hacen solos y sin amor.  Creo que Pedro -y todo el grupo también- nos demostró que las cosas se pueden hacer con ternura, como decía el Che. El grupo también supo ser un espacio de mucho afecto. En estos tiempos, ser tiernos y amorosos es un acto de profunda rebeldía.

En algún momento de estas dos semanas, un docente muy querido dijo que el es un optimista con el corazón y un pesimista con la cabeza. Me permito disentir. Ninguna persona que sostiene estos espacios es pesimista. Sólo ocurre que por momentos nos desanimamos un poco.

Resta entonces una pregunta ¿Qué hacemos? Creo que tenemos dos opciones. Sumirnos en la tristeza de ver que creímos que habíamos avanzado y que sin embargo retrocedimos. Sumergirnos en esa angustia del no saber.

O podemos seguir creyendo en la alegría del encuentro, de estar en la calle, de seguir militando y construyendo alternativas. No conformarnos, en línea con esa frase que Antonio Baylos citó de Berltolt Brecht. Mantener la esperanza entre los dientes, como escribió John Berger, esa idea de que la esperanza es algo que se muerde para no aullar, para no estar solos. Tejer redes, que es algo que las mujeres hacemos y que lo hacemos bastante bien y sentir mucho orgullo por lo que estamos haciendo en América Latina. Por último, saber, además, que las respuestas no las vamos a encontrar únicamente en el pasado, sino en el presente de lucha.

MORIR EN LA OBRA, UNA VEZ MÁS

En las obras de remodelación del Hotel Ritz, de Madrid, comprado por una sociedad llamada Mandarín Oriental para reforzar el carácter de hotel de lujo del mismo, se derrumbó el forjado de la quinta planta y se llevó por delante los andamios y la fachada. Ha muerto un trabajador, otro está en estado crítico, otro con heridas muy graves y hay al menos otros nueve heridos. Los bomberos lograron rescatar con vida a tres personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros y los andamios. El fallecido ha sido un obrero, instalador de Pladur, que ha quedado apresado en una zona insegura y con dificultades de acceso. Los bomberos trabajaron durante casi cuatro horas para poder recuperar su cuerpo.

Según informaciones periodísticas, el comentario de los trabajadores que han sobrevivido al accidente es que han tenido mucha “suerte” por salir con vida. Eran cien personas, de muy diferentes nacionalidades, que trabajaban de ocho de la mañana a seis de la tarde, salvo los viernes que acababan a las tres.  Una jornada semanal por tanto de 47 horas, se supone que con horas extras. La constructora San José era la adjudicataria de la reforma, aunque las informaciones de las que se dispone no cuentan si la obra se había subcontratado a distintas empresas, como suele ser común, por lo que se ignora si se ha infringido la Ley 32/2006 sobre la subcontratación en la construcción. Tampoco se dice si en la obra había una representación de los trabajadores (en torno a 100 personas) o un delegado de prevención. CCOO de Madrid, que ha efectuado una inspección ocular del lugar tras el accidente exige una investigación exhaustiva, puesto que “no es normal que se derrumbe un andamio”, y la Inspección de Trabajo debe determinar las causas reales del accidente para proceder a la exigencia de responsabilidades.

Una muerte y varios heridos en la construcción de un hotel de lujo es noticia, pero realmente se trata de un hecho cotidiano. En efecto, a partir del 2013, el número de accidentes laborales, que había ido disminuyendo, invierte la tendencia. Los datos del avance de estadísticas de accidentes de trabajo correspondientes al periodo enero-junio de 2018 que publica en su web el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social muestran un incremento en el conjunto de accidentes con baja (2,7%), más acentuado para los accidentes in itinere (4,8%) que para los sucedidos en jornada de trabajo (2,3%). Los mayores incrementos del número de accidentes en jornada los registran la construcción (11%), las industrias extractivas (6,1%) y el transporte y almacenamiento (6%). En Madrid, CCOO ya en abril pasado alertó de la alta siniestralidad en el sector de la construcción y por ello ese mes inició una campaña de visitas a centros de trabajo donde se realizaron más de 70 denuncias tan solo en los primeros días. En lo que va de año, en la Comunidad de Madrid, han muerto 51 personas, 16 más que en todo el año 2017. La recuperación económica se hace coincidir en Madrid con el incremento de la inseguridad laboral. hoy, 19 de septiembre, habrá una concentración sindical de UGT y CCOO de protesta.

