TENSIONES Y PERSPECTIVAS: CONSTITUCIÓN Y TRABAJO (XV CONGRESO CONAMAT)

Como cada dos años, los Magistrados de Trabajo brasileños organizan su congreso en el que abordan temas de indudable interés y actualidad. Este año es en Brasilia, del 28 al 30 de abril. En la página de ANAMATRA, la asociación de Magistrados que agrupa a 3.000 jueces del trabajo, (www.anamatra.org.br) se recoge la noticia del acto y de sus líneas rectoras que a continuación se ofrece en español y en portugués. Un resumen de los debates que allá se desenvuelvan será oportunamente ofrecido a los lectores del blog, alguno de los cuales aparecen en la fotografía discutiendo sobre el significado actual del 25 de abril portugués.



El tema central del Congreso es La Constitución, el Trabajo y la Democracia: tensiones y perspectivas, y se celebrará en Brasilia del 28 de abril al 1 de mayo. El evento, organizado por ANAMATRA, reunirá a mas de 700 operadores jurídicos, entre ellos jueces, abogados, profesores y estudiantes de las diferentes regiones del país.

"La realización de nuestro evento, independientemente de la crisis política por la que pasa la capital federal, reafirma nuestra convicción de que las instituciones, en un estado democrático de derecho, están por encima de sus dirigentes. La presencia de los jueces del trabajo es una demostración de que necesitamos en Brasilia y sobre todo, en la democracia brasileña, que se fortalece también en las crisis", afirma el presidente de Anamatra, Luciano Athayde.

En el contexto del tema central del congreso, se discutirá el activismo judicial y la separación de poderes, las relacionescolectivas de trabajo y al democracia, el proceso laboral y el principio fundamental de duración razonable, el proceso virtual, tensiones entre la eficiencia y el ejercicio de los derechos fundamentales y la gestión judicial.

Entre los conferenciantes, destacan Sepúlveda Pertence, ex-presidente del Supremo Tribunal Federal; Antônio Baylos Grau, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha, da España; Giuseppe Cocco, profesor y científico político de la Universidade Federal do Rio de Janeiro; Ada Pellegrini Grinover, libre-docente de la Universidade de São Paulo; y ministros del Tribunal Superior de Trabalho, consejeros del Conselho Nacional de Justiça, desembargadores y jueces del Trabajo, entre otros.


Brasília prepara-se para receber o Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho

Sob o tema central “A Constituição, o Trabalho e a Democracia: Tensões e Perspectivas”, operadores do Direito estarão reunidos em Brasília, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, de 28 de abril a 1º de maio, na 15ª edição do Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Conamat).

O evento é realizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e pela a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região (DF/TO). O Congresso, que acontece a cada dois anos, é o maior evento científico da magistratura trabalhista e deve reunir na capital federal cerca de 700 pessoas, entre elas, juízes, juristas, advogados, e estudantes de diversas regiões do país.

"A realização do nosso evento independentemente da crise política por que passa a capital federal, reafirma nossa convicção de que as instituições, num regime democrático de direito, estão acima dos seus dirigentes. A presença dos juízes do Trabalho é uma demonstração de que acreditamos em Brasília, e, sobretudo, na democracia brasileira, que se fortalece também nas crises", afirma o presidente da Anamatra, Luciano Athayde.

No contexto do tema central do congresso, serão discutidos o ativismo judicial e a separação de poderes; a relações coletivas de trabalho e democracia; o processo do trabalho e o princípio fundamental da duração razoável; o processo virtual: tensões entre a eficiência e o exercício de direitos fundamentais; e a gestão judiciária.

Entre os palestrantes estão Sepúlveda Pertence, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal; Antônio Baylos Grau, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha, da Espanha; Giuseppe Cocco, professor e cientista político da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Ada Pellegrini Grinover, livre-docente da Universidade de São Paulo; e ministros do Tribunal Superior do Trabalho, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, desembargadores e juízes do Trabalho, entre outros.

CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO: UNA AMPLIA MOVILIZACIÓN POPULAR

Esta tarde se han echado a la calle decenas de millares de personas en muchos lugares de España. En la manifestación de Madrid, había decenas de miles de personas. Los artistas e intelectuales, los políticos, los sindicalistas, los herederos de tanta gente que sufrió la represión, la cárcel y la muerte a manos del franquismo. De Parapanda ha habido una nutrida representación. Allí estaban los poetas oficiales de la villa, Luis García Montero, acompañado de Juan Gelman, junto con Rodolfo Benito y una gran parte del gremio de los institutos de investigación y ateneos de la ciudad. Especial interés ha producido la irrupción en el cortejo del Comité de Demografía Democrática de Parapanda, liderado por Pepe de la Paz, flanqueado por la agrupación de los juristas del trabajo, entre los que destacaban Joaquín Aparicio y el conocido abogado de corte cervantino Henry DeLille. Obviamente el Comité de Jóvenes Juristas Críticos ha secundado la manifestación con gritos contra Esperanza Aguirre y contra la impunidad del franquismo durante casi todo el recorrido, dirigido en esta ocasión - tienen la costumbre de rotar en la dirección del mismo - por Laura Mora. Allí estabamos todos, de Parapanda y de todos los rincones de la villa y corte, y ha sido un momento alegre, de satisfacción inmensa.

Las manifestaciones que se han realizado en 20 ciudades españolas han sido un completo éxito, destacando en todo caso las de Madrid y Barcelona. Todavía no se tienen noticias de la concentración ante las embajadas de España en México, Buenos Aires, Paris y Londres. El recién contituido Comité contra la impunidad del Franquismo, ha cosechado por tanto una respuesta popular formidable a su convocatoria, con una evidente repercusión mediática no tanto en España cuanto en los medios exrranjeros. El proceso de movilizaciones que ha puesto en marcha el procesamiento de Garzón por su investigación sobre los crímenes de la dictadura está creciendo y constituye una llamada de atención muy seria frente a la actuación de una justicia que ignora el esfuerzo y la renuncia de generaciones de demócratas represaliados bajo el franquismo en la construcción de un marco político democrático a la muerte del dictador.

Las movilizaciones están teniendo efectos en la opinión pública y representan un vector de la política y de la estrucutra fundante de la democracia que se rebela ante su negación o su deterioro. Es un movimiento que va más allá de instancias de partidos políticos, pero que se sitúa en un espacio político muy nítido, de democracia radical. Es importante sin embargo darle continuidad también en el plano de la administración de muchas de sus reinvindicaciones "menores", que en gran medida son promesas incumplidas o siempre aplazadas de la Ley de Memoria Histórica.

La derecha política, simbolizada en un Partido Popular cada vez más crispado que enarbola como un garrote la a su juicio inaceptable tensión que supone presionar al poder judicial y a la "división de poderes", se desliza en cada debate público hacia posiciones progresivamente escoradas a la extrema derecha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, se niega a condenar la violencia y los crímenes del franquismo, para a cambio vituperar la II República y decir que los golpistas fueron los sindicatos y partidos de izquierda con la insurrección de Asturias en 1934. Para esta derecha política, mucho más enfurecida y agresiva ahora que en 1977, las movilizaciones deben ser desautorizadas, mal contadas, y desprestigiadas como actos no democráticos. Todos sus medios de comunicación reiteran el mensaje de forma unánime, por prensa, televisión y radio.

Las manifestaciones de hoy - como antes los actos de la Complutense y el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Barcelona - no solo expresan el grito de libertad de la lucha antifranquista, sino que enseñan que el monstruo que esta combatió, sigue activo. Hoy, gracias a este proceso de incorporación tan amplia de identidades y de presencias democráticas, se está reaccionando contra la implantación extremadamente violenta del neofranquismo en la política y en los medios de opinión que quieren reducir al silencio cualquier reivindicación sobre la memoria histórica, la apertura de las fosas de los ejecutados extrajudicialmente o la persecución de los actos criminales no prescritos del franquismo, como el secuestro de niños. Este proceso está teniendo la virtud de mostrar la inquietante fortaleza del fascismo español en el ámbito del debate político, de la cultura jurídica y de la orientación de la opinión pública. Ni que decir tiene que hay que impedir que crezca y que se imponga en el espacio público, haciendo imposible el marco de juego del sistema democrático.

