NÚMERO 53 DE LA REVISTA DE DERECHO SOCIAL

Acaba de aparecer el número 53 de la RDS, y en una entrañable comida de hermandad, editorial y autores intercambian puntos de vista sobre el resultado del mismo, que, como no podía ser menos, juzgaron extremadamente positivo.

Acaba de salir el número 53 de la Revista de Derecho Social, correspondiente al primer trimestre del 2011. El tema que marca el editorial y se continúa en el debate, siguiendo la costumbre de la revista, es en esta ocasión el del proceso de negociación entre CEOE-CEPYME y CC.OO. y UGT sobre la llamada reforma de la negociación colectiva, aún pendiente, y sobre el que se ha proyectado – y continua haciéndose con redoblada fuerza – una fuerte presión para impedir un acuerdo entre los interlocutores sociales y que sea el gobierno quien recupere la iniciativa legislativa, más fácilmente influenciable por los sectores partidarios de una línea tendente a la aniquilación en la práctica del modelo legal y convencional español, introduciendo elementos de distorsión del mismo y de debilitación del sujeto sindical en la determinación de las condiciones de trabajo tanto en el sector como en la empresa. Al editorial, descriptivo de esta situación en tránsito, se suman dos intervenciones en el apartado de debate de gran interés. Una es la de uno de los protagonistas del proceso de negociación, Ramón Górriz, que reivindica la presencia sindical en el gobierno y administración de los procesos de negociación, y el otro es el magistrado del TSJ de Cataluña y conocido publicista Miquel Falguera, que se manifiesta críticamente sobre una nueva reforma legal y apuesta por el contrario por lo que se podría llamar “autorreforma” del sistema negocial, o, como precisa este autor, por un impulso al auto-empoderamiento de la negociación colectiva.

En la sección de Estudios, tiene una presencia mayor que la habitual la perspectiva del comparatismo, pero sobre temas muy diferentes con resonancias internas muy diferentes en el ordenamiento español. La intervención que abre el número se dedica a analizar la experiencia francesa de la reducción del tiempo de trabajo, y es un texto de Antoine Jeammaud, profesor emérito de la Universidad de Lyon y Presidente honorario de la Sociedad Francesa de Derecho del trabajo, escrito directamente en castellano por el autor, en el que hace un recorrido crítico sobre las circunstancias, las realizaciones y las consecuencias de la jornada de 35 horas, haciendo especial hincapié en la evolución del tema en la Francia gobernada por la derecha bajo la presidencia de Sarkozy. También sobre la experiencia francesa, pero en una tesitura diferente, Lourdes Mella, de la Universidad de Santiago, utiliza la regulación francesa del acoso moral para realizar un recorrido comparatista con la experiencia española.

Otro grupo de estudios analizan problemas sugeridos por las reformas recientes de nuestra legislación laboral. La traslación de la figura alemana del kurzarbeit o reducción temporal de jornada y la suspensión de contratos como estrategias empresariales frente a la crisis a partir de la Ley 35/2010, es examinada por la profesora de la UAB, Carolina Gala, privilegiando en su análisis la perspectiva de seguridad social, y la presentación parlamentaria de un anteproyecto de reforma de la Ley concursal que se debería aprobar en este año, da pie a Rosa Mª González Patto, de la universidad de Granada, a plantear los problemas que suscitan las acciones resolutorias del contrato de trabajo por incumplimiento contractual del art. 64.10 de la vigente Ley 22/2003 en las empresas sometidas a procedimientos concursales, y a plantear ciertas propuestas de reforma.

La equiparación problemática del tratamiento de la enfermedad profesional del trabajador autónomo a la prevista en el régimen general de la Seguridad Social, es el objetivo del artículo de Carmen López Aniorte, de la Universidad de Murcia, mientras que por su parte, Carmen Ferradans, de la Universidad de Cádiz, examina de manera transversal la incidencia del género en toda la construcción normativa de la obligación empresarial de prevención de los riesgos laborales.

Ya en el análisis de la jurisprudencia, se incluye un comentario de Vanessa Cordero, de la Universidad de Valencia, a la importante Sentencia del TJUE de 30 de septiembre de 2010 que viene a resolver una cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Galicia sobre la oposición al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres del art. 37.4 ET sobre la titularidad paterna del permiso de lactancia, que en efecto acoge el tribunal al establecer que se debe reconocer a padres y madres el derecho a disfrutar dicho permiso sin ningún condicionamiento en función de la situación laboral del otro progenitor. Siempre en esta sección de análisis de jurisprudencia, Juan López Gandía, de la Politécnica de Valencia, comenta críticamente la STS de 25 de mayo de 2010 sobre la incidencia del ejercicio el derecho de huelga sobre los períodos de carencia para tener derecho a las prestaciones del sistema de Seguridad Social, dada la importancia de los días cotizados en un sistema fuertemente contributivo como el español. Acompañan a estos comentarios las notas-resumen de las más relevantes sentencias del Tribunal Supremo de enero a marzo de 2011, sin que en este número se hayan incorporado las del Tribunal Constitucional ante la relativa escasez de las mismas. En el apartado de negociación colectiva y conflictos, Emma Rodriguez, de la Universidad de Vigo, presenta un laudo arbitral redactado por Jaime Cabeza sobre modalidades de votación en las elecciones sindicales, que aborda el tema del secreto del voto y la carencia de garantías en el voto por correo en un proceso electoral realizado en la empresa El Corte Inglés, que tiene un largo historial litigioso en el que se pone de manifiesto la tensión de la empresa hacia el sindicalismo “amarillo” y la dificultad de implantación electoral del sindicalismo confederal.

La revista se cierra con la consabida sección de comentario de libros, e incorpora un CD con jurisprudencia seleccionada, en el que se añade como tema monográfico la del recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad en el accidente de trabajo.

LA ONU Y LOS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y que está compuesto por 47 Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. Para ello, el Consejo de dota de un Mecanismo llamado “examen periódico universal”, a través del cual se examina la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros de Naciones Unidas. Como sucede con los organismos internacionales, el examen se limita a la actuación de los estados, pero no a las acciones de las empresas o entes privados en el respeto de los derechos humanos. Por eso tiene importancia la discusión que se va a llevar a cabo en el 17ª período ordinario del Consejo de Derechos Humanos, sobre los “Principios Rectores” que deben regir las relaciones entre las empresas y los derechos humanos.

En efecto, en el debate que da comienzo hoy lunes 30 de mayo en Ginebra – bajo la bóveda de Barceló - se aborda la posibilidad de adoptar los “Principios Rectores” sobre empresas y derechos humanos, establecidos en un informe del Representante Especial de la ONU John Ruggie, profesor en la John F. Kennedy School of Government (Cambridge, Mass., USA) y que tiene el apoyo decidido de la Confederación Sindical Internacional.

El informe, al que se puede tener acceso en http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf , es muy interesante porque se instala en la dimensión de la normatividad internacional estableciendo una doble precisión: la del deber de los Estados de imponer en su ordenamiento interno el respeto a los derechos humanos en los lugares de trabajo, y la de exigir por tanto responsabilidades en el orden jurídico a las empresas que no respeten los derechos humanos en el ámbito de su organización del trabajo. En este sentido, los “Principios Rectores” se apartan de la vía tradicionalmente privilegiada en el ámbito global para conseguir la tutela de los derechos fundamentales en la empresa, y que era la asunción voluntaria por parte de las empresas, en especial de las empresas transnacionales, de compromisos voluntarios – entendiendo por tales también los negociados – de protección y respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, con remisión a las normas básicas contenidas en la Declaración de la OIT de 1998. Este “enfoque” es considerado muy relevante y preferible al habitual de la “responsabilidad social corporativa” en la carta que la secretaria general, Sharan Burrow, ha dirigido al Representante Especial de la ONU.