La salud laboral se ha ido construyendo como un derecho fundamental de los trabajadores  que se relaciona directamente con el derecho a la vida y a la integridad psicofísica de las personas, en contraste con la lógica de un sistema económico que ve en ella simplemente una variable de los costes de producción y un elemento a preservar en la medida en que asegura el cumplimiento en plazo de la obra en curso. Tras la llegada de la crisis y la destrucción de empleos consiguiente, precisamente en el sector de la Construcción, ha aumentado la precariedad y la rotación laboral, se ha extendido la fragmentación empresarial a través de la subcontratación en cadena, y han empeorado de manera evidente las condiciones salariales y en general las condiciones de trabajo, con mayores jornadas, muchas de ellas no declaradas, horas extras, y debilitación o a veces inexistencia de la representación de los trabajadores. Por último, la impunidad ante el incumplimiento por los empresarios de la normativa laboral, especialmente acentuada en ese espacio indeterminado entre el desempleo, la economía irregular, el trabajo inmigrante y la devaluación salarial extrema, impide la preservación de la salud laboral como un derecho central de aquellas personas que trabajan.

Es imprescindible cuestionar la organización del trabajo como poder exclusivo y excluyente del empresario y hay que entender que la salud de las trabajadoras y de los trabajadores no se delega. El protagonismo de los trabajadores en la determinación autónoma de sus condiciones de trabajo tiene que ser priorizado tanto desde la norma como fundamentalmente a partir de la acción colectiva. La importancia de la acción sindical en esta materia es decisiva, no puede seguir conceptuándose como un mero “acompañamiento” de otras instancias, sino como actor principal, sin que ello merme la trascendencia de los informes de la Inspección de Trabajo en este asunto, ni la necesidad de que se desarrollen en el Ministerio fiscal los protocolos para la intervención del mismo en los delitos de peligro o de resultado originados por el quebrantamiento de las normas de prevención.

Reivindicar la posición activa del sindicato en materia de salud laboral supone situarle en el centro de los procesos de disuasión frente a los incumplimientos empresariales. Ha habido algunos ejemplos muy significativos de lo que se quiere decir. En febrero de 1998, la Comisión Ejecutiva de CCOO decidió la personación de la Confederación Sindical de CC.OO. en todas las diligencias previas que se incoaran como consecuencia de accidentes de trabajo con resultado muerte y, en general, en todos los casos en los que por la gravedad del accidente o la repercusión pública del mismo resultara conveniente la presencia del mismo. Esa personación era también fundamental a efectos de una eventual reclamación de daños y perjuicios que la familia del trabajador fallecido pudiera formular en vía laboral, y era el sindicato el que establecía una relación inmediata y directa con la familia del accidentado ofreciéndole el apoyo técnico necesario para la intervención en los procesos judiciales y administrativos que se pudieran abrir. Esta decisión tuvo una gran repercusión social, judicial y preventiva, implicó a agentes institucionales y sociales y logró que en el 2005 la Fiscalía General del Estado creara una Fiscalía de Sala coordinadora de siniestralidad Laboral, de manera que de 60 causas abiertas de delitos contra la salud y seguridad de los trabajadores en toda España en el 2005 se pasara a más de 480 en el 2009, a 833 en el 2011 y que descendieran a 725 en el 2012. En ese año, 2012, se incrementaron sin embargo las sentencias sobre estos delitos en los juzgados de lo penal a 637, casi un 15% más que el año anterior. Un protocolo de actuación concluido el 2006 entre CCOO y UGT, el CGPJ y los Ministerios de Trabajo e Interior, selló esa cooperación institucional y social en el que se debe resaltar la ausencia de CEOE-CEPYME entre los firmantes del mismo.