DERECHOS HUMANOS E INMIGRACIÓN

Como cada año, Luis Carlos Nieto, magistrado, organiza en la UNED de Motril en colaboración con la asociación Jueces para la Democracia en torno a alguno de los temas más actuales planteados en el ámbito de los derechos humanos. En esta ocasión, se analiza el fenómeno de la inmigración en relación con la titularidad y vigencia de derechos humanos. Construida desde una perspectiva multidisciplinar, en la que entra la perspectiva artística, la jurídica y la política, las Jornadas son muy interesantes. A continuación se incorpora el programa de las mismas.

IX Jornadas sobre los Derechos Humanos e Inmigración
21, 22 y 23 de Abril
Salón de actos de la UNED, Casa de la Palma - Motril 2010

Defender los derechos de las personas que han tenido que migrar desde sus países de origen ha sido la seña de identidad más relevante de las "Jornadas sobre Derechos Humanos e inmigración" de Motril. Pretendemos contribuir con este trabajo a que la cultura de la frontera y la exclusión no se impongan a la cultura de los derechos humanos. Y ese es el compromiso que asumimos todos los años en la UNED de Motril y lo hacemos a través de un instrumento que describió muy bien Pietro Barcellona hace dos años en las jornadas: “juntar gente, pensar juntos”. El debate y el diálogo en ese espacio de tres días ha sido nuestra principal aportación al debate sobre las migraciones, siempre desde la visión de la defensa de los derechos.
En la edición pasada ya debatimos sobre el paso atrás que estaba suponiendo el contenido de la denominada Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea en el año 2008 y sobre los efectos perversos que estaba suponiendo la tendencia que marcaba hacia la expulsión y el internamiento de los extranjeros.

Desafortunadamente ya tenemos ejemplos. Los brotes xenófobos del Sur Cátedra UNESCO de Educación Ambiental de Italia en los que ciudadanos de Calabria permitieron ataques indiscriminados de seres humanos por el hecho de ser inmigrantes y negros, precedidos de una ley de seguridad que convierte en delito la inmigración clandestina y completados con las declaraciones del Presidente Berlusconi afirmando que "menos inmigrantes significa menos criminalidad" son expresivos de esta tendencia. También las propuestas del Gobierno Francés, por el momento desestimadas, de elaborar "estadísticas étnicas" o el estéril debate sobre la definición de "ser francés", que en el fondo esconde la restricción de derechos a los considerados “no franceses”. El colmo podría ser el referéndum suizo sobre símbolos religiosos como son los minaretes musulmanes. En fin, una tendencia que puede hacer irreconocible a esa Europa como "espacio privilegiado para la esperanza humana" que dice el preámbulo del Tratado de Lisboa.
En nuestro país posturas como las del Ayuntamiento de Vic en Cataluña o Torrejón en Madrid, que han pretendido denegar (burlando la legalidad) el empadronamiento a los inmigrantes que no tienen tarjeta de residencia, privándoles así de los derechos a la salud o a la educación, dan cuenta del calado de esta tendencia. También en esta clave hay que situar la reforma de la ley de Extranjería de diciembre pasado, en la que se restringe la reagrupación familiar y se amplía el plazo a 60 días para el internamiento de los extranjeros que carecen de papeles en los Centro de Internamiento de Extranjeros, lugares con condiciones peores que las prisiones como afirma el informe del Defensor del Pueblo y donde se interna a extranjeros que no han cometido ningún tipo de delito.

Frente a esta tendencia ya intuida por la Directiva de Retorno seguimos apostando por el reconocimiento de derechos y la integración de las personas migrantes pues están en juego los propios fundamentos del Estado de Derecho, en definitiva los principios que van a ser la ley del más débil. Con este planteamiento y con la ilusión de todos los años abordamos las novenas jornadas en las que hablaremos sobre todos estos asuntos, el impacto de la crisis en las migraciones, los derechos sindicales de los inmigrantes, las reformas penales, criterios de solidaridad y experiencias migratorias. Y como siempre la visión de las migraciones desde la literatura, el lenguaje o el periodismo. Esperamos que el programa sea de vuestro agrado.

LUIS CARLOS NIETO

PROGRAMA:

Miércoles 21 de abril 2010
TARDE
17:00 Presentación de las jornadas
17:30 Los derechos de los inmigrantes, al desnudo:
las vacas flacas de la crisis
Javier de Lucas. Profesor de Filosofía del Derecho.
Universidad de Valencia.
19:30 Inmigración y lenguaje
El Chojín. Rapero.
Portavoz del Alto Consejo de las Comunidades Negras
en España.

Jueves 22 de abril 2010
MAÑANA
10:00 Control social de las migraciones.
Alternativas ante las futuras reformas penales
Relator: Mariano Maresca. Profesor de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Granada.
PONENTES
Guillermo Portilla Contreras.
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Jaén
Francisco Barrera López. Doctor en Derecho.
Universidad de Granada.

12:00 Inmigración y derechos sindicales
Relator: Felipe Villa. Abogado.
Profesor de Derecho del Trabajo.
Coordinador de las Jornadas
PONENTES
Antonio Baylos. Profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Castilla- La Mancha
Luis Triguero. Profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Granada

TARDE
17:00 Los invisibles de Kolda.
Historias olvidadas de la inmigración
clandestina
José Naranjo. Periodista
18:30 Si me preguntáis de donde vengo
Belén Gopegui. Escritora

Viernes 23 de abril 2010
MAÑANA
10:00 Compartiendo solidaridades
Relatora: María Novo Villaverde
Cátedra UNESCO de Educación Ambiental
y desarrollo sostenible
PONENTES
Sagrario Herrero
Cooperativa “GARUA” (Madrid)
Enrique del Rio
“Asociación Pro-empleo” (Madrid)

12:00 Experiencias migratorias
Relator: Santiago Álvarez Cantalapiedra
Centro de Investigaciones para la Paz.
(CIP_Ecosocial)
PONENTES
Karen Marón. Periodista
Seck Fall Tamimou. Presidente de la
Asociación Senegalesa Española

TARDE
17:00 Pateras en Motril
Documental comentado sobre la llegada de
inmigrantes
19:00 El Defensor del Pueblo
ante la inmigración
Oficina del Defensor del Pueblo
María Luisa Cava de Llano. Adjunta primera
del Defensor del Pueblo de España

UNA MULTITUD LLENA EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA EN APOYO DE GARZÓN

El acto de apoyo al Juez Garzón celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, ha tenido un éxito impresionante. Más de 1.500 personas abarrotaban el recinto. Todos los periódicos se han hecho eco de esta impresionante muestra de expresión democrática frente al neofranquismo que se instala en demasiados espacios políticos y mediáticos, intentando reducir al silencio cualquier opinión disidente o crítica respecto de la dictadura y sus crímenes. A continuación se reproduce un pot-pourri de lo que han señalado los periódicos "El País", "La Vanguardia" y "El Periódico". Ni que decir tiene que el Colectivo de jovenes juristas Críticos de Parapanda han vitoreado los nombres de Berzosa y de Jiménez Villarejo, han aplaudido con fuerza la intervención de Jose Maria Mena y se han emocionado con Paco Ibañez, Marina Rosell y Quico Pi de la Serra.

El acto de apoyo a Garzón en Barcelona se convierte en una reivindicación de la democracia

• Personalidades del mundo de la política y de la justicia asisten al acto de solidaridad en la universidad barcelonesa

El acto contó con la presencia del ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. En el paraninfo, estuvieron los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Joan Carles Gallego y Josep María Álvarez, así como una amplia representación del PSC y de ICV-EUiA.

Entre otros, estuvieron Miquel Iceta, Manuela de Madre, Joan Ferran (PSC), y el secretario general de Interior, Joan Boada, Daniel Pi (ICV) y Jordi Miralles (EUiA). El acto estaba convocado por la plataforma 'Un clam de justícia' - que aglutina entidades y asociaciones con- el objetivo común de defender los valores democráticos y la memoria democrático- y Memorial Democrático, dependiente de la Generalitat.

La plataforma, que considera el proceso contra Garzón "un ataque directo a los principios básicos de la democracia", cuenta con adhesiones de escritores como José Saramago, Juan Goytisolo, Paco Ibáñez -que actuó en el acto de hoy-, Ferran Adrià, Mena y Villarejo, políticos como Maragall, y representantes de la cultura, sindicatos y asociaciones de víctimas del franquismo.