Los Principios rectores incorporan de forma muy sintética un documento marco ya presentado en el 2008 bajo la expresión “Protect, Respect, Remedy”, que ha sido debatido en estos tres años y que ahora se quiere dotar de una eficacia normativa internacional. Como se ha señalado, hay dos grandes áreas de compromisos normativos. El deber del Estado en proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos, y la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos dentro de su ámbito de organización y dirección del trabajo. En cuanto al primero, ello implica una declaración legal con efectos normativos plenos en la que el Estado establece la eficacia de los derechos humanos en las relaciones de poder privadas que se desenvuelven en el trabajo, obligando a las empresas a respetar los derechos humanos en el trabajo, y estas obligaciones deben ser respetadas especialmente en aquellas empresas propiedad del Estado o controladas por él. El Estado debe promover por otros medios, no solo legales, la promoción y el respeto de los derechos humanos en el trabajo, incluido el recurso a las cláusulas sociales en la contratación mercantil o de servicios con las administraciones públicas, y deben asimismo prever medidas especiales para evitar violaciones de estos derechos humanos en áreas conflictivas donde la vulneración de derechos humanos por las empresas está más extendida o constituye una práctica común. Los Estados deben mantener la actitud coherente de todas las administraciones y las agencias públicas en el respeto, la promoción de los derechos humanos en las empresas, y en asegurar su cumplimiento. En cuanto a la responsabilidad de las empresas, ésta no sólo se cifra en la imposición de un deber de respeto de los estándares universales en materia laboral, basada en la Declaración de 1998 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también en la exigencia de un deber de diligencia en su cumplimiento. La prevención de los abusos y la reparación de los daños causados por las empresas mediante la vulneración de estos derechos de los trabajadores son asimismo principios básicos establecidos en el texto internacional.

Estas dos áreas se conectan entre sí mediante el establecimiento de un derecho al acceso a las garantías de dichos derechos en caso de violación en los lugares de trabajo. Los instrumentos para lograr la garantía de los derechos pueden ser judiciales, administrativos o de otro tipo, pero en todo caso deben ser efectivos y lograr la aplicación real de los derechos humanos en el territorio o en la jurisdicción del Estado que se trate. En este sentido la lucha contra la corrupción de los aparatos de justicia, o la necesidad de contar con mecanismos ágiles y contrastados en la tutela efectiva de los derechos fundamentales vulnerado son elementos decisivos a la hora de lograr el objetivo de garantizar efectivamente la vigencia de los derechos humanos en el espacio de la empresa.

Es de esperar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que depende del Alto Comisariado para los Derechos Humanos (OHCHR) adopte este documento que permitirá incoporar la vertiente de las empresas en la determinación final del grado de desarrollo y extensión de la implantación de los derechos humanos en el mundo. De su evolución y alcance se seguirá dando cuenta en estas páginas en ulteriores momentos.

NOTICIA DEL BLOG DE OTRO LABORALISTA: JESUS CRUZ VILLALON

No son muchos los iuslaboralistas que editan una bitácora. Por eso en Parapanda se celebra con júbilo cuando se descubre o se tiene noticia de que alguno de los juristas del trabajo ha decidido alimentar de modo más o menos ordenado un blog en el que se hable de asuntos relativos a la "cuestión social".

En esta ocasión, el blog que hemos frecuentado y del que se da noticia es el de Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y actualmente también miembro del CES estatal, que es uno de los laboralistas mas (re)conocidos en el panorama actual español y europeo. Con una frecuencia normalmente quincenal, el blog se dedica a efectuar ciertas reflexiones y comentarios sobre "cuestiones sociales y laborales de actualidad". Entre ellas, las últimas abordadas - y por las que el lector se puede ya hacer una idea - son las de la regulación de la "economía sumergida", la reforma de la negociación colectiva, el tema de las prejubilaciones y el comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el amparo a una profesora de religión despedida por motivos ideológicos.

Un blog por tanto amigo y de un gran amigo, del que, como es natural, se puede seguir la traza en las conexiones recomendadas en el margen de esta página. Aquí dejo sus coordenadas para que se pueda acceder directamente desde este post:

http://jesuscruzvillalon.blogspot.com

REFLEXIONES Y CORRELACIONES SOBRE EL MOVIMIENTO 15 –M

Se insertan a continuación algunas reflexiones - y correlaciones con el movimiento sindical - a propósito del movimiento 15 - M o Democracia Real Ya (DRY), elaboradas a instancias de la Fundación 1 de mayo, que está organizando un encuentro con exponentes del movimiento del que serán puntualmente informados en este blog. Con ello, se pone (provisionalmente) fin a un bloque temático que ha ocupado durante toda una semana los contenidos de esta bitácora. Las fotos de la Puerta del Sol que ilustran esta entrada son obra de Juan Mantilla, conocido activista mediático e iconográfico con reputación dudosa en términos de orden público pero muy estimado en ciertos círculos de la ciudad de Parapanda como artífice primoroso de paisajes humanos.

El acontecimiento más importante y significativo de este año en nuestro país ha sido sin duda la irrupción, en medio de la campaña electoral municipal y autonómica, del movimiento Democracia Real Ya (DRY), a partir de la exitosa manifestación convocada por las redes sociales y el correo electrónico el 15 de mayo y la posterior acampada en la Puerta del Sol, luego diseminada y extendida por todo el territorio nacional e innumerables ciudades del mundo. Con una gran heterogeneidad de corrientes en su seno, el movimiento se ha estructurado adoptando las formas de debate y de organización tradicionales en lugares alternativos, como en Madrid pueden ser el Patio Maravillas o la Tabacalera. La asamblea como espacio de discusión y debate, la “horizontalidad” y la rotación en la conducción de las decisiones, la especialización material a través de comisiones, son rasgos distintivos de la forma de expresión del “hacer política” del movimiento. Otro elemento caracterizador es la presencia importante de las performances como forma de expresión de la crítica a la realidad política y económica, que se presenta como espejo deformado, (sobre)actuación y reivindicación del esperpento. Junto a ello, la utilización de las redes sociales como forma de convocatoria y de extensión de la protesta, confirma la importancia del empleo de éstas en la construcción y en la administración del conflicto social – como había señalado en su último libro Manuel Castells – y la capacidad de agregación que tienen sobre multitud de jóvenes sin una práctica de adhesión colectiva.

El éxito del movimiento ha sido inesperado. Algunas decisiones del poder público han favorecido este éxito – el desalojo de los primeros acampados, la decisión de la Junta Electoral central de impedir concentraciones y manifestaciones en la “jornada de reflexión” – pero ante todo se ha debido a la capacidad de sintonizar con un amplio estado de opinión crítico y de repulsa a la indiferencia de la política ante las consecuencias dañinas de la crisis en términos de destrucción de empleo, precariedad y desmoronamiento de derechos sociales. Era por tanto inesperada la amplitud del movimiento, pero no por ello se trataba de un acontecimiento menos deseado. Y que se inserta en un ya largo proceso que comienza en mayo del 2010 con la adopción de las medidas neoliberales para afrontar la crisis de la deuda en los mercados que abre un período de conflictividad social intensa contra la reforma laboral promulgada en septiembre de ese año y contra la que el sindicalismo confederal convocó una jornada de huelga general el 29 de septiembre. Una jornada seguida masivamente por los trabajadores industriales y de servicios, con enormes huecos en las administraciones públicas, y que fue parcialmente compartida por los jóvenes, en especial precarios y temporales.

Esa conflictividad intensa que la anunciada reforma de la pensión de jubilación presagiaba con singular dureza, quedó sin embargo truncada al iniciarse una segunda fase en la que los sindicatos UGT y CCOO – a mi juicio correctamente - entendieron necesario llegar a un acuerdo que, concediendo algunas condiciones más restrictivas de acceso a la protección social, preservara el núcleo del sistema de seguridad social e introdujera algunos otros criterios de corrección del mismo en atención a las características de la composición de la población activa y las trayectorias profesionales de los trabajadores y trabajadoras. Además, se dio inicio a una larga negociación bilateral con el empresariado– impidiendo la tentación intervencionista del gobierno – sobre la negociación colectiva, un elemento decisivo en el conjunto de las relaciones laborales, pero muy lejano de lo que “sienten” próximo los precarios y los parados. Es decir, que los “mediadores sociales típicos” en el tiempo de la crisis, los sindicatos, se situaban en el área del compromiso, sin que las propuestas se estaban desarrollando se percibieran en relación directa con el espacio concreto de la precariedad o el desempleo. En ese sentido, las medidas pactadas sobre políticas activas de empleo que se adoptan a partir de febrero de 2011, o el intento de hacer emerger una parte de la economía informal, no han tenido ni eficacia ni, lo que es más importante, visibilidad social, como tampoco han ganado presencia pública las críticas que los propios sindicatos han realizado sobre estas regulaciones.

Eso explica que muchos esfuerzos de la gente común y en particular los más jóvenes, en no aceptar esta situación y en plantearse aunque sea retóricamente la posibilidad de existir socialmente más allá de su consideración como número (abrumador) en el paro o en el subempleo, no encontraran acogida en la actuación de los mediadores sociales más cercanos, pero mucho menos en el discurso cerrado y banal de una política y de una clase política que iba reduciendo cada día un poco más los términos de la argumentación y del programa.