La personación del sindicato se llevaba a cabo a partir de las estructuras territoriales del mismo, en concreto las secretarías de salud laboral de los territorios, aunque una posterior resolución de la Comisión Ejecutiva confederal de CCOO de octubre de 2010, en pleno proceso de destrucción de puestos de trabajo por la crisis, estableció un nuevo procedimiento de personación basado en la acción de las Federaciones sectoriales, creando en los casos en los que estas no tuvieran servicios jurídicos específicos, un mecanismo de coordinación con las organizaciones territoriales, tomando las decisiones de manera consensuada entre ambas (federales y territoriales). A partir de esta nueva instrucción, las personaciones sindicales en los casos de accidentes mortales descendieron notablemente, en especial en el sector de la construcción, uno de los más castigados por la crisis. Es el momento ahora de volver a plantear la activación de estos mecanismos que devuelvan al sindicato el protagonismo en la defensa de la vida y la integridad de las personas que trabajan.

No puede mantenerse por más tiempo este desgranar de muertes en el trabajo, los “partes industriales de batalla” como denominaba Marx a estos episodios cotidianos de un trabajo sin seguridad y mal remunerado. Nunca un accidente es una desgracia o una calamidad que se escape a la voluntad de las personas. El ingreso al trabajo implica la entrada en un espacio de organización de la producción en el que se genera una responsabilidad del empresario. No sólo en materia laboral, sino civil y penal. Esta última es un importante eje de disuasión de conductas especialmente relevantes en orden a la vulneración o ignorancia de los mecanismos preventivos de la salud laboral. Hay una doctrina judicial que condena con privación efectiva de libertad (más de 2 años) en base a actuaciones negligentes de aquellos empresarios que desconocen el cumplimiento de la norma pero que asumen funciones de organización y dirección o que, simplemente, reducen la prevención de los riesgos laborales a la formalización de meros documentos preventivos sin prever mecanismos reales de formación y de seguridad en el trabajo.

Nunca se debe aceptar que morir en el trabajo sea un hecho cotidiano. Apenas noticiable, salvo que el lugar sea un hotel de lujo, como el Ritz, cuyos futuros clientes ignorarán que su construcción se ha cobrado vidas humanas, aunque seguramente no les importará mucho. Como desgraciadamente tampoco a tantas personas que siguen considerando el accidente de trabajo un hecho natural derivado de la propia actividad productiva. Una percepción que hay que cambiar y en la que el sindicalismo de clase tiene que seguir asumiendo una posición activa.

ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO Y LA OIT

Para la celebración del centenario de la OIT en el 2019, esta organización internacional ha promovido un amplio debate en torno a lo que con acierto ha denominado "El futuro del trabajo", y en este proyecto se han comprometido no sólo los sindicatos más representativos y las universidades sino también, aunque con menor incidencia, colectivos profesionales, asociaciones empresariales e instituciones públicas. El próximo 28 de octubre se celebrará un Encuentro Interuniversitario en Toledo, en la UCLM, con la coordinación de la profesora Laura Mora Cabello de Alba cuyo programa se inserta a continuación.

INICIATIVA SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO

II Encuentro interuniversitario

Viernes 28 de septiembre de 2018

Campus de Toledo, Universidad de Castilla la Mancha

Antecedentes y objetivos:

En febrero de 2018 se presentó la Iniciativa Interuniversitaria sobre el Futuro del Trabajo en el marco del debate sobre el Futuro del Trabajo que ha impulsado a la Organización Internacional del Trabajo  a nivel mundial de cara al centenario de su fundación en 2019. En España este debate se articula a través de la Comisión Nacional Tripartita sobre el Futuro del Trabajo, integrada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, las organizaciones empresariales CEOE y CEPyME, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, y el apoyo técnico de la Oficina de la OIT para España.