En defensa de la democracia

El acto se ha convertido en una defensa de la democracia y de la independencia judicial, y en una denuncia de los "herederos del franquismo", en un paraninfo de la UB completamente lleno de estudiantes, políticos, periodistas, actores y cantantes.

La intervención más brillante la ha protagonizado el ex fiscal jefe de Cataluña y actual presidente de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, José María Mena, quien ha asegurado que Garzón es víctima de un "corporativismo transversal e inaceptable". Mena ha levantado de sus asientos a los asistentes cuando ha recalcado "la sospechosa coincidencia" con la que el Tribunal Supremo ha admitido las querellas contra el juez, presentadas "por los herederos de los fascistas, fascistas también ellos" y "por los corruptos de Gürtel".

En otro momento ha afirmado que "escandaliza a cualquiera" que el juez Luciano Varela acuse a Garzón de "dilaciones indebidas" en la tramitación de la querella de las víctimas del franquismo, "cuando nuestro Tribunal Constitucional está empantanado con el Estatut desde hace casi cuatro años, obstruyendo impunemente la máxima expresión política de nuestra soberanía como ciudadanos".

El ex fiscal ha desmenuzado la actuación de Garzón en el caso de las fosas del franquismo y ha dicho que siempre estuvo presidida por la independencia judicial, algo que debería presidir siempre la actuación de los jueces y que jamás debería haber sido motivo de querella. En este sentido, Mena ha calificado a Garzón como "el más prestigioso exponente de la independencia judicial" y ha insistido en que los procesos contra el juez de la Audiencia Nacional son "una advertencia para todos los jueces" procedente de "los franquistas todavía invictos".

El acto lo ha abierto Eduard Urtasun, un estudiante de Derecho que se ha preguntado por la imagen que está ofreciendo la justicia española y ha resaltado lo "intolerable e inadmisible" de los procesos abiertos contra Garzón. "No sé si pasarán, pero desde luego no nos van a hacer callar ni ahora ni nunca", ha zanjado Urtasun.

La escritora Rosa Regàs ha reclamado la ilegalización de la Falange. El sociólogo Salvador Giner ha afirmado que la indiferencia "es el peor enemigo de la democracia". Por su parte, el catedrático de Filosofía del derecho, Norbert Bilbeny, ha insistido en que "Garzón es víctima de una injusticia" y la escritora Monika Zgustova ha asegurado que "sólo conociendo el pasado, una sociedad puede ser verdaderamente libre".

El acto ha finalizado con la lectura de poemas a cargo de Joan Oller y Joan Margarit y con la intervención de los cantautores Paco Ibáñez, Quico Pi de la Serra y Marina Rosell, que ha interpretado su conocida canción "El cant dels ocells" y otro tema a dúo con Paco Ibáñez a petición del público puesto en pie, ha creado el eslogan del acto con la frase: "No pasarán, ni con el Estatut ni con Garzón".

CARTA ABIERTA A LA DIRECCIÓN DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Ocho profesores y abogados, amigos y coetáneos en el antifranquismo, han dirigido esta Carta Abierta a la dirección de Jueces para la Democracia en la que manifiestan su acuerdo y su identificación con el Manifiesto de esta asociación a propósito del proceso contra Garzón por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo que suscribieron JpD, la UPF, MEDEL y la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia, y de la que ha dado cuenta este blog. El texto se presenta en primicia a continuación, como un documento que converge con el importante Acto en defensa del Juez Garzón que mañana martes 20 de abril se celebrará, a las 13 horas, en la Universidad de Barcelona.

Queridos amigos, queridas amigas:

No tenemos ningún título político, corporativo o asociativo que nos legitime especialmente para esta carta. Nos dirigimos a vosotros como universitarios y profesionales del derecho que mantenemos una posición ideológica marcada por nuestra edad y nuestra historia y que converge con el ideario y la línea de actuación de Jueces para la Democracia. Muchos de nosotros además tenemos una antigua relación de amistad y de compañerismo con tantos y tantas magistradas y magistrados de vuestra asociación. Sobre esta confianza, os escribimos.

Estamos acostumbrados en nuestro trabajo a mantener una relación respetuosamente crítica con las decisiones de los órganos judiciales. Cuando el fallo es firme, si la decisión no realiza una interpretación adecuada de la constitución y el ordenamiento jurídico, criticamos la sentencia rebatiendo sus fundamentos jurídicos y proponiendo en su caso una reforma de la norma que ha dado lugar al fallo que consideramos incorrecto. Esta ha sido la regla a la que se han ajustado nuestras relaciones con las decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el auto del Juez Instructor y Magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictado contra el Juez Baltasar Garzón , como autor de un delito de prevaricación, se dan circunstancias de especial gravedad que afectan a la lucha democrática antifranquista y la memoria histórica.

Hemos conocido el rigor de la represión y de los crímenes del franquismo. La dictadura del General Franco se caracterizó por su persecución y hostilidad hacia la clase obrera y sus representantes. Estamos orgullosos de haber luchado por la democracia y la libertad, de haber reivindicado la amnistía política y de haber defendido la amnistía laboral en la calle y en los tribunales, de haber contribuido, con tantos otros, a derribar la dictadura, de nuestra historia, en fin, como luchadores antifranquistas. Cuando, pasadas tres décadas de la transición a la democracia, el Parlamento español aprobó la Ley de Memoria Histórica, denunciamos sus evidentes limitaciones. Pensamos entonces y seguimos pensando hoy que los procesos llevados a cabo por los tribunales franquistas son nulos, como lo son sus condenas y que hay crímenes que este régimen cometió que no se pueden considerar prescritos ni definitivamente cerrados por la Ley de amnistía de 1977. Por eso no podemos aceptar que el Tribunal Supremo, a través del Juez instructor Luciano Varela, considere que se trata de opiniones descabelladas y que el juez que las mantuviera razonadamente, como Garzón, estaría prevaricando. Con ello el auto del magistrado del Tribunal Supremo, a instancias de organizaciones de ultraderecha, toma partido por el franquismo y sus crímenes y se burla de la memoria histórica y de las personas que fueron asesinadas, torturadas y encarceladas en la defensa de la libertad y de la igualdad.

El auto de procesamiento hecho público y el desprecio autoritario por los derechos de defensa de Garzón ha conseguido una repercusión pública nacional e internacional tan relevante que se está poniendo en crisis la legitimidad de los aparatos de justicia del Estado democrático español. Crecientes sectores de la opinión pública nacional e internacional identifican a los jueces y magistrados con posiciones ideológicas que declaran la impunidad de los crímenes del franquismo y que rechazan la ley de memoria histórica, dañando de forma posiblemente irreversible el desarrollo de nuestra democracia. Vuestra asociación, Jueces para la Democracia, es la heredera directa de Justicia Democrática, perseguida por la dictadura, y de un nítido ideario democrático, y sus miembros pagaron con la postergación y el aislamiento su compromiso por la democracia y su lucha antifranquista. La reivindicación de una política democrática en la actividad judicial y la necesidad de que los jueces y magistrados tomen postura frente a esta deriva autoritaria la habéis recogido en vuestro manifiesto, firmado junto con la UPF, MEDEL y la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia, al que, de forma muy adecuada, habéis titulado “en la tradición de justicia democrática”. Ha sido una señal clara y contundente que ha roto el “silencio de plomo” que se había extendido entre los miembros de la judicatura respecto de este tema.

Este es el objeto de nuestra carta. Queremos expresaros, interpretando que es el sentir de muchos otros compañeros y ciudadanos, nuestra satisfacción y nuestro pleno acuerdo con el manifiesto publicado. Con él habéis puesto fin a ese mutismo inexplicable en el que tantos jueces y magistrados demócratas se encontraban incómodos, y lo habéis hecho mediante la condena tajante y explícita de los motivos y de la doctrina contendía en el auto de procesamiento de Garzón por el delito de prevaricación. No será en adelante posible arrojar dudas sobre la postura de la izquierda judicial sobre este particular. Con claridad, de forma muy elegante pero firme, habéis rechazado la criminalización de una opción interpretativa jurídicamente fundada y funcional a la eficacia de aspectos importantes de la memoria democrática en nuestro país.