Ese contraste se hace insoportable en el período electoral, con la puesta en escena del circuito mediático e iconográfico en torno a las elecciones municipales y autonómicas. Ese ha sido el detonante que ha permitido que el movimiento 15-M se haya enfrentado a la política entendida como mercancía electoral y bipartidismo, proponiendo una crítica profunda del sistema, el cambio de la ley electoral, y el rechazo antipartidista de un escenario falseado en donde las opciones políticas sobre los asuntos fundamentales de la convivencia y de la cohesión social son indistinguibles. Junto a ese rechazo de la inaccesibilidad de las demandas sociales al sistema político democrático de bipartidismo imperfecto (lo que Capella denomina hermetismo político), el movimiento ha reivindicado en las asambleas y en su programa elementos centrales del estado social: prestaciones sociales, desempleo y protección de los parados, vivienda, sanidad, protección pública de las situaciones de dependencia, unido a una exigencia de regulación del sistema financiero y de un sistema fiscal adecuado. Es decir, frente a lo que podría concebirse como tendencias a la “demonización” de la política entendida como “política oficial”, una afirmación de otro modo de hacer política, en donde las medidas adoptadas no se sometieran a las exigencias desreguladoras de los “mercados” ni a las decisiones anti-sociales de los grandes centros financieros del mundo.

Esa “politicidad alternativa” del movimiento 15-M es la que ha funcionado como elemento de cohesión y cemento de solidaridad y de apoyo de tantas personas de toda edad y condición. Hay en ella sin embargo un punto difícil de gestionar, y es el de cómo se contempla la representación de esos intereses. El carácter asambleario y, más allá de este, la consolidación líquida de un conjunto amplísimo de personas relacionadas en red, es contrario a la forma representativa tradicional, y, en consecuencia, no resuelve el tema de la representación, que es central para abordar la relación del movimiento con los espacios de decisión en el ámbito social y ciudadano. Mantiene por tanto en la indeterminación el problema de los medios y los fines, y la relación que este conjunto de reivindicaciones puede mantener con los instrumentos de mediación social disponibles. En ese sentido, los resultados electorales del 22-M, que han sustituido el modelo bipartidista por una tendencia muy decidida al monopartidismo conservador, han tenido un efecto negativo sobre la valoración social positiva de las reivindicaciones de DRY. Para muchos de sus componentes, reforzar un aglutinante ideológico del grupo sería importante para evitar la inestabilidad del mismo. Pero la propia indeterminación de este aspecto junto con la pluralidad de perspectivas presentes en el mismo, dificulta esta presión hacia la definición ideológica en relación con las opciones políticas y sociales presentes, más allá de una referencia muy genérica – pero también enérgica – a la reivindicación de la política participativa y el desarrollo del Estado social en los aspectos reivindicados.

Es conveniente que el movimiento, como resulta de sus discusiones, se extienda y se implante en otros espacios urbanos, y que consolide en ellos su presencia, aunque posiblemente sin la visibilidad mediática que constituye uno de sus grandes aciertos. Pero es también seguro que éste es ante todo una agregación líquida de voluntades y de esperanzas que encuentra muchas dificultades para subjetivizarse en un modo para-institucional. Es evidente que el sindicalismo confederal está muy interesado en este proceso, al que no sólo mira “con simpatía”, como dice un comunicado de CCOO al respecto, sino que aprecia su impulso positivo en términos de agitación y de estímulo del debate político. Pero el sindicato no puede constituirse en parte principal o adhesiva de este movimiento de protesta. Al contrario, tiene que ser una referencia del mismo, aunque no necesariamente en todos sus aspectos. Algunas de las iniciativas ya en marcha deberían funcionar en ese sentido. La ILP es una acción de base del sindicato que enlaza directamente con la soberanía real de los ciudadanos y opone a la política antisocial de la reforma laboral una forma alternativa de regulación sostenida por otra idea de la política como forma de mediación social y de reforma de los mecanismos de poder privado. La gestión de esta iniciativa podría haberse realizado de forma más colectiva, utilizando didácticamente este instrumento como un “hacer política” y de concebir lo político de modo diferente. La entrega final de las firmas recogidas podrá ser un momento en el que se recupere este sentido alternativo que por el momento no ha sabido desempeñar en la práctica.

En cualquier caso, las reflexiones que han abierto los acampados en Sol y en tantas otras plazas españolas y extranjeras sobre el sistema político y su inaccesibilidad a las demandas sociales, la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección social durante la crisis y la ampliación de las instituciones públicas que dan sentido a la condición de ciudadanía y de soberanía de los pueblos, en un horizonte impostergable de consecución gradual de la igualdad real y efectiva, son lo suficientemente importantes como para entender que la resistencia y la protesta ciudadana tienen una entidad decisiva en la orientación de un debate más amplio sobre la acción política y social emancipatoria. Es casi segura la metabolización de ese horizonte de sentido en los medios e instrumentos empleados por otras organizaciones sociales como los sindicatos, que desempeñan un rol muy intenso en la configuración del marco de instituciones y reglas que buscan la cohesión social y la redistribución de los poderes sociales y económicos, y que pueden constituirse en una referencia general en este terreno. A condición de lograr visibilidad social para sus acciones y propuestas y de acentuar su presencia constante en la sociedad por encima de su representación institucional en la misma.

DEMOCRACIA REAL Y HERMETISMO POLÍTICO: UN ARTÍCULO DE J.R. CAPELLA

En el diario Público de hoy, se publica un interesante artículo de Juan Ramón Capella que ha sido muy comentado en los mentideros de Parapanda, al punto de pedir su reproducción en esta blogosfera. En el texto que se coloca a continuación, Capella discurre críticamente sobre el hermetismo político y desgrana algunas propuestas de evidente interés para romper el aislamiento de la política en un circuito electoral autoalimentado al margen de los intereses reales de los ciudadanos. Por cierto que, aprovechando esta entrada, no podemos sino recomendar la lectura de su biografía Sin Ítaca, que ha publicado la editorial Trotta y que se presentará el próximo dia 31 de mayo en Madrid. (En las fotos, la intervención de Juan Ramón Capella en el 6º Congreso internacional de ANAMATRA, en la sede del Tribunal Supremo, en Lisboa en marzo de este mismo año).

HERMETISMO POLÍTICO

La gente exige democracia real. Con razón: el diseño del sistema político, construido en 1978 con temor al desgobierno, en las circunstancias de la Transición, ha generado finalmente un sistema de bipartidismo imperfecto hermético a las demandas sociales, cerrado a ellas. Aquí se pretende señalar algunos de los instrumentos clave de ese hermetismo del sistema político y presentar líneas razonables de cambio.

El sistema electoral ha resultado, contra una disposición constitucional que exige lo contrario, muy poco proporcional. Los votos de los ciudadanos no valen lo mismo, y muchos quedan inutilizados legalmente, además, por la Ley Electoral. Ello se debe a que la Constitución establece sin más que la circunscripción electoral es la provincia. Alternativas: modificar la Constitución para instituir un colegio nacional de restos que recoja los votos inutilizados y les dé representación; o bien identificar circunscripción con comunidad autónoma. O bien modificar la Ley Electoral , estableciendo un sistema a dos vueltas. En cualquier caso, es menester acabar con un sistema electoral escasamente proporcional.

Un aumento del número de diputados hasta el máximo permitido por la Constitución también incrementaría la proporcionalidad entre sufragio y representación.

Otros instrumentos de apertura serían las listas electorales abiertas, extender los derechos de sufragio a todos los censados –nacionales o no–, para no mantener sin derechos políticos a la gran cantidad de personas que trabajan y tributan en España careciendo de la condición de nacionales; y financiar electoralmente a las agrupaciones de electores que reúnan determinados requisitos. En realidad todo el sistema existente de financiación electoral pública debería poder ser repensado y rectificado; el ciudadano contribuyente, dicho sea entre paréntesis, no desea un sistema electoral de costes altos.

Alteran el valor del voto los artículos 162 y 163 de la Ley Electoral al atribuir un mínimo inicial de dos diputados por provincia, cifra que puede no guardar relación con la población censada; también al limitar el número de diputados del Congreso y al despreciar las candidaturas que no hubieran alcanzado el 3% de los votos en una circunscripción. Los artículos mencionados son los que establecen el mayor hermetismo del sistema.