La Iniciativa Interuniversitaria sobre el Futuro del Trabajo es de carácter interdisciplinar y buscar ser catalizadora de las sinergias universitarias de docencia e investigación, think tanks, y centros de estudios que vengan desarrollando análisis, estudios e informes en la materia. Se dirige a todas las Universidades españolas, así como a las Universidades latinoamericanas, entre otras las que forman parte de la Red Iberoamericana de Relaciones Laborales y del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, así como de la Red Cielo, comunidad para la investigación y el estudio laboral y ocupacional.

Los objetivos de esta Iniciativa son:

·        Identificar y aglutinar investigadores y expertos de Universidades y otras entidades académicas, de estudio y/o de investigación de España y del resto de países iberoamericanos que estén trabajando y/o estén interesados en las temáticas relativas al Futuro del Trabajo, para crear agregaciones exponenciales de creación de conocimiento resultado de investigaciones interuniversitarias e interdisciplinares, que superen el escenario de “silos de conocimiento”.

·        Abrir un espacio de reflexión (prospección, evaluación y proyección) acerca de los nuevos desafíos relacionados con el  mundo del trabajo, a través de la configuración de las redes, micro-redes, nodos o grupos de estudio que se consideren oportunos.

·        Generar conocimiento como aportación al debate sobre el Futuro del Trabajo abierto por la OIT y que pueda dar soporte a las políticas públicas y reformas legislativas a desarrollar a través del diálogo social. Dar difusión a dicho conocimiento a través de todos los medios disponibles, incluidas las páginas de la OIT de Madrid y de Ginebra.

Esta iniciativa se puso en marcha con la celebración del I Encuentro universitario sobre el Futuro del Trabajo, el 2 de febrero 2018 en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III. En marzo de 2018 se habilitó la Plataforma Digital Interuniversitaria sobre el Futuro del Trabajo (https://iniciativaoitinteruniversitariafuturodeltrabajo.com/) para facilitar los trabajos de puesta en común y coordinación. Los días 7 y 8 de febrero tendrá lugar en Sevilla, el Congreso Interuniversitario sobre el Futuro del Trabajo que servirá para presentar los trabajos realizados a lo largo de este año como contribución académica al proceso.

El II Encuentro interuniversitario sobre el Futuro del Trabajo previsto para el día 28 de septiembre en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla la Mancha tiene por objetivo evaluar el nivel de desempeño conseguido hasta ahora, identificar áreas y acciones concretas de mejora para revitalizar y reforzar el debate universitario interdisciplinar sobre el Futuro del Trabajo y  avanzar en los preparativos del Congreso de Sevilla.

Este Encuentro convoca a:

·       Coordinadores de los grupos de trabajo designados en el  del I Encuentro universitario sobre el Futuro del Trabajo

·       Personas promotoras de los Encuentros en la Universidad Carlos III y en la Universidad Castilla-La Mancha, del Congreso en la Universidad de Sevilla y de la Plataforma Interuniversitaria de la Universidad Internacional de Andalucía

·       Personas de contacto de aquellas Universidades que han suscrito Convenio con OIT para promover la Iniciativa sobre el Futuro del Trabajo.

·       Equipo de la Oficina de la OIT para España

Programa:

11:30       APERTURA

-        Miguel Ángel Collado, Rector de la Universidad de Castilla-la Mancha

-        Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT para España

Comisión Tripartita sobre el Futuro del Trabajo:

-        Yolanda Valdeolivas, Secretaria de Estado de Empleo

-        Teresa Sánchez de Terán, CEPYME

-        Jordi García Viñas, CEOE

-        Jesús Gallego, UGT

-        Cristina Faciaben, CCOO

12:15       GRUPOS DE TRABAJO Y PLATAFORMA INTERUNIVERSITARIA

Ronda de intervenciones por parte de los coordinadores (acciones desarrolladas, dificultades encontradas, necesidades y siguientes pasos)  

14:00        COMIDA LIGERA

15:00        CONGRESO UNIVERSITARIO SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO EN SEVILLA