Es evidente que esa postura vuestra está siendo sometida a presiones muy fuertes, como fuertes son las reacciones de la derecha y la extrema derecha ante la movilización popular en apoyo del juez Garzón, por la memoria histórica y frente al neofranquismo que se instala en demasiados espacios organizativos y mediáticos sin ningún pudor. Os animamos a continuar sin vacilación por este camino, como decís justamente, en la tradición histórica de JD, honrando la memoria de tantos de sus miembros hoy desaparecidos y que mantuvieron siempre una decidida posición a favor de la libertad y de la democracia en la larga noche de piedra del franquismo.

Cordialmente, con toda nuestra solidaridad

Joaquin Aparicio
Antonio Baylos
Luis Collado
Mercedes Garcia Arán
Enrique Lillo
Angel Martín Aguado
Nieves San Vicente
Juan Terradillos

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y NORMATIVA DEL TIEMPO DE TRABAJO

El resurgir de un neofranquismo autoritario y agresivo a partir de la movilización contra el procesamiento de Garzón ha impedido posiblemente fijar la atención sobre otros asuntos fundamentales, como el pulso que permanentemente se está echando entre los agentes económicos, los sindicatos y el gobierno en torno a la (re)regulación de las relaciones laborales en la crisis. Un lugar común en esos debates es precisamente la conocida distinción entre trabajadores estables y temporales y el gap de tutela entre ambos. Un libro reciente ha venido a suministrar una muy valiosa reflexión sobre el tiempo de trabajo. El autor es el joven investigador Paco Trillo, bien conocido ya en esta blogosfera y que forma parte del reputado Colectivo de Jóvenes Juristas Críticos de Parapanda, uno de cuyos animados seminarios recoge la fotografía.

LA CONSTRUCCION SOCIAL Y NORMATIVA DEL TIEMPO DE TRABAJO

El tiempo de trabajo es uno de los temas clásicos y centrales de la dogmática laboralista. Se ha escrito mucho y muy extenso sobre el mismo. Eso explica que en la producción científica española a partir de la democracia, sean más frecuentes los estudios de aspectos concretos en los que el tiempo de trabajo tiene relevancia – desde la jornada de trabajo hasta el trabajo a tiempo parcial, o, más recientemente, respecto de la conciliación de la vida laboral y personal – a excepción de algunas obras que persiguen una exposición general y omnicomprensiva de los aspectos más determinantes de esta categoría. Posiblemente el trabajo de Manuel Ramón Alarcón de 1988 sobre la ordenación del tiempo de trabajo sea el que mejor representa este enfoque al lograr un texto inteligente y sugestivo en esta materia del que aun ahora es una referencia segura. A partir de la segunda mitad de los años 90, se extiende una cierta preferencia doctrinal por objetos de investigación más reducidos y específicos, con abandono de la mirada crítica o propositiva y con predominio de la exégesis o recopilación, en donde se pierde autonomía cultural del investigador, que remite su investigación a la doctrina incuestionada que deriva de la dicción legal y de la interpretación que de la misma han realizado los órganos judiciales, especialmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que adquiere así la naturaleza sagrada de la ley mosaica. En todos los sectores, pero con especial fuerza en esta materia del tiempo de trabajo, que bordea tantos otros elementos centrales del sistema jurídico-laboral, se ha venido imponiendo una actividad doctrinal “contemplativa” – en el sentido de construir narraciones más o menos cuidadas y en ocasiones minuciosas de los actos normativos y aplicativos concebidos como “acontecimientos” - o “novedosista”, es decir, de enaltecimiento de cualquier perspectiva o proceso de institucionalización de inmediata actualidad, normalmente en relación con los cambios que deben ser inducidos en el derecho del trabajo ante la inminencia de lo “nuevo” simbolizado por regla general en imperativos económicos. La obra de Trillo va a contracorriente de estas tendencias. Pone en pie un examen completo de la regulación jurídica del tiempo de trabajo con un inequívoco sesgo crítico y presentando líneas de política del derecho sobre la misma, suministrando elementos muy valiosos para la comprensión y el desarrollo de este tema – el tiempo de trabajo – en relación con el uso social y laboral de éste.

La obra está dividida en cuatro grandes apartados. En el primero se analizan las “claves y aporías de la normativización del tiempo del trabajo”. en donde Trillo demuestra que posee la virtud fundamental del jurista del trabajo, esa que Luigi Mariucci ha definido correctamente como la de usar el derecho del trabajo como materia relevante en si misma pero ante todo como una “ventana al mundo” y como “instrumento de metabolización”, desde la propia autonomía cultural, de otras disciplinas como la economía, la historia o la sociología. Su análisis de la “aceptación político-legislativa” de la transformación del proceso de producción y del uso del tiempo en el postfordismo es extraordinario y confirma muchas intuiciones que de estos procesos se tenían desde la perspectiva jurídica. Invita a un desarrollo posterior, porque esta parte, como ha señalado un lector tan atento e intelectualmente inquieto como José Luis López Bulla en su blog, ofrece “un almacén de reflexiones” muy sugerentes y de extrema utilidad en el debate sindical. En el segundo apartado se examina la regulación del tiempo de trabajo y la configuración del contrato de trabajo como fórmula de satisfacción de los intereses empresariales. En este largo y decisivo apartado se produce el análisis de la regulación comunitaria del tiempo de trabajo y sus avatares – hasta la derrota de la reforma de la Directiva 2003/88 – seguido de la regulación del tiempo de trabajo en el ordenamiento jurídico – laboral español. En este vector nacional, la institución del tiempo de trabajo se gira hacia la política de empleo a partir de la reforma de 1994, actuando sobre la duración del contrato y en la ordenación de la jornada de trabajo. Como señala el prologuista de la obra, Joaquín Aparicio, los dos aspectos indisolubles de este examen son la duración del contrato y la mensurabilidad de la jornada, de forma que la opción por la flexibilización de la jornada mediante su distribución irregular a lo largo del año incide negativamente en el conjunto de derechos del trabajador y en la tutela prestada por el ordenamiento. Se trata de un esquema tan funcionalizado a los intereses empresariales que deja poco espacio para la satisfacción de otros bienes ligados a la salud y seguridad en el trabajo o al libre desarrollo de su personalidad, lo que es especialmente claro en las nuevas aporías que surgen al intentar conciliar la vida profesional y personal del trabajador y avanzar en una perspectiva de igualdad entre hombre y mujer. Su examen crítico del “espejismo” presente en el art. 34. 8 ET es muy ilustrativo al respecto. Además, como el esquema legal toma como referencia al trabajador por tiempo indefinido, las garantías previstas para éste no están concebidas para los trabajadores temporales. Para ellos la normación del tiempo de trabajo en sus dos vertientes de duración del contrato y de determinación cuantitativa y cualitativa de la prestación les aleja progresivamente de los trabajadores “estables” y los sume cada vez más en el “tenebroso mundo de la precariedad”, como lo define Aparicio.

Los dos últimos apartados tratan de reescribir la funcionalidad dinámica del instituto partiendo de una necesaria delimitación constitucional de la cláusula de libre empresa en contraste con los derechos fundamentales de los trabajadores. Lo hace sobre tres ejes, el del empleo, es decir, la relación entre el tiempo de trabajo y la crisis de empleo a partir de la crisis global de 2008, el de la protección de la salud y seguridad en el trabajo y las condiciones de trabajo, y, en fin, el de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los retos que plantea el uso del tiempo en estos supuestos. La cuarta parte avanza la idea de un ordenamiento laboral móvil, en el que se aprecia la multiplicación de estatutos laborales desiguales y variables, y en donde la regulación del tiempo de trabajo incide directamente no sólo en la conformación de la relación de trabajo de carácter temporal, sino en las identidades laborales que se expresan – y se comprenden – de forma muy útil a partir de un examen de la construcción normativa del tiempo de trabajo. En ese punto es central el examen del trabajo temporal como categoría autónoma del discurso laboralista crítico, lo que posiblemente será objeto de discusión por las repercusiones político-sindicales que de él se deriva. Disputar la hegemonía a los intereses empresariales en el desarrollo de la prestación de trabajo de los temporales, reconstruir sobre el tipo contractual y su encaje normativo el principio de igualdad de trato y, en fin, pensar en un estándar propio de derechos para los trabajadores temporales que compensen su radical desigualdad sustancial en el ámbito de la tutela legal del trabajo, son algunas de las líneas más decisivas que culminan este libro espléndido, que se inscribe en una renovada narrativa neolaboralista que conecta con una tradición de “análisis ideológico del derecho” y que define un “modo de estar” de los juristas de trabajo y de su forma de producir teoría en esta materia.


LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y NORMATIVA DEL TIEMPO DE TRABAJO: IDENTIDADES Y TRAYECTORIAS LABORALES

Francisco J. Trillo Párraga. Ed. Lex Nova. Valladolid, 2010, 315 pp., 30 €.

QUERELLA EN ARGENTINA PARA INVESTIGAR LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

La movilización democrática que ha simbolizado el Acto de la Facultad de Medicina de la UCM convocado por los sindicatos CC.OO. y UGT, se va extendiendo mucho más allá de lo que nadie preveía. La derecha política, aliada con la extrema derecha, ha reaccionado con extrema virulencia autoritaria contra el rector Berzosa y el ex-fiscal Jiménez Villarejo, que quieren en la cárcel, como ya se anunciaba ayer en el blog amigo Ciudad Nativa. La derecha judicial está también afectada y se muestra más agresiva cuanto más se deslegitima ante la opinión pública. La pervivencia del franquismo judicial, como se destaca en el blog Metiendo Bulla el diputado Salvador Milá, se encuentra en el centro del debate político. En este contexto, la repercusión internacional ha sido impresionante. La imagen de una democracia atenazada por el fascismo, que impide reconstruir la historia para todos los españoles, y que niega incluso la posibilidad de que los familiares de los asesinados extrajudicialmente puedan saber donde están enterrados, es de una potencia eversiva inmensa.

Ahora llega la noticia, muy interesante también desde el punto de vista político, de la presentación en Argentina de una querella para poder juzgar en Argentina los crímenes del franquismo, sobre la base del principio de justicia universal. Los querellantes son posiblemente los mejores penalistas argentinos, de una trayectoria democrática impecable, entre los que se cuentan Beinusz Smuzkler (en la foto departiendo con el Decano de la Facultad de Relaciones Laborales en una visita a Parapanda) o David Baigún. Una mayor extensión de la noticia, en


http://ciudadnativa.blogspot.com/2010/04/se-presenta-una-querella-en-argentina.html

CON LOS SINDICATOS APOYANDO A GARZON EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Se ha celebrado en Madrid, en la Universidad Complutense, el acto de apoyo a Garzón organizado por los sindicatos CC.OO. y UGT. Abarrotado de público, con presencias muy significativas de la izquierda social y política, ha exteriorizado la velocidad con la que el conflicto político que se ha abierto con la criminalización de quién mantenía la necesidad de investigar los crímenes del franquismo. La negación de la memoria histórica de una parte y el rechazo de la legalidad internacional sobre las ejecuciones extrajudiciales como crímenes no prescritos y permanentes, están acelerando y extendiendo un debate fuerte en la sociedad española que recupera de forma abrupta la necesidad de aformar la esencia del sistema democrático.

Una nota mas amplia sobre el tema en

http://ciudadnativa.blogspot.com/2010/04/acto-multitudinario-de-apoyo-garzon.html

Ver el tratamiento periodístico de la noticia en
http://www.nuevatribuna.es/noticia/32912/SOCIEDAD/22los-magistrados-supremo-instrumento-fascismo22.html

EL RECARGO DE PRESTACIONES EN LA DOCTRINA JUDICIAL

La vorágine que ha inducido el auto de procesamiento del Juez Garzón materialmente ha absorbido, como es natural, los comentarios de la blogosfera de Parapanda e incluso sus debates y encuentros ciudadanos. Pero la tormenta que se ha producido mediante la increible criminalización de las posiciones jurídicas de quienes quieren investigar los crímenes del franquismo, no impide que se de cuenta también de otros asuntos mas cotidianos de las relaciones laborales y del sistema de protección social. Este es el caso de un pequeño gran libro reciente, obra de Maria José Romero, que versa sobre la regulación judicial del recargo de prestaciones por infracción de las normas de salud laboral. El libro ha sido muy bien recibido tanto por profesionales como por académicos. La foto da cuenta de la recepción universitaria del mismo, en la Parapanda Faculty of Social and Legal Sciences por el Decano y la Directora del Departamento, en pose formal junto a la autora del libro.

El recargo de prestaciones es una institución muy debatida en el derecho de la Seguridad Social. Su naturaleza jurídica es cuestionada y detrás de este debate hay como es natural un amplio panorama de formulaciones políticas que van más allá del problema de la responsabilidad empresarial por las consecuencias del accidente laboral y desembocan en modelos alternativos de regulación de los riesgos profesionales. El tema es muy actual y la propia profesora Romero Rodenas se ha ocupado del mismo en el libro coordinado por ella que reúne un conjunto de intervenciones sobre el concepto de accidente de trabajo y la responsabilidad en orden a las prestaciones, publicado en Bomarzo en el 2009. En esta ocasión, sin embargo, la autora privilegia un análisis “desde abajo”, a partir de la producción jurídica que han realizado los tribunales de justicia en el último decenio y que, como es previsible, se demuestra extremadamente abundante…y contradictoria. En la base del mismo se encuentra un estudio realizado por la UCLM para el CGPJ sobre el análisis y estudio de las resoluciones judiciales en materia de siniestralidad laboral de los años 2006-2007, además de otras investigaciones promovidas y financiadas por la JCCM.

El libro se estructura en tres capítulos. En el primero, tras una exposición de la evolución de la regulación legal, se examina el controvertido tema de la naturaleza jurídica del recargo, que es utilizada por la jurisprudencia en función del resultado perseguido en cada uno de los procedimientos judiciales en los que se plantea la cuestión, lo que se define justamente como una determinación de la naturaleza jurídica “a la carta”. El segundo capítulo pasa revista a los requisitos para la imposición del recargo, deteniéndose, como es natural, en la “infracción acreditada de medidas generales o particulares en materia de seguridad social”, y, en segundo término, en la relación de causalidad entre la infracción empresarial y el resultado lesivo. La exposición es clara y están bien señalados los aspectos más debatidos o polémicos en la aplicación de los tribunales. El tercer y último capítulo se centra en la cuantía del recargo y los criterios para su imposición. En él se examinan los problemas que se plantean desde el punto de vista procedimental – la via administrativa y la via judicial – pero fundamentalmente se centra en una sistematización de los criterios seguidos por los tribunales de justicia para cuantificar el importe del recargo, mayoritariamente importados de los criterios normativos empleados en la calificación de la falta como grave según el art. 39 de la LISOS.

Publicado en la colección Básicos de Derecho Social, el libro consigue aunar utilidad en la información, sistemática en el objeto analizado y claridad en la exposición de la problemática planteada. Con un impresionante bagaje de decisiones judiciales, entabla además un diálogo muy bien seleccionado con las aportaciones doctrinales más relevantes sobre el recargo de prestaciones, institución que sale reforzada como indemnización de origen legal y estructura compleja de las páginas del libro. Es sin duda un trabajo de lectura provechosa y eficiente que interesará a un amplio espectro de profesionales y académicos interesados en la regulación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



EL RECARGO DE PRESTACIONES EN LA DOCTRINA JUDICIAL.
Maria José Romero Rodenas. Editorial Bomarzo, Albacete, 2010, 90 pp. 12 €

UN MANIFIESTO DE LA IZQUIERDA JUDICIAL CONTRA EL PROCESAMIENTO DE GARZÓN

El auto del Magistrado Luciano Varela ha generado una inmensa marea de críticas en las que se pone de manifiesto su carácter directamente político en el sentido de establecer un límite infranqueable por cualquier magistrado en la persecución de los crímenes de la dictadura franquista, al tratarse en su opinión de una conducta criminal sancionable como delito de prevaricación. En el blog amigo Metiendo Bulla el Magistrado Miquel Falguera reflexiona sobre este tema desde su posición personal y en él hace notar "el silencio de plomo" de los jueces ante este asunto, y en concreto, el de Jueces para la Democracia, como asociación de referencia que se encontraba envuelta en un gran debate sobre este tema. Este silencio se ha terminado. Felizmente, el manifiesto que se publica a continuación, contiene una condena tajante y solemne de ese Auto, posicionándose de una forma explícita en la reivindicación de la democracia y de la memoria histórica. A partir de ahora, por mucho que se intente, ni el magistrado instructor ni sus amigos y aliados pueden hablar desde la izquierda judicial como si formaran parte de la misma. El texto está firmado por Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, MEDEL y la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia. Merece la pena leerlo y comprobar que más allá de los que se autodenominan tales, existen realmente un buen número de respetables magistrados y jueces para los que la democracia y la memoria histórica tienen un sentido.