Un instrumento de hermetismo adicional, de otra índole, es la configuración de la moción de censura en la Constitución, que la hace imposible en la práctica: es preciso eliminar el párrafo segundo de su artículo 113, que contiene ya otras cautelas. La moción de censura es un instrumento de exigencia de responsabilidades esencial en un sistema parlamentario, y el nuestro carece de él en la actividad política real. Algunos sistemas políticos hacen extensiva la moción de censura no sólo al Gobierno sino también a los ministros, individualmente considerados.

La iniciativa legislativa popular no debería poder ser desoída fácilmente por el Parlamento, sino en todo caso por una mayoría cualificada.

Los atenienses, inventores del ideal de distribución del poder entre el pueblo, de la democracia, tenían instituciones especiales para exigir la responsabilidad de los gobernantes: el ostracismo y la graphé paranomon; esta última institución establecía la responsabilidad de quien hubiera propuesto una ley que, aprobada por la asamblea, resultara finalmente contraria a los intereses públicos. En una sociedad compleja como la nuestra no es fácil recurrir a algo así, pero sí cabría establecer plazos de prescripción muy largos para los delitos cometidos por autoridades electas y por los excluidos del sufragio pasivo según lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Electoral. La impunidad penal de las eventuales prácticas antijurídicas en el ámbito público es una gangrena para el conjunto del sistema político.

Cualquiera de estas propuestas impulsaría una democratización real y abriría el sistema político a las demandas sociales. Cerrar el paso a estas demandas significa convertir la democracia formal en una democracia imaginaria.

Los procesos de democratización que se dan en el interior de la sociedad española no van todos en la misma dirección. En el plano cultural la democratización avanza, sobre todo en la no discriminación de las personas por razón de género o por razones de orientación sexual, y también con el incremento de la educación. Horizontalmente la sociedad española es más democrática, probablemente, que nunca, y tenemos mil pruebas de eso en las relaciones que se establecen espontáneamente en la vida cotidiana. Pero no puede decirse, en cambio, que en el plano económico haya menos desigualdad, sino todo lo contrario: el abanico de las rentas nunca ha estado tan abierto como ahora, y este es un factor que erosiona la democracia, pues expresa una gran desigualdad en este plano cuyo alcance otras sociedades, como la japonesa, la alemana o incluso la norteamericana, limitan mediante sus sistemas fiscales.

La democratización política no ha avanzado en más de tres décadas de sistema constitucional, tras su instauración. Es hora de que lo haga cuando se imponen mayores cargas a las poblaciones, en época de vacas flacas y ante un futuro que ha de regirse por un principio de austeridad. Un sistema político menos hermético que el que tenemos, que dificulte delegar a ciegas, facilitará el establecimiento de reglas de convivencia consensuadas con mayor veracidad.


Juan Ramón Capella es catedrático emérito de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Barcelona.

LAS PROPUESTAS CONSENSUADAS DE "DEMOCRACIA REAL YA"

Sobre esta fotografía muy significativa, del cambio de nombre de una plaza en Valencia por la de Plaza del 15 de mayo, es ilustrativo conocer el programa consensuado, que está sometido a voto participativo, de la plataforma "Democracia real ya", que ha iniciado este movimiento de tomar las plazas en toda España y que se ha mantenido en el llamado "día de reflexión" ante las elecciones municipales y autonómicas de mañana. Allá va a continuación.








PROPUESTAS PARA LOGRAR LA DEMOCRACIA REAL EN EL ESTADO ESPAÑOL:

1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:

* Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
• Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
• Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
• Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
• Reducción de los cargos de libre designación.

2. CONTRA EL DESEMPLEO:

• Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
• Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
• Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
• Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
• Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

3. DERECHO A LA VIVIENDA:

* Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
• Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
• Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:

• Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
• Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
• Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
• Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
• Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
• Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
• Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:

* Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
• Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
• Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
• Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
• Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

6. FISCALIDAD:

Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias. Eliminación de las SICAV.
Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
• Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
• Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
• Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
• Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
• Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
• Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR

EL SINDICATO DE CCOO Y EL MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIA REAL

Una decisión extremadamente incorrecta y equivocada de la Junta Electoral Central ha querido incidir de manera agresiva contra la acampada de la Puerta del Sol madrileña, ignorando el necesario respeto a los derechos de reunión y manifestación que tenemos todos los ciudadanos españoles y europeos. Los sindicatos siguen atentamente estos procesos de movilización, cuya reivindicación de mayor participación ciudadana coincide con la propuesta de iinciativa legislativa popular para el empleo estable y con derechos que en estos días están gestionando CCOO y UGT para lograr las 500.000 firmas que le permitan presentar este proyecto de norma ante el Parlamento español. La reflexión pública del sindicato de CCOO se ha condensado en un comunicado que, como ya es habitual, no ha sido apenas reproducido en los medios de comunicación españoles. Se transcribe así a continuación.

En los últimos días miles de personas se han manifestado en numerosas ciudades españolas para expresar su rechazo a la situación presente y a la ausencia de expectativas de futuro.

CCOO cree que la crisis económica y las políticas aplicadas para hacerle frente están teniendo consecuencias sociales muy graves. El nivel de desempleo alcanzado, el número de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene trabajo, la marginación de jóvenes, mujeres e inmigrantes, la reducción de los salarios y la congelación de las pensiones junto al recorte de los recursos económicos y humanos dedicados a las prestaciones y servicios públicos están contribuyendo a profundizar las desigualdades y a certificar que la salida de la crisis es muy injusta en términos sociales.

Por otra parte, ver la impunidad de la que gozan los responsables de la crisis, como estos se han erigido en los inspiradores de las políticas que los gobiernos aplican servilmente, y como unos pocos se siguen enriqueciendo cuando aumentan las dificultades económicas de la mayoría y las bolsas de pobreza, generan suficientes motivos de malestar e indignación.

Las sociedades democráticas sanas necesitan de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes y dispuestos a defenderlos y ejercerlos a través de una participación activa y del ejercicio efectivo, consciente y crítico de las libertades individuales y colectivas.

CCOO considera que hay sobrados motivos para que los ciudadanos manifiesten su malestar y que es un síntoma de higiene democrática que lo hagan. Que esta actitud demuestra que la sociedad no está dormida y que no se resigna ante tanta adversidad. Vemos, por tanto, con simpatía las movilizaciones que se están llevando a cabo.

En opinión de CCOO, las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras ante la pérdida de puestos de trabajo y los cierres de empresas, la lucha por unos salarios dignos y unas mejores condiciones laborales, la defensa de los servicios públicos de calidad (sanidad, educación, dependencia,…) como factor de cohesión e integración social, son inseparables, porque tienen la misma finalidad de aquellas que persiguen combatir el desempleo y garantizar un futuro mejor para las jóvenes generaciones.

Cuando ante la crisis las "elites" se rebelan para imponer soluciones a la medida de sus intereses es indispensable que se rebelen los ciudadanos, para garantizar que la política está al servicio de la mayoría.

TOMAD LA PLAZA. ACAMPADA EN SOL (FRAGMENTOS DE MANIFIESTOS)

18 de mayo 2011.

Nos piden propuestas, quienes nunca han tenido propuestas
Nos piden programas políticos quienes se saltan sistemáticamente sus programas políticos
Nos pide transparencia quien nunca nos ha contado nada. Quien nunca nos ha preguntado nada.
Nos piden propuestas quienes tienen millones y millones a quienes tenemos carpas y cartones, precariedad y paro, deudas y más deudas.
Nos piden propuestas porque el poder ya no son ellos, el poder somos nosotros y nosotras.
Nos piden propuestas porque tienen prisa, tienen prisa porque tienen miedo.
Pero nosotros y nosotras no tenemos prisa, porque el tiempo ahora ya no es el suyo. El tiempo es nuestro.
Tenemos paciencia porque sabemos que esto va a crecer.
Tenemos paciencia, porque no tenemos miedo.

2. La Democracia Real se opone al descrédito paulatino de las instituciones que dicen representarlos, convertidas en meros agentes de administración y gestión, al servicio de las fuerzas del poder financiero internacional.

4. El descrédito de la política
ha
traído
consigo
un secuestro de las palabras
por
parte
de
quienes
detentan
el
poder.
Debemos recuperar las palabras, resignificarlas
para
que
no
se
manipule
con
el
lenguaje
con
la
finalidad
de
dejar
indefensa
a
la
ciudadanía
e
incapaz
de
una
acción cohesionada.

7. Es preciso construir un discurso político capaz de reconstruir el tejido social, sistemáticamente vulnerado por años de mentiras y corrupción. Los ciudadanos hemos perdido el respeto a los partidos políticos mayoritarios,pero ello no equivale a perder nuestro sentido crítico.Antes bien,no tememos a la POLÍTICA.Tomar la palabra es POLÍTICA. Buscar alternativas de participación ciudadana es POLÍTICA.