1.      Información sobre el Reglamento

2.      Información sobre la presentación de comunicaciones

3.      Difusión y comunicación

16:30        Fin de la jornada

Inscripciones en: https://goo.gl/forms/OimIYAS4lKWeNFER2

SOBRE TESIS Y MASTERS

Se ha despertado un inusitado interés por la formación universitaria de los representantes del pueblo. En unos casos porque esta formación es más simulada que real, en otros porque la calidad de la misma deja mucho que desear. Se han convertido en un tema nacional las irregularidades aparecidas en el desarrollo de algunos cursos de postgrado que supuestamente ostentan algunos políticos, o la existencia de plagio en los trabajos que demuestran la suficiencia de los conocimientos de quienes los realizan y les habilitan para obtener el título correspondiente (maestría o doctorado). La cuestión explotó con el caso de Cristina Cifuentes, aunque la causa de su dimisión fuera el chantaje seguro al que podrían someterle los aparatos de seguridad paralelos que montó el PP en Madrid, se continuó con las dudas sobre las múltiples titulaciones del actual líder nacional del PP, Pablo Casado, y se ha prolongado con la dimisión de la ministra Carmen Montón. Sobre esa base, la formación política Ciudadanos (C’s), ha iniciado a través de su dirigente Albert Rivera una fuerte campaña cuyo objetivo es la tesis  doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo que la haga pública, a la vez que varios medios de la extrema derecha mediática acusan a éste de haber plagiado la misma o que ha sido escrita por una tercera persona.

Este es hoy el debate nacional en el Estado español, lo que si bien nos ahorra el conocimiento puntual de los avatares por los que discurre el proceso del nacionalismo catalán, que ha recibido el aval poderoso de la manifestación del 11 de septiembre, pero que sigue estancado entre la emocionalidad popular, la parálisis institucional y la carencia de objetivos verosímiles, también nos aísla de los problemas cotidianos de la gente y de los proyectos centrales en la gobernabilidad del país. Puede que sea mejor así, nunca se sabe si es cierto lo de los renglones torcidos de Dios – una referencia más que oportuna para el órgano judicial que ha ordenado el arresto del actor Willy Toledo por blasfemar en un tuit, a instancias de los querellantes, unos denominados abogados católicos – pero este aluvión de informaciones sobre los quehaceres universitarios nos convoca a opinar sobre ellos a  quienes tenemos como profesión el trabajo de docente e investigador universitario, PDIs en la jerga que manejamos.

Lo primero que se plantea es una reacción defensiva. Mi compañera en la UCLM y amiga personal Mari Luz Rodriguez, que ha sido consejera del gobierno de la Comunidad castellano-manchega y secretaria de estado del gobierno estatal, ha venido insistiendo en las redes sociales que el trabajo universitario es exigente y que tanto profesores como alumnos trabajan seriamente en todos los niveles, tanto en los estudios de grado, como en los de postgrado y en la confección de las tesis doctorales. Siendo eso cierto en líneas generales, es una afirmación que el discurso hegemónico en el contexto universitario pone en duda al entender que hay grandes diferencias entre las diferentes universidades, públicas y privadas, en orden a la cantidad y calidad de sus enseñanzas. Esta diferencia se basa fundamentalmente en la capacidad de los entes de educación superior en captar recursos económicos y financiación externa, tanto en lo que se refiere a los proyectos de investigación como, de manera señalada, a través de los masters o títulos de postgrado ofrecidos. Cuanto más dinero entre y más cara sea la matrícula del master, mejor universidad será.

Es decir que se está construyendo una jerarquización entre las universidades existentes no en razón del carácter público o privado de las mismas, sino en función de la capacidad que éstas demuestran para orientar sus investigaciones en colaboración con el capital privado y en la llamada “transferencia” de éstas a la economía real, o, lo que es más remarcable, en razón de los nichos de mercado en los que se despliega la enseñanza de segundo ciclo, los llamados másteres. La “excelencia” de los mismos se hace depender de su valor mercantil en el mercado del conocimiento, de forma que cuanto mayor es el precio de la matrícula, más excelente se entiende que es la enseñanza transmitida.