EN LA TRADICIÓN DE JUSTICIA DEMOCRÁTICA.

Justicia Democrática nació bajo la dictadura franquista como una organización de profesionales de la justicia que propugnaba la instauración de un régimen democrático y la devolución de los derechos y libertades a la sociedad, único marco posible donde podría desenvolverse una justicia garantista, democrática, capaz de proveer tutela efectiva a los derechos y libertades ciudadanas. En este proyecto Justicia Democrática compartió espacio y solidaridad con todos aquellos que luchaban por idénticos valores, arriesgando su vida, su libertad y sus posibilidades de desarrollo profesional.

De aquel proyecto surgieron iniciativas ulteriores que desembocaron en Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. La lucha por la democracia y las libertades públicas se inscribe en nuestra tradición y da nombre a nuestras asociaciones. El apoyo y la solidaridad con las víctimas de los crímenes y de la represión franquista constituye una parte esencial de nuestras señas de identidad.

Desde la recuperación de las libertades, en el esquema del Estado constitucional de derecho, las asociaciones que recogieron la herencia de Justicia Democrática hemos tratado de profundizar en los valores constitucionales y democráticos que estuvieron en el origen de nuestra aparición.

La sociedad española ha progresado desde entonces de modo notable. Pero todavía subsisten algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado. La democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura, hasta el extremo de que convivimos con la vergüenza de miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares. A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes. Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países, mientras miraba hacia otro lado respecto a los crímenes cometidos en España. La ley de memoria histórica parte del reconocimiento de esa deuda, pero no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía.

En este contexto se produce el intento de investigación del juez Garzón, que fue promovido por las asociaciones que agrupaban a las víctimas y a sus familiares, hasta entonces en el desamparo. Se trataba de una investigación arriesgada, como lo fueron los procesos seguidos contra Pinochet por los crímenes de la dictadura chilena y otras causas por crímenes internacionales –algunas de ellas iniciadas por la acción de la Unión Progresista de Fiscales-, pues suponía irrumpir en un espacio hasta entonces vedado para la jurisdicción. Pero, como en aquellos casos, la investigación respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la necesidad de abrir nuevos espacios para la persecución jurisdiccional de esas ofensas. Esta imaginación creativa, que consideró inaplicables las leyes de punto final y obediencia debida y sirvió para asumir la competencia de la jurisdicción (universal) española, permitió sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad, iniciando una nueva etapa en la historia de los derechos humanos y su afianzamiento universal. La competencia de la Audiencia Nacional para investigar y enjuiciar tales hechos fue también objeto de un intenso debate jurídico.

Cuestionar la ley de amnistía con base en el derecho internacional que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales no puede ser un hecho delictivo, porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar, aún mas cuando se hallan en conflicto como aquí ocurre, y determinar la que considera aplicable para mejor hacer efectivos los valores constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.

Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos y que de alguna manera, se quiera o no, simbolizaba esa conquista civilizatoria, al tiempo que se rompe con valores constitucionales y se ponen en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español. Esa decisión constituye, para los que compartimos idénticos principios, un hecho doloroso e injustificable, en cuanto significa el resurgir de (des)valores que siempre hemos rechazado, además de quebrar con nuestra cultura de la legalidad y de la posición del juez en el Estado constitucional de derecho.

Madrid, 8 de abril de 2010.

Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, MEDEL, Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia.

Javier Martínez Lázaro (magistrado), Manuela Carmena (magistrada), José Antonio Martín Pallín (magistrado del Tribunal Supremo), Ramón Sáez (magistrado), Amaya Olivas (juez), José Ricardo de Prada (magistrado), Tania Chico (juez), Antonio Gil Merino (magistrado jubilado), Fernando Andreu (magistrado), Edmundo Rodríguez Achútegui (magistrado), Begoña López Anguita (juez), Mario Pestana (magistrado), Luis Carlos Nieto (magistrado), José María Mena (fiscal jubilado), Celima Gallego (magistrada), Carlos Marigorta (juez), Monserrat Comas (magistrada), Jorge Guillén Olcina (magistrado), Juan Romeo (magistrado), Esther González (magistrado), Gregorio Álvarez (magistrado), Clara Penín (magistrada), Raquel Amado Pico (fiscal), Miguel Ángel Pérez (juez), Emilio Sánchez Ulled (fiscal, Presidente Upf), Francisco Javier Pérez Ruiz (fiscal), José Mª. Fernández Seijo (magistrado), Ximo Bosch (juez), Carlos Jiménez Villarejo (fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado), Ignacio González Vega (magistrado), José Jiménez Villarejo (magistrado del Tribunal Supremo jubilado), José Joaquín Pérez Beneyto (magistrado), Carlos Castresana (fiscal en excedencia), Blas Alberto González Navarro (magistrado), María Moretó Matosas (fiscal), Ignacio Fernández Soto (magistrado), Carmen Sánchez-Albornoz (magistrado), Pedro Benito López Fernández (magistrado), Mercedes del Molino (magistrado), Ricardo Bodas (magistrado), José Manuel Buján (Magistrado), Francisca Arce (Magistrada), Antonio Seoane (Magistrado), Carlos Urbano Garzón (Fiscal), Miguel Angel Aguilar Gacia (Fiscal), Heriberto Asencio (Magistrado), Vito Monetti (Presidente de MEDEL), Gerónimo Sanso (Presidente de la Federación Lationamericana de Jueces para la democracia), Jordi Agusti (magistrado del Tribunal Supremo), Carlos López Keller (magistrado jubilado), Pablo Aramendi (magistrado), Antonio Doñate (magistrado), Maria Antonia Lozano (magistrada).

LA LINEA REACCIONARIA DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS EN MATERIA LABORAL: EL CASO ITALIANO

La crisis económica está cambiando de dirección. En Europa, los países elegantemente denominados PIGS – Portugal, Irlanda, Grecia y España – están sometidos a presiones especulativas y desestabilizadoras muy fuertes. En España, la posición que mantienen las instituciones reguladoras de las finanzas como el Banco de España, los intelectuales de apoyo del fundamentalismo monetarista y la plana mayor del asociacionismo empresarial insisten en resolver la crisis mediante la acentuación de su carácter antisocial y anticolectivo. Pero no se trata sólo del caso español. Hay un movimiento general que se manifiesta en la plataforma reivindicativa de la derecha política europea y de los gobiernos que la representan.

Hay muchos elementos comunes en esa línea reaccionaria. La “última frontera” que la refundación neoliberal quiere traspasar es la de lograr la libertad de despido con un resarcimiento monetario tasado que no se someta al control judicial. En España, estamos acostumbrados ya a los torpes esfuerzos por popularizar la figura del llamado “contrato único”, es decir un contrato de libre desistimiento con indemnizaciones crecientes en función de la antigüedad del trabajador que descausaliza el despido y hace irrelevante el control judicial, pero desde el 2002 está vigente el despido disciplinario individual del trabajador que el empresario reconoce como improcedente, poniendo a disposición del trabajador así despedido la indemnización legal tasada en 45 días de salario por año de servicio. Este despido individual regulado en el art. 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, elude la prueba de la causa económica o productiva de la extinción y disuade del control judicial, y ha alcanzado máximos históricos a partir del 2008, superando en las estadísticas del año 2009 al cese de contratos temporales por no renovación de los mismos, que era la forma típica de ajuste de plantillas en el mercado de trabajo español.