11. Hoy no estamos aquí para reclamar sencillamente el acceso a hipotecas o para protestar por las insuficiencias del mercado laboral.ESTO ES UN ACONTECIMIENTO. Y como tal,un suceso capaz de dotar de nuevos sentidos a nuestras acciones y discursos. Esto nace de la RABIA. Pero nuestra RABIA es imaginación,fuerza,poder ciudadano.

LA ENCRUCIJADA DEL SINDICALISMO EUROPEO: EL CONGRESO DE ATENAS DE LA CES

Se está desarrollando en Atenas el 12º Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, un congreso decisivo en la medida en que debería expresar una capacidad de articulación real de la respuesta sindical frente a las políticas antisociales de salida a la crisis que lleva a cabo la Comisión europea y sus gobiernos, y que se ha cebado en las economías periféricas de la Unión Europea.



Una crónica detallada del Congreso la está ofreciendo Isidor Boix desde el blog amigo Metiendo Bulla, en donde se explican críticamente las tendencias presentes en la CES y las tensiones entre los diversos "sindicalismos" que conviven en esta organización.



En la página web del congreso - http://www.etuc.org/congress2011 - se pueden encontrar interesantes documentos que son la base del debate congresual. La Estrategia y Plan de Acción 2011 - 2014 es el documento básico que marca los ejes de la acción sindical de la CES, que se acompaña de tres anexos de interés. Uno, la "solidaridad en la crisis" anuncia las medidas que debería adoptar la Comisión en vez de las que hasta el momento está poniendo en marcha; el segundo "hacia un mercado de trabajo europeo", contiene un proyecto de regulación del mercado de trabajo con aportaciones discutibles desde la perspectiva de los´países del sur y aún más desde una visión abierta de los mercados de trabajo. Pero el tercero, que incluye una propuesta para una campaña de la CES contra el dumping social a través de los diferenciales salariales, y por la igualdad salarial para los trabajos de igual valor, es un texto muy interesante y rico en sugerencias sobre la igualdad de derechos como base de la actuación colectiva. Se trata además de una iniciativa fundamentalmente "franco-alemana", que proviene de una propuesta conjunta de los sindicatos de estos paises, y que evidencia la trascendencia que, también en el plano sindical, está teniendo la renacionalización de los proyectos de Europa, la incidencia determinante de un gobierno consensuado entre las que se sitúan como las dos grandes naciones dirigentes de la Unión.



La relación entre la estrategia sindical europea, sus medios de acción y la gestión del conflicto en la región son elementos cruciales en la definición de los objetivos del Congreso de Atenas. La fuerza del sindicalismo del sur parece ponerse de manifiesto en la nueva dirección de la CES, en donde por primera vez una mujer será Secretaria General de esta confederación sindical, Bernadette Ségol, y su Presidente será Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de CCOO. Que por primera vez sean dos representantes del sindicalismo mediterráneo ofrece una pista de la dirección más activa que se pretende impulsar al sindicato europeo, un actor imprescindible en la resolución de la crisis en Europa que en este último año se había mostrado demasiadas veces entre aletargado y ausente.




Los tres documentos adicionales al Plan de actuación:

http://www.etuc.org/IMG/pdf/Solidarity_in_the_Crisis.pdf
http://www.etuc.org/IMG/pdf/Discussion_Paper.pdf
http://www.etuc.org/IMG/pdf/Supplementary_Report.pdf

NO HAY UN "ÚNICO CAMINO" DE SALIDA A LA CRISIS: LATINOAMÉRICA Y EUROPA

Es un lugar común en Europa que sólo un tipo de políticas económicas y sociales - las famosas "reformas estructurales" - permitirán salir de la crisis con éxito. Se trata sin embargo de recetas ya ensayadas en la década de los 90 en Latinaomérica que generaron la devastación social y política en la región. La Revista de Derecho Social - Latinoamérica, que dirigen Oscar Ermida y el titular de este blog al alimón, hará público en junio su último número, en el que los co-directores de la misma reflexionan sobre las diversas salidas de la crisis y sus significados diversos si se comparan las situaciones históricas de Latinoamérica y Europa entonces y ahora, con las políticas adecuadas frente a la misma. La reflexión prosigue discursos ya emprendidos por sus autores, pero tienen sin duda un interés especial en estos días, cuandos e vuelven a escuchar las voces distantes, siempre presentes, de quienes exigen otra vuelta de tuerca en la salida anti-social de la crisis.




El sistema económico capitalista se ha ido transformando desde sus inicios a través de una serie de eventos que solemos definir como crisis económicas, algunas de ellas de extraordinaria gravedad y amplitud. El derecho del trabajo, como conjunto normativo que regula las relaciones de trabajo en un sistema económico de libre empresa, es un producto cultural e histórico que se asocia al capitalismo desde sus inicios. Por eso la crisis es una “compañera de viaje” histórica del derecho del trabajo en la feliz expresión de Palomeque.

Las crisis económicas inducen tradicionalmente modificaciones importantes en la regulación jurídica de las relaciones de trabajo. Estamos acostumbrados a que en la gran mayoría de los casos, estas modificaciones se resuelvan desfavorablemente para los derechos de los trabajadores. Sin embargo no hay una relación unívoca entre estas categorías de manera que épocas de bienestar y de bonanza económica se corresponden con la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y épocas de crisis con reducción de estas posiciones. En muchas ocasiones la crisis ha supuesto una oportunidad para cambios trascendentales en la configuración del sistema de tutela de los derechos laborales y de la ciudadanía social. Así sucedió en USA con el New Deal tras la crisis de 1929, y en Europa, la experiencia de la República de Weimar, supuso el embrión de un derecho del trabajo potente y democrático. En España, este papel lo desempeñó la II República española. Es cierto también que estas experiencias terminaron trágicamente con el triunfo del nazismo alemán y del fascismo español, y que estas ideologías criminales eran también ellas originadas como respuestas a la crisis económica. Pero esta constatación trágica no impide observar el laboratorio de propuestas y de formas de construir la tutela del trabajo, la dimensión colectiva del trabajo y la intervención pública, que tales experiencias democráticas pusieron en pie. Por eso la ambivalencia de estas situaciones cuando la crisis es profunda y marca una época.

Todas las crisis del sistema capitalista que tienen una cierta profundidad aparecen como una irrupción, pero la que hemos sufrido como “el crack del año ocho” – en la expresión de Capella - ha revestido una gravedad especial. Ha producido una verdadera conmoción del paradigma económico vigente en la globalización que gozaba de la autoridad de las tablas de la ley mosaica. La crisis no se había previsto, lo que no quiere decir que fuera imprevisible, y es una crisis total. No sólo afecta a los mercados inmobiliarios y a los mercados financieros, sino que es una crisis de un modelo de crecimiento basado en la financiarización de la economía y en el carácter especulativo de las operaciones económicas en un mundo global.

La crisis ha golpeado fundamentalmente a las dos áreas económicas más desarrolladas, Usa y Europa, haciendo visible la deslegitimación de todo un modelo de organización social que se remite al neoliberalismo y al llamado “consenso de Washington” y que tiene su origen en el tour de force reaganiano-thatcheriano de la década de los ochenta que se perpetua de forma brutal en Latinoamérica en la década de los 90. Ese modelo de organización social se basa en la desregulación normativa de la tutela del trabajo y en la responsabilización individual frente al empleo, la descolectivización práctica de las relaciones de trabajo “flexibles” junto con una corporativización sindical en torno a la “gobernanza” del sistema de relaciones laborales que permitiera el control de los salarios en línea con las políticas anti-inflacionistas. El Derecho del trabajo se considera “culpable” de la situación del mercado de trabajo y en consecuencia se hace depender la subsistencia de las garantías sobre el empleo de las oportunidades de empleo en el mercado laboral en una relación inversa. El trabajo además se declina en plural, en una serie de trabajos atípicos, temporales, precarios, no protegidos. La figura de la empresa es remodelada según pautas post-fordistas, que conducen a amplios fenómenos de descentralización productiva y de externalización, fuente de un trabajo difuso y disperso que inducen cambios en el propio concepto del empresario ante fenómenos cada vez más frecuentes de interposición empresarial y de suministro de mano de obra.