Este pensamiento dominante que conduce a la exaltación de los rankings internacionales en donde se listan jerárquicamente las que indefectiblemente son definidas como “las mejores” universidades del mundo, genera la búsqueda incansable de estas estructuras para lograr la presencia de los centros de estudio superior del Estado español en algún repertorio de cualquier entidad privada, mayoritariamente financiera, que los clasifique y ordene numéricamente. Es inútil pensar que hay universidades modestas en su financiación pública en las que sus docentes y su personal administrativo cumplen con eficacia y decencia sus labores académicas y que posibilitan el acceso a la educación superior a cientos o miles de personas que carecen de recursos suficientes para poder pagarse un costoso master en universidades de élite, dentro o fuera de las fronteras del Estado. Cumplir las exigencias del servicio público no es sinónimo de excelencia.

La gradación de la “calidad” de las diferentes universidades – así, en bruto, sin mencionar áreas de conocimiento, ni dominios especiales de actuación - se basa esencialmente en primer lugar en la capacidad de obtener recursos privados de financiación de sus actividades, pero también en la mercantilización de la franja de estudios – el master – que se configura como una clave de acceso a un nivel de puesto de trabajo elevado sometido por tanto a su consideración económica. Esta colocación que lleva consigo una minoración sustancial de la relevancia de las ciencias sociales y humanidades frente a las ciencias experimentales, y que exalta la apropiación del espacio de la enseñanza superior por el mercado y el valor mercantil del mismo, no presupone sin embargo que el trabajo en las universidades “no competitivas” esté expuesto a irregularidades o corruptelas. Simplemente tiene menos valor porque se presta en un centro que no ha conseguido la “excelencia” que da la recepción de financiación de capitales privados o la capacidad adquisitiva elevada de los usuarios de las mismas.

Los casos que están bajo el escrutinio público se localizan prácticamente de manera exclusiva en una Universidad pública madrileña, la Rey Juan Carlos, y en concreto en un instituto universitario específico de Derecho Público, que entre otros productos ofrece como título propio un Master de Marketing Político, Gobernanza y Comunicación Estratégica que tiene como finalidad “formar a futuros comunicadores sociales, líderes políticos, analistas y estrategas políticos”. El propósito por tanto de este Master tan concurrido por personalidades públicas era el de ofrecer un laboratorio de formación política, y la referencia al nicho de mercado posible tenía necesariamente que referirse a este sector o capa de personas. Una cierta noblesse d’État para jóvenes políticos en formación.

A lo que parece, el Instituto tenía plena autonomía financiera y sin duda unos recursos importantes, lo que le permitía no sólo contratar directamente a profesores fuera de la plantilla de la Universidad sino también a recibir un complemento retributivo para el staff directivo del mismo. No es una estructura organizativa de las enseñanzas que sea muy frecuente en las universidades españolas, porque normalmente el gasto y el ingreso están centralizados en entidades verticales que lo controlan, pero no es un caso excepcional, porque es funcional al objetivo de la actual normativa universitaria de obtener una posición relevante en el mercado de sus títulos de postgrado. En este supuesto, el elemento más importante parecía ser el valor político que implicaba la calidad de los alumnos del master, personas relevantes dentro de los aparatos del partido que llevaba años gobernando la Comunidad de Madrid y que había creado esa universidad para dotarla de un “sesgo” especial, con algún guiño al bipartidismo, un mercado en el que la Universidad y el Instituto querían obtener una ubicación decisiva.

Lo que ha sucedido es que en ese esfuerzo de captación de personalidades relevantes se ha producido una violación de las reglas académicas que garantizan el control de la suficiencia formativa que es requerido. No son “malas praxis aisladas”, sino un efecto colateral de la función de promoción política de personas relevantes en sus respectivas organizaciones – especialmente del PP, pero también del PSOE – que perseguía este título de postgrado. Naturalmente que este proceder es inadmisible y además contraproducente para la propia supervivencia del título propio como un espacio sugerente en el mercado político que se pretendía captar. Requeriría una respuesta contundente por parte de las autoridades académicas, pero también de todo el personal docente, investigador y de administración y servicios que trabaja en esta Universidad, empezando por las secciones sindicales de CCOO y UGT, porque para el sindicalismo de clase estos hechos no pueden considerarse ajenos a su esfera de actuación. La conferencia de rectores de Madrid debería asimismo comunicar a la sociedad madrileña su parecer sobre este tema.