En Italia, se ha puesto en marcha por el Gobierno Berlusconi una reforma de la legislación laboral que camina en ese mismo sentido. So pretexto de una regulación de los conflictos de trabajo, la norma preveía que en los contratos individuales se incluyera una cláusula de libre aceptación en el momento inicial de la relación, el de máxima debilidad del trabajador, mediante la cual el éste renunciara a acudir a los tribunales de justicia para dirimir los conflictos derivados de la relación de trabajo, sometiéndose a cambio a un arbitraje “en equidad”, es decir, con la posibilidad de derogar las normas irrenunciables de tutela legal o convencional. Junto a ello, mediante una institución hasta ahora ligada al área de formación y trabajo, la “certificación” sobre el contrato de trabajo se preveía en el proyecto berlusconiano como un medio general para fijar la naturaleza del tipo contractual así certificado, si que los jueces puedan modificar este acto y sus consecuencias en orden a la tutela otorgada al trabajador. Las consecuencias son evidentes. Para el gobierno italiano, los jueces del trabajo son una patología de la que hay que precaverse, impidiendo la tutela judicial efectiva de los derechos.

Como es previsible, ha habido una amplia reacción contra este proyecto. Especialmente activa se ha manifestado la CGIL – estos días en Congreso – y la generación de laboralistas, sociólogos y economistas coetáneos del Estatuto de los Trabajadores hace 40 años. Un manifiesto de 104 personalidades, entre ellas desde luego Umberto Romagnoli, pero también Tiziano Treu ha exteriorizado el disenso intelectual ante estos movimientos antidemocráticos que son claramente inconstitucionales. (El manifiesto y sus firmantes puede consultarse en http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1223 )

Felizmente el Presidente de la República, Giorgio Napolitano, se ha negado a firmar la norma y la ha devuelto al Parlamento para su “reconsideración” por las cámaras. Las dudas sobre la constitucionalidad de este proyecto las ha dirigido el Presidente no sólo a la incapacidad de que el arbitraje privado expulse el rol garantista del juez, sino también de forma expresa a las repercusiones que este sistema tendría sobre el ejercicio de la libertad sindical y la práctica desaparición de la tutela antisindical que señala el art. 18 del Estatuto y que impone la readmisión forzosa del despedido improcedente. La acción excepcional del Presidente de la República italiana que, como ya suele ser común en España, no ha encontrado ningún eco en ningún medio de comunicación, ha encontrado el aplauso de la izquierda social y de los juristas del trabajo. La lectura de la nota de Umberto Romagnoli dando cuenta de este hecho es altamente recomendable, ante la ley del silencio que los comunicadores sociales decretan sobre cualquier noticia que se aparte de las líneas reaccionarias convergentes de los gobiernos reaccionarios europeos y sus intelectuales orgánicos. El espléndido texto del Maestro se puede encontrar en http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1234.

CRISIS ECONOMICA Y REFUNDACIÓN DEL NEOLIBERALISMO

Como de todos es sabido, por mucho que se habla de ello, no se logran acuerdos políticos o sociales que favorezcan una salida compartida a la crisis económica. En el blog hermano Metiendo Bulla se puede encontrar una lúcida crítica a estas formas de acción y de omisión del Gobierno y de otros agentes políticos. A continuación se inserta una reflexión sobre el devenir de estos procesos y la necesaria reacción a los intentos de refundar con más bríos si cabe el neoliberalismo que ha provocado este estado de cosas.

La crisis se presenta como la validación emprírica de que el modelo hegemónico de regulación social es un modelo económico, social y político que se caracteriza por su violencia, desigualdad e injusticia, y que ha producido una concentración máxima de poder económico junto con el crecimiento exponencial de las desigualdades en todo el planeta. Es por tanto improbable aislar el modelo “laboral” o “social” que acompaña al paradigma económico del neoliberalismo que le sostenía y justificaba, del derrumbe estrepitoso del sistema financiero en el 2008, más aún cuando de ese colapso surgen dos consecuencias importantes: la recuperación de la intervención pública como único salvavidas que permite a la finanzas no desmoronarse, lo que implica una impresionante entrega de fondos públicos en el saneamiento de los grandes bancos que obligan al endeudamiento de todos los estados, en especial en USA y en Europa, y, en segundo lugar, que las consecuencias más terribles de este crack se verifican sobre el empleo, con procesos importantes de destrucción de empleo, cierre de empresas, parón de la actividad económica e incremento exponencial del desempleo, efectos todos ellos derivados del tipo de regulación económico-financiera que se había impuesto a nivel global.

En el caso español, las consecuencias son más graves porque el tejido productivo y el modelo económico eran especialmente sensibles a esta crisis. Como señala un documento de trabajo de la Fundación 1 de Mayo de CCOO, “las causas de la crisis eran achacables a los problemas del sector financiero, a la restricción del crédito y al endeudamiento excesivo de las familias a causa del crédito barato y de la especulación en el sector inmobiliario (“burbuja inmobiliaria”). Y en el caso concreto español en las características de nuestro sistema productivo, basado en gran parte en un empresariado poco profesional, que tiende a la especulación y a la ganancia fácil, a costa de la explotación intensiva de la mano de obra, con baja productividad y dependiente de sectores con poco valor añadido y que generan un mercado de trabajo precario” [Reflexiones y propuestas para el cambio de modelo productivo en España”, Informe nº 13 de la Fundación 1 de mayo, 2009, en http://www.1mayo.ccoo.es/ ]. Es decir, que la elevada destrucción del tejido productivo y del empleo, no es achacable a la regulación de las condiciones de trabajo sino a estos otros factores no condicionados por el tipo de regulación del trabajo o de la protección social. Los datos son contundentes: un millón y medio de parados en un año, que hizo pasar la tasa de desempleo del 9,5 5 al 18%, una cifra total de más de cuatro millones de desempleados.

Sin embargo en el sector del empresariado español, pasada una primera reacción de apoyo a la inyección de dinero público en el sistema financiero, el diagnóstico sobre la crisis se centra en la necesidad de una acción inmediata de flexibilización de las relaciones laborales y de recorte de ingresos para la seguridad social. Estos argumentos han sido planteados con fuerza al punto de conseguir una doble finalidad: hacer imposible un acuerdo con los sindicatos sobre la reforma de algunos aspectos de la regulación legal de la negociación colectiva o la introducción de fórmulas flexibles de reparto del empleo, y arrastrar a una posición de defensa de estos planteamientos a la derecha política del país, que ve la posibilidad de desgastar al Gobierno, al que se le achaca ser incapaz de abordar una legislación laboral y del empleo como forma de reducir los efectos negativos de la crisis. Esta es también la orientación que en los primeros meses del presente año se está imprimiendo al debate europeo.

Pasado el primer instante de estupor o de estado de shock, la crisis se configura como un momento de refundación del mismo modelo de regulación global hasta el momento vigente, con pequeñas correcciones. Se mantiene el “estilo” de gobierno de la economía, no dirigido desde la política y sin intervención pública, reformulando las garantías sociales a la baja, como si no hubiera más opción que confirmar la esencia del sistema de libre empresa en su “amoralidad” y en la resistencia a cualquier regulación. El papel que ha desempeñado la Unión Europea en el caso de Grecia, su reivindicación de las viejas recetas neoliberales que quieren recuperar la economía sobre el sufrimiento de las personas y la degradación de las condiciones de vida y de trabajo, es emblemático al respecto.

En España, la posición que mantienen las instituciones reguladoras de las finanzas como el Banco de España, los intelectuales de apoyo del fundamentalismo monetarista y la plana mayor del asociacionismo empresarial insisten en resolver la paradoja de la crisis mediante la acentuación de su carácter antisocial y anticolectivo. Los esfuerzos por popularizar la figura del llamado “contrato único”, es decir un contrato de libre desistimiento con indemnizaciones crecientes en función de la antigüedad del trabajador que descausaliza el despido y hace irrelevante el control judicial, son suficientemente indicativos de la dirección que se quiere imprimir a la salida a la crisis desde estos sectores. Además de ello, en la tabla reivindicativa de estos sectores económicos y sus aparatos ideológicos, se contiene la exigencia de reducir las contribuciones sociales de los empresarios al sistema de seguridad social y la intangibilidad del sistema fiscal sin aumentar la presión impositiva. Desde estos planteamientos, el acuerdo con los sindicatos no parece posible, pero tampoco conveniente. La prescindibilidad del proceso de concertación social, que ha constituido una seña de identidad del sistema español de relaciones laborales, es la conclusión a la que llevan tales planteamientos, para los que los actores del sistema son sólo dos: el empresariado como agente económico creador de riqueza, y el poder público como organizador y regulador social que debe adoptar medidas de impulso y de desarrollo de los sectores de la economía.