Sin perjuicio de ello, es de todos sabido que las empresas afectadas por graves dificultades económicas pueden verse inclinadas y aún obligadas a prescindir de personal, procurar la disminución de los salarios y la desmejora de otras condiciones de trabajo, etc. Del mismo modo, se dificulta la negociación colectiva y se alienta el recurso a la celebración de convenios in pejus, e inevitablemente se alienta la conflictividad. Paralelamente, aquellos Estados que cuentan con un seguro por desocupación, ven incrementado el gasto, a la par que la inactividad de trabajadores suspendidos o despedidos disminuye los ingresos fiscales por contribuciones de seguridad social. Tampoco es raro que surjan reacciones xenófobas contra los inmigrantes. En general, puede decirse que las crisis tienden a acentuar las desigualdades ( la desigualdad genérica entre capital y trabajo, tanto como las desigualdades específicas entre grupos de trabajadores, por edad, género, nacionalidad, etnia, etc. ), ya que afecta más o primero a los más débiles ( “el hilo se corta por la parte más fina” ).

De cualquier manera, cabe señalar, a la vez, que ante la crisis el Derecho de Trabajo puede reaccionar de dos maneras diferentes. Por una parte, puede debilitar la protección apostando, de conformidad con el modelo neoliberal, a que la disminución de costos permita al empresario mejorar su rendimiento y así, mantener o generar empleo. Esto es lo que ha sucedido generalmente, desde la década de los ’70. Pero por otra parte, el Derecho del trabajo puede enfrentar la crisis de una manera más propia de su función tradicional, esto es, manteniendo o aún aumentando la protección para desestimular la transferencia del costo de la crisis a la parte más débil: puédese, por ejemplo, limitar la posibilidad del despido o aumentar su costo, se puede crear_ o mejorar un sistema de seguro de paro, etc. Las medidas de encarecimiento y racionalización del despido han sido utilizadas, por ejemplo, en los últimos años, en Argentina.

No hay por consiguiente una “dirección única” como reacción frente a la crisis. En la década de los 90, la crisis golpeó fuertemente a países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, en donde se ensayaron hasta la saciedad las recetas desreguladoras y privatizadoras dictadas por el FMI que perseguían la reducción de los derechos sociales y la virtual desaparición del sujeto sindical. Esas políticas no consiguieron cesar la crisis ni impedir el colapso social consiguiente. Fue el cambio político posterior y reactivo, la democratización de las estructuras políticas y el control del mercado lo que provocó un cambio de ciclo. Estos países tienen actualmente tasas de crecimiento en torno al 6% anual, y es fácil constatar que en general la “salida” de la crisis, que coincide con un cambio político hacia gobiernos progresistas y populares, se ha logrado mediante políticas económicas de orden neokeynesiano, y por tanto con protección social y mayor regulación laboral de tutela. No se trata sólo de algo que pueda predicarse de los diversos ordenamientos nacionales latinoamericanos, sino que es la reacción de los organismos internacionales más cualificados, como la OIT. En efecto, las primeras reacciones de la OIT para nada recurrieron al tradicional recetario neoliberal sino que, en lo económico, propusieron medidas contracíclicas de gasto estatal e inversión en obra pública (o sea, puro keynesianismo), mientras que en lo social plantearon la necesidad de incentivar la protección.

Fue igualmente significativa una Declaración de Ministros de trabajo de nuestra región que, además de hacer suya la citada Declaración de la Mesa del Consejo de Administración de la OIT, agregó que para enfrentar el impacto de la crisis en el mundo laboral, debía reconocerse “un nuevo papel para el Estado en su rol tutelar, proactivo y de protección del trabajo”. La propia consolidación del sindicalismo internacional en América Latina, a partir de la creación en 2006 de la CSA, denota asimismo un nuevo impulso en la vertiente colectiva de las relaciones de trabajo, que se condensa en un amplio proceso de “autorreforma sindical”.

Pero el instrumento central en esta materia es, de manera emblemática, el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT adoptado en 2009 y que, autodefinido como “una respuesta a la crisis basada en el trabajo decente”, centra sus propuestas y compromisos en el respeto de los derechos de los trabajadores, la promoción de las normas internacionales del trabajo, la formulación de políticas activas de empleo, la ubicación del pleno empleo y el trabajo decente en el centro de la política económica, el impulso de la demanda, la creación directa de puestos de trabajo, la formulación de paquetes de estímulo macroeconómico, la ejecución de obras públicas y de inversiones en infraestructura, investigación y desarrollo, el impulso de servicios públicos y la regulación de la economía. Se trata de todo un programa de enfrentamiento de la crisis que deja de lado las tradicionales soluciones neoliberales para centrarse en la preservación de los derechos laborales y en la intervención estatal en la economía.

Es decir, que la evolución en Europa ha sido la inversa a la de una Latinoamérica que en gran parte se ha ido despegando, a la llegada del nuevo siglo, de la viscosidad neoliberal. El cambio político y los impulsos a una regionalización articulada en América Latina, con toda su complejidad, han ido construyendo paulatinamente en una buena parte de sus países un armazón tupido de derechos laborales dotados progresivamente de mejores garantías jurídicas. Aunque no se trata de una restauración, posiblemente podríamos hablar de una búsqueda de refundación del sistema jurídico que ordena y explica política y socialmente el trabajo asalariado y su utilización en un sistema de economía de mercado. En ese proceso se ha ido decantando aún con dificultades y contradicciones un nuevo paradigma laboral que no se reduzca al que ya hemos ido conociendo a partir de la flexibilidad del trabajo y la desprotección y asistencialización social y en el que la dimensión colectiva del trabajo y la consideración de la ciudadanía social sean elementos básicos para calificarlo. Hay desde luego excepciones importantes a estos procesos, pero las buenas expectativas económicas de la región en el conjunto del mercado global, la emergencia decisiva de países como Brasil, aunque no explican por sí solas la vigorización de esta dimensión social como tendencia, sin duda la acompañan de manera decisiva.

EXPLICACIÓN DE LAS TURBULENCIAS: AVERÍA DE BLOGGER

Las turbulencias padecidas en la blogosfera de Parapanda tiene una explicación, la avería general que ha sufrido el servicio. He aquí el resumen de las crónicas:


Avería general en Blogger


Los problemas empezaron el día 11 tras un mantenimiento programado que no tuvo los efectos deseados, pero desde ayer se encuentra completamente inoperativa, de forma que ninguno de los blogueros puede acceder a su bitácora ni publicar nuevas entradas.

La incidencia afecta a muchos países y los foros de usuarios se han llenado de quejas en los distintos estados. Por el momento, sólo cuentan con la explicación oficial cuando entran en la página de que: "Blogger no está actualmente disponible. Sentimos esta interrupción del servicio".

Google señaló que tras la realización de un mantenimiento programado el pasado día 11 por parte de Blogger, se habían producido "inconvenientes inusuales muy diversos". Entre esos inconvenientes estaban el de que no podía acceder al blog; se mostraba otro administrador; no se podían publicar entradas o modificar el diseño; no se veían las entradas publicadas, los comentarios y errores de resolución, entre otros.

Además de la inconveniencia de que no se pueda acceder a los blogs, los usuarios se quejan de graves errores técnicos que han conducido a problemas de privacidad. Así, tras detectarse la avería, en los blogs se podían leer los nombres reales del usuario en lugar del seudónimo (nick) y se hicieron públicos los correos electrónicos, saltándose la política de privacidad que garantiza en el contrato el propio Google.

Esperemos que no se vuelva a repetir...

EL NÚMERO DE MAYO DE INSIGHT

En estos dos últimos días, la blogosfera de Parapanda ha sido agitada por misteriosas fuerzas qe han impedido el acceso a blogger y en otras ocasiones han eliminado - provisonalmente - entradas ya publicadas, como la de antesdeayer en esta columna que recogía un texto de Rodolfo Benito dedicado al inminente Congreso de la CES en Atenas. Parece que todo ha vuelto a su ser, por lo que se adjunta la noticia de la salida al público del fascículo de mayo de Insight, con interesantes aportaciones al laboratorio de la crisis.

Mayo 2011 / En este número
Insight - www.insightweb.it

Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo el análisis de la crisis y de sus desarrollos económicos y sociales.

Artículos & Opiniones

• La Unión Europea parece afrontar la crisis de la deuda soberana entre grandes dudas y contradicciones. En este contexto, Paladini habla sobre el caso griego, Portes sobre Irlanda, y Evans sobre la política del Banco Central Europeo (BCE).
• Se difunden como mancha de aceite los populismos de derecha (Nuti); las relaciones con el sur del Mediterráneo se encuentran de forma ambigua enlazadas con la “primavera árabe” y la guerra de Libia (Aliboni), mientras que las fronteras están marcadas por la emergencia migratoria (Balbo)
• Mientras tanto la crisis incide sobre las relaciones sociales y el sindicato se convierte cada vez más en el blanco de las políticas neoconservadoras. Baylos examina las últimas tendencias en España y Grossfeld analiza el sindicalismo americano.