Pero el debate mediático va más allá y ahora se proyecta sobre la calidad de la formación recibida, esta vez sí, conforme a las disposiciones legales y universitarias, que culmina en la tesis doctoral como requisito para la obtención del título de doctor. Según dicen, ha habido una fila de periodistas en la universidad privada Camilo José Cela para poder consultar la tesis del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. En nuestro quehacer universitario, se sabe que hay una diferencia importante entre las tesis doctorales que se hacen en las ciencias experimentales, en las biomédicas o en las de humanidades y ciencias jurídicas y sociales. Tanto la extensión, como el método y el contenido difieren notablemente. Pero también entre las tesis leídas y defendidas en las universidades públicas y en las universidades privadas, en las que también funciona una cierta jerarquización entre "clásicas" y "nuevas". En mi generación, y en mi área de conocimiento, el derecho del trabajo, la tesis doctoral se trabajaba mucho porque representaba la obra que definiría el contenido y el método de investigación del profesor. Mientras se “hacía” la tesis, el universitario escribía artículos científicos sobre otros temas, daba conferencias, se ocupaba de la docencia de cursos entonces muy numerosos y además militaba sindicalmente. 

No es este el sentido actual de la tesis doctoral, que se configura como un requisito para poder acceder a las categorías de contratación temporal iniciales de la carrera académica o, fuera de este ámbito, como la culminación relativamente previsible de un itinerario de formación del postgrado. Un reconocido jurista del trabajo alemán, Wolfgang Däubler, mantenía que la tesis doctoral era el primer estadio de alfabetización académica. Las normas actuales han suprimido los cursos de doctorado y dan un plazo máximo de cuatro años – coincidente con el que se asigna a las becas de investigación FPI – para su realización, con la posibilidad de pedir alguna prórroga extraordinaria y con diferencia entre dedicación a la tesis a tiempo completo o a tiempo parcial.

Los plagios de las tesis son posibles, ciertamente, aunque es más frecuente encontrar ejemplos de intertextualidad, que es una cosa distinta. En mi experiencia personal, ha habido sólo dos ocasiones en las que se ha retirado una tesis por plagio de algunos artículos en castellano o por traducción de textos extranjeros. También en un caso de memoria de concurso a cátedra, en donde la reproducción del apartado metodológico frustró las expectativas del candidato. Estas prácticas no son aceptadas por la comunidad científica, que se muestra muy estricta al respecto.

Es de alabar que los profesionales de la política y los formadores de opinión se interesen ahora, en prime time, por los productos académicos y su calidad, especialmente en ciencias sociales. Pareciera como si el político que realizara estudios universitarios superiores fuera en principio sospechoso, en lugar de entender que es un dato positivo que define su personalidad, no sólo un elemento de distinción que le sirva para enarbolar un título como quien exhibe un trofeo. Más emocionante si cabe es comprobar con qué pasión periodistas y expertos narran cómo se debe hacer una tesis, la forma correcta de citar, la deontología del experto. Ojalá este torbellino mediático sobre la producción científica universitaria pueda servir para que los universitarios y sus autoridades, las organizaciones representativas del personal, y los estudiantes, comiencen a opinar públicamente sobre la actual situación de declive en la que se encuentra esta institución. Su progresiva privatización y mercantilización, la degradación de la financiación pública, la precarización acentuada de su personal docente, la inexistencia de nuevas plazas contratadas a tiempo completo, la restricción de plantillas y la deficiencia de inversiones y de investigación, la irracionalidad de los criterios de acreditación y valoración de la llamada excelencia, entre otras cuestiones que dificultan poderosamente la realización del servicio público de educación superior universitaria.