Este tipo de presión se ha extendido además al área de la protección social, especialmente tras la inoportuna e incorrecta propuesta gubernamental de ampliar mecánicamente la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del periodo de carencia para tener acceso a la pensión contributiva. La movilización sindical contra estas ideas y la crítica política, no han impedido que tanto el empresariado como poderosos sectores de opinión hayan desplazado también a este terreno el debate sobre la “corrección” del sistema de seguridad social mediante la inserción de segmentos privados de capitalización en el esquema de protección social, la defensa de los llamados “fondos de pensiones” como complemento necesario de un sistema de pensiones progresivamente asistencializado ante lo que se considera un colapso inevitable de la financiación del sistema de Seguridad Social.

El objetivo es reforzar la competitividad del país recortando el coste del trabajo. Son las mismas recetas que durante la década de los noventa el FMI impuso a las economías latinoamericanas y a la zona asiática, generando el sufrimiento y la hambruna de parte de la población, el empobrecimiento de los trabajadores y el aumento superlativo de la desigualdad social. El eje Frankfurt – Bruselas está manejando la crisis desde la ortodoxia neoliberal concebida como un pensamiento único. No es razonable que se hayan realizado esfuerzos decisivos por el poder público para sanear el sistema financiero, amortiguando el riesgo empresarial y recuperando la centralidad del sistema bancario en la distribución de la riqueza – la cifra inicial en España de las aportaciones del Estado es de 190.000 millones de euros – mientras que ese mismo poder público demuestra una incapacidad para actuar frente a la degradación de las condiciones de trabajo y de empleo, de manera que el coste de la crisis se desplaza directamente a quienes ni la han provocado ni la han alimentado: los trabajadores y trabajadoras de los países europeos.

Las medidas que se han adoptado por el Gobierno ampliando la protección por desempleo – la Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, y la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas - son muy limitadas y la acelerada destrucción de empleo las han desbordado nada más ser promulgadas. Con la nueva dirección que a comienzos del 2010 se imprime a la crisis y el ataque que la deuda pública española sufre en los mercados, el gobierno español se compromete a una reducción de 50.000 millones de euros en el gasto público, junto con el polémico anuncio de intervención sobre la pensión de jubilación, que concita la inmediata respuesta de los sindicatos convocando movilizaciones y manifestaciones en la calle. La reducción del gasto público afecta desde luego a aspectos importantes de empleo público y a ciertos aspectos del modesto sistema de protección español, en especial a la situación de dependencia que requiere un esfuerzo presupuestario de las Comunidades Autónomas que éstas no ha realizado y que ahora se reenvían hacia un futuro sin precisar.

El modelo laboral ligado al paradigma económico neoliberal no puede ofrecerse como salida de la crisis. Por el contrario, la imposición de límites reales y de constricciones al capital global es el camino que se debe emprender. La amplitud de la crisis no anula, sino que fortalece la ambivalencia de esta situación, por lo que ésta puede suponer una oportunidad de cambiar, de fortalecer y de diseñar mejor el sistema de garantías que se entrelaza con los derechos de ciudadanía en un sistema democrático, pero también de vigorizar un discurso que se apoya en el trabajo en el centro de la sociedad, más allá de las dicotomías entre Estado y mercado, o entre economía y política: una cultura que se sustenta en el trabajo como eje de la emancipación social y que va construyendo un proyecto político y cultural nuevo que desdice la idea de estar siempre en un tiempo presente o en un horizonte de continuidades. Se trata por tanto de insistir en un discurso que niega el economicismo reductivo de las relaciones de trabajo y de la vida personal y que se posiciona claramente contra el autoritarismo social en todas sus formas, en las relaciones de dominación que se dan en la realidad y que reafirma la orientación profundamente reformista del sindicato desde los lugares de producción, el territorio o la propia metodología de gobierno de las relaciones laborales. Un discurso por tanto que sea capaz de movilizar y de convencer a la gran mayoría de los trabajadores.

EL RETORNO DE PASCUA (SOBRE LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO)

Después de tomar unas merecidas (mini)vacaciones de Pascua, o lo que aqui se sigue conociendo como Semana Santa, el retorno a Parapanda implica siempre un reencuentro con lo que se quedó sin hacer. Desconectado, tan sólo dedicado - como se ve en la foto - a reavivar viejos saberes y sabores, de nuevo hoy comienza todo, como decía el film de Tavernier.

Aprovechando el descanso, se practican algunas lecturas, que a la vuelta se comentan y se recomiendan a los amigos y amigas, entre ellos a los lectores del blog. Es el caso de la última novela de Belén Gopegui, Deseo de ser punk (Anagrama, Barcelona, 2009, 15 €), que construye un personaje muy sugerente en torno a una chica de dieciseis años para la que el punk es un estado de ánimo y la música una sucesión de canciones que son lugares donde entrar y mostrar la furia prematura de quien sabe que no hay futuro en un presente sin sentido. En la novela se habla del trabajo y de la escuela, y contiene algunas reflexiones muy actuales. Pasa cuando se pregunta sobre un titular de periódico en el que se afirma que un país determinado "destruye empleo" a un ritmo frenético. La enunciación de la noticia en transitivo, sin el clásico pronombre reflexivo que las suele acompañar - "se destruye empleo" - da lugar a que la protagonista se pregunte sobre la voluntariedad de estos procesos cuya finalidad no puede ser otra que la de quebrar la fuerza colectiva de los trabajadores para obtener un trabajo sumiso y en competencia.

El cuestionamiento de Martina, que tiene dieciseis años, permite en efecto plantearse si no hay que despejar ese impersonal con el que normalmente acompañamos la publicación de las estadísticas de empleo. "Se destruye el empleo", "aumenta el paro", como si hubiera en efecto una mano invisible que de forma casi mágica procediera a la eliminación de puestos de trabajo. Sin embargo los procesos de destrucción de empleo no son impersonales, tienen una materialidad que se expresa social y jurídicamente en determinados actos, comunicaciones, mediaciones institucionales. Ante todo hay alguien que toma la decisión de despedir o de no renovar el contrato a un trabajador o de iniciar un expediente de regulación de empleo. Esa persona es el titular de la organización productiva o alguno de sus cuadros dirigentes. Sin embargo, no se manifiesta así. No se hace explícito que son los empresarios quienes están destruyendo empleo. Al contrario, un juicio de este tipo se interpretaría como una culpabilización impropia del grupo social que más está sufriendo la crisis, que, en la inversión de la realidad a la que se nos acostumbra, resulta ser el sector empresarial y no los trabajadores.

Desde esta desresponsabilización en la destrucción de empleo, la posibilidad de establecer pactos de permanencia de plantillas o de estabilidad de efectivos resulta casi una pretensión extravagante. Enlazar el concepto tan publicitado de la responsabilidad social de las empresas con los compromisos en no destruir empleo en las empresas que se declaran socialmente responsables, resulta ilusorio en el caso español. Tampoco se relaciona la capacidad de ganancia extraordinaria de los miembros del Consejo de Administración y directivos de las empresas cotizadas en bolsa con la puesta en práctica de medidas de eliminación de puestos de trabajo. La restricción de esas ganancias exorbitantes derivadas del capital permitirían el mantenimiento de un importante número de trabajadores que se quiere despedir o prejubilar a edades muy lejanas de la pensionable. Recientemente hemos sabido la cantidad que tres personas del Consejo de Administración de Telefónica han cobrado como "bonus" extraordinario en concepto de beneficios, y que ha ascendido a quince millones de euros. Esa cantidad supone prácticamente el salario anual de casi seiscientos trabajadores de esa empresa, que ha anunciado la apertura de un expediente de regulación de empleo para sus trabajadores. Tampoco las indeminzaciones y estímulos a la iniciativa empresarial que llevan a cabo los poderes públicos estatales o autonómicos se condicionan, políticamente, a un compromiso de mantenimiento de empleo.

Es oportuno cuestionarse la destrucción de empleo como un proceso sin sujeto, al modo de un destino ciego. El empleo es destruido por los empresarios, son los empresarios quienes activan, en lo concreto, el mecanismo de eliminación de puestos de trabajo que se traduce luego en las estadísticas del desempleo. Y como todo proceso que guían los sujetos sociales, es susceptible de intervención y de manipulación, de transacción y de acuerdo.