Papers

En esta sección, se presenta un ensayo de Lettieri sobre los orígenes sociales de la crisis, con una traducción al español.
• Appelbaum sobre la crisis americana y Galbright sobre la sostenibilidad de la deuda pública insisten, desde perspectivas nacionales, y se publica a su vez un ensayo de España sobre competitividad y costes de trabajo en la Unión Europea.

• Views
Se indican artículos de Estados Unidos, India, China, España, Francia, Brasil y México.
______________________________________________________________________
Mario Nuti
The Specter of Populism

• Ruggero Paladini
The unbearable lightness of the Greek debt

• Marcello Colitti
Different approaches in the aftermath of the crisis

• Roberto Aliboni
L’ambigua politica europea nel Mediterraneo

• Antonio Baylos
Sobre la reforma de la negociación colectiva en España

• .Jim Grossfeld
A New Union Contract

• Richard Portes
Restructure Ireland’s debt

• Peter Allen Gary Evans
A Trichet Plan for the Eurozone

• Laura Balbo
A message from the front line

Papers

o Digging out from the Great Recession
Eileen Appelbaum
o El origen social de la crisis / The Social origin of the Crisis
Antonio Lettieri
o Is the Federal Debt Unsustainable?
James K. Galbraith
o Competitividad y costes laborales en la UE
Nacho Álvarez Peralta y Fernando Luengo Escalonilla

o
Views
o Joseph E. Stiglitz, Rodolfo Benito, Stephen Roach, Edgar Morin, Tom Vandyck, Arthur Ituassu, Boaventura de Sousa Santos, Alfredo Jalife-Rahme
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Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis; Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert

EL CONGRESO DE LA CES EN PERSPECTIVA: HABLA RODOLFO BENITO

El Congreso de la CES se realizará en Atenas, lugar emblemático de aplicación de las políticas antisociales como forma de salir de la crisis. Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1 de Mayo, nos suministra una reflexión sobre la importancia del congreso que ha publicado en el diario digital Nueva Tribuna, y que acogemos con gusto en esta bitácora.

(Ver el artículo en: http://www.nuevatribuna.es/opinion/rodolfo-benito/2011-05-11/congreso-ces-plena-ofensiva-modelo-social/2011051111020900667.html )





El XXII Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos se reunirá en Atenas la próxima semana, entre los días 16 y 19 de mayo. Un congreso en el que se reúne al conjunto del sindicalismo europeo, que representa a algo más de 60 millones de afiliados y afiliadas.

El Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos se realiza en plena ofensiva contra el modelo social, en el que las estrategias de la Unión Europea, basadas en las políticas de recorte, en nuevos ajustes presupuestarios y la presión a la baja de los salarios y las condiciones de trabajo, están añadiendo nuevos obstáculos a la recuperación del crecimiento de la economía y del empleo.

Cuando no se actúa sobre las raíz de la crisis, se insiste en dar continuidad a las políticas que la causaron, sencillamente se desprecian las consecuencias que afectan a millones de trabajadores europeos.

La Unión Europea con más de 23 millones de parados en los Estados miembros, que está afectando de manera dramática a la población joven, con un crecimiento cada vez mayor de la desigualdades sociales y un ensanchamiento de las zonas de exclusión y pobreza, corre el riesgo de dejar de ser la región del planeta en la que la convivencia de políticas de empleo expansivas, con fuertes estados del bienestar posibilitaron crecimiento, desarrollo y altas cotas de bienestar social.

El Congreso de la CES tiene en la cita de la semana del 16 de mayo, un autentico reto, debe articular nuevas iniciativas y mecanismos más fuertes también de vertebración organizativa de las organizaciones nacionales, que lejos de replegarse tienen que fortalecer el trabajo y la acción sindical europea que tal, y como plantea la ponencia que se va a discutir en Atenas, debe basarse en una Europa con un modelo social dinámico y fuerte, pleno empleo, crecimiento sostenible y una sociedad baja en carbono, igualdad, derechos fundamentales, negociación colectiva, diálogo social, servicios públicos de alta calidad, protección de los migrantes y las minorías, estados de bienestar, más normas europeas comunes, evitar deslizarse "hacia" una carrera a la baja, la lucha contra el capitalismo "casino", y la promoción de la solidaridad internacional.

Y todo ello exige fortalecer el discurso sindical, en lo político y también en cultural, quebrando las tesis neoliberales que sostienen que la existencia de un sistema de derechos y garantías resulta incompatible con un crecimiento económico competitivo, en la medida en que el modelo tradicional de protección de los trabajadores de las mayoría de los países de la Unión Europea resultaría, en líneas generales, responsable de la incapacidad de generar empleo suficiente y de calidad. De donde se desprende, según estas tesis, la necesidad de reducir, flexibilizar o desregular buena parte de los elementos básicos que configuran el derecho laboral que es parte sustancial del modelo social europeo, esto es, un sistema de derechos y garantías.

30 AÑOS DESPUES: LA VICTORIA DEL PROGRAMA COMUN DE LA IZQUIERDA EN FRANCIA Y LA ELECCIÓN DE MITTERRAND

El 10 de mayo de 1981, resultaba vencedor en las elecciones presidenciales de Francia el candidato de la izquierda, François Mitterand. Socialistas, comunistas y radicales conseguían por fin la presidencia de la República. El eje de este movimiento era el Programa Común que había aglutinado a toda la izquierda en un amplio movimiento de reformas en Francia, pero también con la vista en una Europa en donde la amenaza del Thatcherismo se vivía todavía en términos de confrontación y de lucha por la hegemonía del proyecto político. Desde la perspectiva de la "cuestión social", el programa de la izquierda unida era muy extenso, y aún hoy se reconocen sus realizaciones. Ante todo dos: la "ciudadanía en la empresa" - las leyes Auroux - y el movimiento hacia la reducción de jornada como forma de reparto de empleo. Este último es una seña de identidad de los programas de izquierda que ha tenido vigencia más allá de la experiencia del primer septenato de Mitterrand, con los sucesivos gobiernos socialistas de los años 90, a través de la medida estelar de la jornada de 35 horas.

Pero más allá de la efemérides, poco comentada entre nosotros, el recuerdo de hace treinta años puede ser ilustrativo. 1981 no fué un buen año para la izquierda española, traumatizada con el golpe de estado del 23-F, reconducido necesariamente el panorama reivindicativo sindical a los parámetros de contención del Acuerdo Nacional de Empleo, y en donde comenzó el proceso de autoliquidación fratricida del PCE del que fué protagonista destacado Santiago Carrillo y una buena parte de su equipo dirigente. En esa disolución del pluralismo que expresaba las distintas "almas" del antifranquismo socialista y democrático que convivían dentro del partido de los comunistas españoles se jugó la hegemonía cultural que este partido ostentaba en el pensamiento de la izquierda y se inició la pérdida de una cultura de influencia en el gobierno general del país junto a la izquiera electoralmente mayoritaria, algo que simboliza de manera muy simple la viñeta de nuestro admirado Wolinski en L'Humanité que se reproduce al inicio.

La dificultad para encontrar un espacio común de coincidencias entre las distintas manifestaciones políticas de la izquierda - un programa común - es ciertamente una conclusión derivada de las asimetrías en volumen y en densidad electoral de las distintas opciones en juego, pero se explica también por la pérdida de ese cemento de transacción y de síntesis entre distintas formas de concebir el proyecto político de reforma de la sociuedad y del Estado que sin embargo integró - y todavia perdura - una cierta "tradición republicana" de la izquierda francesa. Cuando en las elecciones regionales de hace tan solo un año se pudo ver, coligados para la segunda vuelta, a las tres dirigentes - tres mujeres - del PS, PC y Los Verdes, esta tradición unitaria republicana se manfiestaba de forma nítida a la opinión pública. En España esta cultura se ha refugiado en los sindicatos, pero no ha calado en la izquierda política, donde predomina su opuesto, mezclado muchas veces con sectarismo y oportunismo a partes iguales.

Es seguro que la invocación de la memoria del Programa Común y de la unidad de la izquierda tenga hoy como principal dificultad la inexistencia de programa de reformas por parte de la socialdemocracia europea, y especialmente de la española. Pero tampoco va mucho más allá un planteamiento de la izquierda alternativa que continuamente rechaza la cultura del gobierno como un peligro de contaminación de su identidad como fuerza política de repudio de lo existente. Para todos nosotros, sin embargo, es posible un espacio de convergencia entre la izquierda sobre puntos de partida comunes y medidas de reforma claras. Y ese espacio común es más fácil de abordar en los niveles de determinación de la acción política más cercanos al ciudadano, en los ayuntamientos y en las Comunidades autónomas. Revigorizar la política en esos terrenos, recuperar el territorio para la política democrática, debería ser un objetivo irrenunciable de todas las fuerzas que pretenden transformar la realidad en un sentido emancipatorio.

JORNADAS DE ANÁLISIS DEL NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

Hace muy poco que en esta bitácora se comentó un ínteresante libro dirigido por Margarita Ramos Quintana en el que se examinaba críticamente la regulación europea de las migraciones internacionales, y en donde se rpestaba especial atención a la nueva Ley Orgánica de extranjería que incorpora de forma ambivalente tanto las orientaciones del derecho europeo como la doctrina más garantista del Tribunal Constitucional. Recientemente, se ha promulgado el extenso Regalmento de Extranjería que sustituye al del año 2004. Sobre este texto la Secretaría Confederal de Empleo y Migraciones de CCOO y la Fundación 1 de mayo han preparado unas interesantes jornadas cuyo programa se inserta a continuación.


JORNADAS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
12 y 13 de mayo de 2011
C.S. CCOO. Secretaría de Empleo y Migraciones
Fundación 1º de Mayo


JUEVES 12 DE MAYO

Recepción y acreditación

Apertura de las Jornadas:
• Saludo de la USMR-CCOO
• Paloma López Bermejo
Secretaria Confederal de Empleo y Migraciones. CCOO
• Ana Fernández Asperilla
Fundación 1º de Mayo

Descanso

Mecanismos de contratación estable de trabajadores extranjeros
• Eduardo Rojo Torrecilla
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Universidad Autónoma de Barcelona.

Debate

Mecanismos de contratación de duración determinada . El proceso de gestión colectiva de contratación en origen.
• Margarita Ramos Quintana
Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Universidad de La Laguna

Debate

Comida

Mecanismos de renovación y modificaciones de las autorizaciones para trabajar. El nuevo régimen de retorno para trabajadores extranjeros
• Salomé Peña Obiol
Profesora TEU de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Valencia

Debate

Regímenes específicos de trabajadores extranjeros: investigadores; trabajadores altamente cualificados; trabajadores exceptuados; trabajadores preferenciales; trabajadores transfronterizos; trabajadores transnacionales.
• Natividad Mendoza
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Universidad de Castilla – La Mancha

Debate

VIERNES 13 DE MAYO

Autorizaciones por circunstancias excepcionales. El arraigo laboral. Otros regímenes laborales específicos: trabajadores por cuenta propia
• José Antonio Moreno Díaz
Abogado
Secretaría Confederal de Empleo y Migraciones. CCOO

Debate

Descanso

Otros aspectos sociolaborales: la reagrupación familiar. El menor extranjero no acompañado. Infracciones y régimen sancionador
• Santiago Yerga Cobos
Jefe de Gabinete Adjunto de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Debate

Clausura y cierre
• Anna Terrón y Cusí
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. MTIN

GARANTIAS DE EMPLEO Y DERECHOS LABORALES EN LA LEY 35/2010

Acaba de publicarse, siempre en la Editorial Bomarzo, un libro colectivo que aborda la regulación de las relaciones de trabajo y de empleo en la Ley 35/2010, de reforma laboral. Se trata de un texto coral, muy bien trabado y escrito, que se recomienda leer como paso previo a la firma de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular para el Empleo Estable y con Derechos. A continuación se da a conocer una reseña de la obra.






El tiempo parece acelerarse, y a estas alturas del año 2011, apenas se recuerda la involución regresiva en materia de regulación de derechos económicos y laborales que se llevó a cabo en el contexto de una profunda crisis de las economías nacionales periféricas europeas y en el marco de un diseño que desmontaba elementos centrales del modelo social europeo como contraprestación al “rescate” de aquellas. En España, la convocatoria de la huelga general el 29 de septiembre de 2010 y los efectos de la misma especialmente en términos de pronósticos electorales, consintieron un giro en los planteamientos desreguladores del gobierno y se llegó a los acuerdos de febrero de 2011 en los que se contuvo la pretensión de desmontar las estructuras básicas del sistema de pensiones y se abrieron nuevos espacios para el diálogo social ante todo en la reforma de la negociación colectiva y políticas de empleo.

Pero la reforma laboral sigue su curso y los ponderados efectos sobre la recuperación del empleo se han revelado inexistentes; al contrario, los seis meses pasados desde el cambio legislativo han confirmado los peores pronósticos que se venían haciendo sobre un proceso acelerado de destrucción de empleo con el incremento de los despidos llamados objetivos y ahora utilizados por ser más baratos y de menor control judicial, la permanencia de la contratación temporal y el derrumbe de la contratación indefinida. Y ello en un panorama de mayores restructuraciones de empleo en sectores de fuerte estabilidad que arrastran a su vez a importantes franjas de trabajo subcontratado. En este desastroso contexto, la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular patrocinada por CCOO y UGT pretende estructurar un marco de referencias normativas en donde la asimetría de poder derivada del trabajo no se vea aumentada por la debilitación del contrapoder colectivo y la eliminación de garantías de los derechos laborales individuales. Por un empleo estable y con derechos.

Este es el penoso resultado al que ha llevado la reforma laboral de la Ley 35/2010. Y a la descripción y valoración de este tipo de regulación se dedica el libro comentado, coordinado por Antonio Baylos y que, tras una introducción que recorre los antecedentes de la reforma, se estructura en cinco grandes apartados. En el primero, dedicado a una reflexión general sobre “trabajo, empleo y política”, Joaquín Aparicio discute sobre la continuidad de las políticas de empleo flexibilizadoras en la reforma del 2010. En el segundo, dedicado al “origen de las normas”, es Jaime Cabeza quien efectúa una reflexión transversal sobre el sistema de fuentes en la Ley 35/2010 que incluye el papel de la ley, de la negociación colectiva y las tendencias sobre las normas reglamentarias. A partir de aquí se abren tres apartados temáticos. En torno a las “precariedades”, Carlos Alfonso estudia lo que hay de viejo y de nuevo en la regulación del trabajo temporal y la retórica de esas reglas, y Julia López y Chelo Chacartegui examinan los mecanismos de intermediación en el mercado de trabajo y las ETTS subrayando el riesgo de violación de derechos fundamentales en esta nueva normativa. En lo que es el cuarto apartado de la obra, dedicado al poder de rescisión del contrato y los costes del trabajo, Margarita Ramos explica los motivos del despido por causas objetivas en relación con la fuerza de la organización de la empresa, Joaquín Pérez Rey examina los costes y la indemnización del despido como medida de adecuación a las exigencias de mercado, y, en fin, Paco Gualda analiza el absentismo como causa de despido. El último apartado gira alrededor de la tensión entre las flexibilidades del trabajo como medida y la flexibilización como tendencia regulativa, y en él se incluyen la intervención de Antonio Baylos sobre la unilateralidad empresarial e inaplicación del convenio, Paco Trillo estudia la relación entre flexibilidad y tiempo de trabajo, definida como la consolidación normativa como modelo (im)productivo antisocial y, en fin, Juan López Gandía explica la nueva regulación de la suspensión del contrato, la reducción de jornada y las prestaciones por desempleo.

Entre tantos comentarios – se agradece por cierto que el título de este volumen sea diferente al que resulta repetido en otras publicaciones – el coordinado por Baylos es sin duda el que expresa de forma crítica y contundente una visión global de los objetivos y tendencias que la reforma pone en juego a través de sus preceptos, más allá de la retórica justificativa que, como toda norma de restricción de derechos de los trabajadores, hace compañía a los mandatos normativos y a las tendencias de regulación futura. La apertura de alguno de estos elementos a la negociación colectiva, y la necesidad de una reconducción de la norma a parámetros garantistas y de respeto a la autonomía colectiva y sindical son otras conclusiones de este volumen en muchos sentidos insustituible para estudiosos, juristas del trabajo y sindicalistas.

GARANTÍAS DE EMPLEO Y DERECHOS LABORALES EN LA LEY 35/2010 DE REFORMA LABORAL .

Antonio Baylos (Coordinador), Ed. Bomarzo, Albacete, 2011, 300 pp, 28 €.